El Consejo Nacional Electoral -CNE- ha sabido armar una tormenta perfecta, en un vaso de agua, pero tormenta perfecta. Al final el CNE no tumbará al presidente y no habrá golpe de Estado por la vía de esa actuación, pero su decisión de abrir una investigación en contra de Petro como candidato sí causa un ruido desafortunado para la democracia.
No es mentira que el CNE sea una institución desprestigiada. El órgano electoral fue creado como un engendro político-judicial que sólo ha servido para que los políticos se hagan favores y que la gran corrupción electoral nunca se aclare.
Los “magistrados” del CNE no son juristas expertos, son políticos quemados, reciclados en ese órgano para hacer favores. Entre los magistrados quemados se destacan Álvaro Prada, uribista investigado por la Corte Suprema por la compra de testigos en el caso Uribe, y César Lorduy, acusado de cometer un feminicidio que quedó impune, además de exigir dinero y favores sexuales para no anular una candidatura en Magdalena.
¿Ustedes confiarían en estas personas para que decidiera su futuro jurídico? Lo dudo.
Además de su cuestionada conformación, el CNE ha sabido actuar con mediocridad jurídica. Para no ir más lejos, el Consejo de Estado ha revocado cinco personerías jurídicas de partidos a los que el actual CNE les había dado el derecho a existir a pesar de que estos no cumplían con los requisitos que la Constitución Política exige. Eran regalitos, quién sabe a cambio de qué.
En todo caso, ese CNE no tiene la capacidad jurídica o política de hacer un golpe de Estado como dice Petro. Las investigaciones del CNE en materia de campañas presidenciales sólo pueden concluir en multas, nunca en destitución, nulidad electoral y menos en cárcel. Esta verdad, que ningún jurista refuta, fue ratificada recientemente por la Sala de Consulta del Consejo de Estado.
Por tanto, la acusación del presidente es alarmista y equivocada, al punto que ni la ministra de Justicia ni el ministro del interior se atrevieron a respaldar el trino de Petro sobre el inicio del golpe.
El presidente, en vez de jugar a la tormenta perfecta y desacatar una orden de naturaleza judicial, debería acudir por la vía de la tutela a la protección de sus derechos fundamentales.
La tutela que revisaría la Corte Constitucional no sólo sería útil para la defensa del presidente. También le daría al país luces sobre el contenido del fuero presidencial y los alcances del CNE, puesto que allí sí existe una controversia constitucional que a la fecha no ha sido aclarada y sobre la que se contraponen posturas.
Resulta que la Constitución Política contempla que el juez natural del presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el Senado. Sin embargo, por la redacción de la constitución y otras leyes se puede interpretar que la Comisión de Acusaciones se ocupa de asuntos penales y disciplinarios, pero no se aclara si ello se extiende a casos administrativos.
El senador Humberto de la Calle explicó este problema de forma sencilla: “Si el Presidente se pasa un semáforo en rojo (Belisario manejaba), ¿hay que ir al Congreso para multarlo? ¿Si no paga a tiempo la luz, debe la empresa ir al Congreso?”. Sucede lo mismo con la investigación administrativa por una eventual violación de los topes electorales.
¿El fuero presidencial es integral o es exclusivamente relativo a lo penal y disciplinario? Esa es la pregunta de fondo que por la vía de la tutela Petro le debe plantear a la Corte Constitucional. Y la Corte deberá aclarar el asunto ratificando, con certeza, que el CNE no tiene la capacidad de tumbar de ninguna manera al presidente.
El corazón de la tormenta en el vaso de agua se desprende del comunicado del CNE, porque al señalar el nombre propio del presidente en el comunicado da a entender que investigará, no sólo a la campaña, sino también al individuo. Si no se mencionaba el nombre Gustavo Petro, nadie cuestionaría que el CNE puede investigar a su campaña.
Insisto hasta el cansancio: el CNE no puede destituir al presidente, pero mencionar directamente el nombre de mandatario abre la discusión, constitucionalmente no resuelta, sobre el fuero presidencial y justifica la narrativa de la extralimitación del poder electoral para atacar a Petro.
Petro debe terminar su periodo presidencial y la historia lo deberá juzgar por su incumplimiento en diversas áreas al mandato social de cambio. Si el CNE u otra autoridad intenta destituir al presidente marcharé por la democracia, pero ese escenario no es el que hoy nos ocupa.
El Congreso de la República hundió el Presupuesto General de la Nación que presentó el gobierno y ahora este lo presentará por decreto. ¿Cómo quedó la distribución y qué pasará con la ley de financiamiento?
La crónica del presupuesto en el Congreso
Cumpliendo las fechas del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en abril de 2024 el Ministerio de Hacienda presentó a las comisiones económicas del Congreso el Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2025, y en julio el proyecto propuesto.
El primer paso de las comisiones económicas del Congreso en el trámite del PGN es definir si el Proyecto se ajusta o no a lo definido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Si así lo consideran las comisiones, el proyecto puede devolverse al Ministerio de Hacienda antes del 15 de agosto, para que realice las enmiendas correspondientes. Esto no aplicó en el trámite para el PGN 2025 y no se realizaron enmiendas al proyecto.
La segunda fecha relevante corresponde a la aprobación del monto del Presupuesto, que debe aprobarse antes del 15 de septiembre. Este fue el debate de fondo en el que se centró la discusión del PGN 2025. El gobierno presentó un presupuesto por $523 billones de pesos, de los cuales $12 billones no se encontraban financiados.
El Proyecto de PGN establece que esos $12 billones se recaudarán por medio de una Ley de Financiamiento, o reforma tributaria. Aunque significa tramitar un presupuesto desfinanciado, el artículo 54 del Estatuto Orgánico permite que el Ministerio de Hacienda proponga por proyecto de ley “los mecanismos para la obtención de nuevas rentas o la modificación de las existentes que financien el monto de los gastos contemplados”.
