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Razón Pública

Un paso adelante y dos atrás

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Por: Carlos Acero Castellanos

Frente al primer gobierno que no representaba a la tradición política se esperaban muchas cosas positivas y surgían algunas dudas sobre su capacidad para sortear las trabas burocráticas que dificultan las transformaciones. Pero definitivamente no esperábamos que en diversos temas de política social se produjeran retrocesos.

Esta semana, en medio de anuncios, rectificaciones y aclaraciones, el presidente Petro y el ministro de defensa confirmaron el regreso del glifosato. Ante los rumores de una posible descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos ante el aumento en los cultivos de coca, reaparece el uso de esta sustancia, clasificada como probablemente cancerígena por la OMS.

Aunque Petro candidato sentenció que en su gobierno no habría “una sola gota de glifosato”, hoy se adelantan cinco procesos contractuales para comprarlo. El hecho de que no se asperje desde aviones, o que se use de manera complementaria a la política de erradicación voluntaria, no significa que el químico sea menos lesivo para la salud humana, animal y para los ecosistemas. Tampoco existen conceptos del Gobierno que sustenten que el uso terrestre del glifosato cumple con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para reanudar su uso. Las sentencias T-236 de 2017 y T-413 exigen participación ciudadana y estudios ambientales rigurosos, exigencias que ni el gobierno de Duque logró alcanzar.

El fracaso de la política de Paz Total, la ausencia de una política de seguridad nacional complementaria a los esfuerzos de diálogos y la coyuntura internacional llevan al gobierno a buscar salidas desesperadas que contradicen sus promesas de campaña y nos devuelven a debates superados en la última década.

En materia educativa también hay retrocesos. Pasamos de vamos a “elevar históricamente el presupuesto público para el sistema educativo”, a “no es para que las universidades soliciten más recursos a la Nación”.

Este panorama es el resultado del reciente Decreto 391 de 2025 del Ministerio de Educación, mediante el cual se obliga a las universidades públicas a formalizar a la brava a todos los docentes sin asignar un solo peso adicional para ello.

Las nuevas cargas que el Ministerio le impone a las universidades desconocen que el Gobierno se ha negado a tramitar con urgencia la reforma al modelo de financiación de estas instituciones. Sin dicha reforma, que está cerca a hundirse en el Congreso, se seguirá ampliando la deuda del Ejecutivo con las instituciones públicas, que a 2025 se calcula en 25 billones de pesos.

En medio de la asfixia presupuestal que viven estas universidades, Leopoldo Múnera, rector de la Universidad Nacional, advierte que esta institución no cuenta con los recursos necesarios para hacer la formalización ordenada por el Ministerio, y prevé que la medida causará una frustración en la comunidad universitaria.

No olvidemos que en 2018 se desató un paro nacional universitario cuando los rectores de universidades públicas alertaron que no contaban con los recursos para terminar el año.

En materia de lucha contra la corrupción también vamos para atrás. A los carrotanques de La Guajira, la niñera de la Canciller interrogada ilegalmente en un sótano de la Casa de Nariño, y la plata de “Papá Pitufo” que entró a la campaña, ahora se le suman los escándalos de la súper pareja de la salud: hace unas semanas, Daniel Coronell reveló unos audios que dejan muy mal parada a Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para las IPS y esposa del ministro de salud. En ellos se escucha, aparentemente, la voz de Gómez presionando indebidamente a gritos a un funcionario para que adjudicara un contrato en el Hospital de Leticia, aunque ella no tenga ninguna competencia sobre la contratación del Hospital.

Como si eso fuera poco, la congresista Jennifer Pedraza reveló que la superintendente dio luz verde para intervenir el hospital de Nazareth, La Guajira, para poner a una gerente que hace parte del clan político de Kiko Gómez, a pesar de no cumplir con los requisitos previstos para el cargo. Aunque las Resoluciones 11467 de 2018, 105131 de 2024 y 2599 de 2019 exigen certificar al menos 3 o 5 años de experiencia en la administración de entidades de salud y estar inscrita en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO), la ficha de Kiko y de la superintendente apenas tiene un año de experiencia y no estaba inscrita en el RILCO. Lo más grave, es que esa gerente debe ejecutar 36 mil millones de pesos que el ministro—esposo de la superintendente—le dio al hospital para una obra.

¿Cuál era el interés de la esposa del ministro de nombrar a la gerente? ¿Dar un favor político?

Aunque este gobierno se eligió para avanzar, los hechos prueban que en diversas materias vamos dos pasos atrás.

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¿Quién es responsable de la crisis de la salud?

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Por Carlos Acero Castellanos

El sistema de salud colombiano no era la panacea, pero sí es susceptible de empeorar por la acción del gobierno nacional. Mientras cientos de pacientes en todo el país siguen sin recibir sus medicamentos, la controversia política prioriza los señalamientos pero no las soluciones para la gente.

Los defensores de la Ley 100 de 1993 celebran que nuestro modelo de salud logró la cobertura universal. Si bien desde esa época casi la totalidad de la población quedó afiliada al sistema, ello no se tradujo en la prestación universal, efectiva y de calidad. Mientras tanto muchos sí hicieron negocio con ese modelo.

En ese marco, 42 EPS fueron liquidadas entre 1998 y 2022, durante los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos y Duque. Son incontables las tragedias de pacientes: largas esperas de atención en sillas Rimax, las citas médicas exprés donde no se recibe una adecuada valoración o las tantas historias de medicamentos no entregados en los dispensarios de las IPS.

A lo anterior se sumaron los casos de corrupción. El cartel de la hemofilia; la negación de servicios para acumular utilidades a cargo de recursos públicos girados por la UPC; la muy opaca liquidación de Saludcoop, luego Cafesalud, y los traslados de usuarios a Medimás sin soporte financiero, entre otros.

A modo de ejemplo sobre el tema de actualidad, según Transparencia Por Colombia entre 2016 y 2020 el 25% de los casos de corrupción en el sistema se relacionaron con casos de la no entrega de medicamentos. Entonces no, no teníamos un sistema de salud ideal.

Sin embargo, la cura se está tornando peor que la enfermedad, tanto porque la reforma a la salud no tiene soluciones puntuales a estas problemáticas, como por las medidas de contingencia adoptadas por el gobierno Petro. Miremos con detalle estas últimas.

Actualmente 11 EPS se encuentran intervenidas, lo que significa que la administración de éstas y sus pacientes quedó a cargo del gobierno. En total, el 62,5% de las y los colombianos—31,1 millones de personas—se encuentran bajo la prestación de servicios de salud ofertados por el gobierno, no de privados.

Esta realidad parecía desconocida por el Presidente y el Superintendente de Salud, quienes se enteraron de la misma en el consejo de ministros del martes pasado.

Pero más grave que la “intempestiva noticia», es que varias de las EPS administradas por el gobierno deben plata a los gestores farmacéuticos encargados de entregar los medicamentos a los pacientes. Es decir, el gobierno administra las EPS, éstas no pagan los medicamentos y, por tanto, la gente se queda sin acceder a ellos.

