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Carlos Acero

Los principios no se negocian

Por: Carlos Acero Castellanos

Romper con las lógicas de corrupción y clientelismo es una condición obligatoria para transformar a Colombia. Esta condición, además de ética, tiene consecuencias prácticas, puesto que las concesiones que se hacen con los políticos de siempre derivan en una oscura transacción de los intereses privados sobre las agendas transformadoras.

Bajo el eufemismo del “acuerdo nacional” Petro montó un contubernio burocrático, con el agravante de que sus aliados politiqueros no desarrollaron el programa de gobierno sino su politiquería tradicional. A cambio de puestos, los partidos Liberal, Conservador y de la U han apoyado al gobierno en al menos 13 reformas.

Cabe aclarar que la idea de buscar un acuerdo nacional para lograr consensos entre sectores distintos es en esencia plausible y necesaria. Pero lo que ha ocurrido en el país en estos dos años y medio no es la disposición al diálogo del presidente con los sectores independientes, con las otras ramas del poder o con el sector privado. Por el contrario, el presidente no ha desaprovechado momento para lanzar sus críticas y prejuicios a dichos sectores.

En los detalles se ve más claro el daño que negociar los principios le hace al proyecto político. Para lograr mayorías en el Congreso el gobierno le entregó entidades y ministerios esenciales de la agenda social a la política tradicional.

La dirección de la Fiduprevisora y el sistema de salud del magisterio fue entregada al partido de la U. Petro puso al ratón a cuidar del queso, puesto que la cuota de la U fue Jhon Mauricio Marín, cuestionado por escándalos de corrupción durante su paso por Ferrocarriles de Colombia.

La chequera de 18 billones de pesos del FOMAG y su fase de transformación quedó en manos de politiqueros ajenos al sentir de las y los maestros, incluso de las bases sindicales. Y todo salió mal, puesto que el nuevo modelo nada cambió, muchos de los viejos contratistas de salud volvieron a ser contratados y la prestación del servicio es igual o peor que en el pasado.

Con la reforma a la salud pasa algo semejante. En el espectacular Consejo de Ministros Petro confesó su deuda electoral con Dilian Francisca Toro, la baronesa de la salud del Valle. La deuda fue cobrada con las modificaciones a la reforma, todas a puerta cerrada, porque en el debate del Congreso no aprobaron grandes cambios. El gobierno terminó cediendo en el fortalecimiento de la oferta pública en salud, eliminado la posibilidad de fortalecer a la ADRES como pagador único del sistema y la entrega de utilidades de entre el 5% y el 8% a las EPS, sin importar si cumplen o no con sus deberes. La reforma es un Frankenstein y -de ser aprobada- no va a cumplir con las expectativas promocionadas hace un par de años.

La componenda también ha pasado por entregar los entes de control a la política tradicional. Primero se entregó la Contraloría, de manera ilegal, a Carlos Hernán Rodríguez, cobijado incluso con los votos de Cambio Radical y el Centro Democrático. Luego, se concilió entregar la Procuraduría a un viejo zorro de la politiquería, Gregorio Eljach.

Ambos nombramientos empeñan la independencia de las entidades frente a los intereses partidistas, con lo que pierde la ciudadanía. Además, son nombramientos ajenos a las iniciativas de cambio por las que votó el pueblo.

Tal vez el mayor efecto de la negociación de los principios redunde en la desesperanza que se siente en el país. El primer gobierno no tradicional terminó siendo un mal ejemplo en la lucha contra la corrupción y el clientelismo, como lo denuncia incluso la mitad de su gabinete.

El nuevo momento de gobierno en el que el presidente se aleja de sus aliados históricos de la izquierda no augura un escenario de unidad con sectores “moderados”, sino la consolidación de una coalición politiquera que piensa más en 2026 que en terminar de gobernar.

Pero mientras en Colombia haya quienes insistan en no negociar los principios habrá esperanza. Y todavía los hay.

Nota: ¿Cuál es la agenda de la Fiscal General de la Nación? Las investigaciones por calumnia a las mujeres que denuncian a Holman Morris avanzan más que las que cursan en contra de éste; por su orden se impidió la captura en Colombia de Papá Pitufo, sin que a hoy exista una justificación sólida; y le hizo un entrampamiento a la negociación de paz entre el gobierno y los “Comandos de la Frontera”.

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Son niñas, no esposas

Por: Carlos Acero Castellanos

El Congreso de la República ha dado un paso histórico para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes al prohibir el Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas -MIUT.

Aunque parezca increíble, todavía en el siglo XXI en Colombia era legal que una persona mayor de edad se casara o viviera en “unión libre” con menores de entre 14 y 18 años. La realidad es más desconcertante que la norma, toda vez que en la actualidad hay más de 30.000 menores en todo el país en matrimonio o unión con mayores de edad, limitando sus proyectos de vida construidos desde la autonomía.

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 -ENDS- develó cifras de la alarmante realidad de los MIUT, como la disparidad de edad de las parejas de menores de edad. Por ejemplo, la diferencia de edad de mujeres entre 15 y 19 años es de 6 a 9 años con respecto a sus parejas en el 26,4% de dichas uniones, y de más de 10 años de diferencia en 17,1% de las mismas. En otras palabras: con aval legal se normalizó la pedofilia en Colombia.

Los departamentos del país en los hay más uniones tempranas con niños, niñas y adolescentes son Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Valle, aunque popularmente se señale más las uniones en La Guajira. Las principales afectadas son niñas y mujeres adolescentes, sobre todo las que habitan zonas rurales. Sin embargo, incluso en ciudades como Bogotá están creciendo los casos de embarazos infantiles y adolescentes.

