El Consejo Nacional Electoral -CNE- ha sabido armar una tormenta perfecta, en un vaso de agua, pero tormenta perfecta. Al final el CNE no tumbará al presidente y no habrá golpe de Estado por la vía de esa actuación, pero su decisión de abrir una investigación en contra de Petro como candidato sí causa un ruido desafortunado para la democracia.
No es mentira que el CNE sea una institución desprestigiada. El órgano electoral fue creado como un engendro político-judicial que sólo ha servido para que los políticos se hagan favores y que la gran corrupción electoral nunca se aclare.
Los “magistrados” del CNE no son juristas expertos, son políticos quemados, reciclados en ese órgano para hacer favores. Entre los magistrados quemados se destacan Álvaro Prada, uribista investigado por la Corte Suprema por la compra de testigos en el caso Uribe, y César Lorduy, acusado de cometer un feminicidio que quedó impune, además de exigir dinero y favores sexuales para no anular una candidatura en Magdalena.
¿Ustedes confiarían en estas personas para que decidiera su futuro jurídico? Lo dudo.
Además de su cuestionada conformación, el CNE ha sabido actuar con mediocridad jurídica. Para no ir más lejos, el Consejo de Estado ha revocado cinco personerías jurídicas de partidos a los que el actual CNE les había dado el derecho a existir a pesar de que estos no cumplían con los requisitos que la Constitución Política exige. Eran regalitos, quién sabe a cambio de qué.
En todo caso, ese CNE no tiene la capacidad jurídica o política de hacer un golpe de Estado como dice Petro. Las investigaciones del CNE en materia de campañas presidenciales sólo pueden concluir en multas, nunca en destitución, nulidad electoral y menos en cárcel. Esta verdad, que ningún jurista refuta, fue ratificada recientemente por la Sala de Consulta del Consejo de Estado.
Por tanto, la acusación del presidente es alarmista y equivocada, al punto que ni la ministra de Justicia ni el ministro del interior se atrevieron a respaldar el trino de Petro sobre el inicio del golpe.
El presidente, en vez de jugar a la tormenta perfecta y desacatar una orden de naturaleza judicial, debería acudir por la vía de la tutela a la protección de sus derechos fundamentales.
La tutela que revisaría la Corte Constitucional no sólo sería útil para la defensa del presidente. También le daría al país luces sobre el contenido del fuero presidencial y los alcances del CNE, puesto que allí sí existe una controversia constitucional que a la fecha no ha sido aclarada y sobre la que se contraponen posturas.
Resulta que la Constitución Política contempla que el juez natural del presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el Senado. Sin embargo, por la redacción de la constitución y otras leyes se puede interpretar que la Comisión de Acusaciones se ocupa de asuntos penales y disciplinarios, pero no se aclara si ello se extiende a casos administrativos.
El senador Humberto de la Calle explicó este problema de forma sencilla: “Si el Presidente se pasa un semáforo en rojo (Belisario manejaba), ¿hay que ir al Congreso para multarlo? ¿Si no paga a tiempo la luz, debe la empresa ir al Congreso?”. Sucede lo mismo con la investigación administrativa por una eventual violación de los topes electorales.
¿El fuero presidencial es integral o es exclusivamente relativo a lo penal y disciplinario? Esa es la pregunta de fondo que por la vía de la tutela Petro le debe plantear a la Corte Constitucional. Y la Corte deberá aclarar el asunto ratificando, con certeza, que el CNE no tiene la capacidad de tumbar de ninguna manera al presidente.
El corazón de la tormenta en el vaso de agua se desprende del comunicado del CNE, porque al señalar el nombre propio del presidente en el comunicado da a entender que investigará, no sólo a la campaña, sino también al individuo. Si no se mencionaba el nombre Gustavo Petro, nadie cuestionaría que el CNE puede investigar a su campaña.
Insisto hasta el cansancio: el CNE no puede destituir al presidente, pero mencionar directamente el nombre de mandatario abre la discusión, constitucionalmente no resuelta, sobre el fuero presidencial y justifica la narrativa de la extralimitación del poder electoral para atacar a Petro.
Petro debe terminar su periodo presidencial y la historia lo deberá juzgar por su incumplimiento en diversas áreas al mandato social de cambio. Si el CNE u otra autoridad intenta destituir al presidente marcharé por la democracia, pero ese escenario no es el que hoy nos ocupa.
El Congreso de la República hundió el Presupuesto General de la Nación que presentó el gobierno y ahora este lo presentará por decreto. ¿Cómo quedó la distribución y qué pasará con la ley de financiamiento?
La crónica del presupuesto en el Congreso
Cumpliendo las fechas del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en abril de 2024 el Ministerio de Hacienda presentó a las comisiones económicas del Congreso el Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2025, y en julio el proyecto propuesto.
El primer paso de las comisiones económicas del Congreso en el trámite del PGN es definir si el Proyecto se ajusta o no a lo definido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Si así lo consideran las comisiones, el proyecto puede devolverse al Ministerio de Hacienda antes del 15 de agosto, para que realice las enmiendas correspondientes. Esto no aplicó en el trámite para el PGN 2025 y no se realizaron enmiendas al proyecto.
La segunda fecha relevante corresponde a la aprobación del monto del Presupuesto, que debe aprobarse antes del 15 de septiembre. Este fue el debate de fondo en el que se centró la discusión del PGN 2025. El gobierno presentó un presupuesto por $523 billones de pesos, de los cuales $12 billones no se encontraban financiados.
El Proyecto de PGN establece que esos $12 billones se recaudarán por medio de una Ley de Financiamiento, o reforma tributaria. Aunque significa tramitar un presupuesto desfinanciado, el artículo 54 del Estatuto Orgánico permite que el Ministerio de Hacienda proponga por proyecto de ley “los mecanismos para la obtención de nuevas rentas o la modificación de las existentes que financien el monto de los gastos contemplados”.
Las comisiones económicas del Congreso, por mayoría, consideraron inconveniente aprobar el Proyecto desfinanciado, por lo cual no se aprobó el monto antes del 15 de septiembre. El Ministerio de Hacienda presentó una nueva propuesta de proyecto ante el Congreso, manteniendo el monto de $523 billones, pero modificando asignaciones específicas, donde resaltó la propuesta de recorte al presupuesto de la Registraduría en más del 77 %.
Sin embargo, las comisiones económicas del Congreso hundieron el nuevo proyecto que presentó el gobierno. El Ministerio no quiso reducir el monto para presentar una propuesta de Presupuesto que no estuviera desfinanciada en $12 billones, que habría tenido mayor oportunidad de ser aprobado.
En lugar de esto, el gobierno decidió no presentar otro Proyecto y aprobar por decreto el proyecto inicial de PGN 2025 que presentó ante el Congreso. Lo anterior lo permite el Estatuto Orgánico en caso de que el Congreso no aprobara el PGN antes del 20 de octubre. Sin embargo, es claro que el gobierno nacional habría podido intentar consensuar una propuesta intermedia y aprobarlo en los tiempos que define la ley.
En este contexto, el futuro presupuestal para los sectores del país quedó anclado a la propuesta inicial de PGN 2025 del gobierno y al trámite de la Ley de financiación que plantea el gobierno para financiar los $12 billones faltantes.
¿Cómo quedan los sectores económicos en el PGN 2025?
El presupuesto quedó en $523 billones de pesos en total y $410,4 billones si no se cuenta lo destinado a pagar la deuda. Comparado con el PGN de 2024 (que fue recortado durante este mismo año), y ajustado a la inflación estimada a fin del año 2024 por la Encuesta de Expectativa de Analistas Económicos, que realiza el Banco de la República (5,6 %), el PGN total de 2025 aumenta 2,6 % en términos reales, pero, sin tener en cuenta la deuda, este apenas crece 0,1 %.
