Carlos Mario Acero Castellanos*

El llamado y sus críticos

El «balconazo» de Petro del primero de mayo fue criticado por pedir movilización social para apoyar sus reformas. No se sabe si la estrategia del presidente funcionará.

Hay que hablar, sin embargo, sobre cómo la movilización social puede influir en el progreso político y constitucional de las democracias.

Algunos líderes gremiales y políticos, incluyendo miembros del Pacto Histórico, no han visto con buenos ojos el llamado a la movilización. Por ejemplo, María Claudia Lacouture,  presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana y ex ministra de Comercio en el gobierno Santos, cree que las acciones en las calles debilitan la democracia y dificultan el acuerdo.

Por otro lado, Roy Barreras, presidente del Congreso y miembro del Pacto Histórico, ha dicho que la movilización social es innecesaria y que la presión en las calles no debería afectar al Congreso. Según él, “La agitación social puede convertirse en agitación violenta… los colombianos más vulnerables, los campesinos, los indígenas, los obreros, las madres cabeza de familia necesitan es soluciones”.

Es importante notar que las apreciaciones de Lacouture, Barreras y otros, están en contravía de la Constitución. Según la Carta del 91, las calles son un escenario legítimo de expresión política en democracia.

Para algunos sectores importantes del país, la movilización social es una forma de desinstitucionalización y, en algunos casos, incluso se la asocia con la dictadura.

Foto: Alcaldía de Bogotá – En 2018 el movimiento estudiantil logró que el Gobierno Duque se comprometiera con un aumento de transferencias para la financiación de las universidades públicas.

La protesta nutre a la democracia

La desobediencia civil fue un elemento común a las revoluciones de independencia en todo el continente americano. Ejemplos incluyen el Boston Tea Party en 1773, una protesta contra el aumento de impuestos al té por parte de la corona británica, y el episodio del florero de Llorente en Sante Fe en 1810. Estas protestas fueron parte de los esfuerzos iniciales para establecer Estados democráticos.

El reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres no fue otorgado por los hombres como un acto de gracia o benevolencia. En el Reino Unido, los movimientos de sufragistas lucharon durante casi un siglo, desde la década de 1820, para obtener el derecho al voto. Estas luchas fueron acompañadas de manifestaciones masivas y frecuentes episodios de represión y encarcelamiento.

El derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas está arraigado en la mayoría de los países del mundo, y muchas leyes avanzan hacia la igualdad de género.

Para no ir más lejos, en 2018, el movimiento estudiantil en Colombia logró que el gobierno Duque prometiera un aumento histórico en las transferencias para las universidades públicas. Esta política fue incluida en la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, junto con un compromiso para reformar integralmente el ICETEX.

La historia mundial está plagada de ejemplos de protestas que han logrado garantizar derechos y promover la apertura democrática.

Un derecho fundamental

Es importante notar que las apreciaciones de Lacouture, Barreras y otros, están en contravía de la Constitución. Según la Carta del 91, las calles son un escenario legítimo de expresión política en democracia.

El artículo 37 de la Constitución señala que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Este fue un cambio deliberado y toda vez que la Constitución de 1886 protegía apenas el derecho a la reunión.

El derecho a la protesta es de carácter fundamental y garantiza otros derechos constitucionales, como la libertad de locomoción, de asociación y de participación ciudadana.

En la sentencia C-472 de 2012, la Corte Constitucional explicó que el propósito de la protesta es “llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre un problema específico y sobre las necesidades de ciertos sectores, en general minoritarios, para que sean tenidos en cuenta por las autoridades”.

Ahora bien, la Corte también resalta que para que la movilización social esté en armonía con la ley debe desarrollarse “mediante un actuar pacífico y sin armas”. “Actuar pacífico” que es condición necesaria para su legitimidad legal y social, sin descontar que lo normal de la movilización es causar cambios en la rutina de la sociedad.

En resumen, el contenido e interpretación constitucional del derecho a la protesta ofrece dos conclusiones: (1) la protesta no es contraria a la democracia, es una herramienta más dentro de las reglas de juego de la democracia; y (2) mandatarios y congresistas antes que estigmatizar, deben estar dispuestos a someterse al escrutinio democrático de las calles.

La independencia del movimiento social

Colombia necesita cambios profundos que van más allá del programa y el período de un presidente. Además, muchas causas no se pueden atribuir completamente al programa de un determinado gobierno.

El llamado a la protesta social debe ser independiente del gobierno. Por ejemplo, los movimientos universitarios, feministas y ambientales no han sido una prioridad para el gobierno actual y el Congreso, aunque puedan tener algunos propósitos en común.

Durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, algunos congresistas tuvieron dificultades para incluir una solicitud de reforma de la Ley 30 de 1992, que regula la financiación estatal de las universidades públicas. Además, los sectores más conservadores del Congreso redujeron las reivindicaciones de una política de derechos sexuales y reproductivos. Finalmente, el llamado para crear mecanismos de revisión integral de los TLC, que ponen en riesgo los derechos humanos y ambientales, ni siquiera se discutió.

Sería desafortunado para la democracia y para las causas que persiguen estos sectores que sus agendas de cambio se aplazaran o desvanecieran debido a una fe ciega en el gobierno de turno.

“El llamado a la protesta social debe ser independiente del gobierno. Por ejemplo, los movimientos universitarios, feministas y ambientales no han sido una prioridad para el gobierno actual y el Congreso, aunque puedan tener algunos propósitos en común.”

Invitaciones de la protesta social

Los balconazos de Petro tienen un efecto inmediato, pero también nos permiten hablar sobre la relación entre la protesta social y la democracia constitucional. Seguramente la discusión admita otras reflexiones que pueden complementar las siguientes invitaciones:

• Todos en Colombia deberíamos entender que la protesta social es una expresión legítima y constitucional, y no apenas un factor de desinstitucionalización antidemocrática.
• Reconocer los casos exitosos de protestas sociales que han logrado garantizar derechos y abrir espacios democráticos.
• Cuando ejercemos el derecho a la protesta, se necesita hacerlo de manera pacífica para que más personas puedan entender y apoyar las causas de los movimientos que las abanderan.
• Los movimientos sociales deben mantener su independencia y seguir luchando por sus agendas, incluso frente a gobiernos que consideran amigos o en los que confían más.

Carlos Mario Acero Castellanos*

La apuesta sale mal

A principios de siglo Colombia se montó en la ola de los Tratados de Libre Comercio (TLC).

En esa época comentar sobre la inconveniencia de los acuerdos constituía una especie de herejía. Pero los resultados en materia comercial y los efectos sobre la capacidad regulatoria del Estado ahora le dan la razón a quienes se atrevieron a poner en duda la utilidad de esos tratados.

Las cifras no mienten. La firma de los principales TLC fue un error por parte de Colombia. Para comenzar, las balanzas comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea se deterioraron de manera drástica. De un momento a otro, después de firmar los acuerdos, la economía pasó de superávits —cuando los ingresos superan a los gastos— a déficits alarmantes.

En el caso con Estados Unidos, pasamos de un superávit de 8,244 millones de dólares en 2012 a un déficit de 1.871 millones en 2021, mientras que frente a la Unión Europea pasamos de un superávit de 1,053 millones de dólares a un déficit de 2.685 millones en 2021.

Estas cifras se han traducido en desempleo, debilitamiento del aparato productivo agrícola e industrial, y rezago en la economía.

Además del ese fracaso comercial, están los más de 60 billones de dólares por los cuales Colombia podría ser condenada en Tribunales de Arbitraje Internacional, gracias a las demandas de inversionistas extranjeros. Esto sería gravísimo porque tendríamos que pagar esas cifras astronómicas y el Estado perdería la capacidad de regular asuntos ambientales, laborales, humanos o industriales por temor a recibir más demandas.

“Las cifras no mienten. La firma de los principales TLC fue un error por parte de Colombia. Para comenzar, las balanzas comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea se deterioraron de manera drástica. De un momento a otro, después de firmar los acuerdos, la economía pasó de superávits —cuando los ingresos superan a los gastos— a déficits alarmantes.“

Por eso la propuesta de revisar y hasta de renegociar los TLC fue un pedido a gritos por parte de la ciudadanía. Muchos coincidieron con las propuestas de los candidatos presidenciales de la Coalición de la Esperanza y con la propuesta presentada por el actual presidente.

Foto: Twitter: Germán Umaña – La ruta del gobierno para la revisión de los tratados comerciales no es clara; en medios el ministro Germán Umaña ha expresado que no se está renegociando ningún tratado. Sin embargo, en el Congreso ha expresado la posibilidad de abrir estos escenarios.

Renegociar: la propuesta de Petro

El programa de gobierno Petro afirmó: “Renegociaremos los Tratados de Libre Comercio y mejoraremos la posición de Colombia en el comercio internacional y las cadenas mundiales de valor. Serán de especial atención las cláusulas de protección a la inversión de estos tratados que atentan contra la productividad, el empleo y la naturaleza.”

Actualmente el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT) adelanta acciones de revisión de los acuerdos con Estados Unidos, la Unión Europea y México. En lo que respecta a los tratados con Estados Unidos y la Unión Europea han venido sesionado los comités de balances sobre los siguientes temas: Asuntos sanitarios y fitosanitarios, comercio agrícola, obstáculos técnicos al comercio, asuntos ambientales y desarrollo sostenible.

