En Colombia las agresiones cometidas por pasajeros de transporte aéreo van en aumento. Según las cifras más recientes, cada año se registraron 205 quejas por infracciones a la normatividad legal por parte de usuarios que son considerados como problemáticos y que pueden incluso poner en riesgo a los demás pasajeros y a la tripulación.
Ante ese escenario, en el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que pretende establecer fuertes sanciones, que podrían literalmente bajarlo del avión hasta por un año, pues las aerolíneas podrían suspender la movilidad aérea.
Jennifer Pedraza, representante del Partido Dignidad y Compromiso, y quien presentó la iniciativa junto a María Fernanda Carrascal, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la radicación de este proyecto.
“Lo primero que hay que contar es que, seguramente, la gente habrá pasado por situaciones en donde alguna gente amenaza violentamente o agreden físicamente a trabajadores de las aerolíneas”, inició recalcando Pedraza.
La representante mencionó que estas situaciones “se expresan en contra de los trabajadores que no tienen la culpa de las falencias que tiene hoy el transporte aéreo”.
Y así, que básicamente el proyecto de ley “pone que se puedan establecer sanciones de acuerdo con la gravedad de las acciones, que van desde una explicación pedagógica, hasta una multa o suspender al pasajero para que, por un periodo de tiempo, no pueda viajar con la empresa”.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien se ha convertido en una de las principales voces de la Cámara de Representantes, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene este semestre para las reformas sociales.
Además, cuestionó el respaldo del presidente Gustavo Petro a Hollman Morris y dijo que se está gobernando con las mismas prácticas que tanto criticaban de los partidos tradicionales.
¿Qué cree que viene para la reforma de la salud en el Senado? Creo que el Gobierno tiene un panorama un poco más difícil en el Senado. Sin embargo, no sé qué pensar porque cuando se inició el trámite de la reforma en Cámara creía que el panorama era difícil para que se aprobara la reforma y terminó aprobándose con los mismos métodos que usaban los gobiernos anteriores.
¿A qué se refiere? El Gobierno tiene una relación transaccional con el Congreso. No sé si esto se vaya a replicar en el Senado pero sé que voces importantes de la Alianza Verde, como Fabián Díaz, van a tener una posibilidad de incidencia clave en la ponencia de la reforma de la salud. Ojalá se tengan en cuenta las preocupaciones y críticas que desde la Cámara de Representantes dejamos muy bien planteadas. Además, el ministro de Salud ha venido aceptando que tienen sustento, como decir que van a tramitar una reforma tributaria para poder financiar los gastos del sistema.
¿Y en cuanto a la laboral? Me parece que es en varios aspectos positiva, siempre y cuando se acompañe de una política industrial y de protección y de acompañamiento al empresariado colombiano, especialmente al micro, pequeño y mediano empresario. Eso me parece muy importante. Si la reforma no tiene ese componente, se queda coja. Recordemos que este gobierno hundió en la reforma tributaria nuestra propuesta para que hubiese una tarifa diferencial del impuesto de renta para las pequeñas y medianas empresas. Negó medidas que eran salvavidas para estas. De manera que es difícil decirles que “no los apoyamos en nada y, además, acá van un montón de responsabilidades que ustedes tienen que asumir con sus trabajadores y si lo logran bien y si no quiebren, ustedes verán qué hacen”. Creo que debe de haber una prioridad muy marcada para el fortalecimiento del empresariado colombiano.
También seguirá el trámite de la ley estatutaria de la educación. ¿Qué opina de esta?
No es una reforma como tal, porque es una ley nueva, pero es una ley de particular interés mío y de la juventud y del movimiento estudiantil. Es una ley que reconoce la educación como derecho fundamental pero tenemos que estar muy atentos y atentas de que no terminen colgándole muchas arandelas en el marco de la negociación política y que terminen desdibujando el objetivo del proyecto.
Cambiando de tema, este año volvió la polémica alrededor de la figura de Hollman Morris. ¿Por qué sigue en el Gobierno no obstante a los llamados del movimiento feminista? ¿El Gobierno le está dando la espalda al feminismo? El mensaje que deja el Gobierno con el tema de Hollman Morris es que el eslogan de que “el cambio es con las mujeres” se quedó solamente en un eslogan de campaña. Pero, para nada es un principio a la hora de tomar decisiones por parte de este gobierno. Las víctimas de Hollman Morris no solamente lo han denunciado a él por acoso sexual o acoso laboral o malos tratos. También han denunciado que son víctimas de persecución y hostigamiento físico y digital. El hecho de que el presidente Petro se lleve a Hollman Morris a Davos es una cachetada en la cara a las víctimas. Además, se presenta en un contexto de violencia cada vez más crítico contra nosotras. Empezamos el año con un feminicidio a punta de machete en el Valle del Cauca, un intento de feminicidio con el mismo método, feminicidios en varias regiones del país. Se suponía que Petro había prometido que iba a haber una lucha cultural decidida contra el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia contra las mujeres…
¿Y qué pasó? Eso no es coherente con el hecho que el Gobierno siga nombrando y protegiendo a hombres denunciados por violencias basadas en género y que siga acumulando el poder político en ellos. A mí mucha gente me dice: ¿pero ustedes qué quieren? ¿Quieren que entonces si hay un hombre que cometió un error que lo aparten de la sociedad y que nunca más pueda volver a trabajar? No es lo que yo pido, ni lo que pide el movimiento feminista. Pedimos que haya un reconocimiento y un proceso de reparación a las víctimas, una autocrítica, una garantía de no repetición, entre muchos otros mecanismos de reparación que las víctimas deciden y solicitan. Pero en el caso de Hollman Morris, de Víctor de Currea-Lugo, de Fabián Zanabria, que son todo este combito de hombres que se las dan de progresistas pero que quieren cambiar todo el sistema, excepto el patriarcado y la violencia contra nosotras, lo que ellos han hecho es revictimizar, descalificar a las víctimas, restarles credibilidad en la opinión pública, hostigarlas digitalmente. Y es lamentable que el Presidente se sume a estas prácticas.