Las comisiones económicas del Congreso, por mayoría, consideraron inconveniente aprobar el Proyecto desfinanciado, por lo cual no se aprobó el monto antes del 15 de septiembre. El Ministerio de Hacienda presentó una nueva propuesta de proyecto ante el Congreso, manteniendo el monto de $523 billones, pero modificando asignaciones específicas, donde resaltó la propuesta de recorte al presupuesto de la Registraduría en más del 77 %.
Sin embargo, las comisiones económicas del Congreso hundieron el nuevo proyecto que presentó el gobierno. El Ministerio no quiso reducir el monto para presentar una propuesta de Presupuesto que no estuviera desfinanciada en $12 billones, que habría tenido mayor oportunidad de ser aprobado.
En lugar de esto, el gobierno decidió no presentar otro Proyecto y aprobar por decreto el proyecto inicial de PGN 2025 que presentó ante el Congreso. Lo anterior lo permite el Estatuto Orgánico en caso de que el Congreso no aprobara el PGN antes del 20 de octubre. Sin embargo, es claro que el gobierno nacional habría podido intentar consensuar una propuesta intermedia y aprobarlo en los tiempos que define la ley.
En este contexto, el futuro presupuestal para los sectores del país quedó anclado a la propuesta inicial de PGN 2025 del gobierno y al trámite de la Ley de financiación que plantea el gobierno para financiar los $12 billones faltantes.
¿Cómo quedan los sectores económicos en el PGN 2025?
El presupuesto quedó en $523 billones de pesos en total y $410,4 billones si no se cuenta lo destinado a pagar la deuda. Comparado con el PGN de 2024 (que fue recortado durante este mismo año), y ajustado a la inflación estimada a fin del año 2024 por la Encuesta de Expectativa de Analistas Económicos, que realiza el Banco de la República (5,6 %), el PGN total de 2025 aumenta 2,6 % en términos reales, pero, sin tener en cuenta la deuda, este apenas crece 0,1 %.
El presupuesto de funcionamiento del PGN de 2025 se proyectó en $327,9 billones, que representa un incremento real de 5,4 % comparado con 2024. En inversión se destinaron $82,5 billones, una caída anual de -16,4 % en términos reales. Por el lado del pago de la deuda, se destinaron $112,6 billones, un aumento del 12,9 % real anual.
En términos de caída anual real, sobresale la reducción de presupuesto para deporte y recreación (-62 %); agricultura y desarrollo rural (-44,4 %); tecnologías de la información y comunicaciones (-35 %); inclusión social (-34,7 %); Presidencia (-30,5 %); ciencia, tecnología e innovación (-25,1 %); y cultura (-24,2 %).
Coinciden estas reducciones al comparar el proyecto de Presupuesto del año 2025, comparado con el 2023. Entre los recortes más grandes se encuentran deporte y recreación (-65 %); ciencia, tecnología e innovación (-55 %); inclusión social y reconciliación (-48 %); agricultura y desarrollo rural (-47 %); ambiente y desarrollo sostenible (-44 %) y cultura (-34 %).
Esta distribución depende de que el Congreso apruebe la Ley de Financiamiento que acompaña el proyecto de Presupuesto. De no ser así, se deberá modificar el presupuesto 2025 ajustando en $12 billones de pesos menos los rubros de funcionamiento e inversión.
Foto: Senado de la República – las comisiones económicas del Congreso hundieron el nuevo proyecto que presentó el gobierno.
Ley de Financiamiento: reforma tributaria en el aire
El gobierno presentó al Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento. Para 2025, esta propuesta espera recaudar $11,8 billones de pesos, donde la principal parte proviene de la anticipación de la Regla Fiscal ($5,3 billones de pesos), que representa el 45,1 % del recaudo total en 2025.
El adelanto de la Regla Fiscal hace referencia a cambiar las metas transitorias que se encuentra en la Ley 2155 de 2021 en términos del déficit fiscal para 2025 y pasar a aplicar el mecanismo paramétrico, o las condiciones que estiman las variables que define la Ley para estimar los niveles de déficit para cada año. Esto se puede hacer porque en 2023 la deuda neta como proporción del PIB fue 53,8 %, y fue inferior a la meta que define la Regla Fiscal (55 %). Este cambio le permite aumentar el déficit fiscal, lo cual garantiza recursos adicionales para gasto público.
Otro mecanismo que incluye el proyecto es un componente verde que permita no contar las deudas e inversiones de financiamiento climático dentro de las variables de la Regla Fiscal, hasta un 0,3 % del PIB anual, con el fin de que estas inversiones no presionen o se limiten por el cumplimiento de la Regla Fiscal.
Los costos de la transición, y la atención de gastos derivados de la mitigación a los riesgos climáticos, tienen un componente alto de gasto y de incertidumbre, que se verían altamente limitados si no tienen un criterio diferencial frente a la Regla Fiscal.
Otras medidas positivas del proyecto son los impuestos a los juegos de suerte y azar, que permitirían recaudar $2,1 billones adicionales en 2025, y la tarifa diferencial de renta para las empresas, que reducirían desde el año 2026 impuestos para pequeñas y medianas empresas, como lo han pedido desde hace años las mipymes en Colombia.
El proyecto trae una medida inconveniente y es la modificación del impuesto al carbono, que aumentaría el precio a los combustibles. Esto golpea el costo de vida de las familias con vehículos, con el aumento de la gasolina y el gas natural. También incrementa el precio del ACPM, que resulta contradictorio frente a los acuerdos logrados con los transportadores que se movilizaron. Impactará también en el costo del combustible de los aviones. Por este impuesto, se espera recaudar $1,3 billones de pesos en 2025.