Con Estados Unidos estamos especialmente interesados en abrir comités sobre comercio de mercancías, comercio de textiles y vestido, capacidades comerciales, servicios profesionales, reglas de contratación pública y mecanismos de protección de inversiones. Por otro lado, frente al tratado con la Unión Europea, hay comités sobre acceso a mercados, aduanas, facilitación y reglas de origen y propiedad intelectual.

¿Cuál será el procedimiento?

La ruta del gobierno para revisar o renegociar los tratados comerciales sigue sin ser clara, al menos para la opinión.

En múltiples oportunidades el MinCIT, Germán Umaña, ha dicho que no se está renegociando ningún tratado. Pero en una reunión en el Congreso el ministro señaló que el proceso de identificación de balances y desbalances de los acuerdos comerciales es una primera etapa. Lo que da a entender que posteriormente se podrían abrir escenarios formales de revisión.

También, el viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero, en comunicación escrita afirmó que “una vez finalice este ciclo de reuniones, se convocará a la Comisión de Libre Comercio —del TLC con EE.UU.—, máxima instancia de administración del [TLC]”. No obstante, agregó: “se puede inferir que, al menos por ahora la intención es revisar y procurar la realización de los ajustes requeridos dentro de los ya previstos en los mecanismos de los acuerdos, sin necesidad de recurrir a enmiendas a los mismos”.

Por tanto, a pesar de las buenas intenciones, el MinCIT no brinda luces alentadoras sobre cuáles son las etapas del proceso de revisión y los alcances que pueden llegar a tener en un futuro.

¿Cómo avanzar con éxito?                                                                               

Para finalizar hay que mencionar que la revisión de los TLC requiere de la participación ciudadana. Es lo más conveniente para no repetir las desventajosas negociaciones anteriores.

En el marco de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, el Comité en defensa de Santurbán, junto a otras organizaciones sociales, encontraron respaldo en más de 50 congresistas para agregar un artículo que crearía una comisión que integre a los actores sociales en el proceso de revisión integral de los tratados.

El ministro Umaña asegura que la revisión requiere consulta y apoyo de la sociedad civil, pero el gobierno todavía no avala esta propuesta para ser incluida en el Plan de Desarrollo.

Para darle un vuelco a los TLC a favor de los intereses nacionales es esencial consultar la opinión de los sectores empresariales, sindicatos, académicos, organizaciones ambientales y de derechos humanos.

En un país desindustrializado y empobrecido por la política de libre comercio es saludable que estemos avanzando hacia la revisión integral de los TLC. También es positivo que por primera vez el MinCIT reconozca que existen desequilibrios en estos acuerdos internacionales que afectan al país.

Pero para que Colombia pueda recuperar su capacidad soberana y diseñar políticas regulatorias para la reindustrialización y la defensa de los intereses de la gente se necesita un gran acuerdo entre gobierno y sociedad civil.

“En un país desindustrializado y empobrecido por la política de libre comercio es saludable que estemos avanzando hacia la revisión integral de los TLC. También es positivo que por primera vez el MinCIT reconozca que existen desequilibrios en estos acuerdos internacionales que afectan al país.“

Es útil mencionar que la gran propuesta de libre comercio del gobierno Biden en el hemisferio es el Acuerdo para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP).

Muchos piensan que es la reedición de la fracasada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), antecesora de los TLC, que buscaba una única zona multilateral de libre comercio en el continente y que fue rechazada por los gobiernos latinoamericanos de izquierda en los 2000.

Al respecto, el MinCIT sostiene que “al momento (sic) no se contempla iniciar un proceso de negociaciones de un tratado o acuerdo comercial con los países vinculados al APEP”. Una posición coherente que, a juzgar por los resultados de los TLC, nos conviene mantener.

Carlos Acero*

Le queda mal a un gobierno de izquierdas o alternativo validar sus iniciativas usando de referencia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- o cualquier otra organización financiera internacional. La OCDE, semejante al Fondo Monetario Internacional –FMI- y al Banco Mundial -BM-, hace parte de la estructura internacional de organizaciones de corte neoliberal que el mandato popular rechazó en las últimas elecciones presidenciales. Ahora bien, siempre he sostenido que la OCDE opera de manera mucho más sofisticada en comparación a otras organizaciones internacionales[1].

Aunque poco se estudie -incluso en la izquierda- hay que entender las diferencias entre las formas de operar de cada organización. Si bien no nacieron con ese objetivo, el BM  y el FMI implementaron los Planes de Ajuste Estructural para constreñir a los países no desarrollados. A cambio de recursos económicos –usualmente mediante crédito-, le exigían a estas naciones reformas estructurales de corte neoliberal, que implicaban reducción del gasto público y de la participación del Estado en la economía, privatizaciones, aumento del endeudamiento, entre otras[2]. La evidencia demuestra que, contrario a ser planes para el crecimiento del mundo subdesarrollado, perjudicaron a las naciones que los implementaron[3].