Además de ser aberrantes este tipo de uniones entre una persona adulta y una menor, las uniones tempranas acarrean graves consecuencias para el proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes.

Por ejemplo, son más propensas a sufrir violencia machista, violencia sexual, homicidio o feminicidio. Datos de la ENDS indican que el 49,6% de las niñas en MIUT registran embarazo infantil o adolescente; y UNICEF afirma que estas uniones fomentan la desescolarización, recortando oportunidades de acceso a los beneficios del acceso a la educación y la construcción de un proyecto de vida profesional o laboral.

Si bien los titulares han hecho énfasis en la prohibición de uniones, el mayor atributo de la ley consiste en las medidas de prevención de este tipo de uniones. Como sostuvo Jennifer Pedraza, coautora de la iniciativa: “la nueva norma en papel no es suficiente”. Por lo mismo, la ley ordena al ICBF, a varios Ministerios y a la Defensoría del Pueblo a crear campañas de concientización y mecanismos de verificación del cumplimiento del texto legal.

Es igualmente destacable el proceso que acompañó la aprobación de la ley ¡que se había presentado ocho veces antes y siempre se caía por falta de trámite! A partir de un enfoque feminista e interseccional, las promotoras del proyecto lograron encontrarse y trabajar de la mano con organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, de la niñez y de las mujeres.

Esta estrategia se complementó con una campaña de recolección física y digital de firmas que permitió crear nuevas redes de activismo en 9 departamento del país y que en pocos días recibió más de 5 mil respaldos, muchos de estos que expresaban hacerlo por sus abuelas, madres o tías, y para que sus hijas no tengan que vivir lo que las primeras sufrieron. Sin lugar a dudas esta fue una victoria más del movimiento feminista.

Como sociedad nos hemos acostumbrado a recibir malos resultados, división y desesperanza provenientes del mundo político. En esta oportunidad recibimos una buena noticia.

Claro, todavía faltarán muchas normas y programas gubernamentales para resolver asuntos estructurales de la vida de las niñas y niños: acceso pleno y de calidad a la educación; alimentación digna para que nunca vuelva a morir un menor por desnutrición; o mejoras en la atención de salud. Pero las necesidades estructurales no pueden opacar las igualmente importantes condiciones necesarias para que se eliminen formas de explotación de unos seres humanos sobre otros.

Este avance legislativo en materia de derechos para las niñas, niños y adolescentes nos debe llenar de orgullo como país. No en vano la noticia se expandió por medios latinoamericanos, asiáticos, europeos y africanos, dando una luz de esperanza en aquellos lugares en los que arremeten liderazgos reaccionarios y violentos.

Ahora sí ¡son niñas, no esposas!

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Tormenta perfecta, en un vaso de agua

Por  Carlos Acero Castellanos

El Consejo Nacional Electoral -CNE- ha sabido armar una tormenta perfecta, en un vaso de agua, pero tormenta perfecta. Al final el CNE no tumbará al presidente y no habrá golpe de Estado por la vía de esa actuación, pero su decisión de abrir una investigación en contra de Petro como candidato sí causa un ruido desafortunado para la democracia.

No es mentira que el CNE sea una institución desprestigiada. El órgano electoral fue creado como un engendro político-judicial que sólo ha servido para que los políticos se hagan favores y que la gran corrupción electoral nunca se aclare.

Los “magistrados” del CNE no son juristas expertos, son políticos quemados, reciclados en ese órgano para hacer favores. Entre los magistrados quemados se destacan Álvaro Prada, uribista investigado por la Corte Suprema por la compra de testigos en el caso Uribe, y César Lorduy, acusado de cometer un feminicidio que quedó impune, además de exigir dinero y favores sexuales para no anular una candidatura en Magdalena.

¿Ustedes confiarían en estas personas para que decidiera su futuro jurídico? Lo dudo.

Además de su cuestionada conformación, el CNE ha sabido actuar con mediocridad jurídica. Para no ir más lejos, el Consejo de Estado ha revocado cinco personerías jurídicas de partidos a los que el actual CNE les había dado el derecho a existir a pesar de que estos no cumplían con los requisitos que la Constitución Política exige. Eran regalitos, quién sabe a cambio de qué.

En todo caso, ese CNE no tiene la capacidad jurídica o política de hacer un golpe de Estado como dice Petro. Las investigaciones del CNE en materia de campañas presidenciales sólo pueden concluir en multas, nunca en destitución, nulidad electoral y menos en cárcel. Esta verdad, que ningún jurista refuta, fue ratificada recientemente por la Sala de Consulta del Consejo de Estado.

Por tanto, la acusación del presidente es alarmista y equivocada, al punto que ni la ministra de Justicia ni el ministro del interior se atrevieron a respaldar el trino de Petro sobre el inicio del golpe.

El presidente, en vez de jugar a la tormenta perfecta y desacatar una orden de naturaleza judicial, debería acudir por la vía de la tutela a la protección de sus derechos fundamentales.

La tutela que revisaría la Corte Constitucional no sólo sería útil para la defensa del presidente. También le daría al país luces sobre el contenido del fuero presidencial y los alcances del CNE, puesto que allí sí existe una controversia constitucional que a la fecha no ha sido aclarada y sobre la que se contraponen posturas.

Resulta que la Constitución Política contempla que el juez natural del presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el Senado. Sin embargo, por la redacción de la constitución y otras leyes se puede interpretar que la Comisión de Acusaciones se ocupa de asuntos penales y disciplinarios, pero no se aclara si ello se extiende a casos administrativos.