El presupuesto de funcionamiento del PGN de 2025 se proyectó en $327,9 billones, que representa un incremento real de 5,4 % comparado con 2024. En inversión se destinaron $82,5 billones, una caída anual de -16,4 % en términos reales. Por el lado del pago de la deuda, se destinaron $112,6 billones, un aumento del 12,9 % real anual.
En términos de caída anual real, sobresale la reducción de presupuesto para deporte y recreación (-62 %); agricultura y desarrollo rural (-44,4 %); tecnologías de la información y comunicaciones (-35 %); inclusión social (-34,7 %); Presidencia (-30,5 %); ciencia, tecnología e innovación (-25,1 %); y cultura (-24,2 %).
Coinciden estas reducciones al comparar el proyecto de Presupuesto del año 2025, comparado con el 2023. Entre los recortes más grandes se encuentran deporte y recreación (-65 %); ciencia, tecnología e innovación (-55 %); inclusión social y reconciliación (-48 %); agricultura y desarrollo rural (-47 %); ambiente y desarrollo sostenible (-44 %) y cultura (-34 %).
Esta distribución depende de que el Congreso apruebe la Ley de Financiamiento que acompaña el proyecto de Presupuesto. De no ser así, se deberá modificar el presupuesto 2025 ajustando en $12 billones de pesos menos los rubros de funcionamiento e inversión.
Foto: Senado de la República – las comisiones económicas del Congreso hundieron el nuevo proyecto que presentó el gobierno.
Ley de Financiamiento: reforma tributaria en el aire
El gobierno presentó al Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento. Para 2025, esta propuesta espera recaudar $11,8 billones de pesos, donde la principal parte proviene de la anticipación de la Regla Fiscal ($5,3 billones de pesos), que representa el 45,1 % del recaudo total en 2025.
El adelanto de la Regla Fiscal hace referencia a cambiar las metas transitorias que se encuentra en la Ley 2155 de 2021 en términos del déficit fiscal para 2025 y pasar a aplicar el mecanismo paramétrico, o las condiciones que estiman las variables que define la Ley para estimar los niveles de déficit para cada año. Esto se puede hacer porque en 2023 la deuda neta como proporción del PIB fue 53,8 %, y fue inferior a la meta que define la Regla Fiscal (55 %). Este cambio le permite aumentar el déficit fiscal, lo cual garantiza recursos adicionales para gasto público.
Otro mecanismo que incluye el proyecto es un componente verde que permita no contar las deudas e inversiones de financiamiento climático dentro de las variables de la Regla Fiscal, hasta un 0,3 % del PIB anual, con el fin de que estas inversiones no presionen o se limiten por el cumplimiento de la Regla Fiscal.
Los costos de la transición, y la atención de gastos derivados de la mitigación a los riesgos climáticos, tienen un componente alto de gasto y de incertidumbre, que se verían altamente limitados si no tienen un criterio diferencial frente a la Regla Fiscal.
Otras medidas positivas del proyecto son los impuestos a los juegos de suerte y azar, que permitirían recaudar $2,1 billones adicionales en 2025, y la tarifa diferencial de renta para las empresas, que reducirían desde el año 2026 impuestos para pequeñas y medianas empresas, como lo han pedido desde hace años las mipymes en Colombia.
El proyecto trae una medida inconveniente y es la modificación del impuesto al carbono, que aumentaría el precio a los combustibles. Esto golpea el costo de vida de las familias con vehículos, con el aumento de la gasolina y el gas natural. También incrementa el precio del ACPM, que resulta contradictorio frente a los acuerdos logrados con los transportadores que se movilizaron. Impactará también en el costo del combustible de los aviones. Por este impuesto, se espera recaudar $1,3 billones de pesos en 2025.
Esta reforma tributaria podría ser positiva, en el sentido de que Colombia aún tiene gasto del gobierno general en proporción al PIB en 2023 (14,8 %) por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (15,1 %) y los países de la OCDE (17,1 % en 2022). Los recursos adicionales se justifican porque el dinero público hoy es insuficiente para atender las necesidades del país, como los gastos en salud o educación pública. Además, la reducción del impuesto de renta para las empresas va encaminada hacia la reactivación económica. Sin embargo, el ambiente político para el trámite en el Congreso no es el mejor.
Incertidumbre presupuestal y política
Que el gobierno nacional decidiera presentar el PGN 2025 por decreto, y no concertar un monto totalmente financiado, es una disputa con el Congreso que no facilitará el trámite de las reformas que se encuentran en el Congreso.
El ambiente en las comisiones económicas no fue favorable para aprobar el Presupuesto a la medida del gobierno, y esto puede repetirse para el trámite de la Ley de Financiamiento. Los principales opositores al PGN del gobierno y la reforma tributaria argumentan que la baja ejecución del gobierno en 2024, que en el componente de inversión es la más baja en décadas, es muestra que no se requiere más dinero, sino de ejecutar el existente.
Lo que se puede esperar este año es que el proyecto de Ley de Financiamiento se hunda en las comisiones económicas y el gobierno deba ajusta en $12 billones de pesos el presupuesto de 2025. Se recortará aún más la inversión pública, que afectará sectores clave ya muy golpeados, como ciencia y tecnología o agricultura.
Por la incompetencia del gobierno para la ejecución del año 2024, se dio mayores argumentos a los sectores que promueven políticas de austeridad en el país. Incluso, suenan propuestas de recorte del gasto de funcionamiento en el Estado, aun cuando Colombia no tiene un tamaño del Estado o un gasto público que supere los promedios de países de la región.
Al final, pierde el país frente a la posibilidad de volver mucho más progresivo el sistema tributario, reducir los impuestos para pequeñas y medianas empresas y recaudar mayores recursos que se requieren para múltiples necesidades. También pierde por el mayor recorte de inversión pública, que impactará en el crecimiento económico nacional.
De 24,000 millones a 15,500 millones de pesos: el preocupante nuevo crédito público.
El debate sobre el nuevo servicio de la deuda municipal comenzó con una cifra que, por sí sola, debería alarmarnos: 15,540 millones de pesos. Y aquí está el porqué. Gran parte de este dinero se destinará a la finalización de obras muy importantes que comenzó la administración 2020-2023: “La Ceja, nuestro compromiso”, y no culminó, causando posibles lesiones al patrimonio nuestro. Pero el costo real para completar estas obras es de 9,500 millones. ¿Qué ocurre con el resto?
Estos 15,540 millones de pesos se repartirán así: 2,500 millones para finalizar el centro cultural, una obra que comenzó con 4,000 millones, y para la cual, ya se había autorizado un empréstito en 2022 que no alcanzó para terminarla. La plaza de mercado recibirá 5,000 millones más, aunque al cierre de 2023 la inversión ya alcanzaba los aproximados 20,000 millones. En lo que va de esta administración, se han desembolsado 2,000 millones, aún faltan 3,700 millones de la gobernación y, como si era poco, el viernes pasado se anunciaron otros 2,000 millones más. Otros 1,500 millones irán a la terminación de Parques del Río, donde se proyecta que un parque infantil podría costar 100 millones, incluyendo adoquines para delimitar árboles. Finalmente 5,000 millones se asignarán a redes de acueducto y alcantarillado, aunque aún no se sabe en qué zona se realizarán estas obras. Y por si fuera poco 1,000 millones se destinarán a estudios y diseños de proyectos del plan de desarrollo, sin claridad sobre cuántos ni cuáles, ya que esta partida fue aprobada al calor de la última plenaria.