Esta reforma tributaria podría ser positiva, en el sentido de que Colombia aún tiene gasto del gobierno general en proporción al PIB en 2023 (14,8 %) por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (15,1 %) y los países de la OCDE (17,1 % en 2022). Los recursos adicionales se justifican porque el dinero público hoy es insuficiente para atender las necesidades del país, como los gastos en salud o educación pública. Además, la reducción del impuesto de renta para las empresas va encaminada hacia la reactivación económica. Sin embargo, el ambiente político para el trámite en el Congreso no es el mejor.
Incertidumbre presupuestal y política
Que el gobierno nacional decidiera presentar el PGN 2025 por decreto, y no concertar un monto totalmente financiado, es una disputa con el Congreso que no facilitará el trámite de las reformas que se encuentran en el Congreso.
El ambiente en las comisiones económicas no fue favorable para aprobar el Presupuesto a la medida del gobierno, y esto puede repetirse para el trámite de la Ley de Financiamiento. Los principales opositores al PGN del gobierno y la reforma tributaria argumentan que la baja ejecución del gobierno en 2024, que en el componente de inversión es la más baja en décadas, es muestra que no se requiere más dinero, sino de ejecutar el existente.
Lo que se puede esperar este año es que el proyecto de Ley de Financiamiento se hunda en las comisiones económicas y el gobierno deba ajusta en $12 billones de pesos el presupuesto de 2025. Se recortará aún más la inversión pública, que afectará sectores clave ya muy golpeados, como ciencia y tecnología o agricultura.
Por la incompetencia del gobierno para la ejecución del año 2024, se dio mayores argumentos a los sectores que promueven políticas de austeridad en el país. Incluso, suenan propuestas de recorte del gasto de funcionamiento en el Estado, aun cuando Colombia no tiene un tamaño del Estado o un gasto público que supere los promedios de países de la región.
Al final, pierde el país frente a la posibilidad de volver mucho más progresivo el sistema tributario, reducir los impuestos para pequeñas y medianas empresas y recaudar mayores recursos que se requieren para múltiples necesidades. También pierde por el mayor recorte de inversión pública, que impactará en el crecimiento económico nacional.
De 24,000 millones a 15,500 millones de pesos: el preocupante nuevo crédito público.
El debate sobre el nuevo servicio de la deuda municipal comenzó con una cifra que, por sí sola, debería alarmarnos: 15,540 millones de pesos. Y aquí está el porqué. Gran parte de este dinero se destinará a la finalización de obras muy importantes que comenzó la administración 2020-2023: “La Ceja, nuestro compromiso”, y no culminó, causando posibles lesiones al patrimonio nuestro. Pero el costo real para completar estas obras es de 9,500 millones. ¿Qué ocurre con el resto?
Estos 15,540 millones de pesos se repartirán así: 2,500 millones para finalizar el centro cultural, una obra que comenzó con 4,000 millones, y para la cual, ya se había autorizado un empréstito en 2022 que no alcanzó para terminarla. La plaza de mercado recibirá 5,000 millones más, aunque al cierre de 2023 la inversión ya alcanzaba los aproximados 20,000 millones. En lo que va de esta administración, se han desembolsado 2,000 millones, aún faltan 3,700 millones de la gobernación y, como si era poco, el viernes pasado se anunciaron otros 2,000 millones más. Otros 1,500 millones irán a la terminación de Parques del Río, donde se proyecta que un parque infantil podría costar 100 millones, incluyendo adoquines para delimitar árboles. Finalmente 5,000 millones se asignarán a redes de acueducto y alcantarillado, aunque aún no se sabe en qué zona se realizarán estas obras. Y por si fuera poco 1,000 millones se destinarán a estudios y diseños de proyectos del plan de desarrollo, sin claridad sobre cuántos ni cuáles, ya que esta partida fue aprobada al calor de la última plenaria.
Si sumamos, tenemos 34,000 millones aproximados de la administración anterior, más 22,460 millones autorizados en el plan de desarrollo municipal: “Es el momento”, y 15,540 millones de este nuevo empréstito. En total, hablamos de un aproximado de 71,900 millones de pesos a pagar en 10 años -sin contar los intereses-. Y lo que es aún más preocupante: de estos 15,500 millones, apenas 2,000 millones se abonarán al capital, mientras que para 2027 (último año de esta administración) se habrán pagado 9,000 millones en solo intereses, dejando a la próxima administración con un 82% de su indicador de solvencia comprometido. Este escenario pinta un futuro crítico para el bolsillo de los cejeños, porque además, se avecina una actualización catastral que, aunque necesaria para regularizar los predios, podría incrementar los impuestos. Esto por el estatuto tributario que, al actualizarse, causarán una serie de efectos, que en consecuencia, los costos de vida en el municipio irán aumentando en nuestro contexto.
Pero esto no es todo. Los vacíos jurídicos en el manejo de esta deuda son alarmantes. La Ley 358 de 1997 permite a los municipios endeudarse hasta un 100% en su indicador de solvencia y un 60% en sostenibilidad. Sin embargo, estamos peligrosamente cerca de esos límites, con un 82% y 42% respectivamente. En términos simples, es como si nosotros ganáramos 1’ 300.000 de pesos mensuales y destinamos 1’ 066,000 al pago del arriendo, quedándonos solo con 234,000 para todo lo demás. Esta situación ¡sin duda! deja muchas necesidades básicas sin cubrir.