El senador Humberto de la Calle explicó este problema de forma sencilla: Si el Presidente se pasa un semáforo en rojo (Belisario manejaba), ¿hay que ir al Congreso para multarlo? ¿Si no paga a tiempo la luz, debe la empresa ir al Congreso?”. Sucede lo mismo con la investigación administrativa por una eventual violación de los topes electorales.

¿El fuero presidencial es integral o es exclusivamente relativo a lo penal y disciplinario? Esa es la pregunta de fondo que por la vía de la tutela Petro le debe plantear a la Corte Constitucional. Y la Corte deberá aclarar el asunto ratificando, con certeza, que el CNE no tiene la capacidad de tumbar de ninguna manera al presidente.

El corazón de la tormenta en el vaso de agua se desprende del comunicado del CNE, porque al señalar el nombre propio del presidente en el comunicado da a entender que investigará, no sólo a la campaña,  sino también al individuo. Si no se mencionaba el nombre Gustavo Petro, nadie cuestionaría que el CNE puede investigar a su campaña.

Insisto hasta el cansancio: el CNE no puede destituir al presidente, pero mencionar directamente el nombre de mandatario abre la discusión, constitucionalmente no resuelta,  sobre el fuero presidencial y justifica la narrativa de la extralimitación del poder electoral para atacar a Petro.

Petro debe terminar su periodo presidencial y la historia lo deberá juzgar por su incumplimiento en diversas áreas al mandato social de cambio. Si el CNE u otra autoridad intenta destituir al presidente marcharé por la democracia, pero ese escenario no es el que hoy nos ocupa.

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Los transportadores tienen la razón

Por Carlos Acero Castellanos

No lo digo yo, lo dijo varias veces el entonces Senador Gustavo Petro: en Colombia el cálculo del precio nacional de los combustibles se ata equivocadamente al internacional a pesar de que somos un país productor. Y agregó que el ajuste del precio de los combustibles era una “reforma tributaria cada mes” contra el bolsillo de las y los colombianos.

Pero vamos por partes. Antes de ahondar en el cambio de parecer del presidente, es necesario aclarar el tema del “ajuste fiscal” por el que el gobierno ha subido el precio de la gasolina y el ACPM. 

Los economistas ortodoxos respaldan al gobierno en su decisión de aumentar el precio. Los ex ministros de Uribe, Duque y Santos aplauden la medida que desde años ha sugerido el Fondo Monetario Internacional, al que antes Petro criticaba por chantajista. Mientras tanto, el presidente acusa de oligarcas a los pequeños transportadores inconformes. El mundo al revés.

Pero estos expertos omiten al menos dos factores: i) que Colombia es un país productor de petróleo y ii) que no da lo mismo aumentar el precio de combustible en un país en el que una de cada tres personas están en condición de pobreza y los incrementos leves en la inflación representan más hambre y sufrimiento.

En 2007 Uribe creó el Fondo de Estabilización de Precios del Combustibles -FEPC- para impedir que cambios abruptos en el precio del petróleo afectaran gravemente a Ecopetrol o a los consumidores. Una medida contracíclica que buscaba ahorrar, pero que en vez de ahorrar causó un déficit. 

El mayor problema del FEPC fue atar el precio de venta del combustible al precio internacional, siendo este último mayor, por lo que se infló la deuda del Estado con Ecopetrol. Para cerrar el déficit, o se paga del presupuesto de la nación o del bolsillo de la gente.

El famoso déficit de los combustibles que hoy paga la población es realmente un problema contable entre el gobierno y su propia empresa, de un bolsillo a otro. Pero con una perla: cuando el gobierno hace el cruce de recursos quienes terminan ganando son los accionistas privados de Ecopetrol. 

Los verdaderos ganadores del subsidio son JPMorgan, Chase Bank, Norgers Bank, Skandia, Porvenir, Protección, Colfondos. Entidades financieras, nacionales y extranjeras. Para victimizarse por el paro el presidente acusa de magnate al dueño de un camioncito, no a los dueños del mundo. Lo que hay que oír del “Allende colombiano”.

Quienes defienden el alza sostienen que Colombia debe cobrar más cara la gasolina y el ACPM porque si los vendieran en el mercado internacional ganarían más. La pérdida de oportunidad debe cobrarse, dicen.

Sin embargo, el costo de oportunidad es apenas teórico. Tanto porque vender el combustible afuera sería políticamente inviable, como porque al venderlo afuera el consumo interno exigiría importar, nuevamente a precios internacionales. Además, el chiste de que el Estado tenga a una empresa como Ecopetrol es que la pueda usar para producir y ponerla al servicio de las necesidades productivas del país.

Pero pilas, fijar un precio del combustible distinto al internacional no implicaría fijar el precio de venta al precio de producción. Por el contrario, un país productor de petróleo, y del 91% del ACPM que consume, podría fijar un tercer precio, entre el de producción y el internacional.

Llamemos a ese precio precio nacional competitivo. No golpea absurdamente las utilidades de Ecopetrol (que al final van al presupuesto del Estado), pero tampoco descarga severamente los costos sobre transportadores y consumidores.

Ahora bien, el problema no es sencillo de resolver, pero eso no excusa a Petro de cumplir con sus planteamientos del pasado o, por lo menos, no estigmatizar por “oligarcas” a quienes hoy critican el aumento del precio.

El mecanismo que hoy defiende Petro, en sus palabras del pasado, “es una transferencia de renta petrolera del consumidor de gasolina hacia el Estado. Un sistema de financiación del Estado no transparente vía precios de la gasolina inflado”.

Por tanto, incluso si el gobierno no quiere ceder en su intención de subir el precio del combustible, al menos debería comprometerse con revisar la fórmula del FEPC en lo que respecta a tener el precio internacional del petróleo como referencia y que legalmente depende de un decreto o resolución ministerial.