Si sumamos, tenemos 34,000 millones aproximados de la administración anterior, más 22,460 millones autorizados en el plan de desarrollo municipal: “Es el momento”, y 15,540 millones de este nuevo empréstito. En total, hablamos de un aproximado de 71,900 millones de pesos a pagar en 10 años -sin contar los intereses-. Y lo que es aún más preocupante: de estos 15,500 millones, apenas 2,000 millones se abonarán al capital, mientras que para 2027 (último año de esta administración) se habrán pagado 9,000 millones en solo intereses, dejando a la próxima administración con un 82% de su indicador de solvencia comprometido. Este escenario pinta un futuro crítico para el bolsillo de los cejeños, porque además, se avecina una actualización catastral que, aunque necesaria para regularizar los predios, podría incrementar los impuestos. Esto por el estatuto tributario que, al actualizarse, causarán una serie de efectos, que en consecuencia, los costos de vida en el municipio irán aumentando en nuestro contexto.
Pero esto no es todo. Los vacíos jurídicos en el manejo de esta deuda son alarmantes. La Ley 358 de 1997 permite a los municipios endeudarse hasta un 100% en su indicador de solvencia y un 60% en sostenibilidad. Sin embargo, estamos peligrosamente cerca de esos límites, con un 82% y 42% respectivamente. En términos simples, es como si nosotros ganáramos 1’ 300.000 de pesos mensuales y destinamos 1’ 066,000 al pago del arriendo, quedándonos solo con 234,000 para todo lo demás. Esta situación ¡sin duda! deja muchas necesidades básicas sin cubrir.
Además de todo ello, la Ley 819 de 2003, en su artículo 16, exige contar con una calificadora de riesgo para evaluar si es viable apropiarse de más deuda. Por un mínimo de responsabilidad, este análisis debería presentarse ante el Concejo Municipal para entender realmente la situación financiera, pues el artículo 325 de la Ley 2294 de 2023 ordena a los concejales a estudiar con responsabilidad los riesgos financieros de su municipio. Para mayor sinsabor, el artículo 14 de la citada Ley, menciona que los intereses deben contar con la tasa de cobertura de riesgos, por lo cual los intereses se duplicarían, cosa que no se refleja en las proyecciones que presentó la administración. Incluso, todo este proyecto se debe concatenar con las vigencias futuras que hace mención la Ley 1483 de 2011. Muy preocupante. Es comparable a cuando un banco nos pide el reporte de Datacrédito antes de prestarnos dinero. Sin esa evaluación de riesgo, ningún banco se arriesgaría a prestar. Entonces, ¿por qué la Administración Municipal no presenta este análisis ante el concejo municipal?, ¿cómo se está garantizando que esta deuda no lleve al municipio a un muy posible escenario de quiebra?
Un Ejemplo Simple:
Piense en alguien que trabaja en una floristería y gana $1,000,000 al mes, y que por necesidad tiene deudas: un préstamo personal y una tarjeta de crédito.
Indicador de Solvencia: Este indicador es como la parte del salario destinada a pagar las deudas mensuales. Si llega al 100%, significa que todo el salario se va en pagar esas deudas.
Al Límite: Supongamos que se utiliza el $1,000,000 para cubrir cuotas y pagos mínimos. Si surge una emergencia, como una reparación inesperada en casa, no hay de dónde sacar dinero. Y peor, no se puede pedir más prestado.
Indicador de Sostenibilidad: Es como la proporción de la deuda total respecto a los ingresos anuales. Si alguien debe $9,600,000 y gana $12,000,000 al año, está al 80%. Si sus ingresos bajan, no podrá cubrir la deuda y tendrá serios problemas.
Consecuencias de Estar al Límite:
Sin Respaldo para Emergencias: Si ocurre algo inesperado, no hay capacidad para responder. Es como vivir sin ahorros y sin espacio en las tarjetas.
Vulnerabilidad Económica: Una caída en ingresos o un aumento en tasas de interés podría llevar a una situación de no pago, dañando el historial crediticio.
Compromiso Futuro: Para el municipio, llevar los indicadores al límite significa que en un porcentaje considerable, por no decir casi totalmente, sus ingresos se destinan a pagar la deuda, dejando poco para salud, educación, infraestructura u otros servicios colectivos esenciales. Cualquier baja en ingresos o aumento en costos de deuda podría llevar a la insolvencia, afectando directamente a la ciudadanía.
Entonces, las incógnitas son inevitables y estrepitosas: ¿Cómo vamos a resolver esto?, ¿más impuestos?, ¿recortes en servicios?, ¿quién se hará responsable de esta situación que pone en jaque la estabilidad económica de La Ceja?, ¿estamos dispuestos a hipotecar el futuro del municipio por decisiones financieras irresponsables hoy?
No lo digo yo, lo dijo varias veces el entonces Senador Gustavo Petro: en Colombia el cálculo del precio nacional de los combustibles se ata equivocadamente al internacional a pesar de que somos un país productor. Y agregó que el ajuste del precio de los combustibles era una “reforma tributaria cada mes” contra el bolsillo de las y los colombianos.
Pero vamos por partes. Antes de ahondar en el cambio de parecer del presidente, es necesario aclarar el tema del “ajuste fiscal” por el que el gobierno ha subido el precio de la gasolina y el ACPM.
Los economistas ortodoxos respaldan al gobierno en su decisión de aumentar el precio. Los ex ministros de Uribe, Duque y Santos aplauden la medida que desde años ha sugerido el Fondo Monetario Internacional, al que antes Petro criticaba por chantajista. Mientras tanto, el presidente acusa de oligarcas a los pequeños transportadores inconformes. El mundo al revés.
Pero estos expertos omiten al menos dos factores: i) que Colombia es un país productor de petróleo y ii) que no da lo mismo aumentar el precio de combustible en un país en el que una de cada tres personas están en condición de pobreza y los incrementos leves en la inflación representan más hambre y sufrimiento.
En 2007 Uribe creó el Fondo de Estabilización de Precios del Combustibles -FEPC- para impedir que cambios abruptos en el precio del petróleo afectaran gravemente a Ecopetrol o a los consumidores. Una medida contracíclica que buscaba ahorrar, pero que en vez de ahorrar causó un déficit.
El mayor problema del FEPC fue atar el precio de venta del combustible al precio internacional, siendo este último mayor, por lo que se infló la deuda del Estado con Ecopetrol. Para cerrar el déficit, o se paga del presupuesto de la nación o del bolsillo de la gente.
El famoso déficit de los combustibles que hoy paga la población es realmente un problema contable entre el gobierno y su propia empresa, de un bolsillo a otro. Pero con una perla: cuando el gobierno hace el cruce de recursos quienes terminan ganando son los accionistas privados de Ecopetrol.
Los verdaderos ganadores del subsidio son JPMorgan, Chase Bank, Norgers Bank, Skandia, Porvenir, Protección, Colfondos. Entidades financieras, nacionales y extranjeras. Para victimizarse por el paro el presidente acusa de magnate al dueño de un camioncito, no a los dueños del mundo. Lo que hay que oír del “Allende colombiano”.
Quienes defienden el alza sostienen que Colombia debe cobrar más cara la gasolina y el ACPM porque si los vendieran en el mercado internacional ganarían más. La pérdida de oportunidad debe cobrarse, dicen.
Sin embargo, el costo de oportunidad es apenas teórico. Tanto porque vender el combustible afuera sería políticamente inviable, como porque al venderlo afuera el consumo interno exigiría importar, nuevamente a precios internacionales. Además, el chiste de que el Estado tenga a una empresa como Ecopetrol es que la pueda usar para producir y ponerla al servicio de las necesidades productivas del país.
Pero pilas, fijar un precio del combustible distinto al internacional no implicaría fijar el precio de venta al precio de producción. Por el contrario, un país productor de petróleo, y del 91% del ACPM que consume, podría fijar un tercer precio, entre el de producción y el internacional.
