Nombre del autor:Comunicaciones Jennifer Pedraza

Por: Carlos Acero Castellanos

Frente al primer gobierno que no representaba a la tradición política se esperaban muchas cosas positivas y surgían algunas dudas sobre su capacidad para sortear las trabas burocráticas que dificultan las transformaciones. Pero definitivamente no esperábamos que en diversos temas de política social se produjeran retrocesos.

Esta semana, en medio de anuncios, rectificaciones y aclaraciones, el presidente Petro y el ministro de defensa confirmaron el regreso del glifosato. Ante los rumores de una posible descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos ante el aumento en los cultivos de coca, reaparece el uso de esta sustancia, clasificada como probablemente cancerígena por la OMS.

Aunque Petro candidato sentenció que en su gobierno no habría “una sola gota de glifosato”, hoy se adelantan cinco procesos contractuales para comprarlo. El hecho de que no se asperje desde aviones, o que se use de manera complementaria a la política de erradicación voluntaria, no significa que el químico sea menos lesivo para la salud humana, animal y para los ecosistemas. Tampoco existen conceptos del Gobierno que sustenten que el uso terrestre del glifosato cumple con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para reanudar su uso. Las sentencias T-236 de 2017 y T-413 exigen participación ciudadana y estudios ambientales rigurosos, exigencias que ni el gobierno de Duque logró alcanzar.

El fracaso de la política de Paz Total, la ausencia de una política de seguridad nacional complementaria a los esfuerzos de diálogos y la coyuntura internacional llevan al gobierno a buscar salidas desesperadas que contradicen sus promesas de campaña y nos devuelven a debates superados en la última década.

En materia educativa también hay retrocesos. Pasamos de vamos a “elevar históricamente el presupuesto público para el sistema educativo”, a “no es para que las universidades soliciten más recursos a la Nación”.

Este panorama es el resultado del reciente Decreto 391 de 2025 del Ministerio de Educación, mediante el cual se obliga a las universidades públicas a formalizar a la brava a todos los docentes sin asignar un solo peso adicional para ello.

Las nuevas cargas que el Ministerio le impone a las universidades desconocen que el Gobierno se ha negado a tramitar con urgencia la reforma al modelo de financiación de estas instituciones. Sin dicha reforma, que está cerca a hundirse en el Congreso, se seguirá ampliando la deuda del Ejecutivo con las instituciones públicas, que a 2025 se calcula en 25 billones de pesos.

En medio de la asfixia presupuestal que viven estas universidades, Leopoldo Múnera, rector de la Universidad Nacional, advierte que esta institución no cuenta con los recursos necesarios para hacer la formalización ordenada por el Ministerio, y prevé que la medida causará una frustración en la comunidad universitaria.

No olvidemos que en 2018 se desató un paro nacional universitario cuando los rectores de universidades públicas alertaron que no contaban con los recursos para terminar el año.

En materia de lucha contra la corrupción también vamos para atrás. A los carrotanques de La Guajira, la niñera de la Canciller interrogada ilegalmente en un sótano de la Casa de Nariño, y la plata de “Papá Pitufo” que entró a la campaña, ahora se le suman los escándalos de la súper pareja de la salud: hace unas semanas, Daniel Coronell reveló unos audios que dejan muy mal parada a Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para las IPS y esposa del ministro de salud. En ellos se escucha, aparentemente, la voz de Gómez presionando indebidamente a gritos a un funcionario para que adjudicara un contrato en el Hospital de Leticia, aunque ella no tenga ninguna competencia sobre la contratación del Hospital.

Como si eso fuera poco, la congresista Jennifer Pedraza reveló que la superintendente dio luz verde para intervenir el hospital de Nazareth, La Guajira, para poner a una gerente que hace parte del clan político de Kiko Gómez, a pesar de no cumplir con los requisitos previstos para el cargo. Aunque las Resoluciones 11467 de 2018, 105131 de 2024 y 2599 de 2019 exigen certificar al menos 3 o 5 años de experiencia en la administración de entidades de salud y estar inscrita en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO), la ficha de Kiko y de la superintendente apenas tiene un año de experiencia y no estaba inscrita en el RILCO. Lo más grave, es que esa gerente debe ejecutar 36 mil millones de pesos que el ministro—esposo de la superintendente—le dio al hospital para una obra.

¿Cuál era el interés de la esposa del ministro de nombrar a la gerente? ¿Dar un favor político?

Aunque este gobierno se eligió para avanzar, los hechos prueban que en diversas materias vamos dos pasos atrás.