Así Colombia podría decidir o no pagar altos precios de la gasolina imponiendo sobre precios o tasas teniendo en cuenta que ello “es un choque brutal a sus ingresos”, los de la gente, decía Petro.

El presidente ha fallado. Por haber cambiado el discurso, por descargar las mismas soluciones de siempre sobre la gente y, no menor, por estigmatizar a quienes protestan y por no negociar a tiempo permitiendo que llegáramos a este punto que afecta a todo el país.

Posdata: A uno de mis principales lectores, mi maestro, amigo y guía, gracias por cada retroalimentación a estas columnas y a los distintos aspectos del día a día. Con amor celebro tu vida, Pa.

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Qué camello

Por Carlos Acero Castellanos

La Cámara de Representantes discutirá la reforma laboral en las próximas semanas. La propuesta del gobierno llega a su segundo debate (de cuatro) después de dos años de grandes recortes con respecto a su contenido original.

La reforma laboral posiblemente es la reforma social que ha generado mayor oposición entre los actores interesados. La alta controversia no es en sí mala, pero resulta problemática cuando se acompaña de verdades a medias, falta de evidencia y soberbia. Estos defectos los han tenido tanto los gremios empresariales, como el gobierno y directivos sindicales.

El primer problema para que avance la reforma tiene que ver con su objetivo. Mientras que el gobierno insiste en que busca recuperar derechos laborales para los y las trabajadoras perdidos durante el gobierno Uribe, voces de sectores productivos y la oposición quisieran soluciones para crear empleo.

Ambas posturas son válidas, pero de lado y lado se han presentado como si fueran excluyentes. El gobierno ha fallado presentando la reforma -que sin duda generará nuevos costos para el empresariado- como un elemento aislado de sus propias políticas de reindustrialización y reactivación económica. Ante esta fragmentación, el empresariado se ha excusado en la falta de apoyo a su sector para oponerse y concluir, sin evidencia certera, que la reforma cerrará empresas y destruirá empleos.

Difícilmente modificar una regla en un papel puede crear empleos, pero Colombia sí puede tener certeza de que la reforma de 2003 -que recortó derechos laborales- no cumplió con las expectativas del fomento al empleo. En ese entonces la lógica de Uribe fue hacer una transacción: flexibilizar las garantías laborales para reducir los costos laborales y que esa diferencia fuese invertida para emplear a más personas. La promesa de crear 683.000 empleos nunca se cumplió. Por el contrario, un estudio realizado por Alejandro Gaviria identificó que la justificación dada entonces en el Congreso fue engañosa “los resultados son negativos, y claramente inconsistentes con la cifra de 200.000 empleos por año citada durante la discusión parlamentaria”. Otras revisiones académicas coincidieron en que la reforma laboral redujo costos, no creó empleos pero sí aumentó la carga laboral de los y las colombianas.

La evidencia indica que si bien es necesario exigir al gobierno políticas de promoción de empleo, estas no deben atarse al debate de la recuperación de derechos.

En el propósito de sacar adelante la reforma el gobierno ha cedido mucho, al punto que hay quienes consideran que ésta ya representa una derrota. Lo anterior, por cuenta de que se eliminaron casi todos los artículos relativos a garantías y mejoras para los sindicatos.

En el primer debate, la Comisión Séptima eliminó 17 artículos relacionados con derecho laboral colectivo, los mismos que eran fuertemente defendidos por la Centrales Obreras y muy cuestionados por los empleadores. A pesar de que en Colombia la tasa de sindicalización no supera el 4.5% de la fuerza laboral y de que existe alta estigmatización sobre las organizaciones defensoras del trabajo, la Ministra aceptó su derrota e incluso la ponencia que se discutirá en plenaria, pudiendo hacerlo, no revive esos artículos.

Al proyecto le quedan vivos asuntos sobre derechos individuales como la reducción de la jornada laboral hasta las 7 pm, el aumento del recargo dominical, el incremento de las indemnizaciones por despido, la ampliación de la licencia de paternidad, la creación de mecanismos de protección a las mujeres en el trabajo y la regulación de las relaciones laborales en el agro.

Salvo el tema agrario, los temas que quedaron vivos parecían no ser objeto de mayor debate, pero quienes se oponen a la reforma no ceden como lo hizo el gobierno, por el contrario van por más.

La ANDI y Fenalco han presentado sus estudios y encuestas a empresas sobre los impactos de la reforma. Aunque las cifras y percepciones sobre nuevos costos laborales son ciertas, difícilmente se puede concluir que las mismas conducirán a la terminación de contratos laborales o cierres de empresas. Como tampoco sucedió al contrario.

Los artículos que se discutirán pueden mejorar en consenso. En materia de indemnizaciones por despido se podrían ver los montos de los salarios más altos sin que sean regresivos frente a los actuales.

En materia de estabilidad laboral reforzada se puede mejorar la redacción de quién se considera pre pensionado y en materia agropecuaria se pueden evaluar efectos ponderados según tamaño de unidad productiva agraria. Y las medidas contempladas para la adecuación de las MyPiMes a la reforma deben contener soporte presupuestal para que en unos años no digamos que fue un saludo a la bandera.

Aún así, todo parece indicar que será un verdadero camello poner de acuerdo a los partidos y actores sociales en torno a esta reforma.

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Ojalá sea en el repechaje

Por Carlos Acero Castellanos

Cumplida la mitad del periodo presidencial es necesario hacer balances sobre la gestión del gobierno y en el marco de los Juegos Olímpicos el deporte merece ser evaluado. 

