Carlos Acero

Desde 1889, durante el 1 de mayo en todo el mundo se conmemoran las reivindicaciones sociales y laborales de la clase trabajadora. Esta fecha nos recuerda que el salario mínimo, las jornadas máximas de trabajo, el reconocimiento de prestaciones sociales o la licencia de maternidad son conquistas de los trabajadores organizados en defensa de nuestros derechos.

La connotación histórica de la fecha nos haría pensar que este 1 de mayo las calles colombianas reflejarían reivindicaciones obreras, pero ello no será así. Desde 2023 he dedicado tres columnas en este medio a exponer las razones por las que respaldo la reforma laboral del gobierno, por que tengo razones para respaldarla es que no acompaño la consulta popular, excusa con la que el gobierno llama al pueblo a movilizarse.

La aparente incoherencia no es mía, sino del gobierno, que esconde una verdad de peso: legalmente no es factible aprobar la reforma laboral mediante la consulta popular.

A diferencia de lo que ocurriría con un referendo, la aprobación de las preguntas de la consulta no crea leyes. El mecanismo de participación elegido por el presidente es constitucional, pero inútil para cambiar la realidad de la clase trabajadora. La anterior verdad es desconocida por la mayoría de las personas que legítimamente reclaman por recuperar sus derechos laborales.

Contrario a las expectativas de la gente, si las preguntas son aprobadas, el gobierno quedaría obligado a presentar uno o varios proyectos de ley ante el Congreso. Así es: como el perro que se muerde la cola, las reivindicaciones laborales darán una vuelta idiota y tendrán que volver al Congreso, es decir, la instancia que no aprobó la reforma laboral.

¿Entonces para qué se convoca la consulta? A menos de un año para las elecciones del Congreso, la presidencia Petro necesita mostrar fuerza, aparentar que tiene millones de votos que impulsen sus listas al Congreso y a su candidato presidencial.

Como lobos disfrazados de abuela, con la excusa de la consulta popular, Petro y Benedetti manipulan las reivindicaciones justas de la clase trabajadora y usan esta fecha obrera para hacer una “mini reelección del presidente”, como confiesa el ministro del Interior sin sonrojarse.

El oportunismo del gobierno queda aún más expuesto al ver que existen mecanismos más expeditos para lograr las garantías laborales. Por ejemplo, para convocar la consulta, el gobierno necesita el voto positivo de las mayorías del Senado, lo que significa que con esos mismos votos podrían reactivar la reforma que actualmente se encuentra en un limbo legislativo, dado que aún no ha sido archivada.

Otra alternativa efectiva sería apoyar la “mini reforma laboral” que avanza en el Senado. El proyecto de ley 409 de 2024 contempla recuperar horas de trabajo nocturno y pago del cien por ciento de salario por recargos dominicales o festivos. También propone garantizar el pago de un salario mínimo a jóvenes internos de medicina y la política de apoyo a las MiPyMes, aspectos que estaban en la reforma y que se encuentran en las preguntas de la consulta.

¿Y la licencia menstrual para las trabajadoras? La Ley 2238 de 2023 -para el tratamiento integral de la endometriosis- ya facultó al Ministerio de Salud para reglamentar estas licencias, pero seguimos a la espera del decreto. Y si el objetivo fuera mejorar dicha ley, el gobierno podría respaldar el proyecto 378 de 2023 que amplía la legislación en la materia y avanza en la Cámara de Representantes.

Es importante resaltar las iniciativas legislativas existentes porque ese es el escenario al que nos devolvería la aprobación de la consulta popular.

La tapa del descaro de gobierno tiene que ver con la falsa oposición a los contratos de prestación de servicios. En campaña, Petro propuso acabar con esa modalidad contractual y formalizar la planta de las entidades públicas, pero gobernando ha sido quien más contratistas ha vinculado bajo ese modelo de desprotección laboral, pasando de 45 mil en 2021 a 63 mil en 2024.

Tampoco se puede olvidar que durante el trámite de la reforma laboral, el Ministerio del Trabajo le cerró la puerta a los sindicatos de plataformas de reparto como Rappi y negoció obligaciones laborales flexibles con esas empresas.

