No lo digo yo, lo dijo varias veces el entonces Senador Gustavo Petro: en Colombia el cálculo del precio nacional de los combustibles se ata equivocadamente al internacional a pesar de que somos un país productor. Y agregó que el ajuste del precio de los combustibles era una “reforma tributaria cada mes” contra el bolsillo de las y los colombianos.
Pero vamos por partes. Antes de ahondar en el cambio de parecer del presidente, es necesario aclarar el tema del “ajuste fiscal” por el que el gobierno ha subido el precio de la gasolina y el ACPM.
Los economistas ortodoxos respaldan al gobierno en su decisión de aumentar el precio. Los ex ministros de Uribe, Duque y Santos aplauden la medida que desde años ha sugerido el Fondo Monetario Internacional, al que antes Petro criticaba por chantajista. Mientras tanto, el presidente acusa de oligarcas a los pequeños transportadores inconformes. El mundo al revés.
Pero estos expertos omiten al menos dos factores: i) que Colombia es un país productor de petróleo y ii) que no da lo mismo aumentar el precio de combustible en un país en el que una de cada tres personas están en condición de pobreza y los incrementos leves en la inflación representan más hambre y sufrimiento.
En 2007 Uribe creó el Fondo de Estabilización de Precios del Combustibles -FEPC- para impedir que cambios abruptos en el precio del petróleo afectaran gravemente a Ecopetrol o a los consumidores. Una medida contracíclica que buscaba ahorrar, pero que en vez de ahorrar causó un déficit.
El mayor problema del FEPC fue atar el precio de venta del combustible al precio internacional, siendo este último mayor, por lo que se infló la deuda del Estado con Ecopetrol. Para cerrar el déficit, o se paga del presupuesto de la nación o del bolsillo de la gente.
El famoso déficit de los combustibles que hoy paga la población es realmente un problema contable entre el gobierno y su propia empresa, de un bolsillo a otro. Pero con una perla: cuando el gobierno hace el cruce de recursos quienes terminan ganando son los accionistas privados de Ecopetrol.
Los verdaderos ganadores del subsidio son JPMorgan, Chase Bank, Norgers Bank, Skandia, Porvenir, Protección, Colfondos. Entidades financieras, nacionales y extranjeras. Para victimizarse por el paro el presidente acusa de magnate al dueño de un camioncito, no a los dueños del mundo. Lo que hay que oír del “Allende colombiano”.
Quienes defienden el alza sostienen que Colombia debe cobrar más cara la gasolina y el ACPM porque si los vendieran en el mercado internacional ganarían más. La pérdida de oportunidad debe cobrarse, dicen.
Sin embargo, el costo de oportunidad es apenas teórico. Tanto porque vender el combustible afuera sería políticamente inviable, como porque al venderlo afuera el consumo interno exigiría importar, nuevamente a precios internacionales. Además, el chiste de que el Estado tenga a una empresa como Ecopetrol es que la pueda usar para producir y ponerla al servicio de las necesidades productivas del país.
Pero pilas, fijar un precio del combustible distinto al internacional no implicaría fijar el precio de venta al precio de producción. Por el contrario, un país productor de petróleo, y del 91% del ACPM que consume, podría fijar un tercer precio, entre el de producción y el internacional.
Llamemos a ese precio precio nacional competitivo. No golpea absurdamente las utilidades de Ecopetrol (que al final van al presupuesto del Estado), pero tampoco descarga severamente los costos sobre transportadores y consumidores.
Ahora bien, el problema no es sencillo de resolver, pero eso no excusa a Petro de cumplir con sus planteamientos del pasado o, por lo menos, no estigmatizar por “oligarcas” a quienes hoy critican el aumento del precio.
El mecanismo que hoy defiende Petro, en sus palabras del pasado, “es una transferencia de renta petrolera del consumidor de gasolina hacia el Estado. Un sistema de financiación del Estado no transparente vía precios de la gasolina inflado”.
Por tanto, incluso si el gobierno no quiere ceder en su intención de subir el precio del combustible, al menos debería comprometerse con revisar la fórmula del FEPC en lo que respecta a tener el precio internacional del petróleo como referencia y que legalmente depende de un decreto o resolución ministerial.
El presidente ha fallado. Por haber cambiado el discurso, por descargar las mismas soluciones de siempre sobre la gente y, no menor, por estigmatizar a quienes protestan y por no negociar a tiempo permitiendo que llegáramos a este punto que afecta a todo el país.
Posdata: A uno de mis principales lectores, mi maestro, amigo y guía, gracias por cada retroalimentación a estas columnas y a los distintos aspectos del día a día. Con amor celebro tu vida, Pa.
Comparado con 2023, el presupuesto para 2025 crece, pero sectores clave sufren recortes mientras la deuda pública aumenta. La baja ejecución y el manejo fiscal conservador del gobierno complican sus metas sociales.
Un nuevo presupuesto
El gobierno cumplió dos años en agosto. Es la mitad del mandato, y, por ende, se han elaborado distintos balances sobre su gestión en términos económicos y políticos. Analizar la economía desde su entorno macroeconómico puede dar algunas claridades sobre cómo va el país. Sin embargo, es difícil justificar que ese comportamiento dependa exclusivamente del gobierno.
En lo que respecta al crecimiento económico, en 2023 fue de apenas 0,6% y las expectativas del 2024 se ubican entre 1,1% y 1,8%. Es importante señalar que las dinámicas internacionales impactan este crecimiento. Además, Colombia no se alejó de las tendencias de los países de la región, por lo que es difícil argumentar que todo es, una vez más, culpa de la actual administración.
Comparado con el presupuesto de 2023, el del 2025 sería un 7% más grande. Aun así, hay varios problemas si se revisan los sectores que durante dos años de análisis han evidenciado un importante recorte.
El proyecto de presupuesto para el año 2025 asciende a $523 billones de pesos. A precios de 2024, con una inflación de 5,7%, el presupuesto del próximo año será de $497 billones de pesos. Comparado con el presupuesto de 2023, el del 2025 sería un 7% más grande. Aun así, hay varios problemas si se revisan los sectores que durante dos años de análisis han evidenciado un importante recorte.
Entre los recortes del proyecto de PGN para el 2025, comparado con el 2023, sobresalen los sectores de Deporte y Recreación (-65%); Ciencia, Tecnología e Innovación (-55%); Inclusión Social y Reconciliación (-48%); Agricultura y Desarrollo Rural (-47%); Ambiente y Desarrollo Sostenible (-44%) y Cultura (-34%). Además de ser los sectores con mayor reducción, tienen un enorme impacto social y, paradójicamente, hacen parte de las prioridades en el discurso presidencial y el Plan Nacional de Desarrollo.
Los sectores con mayor incremento son el pago de deuda pública (41%); la Rama Judicial (29%); Trabajo (26%); Inteligencia (17%); Transporte (16%); Salud y Protección Social (13%) y Educación (10%). Los dos últimos son de alta relevancia para la política social del gobierno, pero quedan en desventaja si se compara con el incremento del pago de deuda pública.
La deuda se presenta como una consecuencia no solo de las decisiones del gobierno actual, sino de los pasados. En particular, es el costo de la alta deuda contratada en medio de la crisis por la pandemia de COVID-19. Este factor implica un incremento en el pago a cargo del Presupuesto General de la Nación, que para 2024 ascendió a $92 billones y para 2025 se proyecta en $111,5 billones.
¿Y la ejecución?
Frente a la ejecución del PGN, para 2022 los pagos del Presupuesto General de la Nación, sin contar la deuda, fueron del 86,2%. Al gobierno solo le correspondió el presupuesto de menos de un semestre. Para 2023 la ejecución fue 85,5%, inferior a la del año anterior. El promedio de ejecución de los últimos 8 años (2014 – 2021) fue de 86,4%, una cifra muy cercana a la del 2022 pero superior a la de ambos años del gobierno Petro.
