Liliana Castañeda*

El protagonismo (y antagonismo) de Bogotá

El Plan de Desarrollo es una hoja de ruta para la inversión del gobierno nacional; ahora se está discutiendo en el Congreso. Bogotá, como capital, tiene una relevancia particular: concentra el 25,3 % del PIB y el 16 % de la población; es innegable su peso en la política económica y social del país.

El gobierno nacional es consciente de la primacía de Bogotá como capital y como eje de la región central colombiana. Lo prueba el constante choque con la administración distrital en distintos temas: construir la primera línea del metro, la adopción de la región metropolitana o sustraer área a la reserva Thomas van der Hammen.

Bogotá tiene el presupuesto más importante y no sigue el régimen municipal; aun así, el Plan Nacional de Desarrollo es clave para incluir iniciativas de inversión y cooperación entre los gobiernos distrital y nacional.

En ese orden de ideas, el exministro de hacienda José Antonio Ocampo declaró que “Bogotá es uno de los ejes principales porque es la capital del país y además de la región. También será objeto de unas estrategias especiales en varias dimensiones [énfasis en el original], e incluso de obras de inversión en educación, salud e infraestructura”.

Bogotá tiene el presupuesto más importante y no sigue el régimen municipal; aun así, el Plan Nacional de Desarrollo es clave para incluir iniciativas de inversión y cooperación entre los gobiernos distrital y nacional.

Diálogos regionales, entre la cautela y la expectativa

Bogotá participó en los diálogos regionales vinculantes. Los convocó el Departamento Nacional de Planeación; tuvieron cerca de 10.000 participantes, que formularon 1.865 iniciativas al gobierno nacional. Las propuestas se concentraron en educación, ambiente, seguridad, salud y vivienda y ordenamiento urbano.

Este mecanismo de participación fue innovador: procuró identificar problemas en el territorio, así como las posibles soluciones y las autoridades encargadas de la gestión o inversión necesarias. Aun así, dejó más preguntas que respuestas sobre la incidencia ciudadana en estos espacios.

La Fundación Ideas para la Paz publicó un análisis que vale la pena retomar como lección para procesos actuales y futuros de participación, identificando como fallas:

• la asistencia mayoritaria de personas y colectividades afines al gobierno, que iban más a vitorear que a dialogar;
• las limitaciones de la metodología;
• los asistentes no conocían bien el Plan;
• la cautela con la que ciertas personas fuimos al espacio;
• la falta de trazabilidad sobre la incidencia de los aportes.

Al final, los diálogos en la capital tuvieron un sello mediático: la ausencia del presidente Petro en la entrega de las conclusiones que se celebró en la plaza de armas de la Casa de Nariño. La foto del momento mostró algunas sillas vacías en la plaza y una tarima con varios funcionarios del gobierno junto a la alcaldesa Claudia López.

Lo que importa es el articulado

Las bases del Plan radicadas en noviembre de 2022 incluyeron estos compromisos para Bogotá:

• el ordenamiento ambiental de la Sabana;
• la reindustrialización en sectores estratégicos;
• una política urbana integral con participación incidente.

A la hora de convertir esta declaración de intenciones en norma, los resultados son disímiles.

En la propuesta radicada resaltan iniciativas que abren puertas a la reindustrialización y creación de empleos como:

• la unificación institucional y de recursos para este fin;
• los aranceles inteligentes;
• la obligatoriedad de contratación de mano de obra local en la ejecución de inversiones públicas;

También hay propuestas importantes en torno a la construcción de ciudades de derechos para todas y todos como:

• la creación del Sistema Nacional de Cuidado;
• la política nacional de mejoramiento integral de barrios denominada “Barrios de Paz”
• el sistema nacional de registro, atención, seguimiento y monitoreo de las violencias basadas en género.

La norma se encuentra a punto de cursar segundo debate en el momento de publicar este artículo y contiene disposiciones sobre empleabilidad, política social, salud, deportes y construcción de paz, entre otras materias aplicables a todo el país, incluida Bogotá. A todas estas buenas iniciativas habrá que hacerles veeduría rigurosa para que se materialicen.

Pero llaman la atención algunas medidas a las que debemos poner especial atención porque perpetúan o agravan problemas que ya son sensibles en la capital.

El texto por debatir compendia varias medidas para regular los sistemas de transporte, con especial énfasis en su sostenibilidad financiera. Aunque no están especialmente diseñadas para la capital, sí afectarán el ya apretado bolsillo de las y los bogotanos.

Por ejemplo, los artículos 152 y 153 del texto que se debatirá en el Senado proponen que cualquier proyecto nuevo cofinanciado por la Nación incluya “análisis y compromiso (…) frente a la implementación de las fuentes de pago que alimentarán el Fondo de Estabilización Tarifaria, de acuerdo con las necesidades del proyecto”.