Tan grave como manipular la fecha internacional de la reivindicación obrera puede ser el efecto de esta movida oportunista. Para que cada una de las preguntas de la consulta se convierta en ley se requieren 13 millones de votos, cantidad que Petro no obtuvo en 2022 y que tampoco logró la consulta anticorrupción. El descalabro de las causas del trabajo digno puede ser de gran proporción.

La defensa genuina de los derechos laborales no nos permite guardar silencio en estas fechas. El 1 de mayo debe seguir representando los anhelos de la clase trabajadora y no las aventuras electorales de Petro.

Por: Carlos Acero Castellanos

Frente al primer gobierno que no representaba a la tradición política se esperaban muchas cosas positivas y surgían algunas dudas sobre su capacidad para sortear las trabas burocráticas que dificultan las transformaciones. Pero definitivamente no esperábamos que en diversos temas de política social se produjeran retrocesos.

Esta semana, en medio de anuncios, rectificaciones y aclaraciones, el presidente Petro y el ministro de defensa confirmaron el regreso del glifosato. Ante los rumores de una posible descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos ante el aumento en los cultivos de coca, reaparece el uso de esta sustancia, clasificada como probablemente cancerígena por la OMS.

Aunque Petro candidato sentenció que en su gobierno no habría “una sola gota de glifosato”, hoy se adelantan cinco procesos contractuales para comprarlo. El hecho de que no se asperje desde aviones, o que se use de manera complementaria a la política de erradicación voluntaria, no significa que el químico sea menos lesivo para la salud humana, animal y para los ecosistemas. Tampoco existen conceptos del Gobierno que sustenten que el uso terrestre del glifosato cumple con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para reanudar su uso. Las sentencias T-236 de 2017 y T-413 exigen participación ciudadana y estudios ambientales rigurosos, exigencias que ni el gobierno de Duque logró alcanzar.

El fracaso de la política de Paz Total, la ausencia de una política de seguridad nacional complementaria a los esfuerzos de diálogos y la coyuntura internacional llevan al gobierno a buscar salidas desesperadas que contradicen sus promesas de campaña y nos devuelven a debates superados en la última década.

En materia educativa también hay retrocesos. Pasamos de vamos a “elevar históricamente el presupuesto público para el sistema educativo”, a “no es para que las universidades soliciten más recursos a la Nación”.

Este panorama es el resultado del reciente Decreto 391 de 2025 del Ministerio de Educación, mediante el cual se obliga a las universidades públicas a formalizar a la brava a todos los docentes sin asignar un solo peso adicional para ello.

Las nuevas cargas que el Ministerio le impone a las universidades desconocen que el Gobierno se ha negado a tramitar con urgencia la reforma al modelo de financiación de estas instituciones. Sin dicha reforma, que está cerca a hundirse en el Congreso, se seguirá ampliando la deuda del Ejecutivo con las instituciones públicas, que a 2025 se calcula en 25 billones de pesos.

En medio de la asfixia presupuestal que viven estas universidades, Leopoldo Múnera, rector de la Universidad Nacional, advierte que esta institución no cuenta con los recursos necesarios para hacer la formalización ordenada por el Ministerio, y prevé que la medida causará una frustración en la comunidad universitaria.

No olvidemos que en 2018 se desató un paro nacional universitario cuando los rectores de universidades públicas alertaron que no contaban con los recursos para terminar el año.

En materia de lucha contra la corrupción también vamos para atrás. A los carrotanques de La Guajira, la niñera de la Canciller interrogada ilegalmente en un sótano de la Casa de Nariño, y la plata de “Papá Pitufo” que entró a la campaña, ahora se le suman los escándalos de la súper pareja de la salud: hace unas semanas, Daniel Coronell reveló unos audios que dejan muy mal parada a Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para las IPS y esposa del ministro de salud. En ellos se escucha, aparentemente, la voz de Gómez presionando indebidamente a gritos a un funcionario para que adjudicara un contrato en el Hospital de Leticia, aunque ella no tenga ninguna competencia sobre la contratación del Hospital.