¿Qué opina usted de la figura de la primera dama? Creo que Verónica Alcocer es una exponente más de la política tradicional de Colombia. Y creo que la figura de la primera dama no debería de existir en Colombia. No debería de existir. Es una figura que desconoce que las mujeres tenemos un desarrollo, un desempeño profesional completamente separado del de nuestras parejas y que le entrega poder político a una persona por la que nadie ha votado en Colombia. Ni si quiera estoy de acuerdo en que la primera dama tenga responsabilidades en lo que tiene que ver con el sistema de Bienestar Familiar. Me parece que esa es una herencia de un modelo político muy lejano ya en términos de contexto, de la historia y lo que ha servido es para que sea la caja menor de la historia del presidente a través de la cual se hace politiquería con la política tradicional, que es lo que ha venido haciendo Verónica Alcocer.
Se perdieron los Juegos Panamericanos. ¿Qué análisis hace? Para mí, es muy contundente el hecho de que la ministra del Deporte siga en su cargo. Eso no tiene ningún tipo de presentación y lo que a mí me hace pensar es que la decisión de no hacer los Juegos Panamericanos fue una decisión del Presidente. La responsabilidad política es del Presidente. Si fuera individualmente sobre la ministra del Deporte, no habría nada qué justificar a que ella estuviera en el cargo. Así que, para mí, esto es una pésima noticia. Colombia deja de recibir millones de dólares en inversiones, pero no solo eso, también de ofrecer infraestructura y oportunidades para los deportistas. Fue una decisión deliberada del presidente Gustavo Petro.
Se suponía que Petro había prometido que iba a haber una lucha cultural decidida contra el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia contra las mujeres
¿Por qué lo dice? Al Presidente le pareció que los Juegos eran muy caros, pero no quiso asumir esa decisión Política. El contrato tiene establecido que la platica que se pagó se perdió. Aquí puede haber un detrimento patrimonial contra Barranquilla y el Atlántico, que precisamente asumieron esos gastos iniciales y que nadie les va a devolver esa platica.
Con este movido inicio de año, ¿qué más podemos esperar? Voy a ser muy franca. Tengo una preocupación y es que, como el gobierno del presidente Petro para mí, para muchas y para muchos ha sido decepcionante, partidos tradicionales como el Centro Democrático y Cambio Radical se presenten ahora como la gran alternativa a la política colombiana.
¿A qué se refiere? Realmente, no lo son. Al mismo tiempo que estas decepciones están pasando con Petro, al mismo tiempo están metiendo a la cárcel a Ciro Ramírez (Centro Democrático), a congresistas de los partidos tradicionales, se fugó el exdirector del DPS. Es decir, aquí lo que ha pasado es que se está reproduciendo lo mismo que criticábamos en gobierno anteriores. Pero la alternativa no puede ser volver a esos mismos partidos. Siento que nuestro papel, como nuevas generaciones en política, es ofrecer otros caminos que no sean ni volver al Centro Democrático ni a los tradicionales, ni tampoco al Pacto Histórico, que prometió una transformación que no ha cumplido. Para terminar, ¿qué opina del llamado del presidente Petro para que el Pacto se una para ganar las elecciones? ¿No le queda mucho de para estar ya pensando en campaña? El presidente Gustavo Petro trinó sobre las elecciones del 2026 mientras Santander estaba en llamas, mientras se incendiaban los cerros orientales de Bogotá ante la inacción y ante la falta de prevención del Gobierno de los efectos del fenómeno del niño y de los incendios forestales. Para mí, esta es la prueba más evidente de que el problema no es que Petro esté hablando de política, él tiene todo el derecho de hacerlo. El problema es que hoy no está cumpliendo con lo que prometió en el 2022. ¿Por qué no, mejor, se pone a ver sus videos de campaña en el 2022 para que vea qué prometía y evalúe si lo está cumpliendo hoy? Estoy segura de que se asusta.
¿Por qué? Estoy segura de que se asusta de lo incoherente y lo demagógico que ha sido su gobierno. Si está tan preocupado por las elecciones del 2026, la mejor forma de competir en cualquier elección es cumplir lo que prometió y eso es todo lo contrario a lo que ha venido haciendo su gobierno.
¿Entonces? El Presidente debería de estar pensando en gobernar hoy, hacerlo bien, cumplir lo que prometió, separarse de la política tradicional, que es lo más decepcionante, para mí, de este gobierno. Si le hubieran dicho a la gente que iban a gobernar con toda la política tradicional, con toda la gente a la que antes le decían que hacía parapolítica, estoy segura de que no ganan las elecciones. No me molesta que esté pensando cómo ganar las elecciones del 2026, obviamente todos los presidente lo hacen, pero de ahí a que eso impida ejecutar, como le pasó a este gobierno, que es la menor ejecución en los últimos 10 años, creo que hay una falta de visión política y de cumplir el mandato social de cambio que hubo y que el pueblo le dio a él y que hoy se está pasando por la faja
La representante de Dignidad y Compromiso abandera las causas feministas y los temas relacionados con el movimiento estudiantil al que perteneció
Como representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, de 27 años, encabezó la rueda de prensa que reunió a distintas generaciones de mujeres feministas hace dos semanas en el nuevo edificio del Congreso, en el corazón de Bogotá. Era una suerte de anfitriona. Junto a Sara Tufano, María Antonia García de la Torre, Juana Afanador, Mónica Godoy y Ángela María Robledo –la excongresista que la inspiró a participar en política–, denunciaron, por enésima ocasión, la difusión de un discurso de odio contra las feministas, acompañado de ciberacoso, desde la misma izquierda. Y más concretamente, las amenazas de un militante de Colombia Humana, el movimiento político del presidente Gustavo Petro, que en las redes sociales se hace llamar ‘Dragón Negro’. “Afilaré mi catana”, les decía en un mensaje el mes pasado. “Esto no es una metáfora en un país donde descuartizan mujeres”, denunció Pedraza con firmeza ante las cámaras.
