Carlos Mario Acero Castellanos*

El proyecto inicial

El gobierno nacional ha superado temporalmente la crisis de mayorías en el Congreso para aprobar sus reformas. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó casi por completo la reforma de la salud la semana pasada, lo cual sugiere que se abrirá espacio en la agenda para debatir la reforma laboral.

La propuesta de cambiar las reglas laborales presentada por Petro y la ministra Gloria Inés Ramírez, recuperaría los derechos que se les han quitado a los trabajadores colombianos desde la década de 1990 debido a las medidas de apertura económica.

En general, la reforma recupera derechos que han sido violados. Pero las modificaciones al proyecto original del gobierno son menos ambiciosas. Por eso   importa revisar los recortes sugeridos y analizar los efectos de la reforma para las MiPyMes, así como resaltar el capítulo de derechos colectivos.

Los recortes

El texto de la reforma que se discutirá establece que la jornada diurna no termina ni a las 9 pm (gobierno Duque) ni a las 10 pm (gobierno Uribe), sino a las 7 pm.

La propuesta inicial acogía el reclamo de las centrales obreras durante tres décadas y la promesa de campaña del gobierno actual de establecer la jornada diurna de 6 a 6, como era antes de 2002.

“En general, la reforma recupera derechos que han sido violados. Pero las modificaciones al proyecto original del gobierno son menos ambiciosas. Por eso importa revisar los recortes sugeridos y analizar los efectos de la reforma para las MiPyMes, así como resaltar el capítulo de derechos colectivos.“

Foto: Integración Social – La reforma laboral busca eliminar los mecanismos antisindicales que se volvieron ley en Colombia.

La ponencia presentada para el primer debate reduce la importancia del contrato a término indefinido. El nuevo texto permite distintas formas de contratación a término fijo, incluso si el trabajo no responde a “tareas de naturaleza temporal”. Esto debilita la estabilidad laboral con el tiempo.

La ponencia también afecta negativamente el derecho de estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad. Actualmente, estas personas solo pueden ser despedidas con la autorización del inspector de trabajo, quien verifica que el despido no sea discriminatorio. La reforma inicialmente mantenía esta protección, pero ahora elimina el requisito de autorización, lo cual perjudica a las personas con discapacidad que tienen más dificultades para encontrar otro empleo.

Finalmente, el inconveniente artículo 72 de la propuesta original no se eliminó, aunque permita que los aumentos salariales en el sector público solo sean aplicables a quienes ganen hasta dos salarios mínimos. Esta medida es regresiva para el derecho al reajuste salarial de los empleados estatales y crea una especie de escalafón que divide los intereses de los trabajadores al negociar sus salarios y beneficios laborales con el Estado.

Mipymes

Las MiPyMes son el 99,2% de las empresas colombianas, (Confecamaras, 2020), generan el 80% de empleo formal y aportan el 35% del PIB nacional (ACOPI, 2022).

La reforma laboral desincentiva los mecanismos flexibles de contratación, como los contratos civiles y los contratos temporales. Estas formas de contratación se han utilizado ampliamente para reducir las garantías laborales, pero también han sido una herramienta, discutible pero útil, para que las MiPyMes puedan reducir los costos laborales.

La reforma laboral no ignora las preocupaciones de las MiPyMes. En realidad, establece mecanismos especiales y flexibles para ellas en cuanto a sanciones por comportamientos antisindicales y la extensión de obligaciones derivadas de acuerdos colectivos.

La Asociación Colombiana de las MiPyMes Nacionales (ACOPI) sigue solicitando mecanismos diferenciados —que en efecto, son escasos—. La reforma debería incluir beneficios para estas empresas, como mayores subsidios por la creación de empleo en MiPyMes.

Una opción es ampliar el alcance de uno de los artículos del Plan de Desarrollo recientemente aprobado. También se puede contemplar un periodo de transición para que las políticas de reindustrialización del gobierno fortalezcan a estas empresas y les permitan asumir las nuevas cargas, o promover la reducción de costos no laborales, como una tarifa diferencial de impuesto de renta para estas empresas.

Avance en derechos colectivos

La reforma se propone mejorar los derechos colectivos o sindicales y armonizarlos con estándares internacionales. En Colombia, la tasa de sindicalización es baja, no supera el 5%, y existen numerosos casos de estigmatización de los sindicatos.

El Código Sustantivo del Trabajo ha legalizado mecanismos que desalientan la formación y el fortalecimiento de los sindicatos. Estos mecanismos incluyen los contratos sindicales y los pactos colectivos.

Las centrales obreras, como la CUT, CGT y CTC, junto con la Comisión de Expertos en Aplicación y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Constitucional, han señalado el uso antisindical de estas figuras legales. Algunas sentencias relevantes en este sentido son la T-690 de 1998, SU-569 de 1998 y T-100 de 2008.

