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Razón Pública

Autodestrucción

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

Petro pasa por serias dificultades que son atribuibles a su propia gestión. Decir lo anterior no borra las responsabilidades de gobiernos previos y lo mal que dejaron al país, pero quien gobierna hoy debe asumir sus responsabilidades.

El nuevo modelo de salud para docentes expone la autodestrucción. La necesidad de mejora del régimen especial de salud del magisterio nunca fue la discusión, el tema estaba en el cómo. Lo que definitivamente no se debía hacer fue lo que Petro hizo.

Primero, le entregó la dirección de la administración de entre 12 y 18 billones de pesos del FOMAG a una cuota de los partidos de la U y Conservador: Mauricio Marín. Un personaje turbio, ficha de las parapolíticas Zulema Jattin y Eleonora Pineda e investigado penal y disciplinariamente por presunta corrupción tras su paso por Ferrocarriles de Colombia. Petro puso al ratón a cuidar del queso.

Luego, en contra de la voluntad de FECODE el presidente prorrogó en dos oportunidades los contratos con los operadores de salud antiguos a los que acusaba de corruptos, aunque nunca los denunció en la Fiscalía como indica la lógica. Pero lo más grave es que el 1 de mayo se puso en marcha el nuevo y raquítico modelo de salud sin que existiera planeación, contratación completa de servicios, debida información a los usuarios, mecanismos de auditoría de costos y manuales tarifarios.

Ante la crisis, la reacción del gobierno ha sido tan lamentable como la implementación del modelo. En menos de 20 días el ministro de salud dio un salto mortal triple al pasar de decir que éste era el piloto de la reforma a la salud a recular afirmando que el modelo del magisterio en nada se parece al modelo de salud que propone el gobierno para el resto de la población. Mientras tanto, las ministras de Educación y Trabajo y el ministro de Hacienda, que integran la junta directiva del sistema, no aparecen.

La mayor canallada corre por cuenta de Petro. El domingo desde Twitter acusó a FECODE de ser el responsable político de la crisis, aunque ese sindicato no es quien gobierna. No en vano reza el dicho “mal le paga el diablo a quien bien le sirve”.

En el plano económico también se evidencia la autodestrucción. Se avecina una crisis de financiamiento del Estado, lo anterior por cuenta de estimaciones excesivamente optimistas de recaudo de impuestos e ingresos por litigios que realizó este gobierno a principios de su mandato.

Claro está que al mal cálculo se suma la caída en la inversión, que golpea de manera semejante a otros países de la región, y un cuestionado fallo de la Corte Constitucional que impide al gobierno recaudar 6.7 billones de pesos vía prohibición de deducción de regalías para el impuesto de renta de las empresas mineras.

La semana pasada la Corte realizó una audiencia para escuchar al ministro de Hacienda sobre este último tema. Se trataba de la oportunidad de oro para convencer a los magistrados de que implementar de inmediato el fallo implicaba afectar la sostenibilidad fiscal del país, razón por la que debían modificar su decisión y darle un salvavidas al gobierno para ajustar las finanzas públicas. El ministro Bonilla llegó a la cita más importante de su vida y de las finanzas de su gobierno sin haberse preparado. En el pasado, otros ministros hacían lobby por el despacho de cada magistrado, llevaban presentaciones rigurosas y calculadora en mano para convencer a la Corte.

Fue tal la negligencia de la presentación del ministro que algunos de sus funcionarios optaron por abandonar la audiencia para evitar la pena ajena. Naturalmente la Corte ratificó su fallo, apretando el presupuesto nacional.

A la autodestrucción escapaba el poco resistido proyecto de ley estatutaria de educación. Algunos se atrevieron a titular que la educación era el verdadero acuerdo nacional. Desafortunadamente el pésimo manejo que le dio el gobierno a la elección de rector en la Universidad Nacional detuvo el avance del proyecto y tiene en crisis a la universidad pública más importante del país.

El gobierno estaba advertido sobre las trampas que una camarilla iba a utilizar para violar las reglas e imponer a un rector ilegítimo; podría haber evitado que se usara. Además, era claro que Petro no tenía en sus delegadas la mayoría para elegir al rector, motivo por el que debía emprender una campaña activa para lograr un voto adicional.

Ni lo uno ni lo otro. Las delegadas de Petro se dejaron meter una metodología de elección ilegal y no se movieron para garantizar la mayoría.

Al final, docentes, estudiantes y contribuyentes son quienes pierden, porque no ven la materialización del cambio. Vaya uno a saber si los “errores” del gobierno han sido premeditados, pero la autodestrucción encaja perfectamente con el caprichoso deseo de convocar a una constituyente.

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¿Por qué aparece de Palestina hasta en la sopa?

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

En Colombia no es sencillo hacer pedagogía sobre el genocidio al que se encuentra sometido el pueblo palestino por parte del Estado de Israel.

Con frecuencia la primera referencia que cualquier persona tiene sobre Israel se remite a la Biblia, se asocia con ideas positivas, gestas y tierras para adorar a Dios. Por lo mismo, es normal que los cuestionamientos al Estado de Israel fácilmente se confundan con alguna especie de crítica a las figuras del catolicismo, aunque esa nunca es la intención.

Esta semana un partido de fútbol, el deporte de referencia global, nos puso nuevamente a hablar del tema. Pero una vez más el preconcepto, sumado a los inconformismos coyunturales con el gobierno que apoya la causa palestina, termina nublando el fondo del asunto: recordar que la causa palestina es una causa de toda la humanidad.

Lo peor es que esas confusiones terminan expresadas en ríos de caracteres de agravios en las redes sociales.

Un muy rápido recuento

El 14 de mayo de 1948 se creó el Estado de Israel por resolución de la ONU. Nadie puede negar, ni dejar de rechazar, el genocidio al que el nazismo sometió al pueblo judío. Tampoco se puede desconocer que dicho pueblo tiene vínculos históricos con el territorio que hoy ocupa Israel. Mucho menos se deben revivir discursos de odio contra su pueblo o su religión.

Sin embargo, la creación del Estado de Israel fue una solución de escritorio de colonialistas occidentales, especialmente Inglaterra, sin importar que la misma afectaría a un territorio habitado por palestinos, creando nuevas catástrofes humanitarias.

Desde entonces el pueblo palestino ha sido víctima de la ocupación de su tierra por vías militares y jurídicas -estas últimas no conformes con el derecho internacional-.

De 1948 a 1967 alrededor de 750 mil palestinas -que equivalen a la actual población de Cúcuta- tuvieron que desplazarse forzadamente en su región, hacia Gaza y Cisjordania. También tuvieron que hacerlo por todo el mundo, encontrando, entre otros, a Chile como un país de alta recepción de migrantes en nuestro continente.

Además, el pueblo palestino ha sido perseguido en su tránsito, ha sufrido la construcción de muros que dividen sus tierras -2002-, ha visto asesinatos sistemáticos de parte del Estado de Israel y no ha tenido el derecho de tener un Estado plenamente reconocido en instancias internacionales.

Toda esta política de naturaleza colonialista ha sido sistemáticamente patrocinada por las grandes potencias occidentales, proveedoras de armas a Israel.

La actualidad

Décadas de colonialismo han dado pie a grupos y conflictos armados en la región, incluyendo actos completamente condenables como la masacre de más de 1.200 civiles de Israel el 7 de octubre de 2023 a manos de Hamás.

Tal como ha sido su costumbre, el Estado de Israel ha respondido con tal desproporción que viola las distintas normas del derecho internacional que buscan prevenir el genocidio y los crímenes de guerra.

La ONU hoy registra que Israel ha asesinado a más de 35 mil personas desde el 8 de octubre, la misma cantidad de vidas que podría colmar el estadio El Campín de Bogotá. 7.797 son niños y niñas.

La ofensiva de Israel en estos meses ha provocado el desplazamiento de más de un millón de habitantes de Gaza -población semejante a la de Barranquilla- hacia campos de refugiados en Rafah.

Como si eso fuera poco, Israel ha bombardeado estos campos desde el 6 de mayo, provocando 450 mil nuevos desplazamientos -más que la población de Manizales-. Su objetivo es la desaparición del pueblo palestino.

El partido como inatajable excusa

La presencia en Colombia de un equipo de fútbol chileno que representa la migración palestina tenía que ponernos a hablar, sí o sí, del genocidio. Seguramente muchas personas podrán preferir no tener que mezclar el momento político con el espectáculo deportivo, pero ello sería pretender pasar por la NQS en día de partido sin ver hinchas entrando al Campín.

Lo realmente importante, más allá del resultado futbolístico o la “incómoda” mezcla de temas, es que nuestra sociedad pueda reflexionar sobre un asunto tan profundo para la existencia misma de la humanidad.

Estas líneas son un aporte para ello y para que quienes legítimamente desconocen del tema puedan aproximarse al mismo con pausa y sensibilidad.