Economista y ‘madre’ de tres perros, Pedraza es la congresista más joven de Colombia. Hace ocho meses aterrizó en el Capitolio y ya es también una de las voces más visibles entre los legisladores que se declararon en independencia frente al Gobierno. Abandera las causas feministas y los temas relacionados con el movimiento estudiantil, la escuela política en la que se forjó durante las protestas de los últimos años. Su principal proyecto legislativo es sobre financiación de la educación superior, y ese es también el tema de su tesis de maestría.
Mónica Godoy, consultora en prevención de la explotación y abuso sexual; Sara Tufano, socióloga feminista y columnista; Jennifer Pedraza, representante a la Cámara; Ángela María Robledo, docente, escritora y política y Juana Afanador, socióloga y feminista, durante una rueda de prensa en Bogotá, el pasado 30 de marzo.NATHALIA ANGARITA
Sus reclamos de los últimos meses al Ejecutivo han incluido pedir la salida de Henry Sanabria, el homófobo y ultra religioso jefe de la Policía al que Petro destituyó este miércoles, o denunciar el acoso sexual de un académico que iba a ser embajador, Víctor de Currea-Lugo. Ese episodio le valió los ataques de Germán Navas Talero, un veterano exrepresentante del Polo Democrático Alternativo, un partido de izquierda al que ella también perteneció. “Es una profunda decepción. Pero lejos de intimidarnos, lo que eso hace es darnos más herramientas para mostrar lo necesaria que es nuestra voz en política”, reflexiona.
“Voté por el presidente Petro en segunda vuelta, pero creo que hay que hacer una labor de control político. De lo contrario es difícil que las cosas cambien y el Congreso sigue estando conformado en su mayoría por partidos políticos tradicionales”, dice Pedraza a EL PAÍS en un café junto al Capitolio. “El movimiento social debe ser activo. Debemos seguir defendiendo la agenda que siempre nos ha llevado a las calles”, a pesar de las coincidencias que pueda haber con el actual mandatario, valora.
Colombia vivió un estallido social sin precedentes durante el periodo de Iván Duque (2018-2022). En esas oleadas de protestas, que se remontan hasta finales de 2019, antes de la pandemia, el movimiento estudiantil –de universidades públicas y privadas– tuvo un papel protagónico. En términos políticos, fue el presidente Petro, un político veterano, quien capitalizó el descontento al imponerse en las elecciones del año pasado con el voto mayoritario de los jóvenes. Pero en los comicios legislativos también emergieron otras figuras vinculadas a las protestas. Entre esa camada de renovación se destaca Pedraza, que fue una visible representante estudiantil de la Universidad Nacional y miembro del Comité del Paro que agrupaba a las organizaciones que convocaron las primeras manifestaciones.
Como parte de las listas de la coalición del centro político, a pesar de haber militado en la izquierda, es también la única representante de Dignidad y Compromiso, el nuevo partido surgido de la fusión de los movimientos de Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo. Está muy involucrada en la escuela de formación política del partido y en los esfuerzos por promover candidaturas para las elecciones locales de octubre, especialmente de jóvenes y mujeres. “Representamos a las personas que estamos agotadas de la politiquería”, afirma. “Sentimos que Colombia merece un mejor cambio que el que está proponiendo el presidente Petro. No concebimos como uno puede hacer un cambio con la política de siempre”.
Jennifer Pedraza/ El 30 de marzo de 2023.NATHALIA ANGARITA
Se posiciona sin tapujos frente a las tres grandes reformas sociales que el Gobierno pretende aprobar en el Congreso. Celebra la laboral como una manera de recuperar los derechos que los trabajadores perdieron durante el periodo del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), y plantea ajustes para la pensional y la sanitaria. “En un semáforo, le pondría el rojo a la reforma a la salud, donde más hay que poner la lupa; el amarillo a la pensional, para que fortalezca realmente el régimen público de pensiones; y el verde para la laboral”, sintetiza.
“Hay un mandato social de cambio que en algunos aspectos el Gobierno ha representado bien”, matiza al valorar como aciertos la reforma laboral o la creación de un sistema nacional de cuidado en el Plan Nacional de Desarrollo. “Pero hay otros asuntos en los que por el contrario hay que marcar distancia”. Entre sus reparos, subraya la manera en que ha tratado los temas relacionados con las mujeres. “No ha habido poder humano que logre que el Gobierno declare emergencia nacional por violencia machista, que es la exigencia que movimiento feminista en Colombia ante la ola de feminicidios”, apunta. Considera que hay una deuda simbólica. “El Gobierno ha respaldado y se ha puesto del lado de sus funcionarios que han sido denunciados por violencia y por acoso sexual”, recuerda al enumerar los señalamientos contra Mauricio Lizcano, el secretario de la Presidencia, o el propio Currea-Lugo, que acabó por declinar su designación.
Independientemente del balance final que arroje en Chile la presidencia de Gabriel Boric, todavía lo considera una fuente de inspiración como una experiencia de liderazgos surgidos del movimiento estudiantil. “Ese vínculo entre el movimiento social y la política es muy importante”, señala. Recuerda que incluso ella calificaba de “vendidos” a los líderes que se lanzaban, pero ha cambiado de opinión. “Considero hoy que si el movimiento estudiantil no llega a estos espacios, si no participa de la política, si no se mete en política, va a seguir padeciendo lo que decidan los políticos profesionales”, argumenta. “Hay un terreno grande por conquistar. Ya no creo que sean vendidos. Todos los sectores del movimiento social, incluso con los que yo no coincido, tenemos que tomarnos la política y empezar a hacer política para la gente. Ese es el punto central”.
El gobierno nacional ha superado temporalmente la crisis de mayorías en el Congreso para aprobar sus reformas. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó casi por completo la reforma de la salud la semana pasada, lo cual sugiere que se abrirá espacio en la agenda para debatir la reforma laboral.
La propuesta de cambiar las reglas laborales presentada por Petro y la ministra Gloria Inés Ramírez, recuperaría los derechos que se les han quitado a los trabajadores colombianos desde la década de 1990 debido a las medidas de apertura económica.
En general, la reforma recupera derechos que han sido violados. Pero las modificaciones al proyecto original del gobierno son menos ambiciosas. Por eso importa revisar los recortes sugeridos y analizar los efectos de la reforma para las MiPyMes, así como resaltar el capítulo de derechos colectivos.