Por Carlos Acero Castellanos

El sistema de salud colombiano no era la panacea, pero sí es susceptible de empeorar por la acción del gobierno nacional. Mientras cientos de pacientes en todo el país siguen sin recibir sus medicamentos, la controversia política prioriza los señalamientos pero no las soluciones para la gente.

Los defensores de la Ley 100 de 1993 celebran que nuestro modelo de salud logró la cobertura universal. Si bien desde esa época casi la totalidad de la población quedó afiliada al sistema, ello no se tradujo en la prestación universal, efectiva y de calidad. Mientras tanto muchos sí hicieron negocio con ese modelo.

En ese marco, 42 EPS fueron liquidadas entre 1998 y 2022, durante los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos y Duque. Son incontables las tragedias de pacientes: largas esperas de atención en sillas Rimax, las citas médicas exprés donde no se recibe una adecuada valoración o las tantas historias de medicamentos no entregados en los dispensarios de las IPS.

A lo anterior se sumaron los casos de corrupción. El cartel de la hemofilia; la negación de servicios para acumular utilidades a cargo de recursos públicos girados por la UPC; la muy opaca liquidación de Saludcoop, luego Cafesalud, y los traslados de usuarios a Medimás sin soporte financiero, entre otros.

A modo de ejemplo sobre el tema de actualidad, según Transparencia Por Colombia entre 2016 y 2020 el 25% de los casos de corrupción en el sistema se relacionaron con casos de la no entrega de medicamentos. Entonces no, no teníamos un sistema de salud ideal.

Sin embargo, la cura se está tornando peor que la enfermedad, tanto porque la reforma a la salud no tiene soluciones puntuales a estas problemáticas, como por las medidas de contingencia adoptadas por el gobierno Petro. Miremos con detalle estas últimas.

Actualmente 11 EPS se encuentran intervenidas, lo que significa que la administración de éstas y sus pacientes quedó a cargo del gobierno. En total, el 62,5% de las y los colombianos—31,1 millones de personas—se encuentran bajo la prestación de servicios de salud ofertados por el gobierno, no de privados.

Esta realidad parecía desconocida por el Presidente y el Superintendente de Salud, quienes se enteraron de la misma en el consejo de ministros del martes pasado.

Pero más grave que la “intempestiva noticia», es que varias de las EPS administradas por el gobierno deben plata a los gestores farmacéuticos encargados de entregar los medicamentos a los pacientes. Es decir, el gobierno administra las EPS, éstas no pagan los medicamentos y, por tanto, la gente se queda sin acceder a ellos.

Miremos las deudas de las EPS intervenidas con los gestores farmacéuticos:

1. FAMISANAR (2,7 millones de usuarios) debía $57 mil millones en 2023 y, bajo intervención, cerró 2024 con $67 mil millones en deudas;
2. ASMET SALUD EPS (1,5 millones de usuarios) debe $121 mil millones, de los cuales $26 mil millones de no paga hace más de un año;
3. SOS EPS (0,7 millones de usuarios) adeuda cerca de $70 mil millones, con casi $30 mil millones en mora por más de un año.

Mientras tanto, NUEVA EPS (11,6 millones de usuarios) esconde sus deudas con las gestoras farmacéuticas, al punto que un juez de tutela le ordenó revelar dicha información a la congresista Jennifer Pedraza. El descalabro puede ser mayor.

Para que se entienda más fácil: parte importante de la negación de medicamentos a pacientes en el país es el resultado del impago del gobierno a los gestores farmacéuticos. Es por ello que expertos han explicado que, más que desabastecimiento, lo que estamos viviendo es desfinanciamiento con origen gubernamental.

La lista de fallas del gobierno en garantizar la salud de los pacientes a su cargo es extensa. Sólo expondré una más: la mediocre gestión en perseguir a los corruptos. A la fecha el gobierno no ha denunciado ante la Fiscalía a los grandes ladrones del sistema, es más, sólo hasta esta semana denunció a Audifarma por el presunto acaparamiento de medicamentos.

Lo que resulta absurdo es que la denuncia contra Audifarma se limite a tres páginas que no explican la forma como se materializaron los posibles delitos y que apenas aporta una prueba irrelevante: un comunicado de prensa. En cualquier facultad de derecho esa denuncia no se sacaría más de 1 sobre 5.

Algo similar pasó con el FOMAG, que con el nuevo modelo continúa con fallas en la atención y sin conocer quiénes eran los criminales a los que perseguía Petro.

El sistema de salud necesita grandes transformaciones y controles efectivos para evitar la corrupción. En el panorama actual, antes que señalar sin soportes serios, el gobierno debe empezar por administrar con responsabilidad la salud del 62,5% de la población a su cargo.