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El mundo es mejor gracias a los y las trabajadoras

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

Con frecuencia olvidamos que muchas garantías laborales y sociales que disfrutamos son resultado de luchas sindicales. Han sido múltiples los liderazgos de trabajadores y trabajadoras que hacen del mundo un lugar mejor.

Aunque el sindicalismo en Colombia no goza de una imagen muy positiva, ha sido opacado por una percepción injusta y muchas veces cargada de lugares comunes, noticias falsas o mitos, la realidad es distinta.

Son múltiples los liderazgos sindicales que trabajan a diario por la lucha contra la corrupción en el sector público, la mejora de las garantías laborales de jóvenes precarizados por nuevas relaciones productivas, el respeto por la independencia sindical frente al gobierno y los patronos, el acceso a la justicia, la seguridad aérea, la creación de conocimiento y ciencia, entre otras.

Todos estos liderazgos son silenciosos ante los grandes reflectores de la coyuntura, o el griterío nacional. La mayoría son de personas que invierten sus recursos económicos, tiempo, salud física o mental para que sean reconocidos y mejoradas las de sus pares. A continuación comparto algunos ejemplos destacables.

En la Fiscalía General de la Nación se encuentra ATRAES -FGN, organización sindical que más que pelear por su bolsillo, ha emprendido una cruzada contra la corrupción. Su causa se enmarca en exigir que más de 17 mil puestos de trabajo de la Fiscalía sean proveídos por concursos de méritos, no por recomendaciones o favores politiqueros.

A la fecha han logrado seis fallos judiciales que ratifican que los últimos tres fiscales han preferido la feria de puestos por encima del mérito y la eficiente prestación del servicio para destrabar la muy esquiva justicia del país.

Por su parte, en el ICBF, la organización Sintrabienestar insiste en la urgencia de fortalecer los equipos multidisciplinarios de las Defensorías de Familia. Abogan mejoras de la institución para poder atender las crecientes denuncias y casos de violencia intrafamiliar en contra de niños, niñas y adolescentes.

Resaltan que las crecientes obligaciones que imponen leyes como la 2126 de 2021 son necesarias para la niñez colombiana, pero que sólo pueden ser atendidas si se fortalece el talento humano. Mientras ello no suceda, no habrá verdadero acceso a la justicia y los y las trabajadoras seguirán explotadas, tanto mental como laboralmente.

En el sector aeronáutico Sintratac y ACAV representan a tripulantes y operarios de servicios conexos al transporte aéreo. Estas organizaciones han liderado un proceso de unidad entre sindicatos, empresas y entidades públicas para crear una ley que prevenga las violencias que sufren por parte de pasajeros disruptivos.

El fenómeno de pasajeros disruptivos incluye conductas de violencia física, sexual y riesgo de la seguridad de la operación de los vuelos, tanto en tierra como en aire y, dada la violencia machista, suele afectar más a las auxiliares de vuelo. La iniciativa claro que protege la integridad de estas trabajadoras, pero también piensa en cómo mejorar las condiciones de seguridad de vuelo para los usuarios.

Finalmente, destaco el compromiso por la justicia y resocialización de las personas que adelanta FECOSPEC, organización que agremia a varios sindicatos del INPEC. Sus dirigentes promueven la dignificación del sistema penitenciario, empezando por las necesidades de quienes trabajan en el mismo.

La emergencia carcelaria decretada por el Ministerio del Interior no ha impedido que grupos delincuenciales sigan asesinando a guardas del INPEC, van 4 este año. Antes que pedir prebendas salariales, FECOSPEC busca incidir en decisiones técnicas, modificaciones legales o el fortalecimiento institucional para reducir la criminalidad que opera en el interior de las cárceles y afecta a la sociedad en general.

Este año Petro, apurado por la masiva movilización del 21 de abril en su contra, decidió asaltar la fecha del 1 de mayo. Aunque algunos sindicatos puedan coincidir plena o parcialmente con el gobierno, enmarcar su agenda política en la fecha histórica e internacional de los y las trabajadoras es, cuando menos, abusivo.

Por lo mismo, varios sindicatos que no fueron afines a los gobiernos anteriores, o que incluso votaron por el actual, decidieron no movilizarse o hacerlo en conmemoración de sus causas, sean o no las del gobierno.

A pesar de las polémicas coyunturales que enmarcaron el pasado 1 de mayo, invito  valorar lo sustancial: que se reconozca la importancia de la labor sindical. Más allá del encuadre gobiernista, hay muchas razones para agradecer a quienes dedican su vida al reconocimiento de derechos de otras personas.

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Ciencia y tecnología: el presupuesto más bajo de este siglo

Por Diego Cortes Valencia

Este gobierno ha reducido a la cuarta parte el presupuesto destinado a la ciencia, la tecnología y la innovación, y los recursos no se están ejecutando. ¿Qué está pasando con la ministra y con el Ministerio?

Las denuncias 

En abril, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha enfrentado múltiples denuncias. Las congresistas Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y Alexandra Vázquez (Pacto Histórico) citaron a control político a la ministra Yesenia Olaya para exponer las irregularidades en la cartera.  

Rodolfo Llinás, neurofisiólogo y uno de los científicos más importantes de Colombia, afirmó que “si no hay ciencia, el país queda en manos ajenas”. Por este motivo, examinar detalladamente el funcionamiento del Ministerio no es un capricho o una mera rencilla política; todo lo contrario, es un asunto fundamental para el avance, desarrollo e independencia frente a otras potencias del conocimiento.

En pocas palabras, las congresistas reprochan la baja asignación para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en el Presupuesto General de la Nación; la escasa ejecución del PGN y de los recursos del Sistema General de Regalías para CTeI; la financiación de convocatorias con recursos provenientes de CTeI; denuncias de presunto acoso laboral y prácticas antisindicales; y las inconsistencias en la hoja de vida de la ministra Olaya. 

Este artículo revisará el presupuesto para CTeI y la gestión de un gobierno que, en campaña, afirmó que esta cartera sería una de sus mayores apuestas para hacer de Colombia la Potencia Mundial de la Vida.

Inversión insuficiente

Históricamente, Colombia ha dedicado un presupuesto muy bajo a la CTeI. 

El Banco Mundial señala que el promedio anual del gasto para investigación y desarrollo fue de 0,22% entre 2000 y 2020. Mientras tanto, el promedio anual para América Latina y el Caribe fue de 0, 65%. De igual forma, en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estuvo próximo al 2, 39%. De hecho, para el 2020, Colombia fue el país de la OCDE que menos invirtió en estos sectores.  

en la nueva propuesta del Presupuesto se reduce un 40% el sector de CTeI con respecto al 2024, es decir, a tan solo el 0,01% del PIB. Por desgracia, si llega a aprobarse, estaríamos hablando del porcentaje más bajo en los últimos 21 años.

En lo concerniente a las fuentes de financiación, entre el año 2012 y el 2021, el 42,4% del presupuesto para investigación y desarrollo provino del sector público, el 52,7 % del sector privado y el 4,9% son recursos de cooperación internacional. Si bien el gobierno tiene la labor de promover los incentivos del sector privado y los acuerdos para garantizar los recursos internacionales, la responsabilidad directa y más inmediata está en las fuentes públicas, es decir, las regalías y el Presupuesto General de la Nación. 

La promesa incumplida 

Por los motivos anteriores, el gobierno afirmó que fomentaría la destinación de recursos nacionales e internacionales a las actividades de CTeI. El PND anunció que la inversión en investigación y desarrollo pasará de un 0,26% del PIB en 2021 al 0,5% a lo largo del cuatrienio

Esta, aunque se cumpliera, seguiría siendo una meta muy inferior a los estándares internacionales y a la recomendación de las misiones de sabios desde 1990. Y por desgracia, el gobierno no se está acercando a su meta, todo lo contrario, se está alejando. 

En lo que respecta al gobierno, la financiación de la ciencia, tecnología e innovación está ligada al Presupuesto General de la Nación y los recursos del Sistema General de Regalías. Sin embargo, por lo general, el presupuesto siempre ha sido muy bajo. 

La participación promedio del sector CTeI en el PGN entre el 2005 y el 2022 había sido apenas del 0,04% del PIB, y bajo el gobierno de Gustavo Petro, la cifra disminuyó al 0,03% en el 2023 y 0,02% en el 2024. En resumidas cuentas, el sector de ciencia, tecnología e innovación mermó en un 20%. 

También, en la nueva propuesta del Presupuesto se reduce un 40% el sector de CTeI con respecto al 2024, es decir, a tan solo el 0,01% del PIB. Por desgracia, si llega a aprobarse, estaríamos hablando del porcentaje más bajo en los últimos 21 años. Por este motivo, más que una lupa, necesitaremos un microscopio para revisar la ejecución del actual gobierno.