Miremos las deudas de las EPS intervenidas con los gestores farmacéuticos:

  1. FAMISANAR (2,7 millones de usuarios) debía $57 mil millones en 2023 y, bajo intervención, cerró 2024 con $67 mil millones en deudas;
  2. ASMET SALUD EPS (1,5 millones de usuarios) debe $121 mil millones, de los cuales $26 mil millones de no paga hace más de un año;
  3. SOS EPS (0,7 millones de usuarios) adeuda cerca de $70 mil millones, con casi $30 mil millones en mora por más de un año.

Mientras tanto, NUEVA EPS (11,6 millones de usuarios) esconde sus deudas con las gestoras farmacéuticas, al punto que un juez de tutela le ordenó revelar dicha información a la congresista Jennifer Pedraza. El descalabro puede ser mayor.

Para que se entienda más fácil: parte importante de la negación de medicamentos a pacientes en el país es el resultado del impago del gobierno a los gestores farmacéuticos. Es por ello que expertos han explicado que, más que desabastecimiento, lo que estamos viviendo es desfinanciamiento con origen gubernamental.

La lista de fallas del gobierno en garantizar la salud de los pacientes a su cargo es extensa. Sólo expondré una más: la mediocre gestión en perseguir a los corruptos. A la fecha el gobierno no ha denunciado ante la Fiscalía a los grandes ladrones del sistema, es más, sólo hasta esta semana denunció a Audifarma por el presunto acaparamiento de medicamentos.

Lo que resulta absurdo es que la denuncia contra Audifarma se limite a tres páginas que no explican la forma como se materializaron los posibles delitos y que apenas aporta una prueba irrelevante: un comunicado de prensa. En cualquier facultad de derecho esa denuncia no se sacaría más de 1 sobre 5.

Algo similar pasó con el FOMAG, que con el nuevo modelo continúa con fallas en la atención y sin conocer quiénes eran los criminales a los que perseguía Petro.

El sistema de salud necesita grandes transformaciones y controles efectivos para evitar la corrupción. En el panorama actual, antes que señalar sin soportes serios, el gobierno debe empezar por administrar con responsabilidad la salud del 62,5% de la población a su cargo.

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¿Consulta popular o de popularidad?

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Por: Carlos Acero Castellanos

La consulta popular sobre las reformas puede enredar más la aprobación de las mismas. Con seguridad Petro y Benedetti son conscientes de esto, pero esa no es su preocupación, puesto que el objetivo es mantener la agenda política en constante campaña, terreno donde se sienten más cómodos. Al final, entre la polarización y la campaña, las reformas no son futuros posibles sino excusas.

La reforma laboral, sin ser perfecta, representa avances para la recuperación de derechos laborales y la ganancia de algunas nuevas garantías. Es justo recuperar el pago del 100% del salario durante el día de descanso (dominical o festivo); también lo es adelantar a las 7:00 pm el fin de la jornada laboral o volver al contrato laboral de aprendizaje del SENA.

La justeza de esas propuestas no surge de una apreciación moral entre lo bueno y lo malo. Son la reivindicación tras el recorte derechos promovido en 2003 por Uribe, quien alegaba que, a cambio de estos derechos se crearían casi 700 mil empleos.

Un estudio de Alejandro Gaviria demostró que la creación de empleo fue “marginal” y otro de Guataquí y García concluyó que “los resultados son negativos, y claramente inconsistentes con la cifra de 200.000 empleos por año citada durante la discusión parlamentaria”. La promesa no se cumplió.

También es loable que la reforma cree licencias para asistir a citas médicas programadas o de urgencia, que reconozca el pago a internos de medicina que trabajan arduamente en centros de salud, y que garantice que el trabajo sea un lugar libre de violencia o acoso para las mujeres.

A diferencia de lo ocurrido con la reforma a la salud, la reforma laboral se modificó sustancialmente por la concertación entre el gobierno y los gremios. Por ejemplo, se eliminaron más de 17 artículos relativos a derechos sindicales que causaban ampolla a los empleadores; se eliminó la recuperación de las indemnizaciones por despido sin justa causa que podía golpear a MiPyMes e incluso se flexibilizaron las obligaciones laborales a grandes empresas como Rappi.

No comparto varias de esas eliminaciones, como tampoco comparto la ponencia de archivo presentada por 8 senadoras. Sin embargo, ambas son decisiones legítimas en el marco de la democracia representativa y de un aparato productivo débil.

Cuando la ex Ministra del Trabajo Ramírez le dio la espalda a los sindicatos de Rappi, no se la acusó de evadir el debate, aunque en la práctica esa concesión no se dio en público sino a puerta cerrada. Por lo mismo, es hipócrita el matoneo del gobierno contra las congresistas que el próximo martes justificarán el archivo de la iniciativa.

¿Entonces la solución al hundimiento de la reforma es la consulta popular? Por el contenido y por el mecanismo, dudo que la consulta sea efectiva. La consulta debe hacer preguntas generales al pueblo, pero el diablo está en los detalles.

Y si los detalles guardan relación con el texto de las reformas, el escenario se complica: ¿le van a preguntar a los sindicatos de repartidores de domicilio si quieren la reforma?, ¿nos van a consultar si estamos de acuerdo con que los políticos (alcaldes y gobernadores) amplíen su participación en las juntas directivas de los hospitales públicos a costa de reducir un puesto en la junta para los trabajadores?, ¿nos van a preguntar si estamos de acuerdo con que la ADRES asuma los roles de las EPS sin tener un fortalecimiento financiero e institucional y mientras a las EPS les aseguran por ley 4 billones de pesos anuales? Todos estos son elementos contenidos en las reformas, pero con seguridad no preguntarán sobre los micos.

Y en la mecánica también hay complicaciones. Para llamar a las urnas, Petro debe tener el visto bueno de la mitad más uno del Senado, respaldo poco posible tras la ruptura de relaciones y trinos agraviantes en contra de las congresistas.

Si Benedetti aceita a las mayorías de todo el Senado, cosa que no logró en la Comisión Séptima para aprobar la reforma, una vez realizada, la consulta requeriría 13 millones de votos. Es decir, se necesitan más votos de los que sacó Petro en segunda vuelta, o incluso de los que sacó la consulta anticorrupción que no tenía detractores.

Si se logra convocar la consulta, eso no significa que se apruebe un texto puntual de cada reforma. Volveríamos al punto cero en el que el Congreso debe redactar un texto, debatirlo y buscar consensos, todo ello en los últimos tres meses del periodo del Congreso.

El interés real de esta nueva aventura no es resolver los derechos del pueblo, es medir la fuerza electoral del presidente y su nueva coalición con los partidos tradicionales. No en vano, cuando preguntan por los votos de la consulta, Benedetti responde con nombre propio “va a haber un gran apoyo al señor presidente de la República”.

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Lógica perversa

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Por; Carlos Acero Castellanos

Repetir una mentira mil veces hasta que se convierta en verdad. Esa es la lógica con la que gobierna el presidente Petro, engañando a sus electores y confundiendo a la opinión pública. Considero urgente desmitificar sus narrativas, especialmente para aportar a futuras discusiones sobre la recomposición de proyectos alternativos o de izquierda democrática en Colombia.

“Sin un operador político como Benedetti no se aprueban las reformas”. Sin duda cualquier gobierno requiere de una buena dosis de pragmatismo para ejecutar su plan de gobierno. Pero el pragmatismo no puede ser absoluto, al punto que se sacrifique el contenido.