El resultado en la tabla de medallas evidencia que en esta área en la que se raja el gobierno. Una verdad que debe decirse aún cuando el objeto de este balance sea hacer una crítica constructiva, como dijo la medallista olímpica de Londres, Ingrit Valencia.

El deporte y la actividad física hablan mucho sobre las sociedades. Reflejan el interés y esfuerzo de iniciativas públicas y privadas en torno a la construcción de identidad nacional, hábitos sociales y alternativas para el goce de la población. Además, tomarse en serio el deporte contribuye a la construcción de hábitos saludables.

El principal error en la apuesta deportiva del gobierno es que no ha existido una apuesta clara. El presidente empezó su periodo con un mensaje interesante al nombrar a una medallista olímpica como jefe del ministerio del Deporte, pero tras denuncias de corrupción en contra de la funcionaria la reemplazó por una cuota del partido de la U que salió por su rotundo fracaso por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027. 

A su vez, la segunda ministra fue reemplazada por una experta en deporte de alto rendimiento cuya tarea no será fortalecer esa área sino una desconocida para ella: fortalecer la educación física en los colegios. Desafortunadamente de cambio en cambio no se ha consolidado el derrotero de la política nacional del deporte y la actividad física.

A la falta de norte se suman los reiterados desplantes del presidente y sus ministras al deporte. Las primeras dos ministras fueron incapaces de coordinar los tiempos y actividades para cubrir a tiempo el pago de la sede de los Juegos Panamericanos en Barranquilla ¡aún teniendo los recursos aprobados por el Ministerio de Hacienda! 

Las ex ministras comparten la irresponsabilidad con Alejandro Char, ex alcalde de Barranquilla de Cambio Radical. Char tampoco puso el grito en el cielo a tiempo y contribuyó a que se perdieran más de 2 millones de dólares pagados como anticipo para la realización de los juegos, sin contar con el deterioro para la imagen de la ciudad y la expectativa de turistas y divisas que llegarían con los juegos. Le quedó muy mal a su ciudad.

En febrero de este año Petro posesionó a regañadientes a la ministra del Deporte diciendo “no veo la bondad de crear este ministerio, me parece una pérdida de tiempo”. En marzo, presidente y ministra, dejaron esperando a Mariana Pajón, Nairo Quintanta, Caterine Ibarguen, entre otros. Estas glorias del deporte habían solicitado una Mesa Nacional del Deporte para fijar una política integral para el sector, incluso apuntado la necesidad de “hacer conciencia sobre la importancia del deporte en la construcción de la Paz en Colombia”.

Los desplantes continuaron en París durante la inauguración de la Casa Colombia al inicio de los Juegos Olímpicos cuando Petro romantizar de la falta de recursos de los deportistas que participan en las competencias. Si bien es cierto que los y las deportistas compiten por amor al deporte y la bandera, no es menor reconocer que para hacerlo necesitan condiciones dignas y apoyo institucional.

Y para rematar: la dificultad fiscal que enfrenta el gobierno castigará al deporte en 2025. Además de que el Ministerio del Deporte es el segundo de menor ejecución presupuestal, el Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno al Congreso el apoyo al deporte se reducirá en 68% para el próximo año. Por tanto, ni el alto rendimiento ni la educación física en los colegios tendrán recursos suficientes.

El anterior panorama se debe corregir. Los dos años que le quedan al gobierno deberían ser asumidos a modo de repechaje. Para ello, con verdadero espíritu de “acuerdo nacional” el gobierno debería acceder a la invitación de los y las deportistas a la Mesa Nacional del Deporte.

Esta invitación, además de contar con personas expertas y exitosas, parte de la idea de cooperar entre los distintos actores que pueden aportar al deporte, pues ni el gobierno, ni la empresa privada, ni los deportistas con sus familias pueden hacer el trabajo en soledad. Y no está de más exigir al Congreso modificar los recortes presupuestales proyectados para el próximo año.

Posdata: Con el argumento de acabar con el conformismo más de uno ha salido a destruir a los y las deportistas que no logran una medalla olímpica o el título de la Copa América. Claro que se deben corregir los errores y que el carro de bomberos sobra, pero la mentalidad y cultura ganadora no se construye a las patadas, la experiencia de Simone Biles lo demuestra.

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El -falso- enemigo común de Trump y Kamala

Igual que su hegemonía global, la democracia de Estados Unidos se encuentra en retroceso. La campaña electoral en curso es una fiel radiografía de las complicaciones vive la poderosa nación del norte de América.

Las candidaturas del republicano Donald Trump y de la demócrata Kamala Harris tienen diferencias, especialmente en materia de política interna. Sin embargo, ambas compiten en la opinión pública por demostrar quién tiene la mano más dura y eficiente en contra de la migración.

Trump insiste en su discurso de odio contra la población migrante, celebra las medidas fascistas de algunos gobernadores de los Estados de frontera que consisten en desollar a las personas que cruzan el Río Bravo e insiste en terminar la construcción del muro, tarea en la que fue muy discursivo pero poco efectivo en su periodo presidencial. Además, crea la narrativa de que Estados Unidos ha sido invadida como nunca antes por hordas de inmigrantes con antecedentes judiciales, afirmación falsa.

Por su parte, el partido Demócrata se esfuerza por demostrar que la narrativa de Trump es simplemente eso, una narrativa, pero no controvierte su visión antiinmigración, pues desecha el discurso en defensa del sueño americano y de que son un país orgullosamente construido por migrantes.

La administración Biden, que hoy impulsa a Harris, prefiere caer en el antipático marco conceptual de Trump para discutir que ha sido más eficiente que su antecesor en el control migratorio. Y no son menores las cifras que están del lado de Biden y Harris, puesto que gracias al sistema CBP One se han logrado reducciones de más del 50% de los cruces fronterizos y conseguido números de captura de migrantes indocumentados semejantes a los de septiembre de 2020.