Como si eso fuera poco, la congresista Jennifer Pedraza reveló que la superintendente dio luz verde para intervenir el hospital de Nazareth, La Guajira, para poner a una gerente que hace parte del clan político de Kiko Gómez, a pesar de no cumplir con los requisitos previstos para el cargo. Aunque las Resoluciones 11467 de 2018, 105131 de 2024 y 2599 de 2019 exigen certificar al menos 3 o 5 años de experiencia en la administración de entidades de salud y estar inscrita en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO), la ficha de Kiko y de la superintendente apenas tiene un año de experiencia y no estaba inscrita en el RILCO. Lo más grave, es que esa gerente debe ejecutar 36 mil millones de pesos que el ministro—esposo de la superintendente—le dio al hospital para una obra.

¿Cuál era el interés de la esposa del ministro de nombrar a la gerente? ¿Dar un favor político?

Aunque este gobierno se eligió para avanzar, los hechos prueban que en diversas materias vamos dos pasos atrás.

Por Carlos Acero Castellanos

El sistema de salud colombiano no era la panacea, pero sí es susceptible de empeorar por la acción del gobierno nacional. Mientras cientos de pacientes en todo el país siguen sin recibir sus medicamentos, la controversia política prioriza los señalamientos pero no las soluciones para la gente.

Los defensores de la Ley 100 de 1993 celebran que nuestro modelo de salud logró la cobertura universal. Si bien desde esa época casi la totalidad de la población quedó afiliada al sistema, ello no se tradujo en la prestación universal, efectiva y de calidad. Mientras tanto muchos sí hicieron negocio con ese modelo.

En ese marco, 42 EPS fueron liquidadas entre 1998 y 2022, durante los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos y Duque. Son incontables las tragedias de pacientes: largas esperas de atención en sillas Rimax, las citas médicas exprés donde no se recibe una adecuada valoración o las tantas historias de medicamentos no entregados en los dispensarios de las IPS.

A lo anterior se sumaron los casos de corrupción. El cartel de la hemofilia; la negación de servicios para acumular utilidades a cargo de recursos públicos girados por la UPC; la muy opaca liquidación de Saludcoop, luego Cafesalud, y los traslados de usuarios a Medimás sin soporte financiero, entre otros.

A modo de ejemplo sobre el tema de actualidad, según Transparencia Por Colombia entre 2016 y 2020 el 25% de los casos de corrupción en el sistema se relacionaron con casos de la no entrega de medicamentos. Entonces no, no teníamos un sistema de salud ideal.

Sin embargo, la cura se está tornando peor que la enfermedad, tanto porque la reforma a la salud no tiene soluciones puntuales a estas problemáticas, como por las medidas de contingencia adoptadas por el gobierno Petro. Miremos con detalle estas últimas.

Actualmente 11 EPS se encuentran intervenidas, lo que significa que la administración de éstas y sus pacientes quedó a cargo del gobierno. En total, el 62,5% de las y los colombianos—31,1 millones de personas—se encuentran bajo la prestación de servicios de salud ofertados por el gobierno, no de privados.

Esta realidad parecía desconocida por el Presidente y el Superintendente de Salud, quienes se enteraron de la misma en el consejo de ministros del martes pasado.

Pero más grave que la “intempestiva noticia», es que varias de las EPS administradas por el gobierno deben plata a los gestores farmacéuticos encargados de entregar los medicamentos a los pacientes. Es decir, el gobierno administra las EPS, éstas no pagan los medicamentos y, por tanto, la gente se queda sin acceder a ellos.

Miremos las deudas de las EPS intervenidas con los gestores farmacéuticos:

1. FAMISANAR (2,7 millones de usuarios) debía $57 mil millones en 2023 y, bajo intervención, cerró 2024 con $67 mil millones en deudas;
2. ASMET SALUD EPS (1,5 millones de usuarios) debe $121 mil millones, de los cuales $26 mil millones de no paga hace más de un año;
3. SOS EPS (0,7 millones de usuarios) adeuda cerca de $70 mil millones, con casi $30 mil millones en mora por más de un año.