Además de todo ello, la Ley 819 de 2003, en su artículo 16, exige contar con una calificadora de riesgo para evaluar si es viable apropiarse de más deuda. Por un mínimo de responsabilidad, este análisis debería presentarse ante el Concejo Municipal para entender realmente la situación financiera, pues el artículo 325 de la Ley 2294 de 2023 ordena a los concejales a estudiar con responsabilidad los riesgos financieros de su municipio. Para mayor sinsabor, el artículo 14 de la citada Ley, menciona que los intereses deben contar con la tasa de cobertura de riesgos, por lo cual los intereses se duplicarían, cosa que no se refleja en las proyecciones que presentó la administración. Incluso, todo este proyecto se debe concatenar con las vigencias futuras que hace mención la Ley 1483 de 2011. Muy preocupante. Es comparable a cuando un banco nos pide el reporte de Datacrédito antes de prestarnos dinero. Sin esa evaluación de riesgo, ningún banco se arriesgaría a prestar. Entonces, ¿por qué la Administración Municipal no presenta este análisis ante el concejo municipal?, ¿cómo se está garantizando que esta deuda no lleve al municipio a un muy posible escenario de quiebra?
Un Ejemplo Simple:
Piense en alguien que trabaja en una floristería y gana $1,000,000 al mes, y que por necesidad tiene deudas: un préstamo personal y una tarjeta de crédito.
Indicador de Solvencia: Este indicador es como la parte del salario destinada a pagar las deudas mensuales. Si llega al 100%, significa que todo el salario se va en pagar esas deudas.
Al Límite: Supongamos que se utiliza el $1,000,000 para cubrir cuotas y pagos mínimos. Si surge una emergencia, como una reparación inesperada en casa, no hay de dónde sacar dinero. Y peor, no se puede pedir más prestado.
Indicador de Sostenibilidad: Es como la proporción de la deuda total respecto a los ingresos anuales. Si alguien debe $9,600,000 y gana $12,000,000 al año, está al 80%. Si sus ingresos bajan, no podrá cubrir la deuda y tendrá serios problemas.
Consecuencias de Estar al Límite:
Sin Respaldo para Emergencias: Si ocurre algo inesperado, no hay capacidad para responder. Es como vivir sin ahorros y sin espacio en las tarjetas.
Vulnerabilidad Económica: Una caída en ingresos o un aumento en tasas de interés podría llevar a una situación de no pago, dañando el historial crediticio.
Compromiso Futuro: Para el municipio, llevar los indicadores al límite significa que en un porcentaje considerable, por no decir casi totalmente, sus ingresos se destinan a pagar la deuda, dejando poco para salud, educación, infraestructura u otros servicios colectivos esenciales. Cualquier baja en ingresos o aumento en costos de deuda podría llevar a la insolvencia, afectando directamente a la ciudadanía.
Entonces, las incógnitas son inevitables y estrepitosas: ¿Cómo vamos a resolver esto?, ¿más impuestos?, ¿recortes en servicios?, ¿quién se hará responsable de esta situación que pone en jaque la estabilidad económica de La Ceja?, ¿estamos dispuestos a hipotecar el futuro del municipio por decisiones financieras irresponsables hoy?
No lo digo yo, lo dijo varias veces el entonces Senador Gustavo Petro: en Colombia el cálculo del precio nacional de los combustibles se ata equivocadamente al internacional a pesar de que somos un país productor. Y agregó que el ajuste del precio de los combustibles era una “reforma tributaria cada mes” contra el bolsillo de las y los colombianos.
Pero vamos por partes. Antes de ahondar en el cambio de parecer del presidente, es necesario aclarar el tema del “ajuste fiscal” por el que el gobierno ha subido el precio de la gasolina y el ACPM.
Los economistas ortodoxos respaldan al gobierno en su decisión de aumentar el precio. Los ex ministros de Uribe, Duque y Santos aplauden la medida que desde años ha sugerido el Fondo Monetario Internacional, al que antes Petro criticaba por chantajista. Mientras tanto, el presidente acusa de oligarcas a los pequeños transportadores inconformes. El mundo al revés.
Pero estos expertos omiten al menos dos factores: i) que Colombia es un país productor de petróleo y ii) que no da lo mismo aumentar el precio de combustible en un país en el que una de cada tres personas están en condición de pobreza y los incrementos leves en la inflación representan más hambre y sufrimiento.
En 2007 Uribe creó el Fondo de Estabilización de Precios del Combustibles -FEPC- para impedir que cambios abruptos en el precio del petróleo afectaran gravemente a Ecopetrol o a los consumidores. Una medida contracíclica que buscaba ahorrar, pero que en vez de ahorrar causó un déficit.
El mayor problema del FEPC fue atar el precio de venta del combustible al precio internacional, siendo este último mayor, por lo que se infló la deuda del Estado con Ecopetrol. Para cerrar el déficit, o se paga del presupuesto de la nación o del bolsillo de la gente.
El famoso déficit de los combustibles que hoy paga la población es realmente un problema contable entre el gobierno y su propia empresa, de un bolsillo a otro. Pero con una perla: cuando el gobierno hace el cruce de recursos quienes terminan ganando son los accionistas privados de Ecopetrol.
Los verdaderos ganadores del subsidio son JPMorgan, Chase Bank, Norgers Bank, Skandia, Porvenir, Protección, Colfondos. Entidades financieras, nacionales y extranjeras. Para victimizarse por el paro el presidente acusa de magnate al dueño de un camioncito, no a los dueños del mundo. Lo que hay que oír del “Allende colombiano”.
Quienes defienden el alza sostienen que Colombia debe cobrar más cara la gasolina y el ACPM porque si los vendieran en el mercado internacional ganarían más. La pérdida de oportunidad debe cobrarse, dicen.
Sin embargo, el costo de oportunidad es apenas teórico. Tanto porque vender el combustible afuera sería políticamente inviable, como porque al venderlo afuera el consumo interno exigiría importar, nuevamente a precios internacionales. Además, el chiste de que el Estado tenga a una empresa como Ecopetrol es que la pueda usar para producir y ponerla al servicio de las necesidades productivas del país.
Pero pilas, fijar un precio del combustible distinto al internacional no implicaría fijar el precio de venta al precio de producción. Por el contrario, un país productor de petróleo, y del 91% del ACPM que consume, podría fijar un tercer precio, entre el de producción y el internacional.