La explicación de la ministra 

La ministra Olaya, en el debate de control político, aceptó que “el presupuesto es deficiente”, ya que “este no es un presupuesto para poder fortalecer la agenda científica”. No obstante, señaló que “interpelar un mayor presupuesto al gobierno nacional implica tener claridad en qué vamos a invertir ese presupuesto”. La jefa de cartera finalizó su intervención manifestando que “en eso hemos trabajado desde el primero de mayo, estructurando una agenda nacional…”. 

Vale la pena precisar que este argumento contradice el anteproyecto del PGN para el 2025.

Nos enfrentamos a dos alternativas: o el Ministerio de Hacienda, además de no coordinar la nueva propuesta con la ministra Olaya, desea reducir los recursos de la cartera; o la ministra Olaya, después de un año de trabajo, fue incapaz de dar claridad sobre la financiación de la ciencia, la tecnología y la innovación y respaldarla frente al Ministerio de Hacienda y las demás carteras del gobierno.

En cuanto a la ejecución, las obligaciones hacen referencia a los recursos que deben girarse o que son ejecutados efectivamente cada año del Presupuesto General de la Nación. Para 2023, el sector de CTeI ejecutó el 65,9 %, mientras que el promedio anual de los últimos 23 años (2000-2023) fue de 73,3%. A excepción del 2019 (obligaciones del 44,7 %), no se había visto una cifra tan baja desde el año 2006. 

El sector de CTeI también recibe recursos del Sistema General de Regalías. En este caso hablamos de ingresos provenientes de la explotación de recursos no renovables del subsuelo. La inversión en investigación y desarrollo no debería atarse a recursos que son inciertos y fluctúan con respecto a la variación internacional de los precios del petróleo y el carbón. 

En una entrevista de octubre de 2023, la ministra Olaya planteó que “el Sistema General de Regalías es una fuente importante de inversión en ciencia”, sobre el cual el Ministerio “da los lineamientos hacia dónde deben dirigirse las convocatorias que van a impactar el desarrollo científico y tecnológico de las regiones”. 

Es evidente que las anteriores declaraciones contrastan con la ejecución de los recursos. A pesar de contar con $ 2,9 billones para 2023-2024 (cifra que duplica el bienio anterior), a la fecha solo se ha pagado el 5,8% del presupuesto de regalías para el sector. ¿Realmente es posible ejecutar el 94% restante en los siguientes 8 meses?

La ciencia en el limbo

Es lamentable que la reducción en la CTeI se justifique bajo el argumento de que es lo correcto para el país. El Ministerio debería encabezar la búsqueda de más recursos y asegurarse de la efectividad en lo concerniente a la ejecución. 

o el Ministerio de Hacienda, además de no coordinar la nueva propuesta con la ministra Olaya, desea reducir los recursos de la cartera; o la ministra Olaya, después de un año de trabajo, fue incapaz de dar claridad sobre la financiación de la ciencia, la tecnología y la innovación y respaldarla frente al Ministerio de Hacienda y las demás carteras del gobierno.

Afirmar que no hay certeza cómo invertir el presupuesto, es ningunear a los científicos que trabajan en condiciones precarias dentro y fuera del país; es ignorar la infraestructura deteriorada de muchos laboratorios como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia; es desatender las apuestas de reindustrialización y transición energética en Colombia que se consignaron en el PND; es ignorar las misiones de sabios que han dado luces al respecto de la ciencia en el país.

El Ministerio de Ciencia se quedó en el papel, porque el presupuesto de Colciencias aumentaba anualmente en promedio más de lo que ha aumentado como Ministerio. La promesa de cambio, y su condensación en el Plan Nacional de Desarrollo, al parecer son solo palabras. Mientras tanto, la ministra evade las preguntas de las congresistas y de voces autorizadas como la de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Las denuncias e investigaciones que pesan sobre la ministra Olaya deberían ser suficientes para que renuncie. Sin embargo, el presidente, en vez de atender las voces críticas y cumplir sus promesas de campaña, respaldó a la ministra y estigmatizó a quienes alertaron las consecuencias negativas para el futuro de la ciencia. 

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Desangre silencioso

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

Lentamente se desangra el presupuesto nacional por cuenta de los acuerdos internacionales de protección de inversiones, la mayoría contenidos en los TLC. De fallo en fallo Colombia está pagando, literalmente, los platos rotos de haber suscrito tratados internacionales de naturaleza neocolonial.

Lo más escandaloso es que como consecuencia de estos malos acuerdos el país pierde con cara y con sello.

Amparado en uno de estos acuerdos, un ciudadano estadounidense reclama más de 1 billón de pesos porque la Fiscalía extinguió el dominio de los predios en las que construía un complejo inmobiliario en Medellín, terrenos adquiridos a narcos de la Oficina de Envigado. Lo que no cuenta el demandante es que hay evidencia de que su demanda está siendo financiada por el mafioso alias “Maracuyá”. Absurdamente lo más probable es que condenen al Estado.

En otro caso, la multinacional minera Red Eagle Exploration Limited demandó al Estado por medio billón de pesos por la prohibición de actividades mineras en el páramo de Santurbán. En un reciente fallo de un Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial no se encontró culpable a Colombia pero sí nos puso a pagar casi 12 mil millones de pesos por concepto de costas procesales.

Vale la pena recordar que por la misma protección del páramo de Santurbán otra multinacional canadiense, Eco Oro, también demandó y derrotó a Colombia en otro Tribunal del CIADI. A la fecha no se conoce el monto de la indemnización que se deberá pagar, pero esta puede superar los 2 billones de pesos, monto solicitado por la empresa demandante.

Increíblemente en estos últimos dos casos la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- ha celebrado las costosas decisiones de los tribunales, alegando que no se dio plena validez a los argumentos de las empresas. Colombia: el país del mundo al revés.

Organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité en Defensa del Páramo de Santurbán cuestionan la visión conformista de la ANDJE. Además, insisten en solicitarle al gobierno de Petro que, en coherencia con su mandato de cambio, se retire del CIADI y denuncie todos los tratados de protección de inversiones.

El camino que proponen estas organizaciones es el que acaba de emprender Honduras. Esta ruta persigue la defensa de la soberanía nacional, las finanzas públicas y preservar el derecho de los Estados a regular múltiples asuntos sin estar sometidos al terror de multimillonarias demandas internacionales.

Decisiones como las sugeridas por las organizaciones de derechos humanos o la de Honduras no son caprichos . Con gran rigor académico, los profesores Prieto-Ríos y Urueña

han aportado a los debates contemporáneos de derecho internacional económico

identificando que:

“El régimen de protección internacional de inversiones extranjeras es probablemente el sistema más cuestionado, ya que se urigen ha sido enmarcado en el más agresivo expansionismo imperialista, mientras que el sistema de solución de disputas inversionista-Estado ha sido sistemáticamente cuestionado como sesgado a favor del inversionista poco transparente en su proceso de toma de decisiones, incoherente e impredecible”.

Desafortunadamente el gobierno no da luces de seguir el ejemplo hondureño, de las exigencias de organizaciones sociales o las recomendaciones académicas. Por el contrario, Petro ha suscrito nuevos mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado en dos tratados adicionales, uno con Emiratos Árabes y otro con Venezuela. Además, negocia uno semejante con Catar.

Aunque estos nuevos tratados puedan contener algunas protecciones mayores para el Estado en materia ambiental o que los tribunales no se constituyan en el CIADI del Banco Mundial, que persista la idea de que el modelo a seguir es el de tribunales de arbitraje inversionista-Estado es el gran error.

Los gobiernos de izquierda de Colombia y Venezuela pierden una oportunidad histórica para construir nuevos y verdaderos paradigmas, distintos a los usados por las potencias del norte global, en materia de promoción de cooperación y promoción de inversiones.

A la fecha Colombia tiene activos 15 litigios internacionales de inversión con pretensiones de casi 60 billones de pesos, si el gobierno no denuncia dichos tratados la avalancha de demandas será catastrófica. Más aún si persiste en decisiones como la intervención a Sanitas – Keralty de España- o la suspensión de la licitación de pasaportes -Thomas Greg & Sons de Reino Unido-.

Los tribunales internacionales, impredecibles pero usualmente favorables para las multinacionales, seguirán desangrando las finanzas del país.

Nota: En enero salió de la ANDJE una de las funcionarias que más insistió en ver como victorias las derrotas de Colombia en los tribunales y que defendió la permanencia del país en los modelos de solución de controversias inversionista-Estado. Los medios la presentaron como una gran pérdida para el país. Colombia: el país del mundo al revés.

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¿Cuál es el mandato popular?

Ante cada revés en la agenda del gobierno, Petro acude a la idea del “mandato popular” que en las urnas lo llevó a la presidencia. Según el presidente su gestión de cambio no avanza porque otras instituciones del Estado o poderes privados desconocen el querer del pueblo. 

