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Razón Pública

El -falso- enemigo común de Trump y Kamala

Igual que su hegemonía global, la democracia de Estados Unidos se encuentra en retroceso. La campaña electoral en curso es una fiel radiografía de las complicaciones vive la poderosa nación del norte de América.

Las candidaturas del republicano Donald Trump y de la demócrata Kamala Harris tienen diferencias, especialmente en materia de política interna. Sin embargo, ambas compiten en la opinión pública por demostrar quién tiene la mano más dura y eficiente en contra de la migración.

Trump insiste en su discurso de odio contra la población migrante, celebra las medidas fascistas de algunos gobernadores de los Estados de frontera que consisten en desollar a las personas que cruzan el Río Bravo e insiste en terminar la construcción del muro, tarea en la que fue muy discursivo pero poco efectivo en su periodo presidencial. Además, crea la narrativa de que Estados Unidos ha sido invadida como nunca antes por hordas de inmigrantes con antecedentes judiciales, afirmación falsa.

Por su parte, el partido Demócrata se esfuerza por demostrar que la narrativa de Trump es simplemente eso, una narrativa, pero no controvierte su visión antiinmigración, pues desecha el discurso en defensa del sueño americano y de que son un país orgullosamente construido por migrantes.

La administración Biden, que hoy impulsa a Harris, prefiere caer en el antipático marco conceptual de Trump para discutir que ha sido más eficiente que su antecesor en el control migratorio. Y no son menores las cifras que están del lado de Biden y Harris, puesto que gracias al sistema CBP One se han logrado reducciones de más del 50% de los cruces fronterizos y conseguido números de captura de migrantes indocumentados semejantes a los de septiembre de 2020.

La ONG Human Rights Watch ha alertado sobre los efectos negativos de estas políticas en contra del derecho humano al asilo, así como de la contribución de las mismas al incremento de ataques sistemáticos en contra de las personas migrantes por parte de carteles en México y funcionarios de gobierno.

La “guerra contra la migración”, que es el marco de la campaña, resulta ideal para que las élites republicanas y demócratas escondan los problemas estructurales que padece la sociedad.

En Estados Unidos la concentración de riqueza y el crecimiento de la pobreza en Estados Unidos son escandalosas. El 50% más pobre de la población de EE.UU. posee solo el 1,5% de la riqueza privada del país, mientras la élite de billonarios se consolida cada vez más. Desde 2021 la desigualdad ha incrementado en 3,2% y el ingreso promedio de la población ha decrecido 0,7% cada año desde 1979.

Mientras que Elon Musk está a punto de hacer realidad su sueño de viajar a Marte, el 65% de la población se duerme sin saber qué comerá el día siguiente.

Las campañas prefieren apuntar a las personas migrantes antes que desmontar los grandes privilegios de los billonarios, pues en gran medida dependen de estos para financiar sus candidaturas.

Hasta su retiro la campaña de Biden había sido financiada casi en 60% por grandes corporaciones. LinkedIn, PayPal, Netflix, en general, grandes corredores de bolsa y fondos privados de inversiones se destacan entre los donantes.

Por su parte, Trump no oculta su deseo por aumentar los topes de la financiación privada en las campañas y reducir la tasa efectiva de tributación de los grandes contribuyentes. Trump defiende la concentración de la riqueza y la democracia en pocas manos.

No es un secreto que las donaciones se convierten en transacciones para el lobby y la regulación favorable a las grandes corporaciones, así sean en detrimento de los intereses del pueblo. El Senador Bernie Sanders denunció que el billonario Reid Hoffman donó 7 millones de dólares a la campaña de Harris y, a modo de contraprestación, pidió retirar a una funcionaria de la administración Biden que le incomoda.

La política exterior de Estados Unidos es bipartidista y en líneas gruesas será semejante con Harris o Trump. Ambas candidaturas se van a esmerar por mantener la decadente hegemonía estadounidense en el concierto internacional. Pero definitivamente asuntos como el genocidio de Israel en Palestina seguirán teniendo el respaldo del Despacho Oval.

Aunque Kamala tenga un tono menos reaccionario su posición ha sido clara en respaldar a Israel en la ofensiva militar. A su administración le han sobrado casos en los que le da la espalda al derecho internacional para terminar la guerra y el jueves recibió a Netanyahu en Washington.

Por supuesto las candidaturas son distintas y en asuntos domésticos representan algunas causas contradictorias. Trump raya con el fascismo populista y Harris levanta ciertas banderas progresistas. Pero las dos campañas coinciden en apuntar al -falso- enemigo antes que abordar los profundos problemas que aquejan a la sociedad estadounidense.

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Calientan motores: las propuestas de reforma a la salud

Escrito por:  Andres Salcedo Pinzon

¿En qué estamos con la salud?

Estamos presenciando cómo se agudizan los problemas profundos del sistema de salud. Los intentos fallidos del Gobierno Nacional por cambiarlo tampoco ayudaron. En su afán por sacar titulares en los medios de comunicación que dijeran «Se aprobó la reforma a la salud», el Gobierno cedió en aspectos fundamentales. Por esto el documento propuesto no daba solución a los principales problemas de nuestro sistema. 

En medio del debate nunca se presentó un documento serio para justificar de dónde saldría el dinero para ejecutar los cambios. Además, el documento terminó siendo garantista con las empresas de intermediación financiera, las famosas EPS, que en el pasado tanto criticaban. Qué incoherencia, ¿no?

Por su parte, nuestro sistema de salud ha logrado una cobertura de casi el 95% de la población y tenemos un gasto de bolsillo de apenas del 14%, y demuestra que los colombianos no deben endeudarse para pagar las atenciones en salud como en otras partes del mundo. Sin embargo, el aumento exorbitante en el número de PQRS, las intervenciones administrativas a las EPS y la precarización laboral de los trabajadores de la salud, que parece no acabar, son ejemplos que muestran la urgencia de un cambio en el sistema, pero bien hecho.

Ahora, si usted siente pánico y no sabe qué va a pasar con su salud, le cuento que, nuevamente, en el Congreso de la República se va a radicar una nueva reforma. Hasta el momento, se sabe que, de las dos iniciativas, una proviene del grupo Acuerdos Fundamentales y la otra del Gobierno Nacional.

La propuesta de los gremios de la salud  

El grupo Acuerdos Fundamentales presenta una propuesta al país para reorganizar el Sistema de Salud. Los puntos más importantes son los siguientes:

    • Funciones adicionales al Consejo Nacional de Salud: El Consejo Nacional de Salud (CNS), conformado por diferentes actores del sistema de salud, definirá la metodología de cálculo de la UPC a través de un estudio independiente y, adicionalmente, definirá el aumento de este cada año.
  • EPS se convierten en Entidades Gestoras de Salud (EGS): Las EPS ya no manejarán el dinero de la salud. Se convertirán en gestoras que estarán a cargo de contratar servicios con hospitales, auditar cuentas, vincular afiliados y representarlos ante hospitales en el proceso de atención. Se hará un estudio independiente para determinar cuál es el dinero que deben recibir por las funciones que cumplirían.
  • Giro directo y riesgo financiero: ADRES se ubica como el pagador único del sistema de salud, haciendo transferencias a las IPS según la gestora verifica las atenciones y autoriza el pago. ADRES asume el riesgo financiero del sistema, garantizando que los recursos alcancen para el tiempo proyectado, inyectando dinero cuando haga falta.
  • Régimen laboral especial para trabajadores de la salud: Los profesionales de la salud en instituciones públicas, privadas o mixtas deberán ser vinculados laboralmente bajo contrato de trabajo, no más orden de prestación de servicios. La remuneración tendrá en cuenta el nivel de formación, antigüedad, entre otros.
  • Presupuesto de los hospitales públicos: Se garantiza que con el Presupuesto de la Nación, anualmente se destinará un monto para la formalización laboral de los trabajadores por OPS de estos hospitales.
  • Conformación de Redes Integrales e Integradas de Atención: Las IPS se organizarán a través de redes, desde el primer nivel de atención (CAPS) hasta la más alta complejidad.
  • Examen nacional de residencias médicas: Para garantizar transparencia en el acceso a especialidades médico-quirúrgicas y de salud pública, se establecerá un Examen Único Habilitante. Las IES determinan los criterios definitivos, pero deben tener en cuenta el examen.
  • Política Farmacéutica Nacional: En concordancia con lo establecido en la Ley Estatutaria de Salud, se desarrollará una política farmacéutica que promueva la autonomía sanitaria de Colombia.