En términos de ejecución de la inversión, en 2022 los pagos ascendieron al 78% y en 2023 en 70,5%. El promedio durante los últimos 8 años fue 74,7%, sin embargo, para el 2023 fue inferior. Esto contrasta con las enormes necesidades de inversión a nivel nacional que se han encontrado en cifras rojas para los últimos trimestres.
Para el 2024, con datos hasta julio (más de la mitad del año), la ejecución de pagos ha sido del 44,7%, contrastando con el 47,4% observado en 2023 y 48,8% en 2022. Incluso así, la ejecución a la fecha es superior a la observada entre 2018 y 2021 (40,7).
En términos de inversión, a julio de 2024 se ha pagado el 26,4% del presupuesto. Muy por debajo del 32,5% del 2023 y el 41,3% en 2022. En el periodo 2018-2021, el promedio de ejecución a julio fue de 32,1% en inversión. Por lo tanto, se observa una debilidad en los procesos de ejecución.
Para 2023, los sectores que menos ejecutaron (pagos) fueron Presidencia (15,6%); Planeación (44,6%); Ambiente (49,5%); Información y Estadística (54,2%) y Deporte y Recreación (59%). Para 2024 se repiten sectores en baja ejecución como Presidencia (12,1%); Deporte y Recreación (12,1%); Información Estadística (18,9%) y Ambiente (26,5%). Solo sobresale la baja ejecución del sector de Agricultura (16,1%).
Ha resultado más ortodoxo en el manejo fiscal que muchos otros gobiernos de derecha en el pasado.
Algunos retos
La baja ejecución, a pesar de no ser muy distinta frente al promedio histórico, sí refleja que un gobierno de izquierda no ha orientado el presupuesto como un mecanismo de activación de la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Por el contrario, ha resultado más ortodoxo en el manejo fiscal que muchos otros gobiernos de derecha en el pasado.
El gobierno se encuentra contra la espada y la pared entre las promesas pendientes de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y las capacidades políticas y económicas para conseguirlas. En particular, la Regla Fiscal y su cumplimiento ha implicado ajustes en el recaudo fiscal, la reducción directa del Presupuesto General de la Nación de 2024 y el recorte de la inversión proyectada en 2025.
En ese escenario, es muy difícil satisfacer las altas expectativas en términos de capacidad de inversión y gasto para la garantía de derechos sociales. En el mejor de los casos, el gobierno podría afinar la ejecución para que sea más alta en los próximos años. Además, tendrá que direccionarse para que no se presenten más escándalos de corrupción.
Cumplida la mitad del periodo presidencial es necesario hacer balances sobre la gestión del gobierno y en el marco de los Juegos Olímpicos el deporte merece ser evaluado.
El resultado en la tabla de medallas evidencia que en esta área en la que se raja el gobierno. Una verdad que debe decirse aún cuando el objeto de este balance sea hacer una crítica constructiva, como dijo la medallista olímpica de Londres, Ingrit Valencia.
El deporte y la actividad física hablan mucho sobre las sociedades. Reflejan el interés y esfuerzo de iniciativas públicas y privadas en torno a la construcción de identidad nacional, hábitos sociales y alternativas para el goce de la población. Además, tomarse en serio el deporte contribuye a la construcción de hábitos saludables.
El principal error en la apuesta deportiva del gobierno es que no ha existido una apuesta clara. El presidente empezó su periodo con un mensaje interesante al nombrar a una medallista olímpica como jefe del ministerio del Deporte, pero tras denuncias de corrupción en contra de la funcionaria la reemplazó por una cuota del partido de la U que salió por su rotundo fracaso por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027.
A su vez, la segunda ministra fue reemplazada por una experta en deporte de alto rendimiento cuya tarea no será fortalecer esa área sino una desconocida para ella: fortalecer la educación física en los colegios. Desafortunadamente de cambio en cambio no se ha consolidado el derrotero de la política nacional del deporte y la actividad física.
A la falta de norte se suman los reiterados desplantes del presidente y sus ministras al deporte. Las primeras dos ministras fueron incapaces de coordinar los tiempos y actividades para cubrir a tiempo el pago de la sede de los Juegos Panamericanos en Barranquilla ¡aún teniendo los recursos aprobados por el Ministerio de Hacienda!
Las ex ministras comparten la irresponsabilidad con Alejandro Char, ex alcalde de Barranquilla de Cambio Radical. Char tampoco puso el grito en el cielo a tiempo y contribuyó a que se perdieran más de 2 millones de dólares pagados como anticipo para la realización de los juegos, sin contar con el deterioro para la imagen de la ciudad y la expectativa de turistas y divisas que llegarían con los juegos. Le quedó muy mal a su ciudad.
En febrero de este año Petro posesionó a regañadientes a la ministra del Deporte diciendo “no veo la bondad de crear este ministerio, me parece una pérdida de tiempo”. En marzo, presidente y ministra, dejaron esperando a Mariana Pajón, Nairo Quintanta, Caterine Ibarguen, entre otros. Estas glorias del deporte habían solicitado una Mesa Nacional del Deporte para fijar una política integral para el sector, incluso apuntado la necesidad de “hacer conciencia sobre la importancia del deporte en la construcción de la Paz en Colombia”.
Los desplantes continuaron en París durante la inauguración de la Casa Colombia al inicio de los Juegos Olímpicos cuando Petro romantizar de la falta de recursos de los deportistas que participan en las competencias. Si bien es cierto que los y las deportistas compiten por amor al deporte y la bandera, no es menor reconocer que para hacerlo necesitan condiciones dignas y apoyo institucional.
Y para rematar: la dificultad fiscal que enfrenta el gobierno castigará al deporte en 2025. Además de que el Ministerio del Deporte es el segundo de menor ejecución presupuestal, el Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno al Congreso el apoyo al deporte se reducirá en 68% para el próximo año. Por tanto, ni el alto rendimiento ni la educación física en los colegios tendrán recursos suficientes.
El anterior panorama se debe corregir. Los dos años que le quedan al gobierno deberían ser asumidos a modo de repechaje. Para ello, con verdadero espíritu de “acuerdo nacional” el gobierno debería acceder a la invitación de los y las deportistas a la Mesa Nacional del Deporte.
Esta invitación, además de contar con personas expertas y exitosas, parte de la idea de cooperar entre los distintos actores que pueden aportar al deporte, pues ni el gobierno, ni la empresa privada, ni los deportistas con sus familias pueden hacer el trabajo en soledad. Y no está de más exigir al Congreso modificar los recortes presupuestales proyectados para el próximo año.
Posdata: Con el argumento de acabar con el conformismo más de uno ha salido a destruir a los y las deportistas que no logran una medalla olímpica o el título de la Copa América. Claro que se deben corregir los errores y que el carro de bomberos sobra, pero la mentalidad y cultura ganadora no se construye a las patadas, la experiencia de Simone Biles lo demuestra.
Igual que su hegemonía global, la democracia de Estados Unidos se encuentra en retroceso. La campaña electoral en curso es una fiel radiografía de las complicaciones vive la poderosa nación del norte de América.
Las candidaturas del republicano Donald Trump y de la demócrata Kamala Harris tienen diferencias, especialmente en materia de política interna. Sin embargo, ambas compiten en la opinión pública por demostrar quién tiene la mano más dura y eficiente en contra de la migración.
Trump insiste en su discurso de odio contra la población migrante, celebra las medidas fascistas de algunos gobernadores de los Estados de frontera que consisten en desollar a las personas que cruzan el Río Bravo e insiste en terminar la construcción del muro, tarea en la que fue muy discursivo pero poco efectivo en su periodo presidencial. Además, crea la narrativa de que Estados Unidos ha sido invadida como nunca antes por hordas de inmigrantes con antecedentes judiciales, afirmación falsa.