El mandato popular está expresado en el programa de gobierno presentado por Gustavo Petro y Francia Márquez y se complementa con los compromisos adquiridos en campaña. Sin embargo, el mandato popular no puede ser interpretado al capricho diario del presidente, mucho menos puede ser patente de corso para equivocarse sin asumir consecuencias.

En campaña presidencial Petro reiteró, literalmente hasta el cansancio, que no convocaría a una asamblea nacional constituyente. Es más, cada que respondía a ese cuestionamiento tajantemente concluía: “Nosotros no necesitamos cambiar la Constitución para cambiar al país. Con la Constitución del 91 se puede cambiar al país”. 

Por descartar ideas como la de la constituyente Petro logró el respaldo de buena parte del centro, e incluso de la izquierda, determinantes para derrotar a Rodolfo Hernández. Así, la ruidosa propuesta constituyente representa lo contrario al mandato popular.

Afortunadamente la convocatoria de una constituyente carece de cualquier posibilidad. Para que se convoque al pueblo a decidir realizar o no una constituyente Petro necesitaría que las esquivas mayorías del Congreso le aprueben una ley convocante.

Ahora bien, en el hipotético caso de que se encontraran las mayorías del Congreso para abrirle paso a la constituyente, el presidente necesitaría más de dos millones y medio de votos adicionales a los que lo apoyaron en la segunda vuelta de 2022. No sólo sería difícil conseguir esos votos nuevos sino mantener los 11.3 millones que obtuvo hace casi dos años, defraudados por la mala gestión y los crecientes escándalos de corrupción.

Pero la propuesta de la constituyente no es la única contradicción del gobierno al mandato popular.

Ni una sola persona que votó por Petro quería que la transformación del sistema de salud incluyera regalarle por ley 8 billones de pesos anuales a las nuevas EPS, que ahora tendrán menos responsabilidades en el sistema. Regalo que está redactado en el texto de reforma a la salud tras las negociaciones entre el gobierno con los partidos de la U, Liberal y Conservador.

El mandato popular tampoco avaló continuar con malos tratados comerciales que incluyen someter al país a tribunales de arbitraje internacional. Petro, sin renegociar los TLC como prometió, ya firmó un acuerdo semejante con Emiratos Árabes, otro con Venezuela y negocia uno con Catar. Sindicatos, organizaciones de derechos humanos y academia han cuestionado este incumplimiento al mandato.

El pueblo también votó por el presidente que cambiaría el enfoque de la política de lucha contra las drogas promovida por las potencias del norte. Desafortunadamente, mientras presenta discursos críticos sobre el tema ante la ONU, este gobierno promueve la construcción de una estación guardacostas en Gorgona. Aunque el Partido Comunista Colombiano lo niegue sin sonrojarse, el proyecto militar es completamente funcional a la política antinarcóticos de EEUU, como lo ratifica el embajador de ese país en Colombia.

Y de ninguna manera el mandato popular facultó al presidente Petro a reunirse a escondidas, y con fines que a hoy siguen siendo desconocidos, con la ex Fiscal Martha Mancera, cuestionada por encubrir al narco fiscal Pacho Malo.

Es altamente cuestionable pensar que el mandato popular le concede al presidente realizar acuerdos con las familias Sarmiento o Gilinski, Grupo Aval y Revista Semana, respectivamente. Por lo mismo, no sorprende que Luis Carlos Sarmiento, lejos de actuar como la oposición uribista, conceda que la  reforma “pensional tiene cosas buenas y unas no tan buenas”. 

El mandato también está defraudado ante el olvido y la desidia para financiar la ciencia, tecnología e innovación. El presidente pasó de prometer “financiar robustamente” al Ministerio de Ciencias a asignarle el presupuesto más bajo en 15 años. Peor que Santos y Duque.

Y la lista podría seguir.

La semana pasada el presidente de Chile, Gabriel Boric, le concedió una entrevista a El País. Boric llega a dos reflexiones sobre las que nuestro gobierno debería meditar. Primero, que “la izquierda en América Latina ha tenido la tendencia de no hacerse cargo de sus propios errores”. Segundo, ante las derrotas de la agenda de gobierno “uno tiene que saber adecuarse, ha de tener cintura, manteniendo una coherencia con los principios”.

En vez de tergiversar a su antojo el mandato de cambio, o enquistarse en sus dogmas, a Colombia le haría bien que el primer gobierno de izquierda asumiera sus errores y supiera buscar apoyos en sectores de centro y centro izquierda. Sin regalarse a las maquinarias pero sin exagerar en la inmediata materialización de utopías.

Jennifer Pedraza

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien se ha convertido en una de las principales voces de la Cámara de Representantes, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene este semestre para las reformas sociales.

Además, cuestionó el respaldo del presidente Gustavo Petro a Hollman Morris y dijo que se está gobernando con las mismas prácticas que tanto criticaban de los partidos tradicionales.

¿Qué cree que viene para la reforma de la salud en el Senado?
Creo que el Gobierno tiene un panorama un poco más difícil en el Senado. Sin embargo, no sé qué pensar porque cuando se inició el trámite de la reforma en Cámara creía que el panorama era difícil para que se aprobara la reforma y terminó aprobándose con los mismos métodos que usaban los gobiernos anteriores.

¿A qué se refiere?
El Gobierno tiene una relación transaccional con el Congreso. No sé si esto se vaya a replicar en el Senado pero sé que voces importantes de la Alianza Verde, como Fabián Díaz, van a tener una posibilidad de incidencia clave en la ponencia de la reforma de la salud. Ojalá se tengan en cuenta las preocupaciones y críticas que desde la Cámara de Representantes dejamos muy bien planteadas. Además, el ministro de Salud ha venido aceptando que tienen sustento, como decir que van a tramitar una reforma tributaria para poder financiar los gastos del sistema.

¿Y en cuanto a la laboral?
Me parece que es en varios aspectos positiva, siempre y cuando se acompañe de una política industrial y de protección y de acompañamiento al empresariado colombiano, especialmente al micro, pequeño y mediano empresario. Eso me parece muy importante. Si la reforma no tiene ese componente, se queda coja. Recordemos que este gobierno hundió en la reforma tributaria nuestra propuesta para que hubiese una tarifa diferencial del impuesto de renta para las pequeñas y medianas empresas. Negó medidas que eran salvavidas para estas. De manera que es difícil decirles que “no los apoyamos en nada y, además, acá van un montón de responsabilidades que ustedes tienen que asumir con sus trabajadores y si lo logran bien y si no quiebren, ustedes verán qué hacen”. Creo que debe de haber una prioridad muy marcada para el fortalecimiento del empresariado colombiano.

También seguirá el trámite de la ley estatutaria de la educación. ¿Qué opina de esta?

No es una reforma como tal, porque es una ley nueva, pero es una ley de particular interés mío y de la juventud y del movimiento estudiantil. Es una ley que reconoce la educación como derecho fundamental pero tenemos que estar muy atentos y atentas de que no terminen colgándole muchas arandelas en el marco de la negociación política y que terminen desdibujando el objetivo del proyecto.

Cambiando de tema, este año volvió la polémica alrededor de la figura de Hollman Morris. ¿Por qué sigue en el Gobierno no obstante a los llamados del movimiento feminista? ¿El Gobierno le está dando la espalda al feminismo?
El mensaje que deja el Gobierno con el tema de Hollman Morris es que el eslogan de que “el cambio es con las mujeres” se quedó solamente en un eslogan de campaña. Pero, para nada es un principio a la hora de tomar decisiones por parte de este gobierno. Las víctimas de Hollman Morris no solamente lo han denunciado a él por acoso sexual o acoso laboral o malos tratos. También han denunciado que son víctimas de persecución y hostigamiento físico y digital. El hecho de que el presidente Petro se lleve a Hollman Morris a Davos es una cachetada en la cara a las víctimas. Además, se presenta en un contexto de violencia cada vez más crítico contra nosotras. Empezamos el año con un feminicidio a punta de machete en el Valle del Cauca, un intento de feminicidio con el mismo método, feminicidios en varias regiones del país. Se suponía que Petro había prometido que iba a haber una lucha cultural decidida contra el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia contra las mujeres…

¿Y qué pasó?
Eso no es coherente con el hecho que el Gobierno siga nombrando y protegiendo a hombres denunciados por violencias basadas en género y que siga acumulando el poder político en ellos. A mí mucha gente me dice: ¿pero ustedes qué quieren? ¿Quieren que entonces si hay un hombre que cometió un error que lo aparten de la sociedad y que nunca más pueda volver a trabajar? No es lo que yo pido, ni lo que pide el movimiento feminista. Pedimos que haya un reconocimiento y un proceso de reparación a las víctimas, una autocrítica, una garantía de no repetición, entre muchos otros mecanismos de reparación que las víctimas deciden y solicitan. Pero en el caso de Hollman Morris, de Víctor de Currea-Lugo, de Fabián Zanabria, que son todo este combito de hombres que se las dan de progresistas pero que quieren cambiar todo el sistema, excepto el patriarcado y la violencia contra nosotras, lo que ellos han hecho es revictimizar, descalificar a las víctimas, restarles credibilidad en la opinión pública, hostigarlas digitalmente. Y es lamentable que el Presidente se sume a estas prácticas.