Llamemos a ese precio precio nacional competitivo. No golpea absurdamente las utilidades de Ecopetrol (que al final van al presupuesto del Estado), pero tampoco descarga severamente los costos sobre transportadores y consumidores.
Ahora bien, el problema no es sencillo de resolver, pero eso no excusa a Petro de cumplir con sus planteamientos del pasado o, por lo menos, no estigmatizar por “oligarcas” a quienes hoy critican el aumento del precio.
El mecanismo que hoy defiende Petro, en sus palabras del pasado, “es una transferencia de renta petrolera del consumidor de gasolina hacia el Estado. Un sistema de financiación del Estado no transparente vía precios de la gasolina inflado”.
Por tanto, incluso si el gobierno no quiere ceder en su intención de subir el precio del combustible, al menos debería comprometerse con revisar la fórmula del FEPC en lo que respecta a tener el precio internacional del petróleo como referencia y que legalmente depende de un decreto o resolución ministerial.
El presidente ha fallado. Por haber cambiado el discurso, por descargar las mismas soluciones de siempre sobre la gente y, no menor, por estigmatizar a quienes protestan y por no negociar a tiempo permitiendo que llegáramos a este punto que afecta a todo el país.
Posdata: A uno de mis principales lectores, mi maestro, amigo y guía, gracias por cada retroalimentación a estas columnas y a los distintos aspectos del día a día. Con amor celebro tu vida, Pa.
La Cámara de Representantes discutirá la reforma laboral en las próximas semanas. La propuesta del gobierno llega a su segundo debate (de cuatro) después de dos años de grandes recortes con respecto a su contenido original.
La reforma laboral posiblemente es la reforma social que ha generado mayor oposición entre los actores interesados. La alta controversia no es en sí mala, pero resulta problemática cuando se acompaña de verdades a medias, falta de evidencia y soberbia. Estos defectos los han tenido tanto los gremios empresariales, como el gobierno y directivos sindicales.
El primer problema para que avance la reforma tiene que ver con su objetivo. Mientras que el gobierno insiste en que busca recuperar derechos laborales para los y las trabajadoras perdidos durante el gobierno Uribe, voces de sectores productivos y la oposición quisieran soluciones para crear empleo.
Ambas posturas son válidas, pero de lado y lado se han presentado como si fueran excluyentes. El gobierno ha fallado presentando la reforma -que sin duda generará nuevos costos para el empresariado- como un elemento aislado de sus propias políticas de reindustrialización y reactivación económica. Ante esta fragmentación, el empresariado se ha excusado en la falta de apoyo a su sector para oponerse y concluir, sin evidencia certera, que la reforma cerrará empresas y destruirá empleos.
Difícilmente modificar una regla en un papel puede crear empleos, pero Colombia sí puede tener certeza de que la reforma de 2003 -que recortó derechos laborales- no cumplió con las expectativas del fomento al empleo. En ese entonces la lógica de Uribe fue hacer una transacción: flexibilizar las garantías laborales para reducir los costos laborales y que esa diferencia fuese invertida para emplear a más personas. La promesa de crear 683.000 empleos nunca se cumplió. Por el contrario, un estudio realizado por Alejandro Gaviria identificó que la justificación dada entonces en el Congreso fue engañosa “los resultados son negativos, y claramente inconsistentes con la cifra de 200.000 empleos por año citada durante la discusión parlamentaria”. Otras revisiones académicas coincidieron en que la reforma laboral redujo costos, no creó empleos pero sí aumentó la carga laboral de los y las colombianas.
La evidencia indica que si bien es necesario exigir al gobierno políticas de promoción de empleo, estas no deben atarse al debate de la recuperación de derechos.
En el propósito de sacar adelante la reforma el gobierno ha cedido mucho, al punto que hay quienes consideran que ésta ya representa una derrota. Lo anterior, por cuenta de que se eliminaron casi todos los artículos relativos a garantías y mejoras para los sindicatos.
En el primer debate, la Comisión Séptima eliminó 17 artículos relacionados con derecho laboral colectivo, los mismos que eran fuertemente defendidos por la Centrales Obreras y muy cuestionados por los empleadores. A pesar de que en Colombia la tasa de sindicalización no supera el 4.5% de la fuerza laboral y de que existe alta estigmatización sobre las organizaciones defensoras del trabajo, la Ministra aceptó su derrota e incluso la ponencia que se discutirá en plenaria, pudiendo hacerlo, no revive esos artículos.
Al proyecto le quedan vivos asuntos sobre derechos individuales como la reducción de la jornada laboral hasta las 7 pm, el aumento del recargo dominical, el incremento de las indemnizaciones por despido, la ampliación de la licencia de paternidad, la creación de mecanismos de protección a las mujeres en el trabajo y la regulación de las relaciones laborales en el agro.
Salvo el tema agrario, los temas que quedaron vivos parecían no ser objeto de mayor debate, pero quienes se oponen a la reforma no ceden como lo hizo el gobierno, por el contrario van por más.
La ANDI y Fenalco han presentado sus estudios y encuestas a empresas sobre los impactos de la reforma. Aunque las cifras y percepciones sobre nuevos costos laborales son ciertas, difícilmente se puede concluir que las mismas conducirán a la terminación de contratos laborales o cierres de empresas. Como tampoco sucedió al contrario.
Los artículos que se discutirán pueden mejorar en consenso. En materia de indemnizaciones por despido se podrían ver los montos de los salarios más altos sin que sean regresivos frente a los actuales.
En materia de estabilidad laboral reforzada se puede mejorar la redacción de quién se considera pre pensionado y en materia agropecuaria se pueden evaluar efectos ponderados según tamaño de unidad productiva agraria. Y las medidas contempladas para la adecuación de las MyPiMes a la reforma deben contener soporte presupuestal para que en unos años no digamos que fue un saludo a la bandera.
Aún así, todo parece indicar que será un verdadero camello poner de acuerdo a los partidos y actores sociales en torno a esta reforma.
Comparado con 2023, el presupuesto para 2025 crece, pero sectores clave sufren recortes mientras la deuda pública aumenta. La baja ejecución y el manejo fiscal conservador del gobierno complican sus metas sociales.
Un nuevo presupuesto
El gobierno cumplió dos años en agosto. Es la mitad del mandato, y, por ende, se han elaborado distintos balances sobre su gestión en términos económicos y políticos. Analizar la economía desde su entorno macroeconómico puede dar algunas claridades sobre cómo va el país. Sin embargo, es difícil justificar que ese comportamiento dependa exclusivamente del gobierno.
En lo que respecta al crecimiento económico, en 2023 fue de apenas 0,6% y las expectativas del 2024 se ubican entre 1,1% y 1,8%. Es importante señalar que las dinámicas internacionales impactan este crecimiento. Además, Colombia no se alejó de las tendencias de los países de la región, por lo que es difícil argumentar que todo es, una vez más, culpa de la actual administración.
Comparado con el presupuesto de 2023, el del 2025 sería un 7% más grande. Aun así, hay varios problemas si se revisan los sectores que durante dos años de análisis han evidenciado un importante recorte.
El proyecto de presupuesto para el año 2025 asciende a $523 billones de pesos. A precios de 2024, con una inflación de 5,7%, el presupuesto del próximo año será de $497 billones de pesos. Comparado con el presupuesto de 2023, el del 2025 sería un 7% más grande. Aun así, hay varios problemas si se revisan los sectores que durante dos años de análisis han evidenciado un importante recorte.
Entre los recortes del proyecto de PGN para el 2025, comparado con el 2023, sobresalen los sectores de Deporte y Recreación (-65%); Ciencia, Tecnología e Innovación (-55%); Inclusión Social y Reconciliación (-48%); Agricultura y Desarrollo Rural (-47%); Ambiente y Desarrollo Sostenible (-44%) y Cultura (-34%). Además de ser los sectores con mayor reducción, tienen un enorme impacto social y, paradójicamente, hacen parte de las prioridades en el discurso presidencial y el Plan Nacional de Desarrollo.