Es falso que el Congreso haya sido una gran barrera para las reformas. Desde el 7 de agosto de 2022 el Congreso ha aprobado 13 reformas propuestas por Petro, abarcando agendas ambientales, tributarias, presupuestales, de paz, educación, asuntos agrarios y animalismo. 

Incluso, la reforma pensional fue aprobada ¡con pupitrazo! ratificando que las reformas avanzan  hasta con aplanadoras. Las reformas a la salud y laboral hoy están sin trámite por el lamentable desorden posterior al famoso consejo de ministros.

Recordemos además que el Congreso tiene la competencia para destituir ministros por la vía de la moción de censura. El resultado para el gobierno es impecable, ningún ministro o ministra pasada por la moción de censura ha salido de su cargo. Por el contrario, las salidas cada día más responden a la inclusión de cuotas políticas de partidos tradicionales como mecanismo transaccional.

En ese contexto es innecesario un “operador político como Benedetti”, expresión amable para no llamarle politiquero. La única razón por la que se otorga la dignidad de Ministro del Interior a Benedetti es la compra del silencio.

Da vergüenza ver a la izquierda, cada vez más carente de fundamentos ideológicos, justificando el nombramiento de un ex uribista ex santista, con siete investigaciones penales en su hombros y una investigación por violencia de género en España.

“La Corte Constitucional impide subsidiar la tasa de los créditos del Icetex”. Para engañar a los y las estudiantes, a quienes este gobierno no les ha cumplido y les sube el valor de las cuotas de sus créditos, culpan a la Corte. La realidad es otra.

Mediante la sentencia C-391 de 2023 la Corte tumbó un artículo de la reforma tributaria de Petro que buscaba subsidiar los puntos de inflación en la tasa de intereses de los créditos del Icetex, esto beneficiaba a la población que estaba en periodo de estudio que no estuviese cubierta por otro subsidio.

El artículo se cayó, entre otras razones, porque no fue propuesto por el Gobierno sino irregularmente y a las carreras por unos congresistas en el último debate. Además, ese subsidio no se financiaba con recursos del Gobierno, sino de las universidades privadas. Por tanto, ni siquiera se puede atribuir el subsidio a una política de Petro. 

¿Pero esa decisión llevó al Icetex a aumentar las tasas en 2025? ¡No! Las cuotas han subido a las personas graduadas, no a aquellas en periodo de estudio.

“Por tumbar la reforma tributaria, el Congreso es culpable de que no haya recursos para subsidiar las tasas del Icetex”. Falso. 

El subsidio a la tasa para egresados que el Icetex no pagará este año fue creado por el Plan de Desarrollo de Petro y no ha sido tumbado por la Corte. Este subsidio se pagó en 2022, 2023 y 2024 con recursos del presupuesto nacional asignado al Ministerio de Educación Nacional y equivalía a 290 mil millones de pesos al año. 

Aunque es cierto que por la estrechez fiscal del gobierno el presupuesto de inversión de ese Ministerio se redujo en 2,1 billones de pesos para 2025, ello no responde a la caída de la reforma tributaria. ¿Cómo se prueba lo anterior?

El Gobierno expidió el presupuesto del 2025 con recursos que superan los que actualmente tienen. La forma de cubrir el faltante es aprobando una reforma tributaria, pero mientras ésta sale adelante, el Gobierno expidió el Decreto 0069 de 2025 que aplaza el gasto de la plata aún no disponible. Sin embargo, este decreto no está aplazando ningún monto para el Ministerio de Educación.

En español: ni un solo peso que se buscaba recaudar con la reforma tributaria iba a destinarse a educación o al subsidio de tasas del Icetex.

El diablo está en los detalles, y los detalles suelen estar lejos del alcance de la población. Si bien algunos no dejaremos de exponer los engaños, la reflexión de fondo hacia la izquierda y el sector alternativo es si vamos a normalizar estas lógicas perversas a nombre de proyectos que dicen representar una nueva política.

Nota: Habla muy bien de la autonomía de la Universidad Nacional el no haber aprobado la tesis de maestría de Daniel Rojas, el Ministro de Educación que preside el Consejo Superior Universitario de esa institución. 

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Incertidumbre financiera y la reforma pendiente para la educación superior pública

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Por  Diego Cortes Valencia

Un balance de treinta años de la Ley 30 de 1992 muestra el debilitamiento presupuestal al que han sido sometidas las instituciones públicas de educación superior. Aun cuando la ruta de reforma financiera a la Ley es clara, no se ha materializado en acciones prioritarias para el gobierno nacional ni para las mayorías en el Congreso.

El contexto financiero de la educación superior pública

Las universidades públicas y las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias presentan enormes necesidades en materia financiera. Para algunas, ha implicado el riesgo de seguridad de su infraestructura física, como la Universidad Nacional con el edificio de farmacia en emergencia estructural y el Instituto de Ciencias naturales, que tiene en riesgo el patrimonio biológico del país por su crisis de infraestructura. Para otras, como la Universidad de Antioquia, representa faltantes para su funcionamiento anual, que le impide cubrir sus costos y lleva a buscar mecanismos de austeridad para cerrar el año.

Estos ejemplos son un reflejo de una crisis estructural que proviene del sistema de financiación definido en la Ley 30 de 1992. En el boletín 3 del Observatorio Colombiano de Políticas Educativas y Profesión Docente (OCPE-UPN) se detalla que, mientras el presupuesto por Ley 30 de las universidades públicas ha crecido un promedio de 3,4 % anual desde 1993 hasta 2023 (4,1 % si se cuentan otros aportes de la nación distintos a la Ley 30), las instituciones han crecido en cobertura y capacidad de investigación y extensión por encima del aporte público. Mientras tanto, los estudiantes de pregrado crecieron 5 % anual y los de posgrados 4,5 % anual. Además, entre 2004 y 2019, los grupos de investigación reconocidos crecieron 8,4 % anual.

Para lograr los recursos necesarios para funcionar y crecer, las universidades públicas buscaron mecanismos de autofinanciación, que correspondieron a recursos de matrícula, proyectos de extensión, entre otros mecanismos. Según el Sistema Universitario Estatal, para el año 2019 el 45,1 % de los recursos gastados por las universidades públicas provenían de autofinanciación. Como dice el profesor Álvaro Moreno, “obligaron a las IES públicas a movilizar sus limitados recursos para incrementar los ingresos mediante la venta de servicios en el mercado”.

Sin embargo, la capacidad de autogestión de recursos tiene límites. No es posible buscar recursos mediante esquemas de matrículas sin impactar sobre el acceso efectivo a la educación superior para los estudiantes de las familias de menores ingresos del país. Por el lado de la extensión, la contratación tiene límites sobre la cantidad de entidades interesadas en gestionar proyectos con universidades, y también los tiene la capacidad de cada institución de ejecutar dichos proyectos con la planta docente de las instituciones, lo cual puede ir en detrimento de los otros fines misionales de las universidades, como la formación y la investigación.

El problema de la Ley 30

El rezago en materia de financiación de la educación superior pública fue amplificado por la Ley 30 de 1992. En los artículos 86 y 87 de esta ley se define el mecanismo de financiación y se determina que el presupuesto público (que se denominará base presupuestal) de las universidades públicas de cada año será, como mínimo, equivalente a los recursos del año inmediatamente anterior más la inflación (o índice de precios al consumidor (IPC)).