La propuesta del Gobierno Nacional 

La propuesta de reforma de Gobierno Nacional mantiene, en lo fundamental, algunos aspectos del documento que se hundió en la Comisión Séptima del Senado:

  • Funciones del Consejo Nacional de Salud: Estará conformado por seis entidades del Estado y otros miembros de la sociedad civil, sin superar los 15 integrantes. Sin embargo, continúa siendo una figura que emite meras recomendaciones.
  • Transformación de EPS en Gestoras de Salud: Las EPS se transformarán en Gestoras de Salud y Vida (EGSVI), realizando la auditoría de cuentas médicas, entre otras funciones. De entrada, se les pagará el 5% de la UPC como remuneración por sus funciones y podrían ganar hasta un 3% adicional como incentivo.
  • Giro directo y contratación: ADRES asume el papel de pagador único en el sistema de salud. ADRES sería la entidad encargada de contratar con las IPS que deseen hacer parte de las Redes Integrales de Servicios de Salud.
  • Pago de servicios de salud: Las IPS y proveedores deben presentar cuentas de servicios prestados ante ADRES, que desembolsa mínimo el 85% en un plazo no mayor a 30 días desde la fecha en que el servicio fue prestado. El restante es pagado después de la auditoría realizada por la Gestora.
  • Dirección y administración de hospitales públicos: La dirección y administración estarán a cargo de un Consejo Directivo y un director. Plantea la implementación de un examen para la escogencia del director del hospital, pero el nombramiento recaerá en el alcalde, gobernador o su delegado.
  • Régimen especial laboral para trabajadores públicos del sector salud: Contempla un régimen especial laboral únicamente para el Talento Humano en Salud del sector público, con un sistema de ascenso y movilidad en carrera administrativa.
  • Régimen de transición: Aunque la propuesta establece más de 10 puntos para un eventual régimen de transición, no establece un periodo de tiempo determinado para esto.

¿Conclusiones?

En ambas propuestas, se reconoce que la intermediación financiera de los dineros de la salud por parte de las EPS ya no puede.

Usted acaba de ver un breve resumen de los puntos más importantes de las dos propuestas de reforma a la salud. En los próximos días, estas serán radicadas oficialmente en el Congreso de la República para su respectivo trámite.

Es indudable que, en ambas propuestas, se reconoce que la intermediación financiera de los dineros de la salud por parte de las EPS ya no puede. Teniendo en cuenta los antecedentes de malos manejos efectuados por estas entidades, como el caso Saludcoop o la cantidad de EPS que han sido liquidadas, desde el Gobierno de Andrés Pastrana hasta el actual.

Tanto en la propuesta de Acuerdos Fundamentales como en la del Gobierno existen diferencias que pueden perderse en el mar de palabras de cada documento, pero que las hacen diametralmente distintas. 

Por ejemplo, quienes serían los encargados de realizar los contratos para prestación de servicios con las IPS, los presupuestos de los hospitales públicos, la formalización laboral de los trabajadores públicos de la salud, las funciones del Consejo Nacional de Salud, la financiación de la salud pública y atención primaria, entre otros.

Sorprende que en la propuesta del Gobierno se mantengan artículos que fueron fuertemente criticados en el pasado, como el pago de mínimo el 85% del valor de una cuenta por parte de ADRES a las IPS. Sin duda alguna, hospitales y clínicas sufren por la falta de pagos efectivos de los servicios que ya han prestado a los afiliados al sistema de salud. Sin embargo, no sería adecuado transferir hasta el valor total de una cuenta sin un mínimo de auditoría previa. 

Inquieta que el Gobierno continúe siendo tan garantista con las antiguas EPS (ahora Gestoras) al decidir darles de tajo el 5% de la UPC por sus funciones y hasta un 3% adicional en incentivos, sin un estudio previo para conocer cuánto dinero deben ganar.

Adicionalmente, no se percibe sencillo, como ha explicado el director de ADRES, Félix Martínez, que en caso de detectar que han pagado más de lo debido en una IPS, en la siguiente le descuentan el dinero extra transferido, considerando que anualmente en el país se generan 156 millones de cuentas médicas cada año

Inquieta que el Gobierno continúe siendo tan garantista con las antiguas EPS (ahora Gestoras) al decidir darles de tajo el 5% de la UPC por sus funciones y hasta un 3% adicional en incentivos, sin un estudio previo para conocer cuánto dinero deben ganar. Según el concepto de impacto fiscal de MinHacienda, en promedio se les podría llegar a dar a las Gestoras hasta $29 billones de pesos únicamente por incentivos. Ese dinero se puede invertir mejor y el nuevo sistema de salud lo necesita.

Es decepcionante que un Gobierno que dice estar comprometido con el movimiento estudiantil y que entre sus funcionarios tiene o ha tenido defensores de la Ley de Residentes, no contemple dentro de su proyecto de reforma un examen nacional de residencias médicas.

Es fundamental la formación de Talento Humano en Salud en garantías de equidad y transparencia a los posgrados, considerando el déficit de especialistas en Colombia. Eliminar las EPS no solucionará las demoras de citas con especialidades médicas si no tenemos el personal suficiente para atender las demandas de la población.

Por último, un aspecto a considerar en ambas iniciativas es establecer un porcentaje mínimo de auditoría aleatoria por parte de ADRES a las cuentas médicas que se generan en el país. No nos podemos conformar con la auditoría que realicen las gestoras, antiguas EPS. Necesitamos constatar que efectivamente se elimine la integración vertical de estas y que una entidad del Estado pueda estar constantemente vigilante de esta labor.

Esperemos que en este 2024-2 se dé una discusión con altura sobre nuestro sistema de salud y la reforma que necesita. En lo posible, que haya concordancia entre los diferentes actores de la sociedad civil. Aquí no se trata de qué partido o corriente ideológica promueve la reforma, se trata de la salud de todos los colombianos y el personal médico.

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La ALO norte y el reencauche de un urbanismo caduco

El debate entre medio ambiente y desarrollo en Bogotá carece de sentido. La ciudad puede conservar su ecosistema sin sacrificar el sistema transporte. ¿Por qué insistir en opciones de hace medio siglo?

Más de 50 años en el congelador

A propósito de la polémica generada por la decisión del alcalde Carlos Fernando Galán de revivir el proyecto de construir la Avenida Longitudinal de Occidente tal como fue ideada originalmente, la ciudad revive el falso dilema entre ambiente y desarrollo, sin avanzar en una solución de ciudad-región de largo plazo.

La Avenida Longitudinal de Occidente fue pensada desde la alcaldía de Jorge Gaitán Cortés (Acuerdo 38 de 1961) como un anillo vial de conexión regional que uniría la vía Bogotá-Girardot, desde Chusacá, con la vía Bogotá-Tunja, por todo el occidente de la capital. Originalmente denominada Avenida Longitudinal Regional y Avenida Cundinamarca, fue concebida como vía arterial y principal desde sus inicios.

Sin embargo, no fue sino hasta la primera administración de Enrique Peñalosa que el corredor tomó el nombre de Avenida Longitudinal de Occidente (ALO). Este fue clasificado como vía V-0 (arterial) con un ancho de 120 metros, incluyendo andenes que podrían “ampliarse de acuerdo con los requerimientos de las anexidades contempladas para la vía”. 

El Acuerdo 13 de 1998 actualizó el trazado y ordenó que el proyecto fuese construido por privados, con el correspondiente cobro de peajes, mientras la compra de los predios se financiaría a través de contribución por valorización. Desde 2005, con la actualización de las reservas viales ordenadas por el primer Plan de Ordenamiento Territorial, comenzó la compra de propiedades en el corredor.

El proyecto ALO está dividido en 3 tramos de sur a norte: el del sur que va del sector Chusacá, en Sibaté, hasta la calle 13; el del centro, que va de la calle 13 a la 80, a la altura del portal de Transmilenio; y el del norte, que fue concebido desde la 80 hasta el límite con Chía. A pesar de que hay conflictos socioambientales, como los existentes frente al humedal Capellanía en la localidad de Fontibón, hoy los ojos y el debate están mayoritariamente puestos sobre la ALO Norte.

Ilustración 1. Trazado Avenida Longitudinal de Occidente. Fuente: ANI.

El pleito de nunca acabar

Mientras la estructuración y construcción del tramo sur de la ALO ha avanzado muy lentamente, pero sin mayores discusiones, la extensión y naturaleza del tramo norte han sido objeto de duros debates en las administraciones Petro, Peñalosa, López y Galán. 

Lo único en lo que todos los gobiernos de Bogotá durante el siglo XXI han estado de acuerdo es en la visión privatizadora de la movilidad propuesta por Peñalosa en 1998, pues ninguno ha objetado que la vía se construya por concesión, con cobro de peajes.

Respecto a la ALO Norte, los gobiernos Petro y López coincidieron en términos generales en una visión que incluye universidades y equipamientos, pero durante la administración del hoy presidente se habló de implementar “un camino férreo para el transporte de pasajeros, una vía mixta para la circulación de vehículos particulares (…) entre otros nuevos espacios.”