La ONG Human Rights Watch ha alertado sobre los efectos negativos de estas políticas en contra del derecho humano al asilo, así como de la contribución de las mismas al incremento de ataques sistemáticos en contra de las personas migrantes por parte de carteles en México y funcionarios de gobierno.

La “guerra contra la migración”, que es el marco de la campaña, resulta ideal para que las élites republicanas y demócratas escondan los problemas estructurales que padece la sociedad.

En Estados Unidos la concentración de riqueza y el crecimiento de la pobreza en Estados Unidos son escandalosas. El 50% más pobre de la población de EE.UU. posee solo el 1,5% de la riqueza privada del país, mientras la élite de billonarios se consolida cada vez más. Desde 2021 la desigualdad ha incrementado en 3,2% y el ingreso promedio de la población ha decrecido 0,7% cada año desde 1979.

Mientras que Elon Musk está a punto de hacer realidad su sueño de viajar a Marte, el 65% de la población se duerme sin saber qué comerá el día siguiente.

Las campañas prefieren apuntar a las personas migrantes antes que desmontar los grandes privilegios de los billonarios, pues en gran medida dependen de estos para financiar sus candidaturas.

Hasta su retiro la campaña de Biden había sido financiada casi en 60% por grandes corporaciones. LinkedIn, PayPal, Netflix, en general, grandes corredores de bolsa y fondos privados de inversiones se destacan entre los donantes.

Por su parte, Trump no oculta su deseo por aumentar los topes de la financiación privada en las campañas y reducir la tasa efectiva de tributación de los grandes contribuyentes. Trump defiende la concentración de la riqueza y la democracia en pocas manos.

No es un secreto que las donaciones se convierten en transacciones para el lobby y la regulación favorable a las grandes corporaciones, así sean en detrimento de los intereses del pueblo. El Senador Bernie Sanders denunció que el billonario Reid Hoffman donó 7 millones de dólares a la campaña de Harris y, a modo de contraprestación, pidió retirar a una funcionaria de la administración Biden que le incomoda.

La política exterior de Estados Unidos es bipartidista y en líneas gruesas será semejante con Harris o Trump. Ambas candidaturas se van a esmerar por mantener la decadente hegemonía estadounidense en el concierto internacional. Pero definitivamente asuntos como el genocidio de Israel en Palestina seguirán teniendo el respaldo del Despacho Oval.

Aunque Kamala tenga un tono menos reaccionario su posición ha sido clara en respaldar a Israel en la ofensiva militar. A su administración le han sobrado casos en los que le da la espalda al derecho internacional para terminar la guerra y el jueves recibió a Netanyahu en Washington.

Por supuesto las candidaturas son distintas y en asuntos domésticos representan algunas causas contradictorias. Trump raya con el fascismo populista y Harris levanta ciertas banderas progresistas. Pero las dos campañas coinciden en apuntar al -falso- enemigo antes que abordar los profundos problemas que aquejan a la sociedad estadounidense.

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Universidad Nacional: precisiones necesarias

Escrito por: Carlos Acero Castellanos 

La legítima elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional me alegra, pero no es suficiente para calmar las aguas en esa institución. Ante afirmaciones imprecisas o falsas de ex directivos de la Universidad y de algunos oportunistas es necesario realizar algunas precisiones:

“Se violó la autonomía universitaria”

La autonomía es un derecho que la Constitución de 1991 le otorgó a las universidades para que sus comunidades puedan gobernarse sin que exista injerencia de algún gobierno. A pesar de ello, el Decreto 1210 de 1993 le otorgó al presidente de la República 3 de 8 puestos del Consejo Superior (CSU) de la Universidad Nacional, su máximo órgano de decisiones.

Desde que existe el derecho a la autonomía universitaria los presidentes de la República siempre han ganado la elección de rector en esa institución, poniendo sus 3 votos en función de ello. Pero nunca hemos escuchado a Ignacio Mantilla, Moisés Wasserman, Ismael Peña, Dolly Montoya y su combo escandalizarse por las victorias presidenciales. Tampoco se pararon en las pestañas cuando en 2012 y 2015 el movimiento universitario exigió el respeto de los resultados de la consulta universitaria que daba como ganadores a dos profesores que no eran de la corriente del gobierno de turno. Claro, su silencio respondía a que eran sus nombres los designados para gobernar a la Universidad a espaldas de la comunidad.

Menos escuchamos a Paloma Valencia o al Centro Democrático defender la autonomía universitaria en el pasado. Una breve búsqueda de esas dos palabras en sus cuentas de redes sociales corrobora que entraron a su léxico apenas en mayo de este año. (Ver hipervínculos).

“Múnera es un alfil de Petro”

Leopoldo Múnera no sería rector sin los votos de las 3 delegadas de Petro en el CSU, no cabe duda. Pero hay que ser muy deshonesto para afirmar que el nuevo rector es un apéndice de Petro. La trayectoria académica e intelectual del profesor Múnera da luces de que será un rector garante de la autonomía universitaria.

Múnera siempre se ha comprometido con las causas del movimiento universitario, es amigo del estudiantado, los sindicatos y la organización profesoral. Nunca se ha inscrito en proyectos político-electorales y no ha ahorrado críticas a procesos de izquierda cuando lo considera pertinente.

Cuando Múnera menciona el concepto de “Constituyente Universitaria” aclara que se trata de un proceso interno de la Universidad, que es anterior al concepto constituyente de Petro y que su resultado debe ser aprobado en el CSU de la institución, no en la transformación de la Constitución Política del país.