Por: Carlos Acero Castellanos

La consulta popular sobre las reformas puede enredar más la aprobación de las mismas. Con seguridad Petro y Benedetti son conscientes de esto, pero esa no es su preocupación, puesto que el objetivo es mantener la agenda política en constante campaña, terreno donde se sienten más cómodos. Al final, entre la polarización y la campaña, las reformas no son futuros posibles sino excusas.

La reforma laboral, sin ser perfecta, representa avances para la recuperación de derechos laborales y la ganancia de algunas nuevas garantías. Es justo recuperar el pago del 100% del salario durante el día de descanso (dominical o festivo); también lo es adelantar a las 7:00 pm el fin de la jornada laboral o volver al contrato laboral de aprendizaje del SENA.

La justeza de esas propuestas no surge de una apreciación moral entre lo bueno y lo malo. Son la reivindicación tras el recorte derechos promovido en 2003 por Uribe, quien alegaba que, a cambio de estos derechos se crearían casi 700 mil empleos.

Un estudio de Alejandro Gaviria demostró que la creación de empleo fue “marginal” y otro de Guataquí y García concluyó que “los resultados son negativos, y claramente inconsistentes con la cifra de 200.000 empleos por año citada durante la discusión parlamentaria”. La promesa no se cumplió.

También es loable que la reforma cree licencias para asistir a citas médicas programadas o de urgencia, que reconozca el pago a internos de medicina que trabajan arduamente en centros de salud, y que garantice que el trabajo sea un lugar libre de violencia o acoso para las mujeres.

A diferencia de lo ocurrido con la reforma a la salud, la reforma laboral se modificó sustancialmente por la concertación entre el gobierno y los gremios. Por ejemplo, se eliminaron más de 17 artículos relativos a derechos sindicales que causaban ampolla a los empleadores; se eliminó la recuperación de las indemnizaciones por despido sin justa causa que podía golpear a MiPyMes e incluso se flexibilizaron las obligaciones laborales a grandes empresas como Rappi.

No comparto varias de esas eliminaciones, como tampoco comparto la ponencia de archivo presentada por 8 senadoras. Sin embargo, ambas son decisiones legítimas en el marco de la democracia representativa y de un aparato productivo débil.

Cuando la ex Ministra del Trabajo Ramírez le dio la espalda a los sindicatos de Rappi, no se la acusó de evadir el debate, aunque en la práctica esa concesión no se dio en público sino a puerta cerrada. Por lo mismo, es hipócrita el matoneo del gobierno contra las congresistas que el próximo martes justificarán el archivo de la iniciativa.

¿Entonces la solución al hundimiento de la reforma es la consulta popular? Por el contenido y por el mecanismo, dudo que la consulta sea efectiva. La consulta debe hacer preguntas generales al pueblo, pero el diablo está en los detalles.

Y si los detalles guardan relación con el texto de las reformas, el escenario se complica: ¿le van a preguntar a los sindicatos de repartidores de domicilio si quieren la reforma?, ¿nos van a consultar si estamos de acuerdo con que los políticos (alcaldes y gobernadores) amplíen su participación en las juntas directivas de los hospitales públicos a costa de reducir un puesto en la junta para los trabajadores?, ¿nos van a preguntar si estamos de acuerdo con que la ADRES asuma los roles de las EPS sin tener un fortalecimiento financiero e institucional y mientras a las EPS les aseguran por ley 4 billones de pesos anuales? Todos estos son elementos contenidos en las reformas, pero con seguridad no preguntarán sobre los micos.

Y en la mecánica también hay complicaciones. Para llamar a las urnas, Petro debe tener el visto bueno de la mitad más uno del Senado, respaldo poco posible tras la ruptura de relaciones y trinos agraviantes en contra de las congresistas.

Si Benedetti aceita a las mayorías de todo el Senado, cosa que no logró en la Comisión Séptima para aprobar la reforma, una vez realizada, la consulta requeriría 13 millones de votos. Es decir, se necesitan más votos de los que sacó Petro en segunda vuelta, o incluso de los que sacó la consulta anticorrupción que no tenía detractores.

Si se logra convocar la consulta, eso no significa que se apruebe un texto puntual de cada reforma. Volveríamos al punto cero en el que el Congreso debe redactar un texto, debatirlo y buscar consensos, todo ello en los últimos tres meses del periodo del Congreso.

El interés real de esta nueva aventura no es resolver los derechos del pueblo, es medir la fuerza electoral del presidente y su nueva coalición con los partidos tradicionales. No en vano, cuando preguntan por los votos de la consulta, Benedetti responde con nombre propio “va a haber un gran apoyo al señor presidente de la República”.