Los recortes
El texto de la reforma que se discutirá establece que la jornada diurna no termina ni a las 9 pm (gobierno Duque) ni a las 10 pm (gobierno Uribe), sino a las 7 pm.
La propuesta inicial acogía el reclamo de las centrales obreras durante tres décadas y la promesa de campaña del gobierno actual de establecer la jornada diurna de 6 a 6, como era antes de 2002.
“En general, la reforma recupera derechos que han sido violados. Pero las modificaciones al proyecto original del gobierno son menos ambiciosas. Por eso importa revisar los recortes sugeridos y analizar los efectos de la reforma para las MiPyMes, así como resaltar el capítulo de derechos colectivos.“
Foto: Integración Social – La reforma laboral busca eliminar los mecanismos antisindicales que se volvieron ley en Colombia.
La ponencia presentada para el primer debate reduce la importancia del contrato a término indefinido. El nuevo texto permite distintas formas de contratación a término fijo, incluso si el trabajo no responde a “tareas de naturaleza temporal”. Esto debilita la estabilidad laboral con el tiempo.
La ponencia también afecta negativamente el derecho de estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad. Actualmente, estas personas solo pueden ser despedidas con la autorización del inspector de trabajo, quien verifica que el despido no sea discriminatorio. La reforma inicialmente mantenía esta protección, pero ahora elimina el requisito de autorización, lo cual perjudica a las personas con discapacidad que tienen más dificultades para encontrar otro empleo.
Finalmente, el inconveniente artículo 72 de la propuesta original no se eliminó, aunque permita que los aumentos salariales en el sector público solo sean aplicables a quienes ganen hasta dos salarios mínimos. Esta medida es regresiva para el derecho al reajuste salarial de los empleados estatales y crea una especie de escalafón que divide los intereses de los trabajadores al negociar sus salarios y beneficios laborales con el Estado.
Mipymes
Las MiPyMes son el 99,2% de las empresas colombianas, (Confecamaras, 2020), generan el 80% de empleo formal y aportan el 35% del PIB nacional (ACOPI, 2022).
La reforma laboral desincentiva los mecanismos flexibles de contratación, como los contratos civiles y los contratos temporales. Estas formas de contratación se han utilizado ampliamente para reducir las garantías laborales, pero también han sido una herramienta, discutible pero útil, para que las MiPyMes puedan reducir los costos laborales.
La reforma laboral no ignora las preocupaciones de las MiPyMes. En realidad, establece mecanismos especiales y flexibles para ellas en cuanto a sanciones por comportamientos antisindicales y la extensión de obligaciones derivadas de acuerdos colectivos.
La Asociación Colombiana de las MiPyMes Nacionales (ACOPI) sigue solicitando mecanismos diferenciados —que en efecto, son escasos—. La reforma debería incluir beneficios para estas empresas, como mayores subsidios por la creación de empleo en MiPyMes.
Una opción es ampliar el alcance de uno de los artículos del Plan de Desarrollo recientemente aprobado. También se puede contemplar un periodo de transición para que las políticas de reindustrialización del gobierno fortalezcan a estas empresas y les permitan asumir las nuevas cargas, o promover la reducción de costos no laborales, como una tarifa diferencial de impuesto de renta para estas empresas.
Avance en derechos colectivos
La reforma se propone mejorar los derechos colectivos o sindicales y armonizarlos con estándares internacionales. En Colombia, la tasa de sindicalización es baja, no supera el 5%, y existen numerosos casos de estigmatización de los sindicatos.
El Código Sustantivo del Trabajo ha legalizado mecanismos que desalientan la formación y el fortalecimiento de los sindicatos. Estos mecanismos incluyen los contratos sindicales y los pactos colectivos.
Las centrales obreras, como la CUT, CGT y CTC, junto con la Comisión de Expertos en Aplicación y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Constitucional, han señalado el uso antisindical de estas figuras legales. Algunas sentencias relevantes en este sentido son la T-690 de 1998, SU-569 de 1998 y T-100 de 2008.
En general, se trata de contratos que los empleadores realizan con sindicatos patronales o grupos de trabajadores no sindicalizados, en los cuales se establecen condiciones más favorables en comparación con los contratos de los sectores sindicalizados. Estos mecanismos tienen como consecuencia el desprestigio de los sindicatos y la división de los intereses de los trabajadores.
La Escuela Nacional Sindical ha proporcionado datos sobre las negociaciones laborales. Entre 1994 y 2000, las convenciones colectivas celebradas entre empresas y sindicatos representaban el 64,1% de las negociaciones. Sin embargo, en la década de 2011 a 2021, esta cifra disminuyó significativamente, representando solo el 15,8% de las negociaciones.
Por otro lado, el mecanismo de contrato sindical tuvo un cambio drástico en su participación. En el período de 1994 a 2000, representaba solo el 0,2% de las negociaciones laborales. Sin embargo, en la década de 2011 a 2021, esta cifra aumentó y llegó a representar el 66,6% de las mismas.
“La Asociación Colombiana de las MiPyMes Nacionales (ACOPI) sigue solicitando mecanismos diferenciados —que en efecto, son escasos —. La reforma debería incluir beneficios para estas empresas, como mayores subsidios por la creación de empleo en MiPyMes.“
En resumen, la reforma laboral se enfoca en eliminar los mecanismos antisindicales que se convirtieron en leyes y prácticas en Colombia. Además, se han logrado avances en la ampliación de los derechos colectivos de trabajo al armonizar la legislación nacional con el Convenio 87 de la OIT, que permite a las federaciones y centrales sindicales ejercer el derecho a la huelga.
Por otro lado, la reforma legaliza las huelgas en conflictos no empresariales, lo cual rompe con la idea de que los sindicatos solo deben preocuparse por sus propios privilegios y no por el bienestar de toda la sociedad.