El legítimo rector de la UN tampoco es un notario de la política educativa del gobierno. Por el contrario, desde septiembre de 2023 la organización profesoral ‘Bien Común’ -a la que pertenece Múnera- formuló fuertes críticas a la propuesta de Ley Estatutaria de Educación de Petro, advirtiendo que su indefinición conceptual terminaría favorecido las lógicas mercantiles en la educación.

Sobre la legalidad de la elección

Arrancando la semana, el profesor Rodrigo Uprimny compartió las precisiones jurídicas, y también algunas dudas, sobre la legalidad de la elección de Leopoldo Múnera.

Así como Uprimny, considero que hay fundamentos sólidos para justificar la legalidad de la revocatoria de la elección del ilegítimo Ismael Peña. El acto electoral que elegía a Peña nunca se perfeccionó por cuenta de que la Secretaría General de la Universidad -aliada de Peña y su combo- no lo permitió; su posesión autenticada en notaría carecía de todo sustento jurídico y el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo permite revocar la decisión hasta tanto la misma no se perfeccione.

Sin embargo, no puedo dejar de señalar que existen dudas justificables sobre el procedimiento exprés con el que eligieron a Múnera en vez de haber nombrado un rector encargado mientras se resolvían diversas controversias, algunas en el interior de la Universidad y otras en el Consejo de Estado. Espero que del afán no quede el cansancio, caso en el que nuevamente el gobierno sería responsable por el mal procedimiento.

Ñapa: Petro pesca en río revuelto

Rechazar la hipócrita defensa de la autonomía universitaria por quienes la han tenido secuestrada, exponer el oportunismo de quienes quieren pintar a Múnera como petrista, o respaldar en términos generales la salida jurídica de esta elección no son motivos suficientes para callar sobre el intento de Petro por usar al movimiento universitario para sus fines políticos.

El gobierno no abordó la elección de rector de la Nacional con rigor, abrió la puerta a la crisis, usó la peligrosa ley de inspección y vigilancia y ha querido absorber el proceso constituyente universitario en la transformación de la Constitución de 1991. Y la tapa: abrió la puerta para que el derecho fundamental a la educación se convierta en la peor contrarreforma educativa de la historia.

Estas son algunas precisiones necesarias para insistir en la defensa de la autonomía y democracia en las universidades colombianas.

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Autodestrucción

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

Petro pasa por serias dificultades que son atribuibles a su propia gestión. Decir lo anterior no borra las responsabilidades de gobiernos previos y lo mal que dejaron al país, pero quien gobierna hoy debe asumir sus responsabilidades.

El nuevo modelo de salud para docentes expone la autodestrucción. La necesidad de mejora del régimen especial de salud del magisterio nunca fue la discusión, el tema estaba en el cómo. Lo que definitivamente no se debía hacer fue lo que Petro hizo.

Primero, le entregó la dirección de la administración de entre 12 y 18 billones de pesos del FOMAG a una cuota de los partidos de la U y Conservador: Mauricio Marín. Un personaje turbio, ficha de las parapolíticas Zulema Jattin y Eleonora Pineda e investigado penal y disciplinariamente por presunta corrupción tras su paso por Ferrocarriles de Colombia. Petro puso al ratón a cuidar del queso.

Luego, en contra de la voluntad de FECODE el presidente prorrogó en dos oportunidades los contratos con los operadores de salud antiguos a los que acusaba de corruptos, aunque nunca los denunció en la Fiscalía como indica la lógica. Pero lo más grave es que el 1 de mayo se puso en marcha el nuevo y raquítico modelo de salud sin que existiera planeación, contratación completa de servicios, debida información a los usuarios, mecanismos de auditoría de costos y manuales tarifarios.

Ante la crisis, la reacción del gobierno ha sido tan lamentable como la implementación del modelo. En menos de 20 días el ministro de salud dio un salto mortal triple al pasar de decir que éste era el piloto de la reforma a la salud a recular afirmando que el modelo del magisterio en nada se parece al modelo de salud que propone el gobierno para el resto de la población. Mientras tanto, las ministras de Educación y Trabajo y el ministro de Hacienda, que integran la junta directiva del sistema, no aparecen.

La mayor canallada corre por cuenta de Petro. El domingo desde Twitter acusó a FECODE de ser el responsable político de la crisis, aunque ese sindicato no es quien gobierna. No en vano reza el dicho “mal le paga el diablo a quien bien le sirve”.

En el plano económico también se evidencia la autodestrucción. Se avecina una crisis de financiamiento del Estado, lo anterior por cuenta de estimaciones excesivamente optimistas de recaudo de impuestos e ingresos por litigios que realizó este gobierno a principios de su mandato.

Claro está que al mal cálculo se suma la caída en la inversión, que golpea de manera semejante a otros países de la región, y un cuestionado fallo de la Corte Constitucional que impide al gobierno recaudar 6.7 billones de pesos vía prohibición de deducción de regalías para el impuesto de renta de las empresas mineras.

La semana pasada la Corte realizó una audiencia para escuchar al ministro de Hacienda sobre este último tema. Se trataba de la oportunidad de oro para convencer a los magistrados de que implementar de inmediato el fallo implicaba afectar la sostenibilidad fiscal del país, razón por la que debían modificar su decisión y darle un salvavidas al gobierno para ajustar las finanzas públicas. El ministro Bonilla llegó a la cita más importante de su vida y de las finanzas de su gobierno sin haberse preparado. En el pasado, otros ministros hacían lobby por el despacho de cada magistrado, llevaban presentaciones rigurosas y calculadora en mano para convencer a la Corte.