El efecto de este mecanismo fue que el aumento del presupuesto no obedeció a las necesidades ni los costos que tenían las universidades para sus gastos operativos y de inversión, sino a mantener el poder adquisitivo del presupuesto de cada año, lo que genera una brecha presupuestal entre necesidades y recursos públicos disponibles en un proceso de desfinanciamiento progresivo.

Por lo anterior, el Sistema Universitario Estatal estimó que para el año 2018 las universidades públicas requerían alrededor de $17,2 billones de pesos ($23,7 billones a precios del año 2023) para cerrar la brecha de calidad generada desde 1993 en cuanto a necesidades de funcionamiento e inversión, como lo son laboratorios, dotación de tecnología, formación docente, infraestructura física, entre otros.

El caso de las instituciones técnicas y tecnológicas (ITTU) públicas fue aún peor. Los artículos 86 y 87 de la Ley 30 no las cubren, por lo cual sus recursos anuales están al vaivén de la disposición de los entes territoriales. Solo 18 de 33 ITTU públicas reciben recursos de la Nación, y aun así estos recursos percibidos apenas representaron el 1,7 % de los aportes de la Nación a todas las instituciones de educación superior públicas del país. En este sentido, la red de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas (REDTTU) estimó la necesidad de recursos por $806 000 millones de pesos en 2021 para su funcionamiento e inversión (cerca de un billón de pesos a precios de 2023).

La desidia de financiación pública no es por falta de recursos sino una decisión política

Durante los últimos treinta años, cuando el movimiento universitario ha exigido mayores recursos para la educación superior pública, tanto los gobiernos de turno como voces mediáticas contrargumentan que Colombia es un país con escasos recursos y muchas necesidades sociales, por lo cual sería un despropósito aumentar el presupuesto público de la educación superior al tamaño de los reclamos.

Sin embargo, esta visión ignora que, mientras el país creció en los últimos treinta años, los aportes de la Nación no aumentaron en la misma proporción. Como se observa en la siguiente figura del OCPE-UPN, los aportes de la Nación como proporción del PIB pasaron de ser el 0,52 % en el año 2000 al 0,41 % en 2023. En particular, la caída más grande en esta proporción se observó entre 2002 y 2010, justo el período de tiempo del auge minero-energético del país. Mientras había más recursos en la economía colombiana, esto no redundó en mejores condiciones para la educación superior pública.

Este mismo fenómeno se observa al comparar los aportes de la Nación a las universidades públicas con respecto al Presupuesto General de la Nación, que es equivalente a los ingresos disponibles por el Estado anualmente. Para el año 2000 los aportes de la Nación equivalían al 2,1 % del PGN, mientras que en 2023 se redujo al 1,5 %. Se evidencia así que no es falta de recursos públicos, sino una decisión de dar prioridad a otros gastos en detrimento de la educación superior pública.

Reforma necesaria y pendiente

La situación de la financiación de la educación superior pública es apremiante. En los últimos años se han presentado distintas propuestas de reforma financiera a la Ley 30 en sus artículos 86 y 87, que han surgido de la academia, el SUE, la REDTTU, el Congreso de la República y el Ministerio de Educación Nacional (en el boletín 4 del OCPE-UPN se puede ver la comparativa de estas propuestas).

Las propuestas varían en distintos detalles, pero tienen en común el reemplazo del aumento de la base presupuestal de las universidades públicas con el IPC, para utilizar el índice de costos de la educación superior (ICES). Además, se crea un sistema de base presupuestal para las ITTU, que también crecerá con el ICES para estas instituciones. 

La ventaja de este índice es que incluye la canasta de costos de las instituciones de educación superior, diferencia instituciones entre públicas y privadas, y también si son técnicas, tecnológicas, universitarias o universidades, lo cual garantiza una mayor cercanía con la variación de costos reales que tienen estas instituciones.

Existen distintas estimaciones de cuánto podría representar este incremento adicional para las universidades públicas, pero podría ser de $18,7 billones de pesos entre 2027 y 2040 y llevaría el presupuesto de estas instituciones a representar alrededor del 1 % del PIB anual. Esto sería un mecanismo que permita cerrar la brecha de necesidades de estas instituciones en un horizonte de mediano plazo.

La propuesta de reforma no solo se encuentra formulada, sino que fue radicada en el Congreso durante el segundo semestre del año 2024 (proyecto 212 de 2024 Senado). La propuesta parte del proyecto radicado por los congresistas Jennifer Pedraza, Gabriel Becerra y Ariel Ávila (proyecto 084 de 2022 Cámara), el cual fue consensuado, ajustado y avalado por el Ministerio de Educación Nacional.

Sin embargo, después de la radicación no han existido esfuerzos efectivos por parte del Ejecutivo para acelerar el trámite del proyecto. En 2024 no fue seleccionado entre los proyectos del gobierno que impulsó el Ministerio de Interior, ni existió interés de promoverlo, a pesar de tener la firma del ministro de Educación. Se espera que para 2025 exista prioridad por parte del Gobierno para dinamizar el debate legislativo.

Aunque existen mensajes positivos por parte del Viceministerio de Educación Superior frente al aumento del presupuesto para las universidades y las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas para 2025, es incierta la postura del Ministerio de Hacienda para dar aval fiscal al proyecto de reforma de la Ley 30, de manera que los aumentos de recursos para estas instituciones se garanticen a futuro. La incertidumbre financiera se mantiene y la oportunidad de reformar la Ley 30 en materia financiera cada vez se presenta más lejana por el contexto fiscal y político del país.

En este contexto, se vuelve fundamental una acción mancomunada del movimiento universitario (docentes, estudiantes, trabajadores y directivas) para exigir el avance de esta reforma y que se cumplan las promesas de fortalecimiento de la educación superior pública para avanzar en su garantía como derecho fundamental en Colombia.

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Los principios no se negocian

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Por: Carlos Acero Castellanos

Romper con las lógicas de corrupción y clientelismo es una condición obligatoria para transformar a Colombia. Esta condición, además de ética, tiene consecuencias prácticas, puesto que las concesiones que se hacen con los políticos de siempre derivan en una oscura transacción de los intereses privados sobre las agendas transformadoras.

Bajo el eufemismo del “acuerdo nacional” Petro montó un contubernio burocrático, con el agravante de que sus aliados politiqueros no desarrollaron el programa de gobierno sino su politiquería tradicional. A cambio de puestos, los partidos Liberal, Conservador y de la U han apoyado al gobierno en al menos 13 reformas.

Cabe aclarar que la idea de buscar un acuerdo nacional para lograr consensos entre sectores distintos es en esencia plausible y necesaria. Pero lo que ha ocurrido en el país en estos dos años y medio no es la disposición al diálogo del presidente con los sectores independientes, con las otras ramas del poder o con el sector privado. Por el contrario, el presidente no ha desaprovechado momento para lanzar sus críticas y prejuicios a dichos sectores.

En los detalles se ve más claro el daño que negociar los principios le hace al proyecto político. Para lograr mayorías en el Congreso el gobierno le entregó entidades y ministerios esenciales de la agenda social a la política tradicional.