Por su parte, el partido Demócrata se esfuerza por demostrar que la narrativa de Trump es simplemente eso, una narrativa, pero no controvierte su visión antiinmigración, pues desecha el discurso en defensa del sueño americano y de que son un país orgullosamente construido por migrantes.
La administración Biden, que hoy impulsa a Harris, prefiere caer en el antipático marco conceptual de Trump para discutir que ha sido más eficiente que su antecesor en el control migratorio. Y no son menores las cifras que están del lado de Biden y Harris, puesto que gracias al sistema CBP One se han logrado reducciones de más del 50% de los cruces fronterizos y conseguido números de captura de migrantes indocumentados semejantes a los de septiembre de 2020.
La ONG Human Rights Watch ha alertado sobre los efectos negativos de estas políticas en contra del derecho humano al asilo, así como de la contribución de las mismas al incremento de ataques sistemáticos en contra de las personas migrantes por parte de carteles en México y funcionarios de gobierno.
La “guerra contra la migración”, que es el marco de la campaña, resulta ideal para que las élites republicanas y demócratas escondan los problemas estructurales que padece la sociedad.
En Estados Unidos la concentración de riqueza y el crecimiento de la pobreza en Estados Unidos son escandalosas. El 50% más pobre de la población de EE.UU. posee solo el 1,5% de la riqueza privada del país, mientras la élite de billonarios se consolida cada vez más. Desde 2021 la desigualdad ha incrementado en 3,2% y el ingreso promedio de la población ha decrecido 0,7% cada año desde 1979.
Mientras que Elon Musk está a punto de hacer realidad su sueño de viajar a Marte, el 65% de la población se duerme sin saber qué comerá el día siguiente.
Las campañas prefieren apuntar a las personas migrantes antes que desmontar los grandes privilegios de los billonarios, pues en gran medida dependen de estos para financiar sus candidaturas.
Hasta su retiro la campaña de Biden había sido financiada casi en 60% por grandes corporaciones. LinkedIn, PayPal, Netflix, en general, grandes corredores de bolsa y fondos privados de inversiones se destacan entre los donantes.
Por su parte, Trump no oculta su deseo por aumentar los topes de la financiación privada en las campañas y reducir la tasa efectiva de tributación de los grandes contribuyentes. Trump defiende la concentración de la riqueza y la democracia en pocas manos.
No es un secreto que las donaciones se convierten en transacciones para el lobby y la regulación favorable a las grandes corporaciones, así sean en detrimento de los intereses del pueblo. El Senador Bernie Sanders denunció que el billonario Reid Hoffman donó 7 millones de dólares a la campaña de Harris y, a modo de contraprestación, pidió retirar a una funcionaria de la administración Biden que le incomoda.
La política exterior de Estados Unidos es bipartidista y en líneas gruesas será semejante con Harris o Trump. Ambas candidaturas se van a esmerar por mantener la decadente hegemonía estadounidense en el concierto internacional. Pero definitivamente asuntos como el genocidio de Israel en Palestina seguirán teniendo el respaldo del Despacho Oval.
Aunque Kamala tenga un tono menos reaccionario su posición ha sido clara en respaldar a Israel en la ofensiva militar. A su administración le han sobrado casos en los que le da la espalda al derecho internacional para terminar la guerra y el jueves recibió a Netanyahu en Washington.
Por supuesto las candidaturas son distintas y en asuntos domésticos representan algunas causas contradictorias. Trump raya con el fascismo populista y Harris levanta ciertas banderas progresistas. Pero las dos campañas coinciden en apuntar al -falso- enemigo antes que abordar los profundos problemas que aquejan a la sociedad estadounidense.
Estamos presenciando cómo se agudizan los problemas profundos del sistema de salud. Los intentos fallidos del Gobierno Nacional por cambiarlo tampoco ayudaron. En su afán por sacar titulares en los medios de comunicación que dijeran «Se aprobó la reforma a la salud», el Gobierno cedió en aspectos fundamentales. Por esto el documento propuesto no daba solución a los principales problemas de nuestro sistema.
En medio del debate nunca se presentó un documento serio para justificar de dónde saldría el dinero para ejecutar los cambios. Además, el documento terminó siendo garantista con las empresas de intermediación financiera, las famosas EPS, que en el pasado tanto criticaban. Qué incoherencia, ¿no?
Por su parte, nuestro sistema de salud ha logrado una cobertura de casi el 95% de la población y tenemos un gasto de bolsillo de apenas del 14%, y demuestra que los colombianos no deben endeudarse para pagar las atenciones en salud como en otras partes del mundo. Sin embargo, el aumento exorbitante en el número de PQRS, las intervenciones administrativas a las EPS y la precarización laboral de los trabajadores de la salud, que parece no acabar, son ejemplos que muestran la urgencia de un cambio en el sistema, pero bien hecho.
Ahora, si usted siente pánico y no sabe qué va a pasar con su salud, le cuento que, nuevamente, en el Congreso de la República se va a radicar una nueva reforma. Hasta el momento, se sabe que, de las dos iniciativas, una proviene del grupo Acuerdos Fundamentales y la otra del Gobierno Nacional.
La propuesta de los gremios de la salud
El grupo Acuerdos Fundamentales presenta una propuesta al país para reorganizar el Sistema de Salud. Los puntos más importantes son los siguientes:
Funciones adicionales al Consejo Nacional de Salud: El Consejo Nacional de Salud (CNS), conformado por diferentes actores del sistema de salud, definirá la metodología de cálculo de la UPC a través de un estudio independiente y, adicionalmente, definirá el aumento de este cada año.
EPS se convierten en Entidades Gestoras de Salud (EGS): Las EPS ya no manejarán el dinero de la salud. Se convertirán en gestoras que estarán a cargo de contratar servicios con hospitales, auditar cuentas, vincular afiliados y representarlos ante hospitales en el proceso de atención. Se hará un estudio independiente para determinar cuál es el dinero que deben recibir por las funciones que cumplirían.
Giro directo y riesgo financiero: ADRES se ubica como el pagador único del sistema de salud, haciendo transferencias a las IPS según la gestora verifica las atenciones y autoriza el pago. ADRES asume el riesgo financiero del sistema, garantizando que los recursos alcancen para el tiempo proyectado, inyectando dinero cuando haga falta.
Régimen laboral especial para trabajadores de la salud: Los profesionales de la salud en instituciones públicas, privadas o mixtas deberán ser vinculados laboralmente bajo contrato de trabajo, no más orden de prestación de servicios. La remuneración tendrá en cuenta el nivel de formación, antigüedad, entre otros.
Presupuesto de los hospitales públicos: Se garantiza que con el Presupuesto de la Nación, anualmente se destinará un monto para la formalización laboral de los trabajadores por OPS de estos hospitales.
Conformación de Redes Integrales e Integradas de Atención: Las IPS se organizarán a través de redes, desde el primer nivel de atención (CAPS) hasta la más alta complejidad.
Examen nacional de residencias médicas: Para garantizar transparencia en el acceso a especialidades médico-quirúrgicas y de salud pública, se establecerá un Examen Único Habilitante. Las IES determinan los criterios definitivos, pero deben tener en cuenta el examen.
Política Farmacéutica Nacional: En concordancia con lo establecido en la Ley Estatutaria de Salud, se desarrollará una política farmacéutica que promueva la autonomía sanitaria de Colombia.
Funciones del Consejo Nacional de Salud: Estará conformado por seis entidades del Estado y otros miembros de la sociedad civil, sin superar los 15 integrantes. Sin embargo, continúa siendo una figura que emite meras recomendaciones.
Transformación de EPS en Gestoras de Salud: Las EPS se transformarán en Gestoras de Salud y Vida (EGSVI), realizando la auditoría de cuentas médicas, entre otras funciones. De entrada, se les pagará el 5% de la UPC como remuneración por sus funciones y podrían ganar hasta un 3% adicional como incentivo.