Respecto al tipo de tráfico, tanto López como Peñalosa y Galán han coincidido en que la avenida tenga únicamente tráfico mixto, pero solo los dos últimos han contemplado explícitamente la construcción de una troncal de Transmilenio en esta vía, así como la estructuración del tramo norte como corredor de carga. 

El gobierno distrital depositó todo su capital político en esta jugada, que le implicó posponer su propuesta de cobro de un impuesto por alumbrado público para recaudar 1 billón de pesos.

Ambigüedad legal y riesgo ambiental

El episodio más reciente de la polémica tiene que ver con la decisión del alcalde Galán y sus bancadas afines en el Concejo de volver al diseño original del tramo norte de la ALO, al menos hasta la calle 153. El gobierno distrital depositó todo su capital político en esta jugada, que le implicó posponer su propuesta de cobro de un impuesto por alumbrado público para recaudar 1 billón de pesos.

Ilustración 2. Fuente: Cuenta X alcalde Carlos Fernando Galán.

La decisión dividió profundamente a los sectores políticos de la capital. Contra la decisión estuvieron los más afines al presidente y exalcalde Petro junto a los cercanos a la exalcaldesa Claudia López y algunos sectores independientes. A favor se ubicaron la coalición de gobierno mayoritaria, incluyendo a aquellos con historial cercano al exalcalde Peñalosa. La controversia actual ha girado en torno a la legalidad y la conveniencia de la iniciativa.

Respecto a la legalidad, parte de la bancada Verde en el Concejo anunció demandas, afirmando que, con la decisión adoptada mediante Plan de Desarrollo (Acuerdo 927 de 2024), se violó lo contenido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, pues ya se había aprobado el desarrollo de la Actuación Estratégica “Ciudadela Educativa y del Cuidado” como megaproyecto prioritario para la zona.

El Plan de Ordenamiento Territorial vigente (Decreto 555 de 2021) contempla una especie de solución intermedia para este corredor del noroccidente de Bogotá, manteniendo la reserva para la construcción de la vía en el marco de la Actuación Estratégica que incluía la construcción de vivienda, equipamientos y un multicampus para llevar universidades públicas a las localidades de Suba y Engativá.

Como el POT dejó reservados los predios de la ALO Norte, tanto para la línea 2 del Metro y una vía de 6 carriles, como para proyectos relacionados con el sistema de cuidado (ver mapa POT aquí), la administración y las bancadas de gobierno decidieron vía Plan de Desarrollo mantener únicamente la vocación vial de la zona hasta la calle 153, con la promesa de realizar también el proyecto multicampus en otra parte del noroccidente de Bogotá.

El tramo propuesto por Galán tiene dos versiones: la primera en cabeza del director del IDU, Orlando Molano, que va entre las calles 80 y 200, con 12 carriles que incluyen troncal de Transmilenio, ciclorruta y andén; en la segunda versión la avenida de las mismas características va hasta la calle 153, donde se ubica el borde del humedal La Conejera. En ambos casos, el proyecto multicampus enfrenta el enorme problema de ser reubicado en una zona densamente poblada de la ciudad.

Ya no se puede direccionar todo el tráfico hacia el oriente por esa calle debido a que hoy ya hay 4 torres de apartamentos, por lo que la única salida a futuro sería pasar la ALO sobre La Conejera, la Reserva Thomas van der Hammen y el Bosque de Las Mercedes. El impacto está sobrediagnosticado.

El debate, más allá de posibles ambigüedades legales, radica entonces en la conveniencia de persistir en un proyecto vial concebido hace más de medio siglo en el marco conceptual de una Bogotá pensada “al servicio de las autopistas con autos llenos de conductores individuales y asfixiado por sus buses”, como señala el urbanista Carlos Moreno, pero que hoy tiene la posibilidad de pensar en salidas distintas a las grandes vías para su crisis de movilidad.

En pleno siglo XXI la planeación urbana y la ciudad misma requieren priorizar asuntos críticos como la crisis climática, la necesidad de proteger el ciclo del agua y los ecosistemas estratégicos. Todos comprendidos hoy como urgentes en medio de una crisis de abastecimiento que en la actualidad no tiene salidas claras.

Mientras tanto, la ciudadanía aterriza con contundencia el debate de la conveniencia de la vía señalando que, si en el mejor de los casos la vía llega hasta la 153, ya no se puede direccionar todo el tráfico hacia el oriente por esa calle debido a que hoy ya hay 4 torres de apartamentos construidas en donde debió guardarse el espacio para una avenida, por lo que la única salida a futuro sería pasar la ALO sobre La Conejera, la Reserva Thomas van der Hammen y el Bosque de Las Mercedes. El impacto está sobrediagnosticado.

Ilustración 3. Fuente: @danielbernalb en X: https://twitter.com/danielbernalb/status/1798725207261401273/photo/1

En 1998 se reglamentó respecto de los ecosistemas afectados por la construcción de la ALO Norte que “(…) la compensación en tierras anegables, constituirá una alternativa de mitigación, la que determine la autoridad ambiental competente”, sin tener en cuenta que el medio natural es determinante del desarrollo urbano y no al contrario.

El planteamiento para el borde noroccidental de Bogotá que hoy hace la administración no recoge lecciones aprendidas en el mundo entero sobre renaturalización de entornos para asegurar aire y agua a futuro, y tampoco se entera de la obviedad de que “sembrar más vías solo sirve para cosechar más trancones”. 

La ciudad debe asumir que el único modo efectivo de bajar a la gente del carro y la moto es con transporte masivo de alta capacidad digno y asequible. En esa vía debe avanzar el proyecto de segunda línea de Metro subterráneo, sin poner en tensión de manera ficticia al ambientalismo con una idea caduca de “desarrollo”.

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Era necesario debatir la Reforma Pensional

Escrito por: Elkin Suárez

En un año comenzará a regir la reforma pensional. Con su aprobación exprés se perdió la oportunidad de mejorar el texto aprobado y corregir importantes problemas que la podrían hacer inviable.

Los problemas del actual sistema

  1. Cobertura

El sistema de pensiones colombiano se caracteriza por una baja tasa de cobertura, tanto de cotización como en términos de pensionados: apenas el 55 % de los colombianos cotiza hoy a pensión. De ellos, el 45 % está en la informalidad. De los colombianos en edad de jubilación para 2022, apenas uno de cada tres tuvo acceso a pensión (Contraloría, 2023)

Por esta razón, hasta la ministra de Trabajo ha reconocido que la mejor reforma pensional es una buena reforma laboral. Sin embargo, las metas del actual gobierno se quedan cortas en relación con el objetivo de mejorar la cotización: reducir en apenas 1,8 puntos porcentuales la informalidad, cuando hoy esta alcanza el 56,3%. Por el lado de la demanda, la creación y fortalecimiento de la empresa privada, los encadenamientos productivos y el crecimiento económico son una meta central del Plan de Reindustrialización, cuyo primer informe se esperaría conocer a finales de este año y del cual depende también el fortalecimiento a las cotizaciones pensionales.

b. El fin del bono demográfico

El bono demográfico es el potencial de crecimiento económico creado por los cambios en la distribución por edades de la población. (DANE, 2024). Es una ventana de tiempo durante la cual la fuerza laboral crece en el total de la población, antes de que se dé un proceso de envejecimiento poblacional.

El DANE ha estimado que el bono demográfico finalice alrededor del 2047. En este momento la fuerza laboral crecerá a menor ritmo que la población dependiente y en edad de vejez: en los próximos 30 años se estima que se duplique la población mayor que sesenta años, pasando de un 13,6 % en 2020 al 26 % en 2050.

Esta realidad a la cual se enfrentará el país tiene un impacto directo en la sostenibilidad del sistema pensional, particularmente en Colpensiones, porque el régimen de prima media funciona bajo una lógica de solidaridad intergeneracional: las generaciones actuales en edad de trabajar financian con sus cotizaciones a las personas pensionadas.

Actuar como país antes de que se materialice esta realidad a través de inversión en formación y formalización es fundamental para garantizar la sostenibilidad del sistema pensional de cara al futuro, sobre todo teniendo en cuenta que el grueso de los cotizantes con el nuevo sistema pasará a Colpensiones.

“Casi el 10 % del Presupuesto General de la Nación se destina a financiar las pensiones y los subsidios para la vejez.”

c. Sostenibilidad fiscal 

En 2022, según los cálculos de la Contraloría y el Ministerio de Hacienda, la Nación destinó cerca de $38 billones de pesos para contribuir al pago de las pensiones; a su vez, transfirió $2,01 billones de pesos para Colombia Mayor y entregó $98,7 mil millones a Colpensiones, por concepto de los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS. Es decir, casi el 10 % del Presupuesto General de la Nación se destina a financiar las pensiones y los subsidios para la vejez.

