Los bonos de carbono son mecanismos para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la realidad es mucho más compleja: ¿Qué hay detrás de esta medida? ¿Qué está pasando en Colombia?.
Amenaza a los pueblos indígenas
Dejusticia publicó un artículo titulado “Bonos de carbono, un mercado ambiental que amenaza a los pueblos indígenas”.
El artículo sintetiza el concepto que construyeron junto a la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, sobre la tutela presentada por el Consejo Indígena del Pirá Paraná y la Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales del Río Pirá Paraná (ACAIPI) contra la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques (Masbosques) y otros.
En pocas palabras, el artículo expone la violación de la autonomía indígena por parte de las empresas responsables de emisiones de bonos de carbono. Esta situación no es un caso aislado, sino que hace parte de un fenómeno internacional que se produce en varios países del sur global.
Los bonos
Los bonos de carbono son un mecanismo de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2 equivalentes). Cada bono corresponde a una tonelada de equivalente de dióxido de carbono capturada o no emitida a la atmósfera.
Estos bonos son emitidos por las empresas que realizan las inversiones para garantizar la captura de carbono. Después son vendidos a las empresas que contaminan en distintas partes del mundo. Una medida que puede definirse como una solución del mercado financiero.
las compañías se aprovechan de las comunidades locales y, en último término, los más beneficiados son las empresas intermediarias y los compradores finales porque se sobrestima el valor real de las inversiones en bonos de carbono.
Un ejemplo es el protocolo de Kioto (1997), acuerdo internacional enfocado en compensar las actividades productivas de empresas que no reducen sus emisiones con un pago equivalente a su contaminación. También vale la pena recordar la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde se crearon los pagos por Resultados de Mitigación REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).
Además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tales iniciativas promueven la conservación y la gestión sostenible de los bosques, en donde cada disminución de tonelada equivalente de CO2 corresponden a un bono.
Para 2021, existían cerca de 98 proyectos de este tipo en el territorio colombiano.
Las críticas a estos mecanismos de financiación contra el cambio climático son múltiples: el aprovechamiento de grandes empresas financieras sobre comunidades indígenas, negras o campesinas; las limitaciones de la autonomía de territorios soberanos de comunidades étnicas; la opaca efectividad de los bonos y la especulación financiera construida en el mercado de compra y venta de los bonos.
Negociaciones desequilibradas
Para emitir bonos de carbono, las empresas se acercan a zonas donde la captura de emisiones es factible mediante la protección de selvas y bosques y realizan contratos con las comunidades.
Debido a las características geográficas de estas zonas, la mayoría de la población suele ser comunidades indígenas. Se firman contratos de compensación ambiental para que las comunidades se comprometan a conservar la selva a cambio de recursos económicos. Buena parte de estas acciones se han concentrado en la región amazónica.
Aunque son contratos privados, es común la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas. Hoy hay denuncias de abuso abierto de las empresas en la negociación, como el impedimento a las comunidades de realizar un proceso de consulta previa medianamente responsable.
Por ejemplo, en 2021, las firmas colombianas Waldrettung y Vida Verde Ambiental S.A.S. intentaron firmar un contrato con el Resguardo Indígena Nukak Maku, ubicado en San José del Guaviare. Este intento fue denunciado varias veces, debido a la presión de las empresas para mantener la información confidencial; al parecer, las compañías prohibieron a los indígenas realizar una consulta jurídica. Aunque el proyecto no se concretó, esta situación expone algunas de las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas cuando negocian bonos de carbono.
Asimismo, por el lado del Consejo Indígena del Pirá Paraná, las denuncias tienen que ver con su autonomía como gobierno propio. Según Dejusticia, el Consejo afirmó que la corporación Masbosques y otras tres empresas no respetaron la autoridad ni los mecanismos de participación propios de los indígenas al utilizar una autorización falsa para llevar a cabo un proyecto REDD+ en el año 2021.
Saltarse las formas organizativas de los pueblos indígenas es una constante. La alcaldesa del municipio de Miraflores (Guaviare) denunció la existencia de proyectos en cinco resguardos indígenas, donde se han violado la autonomía y el gobierno propio. Además, precisó que no tienen copias de los contratos y no todos los resguardos del municipio firmaron, lo cual produce tensiones y conflictos entre los integrantes de las comunidades indígenas.
Algo muy similar sucedió en Nariño, donde el gobernador del resguardo de Cumbal firmó un proyecto de bonos de carbono sin informar a la comunidad.
En pocas palabras, es posible afirmar que, poco a poco, este tipo de situaciones resulta en una serie de prácticas injustas en la negociación del contrato, la ruptura del tejido social de las comunidades indígenas y el surgimiento de conflictos entre los resguardos.