Mientras tanto, NUEVA EPS (11,6 millones de usuarios) esconde sus deudas con las gestoras farmacéuticas, al punto que un juez de tutela le ordenó revelar dicha información a la congresista Jennifer Pedraza. El descalabro puede ser mayor.

Para que se entienda más fácil: parte importante de la negación de medicamentos a pacientes en el país es el resultado del impago del gobierno a los gestores farmacéuticos. Es por ello que expertos han explicado que, más que desabastecimiento, lo que estamos viviendo es desfinanciamiento con origen gubernamental.

La lista de fallas del gobierno en garantizar la salud de los pacientes a su cargo es extensa. Sólo expondré una más: la mediocre gestión en perseguir a los corruptos. A la fecha el gobierno no ha denunciado ante la Fiscalía a los grandes ladrones del sistema, es más, sólo hasta esta semana denunció a Audifarma por el presunto acaparamiento de medicamentos.

Lo que resulta absurdo es que la denuncia contra Audifarma se limite a tres páginas que no explican la forma como se materializaron los posibles delitos y que apenas aporta una prueba irrelevante: un comunicado de prensa. En cualquier facultad de derecho esa denuncia no se sacaría más de 1 sobre 5.

Algo similar pasó con el FOMAG, que con el nuevo modelo continúa con fallas en la atención y sin conocer quiénes eran los criminales a los que perseguía Petro.

El sistema de salud necesita grandes transformaciones y controles efectivos para evitar la corrupción. En el panorama actual, antes que señalar sin soportes serios, el gobierno debe empezar por administrar con responsabilidad la salud del 62,5% de la población a su cargo.

Por: Carlos Acero Castellanos

La consulta popular sobre las reformas puede enredar más la aprobación de las mismas. Con seguridad Petro y Benedetti son conscientes de esto, pero esa no es su preocupación, puesto que el objetivo es mantener la agenda política en constante campaña, terreno donde se sienten más cómodos. Al final, entre la polarización y la campaña, las reformas no son futuros posibles sino excusas.

La reforma laboral, sin ser perfecta, representa avances para la recuperación de derechos laborales y la ganancia de algunas nuevas garantías. Es justo recuperar el pago del 100% del salario durante el día de descanso (dominical o festivo); también lo es adelantar a las 7:00 pm el fin de la jornada laboral o volver al contrato laboral de aprendizaje del SENA.

La justeza de esas propuestas no surge de una apreciación moral entre lo bueno y lo malo. Son la reivindicación tras el recorte derechos promovido en 2003 por Uribe, quien alegaba que, a cambio de estos derechos se crearían casi 700 mil empleos.

Un estudio de Alejandro Gaviria demostró que la creación de empleo fue “marginal” y otro de Guataquí y García concluyó que “los resultados son negativos, y claramente inconsistentes con la cifra de 200.000 empleos por año citada durante la discusión parlamentaria”. La promesa no se cumplió.

También es loable que la reforma cree licencias para asistir a citas médicas programadas o de urgencia, que reconozca el pago a internos de medicina que trabajan arduamente en centros de salud, y que garantice que el trabajo sea un lugar libre de violencia o acoso para las mujeres.

A diferencia de lo ocurrido con la reforma a la salud, la reforma laboral se modificó sustancialmente por la concertación entre el gobierno y los gremios. Por ejemplo, se eliminaron más de 17 artículos relativos a derechos sindicales que causaban ampolla a los empleadores; se eliminó la recuperación de las indemnizaciones por despido sin justa causa que podía golpear a MiPyMes e incluso se flexibilizaron las obligaciones laborales a grandes empresas como Rappi.

No comparto varias de esas eliminaciones, como tampoco comparto la ponencia de archivo presentada por 8 senadoras. Sin embargo, ambas son decisiones legítimas en el marco de la democracia representativa y de un aparato productivo débil.