En la reforma también se reconoce el derecho a la huelga en servicios esenciales, pero se establecen límites razonables. Además, se incluyen nuevas conductas que pueden ser sancionadas si afectan a las organizaciones sindicales. También se reconoce la estabilidad laboral reforzada para aquellos que participan en procesos de negociación colectiva, protegiéndolos de posibles sanciones por defender derechos colectivos.
El Congreso debatirá la reforma laboral en las próximas semanas. Aunque las centrales obreras respaldan ampliamente la reforma, será importante corregir ciertas modificaciones y mantener la concertación con las MiPyMes, que están legítimamente preocupadas por los efectos de la iniciativa.
La fórmula para calcular el precio de la gasolina en Colombia se basa en la premisa de garantizar el precio máximo a Ecopetrol, bajo el supuesto de que la gasolina podría venderse más cara por fuera del país. Con esta fórmula se garantiza el abastecimiento del mercado nacional.
En términos de economía política, la fórmula expresa los cambios en la propiedad de Ecopetrol, la empresa pública más importante de Colombia, que no escapa a los vientos privatizadores: Ecopetrol es hoy una empresa mixta: 89% pública y 11% privada.
Los accionistas privados se vinculan con el mundo de las finanzas internacionales. De allí el poder que hoy tienen en la economía global, cuyo motor principal es la prelación del sector financiero, o la llamada “financiarización”.
De modo paralelo con los cambios en la propiedad de la empresa está la idea de la llamada “endoprivatización”, o adopción de prácticas empresariales, gerenciales y administrativas del sector privado en el sector público. De aquí el olvido de la función social inherente a una empresa pública como Ecopetrol y la decisión de manejarla como un negocio más.
El nuevo ministro
Ricardo Bonilla, nuevo ministro de Hacienda, fue presentado como parte del cambio hacia la “izquierda” del gobierno. Parecía que con él temblarían los mercados, pues llegó alguien que no daba la tranquilidad de José Antonio Ocampo.
Sin embargo, lo primero que hizo el ministro Bonilla fue aumentar el precio de la gasolina, siguiendo la misma fórmula de sus antecesores. Un anuncio claro para todo el establecimiento económico y, en especial, para los gremios afectados por el alza.
“Mientras en Hacienda parecen estar muy tradicionales, la no muy célebre Irene Vélez, ministra de Minas, propone al país un camino distinto: considerar una tarifa diferencial en el precio de la gasolina.”
Foto: Twitter: Ministerio de Minas y Energía – Aunque la propuesta de tarifa diferencial de la ministra de Minas y Energía es refrescante, carece de rigor.
De esta y otras maneras, Bonilla muestra ser más ortodoxo que su antecesor. Si bien el exministro Ocampo no fue el funcionario más progresista, al menos muestra una faceta lejana del fundamentalismo de mercado en sus obras académicas.
Bonilla realmente es, ante todo, un escudero del presidente Petro. En el mundo económico los más generosos lo clasifican como un keynesiano de manual, otros recuerdan su juventud en huestes trotskistas, algo bien efímero, pero lo curioso, y que en verdad lo define, es que es un ortodoxo muy petrista.
Opiniones encontradas
Ahora bien, todo en el gobierno de Petro parece mostrar una disputa por el sentido y profundidad de los cambios. Este tema no es la excepción.
Mientras en Hacienda parecen estar muy tradicionales, la no muy célebre Irene Vélez, ministra de Minas, propone al país un camino distinto: considerar una tarifa diferencial en el precio de la gasolina.
¿Qué tan sensatas son las dos opciones? Existe un problema financiero real, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FPEC), que está en alrededor de 30 billones de pesos, un poco más del recaudo de una reforma tributaria. Bajo estas circunstancias, la opción tradicional es aumentar el precio del combustible y anunciar que habrá que seguir subiéndolo.
Este es el argumento de la corriente principal y es la razón por la cual todos los economistas ortodoxos celebran los anuncios del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, los políticos se resisten a adoptar esa estrategia porque evidentemente no es una medida popular.
Y, como sucede a menudo en cuestiones económicas, una cosa es la aproximación de un libro de texto y otra los debates e impactos sociales de la medida. Por eso inquieta la respuesta de algunos sectores de la coalición de gobierno, quienes defienden la medida de Bonilla.
La maniobra contable
De todas maneras, ambos argumentos omiten el punto medular: la muy dudosa contabilidad del déficit que resulta de las diferencias en precios nacionales y los internacionales, que según la ley deben ser cubiertas por el FEPC.
Se trata de un subsidio a Ecopetrol por su costo de oportunidad al vender en Colombia en lugar de exportar todo el combustible. Pero el subsidio se paga con recursos públicos, que al final alimentan las utilidades de la empresa pública, donde el accionista mayoritario es el Estado y vuelve a ser parte del presupuesto nacional. Se saca de un bolsillo, para meterlo en otro, y después devolverlo.
Eso sí, con impactos contables que le sacan el quite a la regla fiscal porque la plata en cuestión no aumenta el gasto publico total.
Hoy por hoy el 70% del consumo de combustible del país se produce en el país y los impuestos equivalen al 25% del precio. Así, el aumento pensado en 600 pesos y la escalada prevista hasta llegar a un precio de 16.000 pesos galón serán mucho más costosos para la sociedad de lo que admiten los economistas ortodoxos.
La idea de que un manejo económico adecuado no necesariamente riñe con apuestas sociales es un anatema para la corriente económica principal.
Ajustando la fórmula
Por eso es necesario analizar a fondo la fórmula para calcular el precio de la gasolina en Colombia. Esta fórmula es más un dogma favorable para los inversionistas privados que un instrumento útil para el bienestar de los colombianos.
El nombre técnico de la fórmula actual es “metodología del ingreso para el producto”. De esta manera el ingreso al productor es igual al costo internacional de los combustibles en el Golfo de México de Estados Unidos, suponiendo que Colombia es un exportador de gasolina, diésel y fuel oil. Es decir, no se toman en cuenta los costos nacionales sino los internacionales que dependen de los vaivenes geopolíticos y de las distintas situaciones de costo según el país.
La fórmula anterior no es el único camino, y por esto el gobierno debería considerar otras opciones. Lo principal es incluir factores internos como el costo de refinación, las utilidades para Ecopetrol, la competencia entre las empresas distribuidoras y los impuestos específicos que recauda el Estado.