Llamemos a ese precio precio nacional competitivo. No golpea absurdamente las utilidades de Ecopetrol (que al final van al presupuesto del Estado), pero tampoco descarga severamente los costos sobre transportadores y consumidores.
Ahora bien, el problema no es sencillo de resolver, pero eso no excusa a Petro de cumplir con sus planteamientos del pasado o, por lo menos, no estigmatizar por “oligarcas” a quienes hoy critican el aumento del precio.
El mecanismo que hoy defiende Petro, en sus palabras del pasado, “es una transferencia de renta petrolera del consumidor de gasolina hacia el Estado. Un sistema de financiación del Estado no transparente vía precios de la gasolina inflado”.
Por tanto, incluso si el gobierno no quiere ceder en su intención de subir el precio del combustible, al menos debería comprometerse con revisar la fórmula del FEPC en lo que respecta a tener el precio internacional del petróleo como referencia y que legalmente depende de un decreto o resolución ministerial.
El presidente ha fallado. Por haber cambiado el discurso, por descargar las mismas soluciones de siempre sobre la gente y, no menor, por estigmatizar a quienes protestan y por no negociar a tiempo permitiendo que llegáramos a este punto que afecta a todo el país.
Posdata: A uno de mis principales lectores, mi maestro, amigo y guía, gracias por cada retroalimentación a estas columnas y a los distintos aspectos del día a día. Con amor celebro tu vida, Pa.
La Cámara de Representantes discutirá la reforma laboral en las próximas semanas. La propuesta del gobierno llega a su segundo debate (de cuatro) después de dos años de grandes recortes con respecto a su contenido original.
La reforma laboral posiblemente es la reforma social que ha generado mayor oposición entre los actores interesados. La alta controversia no es en sí mala, pero resulta problemática cuando se acompaña de verdades a medias, falta de evidencia y soberbia. Estos defectos los han tenido tanto los gremios empresariales, como el gobierno y directivos sindicales.
El primer problema para que avance la reforma tiene que ver con su objetivo. Mientras que el gobierno insiste en que busca recuperar derechos laborales para los y las trabajadoras perdidos durante el gobierno Uribe, voces de sectores productivos y la oposición quisieran soluciones para crear empleo.
Ambas posturas son válidas, pero de lado y lado se han presentado como si fueran excluyentes. El gobierno ha fallado presentando la reforma -que sin duda generará nuevos costos para el empresariado- como un elemento aislado de sus propias políticas de reindustrialización y reactivación económica. Ante esta fragmentación, el empresariado se ha excusado en la falta de apoyo a su sector para oponerse y concluir, sin evidencia certera, que la reforma cerrará empresas y destruirá empleos.
Difícilmente modificar una regla en un papel puede crear empleos, pero Colombia sí puede tener certeza de que la reforma de 2003 -que recortó derechos laborales- no cumplió con las expectativas del fomento al empleo. En ese entonces la lógica de Uribe fue hacer una transacción: flexibilizar las garantías laborales para reducir los costos laborales y que esa diferencia fuese invertida para emplear a más personas. La promesa de crear 683.000 empleos nunca se cumplió. Por el contrario, un estudio realizado por Alejandro Gaviria identificó que la justificación dada entonces en el Congreso fue engañosa “los resultados son negativos, y claramente inconsistentes con la cifra de 200.000 empleos por año citada durante la discusión parlamentaria”. Otras revisiones académicas coincidieron en que la reforma laboral redujo costos, no creó empleos pero sí aumentó la carga laboral de los y las colombianas.
La evidencia indica que si bien es necesario exigir al gobierno políticas de promoción de empleo, estas no deben atarse al debate de la recuperación de derechos.
En el propósito de sacar adelante la reforma el gobierno ha cedido mucho, al punto que hay quienes consideran que ésta ya representa una derrota. Lo anterior, por cuenta de que se eliminaron casi todos los artículos relativos a garantías y mejoras para los sindicatos.
En el primer debate, la Comisión Séptima eliminó 17 artículos relacionados con derecho laboral colectivo, los mismos que eran fuertemente defendidos por la Centrales Obreras y muy cuestionados por los empleadores. A pesar de que en Colombia la tasa de sindicalización no supera el 4.5% de la fuerza laboral y de que existe alta estigmatización sobre las organizaciones defensoras del trabajo, la Ministra aceptó su derrota e incluso la ponencia que se discutirá en plenaria, pudiendo hacerlo, no revive esos artículos.
Al proyecto le quedan vivos asuntos sobre derechos individuales como la reducción de la jornada laboral hasta las 7 pm, el aumento del recargo dominical, el incremento de las indemnizaciones por despido, la ampliación de la licencia de paternidad, la creación de mecanismos de protección a las mujeres en el trabajo y la regulación de las relaciones laborales en el agro.
Salvo el tema agrario, los temas que quedaron vivos parecían no ser objeto de mayor debate, pero quienes se oponen a la reforma no ceden como lo hizo el gobierno, por el contrario van por más.
La ANDI y Fenalco han presentado sus estudios y encuestas a empresas sobre los impactos de la reforma. Aunque las cifras y percepciones sobre nuevos costos laborales son ciertas, difícilmente se puede concluir que las mismas conducirán a la terminación de contratos laborales o cierres de empresas. Como tampoco sucedió al contrario.
Los artículos que se discutirán pueden mejorar en consenso. En materia de indemnizaciones por despido se podrían ver los montos de los salarios más altos sin que sean regresivos frente a los actuales.
En materia de estabilidad laboral reforzada se puede mejorar la redacción de quién se considera pre pensionado y en materia agropecuaria se pueden evaluar efectos ponderados según tamaño de unidad productiva agraria. Y las medidas contempladas para la adecuación de las MyPiMes a la reforma deben contener soporte presupuestal para que en unos años no digamos que fue un saludo a la bandera.