Cuando la ex Ministra del Trabajo Ramírez le dio la espalda a los sindicatos de Rappi, no se la acusó de evadir el debate, aunque en la práctica esa concesión no se dio en público sino a puerta cerrada. Por lo mismo, es hipócrita el matoneo del gobierno contra las congresistas que el próximo martes justificarán el archivo de la iniciativa.

¿Entonces la solución al hundimiento de la reforma es la consulta popular? Por el contenido y por el mecanismo, dudo que la consulta sea efectiva. La consulta debe hacer preguntas generales al pueblo, pero el diablo está en los detalles.

Y si los detalles guardan relación con el texto de las reformas, el escenario se complica: ¿le van a preguntar a los sindicatos de repartidores de domicilio si quieren la reforma?, ¿nos van a consultar si estamos de acuerdo con que los políticos (alcaldes y gobernadores) amplíen su participación en las juntas directivas de los hospitales públicos a costa de reducir un puesto en la junta para los trabajadores?, ¿nos van a preguntar si estamos de acuerdo con que la ADRES asuma los roles de las EPS sin tener un fortalecimiento financiero e institucional y mientras a las EPS les aseguran por ley 4 billones de pesos anuales? Todos estos son elementos contenidos en las reformas, pero con seguridad no preguntarán sobre los micos.

Y en la mecánica también hay complicaciones. Para llamar a las urnas, Petro debe tener el visto bueno de la mitad más uno del Senado, respaldo poco posible tras la ruptura de relaciones y trinos agraviantes en contra de las congresistas.

Si Benedetti aceita a las mayorías de todo el Senado, cosa que no logró en la Comisión Séptima para aprobar la reforma, una vez realizada, la consulta requeriría 13 millones de votos. Es decir, se necesitan más votos de los que sacó Petro en segunda vuelta, o incluso de los que sacó la consulta anticorrupción que no tenía detractores.

Si se logra convocar la consulta, eso no significa que se apruebe un texto puntual de cada reforma. Volveríamos al punto cero en el que el Congreso debe redactar un texto, debatirlo y buscar consensos, todo ello en los últimos tres meses del periodo del Congreso.

El interés real de esta nueva aventura no es resolver los derechos del pueblo, es medir la fuerza electoral del presidente y su nueva coalición con los partidos tradicionales. No en vano, cuando preguntan por los votos de la consulta, Benedetti responde con nombre propio “va a haber un gran apoyo al señor presidente de la República”.

Por; Carlos Acero Castellanos

Repetir una mentira mil veces hasta que se convierta en verdad. Esa es la lógica con la que gobierna el presidente Petro, engañando a sus electores y confundiendo a la opinión pública. Considero urgente desmitificar sus narrativas, especialmente para aportar a futuras discusiones sobre la recomposición de proyectos alternativos o de izquierda democrática en Colombia.

“Sin un operador político como Benedetti no se aprueban las reformas”. Sin duda cualquier gobierno requiere de una buena dosis de pragmatismo para ejecutar su plan de gobierno. Pero el pragmatismo no puede ser absoluto, al punto que se sacrifique el contenido.

Es falso que el Congreso haya sido una gran barrera para las reformas. Desde el 7 de agosto de 2022 el Congreso ha aprobado 13 reformas propuestas por Petro, abarcando agendas ambientales, tributarias, presupuestales, de paz, educación, asuntos agrarios y animalismo. 

Incluso, la reforma pensional fue aprobada ¡con pupitrazo! ratificando que las reformas avanzan  hasta con aplanadoras. Las reformas a la salud y laboral hoy están sin trámite por el lamentable desorden posterior al famoso consejo de ministros.

Recordemos además que el Congreso tiene la competencia para destituir ministros por la vía de la moción de censura. El resultado para el gobierno es impecable, ningún ministro o ministra pasada por la moción de censura ha salido de su cargo. Por el contrario, las salidas cada día más responden a la inclusión de cuotas políticas de partidos tradicionales como mecanismo transaccional.

En ese contexto es innecesario un “operador político como Benedetti”, expresión amable para no llamarle politiquero. La única razón por la que se otorga la dignidad de Ministro del Interior a Benedetti es la compra del silencio.