“Por eso es necesario analizar a fondo la fórmula para calcular el precio de la gasolina en Colombia. Esta fórmula es más un dogma favorable para los inversionistas privados que un instrumento útil para el bienestar de los colombianos.”
Diego Otero planteó una ruta para cambiar la fórmula del precio y un conjunto de medidas que no golpearán más los bolsillos de la población. En síntesis, ese camino consiste en:
Abandonar las referencias internacionales para establecer el ingreso al productor.
Utilizar el costo promedio interno de producción.
Crear un fondo para financiar pensiones o para emergencias.
Crear nuevos ingresos para el gobierno central.
Tiempo de cambio
Por todo lo anterior parece refrescante la idea de una tarifa diferencial que propone la ministra de Minas. No obstante, como otras bien intencionadas ideas del gobierno, la falta de rigor y técnica matan la idea antes siquiera de considerar su ejecución.
Para Colombia será mejor la coherencia de un gobierno que dice tener en el centro de su atención al pueblo y que ante todo trabaja sobre la idea de transformar el país.
La representante de Dignidad y Compromiso abandera las causas feministas y los temas relacionados con el movimiento estudiantil al que perteneció
Como representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, de 27 años, encabezó la rueda de prensa que reunió a distintas generaciones de mujeres feministas hace dos semanas en el nuevo edificio del Congreso, en el corazón de Bogotá. Era una suerte de anfitriona. Junto a Sara Tufano, María Antonia García de la Torre, Juana Afanador, Mónica Godoy y Ángela María Robledo –la excongresista que la inspiró a participar en política–, denunciaron, por enésima ocasión, la difusión de un discurso de odio contra las feministas, acompañado de ciberacoso, desde la misma izquierda. Y más concretamente, las amenazas de un militante de Colombia Humana, el movimiento político del presidente Gustavo Petro, que en las redes sociales se hace llamar ‘Dragón Negro’. “Afilaré mi catana”, les decía en un mensaje el mes pasado. “Esto no es una metáfora en un país donde descuartizan mujeres”, denunció Pedraza con firmeza ante las cámaras.
Economista y ‘madre’ de tres perros, Pedraza es la congresista más joven de Colombia. Hace ocho meses aterrizó en el Capitolio y ya es también una de las voces más visibles entre los legisladores que se declararon en independencia frente al Gobierno. Abandera las causas feministas y los temas relacionados con el movimiento estudiantil, la escuela política en la que se forjó durante las protestas de los últimos años. Su principal proyecto legislativo es sobre financiación de la educación superior, y ese es también el tema de su tesis de maestría.
Mónica Godoy, consultora en prevención de la explotación y abuso sexual; Sara Tufano, socióloga feminista y columnista; Jennifer Pedraza, representante a la Cámara; Ángela María Robledo, docente, escritora y política y Juana Afanador, socióloga y feminista, durante una rueda de prensa en Bogotá, el pasado 30 de marzo.NATHALIA ANGARITA
Sus reclamos de los últimos meses al Ejecutivo han incluido pedir la salida de Henry Sanabria, el homófobo y ultra religioso jefe de la Policía al que Petro destituyó este miércoles, o denunciar el acoso sexual de un académico que iba a ser embajador, Víctor de Currea-Lugo. Ese episodio le valió los ataques de Germán Navas Talero, un veterano exrepresentante del Polo Democrático Alternativo, un partido de izquierda al que ella también perteneció. “Es una profunda decepción. Pero lejos de intimidarnos, lo que eso hace es darnos más herramientas para mostrar lo necesaria que es nuestra voz en política”, reflexiona.
“Voté por el presidente Petro en segunda vuelta, pero creo que hay que hacer una labor de control político. De lo contrario es difícil que las cosas cambien y el Congreso sigue estando conformado en su mayoría por partidos políticos tradicionales”, dice Pedraza a EL PAÍS en un café junto al Capitolio. “El movimiento social debe ser activo. Debemos seguir defendiendo la agenda que siempre nos ha llevado a las calles”, a pesar de las coincidencias que pueda haber con el actual mandatario, valora.
Colombia vivió un estallido social sin precedentes durante el periodo de Iván Duque (2018-2022). En esas oleadas de protestas, que se remontan hasta finales de 2019, antes de la pandemia, el movimiento estudiantil –de universidades públicas y privadas– tuvo un papel protagónico. En términos políticos, fue el presidente Petro, un político veterano, quien capitalizó el descontento al imponerse en las elecciones del año pasado con el voto mayoritario de los jóvenes. Pero en los comicios legislativos también emergieron otras figuras vinculadas a las protestas. Entre esa camada de renovación se destaca Pedraza, que fue una visible representante estudiantil de la Universidad Nacional y miembro del Comité del Paro que agrupaba a las organizaciones que convocaron las primeras manifestaciones.
Como parte de las listas de la coalición del centro político, a pesar de haber militado en la izquierda, es también la única representante de Dignidad y Compromiso, el nuevo partido surgido de la fusión de los movimientos de Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo. Está muy involucrada en la escuela de formación política del partido y en los esfuerzos por promover candidaturas para las elecciones locales de octubre, especialmente de jóvenes y mujeres. “Representamos a las personas que estamos agotadas de la politiquería”, afirma. “Sentimos que Colombia merece un mejor cambio que el que está proponiendo el presidente Petro. No concebimos como uno puede hacer un cambio con la política de siempre”.
Jennifer Pedraza/ El 30 de marzo de 2023.NATHALIA ANGARITA
Se posiciona sin tapujos frente a las tres grandes reformas sociales que el Gobierno pretende aprobar en el Congreso. Celebra la laboral como una manera de recuperar los derechos que los trabajadores perdieron durante el periodo del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), y plantea ajustes para la pensional y la sanitaria. “En un semáforo, le pondría el rojo a la reforma a la salud, donde más hay que poner la lupa; el amarillo a la pensional, para que fortalezca realmente el régimen público de pensiones; y el verde para la laboral”, sintetiza.