La dirección de la Fiduprevisora y el sistema de salud del magisterio fue entregada al partido de la U. Petro puso al ratón a cuidar del queso, puesto que la cuota de la U fue Jhon Mauricio Marín, cuestionado por escándalos de corrupción durante su paso por Ferrocarriles de Colombia.

La chequera de 18 billones de pesos del FOMAG y su fase de transformación quedó en manos de politiqueros ajenos al sentir de las y los maestros, incluso de las bases sindicales. Y todo salió mal, puesto que el nuevo modelo nada cambió, muchos de los viejos contratistas de salud volvieron a ser contratados y la prestación del servicio es igual o peor que en el pasado.

Con la reforma a la salud pasa algo semejante. En el espectacular Consejo de Ministros Petro confesó su deuda electoral con Dilian Francisca Toro, la baronesa de la salud del Valle. La deuda fue cobrada con las modificaciones a la reforma, todas a puerta cerrada, porque en el debate del Congreso no aprobaron grandes cambios. El gobierno terminó cediendo en el fortalecimiento de la oferta pública en salud, eliminado la posibilidad de fortalecer a la ADRES como pagador único del sistema y la entrega de utilidades de entre el 5% y el 8% a las EPS, sin importar si cumplen o no con sus deberes. La reforma es un Frankenstein y -de ser aprobada- no va a cumplir con las expectativas promocionadas hace un par de años.

La componenda también ha pasado por entregar los entes de control a la política tradicional. Primero se entregó la Contraloría, de manera ilegal, a Carlos Hernán Rodríguez, cobijado incluso con los votos de Cambio Radical y el Centro Democrático. Luego, se concilió entregar la Procuraduría a un viejo zorro de la politiquería, Gregorio Eljach.

Ambos nombramientos empeñan la independencia de las entidades frente a los intereses partidistas, con lo que pierde la ciudadanía. Además, son nombramientos ajenos a las iniciativas de cambio por las que votó el pueblo.

Tal vez el mayor efecto de la negociación de los principios redunde en la desesperanza que se siente en el país. El primer gobierno no tradicional terminó siendo un mal ejemplo en la lucha contra la corrupción y el clientelismo, como lo denuncia incluso la mitad de su gabinete.

El nuevo momento de gobierno en el que el presidente se aleja de sus aliados históricos de la izquierda no augura un escenario de unidad con sectores “moderados”, sino la consolidación de una coalición politiquera que piensa más en 2026 que en terminar de gobernar.

Pero mientras en Colombia haya quienes insistan en no negociar los principios habrá esperanza. Y todavía los hay.

Nota: ¿Cuál es la agenda de la Fiscal General de la Nación? Las investigaciones por calumnia a las mujeres que denuncian a Holman Morris avanzan más que las que cursan en contra de éste; por su orden se impidió la captura en Colombia de Papá Pitufo, sin que a hoy exista una justificación sólida; y le hizo un entrampamiento a la negociación de paz entre el gobierno y los “Comandos de la Frontera”.

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El ajuste de la UPC: ¿Sostenibilidad o carga para el sistema?

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Por: Andres Salcedo Pinzon

Explicación del proceso de cálculo de la Unidad de pago por capitación (UPC) para el año 2025.

En las últimas semanas volvió el agitado debate en torno a la Unidad de Pago por Capitación (UPC); desde el gobierno nacional han argumentado que las EPS enviaron mala información y por ello la UPC para 2025 solo podía aumentar 5,36 %, mientras que organizaciones de pacientes, asociaciones de profesionales y demás gremios de la salud han insistido que la UPC es insuficiente. Aquí vamos a entender qué significan estas famosas siglas, el debate en cuestión y una realidad que no se ha tenido en cuenta en medio del debate: En el gobierno del cambio siempre han sido conscientes de que los más vulnerables y con incapacidad para realizar aportes a salud, los afiliados al régimen subsidiado, reciben menos dinero para salud del que deberían y en tres años de mandato no han hecho absolutamente nada para corregirlo.

¿Qué es la UPC y cuál es el proceso para calcular el aumento?

En los términos más prácticos, la UPC es el dinero que el Estado colombiano invierte en salud por cada ciudadano, afiliado al régimen contributivo o subsidiado, para que pueda acceder al Plan de Beneficios en Salud (PBS), es decir, que lo atiendan en un hospital, reciba los medicamentos que necesite, se le programen y realicen cirugías o cualquier procedimiento médico que llegue a necesitar.

El aumento de la UPC se calcula a más tardar el 31 de diciembre, con la información –debidamente validada– que aportan las Entidades Promotoras de Salud (EPS) sobre cuánto dinero gastaron en sus afiliados, teniendo en cuenta cuántas veces sus afiliados requirieron atención en salud dos años atrás. Como esto puede ser un poco confuso, aquí va la explicación teniendo en cuenta como debió ser el proceso para calcular la UPC para el año 2025:

  1. El Ministerio de Salud les dio unas fechas a las EPS para que, durante 2024, reportaran cuánto dinero gastaron en sus afiliados teniendo en cuenta cuántas veces sus afiliados consultaron al médico, recibieron medicamentos, requirieron cirugías, entre otras atenciones en salud, durante 2023.
  2. El Ministerio de Salud validó que la información fuera verídica a través de filtros e información de otras fuentes con las cuales contrastó lo que dicen las EPS
  3. El Ministerio de Salud tiene un grupo específico para cálculo de UPC que se reunió durante 2024 para discutir el aumento de la UPC para 2025
  4. El Ministerio de Salud tenía hasta el 31 de diciembre de 2024 para determinar el aumento de la UPC para 2025

¿Cuál es el debate por el aumento de la UPC 2025?

Para el año 2025, el Ministerio de Salud estableció que la UPC del régimen contributivo aumentaría $2 310 y la UPC del régimen subsidiado aumentaría $2 010, claro está, descontando la inflación del 5,2 %. El Ministerio de Salud argumentó este escaso aumento debido a que la información que suministraron las EPS para hacer el cálculo de la UPC 2025 no era de calidad y por ello no se podía tener en cuenta. 

Los actores civiles del sistema de salud, como organizaciones de pacientes, gremios de trabajadores de la salud y colegios profesionales han argumentado que este aumento sería escaso para las necesidades en salud de todos los colombianos. Por otra parte, expertos en economía de la salud han manifestado que el cálculo de la UPC no ha sido del todo correcto en los últimos años y esto le ha generado al sistema de salud un déficit cercano a $7,1 billones, como se lo dejaron saber a la Corte Constitucional a través de un oficio.

El gobierno del cambio les está dando menos dinero para atención en salud a los más vulnerables y que no pueden cotizar salud

La ley permite que las EPS reciban un porcentaje de la UPC para destinarlo a gastos de administración; para la UPC del régimen contributivo es el 10 % y para la UPC del régimen subsidiado es del 8 %. El dinero de la UPC que queda, después de que las EPS toman el respectivo porcentaje para gastos de administración, recibe el nombre de prima pura y se destina a los gastos de atención en salud como: pagar citas médicas, medicamentos, procedimientos, etc.