Aún así, todo parece indicar que será un verdadero camello poner de acuerdo a los partidos y actores sociales en torno a esta reforma.
En su noveno intento en el Congreso, la Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate la prohibición del matrimonio infantil en Colombia. El proyecto obtuvo el visto bueno de la comisión luego de un acuerdo entre diversas bancadas y le falta solo un debate en la plenaria para convertirse en ley de la República.
El proyecto ha sido impulsado por las representantes a la Cámara, Alexandra Vásquez (Pacto Histórico) y Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso). Además, en el Senado contó con el respaldo de Paloma Valencia (Centro Democrático) y Clara López, de la coalición de Gobierno, quien presentó la ponencia.
La iniciativa busca prohibir que los menores de edad puedan casarse o formar uniones tempranas. Además, establece la creación de un Programa Nacional de Atención Integral para niños, niñas y adolescentes.
Actualmente, la ley permite el matrimonio a partir de los 14 años con consentimiento de los padres, lo cual sería eliminado con la nueva normativa. El matrimonio infantil, según las autoras, afecta especialmente a comunidades indígenas, donde el 33.8% de las niñas se casan antes de los 18 años.
“El hecho de que se elimine el matrimonio infantil significa que ningún juez de la República podrá casar a ninguna pareja en la que ambos, o uno de ellos, sean menores de edad. Esto es importante porque, hasta ahora, existía un mecanismo perverso donde los padres o madres daban un permiso, lo que generaba todo un mercado de niñas y niños”, afirmó la representante Jennifer Pedraza.
De otro lado, las comisarías de familia tendrían que acompañar a los niños y niñas que estén en uniones maritales ya existentes para que puedan disolverlas “sin que vean ningún retroceso en sus derechos, sino más bien un fortalecimiento de los mismos”.
#NoticiaW | La Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate la prohibición del matrimonio infantil en Colombia. Las autoras de la iniciativa, Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y Alexandra Vásquez (Pacto Histórico), explican el alcance del proyecto, al que le falta… pic.twitter.com/J3jqTzEdsg
La representante Jennifer Pedraza, de Dignidad, cuestionó la licitación de pasaportes. Bogotá, agosto1 del 2023. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA
La producción de pasaportes en Colombia está en vilo. En estos momentos, los colombianos tienen más dudas que respuestas y eso ha generado cuestionamientos en varios espacios, entre ellos, el Congreso de la República. La representante Jennifer Pedraza, de Dignidad, cuestionó lo que pueda pasar.
“¡Vuelve y juega! El gobierno fija plazos récord para la licitación de pasaportes, favoreciendo a la única empresa que podría cumplir esos tiempos, Thomas Greg. El canciller Luis Gilberto Murillo todavía puede corregir los plazos para evitar la prórroga del contrato a favor de los de siempre. Después no digan que un funcionario (que ustedes mismos nombraron) los traicionó”, aseguró la congresista.
¡Vuelve y juega! El gobierno fija plazos récord para la licitación de pasaportes, favoreciendo a la única empresa que podría cumplir esos tiempos, Thomas Greg. Canciller @LuisGMurillo todavía puede corregir los plazos para evitar la prórroga del contrato a favor de los de…
— Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) August 14, 2024
Una de las alertas es que el contrato pueda quedar nuevamente en manos de Thomas Greg, luego de todo el proceso en el que se ha intentado que se haga de forma distinta. El presidente Gustavo Petro ha arremetido en contra de esa empresa.
En las últimas horas, la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, despertó más dudas. Según dijo, a partir del 2 de octubre entrará en una segunda etapa en la que no se sabe qué pasará con la producción de pasaportes y le tiró la pelota a la Cancillería de Luis Gilberto Murillo.
Luis Gilberto Murillo no asistió a un debate al Congreso porque estaba en Cali. | Foto: Cancillería
El proceso de demanda de Thomas Greg, está en vilo. En las últimas horas, se conoció que la demanda que impuso la empresa fue suspendida durante un mes. La empresa tomó esa acción luego de que el excanciller Álvaro Leyva decidiera suspenderlo cuando ya iba a ser adjudicada. La compañía reclama 117.000 millones de pesos por las afectaciones que le pudo haber causado la Cancillería en todo ese proceso por el que ya está siendo investigado Leyva por la Procuraduría.
El contrato actual para la producción de pasaportes finalizará el 2 de octubre. | Foto: Cortesía gobernación de Risaralda
En las últimas horas, estaba citado un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado para hablar del tema de los pasaportes y las dudas que hay en ese millonario contrato, sin embargo, el canciller Luis Gilberto Murillo no asistió al encuentro porque se encontraba en varios eventos en Cali relacionados con la COP16 y la conmemoración de la afrocolombianidad. Por lo que tuvo que ser aplazado el debate.
La constante inasistencia de Murillo al Congreso, como sucedía con Leyva, generó la molestia de los senadores. “Ya está bueno. El problema de los pasaportes no lo generó él (Murillo), el problema que tenemos es un tema que hay que tratar públicamente y que el país lo conozca (…). Tiene que dar la cara en la Comisión Segunda”, reclamó el senador Lidio García, del Partido Liberal.
Comparado con 2023, el presupuesto para 2025 crece, pero sectores clave sufren recortes mientras la deuda pública aumenta. La baja ejecución y el manejo fiscal conservador del gobierno complican sus metas sociales.
Un nuevo presupuesto
El gobierno cumplió dos años en agosto. Es la mitad del mandato, y, por ende, se han elaborado distintos balances sobre su gestión en términos económicos y políticos. Analizar la economía desde su entorno macroeconómico puede dar algunas claridades sobre cómo va el país. Sin embargo, es difícil justificar que ese comportamiento dependa exclusivamente del gobierno.