En general, se trata de contratos que los empleadores realizan con sindicatos patronales o grupos de trabajadores no sindicalizados, en los cuales se establecen condiciones más favorables en comparación con los contratos de los sectores sindicalizados. Estos mecanismos tienen como consecuencia el desprestigio de los sindicatos y la división de los intereses de los trabajadores.

La Escuela Nacional Sindical ha proporcionado datos sobre las negociaciones laborales. Entre 1994 y 2000, las convenciones colectivas celebradas entre empresas y sindicatos representaban el 64,1% de las negociaciones. Sin embargo, en la década de 2011 a 2021, esta cifra disminuyó significativamente, representando solo el 15,8% de las negociaciones.

Por otro lado, el mecanismo de contrato sindical tuvo un cambio drástico en su participación. En el período de 1994 a 2000, representaba solo el 0,2% de las negociaciones laborales. Sin embargo, en la década de 2011 a 2021, esta cifra aumentó y llegó a representar el 66,6% de las mismas.

“La Asociación Colombiana de las MiPyMes Nacionales (ACOPI) sigue solicitando mecanismos diferenciados —que en efecto, son escasos —. La reforma debería incluir beneficios para estas empresas, como mayores subsidios por la creación de empleo en MiPyMes.“

En resumen, la reforma laboral se enfoca en eliminar los mecanismos antisindicales que se convirtieron en leyes y prácticas en Colombia. Además, se han logrado avances en la ampliación de los derechos colectivos de trabajo al armonizar la legislación nacional con el Convenio 87 de la OIT, que permite a las federaciones y centrales sindicales ejercer el derecho a la huelga.

Por otro lado, la reforma legaliza las huelgas en conflictos no empresariales, lo cual rompe con la idea de que los sindicatos solo deben preocuparse por sus propios privilegios y no por el bienestar de toda la sociedad.

En la reforma también se reconoce el derecho a la huelga en servicios esenciales, pero se establecen límites razonables. Además, se incluyen nuevas conductas que pueden ser sancionadas si afectan a las organizaciones sindicales. También se reconoce la estabilidad laboral reforzada para aquellos que participan en procesos de negociación colectiva, protegiéndolos de posibles sanciones por defender derechos colectivos.

El Congreso debatirá la reforma laboral en las próximas semanas. Aunque las centrales obreras respaldan ampliamente la reforma, será importante corregir ciertas modificaciones y mantener la concertación con las MiPyMes, que están legítimamente preocupadas por los efectos de la iniciativa.

José Daniel Saade Figueroa*

Empresa pública manejada como empresa privada

La fórmula para calcular el precio de la gasolina en Colombia se basa en la premisa de garantizar el precio máximo a Ecopetrol, bajo el supuesto de que la gasolina podría venderse más cara por fuera del país. Con esta fórmula se garantiza el abastecimiento del mercado nacional.

En términos de economía política, la fórmula expresa los cambios en la propiedad de Ecopetrol, la empresa pública más importante de Colombia, que no escapa a los vientos privatizadores: Ecopetrol es hoy una empresa mixta: 89% pública y 11% privada.

Los accionistas privados se vinculan con el mundo de las finanzas internacionales. De allí el poder que hoy tienen en la economía global, cuyo motor principal es la prelación del sector financiero, o la llamada “financiarización”.

De modo paralelo con los cambios en la propiedad de la empresa está la idea de la llamada “endoprivatización”, o adopción de prácticas empresariales, gerenciales y administrativas del sector privado en el sector público. De aquí el olvido de la función social inherente a una empresa pública como Ecopetrol y la decisión de manejarla como un negocio más.

El nuevo ministro

Ricardo Bonilla, nuevo ministro de Hacienda, fue presentado como parte del cambio hacia la “izquierda” del gobierno. Parecía que con él temblarían los mercados, pues llegó alguien que no daba la tranquilidad de José Antonio Ocampo.

Sin embargo, lo primero que hizo el ministro Bonilla fue aumentar el precio de la gasolina, siguiendo la misma fórmula de sus antecesores. Un anuncio claro para todo el establecimiento económico y, en especial, para los gremios afectados por el alza.

“Mientras en Hacienda parecen estar muy tradicionales, la no muy célebre Irene Vélez, ministra de Minas, propone al país un camino distinto: considerar una tarifa diferencial en el precio de la gasolina.”

Foto: Twitter: Ministerio de Minas y Energía – Aunque la propuesta de tarifa diferencial de la ministra de Minas y Energía es refrescante, carece de rigor.

De esta y otras maneras, Bonilla muestra ser más ortodoxo que su antecesor. Si bien el exministro Ocampo no fue el funcionario más progresista, al menos muestra una faceta lejana del fundamentalismo de mercado en sus obras académicas.