Como se aclaraba más arriba, los afiliados al régimen contributivo y al régimen subsidiado tienen los mismos derechos en salud, es decir, tienen derecho al mismo PBS. Con la prima pura de la UPC se paga el PBS, pero la prima pura de cada régimen es distinta. En otras palabras, es como si los afiliados al régimen contributivo y los del subsidiado tuvieran derecho a comprar las mismas cosas en el mercado, pero para pagar ese mercado, a los afiliados del régimen contributivo les doy más plata que a los afiliados al régimen subsidiado. Esto es completamente injusto.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional se pronunció en el año 2016 y ordenó al gobierno de turno procurar que la prima pura de la UPC del régimen subsidiado se acercara lo más posible a la prima pura de la UPC del régimen contributivo; en ese entonces la Corte fijó una meta del 95 %. Continuando con el ejemplo del párrafo anterior: La Corte Constitucional concluyó que como los afiliados al régimen contributivo y los del subsidiado tienen derecho a comprar las mismas cosas haciendo mercado, si a cada afiliado al régimen contributivo se le dan $1 000 para hacer ese mercado, entonces a cada afiliado al régimen subsidiado se le dan $950.

Esta meta se venía logrando hasta el año 2021; luego, cuando el gobierno de Iván Duque calculó el aumento de la UPC para el año 2022, la meta fijada por la Corte Constitucional se perdió y se amplió la brecha entre la prima pura de la UPC del régimen subsidiado y la prima pura de la UPC del régimen contributivo.

El gobierno de Gustavo Petro ha hecho los cálculos de aumento de la UPC de los años 2023, 2024 y 2025. En ninguno de los tres cálculos que ha realizado su Ministerio de Salud han decidido cerrar la brecha, por la cual los afiliados al régimen subsidiado están recibiendo menos UPC. Esto es muy indignante porque significa que los afiliados más vulnerables del sistema y que no pueden cotizar a salud no reciben el dinero que realmente deberían para que los atiendan en un centro de salud, les den los medicamentos que necesitan, accedan a una cita médica, puedan tener atención de calidad en salud.

El gobierno nacional no va a acabar con la corrupción en la salud por dar menos plata a la atención en salud

La lógica que manejan el gobierno nacional y el Ministerio de Salud es la siguiente: Si la UPC aumenta poco o muy poco, entonces la corrupción con los dineros de la salud se va a acabar. Para nadie es un secreto que las EPS han manejado mal los dineros del sistema de salud, muestra de lo cual es lo sucedido con Saludcoop y con la cantidad de EPS que se han tenido que liquidar desde la expedición de la Ley 100 de 1993. Es deber de los entes de control investigar y sancionar los malos manejos de los dineros de la salud por parte de estas Empresas, sin embargo, la lógica del Gobierno de menos UPC es igual a menos corrupción no tiene en cuenta la realidad actual del sistema de salud: Más de la mitad de la plata de la UPC no pasa por las manos de las EPS.

En este momento el Gobierno ha intervenido ocho EPS, las cuales suman 29 041 178 afiliados, es decir, el 55 % de los afiliados al sistema de salud están en una EPS intervenida por el Gobierno. 

Cuando una EPS es intervenida, el dinero que recibía por la UPC de cada uno de sus afiliados ya no pasa por sus manos, sino que es pagado directamente a los hospitales y clínicas desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Esto quiere decir que más de la mitad del dinero de la UPC de 2025 va a ser girada desde la ADRES directamente a los hospitales. 

Decepciona que el Gobierno decida aumentar en 5,3 % la UPC en 2025 para evitar corrupción por parte de las EPS, cuando estas ni siquiera van a manejar la mitad de este dinero. Así mismo, que justifiquen un paupérrimo aumento por la mala información entregada por las EPS –hecho que debe ser igualmente sancionado– cuando tenían otros parámetros para determinar el aumento de la UPC, por ejemplo, cerrar la brecha de la UPC del régimen subsidiado con la del contributivo. Es curioso que el Gobierno se desquite con los pacientes por los malos manejos de los recursos de la salud por parte de las EPS, cuando en la Reforma a la Salud que presentaron, y que se seguirá discutiendo este semestre, el Gobierno premia a las EPS con una muy buena ganancia fija por hacer menos funciones.

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Son niñas, no esposas

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Por: Carlos Acero Castellanos

El Congreso de la República ha dado un paso histórico para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes al prohibir el Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas -MIUT.

Aunque parezca increíble, todavía en el siglo XXI en Colombia era legal que una persona mayor de edad se casara o viviera en “unión libre” con menores de entre 14 y 18 años. La realidad es más desconcertante que la norma, toda vez que en la actualidad hay más de 30.000 menores en todo el país en matrimonio o unión con mayores de edad, limitando sus proyectos de vida construidos desde la autonomía.

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 -ENDS- develó cifras de la alarmante realidad de los MIUT, como la disparidad de edad de las parejas de menores de edad. Por ejemplo, la diferencia de edad de mujeres entre 15 y 19 años es de 6 a 9 años con respecto a sus parejas en el 26,4% de dichas uniones, y de más de 10 años de diferencia en 17,1% de las mismas. En otras palabras: con aval legal se normalizó la pedofilia en Colombia.

Los departamentos del país en los hay más uniones tempranas con niños, niñas y adolescentes son Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Valle, aunque popularmente se señale más las uniones en La Guajira. Las principales afectadas son niñas y mujeres adolescentes, sobre todo las que habitan zonas rurales. Sin embargo, incluso en ciudades como Bogotá están creciendo los casos de embarazos infantiles y adolescentes.

Además de ser aberrantes este tipo de uniones entre una persona adulta y una menor, las uniones tempranas acarrean graves consecuencias para el proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes.

Por ejemplo, son más propensas a sufrir violencia machista, violencia sexual, homicidio o feminicidio. Datos de la ENDS indican que el 49,6% de las niñas en MIUT registran embarazo infantil o adolescente; y UNICEF afirma que estas uniones fomentan la desescolarización, recortando oportunidades de acceso a los beneficios del acceso a la educación y la construcción de un proyecto de vida profesional o laboral.

Si bien los titulares han hecho énfasis en la prohibición de uniones, el mayor atributo de la ley consiste en las medidas de prevención de este tipo de uniones. Como sostuvo Jennifer Pedraza, coautora de la iniciativa: “la nueva norma en papel no es suficiente”. Por lo mismo, la ley ordena al ICBF, a varios Ministerios y a la Defensoría del Pueblo a crear campañas de concientización y mecanismos de verificación del cumplimiento del texto legal.

Es igualmente destacable el proceso que acompañó la aprobación de la ley ¡que se había presentado ocho veces antes y siempre se caía por falta de trámite! A partir de un enfoque feminista e interseccional, las promotoras del proyecto lograron encontrarse y trabajar de la mano con organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, de la niñez y de las mujeres.

Esta estrategia se complementó con una campaña de recolección física y digital de firmas que permitió crear nuevas redes de activismo en 9 departamento del país y que en pocos días recibió más de 5 mil respaldos, muchos de estos que expresaban hacerlo por sus abuelas, madres o tías, y para que sus hijas no tengan que vivir lo que las primeras sufrieron. Sin lugar a dudas esta fue una victoria más del movimiento feminista.

Como sociedad nos hemos acostumbrado a recibir malos resultados, división y desesperanza provenientes del mundo político. En esta oportunidad recibimos una buena noticia.