“Hay un mandato social de cambio que en algunos aspectos el Gobierno ha representado bien”, matiza al valorar como aciertos la reforma laboral o la creación de un sistema nacional de cuidado en el Plan Nacional de Desarrollo. “Pero hay otros asuntos en los que por el contrario hay que marcar distancia”. Entre sus reparos, subraya la manera en que ha tratado los temas relacionados con las mujeres. “No ha habido poder humano que logre que el Gobierno declare emergencia nacional por violencia machista, que es la exigencia que movimiento feminista en Colombia ante la ola de feminicidios”, apunta. Considera que hay una deuda simbólica. “El Gobierno ha respaldado y se ha puesto del lado de sus funcionarios que han sido denunciados por violencia y por acoso sexual”, recuerda al enumerar los señalamientos contra Mauricio Lizcano, el secretario de la Presidencia, o el propio Currea-Lugo, que acabó por declinar su designación.
Independientemente del balance final que arroje en Chile la presidencia de Gabriel Boric, todavía lo considera una fuente de inspiración como una experiencia de liderazgos surgidos del movimiento estudiantil. “Ese vínculo entre el movimiento social y la política es muy importante”, señala. Recuerda que incluso ella calificaba de “vendidos” a los líderes que se lanzaban, pero ha cambiado de opinión. “Considero hoy que si el movimiento estudiantil no llega a estos espacios, si no participa de la política, si no se mete en política, va a seguir padeciendo lo que decidan los políticos profesionales”, argumenta. “Hay un terreno grande por conquistar. Ya no creo que sean vendidos. Todos los sectores del movimiento social, incluso con los que yo no coincido, tenemos que tomarnos la política y empezar a hacer política para la gente. Ese es el punto central”.
El lunes (13 de marzo), en el Congreso de la República se llevó a cabo la audiencia pública “Salvemos a Gorgona”, convocada por Jennifer Pedraza y Juan Carlos Losada, Representantes a la Cámara por Bogotá, y la senadora Angélica Lozano.
En ella, representantes de las poblaciones del Pacífico colombiano, de la academia y de la Armada Nacional, presentaron sus posiciones a favor y en contra de las obras que esta última institución quiere adelantar en el Parque Nacional Natural Gorgona. Desde finales del año pasado, cuando se conoció que en enero de 2023 iniciaría la construcción de un muelle de más de 130 metros —una de las obras más cuestionadas—, el debate sobre la viabilidad de estas construcciones se volvió a prender, como contamos en este texto.
Hacia el final de la audiencia pública, que duró poco más de cuatro horas, intervino la ministra de Ambiente, Susana Muhamad. Lo primero que aclaró la encargada de la cartera ambiental es que “la posición del gobierno frente a este debate no está tomada todavía. No hay una posición en este momento”.
“Frente al proyecto de Gorgona, queremos lograr una decisión acertada con el mayor consenso social posible. Hay que hacer el análisis completo: técnico, jurídico, contractual y social, para tomar una decisión balanceada; también con la información detallada y definida”, expresó la ministra tras la audiencia pública en su cuenta de Twitter.
Pese a que el gobierno aún no decide si permitir o no las obras, que también incluyen la instalación de un radar, la ministra aseguró que el proyecto se encuentra suspendido por decisión del gobierno nacional. “En el cronograma este proyecto tenía que empezar en noviembre”, pero las obras no han iniciado, aclaró Muhamad, porque se quieren recibir cada una de las observaciones que las comunidades y la academia están haciendo sobre estas construcciones.
Uno de los participantes de la audiencia preguntó si existe un acto administrativo que oficialice la suspensión del proyecto, a lo que la ministra contestó que “no hay un acto administrativo porque es una suspensión para estudiarlo”. Muhamad recalcó que las obras que la Armada pretende adelantar en Gorgona no se pondrán en marcha hasta que “el gobierno no confronte todas las dudas que han venido desde diversos sectores de la ciudadanía”.
La jefa de la cartera ambiental aprovechó su intervención para señalar que, desde noviembre de 2022, han adelantado más de 36 reuniones con distintas comunidades de la región pacífica, así como con sectores de la academia, para escuchar las observaciones que planten sobre este proyecto. Muhamad agregó que, junto con la vicepresidenta Francia Márquez y distintas poblaciones de la región, instalaron ‘La mesa para la gobernanza ambiental del territorio insular étnico y estratégico Gorgona – Sanquianga”.
Aunque la ministra fue enfática en señalar que el gobierno todavía no ha tomado una decisión sobre el futuro de las obras, durante su participación en la audiencia señaló que en temas de investigación, “la Armada puede ser un actor positivo, pues tienen una capacidad de investigación oceanográfica”.
Desde el Ministerio de Ambiente descartaron, por ahora, un proyecto que pretende construir una base militar para Estados Unidos en la isla de Gorgona, en el pacífico colombiano. La construcción fue suspendida mientras, dice el gobierno, terminan de escuchar las voces de todas las comunidades y académicos implicados.
“Esta construcción tenía que empezar en noviembre, en este momento no ha iniciado porque precisamente el Gobierno Nacional decidió escuchar todas las posiciones, además agradece a los activistas ambientales, científicos y todas las personas interesadas en Gorgona como patrimonio nacional sus observaciones”, indicó Susana Mohamad, ministra de Ambiente.
La suspensión de la ejecución de la obra se anunció este lunes durante una audiencia en el Congreso de la República. El partido Dignidad, citantes, alertaron de los riesgos ambientales que tendría la construcción.
“Toda la academia colombiana está en contra de esa construcción. Eso se puede suspender muy fácil y basta con que el presidente de la república ordene a sus fuerzas militares que esa base no va. Estados Unidos reclamará, porque ellos pusieron plata, pero entonces que el Estado colombiano les devuelva la plata a los gringos”, señaló el exsenador Jorge Enrique Robledo.