Bonilla realmente es, ante todo, un escudero del presidente Petro. En el mundo económico los más generosos lo clasifican como un keynesiano de manual, otros recuerdan su juventud en huestes trotskistas, algo bien efímero, pero lo curioso, y que en verdad lo define, es que es un ortodoxo muy petrista.

Opiniones encontradas

Ahora bien, todo en el gobierno de Petro parece mostrar una disputa por el sentido y profundidad de los cambios. Este tema no es la excepción.

Mientras en Hacienda parecen estar muy tradicionales, la no muy célebre Irene Vélez, ministra de Minas, propone al país un camino distinto: considerar una tarifa diferencial en el precio de la gasolina.

¿Qué tan sensatas son las dos opciones? Existe un problema financiero real, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FPEC), que está en alrededor de 30 billones de pesos, un poco más del recaudo de una reforma tributaria. Bajo estas circunstancias, la opción tradicional es aumentar el precio del combustible y anunciar que habrá que seguir subiéndolo.

Este es el argumento de la corriente principal y es la razón por la cual todos los economistas ortodoxos celebran los anuncios del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, los políticos se resisten a adoptar esa estrategia porque   evidentemente no es una medida popular.

Y, como sucede a menudo en cuestiones económicas, una cosa es la aproximación de un libro de texto y otra los debates e impactos sociales de la medida. Por eso inquieta la respuesta de algunos sectores de la coalición de gobierno, quienes defienden la medida de Bonilla.

La maniobra contable

De todas maneras, ambos argumentos omiten el punto medular: la muy dudosa contabilidad del déficit que resulta de las diferencias en precios nacionales y los internacionales, que según la ley deben ser cubiertas por el FEPC.

Se trata de un subsidio a Ecopetrol por su costo de oportunidad al vender en Colombia en lugar de exportar todo el combustible. Pero el subsidio se paga con recursos públicos, que al final alimentan las utilidades de la empresa pública, donde el accionista mayoritario es el Estado y vuelve a ser parte del presupuesto nacional. Se saca de un bolsillo, para meterlo en otro, y después devolverlo.

Eso sí, con impactos contables que le sacan el quite a la regla fiscal porque la plata en cuestión no aumenta el gasto publico total.

Hoy por hoy el 70% del consumo de combustible del país se produce en el país y los impuestos equivalen al 25% del precio. Así, el aumento pensado en 600 pesos y la escalada prevista hasta llegar a un precio de 16.000 pesos galón serán mucho más costosos para la sociedad de lo que admiten los economistas ortodoxos.

La idea de que un manejo económico adecuado no necesariamente riñe con apuestas sociales es un anatema para la corriente económica principal.

Ajustando la fórmula

Por eso es necesario analizar a fondo la fórmula para calcular el precio de la gasolina en Colombia. Esta fórmula es más un dogma favorable para los inversionistas privados que un instrumento útil para el bienestar de los colombianos.

El nombre técnico de la fórmula actual es “metodología del ingreso para el producto”. De esta manera el ingreso al productor es igual al costo internacional de los combustibles en el Golfo de México de Estados Unidos, suponiendo que Colombia es un exportador de gasolina, diésel y fuel oil. Es decir, no se toman en cuenta los costos nacionales sino los internacionales que dependen de los vaivenes geopolíticos y de las distintas situaciones de costo según el país.

La fórmula anterior no es el único camino, y por esto el gobierno debería considerar otras opciones. Lo principal es incluir factores internos como el costo de refinación, las utilidades para Ecopetrol, la competencia entre las empresas distribuidoras y los impuestos específicos que recauda el Estado.

“Por eso es necesario analizar a fondo la fórmula para calcular el precio de la gasolina en Colombia. Esta fórmula es más un dogma favorable para los inversionistas privados que un instrumento útil para el bienestar de los colombianos.”

Diego Otero planteó una ruta para cambiar la fórmula del precio y un conjunto de medidas que no golpearán más los bolsillos de la población. En síntesis, ese camino consiste en:

1. Abandonar las referencias internacionales para establecer el ingreso al productor.
2. Utilizar el costo promedio interno de producción.
3. Crear un fondo para financiar pensiones o para emergencias.
4. Crear nuevos ingresos para el gobierno central.

Tiempo de cambio

Por todo lo anterior parece refrescante la idea de una tarifa diferencial que propone la ministra de Minas. No obstante, como otras bien intencionadas ideas del gobierno, la falta de rigor y técnica matan la idea antes siquiera de considerar su ejecución.

Para Colombia será mejor la coherencia de un gobierno que dice tener en el centro de su atención al pueblo y que ante todo trabaja sobre la idea de transformar el país.