En lo que respecta al crecimiento económico, en 2023 fue de apenas 0,6% y las expectativas del 2024 se ubican entre 1,1% y 1,8%. Es importante señalar que las dinámicas internacionales impactan este crecimiento. Además, Colombia no se alejó de las tendencias de los países de la región, por lo que es difícil argumentar que todo es, una vez más, culpa de la actual administración.
Comparado con el presupuesto de 2023, el del 2025 sería un 7% más grande. Aun así, hay varios problemas si se revisan los sectores que durante dos años de análisis han evidenciado un importante recorte.
El proyecto de presupuesto para el año 2025 asciende a $523 billones de pesos. A precios de 2024, con una inflación de 5,7%, el presupuesto del próximo año será de $497 billones de pesos. Comparado con el presupuesto de 2023, el del 2025 sería un 7% más grande. Aun así, hay varios problemas si se revisan los sectores que durante dos años de análisis han evidenciado un importante recorte.
Entre los recortes del proyecto de PGN para el 2025, comparado con el 2023, sobresalen los sectores de Deporte y Recreación (-65%); Ciencia, Tecnología e Innovación (-55%); Inclusión Social y Reconciliación (-48%); Agricultura y Desarrollo Rural (-47%); Ambiente y Desarrollo Sostenible (-44%) y Cultura (-34%). Además de ser los sectores con mayor reducción, tienen un enorme impacto social y, paradójicamente, hacen parte de las prioridades en el discurso presidencial y el Plan Nacional de Desarrollo.
Los sectores con mayor incremento son el pago de deuda pública (41%); la Rama Judicial (29%); Trabajo (26%); Inteligencia (17%); Transporte (16%); Salud y Protección Social (13%) y Educación (10%). Los dos últimos son de alta relevancia para la política social del gobierno, pero quedan en desventaja si se compara con el incremento del pago de deuda pública.
La deuda se presenta como una consecuencia no solo de las decisiones del gobierno actual, sino de los pasados. En particular, es el costo de la alta deuda contratada en medio de la crisis por la pandemia de COVID-19. Este factor implica un incremento en el pago a cargo del Presupuesto General de la Nación, que para 2024 ascendió a $92 billones y para 2025 se proyecta en $111,5 billones.
¿Y la ejecución?
Frente a la ejecución del PGN, para 2022 los pagos del Presupuesto General de la Nación, sin contar la deuda, fueron del 86,2%. Al gobierno solo le correspondió el presupuesto de menos de un semestre. Para 2023 la ejecución fue 85,5%, inferior a la del año anterior. El promedio de ejecución de los últimos 8 años (2014 – 2021) fue de 86,4%, una cifra muy cercana a la del 2022 pero superior a la de ambos años del gobierno Petro.
En términos de ejecución de la inversión, en 2022 los pagos ascendieron al 78% y en 2023 en 70,5%. El promedio durante los últimos 8 años fue 74,7%, sin embargo, para el 2023 fue inferior. Esto contrasta con las enormes necesidades de inversión a nivel nacional que se han encontrado en cifras rojas para los últimos trimestres.
Para el 2024, con datos hasta julio (más de la mitad del año), la ejecución de pagos ha sido del 44,7%, contrastando con el 47,4% observado en 2023 y 48,8% en 2022. Incluso así, la ejecución a la fecha es superior a la observada entre 2018 y 2021 (40,7).
En términos de inversión, a julio de 2024 se ha pagado el 26,4% del presupuesto. Muy por debajo del 32,5% del 2023 y el 41,3% en 2022. En el periodo 2018-2021, el promedio de ejecución a julio fue de 32,1% en inversión. Por lo tanto, se observa una debilidad en los procesos de ejecución.
Para 2023, los sectores que menos ejecutaron (pagos) fueron Presidencia (15,6%); Planeación (44,6%); Ambiente (49,5%); Información y Estadística (54,2%) y Deporte y Recreación (59%). Para 2024 se repiten sectores en baja ejecución como Presidencia (12,1%); Deporte y Recreación (12,1%); Información Estadística (18,9%) y Ambiente (26,5%). Solo sobresale la baja ejecución del sector de Agricultura (16,1%).
Ha resultado más ortodoxo en el manejo fiscal que muchos otros gobiernos de derecha en el pasado.
Algunos retos
La baja ejecución, a pesar de no ser muy distinta frente al promedio histórico, sí refleja que un gobierno de izquierda no ha orientado el presupuesto como un mecanismo de activación de la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Por el contrario, ha resultado más ortodoxo en el manejo fiscal que muchos otros gobiernos de derecha en el pasado.
El gobierno se encuentra contra la espada y la pared entre las promesas pendientes de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y las capacidades políticas y económicas para conseguirlas. En particular, la Regla Fiscal y su cumplimiento ha implicado ajustes en el recaudo fiscal, la reducción directa del Presupuesto General de la Nación de 2024 y el recorte de la inversión proyectada en 2025.
En ese escenario, es muy difícil satisfacer las altas expectativas en términos de capacidad de inversión y gasto para la garantía de derechos sociales. En el mejor de los casos, el gobierno podría afinar la ejecución para que sea más alta en los próximos años. Además, tendrá que direccionarse para que no se presenten más escándalos de corrupción.
Cumplida la mitad del periodo presidencial es necesario hacer balances sobre la gestión del gobierno y en el marco de los Juegos Olímpicos el deporte merece ser evaluado.
El resultado en la tabla de medallas evidencia que en esta área en la que se raja el gobierno. Una verdad que debe decirse aún cuando el objeto de este balance sea hacer una crítica constructiva, como dijo la medallista olímpica de Londres, Ingrit Valencia.
El deporte y la actividad física hablan mucho sobre las sociedades. Reflejan el interés y esfuerzo de iniciativas públicas y privadas en torno a la construcción de identidad nacional, hábitos sociales y alternativas para el goce de la población. Además, tomarse en serio el deporte contribuye a la construcción de hábitos saludables.