¿Qué opina usted de la figura de la primera dama?
Creo que Verónica Alcocer es una exponente más de la política tradicional de Colombia. Y creo que la figura de la primera dama no debería de existir en Colombia. No debería de existir. Es una figura que desconoce que las mujeres tenemos un desarrollo, un desempeño profesional completamente separado del de nuestras parejas y que le entrega poder político a una persona por la que nadie ha votado en Colombia. Ni si quiera estoy de acuerdo en que la primera dama tenga responsabilidades en lo que tiene que ver con el sistema de Bienestar Familiar. Me parece que esa es una herencia de un modelo político muy lejano ya en términos de contexto, de la historia y lo que ha servido es para que sea la caja menor de la historia del presidente a través de la cual se hace politiquería con la política tradicional, que es lo que ha venido haciendo Verónica Alcocer.

Se perdieron los Juegos Panamericanos. ¿Qué análisis hace?
Para mí, es muy contundente el hecho de que la ministra del Deporte siga en su cargo. Eso no tiene ningún tipo de presentación y lo que a mí me hace pensar es que la decisión de no hacer los Juegos Panamericanos fue una decisión del Presidente. La responsabilidad política es del Presidente. Si fuera individualmente sobre la ministra del Deporte, no habría nada qué justificar a que ella estuviera en el cargo. Así que, para mí, esto es una pésima noticia. Colombia deja de recibir millones de dólares en inversiones, pero no solo eso, también de ofrecer infraestructura y oportunidades para los deportistas. Fue una decisión deliberada del presidente Gustavo Petro.

Se suponía que Petro había prometido que iba a haber una lucha cultural decidida contra el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia contra las mujeres

¿Por qué lo dice?
Al Presidente le pareció que los Juegos eran muy caros, pero no quiso asumir esa decisión Política. El contrato tiene establecido que la platica que se pagó se perdió. Aquí puede haber un detrimento patrimonial contra Barranquilla y el Atlántico, que precisamente asumieron esos gastos iniciales y que nadie les va a devolver esa platica.

Con este movido inicio de año, ¿qué más podemos esperar?
Voy a ser muy franca. Tengo una preocupación y es que, como el gobierno del presidente Petro para mí, para muchas y para muchos ha sido decepcionante, partidos tradicionales como el Centro Democrático y Cambio Radical se presenten ahora como la gran alternativa a la política colombiana.

¿A qué se refiere?
Realmente, no lo son. Al mismo tiempo que estas decepciones están pasando con Petro, al mismo tiempo están metiendo a la cárcel a Ciro Ramírez (Centro Democrático), a congresistas de los partidos tradicionales, se fugó el exdirector del DPS. Es decir, aquí lo que ha pasado es que se está reproduciendo lo mismo que criticábamos en gobierno anteriores. Pero la alternativa no puede ser volver a esos mismos partidos. Siento que nuestro papel, como nuevas generaciones en política, es ofrecer otros caminos que no sean ni volver al Centro Democrático ni a los tradicionales, ni tampoco al Pacto Histórico, que prometió una transformación que no ha cumplido.
Para terminar, ¿qué opina del llamado del presidente Petro para que el Pacto se una para ganar las elecciones? ¿No le queda mucho de para estar ya pensando en campaña?
El presidente Gustavo Petro trinó sobre las elecciones del 2026 mientras Santander estaba en llamas, mientras se incendiaban los cerros orientales de Bogotá ante la inacción y ante la falta de prevención del Gobierno de los efectos del fenómeno del niño y de los incendios forestales. Para mí, esta es la prueba más evidente de que el problema no es que Petro esté hablando de política, él tiene todo el derecho de hacerlo. El problema es que hoy no está cumpliendo con lo que prometió en el 2022. ¿Por qué no, mejor, se pone a ver sus videos de campaña en el 2022 para que vea qué prometía y evalúe si lo está cumpliendo hoy? Estoy segura de que se asusta.

¿Por qué?
Estoy segura de que se asusta de lo incoherente y lo demagógico que ha sido su gobierno. Si está tan preocupado por las elecciones del 2026, la mejor forma de competir en cualquier elección es cumplir lo que prometió y eso es todo lo contrario a lo que ha venido haciendo su gobierno.

¿Entonces?
El Presidente debería de estar pensando en gobernar hoy, hacerlo bien, cumplir lo que prometió, separarse de la política tradicional, que es lo más decepcionante, para mí, de este gobierno. Si le hubieran dicho a la gente que iban a gobernar con toda la política tradicional, con toda la gente a la que antes le decían que hacía parapolítica, estoy segura de que no ganan las elecciones. No me molesta que esté pensando cómo ganar las elecciones del 2026, obviamente todos los presidente lo hacen, pero de ahí a que eso impida ejecutar, como le pasó a este gobierno, que es la menor ejecución en los últimos 10 años, creo que hay una falta de visión política y de cumplir el mandato social de cambio que hubo y que el pueblo le dio a él y que hoy se está pasando por la faja

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Reformar la regla fiscal ¿Por qué retomar el debate

Por Diego Cortes Valencia

Hace unos meses la propuesta de flexibilizar la regla fiscal causó una gran discusión, pero rápidamente se rechazó, siguiendo los principios económicos ortodoxos. ¿Por qué es importante poner nuevamente esta discusión sobre la mesa?

La ortodoxia económica

Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación abrió la discusión sobre flexibilizar la regla fiscal. Argumenta que se parte por reconocer la responsabilidad fiscal, entendiéndola cómo la financiación adecuada del gasto público. Pero se deben incorporar escenarios que atiendan a los ciclos y la incertidumbre propios de las variables macroeconómicas a mediano plazo; la economía verde es uno de estos escenarios inciertos. De hecho, González califica la flexibilización de la regla fiscal como una suerte de keynesianismo verde.

Este tema despertó controversias en académicos y reguladores porque cuestiona un principio intocable de la ortodoxia económica. El debate se expresó en medios de comunicación, redes sociales e incluso en el Congreso de la República; pero desapareció nuevamente y cerró con el énfasis del ministro de Hacienda de que no habrá reforma a la regla fiscal en este gobierno.

Una garantía de pago

En Colombia, la regla fiscal se sustenta en la Constitución Política (artículo 334), y se especifica en leyes y documentos técnicos. Busca “garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país”.

La actual regla fiscal se promulgó con la Ley 1473 de 2011, pero la modificó la reforma tributaria de Duque de 2021, con la que se limita la deuda pública al 71 % del PIB e indica que, idealmente, debe estar por debajo del 55 % del PIB (este límite sugerido denomina ancla de deuda).

La regla fiscal limita las políticas contracíclicas de choque, como se vio en la pandemia, pero estas políticas también se necesitan para fomentar el pleno empleo y la reindustrialización

Foto: Radio Nacional – La reforma tributaria del gobierno Duque modificó la regla fiscal y estableció un techo del 71 % del PIB para la deuda del país.

El fundamento teórico de este tipo de normas es la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, es decir, cubrir los gastos públicos sin dejar en “bancarrota” al siguiente gobierno. Fundamentalmente, se analiza en términos de incentivos: un gobierno gastará todo lo posible para cumplir sus compromisos políticos, pero no tiene incentivos para dejarle al siguiente gobierno unas finanzas equilibradas.

La regla fiscal tiene otro propósito: que pueda pagarse la deuda pública. El Estado financia muchas de sus inversiones emitiendo deuda; la regla fiscal garantiza a los inversionistas privados que se les pagarán la deuda y sus intereses.

Aplicación de reglas fiscales en el mundo

Las reglas fiscales no son una invención criolla —casi nunca lo son este tipo de medidas macroeconómicas—, se desarrollaron teóricamente desde la década de los ochenta, por cuenta de las crisis de deuda. En América Latina, se popularizaron en los noventa.

Se alinearon con otras recomendaciones macroeconómicas del Fondo Monetario Internacional: comparten el objetivo de garantizar estabilidad para las inversiones privadas —así se pasara por encima del acceso a servicios sociales, o de las políticas de promoción industrial o pleno empleo—.

Muchos países desarrollados o en desarrollo tienen regla fiscal, pero muchos la incumplen:

En 2021, 106 países del mundo habían adoptado reglas fiscales, incluyendo cerca de quince países en América Latina y el Caribe.