Especulación con los bonos
Varias investigaciones concluyen que los bonos de carbono, en distintas regiones del continente, no tienen el valor que las empresas afirman.
Tal es el caso de Verra, empresa estadounidense y una de las compañías más importantes en materia de bonos de carbono. Patrick Greenfield, en The Guardian, informa que más del 90% de las compensaciones de carbono de la selva tropical que ha certificado Verra no tienen ningún valor. Además, los métodos de contabilidad del carbono forestal empleados por los desarrolladores fueron un 23% y un 30% más altas que las estimaciones del Berkeley Carbon Trading Project.
Algo muy parecido se ha denunciado a partir de las metodologías de valoración, donde se inflan los precios de los bonos que no tendrán efectos reales en el medio ambiente. Este tipo de prácticas se conocen como la venta de “aire caliente”.
Por ejemplo, en los proyectos Matavén y Kaliawiri, la empresa Primax Colombia S.A.S utilizó bonos de carbono para reducir el pago de impuestos y para que en el 2021 pudiera presentar deducciones de 25 millones de dólares. Con esta estrategia, se estarían sobreestimando los precios de los bonos y reduciendo los ingresos públicos que podrían destinarse a la lucha contra el cambio climático.
Además, la mayoría de estos bonos se emiten sobre zonas con bajos niveles de deforestación. Dicho de otro modo, están pagando por árboles que ya existían, mientras que en zonas de alta deforestación no se promueve ningún cambio significativo. De esta manera se estarían financiando acciones contra la deforestación que en la práctica no existen.
Foto: Cancillería – La mayoría de los bonos de carbono se emiten en zonas donde las presiones de deforestación son bajas.
Los bonos y la crisis climática
Los bonos son una respuesta de precios de mercado para las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, algunos integrantes de comunidades indígenas han puesto en tela de juicio la idea de asignar un valor de mercado específico a la conservación de la selva.
Las empresas emisoras y certificadoras ven la contaminación como una externalidad negativa de la explotación económica de los recursos —no como un límite ambiental que debe ser respetado por el modelo económico—. Así, en virtud de los bonos de carbono, las compañías tendrían el “derecho” de contaminar siempre que lo hagan a cambio de comprar en bonos el daño equivalente.
Pero en el contexto económico actual, esta medida aumenta la desigualdad entre quienes pueden mantener sus sistemas de producción extractivista y los países del sur global donde ese extractivismo supera el límite de tolerancia ambiental.
Además, las compañías se aprovechan de las comunidades locales y, en último término, los más beneficiados son las empresas intermediarias y los compradores finales porque se sobrestima el valor real de las inversiones en bonos de carbono.
Las anteriores denuncias sociales y técnicas demuestran que los bonos de carbono son mecanismos insuficientes para luchar contra el cambio climático. De hecho, pueden agravar la crisis si no existe una regulación clara y efectiva, tanto a nivel nacional como internacional.
No es posible que estas grandes empresas se aprovechen de su poder de mercado y de la falta de información de las tribus locales, como se pudo constatar en el caso de las comunidades indígenas de la región amazónica.
Qué hacer
El gobierno debe acelerar la reglamentación de este tipo de proyectos.
La regulación existente, que abre camino a estos mercados, no atiende la complejidad de las variables económicas, ambientales y sociales asociadas con la compra de bonos de carbono. En particular, la legislación vigente no exige estrictamente el desarrollo de consultas previas, lo cual viola los derechos de las comunidades étnicas.
Las empresas que ejecutan proyectos REDD+ atentan contra el gobierno propio de los pueblos indígenas. Por eso debe haber mejor acompañamiento estatal en los proyectos que se desarrollan en las regiones.
en el contexto económico actual, esta medida aumenta la desigualdad entre quienes pueden mantener sus sistemas de producción extractivista y los países del sur global donde ese extractivismo supera el límite de tolerancia ambiental.
El fortalecimiento del gobierno indígena debe empezar por formalizar las Entidades Territoriales Indígenas como parte de la estructura político-administrativa del país, tal como ordena el artículo 286 de la Constitución. Dicho proceso podrá llevarse a cabo con el cumplimiento del Decreto Ley 632 de 2018, específicamente, por medio de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.
El Estado debe exigir transparencia en los procesos contractuales, las metas, las metodologías de valoración y el cumplimiento de reducción de emisiones, aunque los contratos sean entre entes privados. Será preciso estudiar el impacto de nuevas condiciones sobre la seguridad jurídica, para evitar demandas de las multinacionales amparadas en los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Internacionales de Inversión.
Por último, el gobierno debe clarificar el papel que tendrán los distintos mecanismos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. También debe precisar cómo se tomarán las medidas para reducir los impactos negativos en términos económicos y sociales en las poblaciones más vulnerables del país.