Los sectores con mayor incremento son el pago de deuda pública (41%); la Rama Judicial (29%); Trabajo (26%); Inteligencia (17%); Transporte (16%); Salud y Protección Social (13%) y Educación (10%). Los dos últimos son de alta relevancia para la política social del gobierno, pero quedan en desventaja si se compara con el incremento del pago de deuda pública.
La deuda se presenta como una consecuencia no solo de las decisiones del gobierno actual, sino de los pasados. En particular, es el costo de la alta deuda contratada en medio de la crisis por la pandemia de COVID-19. Este factor implica un incremento en el pago a cargo del Presupuesto General de la Nación, que para 2024 ascendió a $92 billones y para 2025 se proyecta en $111,5 billones.
¿Y la ejecución?
Frente a la ejecución del PGN, para 2022 los pagos del Presupuesto General de la Nación, sin contar la deuda, fueron del 86,2%. Al gobierno solo le correspondió el presupuesto de menos de un semestre. Para 2023 la ejecución fue 85,5%, inferior a la del año anterior. El promedio de ejecución de los últimos 8 años (2014 – 2021) fue de 86,4%, una cifra muy cercana a la del 2022 pero superior a la de ambos años del gobierno Petro.
En términos de ejecución de la inversión, en 2022 los pagos ascendieron al 78% y en 2023 en 70,5%. El promedio durante los últimos 8 años fue 74,7%, sin embargo, para el 2023 fue inferior. Esto contrasta con las enormes necesidades de inversión a nivel nacional que se han encontrado en cifras rojas para los últimos trimestres.
Para el 2024, con datos hasta julio (más de la mitad del año), la ejecución de pagos ha sido del 44,7%, contrastando con el 47,4% observado en 2023 y 48,8% en 2022. Incluso así, la ejecución a la fecha es superior a la observada entre 2018 y 2021 (40,7).
En términos de inversión, a julio de 2024 se ha pagado el 26,4% del presupuesto. Muy por debajo del 32,5% del 2023 y el 41,3% en 2022. En el periodo 2018-2021, el promedio de ejecución a julio fue de 32,1% en inversión. Por lo tanto, se observa una debilidad en los procesos de ejecución.
Para 2023, los sectores que menos ejecutaron (pagos) fueron Presidencia (15,6%); Planeación (44,6%); Ambiente (49,5%); Información y Estadística (54,2%) y Deporte y Recreación (59%). Para 2024 se repiten sectores en baja ejecución como Presidencia (12,1%); Deporte y Recreación (12,1%); Información Estadística (18,9%) y Ambiente (26,5%). Solo sobresale la baja ejecución del sector de Agricultura (16,1%).
Ha resultado más ortodoxo en el manejo fiscal que muchos otros gobiernos de derecha en el pasado.
Algunos retos
La baja ejecución, a pesar de no ser muy distinta frente al promedio histórico, sí refleja que un gobierno de izquierda no ha orientado el presupuesto como un mecanismo de activación de la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Por el contrario, ha resultado más ortodoxo en el manejo fiscal que muchos otros gobiernos de derecha en el pasado.
El gobierno se encuentra contra la espada y la pared entre las promesas pendientes de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y las capacidades políticas y económicas para conseguirlas. En particular, la Regla Fiscal y su cumplimiento ha implicado ajustes en el recaudo fiscal, la reducción directa del Presupuesto General de la Nación de 2024 y el recorte de la inversión proyectada en 2025.
En ese escenario, es muy difícil satisfacer las altas expectativas en términos de capacidad de inversión y gasto para la garantía de derechos sociales. En el mejor de los casos, el gobierno podría afinar la ejecución para que sea más alta en los próximos años. Además, tendrá que direccionarse para que no se presenten más escándalos de corrupción.
Cumplida la mitad del periodo presidencial es necesario hacer balances sobre la gestión del gobierno y en el marco de los Juegos Olímpicos el deporte merece ser evaluado.
El resultado en la tabla de medallas evidencia que en esta área en la que se raja el gobierno. Una verdad que debe decirse aún cuando el objeto de este balance sea hacer una crítica constructiva, como dijo la medallista olímpica de Londres, Ingrit Valencia.
El deporte y la actividad física hablan mucho sobre las sociedades. Reflejan el interés y esfuerzo de iniciativas públicas y privadas en torno a la construcción de identidad nacional, hábitos sociales y alternativas para el goce de la población. Además, tomarse en serio el deporte contribuye a la construcción de hábitos saludables.
El principal error en la apuesta deportiva del gobierno es que no ha existido una apuesta clara. El presidente empezó su periodo con un mensaje interesante al nombrar a una medallista olímpica como jefe del ministerio del Deporte, pero tras denuncias de corrupción en contra de la funcionaria la reemplazó por una cuota del partido de la U que salió por su rotundo fracaso por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027.
A su vez, la segunda ministra fue reemplazada por una experta en deporte de alto rendimiento cuya tarea no será fortalecer esa área sino una desconocida para ella: fortalecer la educación física en los colegios. Desafortunadamente de cambio en cambio no se ha consolidado el derrotero de la política nacional del deporte y la actividad física.
A la falta de norte se suman los reiterados desplantes del presidente y sus ministras al deporte. Las primeras dos ministras fueron incapaces de coordinar los tiempos y actividades para cubrir a tiempo el pago de la sede de los Juegos Panamericanos en Barranquilla ¡aún teniendo los recursos aprobados por el Ministerio de Hacienda!
Las ex ministras comparten la irresponsabilidad con Alejandro Char, ex alcalde de Barranquilla de Cambio Radical. Char tampoco puso el grito en el cielo a tiempo y contribuyó a que se perdieran más de 2 millones de dólares pagados como anticipo para la realización de los juegos, sin contar con el deterioro para la imagen de la ciudad y la expectativa de turistas y divisas que llegarían con los juegos. Le quedó muy mal a su ciudad.
En febrero de este año Petro posesionó a regañadientes a la ministra del Deporte diciendo “no veo la bondad de crear este ministerio, me parece una pérdida de tiempo”. En marzo, presidente y ministra, dejaron esperando a Mariana Pajón, Nairo Quintanta, Caterine Ibarguen, entre otros. Estas glorias del deporte habían solicitado una Mesa Nacional del Deporte para fijar una política integral para el sector, incluso apuntado la necesidad de “hacer conciencia sobre la importancia del deporte en la construcción de la Paz en Colombia”.
Los desplantes continuaron en París durante la inauguración de la Casa Colombia al inicio de los Juegos Olímpicos cuando Petro romantizar de la falta de recursos de los deportistas que participan en las competencias. Si bien es cierto que los y las deportistas compiten por amor al deporte y la bandera, no es menor reconocer que para hacerlo necesitan condiciones dignas y apoyo institucional.
Y para rematar: la dificultad fiscal que enfrenta el gobierno castigará al deporte en 2025. Además de que el Ministerio del Deporte es el segundo de menor ejecución presupuestal, el Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno al Congreso el apoyo al deporte se reducirá en 68% para el próximo año. Por tanto, ni el alto rendimiento ni la educación física en los colegios tendrán recursos suficientes.
El anterior panorama se debe corregir. Los dos años que le quedan al gobierno deberían ser asumidos a modo de repechaje. Para ello, con verdadero espíritu de “acuerdo nacional” el gobierno debería acceder a la invitación de los y las deportistas a la Mesa Nacional del Deporte.
Esta invitación, además de contar con personas expertas y exitosas, parte de la idea de cooperar entre los distintos actores que pueden aportar al deporte, pues ni el gobierno, ni la empresa privada, ni los deportistas con sus familias pueden hacer el trabajo en soledad. Y no está de más exigir al Congreso modificar los recortes presupuestales proyectados para el próximo año.