Giro directo y contratación: ADRES asume el papel de pagador único en el sistema de salud. ADRES sería la entidad encargada de contratar con las IPS que deseen hacer parte de las Redes Integrales de Servicios de Salud.
Pago de servicios de salud: Las IPS y proveedores deben presentar cuentas de servicios prestados ante ADRES, que desembolsa mínimo el 85% en un plazo no mayor a 30 días desde la fecha en que el servicio fue prestado. El restante es pagado después de la auditoría realizada por la Gestora.
Dirección y administración de hospitales públicos: La dirección y administración estarán a cargo de un Consejo Directivo y un director. Plantea la implementación de un examen para la escogencia del director del hospital, pero el nombramiento recaerá en el alcalde, gobernador o su delegado.
Régimen especial laboral para trabajadores públicos del sector salud: Contempla un régimen especial laboral únicamente para el Talento Humano en Salud del sector público, con un sistema de ascenso y movilidad en carrera administrativa.
Régimen de transición: Aunque la propuesta establece más de 10 puntos para un eventual régimen de transición, no establece un periodo de tiempo determinado para esto.
¿Conclusiones?
En ambas propuestas, se reconoce que la intermediación financiera de los dineros de la salud por parte de las EPS ya no puede.
Usted acaba de ver un breve resumen de los puntos más importantes de las dos propuestas de reforma a la salud. En los próximos días, estas serán radicadas oficialmente en el Congreso de la República para su respectivo trámite.
Es indudable que, en ambas propuestas, se reconoce que la intermediación financiera de los dineros de la salud por parte de las EPS ya no puede. Teniendo en cuenta los antecedentes de malos manejos efectuados por estas entidades, como el caso Saludcoop o la cantidad de EPS que han sido liquidadas, desde el Gobierno de Andrés Pastrana hasta el actual.
Tanto en la propuesta de Acuerdos Fundamentales como en la del Gobierno existen diferencias que pueden perderse en el mar de palabras de cada documento, pero que las hacen diametralmente distintas.
Por ejemplo, quienes serían los encargados de realizar los contratos para prestación de servicios con las IPS, los presupuestos de los hospitales públicos, la formalización laboral de los trabajadores públicos de la salud, las funciones del Consejo Nacional de Salud, la financiación de la salud pública y atención primaria, entre otros.
Sorprende que en la propuesta del Gobierno se mantengan artículos que fueron fuertemente criticados en el pasado, como el pago de mínimo el 85% del valor de una cuenta por parte de ADRES a las IPS. Sin duda alguna, hospitales y clínicas sufren por la falta de pagos efectivos de los servicios que ya han prestado a los afiliados al sistema de salud. Sin embargo, no sería adecuado transferir hasta el valor total de una cuenta sin un mínimo de auditoría previa.
Inquieta que el Gobierno continúe siendo tan garantista con las antiguas EPS (ahora Gestoras) al decidir darles de tajo el 5% de la UPC por sus funciones y hasta un 3% adicional en incentivos, sin un estudio previo para conocer cuánto dinero deben ganar.
Adicionalmente, no se percibe sencillo, como ha explicado el director de ADRES, Félix Martínez, que en caso de detectar que han pagado más de lo debido en una IPS, en la siguiente le descuentan el dinero extra transferido, considerando que anualmente en el país se generan 156 millones de cuentas médicas cada año.
Inquieta que el Gobierno continúe siendo tan garantista con las antiguas EPS (ahora Gestoras) al decidir darles de tajo el 5% de la UPC por sus funciones y hasta un 3% adicional en incentivos, sin un estudio previo para conocer cuánto dinero deben ganar. Según el concepto de impacto fiscal de MinHacienda, en promedio se les podría llegar a dar a las Gestoras hasta $29 billones de pesos únicamente por incentivos. Ese dinero se puede invertir mejor y el nuevo sistema de salud lo necesita.
Es decepcionante que un Gobierno que dice estar comprometido con el movimiento estudiantil y que entre sus funcionarios tiene o ha tenido defensores de la Ley de Residentes, no contemple dentro de su proyecto de reforma un examen nacional de residencias médicas.
Es fundamental la formación de Talento Humano en Salud en garantías de equidad y transparencia a los posgrados, considerando el déficit de especialistas en Colombia. Eliminar las EPS no solucionará las demoras de citas con especialidades médicas si no tenemos el personal suficiente para atender las demandas de la población.
Por último, un aspecto a considerar en ambas iniciativas es establecer un porcentaje mínimo de auditoría aleatoria por parte de ADRES a las cuentas médicas que se generan en el país. No nos podemos conformar con la auditoría que realicen las gestoras, antiguas EPS. Necesitamos constatar que efectivamente se elimine la integración vertical de estas y que una entidad del Estado pueda estar constantemente vigilante de esta labor.
Esperemos que en este 2024-2 se dé una discusión con altura sobre nuestro sistema de salud y la reforma que necesita. En lo posible, que haya concordancia entre los diferentes actores de la sociedad civil. Aquí no se trata de qué partido o corriente ideológica promueve la reforma, se trata de la salud de todos los colombianos y el personal médico.
El debate entre medio ambiente y desarrollo en Bogotá carece de sentido. La ciudad puede conservar su ecosistema sin sacrificar el sistema transporte. ¿Por qué insistir en opciones de hace medio siglo?
Más de 50 años en el congelador
A propósito de la polémica generada por la decisión del alcalde Carlos Fernando Galán de revivir el proyecto de construir la Avenida Longitudinal de Occidente tal como fue ideada originalmente, la ciudad revive el falso dilema entre ambiente y desarrollo, sin avanzar en una solución de ciudad-región de largo plazo.
La Avenida Longitudinal de Occidente fue pensada desde la alcaldía de Jorge Gaitán Cortés (Acuerdo 38 de 1961) como un anillo vial de conexión regional que uniría la vía Bogotá-Girardot, desde Chusacá, con la vía Bogotá-Tunja, por todo el occidente de la capital. Originalmente denominada Avenida Longitudinal Regional y Avenida Cundinamarca, fue concebida como vía arterial y principal desde sus inicios.
Sin embargo, no fue sino hasta la primera administración de Enrique Peñalosa que el corredor tomó el nombre de Avenida Longitudinal de Occidente (ALO). Este fue clasificado como vía V-0 (arterial) con un ancho de 120 metros, incluyendo andenes que podrían “ampliarse de acuerdo con los requerimientos de las anexidades contempladas para la vía”.
El Acuerdo 13 de 1998 actualizó el trazado y ordenó que el proyecto fuese construido por privados, con el correspondiente cobro de peajes, mientras la compra de los predios se financiaría a través de contribución por valorización. Desde 2005, con la actualización de las reservas viales ordenadas por el primer Plan de Ordenamiento Territorial, comenzó la compra de propiedades en el corredor.
El proyecto ALO está dividido en 3 tramos de sur a norte: el del sur que va del sector Chusacá, en Sibaté, hasta la calle 13; el del centro, que va de la calle 13 a la 80, a la altura del portal de Transmilenio; y el del norte, que fue concebido desde la 80 hasta el límite con Chía. A pesar de que hay conflictos socioambientales, como los existentes frente al humedal Capellanía en la localidad de Fontibón, hoy los ojos y el debate están mayoritariamente puestos sobre la ALO Norte.
Ilustración 1. Trazado Avenida Longitudinal de Occidente. Fuente: ANI.
El pleito de nunca acabar
Mientras la estructuración y construcción del tramo sur de la ALO ha avanzado muy lentamente, pero sin mayores discusiones, la extensión y naturaleza del tramo norte han sido objeto de duros debates en las administraciones Petro, Peñalosa, López y Galán.
Lo único en lo que todos los gobiernos de Bogotá durante el siglo XXI han estado de acuerdo es en la visión privatizadora de la movilidad propuesta por Peñalosa en 1998, pues ninguno ha objetado que la vía se construya por concesión, con cobro de peajes.