Da vergüenza ver a la izquierda, cada vez más carente de fundamentos ideológicos, justificando el nombramiento de un ex uribista ex santista, con siete investigaciones penales en su hombros y una investigación por violencia de género en España.

“La Corte Constitucional impide subsidiar la tasa de los créditos del Icetex”. Para engañar a los y las estudiantes, a quienes este gobierno no les ha cumplido y les sube el valor de las cuotas de sus créditos, culpan a la Corte. La realidad es otra.

Mediante la sentencia C-391 de 2023 la Corte tumbó un artículo de la reforma tributaria de Petro que buscaba subsidiar los puntos de inflación en la tasa de intereses de los créditos del Icetex, esto beneficiaba a la población que estaba en periodo de estudio que no estuviese cubierta por otro subsidio.

El artículo se cayó, entre otras razones, porque no fue propuesto por el Gobierno sino irregularmente y a las carreras por unos congresistas en el último debate. Además, ese subsidio no se financiaba con recursos del Gobierno, sino de las universidades privadas. Por tanto, ni siquiera se puede atribuir el subsidio a una política de Petro. 

¿Pero esa decisión llevó al Icetex a aumentar las tasas en 2025? ¡No! Las cuotas han subido a las personas graduadas, no a aquellas en periodo de estudio.

“Por tumbar la reforma tributaria, el Congreso es culpable de que no haya recursos para subsidiar las tasas del Icetex”. Falso. 

El subsidio a la tasa para egresados que el Icetex no pagará este año fue creado por el Plan de Desarrollo de Petro y no ha sido tumbado por la Corte. Este subsidio se pagó en 2022, 2023 y 2024 con recursos del presupuesto nacional asignado al Ministerio de Educación Nacional y equivalía a 290 mil millones de pesos al año. 

Aunque es cierto que por la estrechez fiscal del gobierno el presupuesto de inversión de ese Ministerio se redujo en 2,1 billones de pesos para 2025, ello no responde a la caída de la reforma tributaria. ¿Cómo se prueba lo anterior?

El Gobierno expidió el presupuesto del 2025 con recursos que superan los que actualmente tienen. La forma de cubrir el faltante es aprobando una reforma tributaria, pero mientras ésta sale adelante, el Gobierno expidió el Decreto 0069 de 2025 que aplaza el gasto de la plata aún no disponible. Sin embargo, este decreto no está aplazando ningún monto para el Ministerio de Educación.

En español: ni un solo peso que se buscaba recaudar con la reforma tributaria iba a destinarse a educación o al subsidio de tasas del Icetex.

El diablo está en los detalles, y los detalles suelen estar lejos del alcance de la población. Si bien algunos no dejaremos de exponer los engaños, la reflexión de fondo hacia la izquierda y el sector alternativo es si vamos a normalizar estas lógicas perversas a nombre de proyectos que dicen representar una nueva política.

Nota: Habla muy bien de la autonomía de la Universidad Nacional el no haber aprobado la tesis de maestría de Daniel Rojas, el Ministro de Educación que preside el Consejo Superior Universitario de esa institución. 

Por Carlos Acero Castellanos

No lo digo yo, lo dijo varias veces el entonces Senador Gustavo Petro: en Colombia el cálculo del precio nacional de los combustibles se ata equivocadamente al internacional a pesar de que somos un país productor. Y agregó que el ajuste del precio de los combustibles era una “reforma tributaria cada mes” contra el bolsillo de las y los colombianos.

Pero vamos por partes. Antes de ahondar en el cambio de parecer del presidente, es necesario aclarar el tema del “ajuste fiscal” por el que el gobierno ha subido el precio de la gasolina y el ACPM. 

Los economistas ortodoxos respaldan al gobierno en su decisión de aumentar el precio. Los ex ministros de Uribe, Duque y Santos aplauden la medida que desde años ha sugerido el Fondo Monetario Internacional, al que antes Petro criticaba por chantajista. Mientras tanto, el presidente acusa de oligarcas a los pequeños transportadores inconformes. El mundo al revés.