Posdata: Con el argumento de acabar con el conformismo más de uno ha salido a destruir a los y las deportistas que no logran una medalla olímpica o el título de la Copa América. Claro que se deben corregir los errores y que el carro de bomberos sobra, pero la mentalidad y cultura ganadora no se construye a las patadas, la experiencia de Simone Biles lo demuestra.
Igual que su hegemonía global, la democracia de Estados Unidos se encuentra en retroceso. La campaña electoral en curso es una fiel radiografía de las complicaciones vive la poderosa nación del norte de América.
Las candidaturas del republicano Donald Trump y de la demócrata Kamala Harris tienen diferencias, especialmente en materia de política interna. Sin embargo, ambas compiten en la opinión pública por demostrar quién tiene la mano más dura y eficiente en contra de la migración.
Trump insiste en su discurso de odio contra la población migrante, celebra las medidas fascistas de algunos gobernadores de los Estados de frontera que consisten en desollar a las personas que cruzan el Río Bravo e insiste en terminar la construcción del muro, tarea en la que fue muy discursivo pero poco efectivo en su periodo presidencial. Además, crea la narrativa de que Estados Unidos ha sido invadida como nunca antes por hordas de inmigrantes con antecedentes judiciales, afirmación falsa.
Por su parte, el partido Demócrata se esfuerza por demostrar que la narrativa de Trump es simplemente eso, una narrativa, pero no controvierte su visión antiinmigración, pues desecha el discurso en defensa del sueño americano y de que son un país orgullosamente construido por migrantes.
La administración Biden, que hoy impulsa a Harris, prefiere caer en el antipático marco conceptual de Trump para discutir que ha sido más eficiente que su antecesor en el control migratorio. Y no son menores las cifras que están del lado de Biden y Harris, puesto que gracias al sistema CBP One se han logrado reducciones de más del 50% de los cruces fronterizos y conseguido números de captura de migrantes indocumentados semejantes a los de septiembre de 2020.
La ONG Human Rights Watch ha alertado sobre los efectos negativos de estas políticas en contra del derecho humano al asilo, así como de la contribución de las mismas al incremento de ataques sistemáticos en contra de las personas migrantes por parte de carteles en México y funcionarios de gobierno.
La “guerra contra la migración”, que es el marco de la campaña, resulta ideal para que las élites republicanas y demócratas escondan los problemas estructurales que padece la sociedad.
En Estados Unidos la concentración de riqueza y el crecimiento de la pobreza en Estados Unidos son escandalosas. El 50% más pobre de la población de EE.UU. posee solo el 1,5% de la riqueza privada del país, mientras la élite de billonarios se consolida cada vez más. Desde 2021 la desigualdad ha incrementado en 3,2% y el ingreso promedio de la población ha decrecido 0,7% cada año desde 1979.
Mientras que Elon Musk está a punto de hacer realidad su sueño de viajar a Marte, el 65% de la población se duerme sin saber qué comerá el día siguiente.
Las campañas prefieren apuntar a las personas migrantes antes que desmontar los grandes privilegios de los billonarios, pues en gran medida dependen de estos para financiar sus candidaturas.
Hasta su retiro la campaña de Biden había sido financiada casi en 60% por grandes corporaciones. LinkedIn, PayPal, Netflix, en general, grandes corredores de bolsa y fondos privados de inversiones se destacan entre los donantes.
Por su parte, Trump no oculta su deseo por aumentar los topes de la financiación privada en las campañas y reducir la tasa efectiva de tributación de los grandes contribuyentes. Trump defiende la concentración de la riqueza y la democracia en pocas manos.
No es un secreto que las donaciones se convierten en transacciones para el lobby y la regulación favorable a las grandes corporaciones, así sean en detrimento de los intereses del pueblo. El Senador Bernie Sanders denunció que el billonario Reid Hoffman donó 7 millones de dólares a la campaña de Harris y, a modo de contraprestación, pidió retirar a una funcionaria de la administración Biden que le incomoda.
La política exterior de Estados Unidos es bipartidista y en líneas gruesas será semejante con Harris o Trump. Ambas candidaturas se van a esmerar por mantener la decadente hegemonía estadounidense en el concierto internacional. Pero definitivamente asuntos como el genocidio de Israel en Palestina seguirán teniendo el respaldo del Despacho Oval.
Aunque Kamala tenga un tono menos reaccionario su posición ha sido clara en respaldar a Israel en la ofensiva militar. A su administración le han sobrado casos en los que le da la espalda al derecho internacional para terminar la guerra y el jueves recibió a Netanyahu en Washington.
Por supuesto las candidaturas son distintas y en asuntos domésticos representan algunas causas contradictorias. Trump raya con el fascismo populista y Harris levanta ciertas banderas progresistas. Pero las dos campañas coinciden en apuntar al -falso- enemigo antes que abordar los profundos problemas que aquejan a la sociedad estadounidense.
Estamos presenciando cómo se agudizan los problemas profundos del sistema de salud. Los intentos fallidos del Gobierno Nacional por cambiarlo tampoco ayudaron. En su afán por sacar titulares en los medios de comunicación que dijeran «Se aprobó la reforma a la salud», el Gobierno cedió en aspectos fundamentales. Por esto el documento propuesto no daba solución a los principales problemas de nuestro sistema.
En medio del debate nunca se presentó un documento serio para justificar de dónde saldría el dinero para ejecutar los cambios. Además, el documento terminó siendo garantista con las empresas de intermediación financiera, las famosas EPS, que en el pasado tanto criticaban. Qué incoherencia, ¿no?
Por su parte, nuestro sistema de salud ha logrado una cobertura de casi el 95% de la población y tenemos un gasto de bolsillo de apenas del 14%, y demuestra que los colombianos no deben endeudarse para pagar las atenciones en salud como en otras partes del mundo. Sin embargo, el aumento exorbitante en el número de PQRS, las intervenciones administrativas a las EPS y la precarización laboral de los trabajadores de la salud, que parece no acabar, son ejemplos que muestran la urgencia de un cambio en el sistema, pero bien hecho.
Ahora, si usted siente pánico y no sabe qué va a pasar con su salud, le cuento que, nuevamente, en el Congreso de la República se va a radicar una nueva reforma. Hasta el momento, se sabe que, de las dos iniciativas, una proviene del grupo Acuerdos Fundamentales y la otra del Gobierno Nacional.
La propuesta de los gremios de la salud
El grupo Acuerdos Fundamentales presenta una propuesta al país para reorganizar el Sistema de Salud. Los puntos más importantes son los siguientes:
Funciones adicionales al Consejo Nacional de Salud: El Consejo Nacional de Salud (CNS), conformado por diferentes actores del sistema de salud, definirá la metodología de cálculo de la UPC a través de un estudio independiente y, adicionalmente, definirá el aumento de este cada año.
EPS se convierten en Entidades Gestoras de Salud (EGS): Las EPS ya no manejarán el dinero de la salud. Se convertirán en gestoras que estarán a cargo de contratar servicios con hospitales, auditar cuentas, vincular afiliados y representarlos ante hospitales en el proceso de atención. Se hará un estudio independiente para determinar cuál es el dinero que deben recibir por las funciones que cumplirían.
Giro directo y riesgo financiero: ADRES se ubica como el pagador único del sistema de salud, haciendo transferencias a las IPS según la gestora verifica las atenciones y autoriza el pago. ADRES asume el riesgo financiero del sistema, garantizando que los recursos alcancen para el tiempo proyectado, inyectando dinero cuando haga falta.