Es esperable que esta apropiación en el presupuesto se incremente porque el Estado asumirá la responsabilidad por todas las pensiones por debajo de 2,3 salarios mínimos. En este marco, es bueno que el texto del Senado sí hiciera obligatorias las cuentas y los fondos generacionales, los cuales introducen criterios de sostenibilidad financiera a los recursos del sistema pensional.

A su vez, haber dejado el manejo del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo en manos del Banco de la República puede permitir maximizar los rendimientos y una buena administración de los recursos, lo cual contribuye a reducir la presión sobre las finanzas públicas.

Origen de la propuesta

La propuesta de reforma pensional tiene su origen en el documento “Soporte del ingreso económico de la Vejez en el Siglo XXI”, del Banco Mundial. En este extenso documento se realizan las recomendaciones de política para la implementación del sistema de pilares como nuevo paradigma para los sistemas pensionales en el mundo.

Esta entidad recomendó originalmente la implementación de, por lo menos, tres pilares: el pilar cero, como un ingreso básico para la vejez clasificada en la pobreza, que se financia a través del presupuesto de la nación; un pilar uno, como un sistema de cotización no subsidiado y manejado por fondos privados; y un tercer pilar de ahorro voluntario, para aquellas personas con altos ingresos que puedan realizar mayores cotizaciones para su vejez.

En el debate de economía política han surgido posiciones que afirman que esta reforma del gobierno es funcional al sistema financiero y ortodoxa, precisamente por tener como base el sistema de pilares del Banco Mundial. Dicha caracterización en términos de a quién beneficia la reforma debe tener en cuenta que, al aplicar el esquema propuesto por esta entidad a nuestro país el modelo se enfrenta a la particularidad de que Colombia cuenta con un régimen público de pensiones en competencia con los fondos privados (condición únicamente compartida con Perú). 

Para eliminar dicha competencia se crea un pilar contributivo fusionado o híbrido con dos componentes: uno de prima media o público y uno de ahorro individual manejado por los fondos privados. Con la propuesta original del gobierno de fijar el umbral de cotización obligatoria en 4 salarios mínimos el 92,45% de los afiliados habría pasado a Colpensiones, al ser Colombia un país de bajos ingresos. 

Lo que se pudo mejorar en el cuarto debate 

No fueron pocas las voces que han alertado sobre la inviabilidad de la propuesta de reforma al sistema de protección integral a la vejez, pero que, en un tono propositivo, buscaron mejorar el texto propuesto por el gobierno. Sin embargo, al acoger el texto del Senado en la Cámara no se pudieron proponer por lo menos cambios en los siguientes frentes de trabajo. 

“El no haber podido cumplir a cabalidad con el cuarto debate en la Cámara de Representantes, no sólo impidió mejorar el texto aprobado, sino que puede implicar que la Corte Constitucional tumbe la reforma por error o vicio de procedimiento y por incumplir el principio de publicidad”

Foto: Senado de la República – El haber dejado el manejo del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo en manos del Banco de la República puede permitir maximizar los rendimientos y una buena administración de los recursos.

  • Fortalecer, con un plan claro y detallado, las capacidades de Colpensiones para asumir los retos que le impone la reforma: en un año con el pilar de 2,3 salarios mínimos, entrarían al régimen público cerca de 16’836.628 cotizaciones que dejarían los fondos privados y pasarían a ser asumidos por Colpensiones.

La reforma también incluye diez nuevas funciones para esta entidad, entre las cuales la principal es ser la pagadora única del sistema pensional. Con esta función beneficiará a los fondos privados, liberándose de carga administrativa, pues ahora estos solo deberán enviar a Colpensiones el bono pensional y los rendimientos de aquellos que coticen por encima de 2,3 salarios mínimos y la entidad estatal deberá consolidar esto en una sola suma a pagar a cada beneficiario.

Sin un plan claro de fortalecimiento, la entidad puede verse desbordada, como lo aseguró el propio sindicato de la entidad en la audiencia pública de la reforma en la Cámara de Representantes. 

  • El Sistema de Información: La Contraloría y la Procuraduría han señalado que Colpensiones debe llevar a cabo una actualización exhaustiva de su aplicativo de nómina y de modernización del Sistema de Gestión de Derechos e Historias Laborales. Esto requiere, por lo menos, invertir en tecnología y mejora en el sistema de datos, particularmente en la consolidación de la historia laboral.

La creación del sistema de información, por su complejidad, se queda corto para estar listo en un año. Sobre todo si se tiene en cuenta que el país presenta un fuerte rezago en cobertura, siendo el país peor posicionado de la OCDE, con apenas un 60,5 % de penetración de internet. 

  • La prohibición de los autopréstamos y de la integración vertical: Con el Decreto 1385 de 2015 el Gobierno Santos permitió que, por ejemplo, el fondo de pensiones Porvenir invierta recursos en Corficolombiana, ambas pertenecientes al Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Ángulo. 

Es decir, utilizan el dinero de sus afiliados para financiar proyectos de sus propias empresas, como las vías 4G. Esta práctica suele estar prohibida a nivel internacional, como lo ha señalado José Roberto Acosta.

  • Las comisiones de los fondos privados: No existe claridad en el texto aprobado acerca de cuál es la base con la que se calcula la comisión del 0,7 % para los fondos privados de pensiones, si se cobran o no sobre el retiro programado y, sobre todo, no quedó explícito en la norma que no se debe cobrar comisión de administración sobre las cuentas individuales a la entrada en vigencia de la ley. 
  • El monto del pilar solidario: La reforma plantea entregar subsidios a aproximadamente un millón seiscientos mil colombianos que hoy se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Para ello, se fijó el monto por cada adulto mayor en lo equivalente a la línea de pobreza extrema, es decir cerca de $223.000 para 2023. 

Al margen de la discusión de sostenibilidad fiscal de este programa de subsidios, fijar el monto del pilar en este nivel difícilmente saca a los adultos mayores de esta condición de pobreza extrema. 

Conforme evolucionen las condiciones macroeconómicas del país debe de plantearse, por ejemplo, una modificación del monto de este subsidio con otro indicador como la línea de pobreza, es decir cerca de $433.000 para 2023.

El no haber podido cumplir a cabalidad con el cuarto debate en la Cámara de Representantes, donde apenas se votaron 6 de 94 artículos, no sólo impidió mejorar el texto aprobado, sino que puede implicar que la Corte Constitucional tumbe la reforma por error o vicio de procedimiento y por incumplir el principio de publicidad

Aunque esta posibilidad se materialice, el objetivo más loable y que genera más consensos entre la ciudadanía y la opinión, es el de crear un piso de protección social para los adultos mayores en condiciones de pobreza extrema, aunque esto no requiere en sí mismo de una reforma pensional.

El gobierno puede tomar la decisión de destinar estos recursos desde el Presupuesto General de la Nación o el Congreso puede crear una ley con este fin en particular, como ya lo hizo la Cámara de Representantes al aprobar la ley que crea la renta básica para la vejez

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Universidad Nacional: precisiones necesarias

Escrito por: Carlos Acero Castellanos 

La legítima elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional me alegra, pero no es suficiente para calmar las aguas en esa institución. Ante afirmaciones imprecisas o falsas de ex directivos de la Universidad y de algunos oportunistas es necesario realizar algunas precisiones:

“Se violó la autonomía universitaria”

La autonomía es un derecho que la Constitución de 1991 le otorgó a las universidades para que sus comunidades puedan gobernarse sin que exista injerencia de algún gobierno. A pesar de ello, el Decreto 1210 de 1993 le otorgó al presidente de la República 3 de 8 puestos del Consejo Superior (CSU) de la Universidad Nacional, su máximo órgano de decisiones.

Desde que existe el derecho a la autonomía universitaria los presidentes de la República siempre han ganado la elección de rector en esa institución, poniendo sus 3 votos en función de ello. Pero nunca hemos escuchado a Ignacio Mantilla, Moisés Wasserman, Ismael Peña, Dolly Montoya y su combo escandalizarse por las victorias presidenciales. Tampoco se pararon en las pestañas cuando en 2012 y 2015 el movimiento universitario exigió el respeto de los resultados de la consulta universitaria que daba como ganadores a dos profesores que no eran de la corriente del gobierno de turno. Claro, su silencio respondía a que eran sus nombres los designados para gobernar a la Universidad a espaldas de la comunidad.

Menos escuchamos a Paloma Valencia o al Centro Democrático defender la autonomía universitaria en el pasado. Una breve búsqueda de esas dos palabras en sus cuentas de redes sociales corrobora que entraron a su léxico apenas en mayo de este año. (Ver hipervínculos).

“Múnera es un alfil de Petro”

Leopoldo Múnera no sería rector sin los votos de las 3 delegadas de Petro en el CSU, no cabe duda. Pero hay que ser muy deshonesto para afirmar que el nuevo rector es un apéndice de Petro. La trayectoria académica e intelectual del profesor Múnera da luces de que será un rector garante de la autonomía universitaria.