Al examinar la muestra global para el período 2000-2019, según el blog Ideas que Cuentan —del Banco Interamericano de Desarrollo—, “no hubo mucha diferencia en el crecimiento promedio de la deuda de los países durante períodos en los que se aplicó al menos una regla fiscal y períodos en los que no se aplicó ninguna […]. Menos de una tercera parte de los países en la región han logrado el cumplimiento de las reglas basadas en límites al gasto”.

Críticas de fondo a la regla fiscal

Desde diversas vertientes teóricas se ha criticado la regla fiscal colombiana.

Según Jorge Armando Rodríguez —exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional—, no se basa en variables observables, sino en una abstracción que puede manipularse contablemente: el concepto de balance primario neto estructural. Además, tolera una tasa “natural” de desempleo que, en teoría, debe existir.

Según corrientes postkeynesianas, centrarse solo en el déficit público es ignorar el impacto sobre el resto de la economía.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, hace una valoración parecida: “la definición del balance estructural implica que para su cálculo debe aislarse el efecto del ciclo económico y el ciclo minero energético, para lo cual es necesario realizar la estimación de variables como el PIB potencial, una variable no observable, y el precio del petróleo, una variable volátil y difícil de pronosticar”.

Otras críticas se centran en el límite de la deuda.  Según Salomón Kalmanovitz, Duque cambió como le convino la regla fiscal, diferenciando déficit deuda del gobiernoDiego Otero denuncia la limitada evidencia teórica y técnica para definir un nivel óptimo de deuda.

Según corrientes postkeynesianas, centrarse solo en el déficit público es ignorar el impacto sobre el resto de la economía. Reducir el déficit fiscal limita el ahorro, la inversión y la acumulación del sector privado, con impactos financieros sobre las empresas y los hogares: es una identidad contable. De hecho, limitar la deuda pública aumenta el endeudamiento privado como mecanismo de impulso económico.

La regla fiscal limita las políticas contracíclicas de choque, como se vio en la pandemia, pero estas políticas también se necesitan para fomentar el pleno empleo y la reindustrialización, e incluso para cumplir compromisos ambientales nacionales orientados hacia una economía baja en carbono.

El debate debe seguir

Es muy beneficioso que se cuestione la regla fiscal —uno de los intocables de la política macroeconómica, junto con la “independencia” del Banco de la República— y que lo hagan funcionarios del Gobierno nacional.

Se debería seguir el ejemplo de los congresistas que citaron la audiencia pública, así como abrir escenarios en universidades y centros de pensamiento para nutrir esta discusión.

Este debate es fundamental para decidir sobre impuestos y gasto público; más aún, será central para definir rumbos económicos alrededor del cambio de la estructura productiva, la industrialización del país, la transición energética y la búsqueda del pleno empleo. Sin cambios en la regla fiscal, la única política que se podrá seguir en el país es la confianza inversionista para el capital privado.

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Bonos de carbono: ¿negocio a costa de la vulneración de derechos?

Por Diego Cortes Valencia

Los bonos de carbono son mecanismos para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la realidad es mucho más compleja: ¿Qué hay detrás de esta medida? ¿Qué está pasando en Colombia?.

Amenaza a los pueblos indígenas

Dejusticia publicó un artículo titulado “Bonos de carbono, un mercado ambiental que amenaza a los pueblos indígenas”.

El artículo sintetiza el concepto que construyeron junto a la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, sobre la tutela presentada por el Consejo Indígena del Pirá Paraná y la Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales del Río Pirá Paraná (ACAIPI) contra la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques (Masbosques) y otros.

En pocas palabras, el artículo expone la violación de la autonomía indígena por parte de las empresas responsables de emisiones de bonos de carbono. Esta situación no es un caso aislado, sino que hace parte de un fenómeno internacional que se produce en varios países del sur global.

Los bonos

Los bonos de carbono son un mecanismo de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero (COequivalentes). Cada bono corresponde a una tonelada de equivalente de dióxido de carbono capturada o no emitida a la atmósfera.

Estos bonos son emitidos por las empresas que realizan las inversiones para garantizar la captura de carbono. Después son vendidos a las empresas que contaminan en distintas partes del mundo. Una medida que puede definirse como una solución del mercado financiero.

las compañías se aprovechan de las comunidades locales y, en último término, los más beneficiados son las empresas intermediarias y los compradores finales porque se sobrestima el valor real de las inversiones en bonos de carbono.

Un ejemplo es el protocolo de Kioto (1997), acuerdo internacional enfocado en compensar las actividades productivas de empresas que no reducen sus emisiones con un pago equivalente a su contaminación. También vale la pena recordar la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde se crearon los pagos por Resultados de Mitigación REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

Además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tales iniciativas promueven la conservación y la gestión sostenible de los bosques, en donde cada disminución de tonelada equivalente de COcorresponden a un bono.

Para 2021, existían cerca de 98 proyectos de este tipo en el territorio colombiano.

Las críticas a estos mecanismos de financiación contra el cambio climático son múltiples: el aprovechamiento de grandes empresas financieras sobre comunidades indígenas, negras o campesinas; las limitaciones de la autonomía de territorios soberanos de comunidades étnicas; la opaca efectividad de los bonos y la especulación financiera construida en el mercado de compra y venta de los bonos.

Negociaciones desequilibradas

Para emitir bonos de carbono, las empresas se acercan a zonas donde la captura de emisiones es factible mediante la protección de selvas y bosques y realizan contratos con las comunidades.

Debido a las características geográficas de estas zonas, la mayoría de la población suele ser comunidades indígenas. Se firman contratos de compensación ambiental para que las comunidades se comprometan a conservar la selva a cambio de recursos económicos. Buena parte de estas acciones se han concentrado en la región amazónica.

Aunque son contratos privados, es común la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas. Hoy hay denuncias de abuso abierto de las empresas en la negociación, como el impedimento a las comunidades de realizar un proceso de consulta previa medianamente responsable.

Por ejemplo, en 2021, las firmas colombianas Waldrettung y Vida Verde Ambiental S.A.S. intentaron firmar un contrato con el Resguardo Indígena Nukak Maku, ubicado en San José del Guaviare. Este intento fue denunciado varias veces, debido a la presión de las empresas para mantener la información confidencial; al parecer, las compañías prohibieron a los indígenas realizar una consulta jurídica. Aunque el proyecto no se concretó, esta situación expone algunas de las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas cuando negocian bonos de carbono.

Asimismo, por el lado del Consejo Indígena del Pirá Paraná, las denuncias tienen que ver con su autonomía como gobierno propio. Según Dejusticia, el Consejo afirmó que la corporación Masbosques y otras tres empresas no respetaron la autoridad ni los mecanismos de participación propios de los indígenas al utilizar una autorización falsa para llevar a cabo un proyecto REDD+ en el año 2021.

Saltarse las formas organizativas de los pueblos indígenas es una constante. La alcaldesa del municipio de Miraflores (Guaviare) denunció la existencia de proyectos en cinco resguardos indígenas, donde se han violado la autonomía y el gobierno propio. Además, precisó que no tienen copias de los contratos y no todos los resguardos del municipio firmaron, lo cual produce tensiones y conflictos entre los integrantes de las comunidades indígenas.

Algo muy similar sucedió en Nariño, donde el gobernador del resguardo de Cumbal firmó un proyecto de bonos de carbono sin informar a la comunidad.

En pocas palabras, es posible afirmar que, poco a poco, este tipo de situaciones resulta en una serie de prácticas injustas en la negociación del contrato, la ruptura del tejido social de las comunidades indígenas y el surgimiento de conflictos entre los resguardos.

Especulación con los bonos

Varias investigaciones concluyen que los bonos de carbono, en distintas regiones del continente, no tienen el valor que las empresas afirman.

Tal es el caso de Verra, empresa estadounidense y una de las compañías más importantes en materia de bonos de carbono. Patrick Greenfield, en The Guardian, informa que más del 90% de las compensaciones de carbono de la selva tropical que ha certificado Verra no tienen ningún valor. Además, los métodos de contabilidad del carbono forestal empleados por los desarrolladores fueron un 23% y un 30% más altas que las estimaciones del Berkeley Carbon Trading Project.

Algo muy parecido se ha denunciado a partir de las metodologías de valoración, donde se inflan los precios de los bonos que no tendrán efectos reales en el medio ambiente. Este tipo de prácticas se conocen como la venta de “aire caliente”.

Por ejemplo, en los proyectos Matavén y Kaliawiri, la empresa Primax Colombia S.A.S utilizó bonos de carbono para reducir el pago de impuestos y para que en el 2021 pudiera presentar deducciones de 25 millones de dólares. Con esta estrategia, se estarían sobreestimando los precios de los bonos y reduciendo los ingresos públicos que podrían destinarse a la lucha contra el cambio climático.