Respecto a la ALO Norte, los gobiernos Petro y López coincidieron en términos generales en una visión que incluye universidades y equipamientos, pero durante la administración del hoy presidente se habló de implementar “un camino férreo para el transporte de pasajeros, una vía mixta para la circulación de vehículos particulares (…) entre otros nuevos espacios.”
Respecto al tipo de tráfico, tanto López como Peñalosa y Galán han coincidido en que la avenida tenga únicamente tráfico mixto, pero solo los dos últimos han contemplado explícitamente la construcción de una troncal de Transmilenio en esta vía, así como la estructuración del tramo norte como corredor de carga.
El gobierno distrital depositó todo su capital político en esta jugada, que le implicó posponer su propuesta de cobro de un impuesto por alumbrado público para recaudar 1 billón de pesos.
Ambigüedad legal y riesgo ambiental
El episodio más reciente de la polémica tiene que ver con la decisión del alcalde Galán y sus bancadas afines en el Concejo de volver al diseño original del tramo norte de la ALO, al menos hasta la calle 153. El gobierno distrital depositó todo su capital político en esta jugada, que le implicó posponer su propuesta de cobro de un impuesto por alumbrado público para recaudar 1 billón de pesos.
Ilustración 2. Fuente: Cuenta X alcalde Carlos Fernando Galán.
La decisión dividió profundamente a los sectores políticos de la capital. Contra la decisión estuvieron los más afines al presidente y exalcalde Petro junto a los cercanos a la exalcaldesa Claudia López y algunos sectores independientes. A favor se ubicaron la coalición de gobierno mayoritaria, incluyendo a aquellos con historial cercano al exalcalde Peñalosa. La controversia actual ha girado en torno a la legalidad y la conveniencia de la iniciativa.
Respecto a la legalidad, parte de la bancada Verde en el Concejo anunció demandas, afirmando que, con la decisión adoptada mediante Plan de Desarrollo (Acuerdo 927 de 2024), se violó lo contenido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, pues ya se había aprobado el desarrollo de la Actuación Estratégica “Ciudadela Educativa y del Cuidado” como megaproyecto prioritario para la zona.
El Plan de Ordenamiento Territorial vigente (Decreto 555 de 2021) contempla una especie de solución intermedia para este corredor del noroccidente de Bogotá, manteniendo la reserva para la construcción de la vía en el marco de la Actuación Estratégica que incluía la construcción de vivienda, equipamientos y un multicampus para llevar universidades públicas a las localidades de Suba y Engativá.
Como el POT dejó reservados los predios de la ALO Norte, tanto para la línea 2 del Metro y una vía de 6 carriles, como para proyectos relacionados con el sistema de cuidado (ver mapa POT aquí), la administración y las bancadas de gobierno decidieron vía Plan de Desarrollo mantener únicamente la vocación vial de la zona hasta la calle 153, con la promesa de realizar también el proyecto multicampus en otra parte del noroccidente de Bogotá.
El tramo propuesto por Galán tiene dos versiones: la primera en cabeza del director del IDU, Orlando Molano, que va entre las calles 80 y 200, con 12 carriles que incluyen troncal de Transmilenio, ciclorruta y andén; en la segunda versión la avenida de las mismas características va hasta la calle 153, donde se ubica el borde del humedal La Conejera. En ambos casos, el proyecto multicampus enfrenta el enorme problema de ser reubicado en una zona densamente poblada de la ciudad.
Ya no se puede direccionar todo el tráfico hacia el oriente por esa calle debido a que hoy ya hay 4 torres de apartamentos, por lo que la única salida a futuro sería pasar la ALO sobre La Conejera, la Reserva Thomas van der Hammen y el Bosque de Las Mercedes. El impacto está sobrediagnosticado.
El debate, más allá de posibles ambigüedades legales, radica entonces en la conveniencia de persistir en un proyecto vial concebido hace más de medio siglo en el marco conceptual de una Bogotá pensada “al servicio de las autopistas con autos llenos de conductores individuales y asfixiado por sus buses”, como señala el urbanista Carlos Moreno, pero que hoy tiene la posibilidad de pensar en salidas distintas a las grandes vías para su crisis de movilidad.
En pleno siglo XXI la planeación urbana y la ciudad misma requieren priorizar asuntos críticos como la crisis climática, la necesidad de proteger el ciclo del agua y los ecosistemas estratégicos. Todos comprendidos hoy como urgentes en medio de una crisis de abastecimiento que en la actualidad no tiene salidas claras.
Mientras tanto, la ciudadanía aterriza con contundencia el debate de la conveniencia de la vía señalando que, si en el mejor de los casos la vía llega hasta la 153, ya no se puede direccionar todo el tráfico hacia el oriente por esa calle debido a que hoy ya hay 4 torres de apartamentos construidas en donde debió guardarse el espacio para una avenida, por lo que la única salida a futuro sería pasar la ALO sobre La Conejera, la Reserva Thomas van der Hammen y el Bosque de Las Mercedes. El impacto está sobrediagnosticado.
Ilustración 3. Fuente: @danielbernalb en X: https://twitter.com/danielbernalb/status/1798725207261401273/photo/1
En 1998 se reglamentó respecto de los ecosistemas afectados por la construcción de la ALO Norte que “(…) la compensación en tierras anegables, constituirá una alternativa de mitigación, la que determine la autoridad ambiental competente”, sin tener en cuenta que el medio natural es determinante del desarrollo urbano y no al contrario.
El planteamiento para el borde noroccidental de Bogotá que hoy hace la administración no recoge lecciones aprendidas en el mundo entero sobre renaturalización de entornos para asegurar aire y agua a futuro, y tampoco se entera de la obviedad de que “sembrar más vías solo sirve para cosechar más trancones”.
La ciudad debe asumir que el único modo efectivo de bajar a la gente del carro y la moto es con transporte masivo de alta capacidad digno y asequible. En esa vía debe avanzar el proyecto de segunda línea de Metro subterráneo, sin poner en tensión de manera ficticia al ambientalismo con una idea caduca de “desarrollo”.
En un año comenzará a regir la reforma pensional. Con su aprobación exprés se perdió la oportunidad de mejorar el texto aprobado y corregir importantes problemas que la podrían hacer inviable.
Los problemas del actual sistema
Cobertura
El sistema de pensiones colombiano se caracteriza por una baja tasa de cobertura, tanto de cotización como en términos de pensionados: apenas el 55 % de los colombianos cotiza hoy a pensión. De ellos, el 45 % está en la informalidad. De los colombianos en edad de jubilación para 2022, apenas uno de cada tres tuvo acceso a pensión (Contraloría, 2023)
Por esta razón, hasta la ministra de Trabajo ha reconocido que la mejor reforma pensional es una buena reforma laboral. Sin embargo, las metas del actual gobierno se quedan cortas en relación con el objetivo de mejorar la cotización: reducir en apenas 1,8 puntos porcentuales la informalidad, cuando hoy esta alcanza el 56,3%. Por el lado de la demanda, la creación y fortalecimiento de la empresa privada, los encadenamientos productivos y el crecimiento económico son una meta central del Plan de Reindustrialización, cuyo primer informe se esperaría conocer a finales de este año y del cual depende también el fortalecimiento a las cotizaciones pensionales.
b. El fin del bono demográfico
El bono demográfico es el potencial de crecimiento económico creado por los cambios en la distribución por edades de la población. (DANE, 2024). Es una ventana de tiempo durante la cual la fuerza laboral crece en el total de la población, antes de que se dé un proceso de envejecimiento poblacional.
El DANE ha estimado que el bono demográfico finalice alrededor del 2047. En este momento la fuerza laboral crecerá a menor ritmo que la población dependiente y en edad de vejez: en los próximos 30 años se estima que se duplique la población mayor que sesenta años, pasando de un 13,6 % en 2020 al 26 % en 2050.