Múnera siempre se ha comprometido con las causas del movimiento universitario, es amigo del estudiantado, los sindicatos y la organización profesoral. Nunca se ha inscrito en proyectos político-electorales y no ha ahorrado críticas a procesos de izquierda cuando lo considera pertinente.

Cuando Múnera menciona el concepto de “Constituyente Universitaria” aclara que se trata de un proceso interno de la Universidad, que es anterior al concepto constituyente de Petro y que su resultado debe ser aprobado en el CSU de la institución, no en la transformación de la Constitución Política del país.

El legítimo rector de la UN tampoco es un notario de la política educativa del gobierno. Por el contrario, desde septiembre de 2023 la organización profesoral ‘Bien Común’ -a la que pertenece Múnera- formuló fuertes críticas a la propuesta de Ley Estatutaria de Educación de Petro, advirtiendo que su indefinición conceptual terminaría favorecido las lógicas mercantiles en la educación.

Sobre la legalidad de la elección

Arrancando la semana, el profesor Rodrigo Uprimny compartió las precisiones jurídicas, y también algunas dudas, sobre la legalidad de la elección de Leopoldo Múnera.

Así como Uprimny, considero que hay fundamentos sólidos para justificar la legalidad de la revocatoria de la elección del ilegítimo Ismael Peña. El acto electoral que elegía a Peña nunca se perfeccionó por cuenta de que la Secretaría General de la Universidad -aliada de Peña y su combo- no lo permitió; su posesión autenticada en notaría carecía de todo sustento jurídico y el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo permite revocar la decisión hasta tanto la misma no se perfeccione.

Sin embargo, no puedo dejar de señalar que existen dudas justificables sobre el procedimiento exprés con el que eligieron a Múnera en vez de haber nombrado un rector encargado mientras se resolvían diversas controversias, algunas en el interior de la Universidad y otras en el Consejo de Estado. Espero que del afán no quede el cansancio, caso en el que nuevamente el gobierno sería responsable por el mal procedimiento.

Ñapa: Petro pesca en río revuelto

Rechazar la hipócrita defensa de la autonomía universitaria por quienes la han tenido secuestrada, exponer el oportunismo de quienes quieren pintar a Múnera como petrista, o respaldar en términos generales la salida jurídica de esta elección no son motivos suficientes para callar sobre el intento de Petro por usar al movimiento universitario para sus fines políticos.

El gobierno no abordó la elección de rector de la Nacional con rigor, abrió la puerta a la crisis, usó la peligrosa ley de inspección y vigilancia y ha querido absorber el proceso constituyente universitario en la transformación de la Constitución de 1991. Y la tapa: abrió la puerta para que el derecho fundamental a la educación se convierta en la peor contrarreforma educativa de la historia.

Estas son algunas precisiones necesarias para insistir en la defensa de la autonomía y democracia en las universidades colombianas.

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Autodestrucción

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

Petro pasa por serias dificultades que son atribuibles a su propia gestión. Decir lo anterior no borra las responsabilidades de gobiernos previos y lo mal que dejaron al país, pero quien gobierna hoy debe asumir sus responsabilidades.

El nuevo modelo de salud para docentes expone la autodestrucción. La necesidad de mejora del régimen especial de salud del magisterio nunca fue la discusión, el tema estaba en el cómo. Lo que definitivamente no se debía hacer fue lo que Petro hizo.

Primero, le entregó la dirección de la administración de entre 12 y 18 billones de pesos del FOMAG a una cuota de los partidos de la U y Conservador: Mauricio Marín. Un personaje turbio, ficha de las parapolíticas Zulema Jattin y Eleonora Pineda e investigado penal y disciplinariamente por presunta corrupción tras su paso por Ferrocarriles de Colombia. Petro puso al ratón a cuidar del queso.

Luego, en contra de la voluntad de FECODE el presidente prorrogó en dos oportunidades los contratos con los operadores de salud antiguos a los que acusaba de corruptos, aunque nunca los denunció en la Fiscalía como indica la lógica. Pero lo más grave es que el 1 de mayo se puso en marcha el nuevo y raquítico modelo de salud sin que existiera planeación, contratación completa de servicios, debida información a los usuarios, mecanismos de auditoría de costos y manuales tarifarios.

Ante la crisis, la reacción del gobierno ha sido tan lamentable como la implementación del modelo. En menos de 20 días el ministro de salud dio un salto mortal triple al pasar de decir que éste era el piloto de la reforma a la salud a recular afirmando que el modelo del magisterio en nada se parece al modelo de salud que propone el gobierno para el resto de la población. Mientras tanto, las ministras de Educación y Trabajo y el ministro de Hacienda, que integran la junta directiva del sistema, no aparecen.

La mayor canallada corre por cuenta de Petro. El domingo desde Twitter acusó a FECODE de ser el responsable político de la crisis, aunque ese sindicato no es quien gobierna. No en vano reza el dicho “mal le paga el diablo a quien bien le sirve”.

En el plano económico también se evidencia la autodestrucción. Se avecina una crisis de financiamiento del Estado, lo anterior por cuenta de estimaciones excesivamente optimistas de recaudo de impuestos e ingresos por litigios que realizó este gobierno a principios de su mandato.

Claro está que al mal cálculo se suma la caída en la inversión, que golpea de manera semejante a otros países de la región, y un cuestionado fallo de la Corte Constitucional que impide al gobierno recaudar 6.7 billones de pesos vía prohibición de deducción de regalías para el impuesto de renta de las empresas mineras.

La semana pasada la Corte realizó una audiencia para escuchar al ministro de Hacienda sobre este último tema. Se trataba de la oportunidad de oro para convencer a los magistrados de que implementar de inmediato el fallo implicaba afectar la sostenibilidad fiscal del país, razón por la que debían modificar su decisión y darle un salvavidas al gobierno para ajustar las finanzas públicas. El ministro Bonilla llegó a la cita más importante de su vida y de las finanzas de su gobierno sin haberse preparado. En el pasado, otros ministros hacían lobby por el despacho de cada magistrado, llevaban presentaciones rigurosas y calculadora en mano para convencer a la Corte.

Fue tal la negligencia de la presentación del ministro que algunos de sus funcionarios optaron por abandonar la audiencia para evitar la pena ajena. Naturalmente la Corte ratificó su fallo, apretando el presupuesto nacional.

A la autodestrucción escapaba el poco resistido proyecto de ley estatutaria de educación. Algunos se atrevieron a titular que la educación era el verdadero acuerdo nacional. Desafortunadamente el pésimo manejo que le dio el gobierno a la elección de rector en la Universidad Nacional detuvo el avance del proyecto y tiene en crisis a la universidad pública más importante del país.

El gobierno estaba advertido sobre las trampas que una camarilla iba a utilizar para violar las reglas e imponer a un rector ilegítimo; podría haber evitado que se usara. Además, era claro que Petro no tenía en sus delegadas la mayoría para elegir al rector, motivo por el que debía emprender una campaña activa para lograr un voto adicional.

Ni lo uno ni lo otro. Las delegadas de Petro se dejaron meter una metodología de elección ilegal y no se movieron para garantizar la mayoría.

Al final, docentes, estudiantes y contribuyentes son quienes pierden, porque no ven la materialización del cambio. Vaya uno a saber si los “errores” del gobierno han sido premeditados, pero la autodestrucción encaja perfectamente con el caprichoso deseo de convocar a una constituyente.

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¿Por qué aparece de Palestina hasta en la sopa?

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

En Colombia no es sencillo hacer pedagogía sobre el genocidio al que se encuentra sometido el pueblo palestino por parte del Estado de Israel.

Con frecuencia la primera referencia que cualquier persona tiene sobre Israel se remite a la Biblia, se asocia con ideas positivas, gestas y tierras para adorar a Dios. Por lo mismo, es normal que los cuestionamientos al Estado de Israel fácilmente se confundan con alguna especie de crítica a las figuras del catolicismo, aunque esa nunca es la intención.

Esta semana un partido de fútbol, el deporte de referencia global, nos puso nuevamente a hablar del tema. Pero una vez más el preconcepto, sumado a los inconformismos coyunturales con el gobierno que apoya la causa palestina, termina nublando el fondo del asunto: recordar que la causa palestina es una causa de toda la humanidad.

Lo peor es que esas confusiones terminan expresadas en ríos de caracteres de agravios en las redes sociales.

Un muy rápido recuento

El 14 de mayo de 1948 se creó el Estado de Israel por resolución de la ONU. Nadie puede negar, ni dejar de rechazar, el genocidio al que el nazismo sometió al pueblo judío. Tampoco se puede desconocer que dicho pueblo tiene vínculos históricos con el territorio que hoy ocupa Israel. Mucho menos se deben revivir discursos de odio contra su pueblo o su religión.