Además, la mayoría de estos bonos se emiten sobre zonas con bajos niveles de deforestación. Dicho de otro modo, están pagando por árboles que ya existían, mientras que en zonas de alta deforestación no se promueve ningún cambio significativo. De esta manera se estarían financiando acciones contra la deforestación que en la práctica no existen.

Foto: Cancillería – La mayoría de los bonos de carbono se emiten en zonas donde las presiones de deforestación son bajas.

Los bonos y la crisis climática

Los bonos son una respuesta de precios de mercado para las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, algunos integrantes de comunidades indígenas han puesto en tela de juicio la idea de asignar un valor de mercado específico a la conservación de la selva.

Las empresas emisoras y certificadoras ven la contaminación como una externalidad negativa de la explotación económica de los recursos —no como un límite ambiental que debe ser respetado por el modelo económico—. Así, en virtud de los bonos de carbono, las compañías tendrían el “derecho” de contaminar siempre que lo hagan a cambio de comprar en bonos el daño equivalente.

Pero en el contexto económico actual, esta medida aumenta la desigualdad entre quienes pueden mantener sus sistemas de producción extractivista y los países del sur global donde ese extractivismo supera el límite de tolerancia ambiental.

Además, las compañías se aprovechan de las comunidades locales y, en último término, los más beneficiados son las empresas intermediarias y los compradores finales porque se sobrestima el valor real de las inversiones en bonos de carbono.

Las anteriores denuncias sociales y técnicas demuestran que los bonos de carbono son mecanismos insuficientes para luchar contra el cambio climático. De hecho, pueden agravar la crisis si no existe una regulación clara y efectiva, tanto a nivel nacional como internacional.

No es posible que estas grandes empresas se aprovechen de su poder de mercado y de la falta de información de las tribus locales, como se pudo constatar en el caso de las comunidades indígenas de la región amazónica.

Qué hacer

El gobierno debe acelerar la reglamentación de este tipo de proyectos.

La regulación existente, que abre camino a estos mercados, no atiende la complejidad de las variables económicas, ambientales y sociales asociadas con la compra de bonos de carbono. En particular, la legislación vigente no exige estrictamente el desarrollo de consultas previas, lo cual viola los derechos de las comunidades étnicas.

Las empresas que ejecutan proyectos REDD+ atentan contra el gobierno propio de los pueblos indígenas. Por eso debe haber mejor acompañamiento estatal en los proyectos que se desarrollan en las regiones.

en el contexto económico actual, esta medida aumenta la desigualdad entre quienes pueden mantener sus sistemas de producción extractivista y los países del sur global donde ese extractivismo supera el límite de tolerancia ambiental.

El fortalecimiento del gobierno indígena debe empezar por formalizar las Entidades Territoriales Indígenas como parte de la estructura político-administrativa del país, tal como ordena el artículo 286 de la Constitución. Dicho proceso podrá llevarse a cabo con el cumplimiento del Decreto Ley 632 de 2018, específicamente, por medio de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.

El Estado debe exigir transparencia en los procesos contractuales, las metas, las metodologías de valoración y el cumplimiento de reducción de emisiones, aunque los contratos sean entre entes privados. Será preciso estudiar el impacto de nuevas condiciones sobre la seguridad jurídica, para evitar demandas de las multinacionales amparadas en los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Internacionales de Inversión.

Por último, el gobierno debe clarificar el papel que tendrán los distintos mecanismos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. También debe precisar cómo se tomarán las medidas para reducir los impactos negativos en términos económicos y sociales en las poblaciones más vulnerables del país.

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Le llegó la hora a la reforma laboral

Carlos Mario Acero Castellanos*

El proyecto inicial

El gobierno nacional ha superado temporalmente la crisis de mayorías en el Congreso para aprobar sus reformas. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó casi por completo la reforma de la salud la semana pasada, lo cual sugiere que se abrirá espacio en la agenda para debatir la reforma laboral.

La propuesta de cambiar las reglas laborales presentada por Petro y la ministra Gloria Inés Ramírez, recuperaría los derechos que se les han quitado a los trabajadores colombianos desde la década de 1990 debido a las medidas de apertura económica.

En general, la reforma recupera derechos que han sido violados. Pero las modificaciones al proyecto original del gobierno son menos ambiciosas. Por eso   importa revisar los recortes sugeridos y analizar los efectos de la reforma para las MiPyMes, así como resaltar el capítulo de derechos colectivos.

Los recortes

El texto de la reforma que se discutirá establece que la jornada diurna no termina ni a las 9 pm (gobierno Duque) ni a las 10 pm (gobierno Uribe), sino a las 7 pm.

La propuesta inicial acogía el reclamo de las centrales obreras durante tres décadas y la promesa de campaña del gobierno actual de establecer la jornada diurna de 6 a 6, como era antes de 2002.

En general, la reforma recupera derechos que han sido violados. Pero las modificaciones al proyecto original del gobierno son menos ambiciosas. Por eso importa revisar los recortes sugeridos y analizar los efectos de la reforma para las MiPyMes, así como resaltar el capítulo de derechos colectivos.

Foto: Integración Social – La reforma laboral busca eliminar los mecanismos antisindicales que se volvieron ley en Colombia.

La ponencia presentada para el primer debate reduce la importancia del contrato a término indefinido. El nuevo texto permite distintas formas de contratación a término fijo, incluso si el trabajo no responde a “tareas de naturaleza temporal”. Esto debilita la estabilidad laboral con el tiempo.

La ponencia también afecta negativamente el derecho de estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad. Actualmente, estas personas solo pueden ser despedidas con la autorización del inspector de trabajo, quien verifica que el despido no sea discriminatorio. La reforma inicialmente mantenía esta protección, pero ahora elimina el requisito de autorización, lo cual perjudica a las personas con discapacidad que tienen más dificultades para encontrar otro empleo.

Finalmente, el inconveniente artículo 72 de la propuesta original no se eliminó, aunque permita que los aumentos salariales en el sector público solo sean aplicables a quienes ganen hasta dos salarios mínimos. Esta medida es regresiva para el derecho al reajuste salarial de los empleados estatales y crea una especie de escalafón que divide los intereses de los trabajadores al negociar sus salarios y beneficios laborales con el Estado.

Mipymes

Las MiPyMes son el 99,2% de las empresas colombianas, (Confecamaras, 2020), generan el 80% de empleo formal y aportan el 35% del PIB nacional (ACOPI, 2022).

La reforma laboral desincentiva los mecanismos flexibles de contratación, como los contratos civiles y los contratos temporales. Estas formas de contratación se han utilizado ampliamente para reducir las garantías laborales, pero también han sido una herramienta, discutible pero útil, para que las MiPyMes puedan reducir los costos laborales.

La reforma laboral no ignora las preocupaciones de las MiPyMes. En realidad, establece mecanismos especiales y flexibles para ellas en cuanto a sanciones por comportamientos antisindicales y la extensión de obligaciones derivadas de acuerdos colectivos.

La Asociación Colombiana de las MiPyMes Nacionales (ACOPI) sigue solicitando mecanismos diferenciados —que en efecto, son escasos—. La reforma debería incluir beneficios para estas empresas, como mayores subsidios por la creación de empleo en MiPyMes.

Una opción es ampliar el alcance de uno de los artículos del Plan de Desarrollo recientemente aprobado. También se puede contemplar un periodo de transición para que las políticas de reindustrialización del gobierno fortalezcan a estas empresas y les permitan asumir las nuevas cargas, o promover la reducción de costos no laborales, como una tarifa diferencial de impuesto de renta para estas empresas.

Avance en derechos colectivos

La reforma se propone mejorar los derechos colectivos o sindicales y armonizarlos con estándares internacionales. En Colombia, la tasa de sindicalización es baja, no supera el 5%, y existen numerosos casos de estigmatización de los sindicatos.

El Código Sustantivo del Trabajo ha legalizado mecanismos que desalientan la formación y el fortalecimiento de los sindicatos. Estos mecanismos incluyen los contratos sindicales y los pactos colectivos.

Las centrales obreras, como la CUT, CGT y CTC, junto con la Comisión de Expertos en Aplicación y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Constitucional, han señalado el uso antisindical de estas figuras legales. Algunas sentencias relevantes en este sentido son la T-690 de 1998, SU-569 de 1998 y T-100 de 2008.

En general, se trata de contratos que los empleadores realizan con sindicatos patronales o grupos de trabajadores no sindicalizados, en los cuales se establecen condiciones más favorables en comparación con los contratos de los sectores sindicalizados. Estos mecanismos tienen como consecuencia el desprestigio de los sindicatos y la división de los intereses de los trabajadores.