Fue tal la negligencia de la presentación del ministro que algunos de sus funcionarios optaron por abandonar la audiencia para evitar la pena ajena. Naturalmente la Corte ratificó su fallo, apretando el presupuesto nacional.

A la autodestrucción escapaba el poco resistido proyecto de ley estatutaria de educación. Algunos se atrevieron a titular que la educación era el verdadero acuerdo nacional. Desafortunadamente el pésimo manejo que le dio el gobierno a la elección de rector en la Universidad Nacional detuvo el avance del proyecto y tiene en crisis a la universidad pública más importante del país.

El gobierno estaba advertido sobre las trampas que una camarilla iba a utilizar para violar las reglas e imponer a un rector ilegítimo; podría haber evitado que se usara. Además, era claro que Petro no tenía en sus delegadas la mayoría para elegir al rector, motivo por el que debía emprender una campaña activa para lograr un voto adicional.

Ni lo uno ni lo otro. Las delegadas de Petro se dejaron meter una metodología de elección ilegal y no se movieron para garantizar la mayoría.

Al final, docentes, estudiantes y contribuyentes son quienes pierden, porque no ven la materialización del cambio. Vaya uno a saber si los “errores” del gobierno han sido premeditados, pero la autodestrucción encaja perfectamente con el caprichoso deseo de convocar a una constituyente.

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¿Por qué aparece de Palestina hasta en la sopa?

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

En Colombia no es sencillo hacer pedagogía sobre el genocidio al que se encuentra sometido el pueblo palestino por parte del Estado de Israel.

Con frecuencia la primera referencia que cualquier persona tiene sobre Israel se remite a la Biblia, se asocia con ideas positivas, gestas y tierras para adorar a Dios. Por lo mismo, es normal que los cuestionamientos al Estado de Israel fácilmente se confundan con alguna especie de crítica a las figuras del catolicismo, aunque esa nunca es la intención.

Esta semana un partido de fútbol, el deporte de referencia global, nos puso nuevamente a hablar del tema. Pero una vez más el preconcepto, sumado a los inconformismos coyunturales con el gobierno que apoya la causa palestina, termina nublando el fondo del asunto: recordar que la causa palestina es una causa de toda la humanidad.

Lo peor es que esas confusiones terminan expresadas en ríos de caracteres de agravios en las redes sociales.

Un muy rápido recuento

El 14 de mayo de 1948 se creó el Estado de Israel por resolución de la ONU. Nadie puede negar, ni dejar de rechazar, el genocidio al que el nazismo sometió al pueblo judío. Tampoco se puede desconocer que dicho pueblo tiene vínculos históricos con el territorio que hoy ocupa Israel. Mucho menos se deben revivir discursos de odio contra su pueblo o su religión.

Sin embargo, la creación del Estado de Israel fue una solución de escritorio de colonialistas occidentales, especialmente Inglaterra, sin importar que la misma afectaría a un territorio habitado por palestinos, creando nuevas catástrofes humanitarias.

Desde entonces el pueblo palestino ha sido víctima de la ocupación de su tierra por vías militares y jurídicas -estas últimas no conformes con el derecho internacional-.

De 1948 a 1967 alrededor de 750 mil palestinas -que equivalen a la actual población de Cúcuta- tuvieron que desplazarse forzadamente en su región, hacia Gaza y Cisjordania. También tuvieron que hacerlo por todo el mundo, encontrando, entre otros, a Chile como un país de alta recepción de migrantes en nuestro continente.

Además, el pueblo palestino ha sido perseguido en su tránsito, ha sufrido la construcción de muros que dividen sus tierras -2002-, ha visto asesinatos sistemáticos de parte del Estado de Israel y no ha tenido el derecho de tener un Estado plenamente reconocido en instancias internacionales.

Toda esta política de naturaleza colonialista ha sido sistemáticamente patrocinada por las grandes potencias occidentales, proveedoras de armas a Israel.

La actualidad

Décadas de colonialismo han dado pie a grupos y conflictos armados en la región, incluyendo actos completamente condenables como la masacre de más de 1.200 civiles de Israel el 7 de octubre de 2023 a manos de Hamás.

Tal como ha sido su costumbre, el Estado de Israel ha respondido con tal desproporción que viola las distintas normas del derecho internacional que buscan prevenir el genocidio y los crímenes de guerra.

La ONU hoy registra que Israel ha asesinado a más de 35 mil personas desde el 8 de octubre, la misma cantidad de vidas que podría colmar el estadio El Campín de Bogotá. 7.797 son niños y niñas.

La ofensiva de Israel en estos meses ha provocado el desplazamiento de más de un millón de habitantes de Gaza -población semejante a la de Barranquilla- hacia campos de refugiados en Rafah.

Como si eso fuera poco, Israel ha bombardeado estos campos desde el 6 de mayo, provocando 450 mil nuevos desplazamientos -más que la población de Manizales-. Su objetivo es la desaparición del pueblo palestino.

El partido como inatajable excusa

La presencia en Colombia de un equipo de fútbol chileno que representa la migración palestina tenía que ponernos a hablar, sí o sí, del genocidio. Seguramente muchas personas podrán preferir no tener que mezclar el momento político con el espectáculo deportivo, pero ello sería pretender pasar por la NQS en día de partido sin ver hinchas entrando al Campín.

Lo realmente importante, más allá del resultado futbolístico o la “incómoda” mezcla de temas, es que nuestra sociedad pueda reflexionar sobre un asunto tan profundo para la existencia misma de la humanidad.

Estas líneas son un aporte para ello y para que quienes legítimamente desconocen del tema puedan aproximarse al mismo con pausa y sensibilidad.

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