Esta realidad a la cual se enfrentará el país tiene un impacto directo en la sostenibilidad del sistema pensional, particularmente en Colpensiones, porque el régimen de prima media funciona bajo una lógica de solidaridad intergeneracional: las generaciones actuales en edad de trabajar financian con sus cotizaciones a las personas pensionadas.
Actuar como país antes de que se materialice esta realidad a través de inversión en formación y formalización es fundamental para garantizar la sostenibilidad del sistema pensional de cara al futuro, sobre todo teniendo en cuenta que el grueso de los cotizantes con el nuevo sistema pasará a Colpensiones.
“Casi el 10 % del Presupuesto General de la Nación se destina a financiar las pensiones y los subsidios para la vejez.”
c. Sostenibilidad fiscal
En 2022, según los cálculos de la Contraloría y el Ministerio de Hacienda, la Nación destinó cerca de $38 billones de pesos para contribuir al pago de las pensiones; a su vez, transfirió $2,01 billones de pesos para Colombia Mayor y entregó $98,7 mil millones a Colpensiones, por concepto de los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS. Es decir, casi el 10 % del Presupuesto General de la Nación se destina a financiar las pensiones y los subsidios para la vejez.
Es esperable que esta apropiación en el presupuesto se incremente porque el Estado asumirá la responsabilidad por todas las pensiones por debajo de 2,3 salarios mínimos. En este marco, es bueno que el texto del Senado sí hiciera obligatorias las cuentas y los fondos generacionales, los cuales introducen criterios de sostenibilidad financiera a los recursos del sistema pensional.
A su vez, haber dejado el manejo del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo en manos del Banco de la República puede permitir maximizar los rendimientos y una buena administración de los recursos, lo cual contribuye a reducir la presión sobre las finanzas públicas.
Origen de la propuesta
La propuesta de reforma pensional tiene su origen en el documento “Soporte del ingreso económico de la Vejez en el Siglo XXI”, del Banco Mundial. En este extenso documento se realizan las recomendaciones de política para la implementación del sistema de pilares como nuevo paradigma para los sistemas pensionales en el mundo.
Esta entidad recomendó originalmente la implementación de, por lo menos, tres pilares: el pilar cero, como un ingreso básico para la vejez clasificada en la pobreza, que se financia a través del presupuesto de la nación; un pilar uno, como un sistema de cotización no subsidiado y manejado por fondos privados; y un tercer pilar de ahorro voluntario, para aquellas personas con altos ingresos que puedan realizar mayores cotizaciones para su vejez.
En el debate de economía política han surgido posiciones que afirman que esta reforma del gobierno es funcional al sistema financiero y ortodoxa, precisamente por tener como base el sistema de pilares del Banco Mundial. Dicha caracterización en términos de a quién beneficia la reforma debe tener en cuenta que, al aplicar el esquema propuesto por esta entidad a nuestro país el modelo se enfrenta a la particularidad de que Colombia cuenta con un régimen público de pensiones en competencia con los fondos privados (condición únicamente compartida con Perú).
Para eliminar dicha competencia se crea un pilar contributivo fusionado o híbrido con dos componentes: uno de prima media o público y uno de ahorro individual manejado por los fondos privados. Con la propuesta original del gobierno de fijar el umbral de cotización obligatoria en 4 salarios mínimos el 92,45% de los afiliados habría pasado a Colpensiones, al ser Colombia un país de bajos ingresos.
Lo que se pudo mejorar en el cuarto debate
No fueron pocas las voces que han alertado sobre la inviabilidad de la propuesta de reforma al sistema de protección integral a la vejez, pero que, en un tono propositivo, buscaron mejorar el texto propuesto por el gobierno. Sin embargo, al acoger el texto del Senado en la Cámara no se pudieron proponer por lo menos cambios en los siguientes frentes de trabajo.
“El no haber podido cumplir a cabalidad con el cuarto debate en la Cámara de Representantes, no sólo impidió mejorar el texto aprobado, sino que puede implicar que la Corte Constitucional tumbe la reforma por error o vicio de procedimiento y por incumplir el principio de publicidad”
Foto: Senado de la República – El haber dejado el manejo del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo en manos del Banco de la República puede permitir maximizar los rendimientos y una buena administración de los recursos.
Fortalecer, con un plan claro y detallado, las capacidades de Colpensiones para asumir los retos que le impone la reforma: en un año con el pilar de 2,3 salarios mínimos, entrarían al régimen público cerca de 16’836.628 cotizaciones que dejarían los fondos privados y pasarían a ser asumidos por Colpensiones.
La reforma también incluye diez nuevas funciones para esta entidad, entre las cuales la principal es ser la pagadora única del sistema pensional. Con esta función beneficiará a los fondos privados, liberándose de carga administrativa, pues ahora estos solo deberán enviar a Colpensiones el bono pensional y los rendimientos de aquellos que coticen por encima de 2,3 salarios mínimos y la entidad estatal deberá consolidar esto en una sola suma a pagar a cada beneficiario.
Sin un plan claro de fortalecimiento, la entidad puede verse desbordada, como lo aseguró el propio sindicato de la entidad en la audiencia pública de la reforma en la Cámara de Representantes.
El Sistema de Información: La Contraloría y la Procuraduría han señalado que Colpensiones debe llevar a cabo una actualización exhaustiva de su aplicativo de nómina y de modernización del Sistema de Gestión de Derechos e Historias Laborales. Esto requiere, por lo menos, invertir en tecnología y mejora en el sistema de datos, particularmente en la consolidación de la historia laboral.
La creación del sistema de información, por su complejidad, se queda corto para estar listo en un año. Sobre todo si se tiene en cuenta que el país presenta un fuerte rezago en cobertura, siendo el país peor posicionado de la OCDE, con apenas un 60,5 % de penetración de internet.
La prohibición de los autopréstamos y de la integración vertical: Con el Decreto 1385 de 2015 el Gobierno Santos permitió que, por ejemplo, el fondo de pensiones Porvenir invierta recursos en Corficolombiana, ambas pertenecientes al Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Ángulo.
Es decir, utilizan el dinero de sus afiliados para financiar proyectos de sus propias empresas, como las vías 4G. Esta práctica suele estar prohibida a nivel internacional, como lo ha señalado José Roberto Acosta.
Las comisiones de los fondos privados: No existe claridad en el texto aprobado acerca de cuál es la base con la que se calcula la comisión del 0,7 % para los fondos privados de pensiones, si se cobran o no sobre el retiro programado y, sobre todo, no quedó explícito en la norma que no se debe cobrar comisión de administración sobre las cuentas individuales a la entrada en vigencia de la ley.
El monto del pilar solidario: La reforma plantea entregar subsidios a aproximadamente un millón seiscientos mil colombianos que hoy se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Para ello, se fijó el monto por cada adulto mayor en lo equivalente a la línea de pobreza extrema, es decir cerca de $223.000 para 2023.
Al margen de la discusión de sostenibilidad fiscal de este programa de subsidios, fijar el monto del pilar en este nivel difícilmente saca a los adultos mayores de esta condición de pobreza extrema.
Conforme evolucionen las condiciones macroeconómicas del país debe de plantearse, por ejemplo, una modificación del monto de este subsidio con otro indicador como la línea de pobreza, es decir cerca de $433.000 para 2023.
El no haber podido cumplir a cabalidad con el cuarto debate en la Cámara de Representantes, donde apenas se votaron 6 de 94 artículos, no sólo impidió mejorar el texto aprobado, sino que puede implicar que la Corte Constitucional tumbe la reforma por error o vicio de procedimiento y por incumplir el principio de publicidad.
Aunque esta posibilidad se materialice, el objetivo más loable y que genera más consensos entre la ciudadanía y la opinión, es el de crear un piso de protección social para los adultos mayores en condiciones de pobreza extrema, aunque esto no requiere en sí mismo de una reforma pensional.