La Escuela Nacional Sindical ha proporcionado datos sobre las negociaciones laborales. Entre 1994 y 2000, las convenciones colectivas celebradas entre empresas y sindicatos representaban el 64,1% de las negociaciones. Sin embargo, en la década de 2011 a 2021, esta cifra disminuyó significativamente, representando solo el 15,8% de las negociaciones.

Por otro lado, el mecanismo de contrato sindical tuvo un cambio drástico en su participación. En el período de 1994 a 2000, representaba solo el 0,2% de las negociaciones laborales. Sin embargo, en la década de 2011 a 2021, esta cifra aumentó y llegó a representar el 66,6% de las mismas.

La Asociación Colombiana de las MiPyMes Nacionales (ACOPI) sigue solicitando mecanismos diferenciados —que en efecto, son escasos —. La reforma debería incluir beneficios para estas empresas, como mayores subsidios por la creación de empleo en MiPyMes.

En resumen, la reforma laboral se enfoca en eliminar los mecanismos antisindicales que se convirtieron en leyes y prácticas en Colombia. Además, se han logrado avances en la ampliación de los derechos colectivos de trabajo al armonizar la legislación nacional con el Convenio 87 de la OIT, que permite a las federaciones y centrales sindicales ejercer el derecho a la huelga.

Por otro lado, la reforma legaliza las huelgas en conflictos no empresariales, lo cual rompe con la idea de que los sindicatos solo deben preocuparse por sus propios privilegios y no por el bienestar de toda la sociedad.

En la reforma también se reconoce el derecho a la huelga en servicios esenciales, pero se establecen límites razonables. Además, se incluyen nuevas conductas que pueden ser sancionadas si afectan a las organizaciones sindicales. También se reconoce la estabilidad laboral reforzada para aquellos que participan en procesos de negociación colectiva, protegiéndolos de posibles sanciones por defender derechos colectivos.

El Congreso debatirá la reforma laboral en las próximas semanas. Aunque las centrales obreras respaldan ampliamente la reforma, será importante corregir ciertas modificaciones y mantener la concertación con las MiPyMes, que están legítimamente preocupadas por los efectos de la iniciativa.

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El mito del alza en los combustibles

José Daniel Saade Figueroa*

Empresa pública manejada como empresa privada

La fórmula para calcular el precio de la gasolina en Colombia se basa en la premisa de garantizar el precio máximo a Ecopetrol, bajo el supuesto de que la gasolina podría venderse más cara por fuera del país. Con esta fórmula se garantiza el abastecimiento del mercado nacional.

En términos de economía política, la fórmula expresa los cambios en la propiedad de Ecopetrol, la empresa pública más importante de Colombia, que no escapa a los vientos privatizadores: Ecopetrol es hoy una empresa mixta: 89% pública y 11% privada.

Los accionistas privados se vinculan con el mundo de las finanzas internacionales. De allí el poder que hoy tienen en la economía global, cuyo motor principal es la prelación del sector financiero, o la llamada “financiarización”.

De modo paralelo con los cambios en la propiedad de la empresa está la idea de la llamada “endoprivatización”, o adopción de prácticas empresariales, gerenciales y administrativas del sector privado en el sector público. De aquí el olvido de la función social inherente a una empresa pública como Ecopetrol y la decisión de manejarla como un negocio más.

El nuevo ministro

Ricardo Bonilla, nuevo ministro de Hacienda, fue presentado como parte del cambio hacia la “izquierda” del gobierno. Parecía que con él temblarían los mercados, pues llegó alguien que no daba la tranquilidad de José Antonio Ocampo.

Sin embargo, lo primero que hizo el ministro Bonilla fue aumentar el precio de la gasolina, siguiendo la misma fórmula de sus antecesores. Un anuncio claro para todo el establecimiento económico y, en especial, para los gremios afectados por el alza.

“Mientras en Hacienda parecen estar muy tradicionales, la no muy célebre Irene Vélez, ministra de Minas, propone al país un camino distinto: considerar una tarifa diferencial en el precio de la gasolina.”

Foto: Twitter: Ministerio de Minas y Energía – Aunque la propuesta de tarifa diferencial de la ministra de Minas y Energía es refrescante, carece de rigor.

De esta y otras maneras, Bonilla muestra ser más ortodoxo que su antecesor. Si bien el exministro Ocampo no fue el funcionario más progresista, al menos muestra una faceta lejana del fundamentalismo de mercado en sus obras académicas.

Bonilla realmente es, ante todo, un escudero del presidente Petro. En el mundo económico los más generosos lo clasifican como un keynesiano de manual, otros recuerdan su juventud en huestes trotskistas, algo bien efímero, pero lo curioso, y que en verdad lo define, es que es un ortodoxo muy petrista.

Opiniones encontradas

Ahora bien, todo en el gobierno de Petro parece mostrar una disputa por el sentido y profundidad de los cambios. Este tema no es la excepción.

Mientras en Hacienda parecen estar muy tradicionales, la no muy célebre Irene Vélez, ministra de Minas, propone al país un camino distinto: considerar una tarifa diferencial en el precio de la gasolina.

¿Qué tan sensatas son las dos opciones? Existe un problema financiero real, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FPEC), que está en alrededor de 30 billones de pesos, un poco más del recaudo de una reforma tributaria. Bajo estas circunstancias, la opción tradicional es aumentar el precio del combustible y anunciar que habrá que seguir subiéndolo.

Este es el argumento de la corriente principal y es la razón por la cual todos los economistas ortodoxos celebran los anuncios del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, los políticos se resisten a adoptar esa estrategia porque   evidentemente no es una medida popular.

Y, como sucede a menudo en cuestiones económicas, una cosa es la aproximación de un libro de texto y otra los debates e impactos sociales de la medida. Por eso inquieta la respuesta de algunos sectores de la coalición de gobierno, quienes defienden la medida de Bonilla.

La maniobra contable

De todas maneras, ambos argumentos omiten el punto medular: la muy dudosa contabilidad del déficit que resulta de las diferencias en precios nacionales y los internacionales, que según la ley deben ser cubiertas por el FEPC.

Se trata de un subsidio a Ecopetrol por su costo de oportunidad al vender en Colombia en lugar de exportar todo el combustible. Pero el subsidio se paga con recursos públicos, que al final alimentan las utilidades de la empresa pública, donde el accionista mayoritario es el Estado y vuelve a ser parte del presupuesto nacional. Se saca de un bolsillo, para meterlo en otro, y después devolverlo.

Eso sí, con impactos contables que le sacan el quite a la regla fiscal porque la plata en cuestión no aumenta el gasto publico total.

Hoy por hoy el 70% del consumo de combustible del país se produce en el país y los impuestos equivalen al 25% del precio. Así, el aumento pensado en 600 pesos y la escalada prevista hasta llegar a un precio de 16.000 pesos galón serán mucho más costosos para la sociedad de lo que admiten los economistas ortodoxos.

La idea de que un manejo económico adecuado no necesariamente riñe con apuestas sociales es un anatema para la corriente económica principal.

Ajustando la fórmula

Por eso es necesario analizar a fondo la fórmula para calcular el precio de la gasolina en Colombia. Esta fórmula es más un dogma favorable para los inversionistas privados que un instrumento útil para el bienestar de los colombianos.

El nombre técnico de la fórmula actual es “metodología del ingreso para el producto”. De esta manera el ingreso al productor es igual al costo internacional de los combustibles en el Golfo de México de Estados Unidos, suponiendo que Colombia es un exportador de gasolina, diésel y fuel oil. Es decir, no se toman en cuenta los costos nacionales sino los internacionales que dependen de los vaivenes geopolíticos y de las distintas situaciones de costo según el país.

La fórmula anterior no es el único camino, y por esto el gobierno debería considerar otras opciones. Lo principal es incluir factores internos como el costo de refinación, las utilidades para Ecopetrol, la competencia entre las empresas distribuidoras y los impuestos específicos que recauda el Estado.

“Por eso es necesario analizar a fondo la fórmula para calcular el precio de la gasolina en Colombia. Esta fórmula es más un dogma favorable para los inversionistas privados que un instrumento útil para el bienestar de los colombianos.”

Diego Otero planteó una ruta para cambiar la fórmula del precio y un conjunto de medidas que no golpearán más los bolsillos de la población. En síntesis, ese camino consiste en:

  1. Abandonar las referencias internacionales para establecer el ingreso al productor.
  2. Utilizar el costo promedio interno de producción.
  3. Crear un fondo para financiar pensiones o para emergencias.
  4. Crear nuevos ingresos para el gobierno central.

Tiempo de cambio

Por todo lo anterior parece refrescante la idea de una tarifa diferencial que propone la ministra de Minas. No obstante, como otras bien intencionadas ideas del gobierno, la falta de rigor y técnica matan la idea antes siquiera de considerar su ejecución.

Para Colombia será mejor la coherencia de un gobierno que dice tener en el centro de su atención al pueblo y que ante todo trabaja sobre la idea de transformar el país.

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