El principal error en la apuesta deportiva del gobierno es que no ha existido una apuesta clara. El presidente empezó su periodo con un mensaje interesante al nombrar a una medallista olímpica como jefe del ministerio del Deporte, pero tras denuncias de corrupción en contra de la funcionaria la reemplazó por una cuota del partido de la U que salió por su rotundo fracaso por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027.
A su vez, la segunda ministra fue reemplazada por una experta en deporte de alto rendimiento cuya tarea no será fortalecer esa área sino una desconocida para ella: fortalecer la educación física en los colegios. Desafortunadamente de cambio en cambio no se ha consolidado el derrotero de la política nacional del deporte y la actividad física.
A la falta de norte se suman los reiterados desplantes del presidente y sus ministras al deporte. Las primeras dos ministras fueron incapaces de coordinar los tiempos y actividades para cubrir a tiempo el pago de la sede de los Juegos Panamericanos en Barranquilla ¡aún teniendo los recursos aprobados por el Ministerio de Hacienda!
Las ex ministras comparten la irresponsabilidad con Alejandro Char, ex alcalde de Barranquilla de Cambio Radical. Char tampoco puso el grito en el cielo a tiempo y contribuyó a que se perdieran más de 2 millones de dólares pagados como anticipo para la realización de los juegos, sin contar con el deterioro para la imagen de la ciudad y la expectativa de turistas y divisas que llegarían con los juegos. Le quedó muy mal a su ciudad.
En febrero de este año Petro posesionó a regañadientes a la ministra del Deporte diciendo “no veo la bondad de crear este ministerio, me parece una pérdida de tiempo”. En marzo, presidente y ministra, dejaron esperando a Mariana Pajón, Nairo Quintanta, Caterine Ibarguen, entre otros. Estas glorias del deporte habían solicitado una Mesa Nacional del Deporte para fijar una política integral para el sector, incluso apuntado la necesidad de “hacer conciencia sobre la importancia del deporte en la construcción de la Paz en Colombia”.
Los desplantes continuaron en París durante la inauguración de la Casa Colombia al inicio de los Juegos Olímpicos cuando Petro romantizar de la falta de recursos de los deportistas que participan en las competencias. Si bien es cierto que los y las deportistas compiten por amor al deporte y la bandera, no es menor reconocer que para hacerlo necesitan condiciones dignas y apoyo institucional.
Y para rematar: la dificultad fiscal que enfrenta el gobierno castigará al deporte en 2025. Además de que el Ministerio del Deporte es el segundo de menor ejecución presupuestal, el Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno al Congreso el apoyo al deporte se reducirá en 68% para el próximo año. Por tanto, ni el alto rendimiento ni la educación física en los colegios tendrán recursos suficientes.
El anterior panorama se debe corregir. Los dos años que le quedan al gobierno deberían ser asumidos a modo de repechaje. Para ello, con verdadero espíritu de “acuerdo nacional” el gobierno debería acceder a la invitación de los y las deportistas a la Mesa Nacional del Deporte.
Esta invitación, además de contar con personas expertas y exitosas, parte de la idea de cooperar entre los distintos actores que pueden aportar al deporte, pues ni el gobierno, ni la empresa privada, ni los deportistas con sus familias pueden hacer el trabajo en soledad. Y no está de más exigir al Congreso modificar los recortes presupuestales proyectados para el próximo año.
Posdata: Con el argumento de acabar con el conformismo más de uno ha salido a destruir a los y las deportistas que no logran una medalla olímpica o el título de la Copa América. Claro que se deben corregir los errores y que el carro de bomberos sobra, pero la mentalidad y cultura ganadora no se construye a las patadas, la experiencia de Simone Biles lo demuestra.
La bancada independiente ha presentado una propuesta de reforma a la salud en el Congreso de la República. Esta propuesta incluye aspectos que coinciden con las políticas del Gobierno, así como otros que son opuestos.
Ante la Secretaría del Senado de la República, la bancada independiente presentó un ambicioso proyecto de reforma estatutaria a la salud con el objetivo de fortalecer y proteger el sistema de salud del país. Este proyecto fue elaborado en colaboración con profesionales del sector y con las 21 agremiaciones que forman parte de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.
De esta bancada independiente participaron los congresistas: Katherine Miranda, Cathy Juvinao, Julia Miranda, Jennifer Pedraza, Humberto de la Calle, Alejandro García, Daniel Carvalho, Cristian Avendaño, Juan Sebastián Gómez y otros congresistas que se unieron a la iniciativa, como Carolina Giraldo.
Los puntos clave del documento incluyen:
Definición Clara de Roles: establecimiento de responsabilidades y roles específicos para el personal de salud, con el fin de optimizar la gestión y eficiencia del sistema.
Consejo Nacional de Salud: creación de un carácter vinculante para este consejo, permitiéndole tomar decisiones significativas, como la modificación del monto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Eliminación de la Intermediación Financiera: un punto en el que coinciden con la propuesta del Gobierno, buscando simplificar y hacer más transparente el flujo de recursos.
La propuesta será presentada a través de la Comisión Primera. Cathy Juvinao, representante de la bancada: “Vamos a presentar la propuesta por la Comisión Primera y solicitamos al Gobierno una petición de carácter político. La información que tenemos es que el Gobierno planea radicar su reforma por la misma comisión, pero con mensaje de urgencia. Esto implicaría que los demás proyectos no serían acumulables y solo se debatiría la reforma del Gobierno en un proceso acelerado”, dijo.
Juvinao y Jennifer Pedraza le pidieron al Gobierno que les permita que ambas propuestas sean debatidas simultáneamente, asegurando una discusión más completa y equilibrada sobre las reformas al sistema de salud.