Pero estos expertos omiten al menos dos factores: i) que Colombia es un país productor de petróleo y ii) que no da lo mismo aumentar el precio de combustible en un país en el que una de cada tres personas están en condición de pobreza y los incrementos leves en la inflación representan más hambre y sufrimiento.

En 2007 Uribe creó el Fondo de Estabilización de Precios del Combustibles -FEPC- para impedir que cambios abruptos en el precio del petróleo afectaran gravemente a Ecopetrol o a los consumidores. Una medida contracíclica que buscaba ahorrar, pero que en vez de ahorrar causó un déficit. 

El mayor problema del FEPC fue atar el precio de venta del combustible al precio internacional, siendo este último mayor, por lo que se infló la deuda del Estado con Ecopetrol. Para cerrar el déficit, o se paga del presupuesto de la nación o del bolsillo de la gente.

El famoso déficit de los combustibles que hoy paga la población es realmente un problema contable entre el gobierno y su propia empresa, de un bolsillo a otro. Pero con una perla: cuando el gobierno hace el cruce de recursos quienes terminan ganando son los accionistas privados de Ecopetrol. 

Los verdaderos ganadores del subsidio son JPMorgan, Chase Bank, Norgers Bank, Skandia, Porvenir, Protección, Colfondos. Entidades financieras, nacionales y extranjeras. Para victimizarse por el paro el presidente acusa de magnate al dueño de un camioncito, no a los dueños del mundo. Lo que hay que oír del “Allende colombiano”.

Quienes defienden el alza sostienen que Colombia debe cobrar más cara la gasolina y el ACPM porque si los vendieran en el mercado internacional ganarían más. La pérdida de oportunidad debe cobrarse, dicen.

Sin embargo, el costo de oportunidad es apenas teórico. Tanto porque vender el combustible afuera sería políticamente inviable, como porque al venderlo afuera el consumo interno exigiría importar, nuevamente a precios internacionales. Además, el chiste de que el Estado tenga a una empresa como Ecopetrol es que la pueda usar para producir y ponerla al servicio de las necesidades productivas del país.

Pero pilas, fijar un precio del combustible distinto al internacional no implicaría fijar el precio de venta al precio de producción. Por el contrario, un país productor de petróleo, y del 91% del ACPM que consume, podría fijar un tercer precio, entre el de producción y el internacional.

Llamemos a ese precio precio nacional competitivo. No golpea absurdamente las utilidades de Ecopetrol (que al final van al presupuesto del Estado), pero tampoco descarga severamente los costos sobre transportadores y consumidores.

Ahora bien, el problema no es sencillo de resolver, pero eso no excusa a Petro de cumplir con sus planteamientos del pasado o, por lo menos, no estigmatizar por “oligarcas” a quienes hoy critican el aumento del precio.

El mecanismo que hoy defiende Petro, en sus palabras del pasado, “es una transferencia de renta petrolera del consumidor de gasolina hacia el Estado. Un sistema de financiación del Estado no transparente vía precios de la gasolina inflado”.

Por tanto, incluso si el gobierno no quiere ceder en su intención de subir el precio del combustible, al menos debería comprometerse con revisar la fórmula del FEPC en lo que respecta a tener el precio internacional del petróleo como referencia y que legalmente depende de un decreto o resolución ministerial.

Así Colombia podría “decidir o no pagar altos precios de la gasolina imponiendo sobre precios o tasas” teniendo en cuenta que ello “es un choque brutal a sus ingresos”, los de la gente, decía Petro.

El presidente ha fallado. Por haber cambiado el discurso, por descargar las mismas soluciones de siempre sobre la gente y, no menor, por estigmatizar a quienes protestan y por no negociar a tiempo permitiendo que llegáramos a este punto que afecta a todo el país.

Posdata: A uno de mis principales lectores, mi maestro, amigo y guía, gracias por cada retroalimentación a estas columnas y a los distintos aspectos del día a día. Con amor celebro tu vida, Pa.