A pesar de ser prima de las anteriores[4], la OCDE no funciona a través de constreñimiento mediante recursos. Esta organización, en términos generales, actúa mediante coincidencias ideológicas. La excepción a la regla ocurre cuando un país, usualmente no desarrollado, realiza su proceso de ingreso a la organización, proceso que transitó Colombia y donde el constreñimiento sí existe.

Por esos días Colombia firmó, sin posibilidad alguna de disentir en una coma, siete tratados internacionales; adoptó mecanismos de privatización blandos como sacar a delegados del gobierno de juntas directivas de empresas públicas o mixtas; promovió políticas públicas para financiar la educación vía Icetex ; echó para atrás el control de precios a los medicamentos, condición impuesta por las grandes farmacéuticas y el gobierno de EE.UU.; entre otros. Por lo mismo, sigo sosteniendo que Petro cometió un grave error al votar a favor del ingreso de Colombia a la OCDE.

Ahora bien, tras el ingreso del país a la OCDE el constreñimiento se reduce y la adopción de parámetros pasa a depender de la identidad ideológica. Desde entonces sí es posible hablar de meras recomendaciones, así muchas de esas no nos gusten. A ello se suma que la OCDE constantemente realiza apreciaciones sobre las iniciativas de los países, saludándolas o no, sin que ello tenga mayores consecuencias.

En estos días la OCDE saludó la propuesta tributaria de Petro y Ocampo. A diferencia de las reformas tributarias de Duque[1], la de Petro y Ocampo no fue redactada por las organizaciones internacionales neoliberales. La exposición de motivos de la reforma actual tampoco indica, como aquellas, que ese sea su origen y el contenido integra sendos temas que coinciden con valoraciones de sectores que no acompañaban al gobierno Duque, empezando porque no toca el IVA.

De manera semejante, como precisó el economista Diego Cortés[2], en 2020 la bancada opositora al gobierno de Duque, incluyendo a Dignidad, presentó una reforma tributaria que proponía incrementar impuestos a los dividendos, establecer un impuesto al patrimonio y eliminar beneficios tributarios[3]. Estos elementos de la reforma son evidentemente progresistas, necesarios para avanzar en una agenda de desarrollo nacional, y sobre todo afines a la idea de financiar al Estado colombiano cada vez más con impuestos directos. Que en otros momentos el FMI haya coincidido con incluir estos elementos no quiere decir que la reforma haya sido escrita por éste, ni que estos sean incorrectos, y mucho menos que la bancada opositora -en ese momento- hubiese cedido su pluma a los funcionarios del FMI.

Muchas cosas se pueden criticar de esta reforma desde posiciones de izquierda. Por lo mismo, la Representante a la Cámara Jennifer Pedraza ha presentado quince proposiciones para modificar o eliminar lo inconveniente de la reforma, por ejemplo, incluir tarifa de renta diferencial para personas jurídicas.

La reforma viene de economistas del Ministerio de Hacienda, la mayoría no ortodoxos. Ensucia el debate, el riguroso y honesto, señalar que el saludo de la OCDE a la tributaria es igual a adoptar el contenido neoliberal que promueve dicha organización o que provenga de allá.

[1] Comisión de expertos OCDE – DIAN durante gobierno Duque: https://www.dian.gov.co/dian/Paginas/OCDE-CEBT.aspx

[2] Ver: https://twitter.com/DiegoCortesV/status/1567404602584186880

[3] “Por medio de la cual se modifica el decreto ley 568 de 2020 “por el cual se crea el impuesto solidario por el covid 19, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica dispuesto en el decreto legislativo 417 de 2020”.” Disponible en: https://www.camara.gov.co/impuesto-solidario-covid-19

[1] Acero Castellanos, Carlo Mario. OCDE : herramienta de distribución de recursos en la globalización neoliberal : el caso de la reforma a la educación superior en Colombia. Repositorio Institucional Séneca, Universidad de los Andes. 2018.

[2] CHANG, Ha-Joon. Economía para el 99% de la población. Barcelona: Editorial DEBATE, Penguin Random House Grupo editorial. 2015. p. 94.

[3] Ibídem.

[4] OCDE. A strategy for enlargement and outreach. Report by the Chair of the Heads of Delegation Working Group on the Enlargement Strategy and Outreach, Ambassador Seiichiro Noboru. 2004. p 10.

[5] Comisión de expertos OCDE – DIAN durante gobierno Duque: https://www.dian.gov.co/dian/Paginas/OCDE-CEBT.aspx

[6] Ver: https://twitter.com/DiegoCortesV/status/1567404602584186880

[7] “Por medio de la cual se modifica el decreto ley 568 de 2020 “por el cual se crea el impuesto solidario por el covid 19, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica dispuesto en el decreto legislativo 417 de 2020”.” Disponible en: https://www.camara.gov.co/impuesto-solidario-covid-19