Sin embargo, la creación del Estado de Israel fue una solución de escritorio de colonialistas occidentales, especialmente Inglaterra, sin importar que la misma afectaría a un territorio habitado por palestinos, creando nuevas catástrofes humanitarias.

Desde entonces el pueblo palestino ha sido víctima de la ocupación de su tierra por vías militares y jurídicas -estas últimas no conformes con el derecho internacional-.

De 1948 a 1967 alrededor de 750 mil palestinas -que equivalen a la actual población de Cúcuta- tuvieron que desplazarse forzadamente en su región, hacia Gaza y Cisjordania. También tuvieron que hacerlo por todo el mundo, encontrando, entre otros, a Chile como un país de alta recepción de migrantes en nuestro continente.

Además, el pueblo palestino ha sido perseguido en su tránsito, ha sufrido la construcción de muros que dividen sus tierras -2002-, ha visto asesinatos sistemáticos de parte del Estado de Israel y no ha tenido el derecho de tener un Estado plenamente reconocido en instancias internacionales.

Toda esta política de naturaleza colonialista ha sido sistemáticamente patrocinada por las grandes potencias occidentales, proveedoras de armas a Israel.

La actualidad

Décadas de colonialismo han dado pie a grupos y conflictos armados en la región, incluyendo actos completamente condenables como la masacre de más de 1.200 civiles de Israel el 7 de octubre de 2023 a manos de Hamás.

Tal como ha sido su costumbre, el Estado de Israel ha respondido con tal desproporción que viola las distintas normas del derecho internacional que buscan prevenir el genocidio y los crímenes de guerra.

La ONU hoy registra que Israel ha asesinado a más de 35 mil personas desde el 8 de octubre, la misma cantidad de vidas que podría colmar el estadio El Campín de Bogotá. 7.797 son niños y niñas.

La ofensiva de Israel en estos meses ha provocado el desplazamiento de más de un millón de habitantes de Gaza -población semejante a la de Barranquilla- hacia campos de refugiados en Rafah.

Como si eso fuera poco, Israel ha bombardeado estos campos desde el 6 de mayo, provocando 450 mil nuevos desplazamientos -más que la población de Manizales-. Su objetivo es la desaparición del pueblo palestino.

El partido como inatajable excusa

La presencia en Colombia de un equipo de fútbol chileno que representa la migración palestina tenía que ponernos a hablar, sí o sí, del genocidio. Seguramente muchas personas podrán preferir no tener que mezclar el momento político con el espectáculo deportivo, pero ello sería pretender pasar por la NQS en día de partido sin ver hinchas entrando al Campín.

Lo realmente importante, más allá del resultado futbolístico o la “incómoda” mezcla de temas, es que nuestra sociedad pueda reflexionar sobre un asunto tan profundo para la existencia misma de la humanidad.

Estas líneas son un aporte para ello y para que quienes legítimamente desconocen del tema puedan aproximarse al mismo con pausa y sensibilidad.

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El mundo es mejor gracias a los y las trabajadoras

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

Con frecuencia olvidamos que muchas garantías laborales y sociales que disfrutamos son resultado de luchas sindicales. Han sido múltiples los liderazgos de trabajadores y trabajadoras que hacen del mundo un lugar mejor.

Aunque el sindicalismo en Colombia no goza de una imagen muy positiva, ha sido opacado por una percepción injusta y muchas veces cargada de lugares comunes, noticias falsas o mitos, la realidad es distinta.

Son múltiples los liderazgos sindicales que trabajan a diario por la lucha contra la corrupción en el sector público, la mejora de las garantías laborales de jóvenes precarizados por nuevas relaciones productivas, el respeto por la independencia sindical frente al gobierno y los patronos, el acceso a la justicia, la seguridad aérea, la creación de conocimiento y ciencia, entre otras.

Todos estos liderazgos son silenciosos ante los grandes reflectores de la coyuntura, o el griterío nacional. La mayoría son de personas que invierten sus recursos económicos, tiempo, salud física o mental para que sean reconocidos y mejoradas las de sus pares. A continuación comparto algunos ejemplos destacables.

En la Fiscalía General de la Nación se encuentra ATRAES -FGN, organización sindical que más que pelear por su bolsillo, ha emprendido una cruzada contra la corrupción. Su causa se enmarca en exigir que más de 17 mil puestos de trabajo de la Fiscalía sean proveídos por concursos de méritos, no por recomendaciones o favores politiqueros.

A la fecha han logrado seis fallos judiciales que ratifican que los últimos tres fiscales han preferido la feria de puestos por encima del mérito y la eficiente prestación del servicio para destrabar la muy esquiva justicia del país.

Por su parte, en el ICBF, la organización Sintrabienestar insiste en la urgencia de fortalecer los equipos multidisciplinarios de las Defensorías de Familia. Abogan mejoras de la institución para poder atender las crecientes denuncias y casos de violencia intrafamiliar en contra de niños, niñas y adolescentes.

Resaltan que las crecientes obligaciones que imponen leyes como la 2126 de 2021 son necesarias para la niñez colombiana, pero que sólo pueden ser atendidas si se fortalece el talento humano. Mientras ello no suceda, no habrá verdadero acceso a la justicia y los y las trabajadoras seguirán explotadas, tanto mental como laboralmente.

En el sector aeronáutico Sintratac y ACAV representan a tripulantes y operarios de servicios conexos al transporte aéreo. Estas organizaciones han liderado un proceso de unidad entre sindicatos, empresas y entidades públicas para crear una ley que prevenga las violencias que sufren por parte de pasajeros disruptivos.

El fenómeno de pasajeros disruptivos incluye conductas de violencia física, sexual y riesgo de la seguridad de la operación de los vuelos, tanto en tierra como en aire y, dada la violencia machista, suele afectar más a las auxiliares de vuelo. La iniciativa claro que protege la integridad de estas trabajadoras, pero también piensa en cómo mejorar las condiciones de seguridad de vuelo para los usuarios.

Finalmente, destaco el compromiso por la justicia y resocialización de las personas que adelanta FECOSPEC, organización que agremia a varios sindicatos del INPEC. Sus dirigentes promueven la dignificación del sistema penitenciario, empezando por las necesidades de quienes trabajan en el mismo.

La emergencia carcelaria decretada por el Ministerio del Interior no ha impedido que grupos delincuenciales sigan asesinando a guardas del INPEC, van 4 este año. Antes que pedir prebendas salariales, FECOSPEC busca incidir en decisiones técnicas, modificaciones legales o el fortalecimiento institucional para reducir la criminalidad que opera en el interior de las cárceles y afecta a la sociedad en general.

Este año Petro, apurado por la masiva movilización del 21 de abril en su contra, decidió asaltar la fecha del 1 de mayo. Aunque algunos sindicatos puedan coincidir plena o parcialmente con el gobierno, enmarcar su agenda política en la fecha histórica e internacional de los y las trabajadoras es, cuando menos, abusivo.

Por lo mismo, varios sindicatos que no fueron afines a los gobiernos anteriores, o que incluso votaron por el actual, decidieron no movilizarse o hacerlo en conmemoración de sus causas, sean o no las del gobierno.

A pesar de las polémicas coyunturales que enmarcaron el pasado 1 de mayo, invito  valorar lo sustancial: que se reconozca la importancia de la labor sindical. Más allá del encuadre gobiernista, hay muchas razones para agradecer a quienes dedican su vida al reconocimiento de derechos de otras personas.

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Desangre silencioso

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

Lentamente se desangra el presupuesto nacional por cuenta de los acuerdos internacionales de protección de inversiones, la mayoría contenidos en los TLC. De fallo en fallo Colombia está pagando, literalmente, los platos rotos de haber suscrito tratados internacionales de naturaleza neocolonial.

Lo más escandaloso es que como consecuencia de estos malos acuerdos el país pierde con cara y con sello.

Amparado en uno de estos acuerdos, un ciudadano estadounidense reclama más de 1 billón de pesos porque la Fiscalía extinguió el dominio de los predios en las que construía un complejo inmobiliario en Medellín, terrenos adquiridos a narcos de la Oficina de Envigado. Lo que no cuenta el demandante es que hay evidencia de que su demanda está siendo financiada por el mafioso alias “Maracuyá”. Absurdamente lo más probable es que condenen al Estado.

En otro caso, la multinacional minera Red Eagle Exploration Limited demandó al Estado por medio billón de pesos por la prohibición de actividades mineras en el páramo de Santurbán. En un reciente fallo de un Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial no se encontró culpable a Colombia pero sí nos puso a pagar casi 12 mil millones de pesos por concepto de costas procesales.

Vale la pena recordar que por la misma protección del páramo de Santurbán otra multinacional canadiense, Eco Oro, también demandó y derrotó a Colombia en otro Tribunal del CIADI. A la fecha no se conoce el monto de la indemnización que se deberá pagar, pero esta puede superar los 2 billones de pesos, monto solicitado por la empresa demandante.