Régimen laboral especial para trabajadores de la salud: Los profesionales de la salud en instituciones públicas, privadas o mixtas deberán ser vinculados laboralmente bajo contrato de trabajo, no más orden de prestación de servicios. La remuneración tendrá en cuenta el nivel de formación, antigüedad, entre otros.
Presupuesto de los hospitales públicos: Se garantiza que con el Presupuesto de la Nación, anualmente se destinará un monto para la formalización laboral de los trabajadores por OPS de estos hospitales.
Conformación de Redes Integrales e Integradas de Atención: Las IPS se organizarán a través de redes, desde el primer nivel de atención (CAPS) hasta la más alta complejidad.
Examen nacional de residencias médicas: Para garantizar transparencia en el acceso a especialidades médico-quirúrgicas y de salud pública, se establecerá un Examen Único Habilitante. Las IES determinan los criterios definitivos, pero deben tener en cuenta el examen.
Política Farmacéutica Nacional: En concordancia con lo establecido en la Ley Estatutaria de Salud, se desarrollará una política farmacéutica que promueva la autonomía sanitaria de Colombia.
Funciones del Consejo Nacional de Salud: Estará conformado por seis entidades del Estado y otros miembros de la sociedad civil, sin superar los 15 integrantes. Sin embargo, continúa siendo una figura que emite meras recomendaciones.
Transformación de EPS en Gestoras de Salud: Las EPS se transformarán en Gestoras de Salud y Vida (EGSVI), realizando la auditoría de cuentas médicas, entre otras funciones. De entrada, se les pagará el 5% de la UPC como remuneración por sus funciones y podrían ganar hasta un 3% adicional como incentivo.
Giro directo y contratación: ADRES asume el papel de pagador único en el sistema de salud. ADRES sería la entidad encargada de contratar con las IPS que deseen hacer parte de las Redes Integrales de Servicios de Salud.
Pago de servicios de salud: Las IPS y proveedores deben presentar cuentas de servicios prestados ante ADRES, que desembolsa mínimo el 85% en un plazo no mayor a 30 días desde la fecha en que el servicio fue prestado. El restante es pagado después de la auditoría realizada por la Gestora.
Dirección y administración de hospitales públicos: La dirección y administración estarán a cargo de un Consejo Directivo y un director. Plantea la implementación de un examen para la escogencia del director del hospital, pero el nombramiento recaerá en el alcalde, gobernador o su delegado.
Régimen especial laboral para trabajadores públicos del sector salud: Contempla un régimen especial laboral únicamente para el Talento Humano en Salud del sector público, con un sistema de ascenso y movilidad en carrera administrativa.
Régimen de transición: Aunque la propuesta establece más de 10 puntos para un eventual régimen de transición, no establece un periodo de tiempo determinado para esto.
¿Conclusiones?
En ambas propuestas, se reconoce que la intermediación financiera de los dineros de la salud por parte de las EPS ya no puede.
Usted acaba de ver un breve resumen de los puntos más importantes de las dos propuestas de reforma a la salud. En los próximos días, estas serán radicadas oficialmente en el Congreso de la República para su respectivo trámite.
Es indudable que, en ambas propuestas, se reconoce que la intermediación financiera de los dineros de la salud por parte de las EPS ya no puede. Teniendo en cuenta los antecedentes de malos manejos efectuados por estas entidades, como el caso Saludcoop o la cantidad de EPS que han sido liquidadas, desde el Gobierno de Andrés Pastrana hasta el actual.
Tanto en la propuesta de Acuerdos Fundamentales como en la del Gobierno existen diferencias que pueden perderse en el mar de palabras de cada documento, pero que las hacen diametralmente distintas.
Por ejemplo, quienes serían los encargados de realizar los contratos para prestación de servicios con las IPS, los presupuestos de los hospitales públicos, la formalización laboral de los trabajadores públicos de la salud, las funciones del Consejo Nacional de Salud, la financiación de la salud pública y atención primaria, entre otros.
Sorprende que en la propuesta del Gobierno se mantengan artículos que fueron fuertemente criticados en el pasado, como el pago de mínimo el 85% del valor de una cuenta por parte de ADRES a las IPS. Sin duda alguna, hospitales y clínicas sufren por la falta de pagos efectivos de los servicios que ya han prestado a los afiliados al sistema de salud. Sin embargo, no sería adecuado transferir hasta el valor total de una cuenta sin un mínimo de auditoría previa.
Inquieta que el Gobierno continúe siendo tan garantista con las antiguas EPS (ahora Gestoras) al decidir darles de tajo el 5% de la UPC por sus funciones y hasta un 3% adicional en incentivos, sin un estudio previo para conocer cuánto dinero deben ganar.
Adicionalmente, no se percibe sencillo, como ha explicado el director de ADRES, Félix Martínez, que en caso de detectar que han pagado más de lo debido en una IPS, en la siguiente le descuentan el dinero extra transferido, considerando que anualmente en el país se generan 156 millones de cuentas médicas cada año.
Inquieta que el Gobierno continúe siendo tan garantista con las antiguas EPS (ahora Gestoras) al decidir darles de tajo el 5% de la UPC por sus funciones y hasta un 3% adicional en incentivos, sin un estudio previo para conocer cuánto dinero deben ganar. Según el concepto de impacto fiscal de MinHacienda, en promedio se les podría llegar a dar a las Gestoras hasta $29 billones de pesos únicamente por incentivos. Ese dinero se puede invertir mejor y el nuevo sistema de salud lo necesita.
Es decepcionante que un Gobierno que dice estar comprometido con el movimiento estudiantil y que entre sus funcionarios tiene o ha tenido defensores de la Ley de Residentes, no contemple dentro de su proyecto de reforma un examen nacional de residencias médicas.
Es fundamental la formación de Talento Humano en Salud en garantías de equidad y transparencia a los posgrados, considerando el déficit de especialistas en Colombia. Eliminar las EPS no solucionará las demoras de citas con especialidades médicas si no tenemos el personal suficiente para atender las demandas de la población.
Por último, un aspecto a considerar en ambas iniciativas es establecer un porcentaje mínimo de auditoría aleatoria por parte de ADRES a las cuentas médicas que se generan en el país. No nos podemos conformar con la auditoría que realicen las gestoras, antiguas EPS. Necesitamos constatar que efectivamente se elimine la integración vertical de estas y que una entidad del Estado pueda estar constantemente vigilante de esta labor.
Esperemos que en este 2024-2 se dé una discusión con altura sobre nuestro sistema de salud y la reforma que necesita. En lo posible, que haya concordancia entre los diferentes actores de la sociedad civil. Aquí no se trata de qué partido o corriente ideológica promueve la reforma, se trata de la salud de todos los colombianos y el personal médico.
El debate entre medio ambiente y desarrollo en Bogotá carece de sentido. La ciudad puede conservar su ecosistema sin sacrificar el sistema transporte. ¿Por qué insistir en opciones de hace medio siglo?
Más de 50 años en el congelador
A propósito de la polémica generada por la decisión del alcalde Carlos Fernando Galán de revivir el proyecto de construir la Avenida Longitudinal de Occidente tal como fue ideada originalmente, la ciudad revive el falso dilema entre ambiente y desarrollo, sin avanzar en una solución de ciudad-región de largo plazo.
La Avenida Longitudinal de Occidente fue pensada desde la alcaldía de Jorge Gaitán Cortés (Acuerdo 38 de 1961) como un anillo vial de conexión regional que uniría la vía Bogotá-Girardot, desde Chusacá, con la vía Bogotá-Tunja, por todo el occidente de la capital. Originalmente denominada Avenida Longitudinal Regional y Avenida Cundinamarca, fue concebida como vía arterial y principal desde sus inicios.