Claro, todavía faltarán muchas normas y programas gubernamentales para resolver asuntos estructurales de la vida de las niñas y niños: acceso pleno y de calidad a la educación; alimentación digna para que nunca vuelva a morir un menor por desnutrición; o mejoras en la atención de salud. Pero las necesidades estructurales no pueden opacar las igualmente importantes condiciones necesarias para que se eliminen formas de explotación de unos seres humanos sobre otros.

Este avance legislativo en materia de derechos para las niñas, niños y adolescentes nos debe llenar de orgullo como país. No en vano la noticia se expandió por medios latinoamericanos, asiáticos, europeos y africanos, dando una luz de esperanza en aquellos lugares en los que arremeten liderazgos reaccionarios y violentos.

Ahora sí ¡son niñas, no esposas!

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Tormenta perfecta, en un vaso de agua

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Por  Carlos Acero Castellanos

El Consejo Nacional Electoral -CNE- ha sabido armar una tormenta perfecta, en un vaso de agua, pero tormenta perfecta. Al final el CNE no tumbará al presidente y no habrá golpe de Estado por la vía de esa actuación, pero su decisión de abrir una investigación en contra de Petro como candidato sí causa un ruido desafortunado para la democracia.

No es mentira que el CNE sea una institución desprestigiada. El órgano electoral fue creado como un engendro político-judicial que sólo ha servido para que los políticos se hagan favores y que la gran corrupción electoral nunca se aclare.

Los “magistrados” del CNE no son juristas expertos, son políticos quemados, reciclados en ese órgano para hacer favores. Entre los magistrados quemados se destacan Álvaro Prada, uribista investigado por la Corte Suprema por la compra de testigos en el caso Uribe, y César Lorduy, acusado de cometer un feminicidio que quedó impune, además de exigir dinero y favores sexuales para no anular una candidatura en Magdalena.

¿Ustedes confiarían en estas personas para que decidiera su futuro jurídico? Lo dudo.

Además de su cuestionada conformación, el CNE ha sabido actuar con mediocridad jurídica. Para no ir más lejos, el Consejo de Estado ha revocado cinco personerías jurídicas de partidos a los que el actual CNE les había dado el derecho a existir a pesar de que estos no cumplían con los requisitos que la Constitución Política exige. Eran regalitos, quién sabe a cambio de qué.

En todo caso, ese CNE no tiene la capacidad jurídica o política de hacer un golpe de Estado como dice Petro. Las investigaciones del CNE en materia de campañas presidenciales sólo pueden concluir en multas, nunca en destitución, nulidad electoral y menos en cárcel. Esta verdad, que ningún jurista refuta, fue ratificada recientemente por la Sala de Consulta del Consejo de Estado.

Por tanto, la acusación del presidente es alarmista y equivocada, al punto que ni la ministra de Justicia ni el ministro del interior se atrevieron a respaldar el trino de Petro sobre el inicio del golpe.

El presidente, en vez de jugar a la tormenta perfecta y desacatar una orden de naturaleza judicial, debería acudir por la vía de la tutela a la protección de sus derechos fundamentales.

La tutela que revisaría la Corte Constitucional no sólo sería útil para la defensa del presidente. También le daría al país luces sobre el contenido del fuero presidencial y los alcances del CNE, puesto que allí sí existe una controversia constitucional que a la fecha no ha sido aclarada y sobre la que se contraponen posturas.

Resulta que la Constitución Política contempla que el juez natural del presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el Senado. Sin embargo, por la redacción de la constitución y otras leyes se puede interpretar que la Comisión de Acusaciones se ocupa de asuntos penales y disciplinarios, pero no se aclara si ello se extiende a casos administrativos.

El senador Humberto de la Calle explicó este problema de forma sencilla: “Si el Presidente se pasa un semáforo en rojo (Belisario manejaba), ¿hay que ir al Congreso para multarlo? ¿Si no paga a tiempo la luz, debe la empresa ir al Congreso?”. Sucede lo mismo con la investigación administrativa por una eventual violación de los topes electorales.

¿El fuero presidencial es integral o es exclusivamente relativo a lo penal y disciplinario? Esa es la pregunta de fondo que por la vía de la tutela Petro le debe plantear a la Corte Constitucional. Y la Corte deberá aclarar el asunto ratificando, con certeza, que el CNE no tiene la capacidad de tumbar de ninguna manera al presidente.

El corazón de la tormenta en el vaso de agua se desprende del comunicado del CNE, porque al señalar el nombre propio del presidente en el comunicado da a entender que investigará, no sólo a la campaña,  sino también al individuo. Si no se mencionaba el nombre Gustavo Petro, nadie cuestionaría que el CNE puede investigar a su campaña.

Insisto hasta el cansancio: el CNE no puede destituir al presidente, pero mencionar directamente el nombre de mandatario abre la discusión, constitucionalmente no resuelta,  sobre el fuero presidencial y justifica la narrativa de la extralimitación del poder electoral para atacar a Petro.

Petro debe terminar su periodo presidencial y la historia lo deberá juzgar por su incumplimiento en diversas áreas al mandato social de cambio. Si el CNE u otra autoridad intenta destituir al presidente marcharé por la democracia, pero ese escenario no es el que hoy nos ocupa.

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La incertidumbre del Presupuesto General de la Nación 2025

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Por: Diego Cortes Valencia

El Congreso de la República hundió el Presupuesto General de la Nación que presentó el gobierno y ahora este lo presentará por decreto. ¿Cómo quedó la distribución y qué pasará con la ley de financiamiento?

La crónica del presupuesto en el Congreso

Cumpliendo las fechas del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en abril de 2024 el Ministerio de Hacienda presentó a las comisiones económicas del Congreso el Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2025, y en julio el proyecto propuesto.

El primer paso de las comisiones económicas del Congreso en el trámite del PGN es definir si el Proyecto se ajusta o no a lo definido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Si así lo consideran las comisiones, el proyecto puede devolverse al Ministerio de Hacienda antes del 15 de agosto, para que realice las enmiendas correspondientes. Esto no aplicó en el trámite para el PGN 2025 y no se realizaron enmiendas al proyecto.

La segunda fecha relevante corresponde a la aprobación del monto del Presupuesto, que debe aprobarse antes del 15 de septiembre. Este fue el debate de fondo en el que se centró la discusión del PGN 2025. El gobierno presentó un presupuesto por $523 billones de pesos, de los cuales $12 billones no se encontraban financiados. 

El Proyecto de PGN establece que esos $12 billones se recaudarán por medio de una Ley de Financiamiento, o reforma tributaria. Aunque significa tramitar un presupuesto desfinanciado, el artículo 54 del Estatuto Orgánico permite que el Ministerio de Hacienda proponga por proyecto de ley “los mecanismos para la obtención de nuevas rentas o la modificación de las existentes que financien el monto de los gastos contemplados”.

Las comisiones económicas del Congreso, por mayoría, consideraron inconveniente aprobar el Proyecto desfinanciado, por lo cual no se aprobó el monto antes del 15 de septiembre. El Ministerio de Hacienda presentó una nueva propuesta de proyecto ante el Congreso, manteniendo el monto de $523 billones, pero modificando asignaciones específicas, donde resaltó la propuesta de recorte al presupuesto de la Registraduría en más del 77 %.