Frente al proyecto de Gorgona, queremos lograr una decisión acertada con el mayor consenso social posible. Hay que hacer el análisis completo: técnico, jurídico, contractual y social, para tomar una decisión balanceada; también con la información detallada y definida. 🧵👇🏼 pic.twitter.com/iutOwtkN3t
En los planos, la construcción constaría de un muelle de 170 metros, una torre de comunicación con un radar, una estación de guardacostas de tercer nivel y un tanque de almacenamiento de 5.000 galones de combustible.
“Lo que hemos hecho es garantizar el Acuerdo de Escazú, detener el proyecto hasta que podamos tomar una decisión mejor informada luego de escuchar todos los puntos de vista, desde noviembre llevamos más de 36 reuniones escuchando cada una de las observaciones. El Gobierno no ha tomado una decisión final y esta audiencia nos sirve para terminar de escuchar”, añadió la MinAmbiente.
En las mesas de conversación también participará la vicepresidenta Francia Márquez y las comunidades negras del pacífico, quienes, mayoritariamente, habitan la isla.
“Hay que hacer el análisis completo: técnico, jurídico, contractual y social y tomar una decisión balanceada, también con la información detallada y definida. En lo que sí puedo comprometerme es que daremos respuesta a cada una de las inquietudes”, detalló la ministra.
Aunque el proyecto quedó suspendido, la base militar ya tiene recursos desembolsados y una licencia ambiental concedida por la ANLA que, a juicio del exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Benjumea, “está llena de vacíos”.
“No se hizo un estudio ambiental de alternativa, no se hizo consulta previa y la licencia se otorgó en 29 días y un 31 de diciembre, eso nunca se había visto y menos con un asunto tan delicado”, detalló Benjumea.
Se llevó a cabo la #AudienciaPública – Salvemos a Gorgona – en el Congreso de la República.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció que, por ahora, el proyecto para construir y mejorar la estación de guardacostas que existe en el Parque Nacional Natural Gorgona, impulsado por la Armada Nacional de Colombia en la última década, se encuentra suspendido.
A pesar de que el inicio de la obra se esperaba para noviembre, la ministra Susana Muhamad dio a conocer que desde ese mes se han adelantado más de 36 reuniones con las comunidades, escuchando sus observaciones.
“Frente al proyecto de Gorgona, queremos lograr una decisión acertada con el mayor consenso social posible. Hay que hacer el análisis completo: técnico, jurídico, contractual y social, para tomar una decisión balanceada; también con la información detallada y definida”, manifestó Muhamad a través de sus redes sociales.
Frente al proyecto de Gorgona, queremos lograr una decisión acertada con el mayor consenso social posible. Hay que hacer el análisis completo: técnico, jurídico, contractual y social, para tomar una decisión balanceada; también con la información detallada y definida. 🧵👇🏼 pic.twitter.com/iutOwtkN3t
El proyecto, denominado ‘Construcción, operación, abandono y restauración de la Estación de Guardacostas en la isla Gorgona y obras complementarias’, plantea el desarrollo de tres obras: una torre de comunicaciones con un radar en el punto más alto de la isla a 330 m. s. n. m. (que ya está hecha); la construcción de un muelle de 170 metros (obras que se esperaba que iniciaran este año), y la construcción de una subestación de guardacostas de tercer nivel (con bloque administrativo, bloque alojamiento infantes y oficiales, bloque de cocina y comedor). Además, se considera la construcción de un tanque de almacenamiento de 5.000 galones de combustible.
La propuesta es financiada por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de Estados Unidos.
Por ahora desde Minambiente, con el propósito de garantizar el Acuerdo de Escazú, han entablado una mesa de diálogo en la que participan la vicepresidenta Francia Márquez y las comunidades negras del Pacífico que tienen que ver con la isla, especialmente con Guapi.
Sin embargo, la propuesta, que cuenta con licencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), ha recibido críticas de sectores como la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales y los ambientalistas, quienes han advertido a las autoridades que la construcción del muelle y la subestación de guardacostas en la isla de Gorgona afectará gravemente uno de los ecosistemas mejor conservados del país con consecuencias que no se han analizado.
“Está construcción tenía que empezar en noviembre, en este momento no ha iniciado porque precisamente el Gobierno Nacional decidió escuchar todas las posiciones, además agradece a los activistas ambientales, científicos y todas las personas interesadas en Gorgona como patrimonio nacional sus observaciones”, indicó la funcionaria.
Este proyecto, que ha generado polémica por el impacto ambiental que generaría en la isla, tiene cuatro componentes: un muelle de 170 metros, una torre de comunicación con un radar en el Cerro La Trinidad (localizado en el punto más alto de la isla, a unos 330 metros sobre el nivel del mar), Una estación de guardacostas de tercer nivel y un tanque de almacenamiento de 5.000 galones de combustible.
Según la ministra la decición va en lineamiento con el primer acuerdo ratificado por Colombia, bajo el mandato del presidente Gustavo Petro.
“Lo que hemos hecho es garantizar el Acuerdo de Escazú, detener el proyecto hasta que podamos tomar una decisión mejor informada luego de escuchar todos los puntos de vista, desde noviembre llevamos más de 36 reuniones escuchando cada una de las observaciones. El Gobierno no ha tomado una decisión final y esta audiencia nos sirve para terminar de escuchar”, añadió Mohamad.
La mesa de anáisis estará integrada por la vicepresidenta Francia Márquez y las comunidades negras del Pacífico; ya que serían las más afectadas.
“Hay que hacer el análisis completo: técnico, jurídico, contractual y social y tomar una decisión balanceada, también con la información detallada y definida. En lo que sí puedo comprometerme es que daremos respuesta a cada una de las inquietudes”, manifestó la alta funcionaria del Gobierno.
El exsenador Jorge Robledo señaló que Colombia no puede poner los intereses norteamericanos, por encima de la soberanía nacional.
“Las Fuerzas Armadas de todos los países mundo se crean para defender los intereses de la nación respectiva, cuando aquí nos ponen un radar militar americano no están defendiendo los intereses de Colombia, que no nos traten de bobos. Con la guerra no se juega, Estados Unidos que haga sus guerras pero que no nos metan en las guerras de ellos”, dijo el presidente del Partido Dignidad y Compromiso, quien instó al presidente Gustavo Petro a reversar la decisión.