Sin embargo, no fue sino hasta la primera administración de Enrique Peñalosa que el corredor tomó el nombre de Avenida Longitudinal de Occidente (ALO). Este fue clasificado como vía V-0 (arterial) con un ancho de 120 metros, incluyendo andenes que podrían “ampliarse de acuerdo con los requerimientos de las anexidades contempladas para la vía”.
El Acuerdo 13 de 1998 actualizó el trazado y ordenó que el proyecto fuese construido por privados, con el correspondiente cobro de peajes, mientras la compra de los predios se financiaría a través de contribución por valorización. Desde 2005, con la actualización de las reservas viales ordenadas por el primer Plan de Ordenamiento Territorial, comenzó la compra de propiedades en el corredor.
El proyecto ALO está dividido en 3 tramos de sur a norte: el del sur que va del sector Chusacá, en Sibaté, hasta la calle 13; el del centro, que va de la calle 13 a la 80, a la altura del portal de Transmilenio; y el del norte, que fue concebido desde la 80 hasta el límite con Chía. A pesar de que hay conflictos socioambientales, como los existentes frente al humedal Capellanía en la localidad de Fontibón, hoy los ojos y el debate están mayoritariamente puestos sobre la ALO Norte.
Ilustración 1. Trazado Avenida Longitudinal de Occidente. Fuente: ANI.
El pleito de nunca acabar
Mientras la estructuración y construcción del tramo sur de la ALO ha avanzado muy lentamente, pero sin mayores discusiones, la extensión y naturaleza del tramo norte han sido objeto de duros debates en las administraciones Petro, Peñalosa, López y Galán.
Lo único en lo que todos los gobiernos de Bogotá durante el siglo XXI han estado de acuerdo es en la visión privatizadora de la movilidad propuesta por Peñalosa en 1998, pues ninguno ha objetado que la vía se construya por concesión, con cobro de peajes.
Respecto a la ALO Norte, los gobiernos Petro y López coincidieron en términos generales en una visión que incluye universidades y equipamientos, pero durante la administración del hoy presidente se habló de implementar “un camino férreo para el transporte de pasajeros, una vía mixta para la circulación de vehículos particulares (…) entre otros nuevos espacios.”
Respecto al tipo de tráfico, tanto López como Peñalosa y Galán han coincidido en que la avenida tenga únicamente tráfico mixto, pero solo los dos últimos han contemplado explícitamente la construcción de una troncal de Transmilenio en esta vía, así como la estructuración del tramo norte como corredor de carga.
El gobierno distrital depositó todo su capital político en esta jugada, que le implicó posponer su propuesta de cobro de un impuesto por alumbrado público para recaudar 1 billón de pesos.
Ambigüedad legal y riesgo ambiental
El episodio más reciente de la polémica tiene que ver con la decisión del alcalde Galán y sus bancadas afines en el Concejo de volver al diseño original del tramo norte de la ALO, al menos hasta la calle 153. El gobierno distrital depositó todo su capital político en esta jugada, que le implicó posponer su propuesta de cobro de un impuesto por alumbrado público para recaudar 1 billón de pesos.
Ilustración 2. Fuente: Cuenta X alcalde Carlos Fernando Galán.
La decisión dividió profundamente a los sectores políticos de la capital. Contra la decisión estuvieron los más afines al presidente y exalcalde Petro junto a los cercanos a la exalcaldesa Claudia López y algunos sectores independientes. A favor se ubicaron la coalición de gobierno mayoritaria, incluyendo a aquellos con historial cercano al exalcalde Peñalosa. La controversia actual ha girado en torno a la legalidad y la conveniencia de la iniciativa.
Respecto a la legalidad, parte de la bancada Verde en el Concejo anunció demandas, afirmando que, con la decisión adoptada mediante Plan de Desarrollo (Acuerdo 927 de 2024), se violó lo contenido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, pues ya se había aprobado el desarrollo de la Actuación Estratégica “Ciudadela Educativa y del Cuidado” como megaproyecto prioritario para la zona.
El Plan de Ordenamiento Territorial vigente (Decreto 555 de 2021) contempla una especie de solución intermedia para este corredor del noroccidente de Bogotá, manteniendo la reserva para la construcción de la vía en el marco de la Actuación Estratégica que incluía la construcción de vivienda, equipamientos y un multicampus para llevar universidades públicas a las localidades de Suba y Engativá.
Como el POT dejó reservados los predios de la ALO Norte, tanto para la línea 2 del Metro y una vía de 6 carriles, como para proyectos relacionados con el sistema de cuidado (ver mapa POT aquí), la administración y las bancadas de gobierno decidieron vía Plan de Desarrollo mantener únicamente la vocación vial de la zona hasta la calle 153, con la promesa de realizar también el proyecto multicampus en otra parte del noroccidente de Bogotá.
El tramo propuesto por Galán tiene dos versiones: la primera en cabeza del director del IDU, Orlando Molano, que va entre las calles 80 y 200, con 12 carriles que incluyen troncal de Transmilenio, ciclorruta y andén; en la segunda versión la avenida de las mismas características va hasta la calle 153, donde se ubica el borde del humedal La Conejera. En ambos casos, el proyecto multicampus enfrenta el enorme problema de ser reubicado en una zona densamente poblada de la ciudad.
Ya no se puede direccionar todo el tráfico hacia el oriente por esa calle debido a que hoy ya hay 4 torres de apartamentos, por lo que la única salida a futuro sería pasar la ALO sobre La Conejera, la Reserva Thomas van der Hammen y el Bosque de Las Mercedes. El impacto está sobrediagnosticado.
El debate, más allá de posibles ambigüedades legales, radica entonces en la conveniencia de persistir en un proyecto vial concebido hace más de medio siglo en el marco conceptual de una Bogotá pensada “al servicio de las autopistas con autos llenos de conductores individuales y asfixiado por sus buses”, como señala el urbanista Carlos Moreno, pero que hoy tiene la posibilidad de pensar en salidas distintas a las grandes vías para su crisis de movilidad.
En pleno siglo XXI la planeación urbana y la ciudad misma requieren priorizar asuntos críticos como la crisis climática, la necesidad de proteger el ciclo del agua y los ecosistemas estratégicos. Todos comprendidos hoy como urgentes en medio de una crisis de abastecimiento que en la actualidad no tiene salidas claras.
Mientras tanto, la ciudadanía aterriza con contundencia el debate de la conveniencia de la vía señalando que, si en el mejor de los casos la vía llega hasta la 153, ya no se puede direccionar todo el tráfico hacia el oriente por esa calle debido a que hoy ya hay 4 torres de apartamentos construidas en donde debió guardarse el espacio para una avenida, por lo que la única salida a futuro sería pasar la ALO sobre La Conejera, la Reserva Thomas van der Hammen y el Bosque de Las Mercedes. El impacto está sobrediagnosticado.
Ilustración 3. Fuente: @danielbernalb en X: https://twitter.com/danielbernalb/status/1798725207261401273/photo/1
En 1998 se reglamentó respecto de los ecosistemas afectados por la construcción de la ALO Norte que “(…) la compensación en tierras anegables, constituirá una alternativa de mitigación, la que determine la autoridad ambiental competente”, sin tener en cuenta que el medio natural es determinante del desarrollo urbano y no al contrario.
El planteamiento para el borde noroccidental de Bogotá que hoy hace la administración no recoge lecciones aprendidas en el mundo entero sobre renaturalización de entornos para asegurar aire y agua a futuro, y tampoco se entera de la obviedad de que “sembrar más vías solo sirve para cosechar más trancones”.
La ciudad debe asumir que el único modo efectivo de bajar a la gente del carro y la moto es con transporte masivo de alta capacidad digno y asequible. En esa vía debe avanzar el proyecto de segunda línea de Metro subterráneo, sin poner en tensión de manera ficticia al ambientalismo con una idea caduca de “desarrollo”.
