BLOG

El mito del alza en los combustibles

José Daniel Saade Figueroa*

Empresa pública manejada como empresa privada

La fórmula para calcular el precio de la gasolina en Colombia se basa en la premisa de garantizar el precio máximo a Ecopetrol, bajo el supuesto de que la gasolina podría venderse más cara por fuera del país. Con esta fórmula se garantiza el abastecimiento del mercado nacional.

En términos de economía política, la fórmula expresa los cambios en la propiedad de Ecopetrol, la empresa pública más importante de Colombia, que no escapa a los vientos privatizadores: Ecopetrol es hoy una empresa mixta: 89% pública y 11% privada.

Los accionistas privados se vinculan con el mundo de las finanzas internacionales. De allí el poder que hoy tienen en la economía global, cuyo motor principal es la prelación del sector financiero, o la llamada “financiarización”.

De modo paralelo con los cambios en la propiedad de la empresa está la idea de la llamada “endoprivatización”, o adopción de prácticas empresariales, gerenciales y administrativas del sector privado en el sector público. De aquí el olvido de la función social inherente a una empresa pública como Ecopetrol y la decisión de manejarla como un negocio más.

El nuevo ministro

Ricardo Bonilla, nuevo ministro de Hacienda, fue presentado como parte del cambio hacia la “izquierda” del gobierno. Parecía que con él temblarían los mercados, pues llegó alguien que no daba la tranquilidad de José Antonio Ocampo.

Sin embargo, lo primero que hizo el ministro Bonilla fue aumentar el precio de la gasolina, siguiendo la misma fórmula de sus antecesores. Un anuncio claro para todo el establecimiento económico y, en especial, para los gremios afectados por el alza.

“Mientras en Hacienda parecen estar muy tradicionales, la no muy célebre Irene Vélez, ministra de Minas, propone al país un camino distinto: considerar una tarifa diferencial en el precio de la gasolina.”

Foto: Twitter: Ministerio de Minas y Energía – Aunque la propuesta de tarifa diferencial de la ministra de Minas y Energía es refrescante, carece de rigor.

De esta y otras maneras, Bonilla muestra ser más ortodoxo que su antecesor. Si bien el exministro Ocampo no fue el funcionario más progresista, al menos muestra una faceta lejana del fundamentalismo de mercado en sus obras académicas.

Bonilla realmente es, ante todo, un escudero del presidente Petro. En el mundo económico los más generosos lo clasifican como un keynesiano de manual, otros recuerdan su juventud en huestes trotskistas, algo bien efímero, pero lo curioso, y que en verdad lo define, es que es un ortodoxo muy petrista.

Opiniones encontradas

Ahora bien, todo en el gobierno de Petro parece mostrar una disputa por el sentido y profundidad de los cambios. Este tema no es la excepción.

Mientras en Hacienda parecen estar muy tradicionales, la no muy célebre Irene Vélez, ministra de Minas, propone al país un camino distinto: considerar una tarifa diferencial en el precio de la gasolina.

¿Qué tan sensatas son las dos opciones? Existe un problema financiero real, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FPEC), que está en alrededor de 30 billones de pesos, un poco más del recaudo de una reforma tributaria. Bajo estas circunstancias, la opción tradicional es aumentar el precio del combustible y anunciar que habrá que seguir subiéndolo.

Este es el argumento de la corriente principal y es la razón por la cual todos los economistas ortodoxos celebran los anuncios del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, los políticos se resisten a adoptar esa estrategia porque   evidentemente no es una medida popular.

Y, como sucede a menudo en cuestiones económicas, una cosa es la aproximación de un libro de texto y otra los debates e impactos sociales de la medida. Por eso inquieta la respuesta de algunos sectores de la coalición de gobierno, quienes defienden la medida de Bonilla.

La maniobra contable

De todas maneras, ambos argumentos omiten el punto medular: la muy dudosa contabilidad del déficit que resulta de las diferencias en precios nacionales y los internacionales, que según la ley deben ser cubiertas por el FEPC.

Se trata de un subsidio a Ecopetrol por su costo de oportunidad al vender en Colombia en lugar de exportar todo el combustible. Pero el subsidio se paga con recursos públicos, que al final alimentan las utilidades de la empresa pública, donde el accionista mayoritario es el Estado y vuelve a ser parte del presupuesto nacional. Se saca de un bolsillo, para meterlo en otro, y después devolverlo.

Eso sí, con impactos contables que le sacan el quite a la regla fiscal porque la plata en cuestión no aumenta el gasto publico total.

Hoy por hoy el 70% del consumo de combustible del país se produce en el país y los impuestos equivalen al 25% del precio. Así, el aumento pensado en 600 pesos y la escalada prevista hasta llegar a un precio de 16.000 pesos galón serán mucho más costosos para la sociedad de lo que admiten los economistas ortodoxos.

La idea de que un manejo económico adecuado no necesariamente riñe con apuestas sociales es un anatema para la corriente económica principal.

Ajustando la fórmula

Por eso es necesario analizar a fondo la fórmula para calcular el precio de la gasolina en Colombia. Esta fórmula es más un dogma favorable para los inversionistas privados que un instrumento útil para el bienestar de los colombianos.

El nombre técnico de la fórmula actual es “metodología del ingreso para el producto”. De esta manera el ingreso al productor es igual al costo internacional de los combustibles en el Golfo de México de Estados Unidos, suponiendo que Colombia es un exportador de gasolina, diésel y fuel oil. Es decir, no se toman en cuenta los costos nacionales sino los internacionales que dependen de los vaivenes geopolíticos y de las distintas situaciones de costo según el país.

La fórmula anterior no es el único camino, y por esto el gobierno debería considerar otras opciones. Lo principal es incluir factores internos como el costo de refinación, las utilidades para Ecopetrol, la competencia entre las empresas distribuidoras y los impuestos específicos que recauda el Estado.

“Por eso es necesario analizar a fondo la fórmula para calcular el precio de la gasolina en Colombia. Esta fórmula es más un dogma favorable para los inversionistas privados que un instrumento útil para el bienestar de los colombianos.”

Diego Otero planteó una ruta para cambiar la fórmula del precio y un conjunto de medidas que no golpearán más los bolsillos de la población. En síntesis, ese camino consiste en:

  1. Abandonar las referencias internacionales para establecer el ingreso al productor.
  2. Utilizar el costo promedio interno de producción.
  3. Crear un fondo para financiar pensiones o para emergencias.
  4. Crear nuevos ingresos para el gobierno central.

Tiempo de cambio

Por todo lo anterior parece refrescante la idea de una tarifa diferencial que propone la ministra de Minas. No obstante, como otras bien intencionadas ideas del gobierno, la falta de rigor y técnica matan la idea antes siquiera de considerar su ejecución.

Para Colombia será mejor la coherencia de un gobierno que dice tener en el centro de su atención al pueblo y que ante todo trabaja sobre la idea de transformar el país.

Scroll to Top