El gobierno puede tomar la decisión de destinar estos recursos desde el Presupuesto General de la Nación o el Congreso puede crear una ley con este fin en particular, como ya lo hizo la Cámara de Representantes al aprobar la ley que crea la renta básica para la vejez.
El Gobierno nacional enfrenta el enorme reto de recortar el gasto público. No se está logrando recaudar en impuestos lo proyectado en el Presupuesto General de la Nación para 2024. El ministro de Hacienda pretende recortar 20 billones de pesos para ajustar ingresos y gastos.
¿Cómo se llegó a este punto?
Entre enero y abril de 2024, la DIAN ha recaudado 85,9 billones de pesos. En términos reales (teniendo en cuenta la inflación) esto significa una reducción del 16,3% con respecto a los mismos meses del año 2023.
No es el primer año con caída de recaudo durante estos meses. De hecho, se han observado caídas de recaudo en los años 2002, 2007, 2009, 2010, 2013, 2015, 2016 y 2020. Cada uno ha coincidido con crisis económicas nacionales e internacionales, caídas de precios internacionales del petróleo y la pandemia del año 2020. Sin embargo, ninguna caída en recaudo había sido tan fuerte como la observada en el año 2024.
Para mayo el recaudo de impuestos fue el más alto con respecto al PIB en la historia. Sin embargo, esto no es ningún mérito concreto.
Al detallar la información, las caídas más relevantes son en impuesto de renta (-25,5%), IVA externo (-28,2%) y aranceles (-21,9%) por menos importaciones, y retención de IVA nacional (-10,8%). Sin embargo, en términos de proporción sobre el total del recaudo, los más relevantes son renta (48% del total del recaudo en 2024) e IVA externo (12%).
El ex director de la DIAN y nuevo ministro de comercio dice que para mayo el recaudo de impuestos fue el más alto con respecto al PIB en la historia. Sin embargo, esto no es ningún mérito concreto. Venimos de dos reformas tributarias seguidas, una en el 2021 con el gobierno Duque y otra en 2022 con el gobierno Petro. Ambas reformas han subido los impuestos y, en proporción al PIB, siempre incrementarán. Por lo tanto, no es relevante esta comparación y menos en un contexto de crecimiento mediocre del PIB nacional.
Es posible notar que el impacto en el recaudo se encuentra en el bajo crecimiento económico del año 2023 y del primer trimestre de 2024. En los últimos 4 trimestres, el crecimiento anual del PIB ha sido en promedio 0,1% en términos reales. Estos resultados impactan en la renta y también explica la caída de recaudo en IVA y aranceles de las importaciones.
Lo anterior se suma a que no fue posible recaudar lo esperado por litigios por falta de trámite en el Congreso del proyecto de ley. Esto debía ser impulsado por el ministro de Hacienda y no hubo un interés real en cabildear el proyecto. Además, en la Corte Constitucional, se han caído impuestos de la última reforma tributaria como la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para empresas minero-energéticas, con impactos de cerca de 6,7 billones de pesos menos en impuestos, según el Ministerio de Hacienda.
Por cuenta de la Regla Fiscal y el límite del nivel de endeudamiento del país, no hay mayor intención de incrementar la deuda para cubrir el faltante del año 2024. Por esto, el ministro de Hacienda recurrió a un recorte general del 5,6% en todas las carteras del Presupuesto General de la Nación, para así lograr la meta de reducción del presupuesto en 20 billones de pesos. Será un recorte general a todos los sectores, sin diferenciar dónde puede impactar de manera más grave este recorte.
Los recortes
El presupuesto del año 2024 fue aprobado por un monto de 503,2 billones de pesos, que superó el presupuesto del año 2023 en un 13,2% (precios reales). Para lograr la reducción del presupuesto en 20 billones, se debe recortar en todos los sectores, excepto en el servicio de deuda nacional (equivalente a $61,5 billones de pesos).
Los recortes, según el gobierno, no tocarán el gasto social y tampoco pueden impactar costos fijos de funcionamiento, como los salarios de servidores públicos. El ministro Bonilla explicó que serán $11 billones de pesos en funcionamiento y $9 billones en inversión. En funcionamiento se impactará el número de contratistas, que representan una parte central de las y los trabajadores del Estado, además de la compra de bienes y servicios. El recorte en inversión pública limita las capacidades de ampliación del Estado para garantizar derechos como la salud y la educación.
Sectores que ya habían tenido una reducción de ingresos en 2024 tendrán un golpe aún mayor: las TIC (-27,7%), ambiente (-21,7%), planeación (-23,1%) y ciencia, tecnología e innovación (-25,8%). Otros sectores que tenían un aumento presupuestal bajo ahora tendrán reducción presupuestal: defensa y Policía (-1,9%), transporte (-5,6%) y relaciones exteriores (-1%).
Estos recortes impactarán mucho más sobre la inversión del país, que ha tenido caídas durante todo el año 2023 y el primer trimestre de 2024. En crecimiento anual, la inversión ha caído -23,8% en promedio durante 2023 y 2024 y el Estado no tiene herramientas para promover políticas contra cíclicas que permitan reactivar la economía.
La encrucijada
Limitar en 20 billones de pesos el gasto del gobierno es también reducir la capacidad de impacto del Estado para reactivar la inversión y el consumo en el país, que ya se encuentra altamente deteriorada.
El Gobierno ya decidió recortar el presupuesto de manera general. Esto es práctico porque es un recorte igual en todos los sectores. Sin embargo, es un error porque no todo gasto público es igual; existen sectores con mayor impacto en la generación de empleo y crecimiento económico que podrían priorizarse con una evaluación más detallada del ajuste.
Limitar en 20 billones de pesos el gasto del gobierno es también reducir la capacidad de impacto del Estado para reactivar la inversión y el consumo en el país, que ya se encuentra altamente deteriorada. El descontento social que se vive en el país, por razones como el servicio de salud del Magisterio, el incumplimiento a las y los campesinos que movilizará a la ANUC y las promesas sin cumplir en materia de educación inicial, básica, media y superior, no podrá ser atendido por incapacidad material de falta de recursos.
Se hicieron promesas en campaña que no son posibles de cumplir sin reformar aspectos centrales de la economía, como la Regla Fiscal. El Gobierno no ha podido avanzar en esta materia y, por el contrario, se han caído en la Corte Constitucional artículos de su última reforma tributaria. Es un grave panorama en medio de un descontento generalizado por el incumplimiento del Gobierno nacional.
La legítima elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional me alegra, pero no es suficiente para calmar las aguas en esa institución. Ante afirmaciones imprecisas o falsas de ex directivos de la Universidad y de algunos oportunistas es necesario realizar algunas precisiones:
“Se violó la autonomía universitaria”
La autonomía es un derecho que la Constitución de 1991 le otorgó a las universidades para que sus comunidades puedan gobernarse sin que exista injerencia de algún gobierno. A pesar de ello, el Decreto 1210 de 1993 le otorgó al presidente de la República 3 de 8 puestos del Consejo Superior (CSU) de la Universidad Nacional, su máximo órgano de decisiones.
Desde que existe el derecho a la autonomía universitaria los presidentes de la República siempre han ganado la elección de rector en esa institución, poniendo sus 3 votos en función de ello. Pero nunca hemos escuchado a Ignacio Mantilla, Moisés Wasserman, Ismael Peña, Dolly Montoya y su combo escandalizarse por las victorias presidenciales. Tampoco se pararon en las pestañas cuando en 2012 y 2015 el movimiento universitario exigió el respeto de los resultados de la consulta universitaria que daba como ganadores a dos profesores que no eran de la corriente del gobierno de turno. Claro, su silencio respondía a que eran sus nombres los designados para gobernar a la Universidad a espaldas de la comunidad.