Increíblemente en estos últimos dos casos la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- ha celebrado las costosas decisiones de los tribunales, alegando que no se dio plena validez a los argumentos de las empresas. Colombia: el país del mundo al revés.

Organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité en Defensa del Páramo de Santurbán cuestionan la visión conformista de la ANDJE. Además, insisten en solicitarle al gobierno de Petro que, en coherencia con su mandato de cambio, se retire del CIADI y denuncie todos los tratados de protección de inversiones.

El camino que proponen estas organizaciones es el que acaba de emprender Honduras. Esta ruta persigue la defensa de la soberanía nacional, las finanzas públicas y preservar el derecho de los Estados a regular múltiples asuntos sin estar sometidos al terror de multimillonarias demandas internacionales.

Decisiones como las sugeridas por las organizaciones de derechos humanos o la de Honduras no son caprichos . Con gran rigor académico, los profesores Prieto-Ríos y Urueña

han aportado a los debates contemporáneos de derecho internacional económico

identificando que:

“El régimen de protección internacional de inversiones extranjeras es probablemente el sistema más cuestionado, ya que se urigen ha sido enmarcado en el más agresivo expansionismo imperialista, mientras que el sistema de solución de disputas inversionista-Estado ha sido sistemáticamente cuestionado como sesgado a favor del inversionista poco transparente en su proceso de toma de decisiones, incoherente e impredecible”.

Desafortunadamente el gobierno no da luces de seguir el ejemplo hondureño, de las exigencias de organizaciones sociales o las recomendaciones académicas. Por el contrario, Petro ha suscrito nuevos mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado en dos tratados adicionales, uno con Emiratos Árabes y otro con Venezuela. Además, negocia uno semejante con Catar.

Aunque estos nuevos tratados puedan contener algunas protecciones mayores para el Estado en materia ambiental o que los tribunales no se constituyan en el CIADI del Banco Mundial, que persista la idea de que el modelo a seguir es el de tribunales de arbitraje inversionista-Estado es el gran error.

Los gobiernos de izquierda de Colombia y Venezuela pierden una oportunidad histórica para construir nuevos y verdaderos paradigmas, distintos a los usados por las potencias del norte global, en materia de promoción de cooperación y promoción de inversiones.

A la fecha Colombia tiene activos 15 litigios internacionales de inversión con pretensiones de casi 60 billones de pesos, si el gobierno no denuncia dichos tratados la avalancha de demandas será catastrófica. Más aún si persiste en decisiones como la intervención a Sanitas – Keralty de España- o la suspensión de la licitación de pasaportes -Thomas Greg & Sons de Reino Unido-.

Los tribunales internacionales, impredecibles pero usualmente favorables para las multinacionales, seguirán desangrando las finanzas del país.

Nota: En enero salió de la ANDJE una de las funcionarias que más insistió en ver como victorias las derrotas de Colombia en los tribunales y que defendió la permanencia del país en los modelos de solución de controversias inversionista-Estado. Los medios la presentaron como una gran pérdida para el país. Colombia: el país del mundo al revés.

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¿Cuál es el mandato popular?

Ante cada revés en la agenda del gobierno, Petro acude a la idea del “mandato popular” que en las urnas lo llevó a la presidencia. Según el presidente su gestión de cambio no avanza porque otras instituciones del Estado o poderes privados desconocen el querer del pueblo. 

El mandato popular está expresado en el programa de gobierno presentado por Gustavo Petro y Francia Márquez y se complementa con los compromisos adquiridos en campaña. Sin embargo, el mandato popular no puede ser interpretado al capricho diario del presidente, mucho menos puede ser patente de corso para equivocarse sin asumir consecuencias.

En campaña presidencial Petro reiteró, literalmente hasta el cansancio, que no convocaría a una asamblea nacional constituyente. Es más, cada que respondía a ese cuestionamiento tajantemente concluía: “Nosotros no necesitamos cambiar la Constitución para cambiar al país. Con la Constitución del 91 se puede cambiar al país”. 

Por descartar ideas como la de la constituyente Petro logró el respaldo de buena parte del centro, e incluso de la izquierda, determinantes para derrotar a Rodolfo Hernández. Así, la ruidosa propuesta constituyente representa lo contrario al mandato popular.

Afortunadamente la convocatoria de una constituyente carece de cualquier posibilidad. Para que se convoque al pueblo a decidir realizar o no una constituyente Petro necesitaría que las esquivas mayorías del Congreso le aprueben una ley convocante.

Ahora bien, en el hipotético caso de que se encontraran las mayorías del Congreso para abrirle paso a la constituyente, el presidente necesitaría más de dos millones y medio de votos adicionales a los que lo apoyaron en la segunda vuelta de 2022. No sólo sería difícil conseguir esos votos nuevos sino mantener los 11.3 millones que obtuvo hace casi dos años, defraudados por la mala gestión y los crecientes escándalos de corrupción.

Pero la propuesta de la constituyente no es la única contradicción del gobierno al mandato popular.

Ni una sola persona que votó por Petro quería que la transformación del sistema de salud incluyera regalarle por ley 8 billones de pesos anuales a las nuevas EPS, que ahora tendrán menos responsabilidades en el sistema. Regalo que está redactado en el texto de reforma a la salud tras las negociaciones entre el gobierno con los partidos de la U, Liberal y Conservador.

El mandato popular tampoco avaló continuar con malos tratados comerciales que incluyen someter al país a tribunales de arbitraje internacional. Petro, sin renegociar los TLC como prometió, ya firmó un acuerdo semejante con Emiratos Árabes, otro con Venezuela y negocia uno con Catar. Sindicatos, organizaciones de derechos humanos y academia han cuestionado este incumplimiento al mandato.

El pueblo también votó por el presidente que cambiaría el enfoque de la política de lucha contra las drogas promovida por las potencias del norte. Desafortunadamente, mientras presenta discursos críticos sobre el tema ante la ONU, este gobierno promueve la construcción de una estación guardacostas en Gorgona. Aunque el Partido Comunista Colombiano lo niegue sin sonrojarse, el proyecto militar es completamente funcional a la política antinarcóticos de EEUU, como lo ratifica el embajador de ese país en Colombia.

Y de ninguna manera el mandato popular facultó al presidente Petro a reunirse a escondidas, y con fines que a hoy siguen siendo desconocidos, con la ex Fiscal Martha Mancera, cuestionada por encubrir al narco fiscal Pacho Malo.

Es altamente cuestionable pensar que el mandato popular le concede al presidente realizar acuerdos con las familias Sarmiento o Gilinski, Grupo Aval y Revista Semana, respectivamente. Por lo mismo, no sorprende que Luis Carlos Sarmiento, lejos de actuar como la oposición uribista, conceda que la  reforma “pensional tiene cosas buenas y unas no tan buenas”. 

El mandato también está defraudado ante el olvido y la desidia para financiar la ciencia, tecnología e innovación. El presidente pasó de prometer “financiar robustamente” al Ministerio de Ciencias a asignarle el presupuesto más bajo en 15 años. Peor que Santos y Duque.

Y la lista podría seguir.

La semana pasada el presidente de Chile, Gabriel Boric, le concedió una entrevista a El País. Boric llega a dos reflexiones sobre las que nuestro gobierno debería meditar. Primero, que “la izquierda en América Latina ha tenido la tendencia de no hacerse cargo de sus propios errores”. Segundo, ante las derrotas de la agenda de gobierno “uno tiene que saber adecuarse, ha de tener cintura, manteniendo una coherencia con los principios”.

En vez de tergiversar a su antojo el mandato de cambio, o enquistarse en sus dogmas, a Colombia le haría bien que el primer gobierno de izquierda asumiera sus errores y supiera buscar apoyos en sectores de centro y centro izquierda. Sin regalarse a las maquinarias pero sin exagerar en la inmediata materialización de utopías.

Jennifer Pedraza

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien se ha convertido en una de las principales voces de la Cámara de Representantes, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene este semestre para las reformas sociales.

Además, cuestionó el respaldo del presidente Gustavo Petro a Hollman Morris y dijo que se está gobernando con las mismas prácticas que tanto criticaban de los partidos tradicionales.

¿Qué cree que viene para la reforma de la salud en el Senado?
Creo que el Gobierno tiene un panorama un poco más difícil en el Senado. Sin embargo, no sé qué pensar porque cuando se inició el trámite de la reforma en Cámara creía que el panorama era difícil para que se aprobara la reforma y terminó aprobándose con los mismos métodos que usaban los gobiernos anteriores.