Sin embargo, las comisiones económicas del Congreso hundieron el nuevo proyecto que presentó el gobierno. El Ministerio no quiso reducir el monto para presentar una propuesta de Presupuesto que no estuviera desfinanciada en $12 billones, que habría tenido mayor oportunidad de ser aprobado. 

En lugar de esto, el gobierno decidió no presentar otro Proyecto y aprobar por decreto el proyecto inicial de PGN 2025 que presentó ante el Congreso. Lo anterior lo permite el Estatuto Orgánico en caso de que el Congreso no aprobara el PGN antes del 20 de octubre. Sin embargo, es claro que el gobierno nacional habría podido intentar consensuar una propuesta intermedia y aprobarlo en los tiempos que define la ley.

En este contexto, el futuro presupuestal para los sectores del país quedó anclado a la propuesta inicial de PGN 2025 del gobierno y al trámite de la Ley de financiación que plantea el gobierno para financiar los $12 billones faltantes.

¿Cómo quedan los sectores económicos en el PGN 2025?

El presupuesto quedó en $523 billones de pesos en total y $410,4 billones si no se cuenta lo destinado a pagar la deuda. Comparado con el PGN de 2024 (que fue recortado durante este mismo año), y ajustado a la inflación estimada a fin del año 2024 por la Encuesta de Expectativa de Analistas Económicos, que realiza el Banco de la República (5,6 %), el PGN total de 2025 aumenta 2,6 % en términos reales, pero, sin tener en cuenta la deuda, este apenas crece 0,1 %. 

El presupuesto de funcionamiento del PGN de 2025 se proyectó en $327,9 billones, que representa un incremento real de 5,4 % comparado con 2024. En inversión se destinaron $82,5 billones, una caída anual de -16,4 % en términos reales. Por el lado del pago de la deuda, se destinaron $112,6 billones, un aumento del 12,9 % real anual.

En términos de caída anual real, sobresale la reducción de presupuesto para deporte y recreación (-62 %); agricultura y desarrollo rural (-44,4 %); tecnologías de la información y comunicaciones (-35 %); inclusión social (-34,7 %); Presidencia (-30,5 %); ciencia, tecnología e innovación (-25,1 %); y cultura (-24,2 %).

Coinciden estas reducciones al comparar el proyecto de Presupuesto del año 2025, comparado con el 2023. Entre los recortes más grandes se encuentran deporte y recreación (-65 %); ciencia, tecnología e innovación (-55 %); inclusión social y reconciliación (-48 %); agricultura y desarrollo rural (-47 %); ambiente y desarrollo sostenible (-44 %) y cultura (-34 %).

Esta distribución depende de que el Congreso apruebe la Ley de Financiamiento que acompaña el proyecto de Presupuesto. De no ser así, se deberá modificar el presupuesto 2025 ajustando en $12 billones de pesos menos los rubros de funcionamiento e inversión.

Foto: Senado de la República – las comisiones económicas del Congreso hundieron el nuevo proyecto que presentó el gobierno.

Ley de Financiamiento: reforma tributaria en el aire

El gobierno presentó al Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento. Para 2025, esta propuesta espera recaudar $11,8 billones de pesos, donde la principal parte proviene de la anticipación de la Regla Fiscal ($5,3 billones de pesos), que representa el 45,1 % del recaudo total en 2025.

El adelanto de la Regla Fiscal hace referencia a cambiar las metas transitorias que se encuentra en la Ley 2155 de 2021 en términos del déficit fiscal para 2025 y pasar a aplicar el mecanismo paramétrico, o las condiciones que estiman las variables que define la Ley para estimar los niveles de déficit para cada año. Esto se puede hacer porque en 2023 la deuda neta como proporción del PIB fue 53,8 %, y fue inferior a la meta que define la Regla Fiscal (55 %). Este cambio le permite aumentar el déficit fiscal, lo cual garantiza recursos adicionales para gasto público.

Otro mecanismo que incluye el proyecto es un componente verde que permita no contar las deudas e inversiones de financiamiento climático dentro de las variables de la Regla Fiscal, hasta un 0,3 % del PIB anual, con el fin de que estas inversiones no presionen o se limiten por el cumplimiento de la Regla Fiscal. 

Los costos de la transición, y la atención de gastos derivados de la mitigación a los riesgos climáticos, tienen un componente alto de gasto y de incertidumbre, que se verían altamente limitados si no tienen un criterio diferencial frente a la Regla Fiscal.

Otras medidas positivas del proyecto son los impuestos a los juegos de suerte y azar, que permitirían recaudar $2,1 billones adicionales en 2025, y la tarifa diferencial de renta para las empresas, que reducirían desde el año 2026 impuestos para pequeñas y medianas empresas, como lo han pedido desde hace años las mipymes en Colombia.

El proyecto trae una medida inconveniente y es la modificación del impuesto al carbono, que aumentaría el precio a los combustibles. Esto golpea el costo de vida de las familias con vehículos, con el aumento de la gasolina y el gas natural. También incrementa el precio del ACPM, que resulta contradictorio frente a los acuerdos logrados con los transportadores que se movilizaron. Impactará también en el costo del combustible de los aviones. Por este impuesto, se espera recaudar $1,3 billones de pesos en 2025.

Esta reforma tributaria podría ser positiva, en el sentido de que Colombia aún tiene gasto del gobierno general en proporción al PIB en 2023 (14,8 %) por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (15,1 %) y los países de la OCDE (17,1 % en 2022). Los recursos adicionales se justifican porque el dinero público hoy es insuficiente para atender las necesidades del país, como los gastos en salud o educación pública. Además, la reducción del impuesto de renta para las empresas va encaminada hacia la reactivación económica. Sin embargo, el ambiente político para el trámite en el Congreso no es el mejor.

Incertidumbre presupuestal y política

Que el gobierno nacional decidiera presentar el PGN 2025 por decreto, y no concertar un monto totalmente financiado, es una disputa con el Congreso que no facilitará el trámite de las reformas que se encuentran en el Congreso.

El ambiente en las comisiones económicas no fue favorable para aprobar el Presupuesto a la medida del gobierno, y esto puede repetirse para el trámite de la Ley de Financiamiento. Los principales opositores al PGN del gobierno y la reforma tributaria argumentan que la baja ejecución del gobierno en 2024, que en el componente de inversión es la más baja en décadas, es muestra que no se requiere más dinero, sino de ejecutar el existente.

Lo que se puede esperar este año es que el proyecto de Ley de Financiamiento se hunda en las comisiones económicas y el gobierno deba ajusta en $12 billones de pesos el presupuesto de 2025. Se recortará aún más la inversión pública, que afectará sectores clave ya muy golpeados, como ciencia y tecnología o agricultura.

Por la incompetencia del gobierno para la ejecución del año 2024, se dio mayores argumentos a los sectores que promueven políticas de austeridad en el país. Incluso, suenan propuestas de recorte del gasto de funcionamiento en el Estado, aun cuando Colombia no tiene un tamaño del Estado o un gasto público que supere los promedios de países de la región.

Al final, pierde el país frente a la posibilidad de volver mucho más progresivo el sistema tributario, reducir los impuestos para pequeñas y medianas empresas y recaudar mayores recursos que se requieren para múltiples necesidades. También pierde por el mayor recorte de inversión pública, que impactará en el crecimiento económico nacional.

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