Esas fuentes incluyen estos cobros:

• sobretasa al impuesto predial;
• contribución por estacionamiento en vía y parqueaderos;
• parqueo en vía (que en Bogotá ya se destina en parte al Fondo de Estabilización Tarifaria [FET]);
• cobros por congestión;
• multas de tránsito;
• sobretasa a la gasolina o ACPM;
• incluso, aumento de tarifas para la sostenibilidad del sistema.

El FET es la materialización dolorosa de una ley del embudo en la que las mayorías perdemos. Su déficit pasó de 892.000 millones en 2019 a más de 2,3 billones en 2021. La totalidad de los contribuyentes tendremos que cubrir este déficit para el saneamiento del sistema de transporte; pero a los operadores no les tocarán un pelo, pues los contratos de Transmilenio siguen sin renegociarse.

También requiere mayor debate público el artículo 161, que encomienda a los gestores de los sistemas de transporte el rol de promover proyectos urbanísticos de explotación pública o privada. La Empresa Metro de Bogotá ya tiene esta facultad; pero no corresponde a la naturaleza de entidades dedicadas a la movilidad, ni garantiza una captura de valor eficiente en inmediaciones de los grandes proyectos de transporte público.

Por último, vale la pena revisar con lupa el artículo 370, que la prensa anuncia como el “mico”, pero que en realidad es un paso para resolver la discusión Petro-López frente a la primera línea del metro. Busca que la Nación financie más del 70 % de la obra de proyectos férreos de transporte público en los casos en que “la evaluación costo beneficio establezca [el soterramiento] como la mejor alternativa”.

El artículo respalda la posición del presidente Petro que diversos sectores académicos y sociales hemos respaldado en el enredado debate sobre la inconveniencia de construir una primera línea de metro 100 % elevada, pero cumple la premisa de la alcaldesa Claudia López de que “Cualquier mejora al trazado de la línea 1 del metro la paga quien la propone”.

Los proyectos estratégicos

Además de la colcha de retazos normativos que contiene el PND, vale la pena dar una mirada detallada al listado de 28 líneas de inversión y 17 proyectos concretos formulados para Bogotá. Incluyen promesas de campaña como la rehabilitación de la red férrea regional y la ampliación en infraestructura de universidades públicas, y temas sensibles como la gestión del relleno sanitario Doña Juana.

Foto: Secretaría de Desarrollo Económico – En las bases del Plan Nacional de Desarrollo se destaca la propuesta de la reindustrialización en sectores estratégicos y la creación de empleos.

El Plan es ambicioso en materia de obras, y es precisamente esa ambición la que contrasta con el complicado panorama de gobernabilidad del presidente en el Congreso, la crisis ministerial, la incertidumbre que rodea los proyectos de Primera Línea de Metro y Regiotram de Occidente —para mencionar algunos ejemplos—.

Hay otros temas nuevos y viejos, importantes para el Gobierno e incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones (p. 61):

• la restauración del Complejo Hospitalario San Juan de Dios;
• el trabajo conjunto con el Distrito para construir una planta de producción de vacunas en la ciudad;
• la revitalización del centro histórico y el patrimonio construido;
• la cofinanciación de las Líneas 1 y 2 del Metro e, incluso, de los cables de San Cristóbal, Potosí y El Reencuentro-Monserrate.

El Plan es ambicioso en materia de obras, y es precisamente esa ambición la que contrasta con el complicado panorama de gobernabilidad del presidente en el Congreso, la crisis ministerial, la incertidumbre que rodea los proyectos de Primera Línea de Metro y Regiotram de Occidente —para mencionar algunos ejemplos—.

El escenario se hace aún más complicado ante las promesas de campaña y el mandato de cambio por el que votaron las mayorías en 2022, si se tiene en cuenta que las apuestas de la Nación en Bogotá se gestan durante un gobierno, pero se tendrán que materializar con otro.

Es imposible abordar en un solo espacio de análisis cómo el Plan de Desarrollo Nacional afectará a Bogotá; pero estos elementos relevantes pueden fundamentar el debate y la implementación de políticas que requieren control social y fiscalización de la inversión desde distintos sectores sociales.

La ciudadanía, como siempre, estuvo activa y se convocó en una etapa muy restringida del proceso; difícilmente ha podido hacer seguimiento al desenlace de sus propuestas e intereses diversos en el Plan. La participación y veeduría ciudadanas no han sido permanentes, y esa sigue siendo una deuda del Estado colombiano a todos niveles con su población.