¿A qué se refiere?
El Gobierno tiene una relación transaccional con el Congreso. No sé si esto se vaya a replicar en el Senado pero sé que voces importantes de la Alianza Verde, como Fabián Díaz, van a tener una posibilidad de incidencia clave en la ponencia de la reforma de la salud. Ojalá se tengan en cuenta las preocupaciones y críticas que desde la Cámara de Representantes dejamos muy bien planteadas. Además, el ministro de Salud ha venido aceptando que tienen sustento, como decir que van a tramitar una reforma tributaria para poder financiar los gastos del sistema.

¿Y en cuanto a la laboral?
Me parece que es en varios aspectos positiva, siempre y cuando se acompañe de una política industrial y de protección y de acompañamiento al empresariado colombiano, especialmente al micro, pequeño y mediano empresario. Eso me parece muy importante. Si la reforma no tiene ese componente, se queda coja. Recordemos que este gobierno hundió en la reforma tributaria nuestra propuesta para que hubiese una tarifa diferencial del impuesto de renta para las pequeñas y medianas empresas. Negó medidas que eran salvavidas para estas. De manera que es difícil decirles que “no los apoyamos en nada y, además, acá van un montón de responsabilidades que ustedes tienen que asumir con sus trabajadores y si lo logran bien y si no quiebren, ustedes verán qué hacen”. Creo que debe de haber una prioridad muy marcada para el fortalecimiento del empresariado colombiano.

También seguirá el trámite de la ley estatutaria de la educación. ¿Qué opina de esta?

No es una reforma como tal, porque es una ley nueva, pero es una ley de particular interés mío y de la juventud y del movimiento estudiantil. Es una ley que reconoce la educación como derecho fundamental pero tenemos que estar muy atentos y atentas de que no terminen colgándole muchas arandelas en el marco de la negociación política y que terminen desdibujando el objetivo del proyecto.

Cambiando de tema, este año volvió la polémica alrededor de la figura de Hollman Morris. ¿Por qué sigue en el Gobierno no obstante a los llamados del movimiento feminista? ¿El Gobierno le está dando la espalda al feminismo?
El mensaje que deja el Gobierno con el tema de Hollman Morris es que el eslogan de que “el cambio es con las mujeres” se quedó solamente en un eslogan de campaña. Pero, para nada es un principio a la hora de tomar decisiones por parte de este gobierno. Las víctimas de Hollman Morris no solamente lo han denunciado a él por acoso sexual o acoso laboral o malos tratos. También han denunciado que son víctimas de persecución y hostigamiento físico y digital. El hecho de que el presidente Petro se lleve a Hollman Morris a Davos es una cachetada en la cara a las víctimas. Además, se presenta en un contexto de violencia cada vez más crítico contra nosotras. Empezamos el año con un feminicidio a punta de machete en el Valle del Cauca, un intento de feminicidio con el mismo método, feminicidios en varias regiones del país. Se suponía que Petro había prometido que iba a haber una lucha cultural decidida contra el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia contra las mujeres…

¿Y qué pasó?
Eso no es coherente con el hecho que el Gobierno siga nombrando y protegiendo a hombres denunciados por violencias basadas en género y que siga acumulando el poder político en ellos. A mí mucha gente me dice: ¿pero ustedes qué quieren? ¿Quieren que entonces si hay un hombre que cometió un error que lo aparten de la sociedad y que nunca más pueda volver a trabajar? No es lo que yo pido, ni lo que pide el movimiento feminista. Pedimos que haya un reconocimiento y un proceso de reparación a las víctimas, una autocrítica, una garantía de no repetición, entre muchos otros mecanismos de reparación que las víctimas deciden y solicitan. Pero en el caso de Hollman Morris, de Víctor de Currea-Lugo, de Fabián Zanabria, que son todo este combito de hombres que se las dan de progresistas pero que quieren cambiar todo el sistema, excepto el patriarcado y la violencia contra nosotras, lo que ellos han hecho es revictimizar, descalificar a las víctimas, restarles credibilidad en la opinión pública, hostigarlas digitalmente. Y es lamentable que el Presidente se sume a estas prácticas.

¿Qué opina usted de la figura de la primera dama?
Creo que Verónica Alcocer es una exponente más de la política tradicional de Colombia. Y creo que la figura de la primera dama no debería de existir en Colombia. No debería de existir. Es una figura que desconoce que las mujeres tenemos un desarrollo, un desempeño profesional completamente separado del de nuestras parejas y que le entrega poder político a una persona por la que nadie ha votado en Colombia. Ni si quiera estoy de acuerdo en que la primera dama tenga responsabilidades en lo que tiene que ver con el sistema de Bienestar Familiar. Me parece que esa es una herencia de un modelo político muy lejano ya en términos de contexto, de la historia y lo que ha servido es para que sea la caja menor de la historia del presidente a través de la cual se hace politiquería con la política tradicional, que es lo que ha venido haciendo Verónica Alcocer.

Se perdieron los Juegos Panamericanos. ¿Qué análisis hace?
Para mí, es muy contundente el hecho de que la ministra del Deporte siga en su cargo. Eso no tiene ningún tipo de presentación y lo que a mí me hace pensar es que la decisión de no hacer los Juegos Panamericanos fue una decisión del Presidente. La responsabilidad política es del Presidente. Si fuera individualmente sobre la ministra del Deporte, no habría nada qué justificar a que ella estuviera en el cargo. Así que, para mí, esto es una pésima noticia. Colombia deja de recibir millones de dólares en inversiones, pero no solo eso, también de ofrecer infraestructura y oportunidades para los deportistas. Fue una decisión deliberada del presidente Gustavo Petro.

Se suponía que Petro había prometido que iba a haber una lucha cultural decidida contra el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia contra las mujeres

¿Por qué lo dice?
Al Presidente le pareció que los Juegos eran muy caros, pero no quiso asumir esa decisión Política. El contrato tiene establecido que la platica que se pagó se perdió. Aquí puede haber un detrimento patrimonial contra Barranquilla y el Atlántico, que precisamente asumieron esos gastos iniciales y que nadie les va a devolver esa platica.

Con este movido inicio de año, ¿qué más podemos esperar?
Voy a ser muy franca. Tengo una preocupación y es que, como el gobierno del presidente Petro para mí, para muchas y para muchos ha sido decepcionante, partidos tradicionales como el Centro Democrático y Cambio Radical se presenten ahora como la gran alternativa a la política colombiana.

¿A qué se refiere?
Realmente, no lo son. Al mismo tiempo que estas decepciones están pasando con Petro, al mismo tiempo están metiendo a la cárcel a Ciro Ramírez (Centro Democrático), a congresistas de los partidos tradicionales, se fugó el exdirector del DPS. Es decir, aquí lo que ha pasado es que se está reproduciendo lo mismo que criticábamos en gobierno anteriores. Pero la alternativa no puede ser volver a esos mismos partidos. Siento que nuestro papel, como nuevas generaciones en política, es ofrecer otros caminos que no sean ni volver al Centro Democrático ni a los tradicionales, ni tampoco al Pacto Histórico, que prometió una transformación que no ha cumplido.
Para terminar, ¿qué opina del llamado del presidente Petro para que el Pacto se una para ganar las elecciones? ¿No le queda mucho de para estar ya pensando en campaña?
El presidente Gustavo Petro trinó sobre las elecciones del 2026 mientras Santander estaba en llamas, mientras se incendiaban los cerros orientales de Bogotá ante la inacción y ante la falta de prevención del Gobierno de los efectos del fenómeno del niño y de los incendios forestales. Para mí, esta es la prueba más evidente de que el problema no es que Petro esté hablando de política, él tiene todo el derecho de hacerlo. El problema es que hoy no está cumpliendo con lo que prometió en el 2022. ¿Por qué no, mejor, se pone a ver sus videos de campaña en el 2022 para que vea qué prometía y evalúe si lo está cumpliendo hoy? Estoy segura de que se asusta.

¿Por qué?
Estoy segura de que se asusta de lo incoherente y lo demagógico que ha sido su gobierno. Si está tan preocupado por las elecciones del 2026, la mejor forma de competir en cualquier elección es cumplir lo que prometió y eso es todo lo contrario a lo que ha venido haciendo su gobierno.

¿Entonces?
El Presidente debería de estar pensando en gobernar hoy, hacerlo bien, cumplir lo que prometió, separarse de la política tradicional, que es lo más decepcionante, para mí, de este gobierno. Si le hubieran dicho a la gente que iban a gobernar con toda la política tradicional, con toda la gente a la que antes le decían que hacía parapolítica, estoy segura de que no ganan las elecciones. No me molesta que esté pensando cómo ganar las elecciones del 2026, obviamente todos los presidente lo hacen, pero de ahí a que eso impida ejecutar, como le pasó a este gobierno, que es la menor ejecución en los últimos 10 años, creo que hay una falta de visión política y de cumplir el mandato social de cambio que hubo y que el pueblo le dio a él y que hoy se está pasando por la faja

¿Cuál es el mandato popular? Read More »

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