Menos escuchamos a Paloma Valencia o al Centro Democrático defender la autonomía universitaria en el pasado. Una breve búsqueda de esas dos palabras en sus cuentas de redes sociales corrobora que entraron a su léxico apenas en mayo de este año. (Ver hipervínculos).
“Múnera es un alfil de Petro”
Leopoldo Múnera no sería rector sin los votos de las 3 delegadas de Petro en el CSU, no cabe duda. Pero hay que ser muy deshonesto para afirmar que el nuevo rector es un apéndice de Petro. La trayectoria académica e intelectual del profesor Múnera da luces de que será un rector garante de la autonomía universitaria.
Múnera siempre se ha comprometido con las causas del movimiento universitario, es amigo del estudiantado, los sindicatos y la organización profesoral. Nunca se ha inscrito en proyectos político-electorales y no ha ahorrado críticas a procesos de izquierda cuando lo considera pertinente.
Cuando Múnera menciona el concepto de “Constituyente Universitaria” aclara que se trata de un proceso interno de la Universidad, que es anterior al concepto constituyente de Petro y que su resultado debe ser aprobado en el CSU de la institución, no en la transformación de la Constitución Política del país.
El legítimo rector de la UN tampoco es un notario de la política educativa del gobierno. Por el contrario, desde septiembre de 2023 la organización profesoral ‘Bien Común’ -a la que pertenece Múnera- formuló fuertes críticas a la propuesta de Ley Estatutaria de Educación de Petro, advirtiendo que su indefinición conceptual terminaría favorecido las lógicas mercantiles en la educación.
Sobre la legalidad de la elección
Arrancando la semana, el profesor Rodrigo Uprimny compartió las precisiones jurídicas, y también algunas dudas, sobre la legalidad de la elección de Leopoldo Múnera.
Así como Uprimny, considero que hay fundamentos sólidos para justificar la legalidad de la revocatoria de la elección del ilegítimo Ismael Peña. El acto electoral que elegía a Peña nunca se perfeccionó por cuenta de que la Secretaría General de la Universidad -aliada de Peña y su combo- no lo permitió; su posesión autenticada en notaría carecía de todo sustento jurídico y el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo permite revocar la decisión hasta tanto la misma no se perfeccione.
Sin embargo, no puedo dejar de señalar que existen dudas justificables sobre el procedimiento exprés con el que eligieron a Múnera en vez de haber nombrado un rector encargado mientras se resolvían diversas controversias, algunas en el interior de la Universidad y otras en el Consejo de Estado. Espero que del afán no quede el cansancio, caso en el que nuevamente el gobierno sería responsable por el mal procedimiento.
Ñapa: Petro pesca en río revuelto
Rechazar la hipócrita defensa de la autonomía universitaria por quienes la han tenido secuestrada, exponer el oportunismo de quienes quieren pintar a Múnera como petrista, o respaldar en términos generales la salida jurídica de esta elección no son motivos suficientes para callar sobre el intento de Petro por usar al movimiento universitario para sus fines políticos.
El gobierno no abordó la elección de rector de la Nacional con rigor, abrió la puerta a la crisis, usó la peligrosa ley de inspección y vigilancia y ha querido absorber el proceso constituyente universitario en la transformación de la Constitución de 1991. Y la tapa: abrió la puerta para que el derecho fundamental a la educación se convierta en la peor contrarreforma educativa de la historia.
Estas son algunas precisiones necesarias para insistir en la defensa de la autonomía y democracia en las universidades colombianas.
Petro pasa por serias dificultades que son atribuibles a su propia gestión. Decir lo anterior no borra las responsabilidades de gobiernos previos y lo mal que dejaron al país, pero quien gobierna hoy debe asumir sus responsabilidades.
El nuevo modelo de salud para docentes expone la autodestrucción. La necesidad de mejora del régimen especial de salud del magisterio nunca fue la discusión, el tema estaba en el cómo. Lo que definitivamente no se debía hacer fue lo que Petro hizo.
Primero, le entregó la dirección de la administración de entre 12 y 18 billones de pesos del FOMAG a una cuota de los partidos de la U y Conservador: Mauricio Marín. Un personaje turbio, ficha de las parapolíticas Zulema Jattin y Eleonora Pineda e investigado penal y disciplinariamente por presunta corrupción tras su paso por Ferrocarriles de Colombia. Petro puso al ratón a cuidar del queso.
Luego, en contra de la voluntad de FECODE el presidente prorrogó en dos oportunidades los contratos con los operadores de salud antiguos a los que acusaba de corruptos, aunque nunca los denunció en la Fiscalía como indica la lógica. Pero lo más grave es que el 1 de mayo se puso en marcha el nuevo y raquítico modelo de salud sin que existiera planeación, contratación completa de servicios, debida información a los usuarios, mecanismos de auditoría de costos y manuales tarifarios.
Ante la crisis, la reacción del gobierno ha sido tan lamentable como la implementación del modelo. En menos de 20 días el ministro de salud dio un salto mortal triple al pasar de decir que éste era el piloto de la reforma a la salud a recular afirmando que el modelo del magisterio en nada se parece al modelo de salud que propone el gobierno para el resto de la población. Mientras tanto, las ministras de Educación y Trabajo y el ministro de Hacienda, que integran la junta directiva del sistema, no aparecen.
La mayor canallada corre por cuenta de Petro. El domingo desde Twitter acusó a FECODE de ser el responsable político de la crisis, aunque ese sindicato no es quien gobierna. No en vano reza el dicho “mal le paga el diablo a quien bien le sirve”.
En el plano económico también se evidencia la autodestrucción. Se avecina una crisis de financiamiento del Estado, lo anterior por cuenta de estimaciones excesivamente optimistas de recaudo de impuestos e ingresos por litigios que realizó este gobierno a principios de su mandato.
Claro está que al mal cálculo se suma la caída en la inversión, que golpea de manera semejante a otros países de la región, y un cuestionado fallo de la Corte Constitucional que impide al gobierno recaudar 6.7 billones de pesos vía prohibición de deducción de regalías para el impuesto de renta de las empresas mineras.
La semana pasada la Corte realizó una audiencia para escuchar al ministro de Hacienda sobre este último tema. Se trataba de la oportunidad de oro para convencer a los magistrados de que implementar de inmediato el fallo implicaba afectar la sostenibilidad fiscal del país, razón por la que debían modificar su decisión y darle un salvavidas al gobierno para ajustar las finanzas públicas. El ministro Bonilla llegó a la cita más importante de su vida y de las finanzas de su gobierno sin haberse preparado. En el pasado, otros ministros hacían lobby por el despacho de cada magistrado, llevaban presentaciones rigurosas y calculadora en mano para convencer a la Corte.
Fue tal la negligencia de la presentación del ministro que algunos de sus funcionarios optaron por abandonar la audiencia para evitar la pena ajena. Naturalmente la Corte ratificó su fallo, apretando el presupuesto nacional.
A la autodestrucción escapaba el poco resistido proyecto de ley estatutaria de educación. Algunos se atrevieron a titular que la educación era el verdadero acuerdo nacional. Desafortunadamente el pésimo manejo que le dio el gobierno a la elección de rector en la Universidad Nacional detuvo el avance del proyecto y tiene en crisis a la universidad pública más importante del país.
El gobierno estaba advertido sobre las trampas que una camarilla iba a utilizar para violar las reglas e imponer a un rector ilegítimo; podría haber evitado que se usara. Además, era claro que Petro no tenía en sus delegadas la mayoría para elegir al rector, motivo por el que debía emprender una campaña activa para lograr un voto adicional.
Ni lo uno ni lo otro. Las delegadas de Petro se dejaron meter una metodología de elección ilegal y no se movieron para garantizar la mayoría.
Al final, docentes, estudiantes y contribuyentes son quienes pierden, porque no ven la materialización del cambio. Vaya uno a saber si los “errores” del gobierno han sido premeditados, pero la autodestrucción encaja perfectamente con el caprichoso deseo de convocar a una constituyente.
