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Carlos Acero

Universidad Nacional: precisiones necesarias

Escrito por: Carlos Acero Castellanos 

La legítima elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional me alegra, pero no es suficiente para calmar las aguas en esa institución. Ante afirmaciones imprecisas o falsas de ex directivos de la Universidad y de algunos oportunistas es necesario realizar algunas precisiones:

“Se violó la autonomía universitaria”

La autonomía es un derecho que la Constitución de 1991 le otorgó a las universidades para que sus comunidades puedan gobernarse sin que exista injerencia de algún gobierno. A pesar de ello, el Decreto 1210 de 1993 le otorgó al presidente de la República 3 de 8 puestos del Consejo Superior (CSU) de la Universidad Nacional, su máximo órgano de decisiones.

Desde que existe el derecho a la autonomía universitaria los presidentes de la República siempre han ganado la elección de rector en esa institución, poniendo sus 3 votos en función de ello. Pero nunca hemos escuchado a Ignacio Mantilla, Moisés Wasserman, Ismael Peña, Dolly Montoya y su combo escandalizarse por las victorias presidenciales. Tampoco se pararon en las pestañas cuando en 2012 y 2015 el movimiento universitario exigió el respeto de los resultados de la consulta universitaria que daba como ganadores a dos profesores que no eran de la corriente del gobierno de turno. Claro, su silencio respondía a que eran sus nombres los designados para gobernar a la Universidad a espaldas de la comunidad.

Menos escuchamos a Paloma Valencia o al Centro Democrático defender la autonomía universitaria en el pasado. Una breve búsqueda de esas dos palabras en sus cuentas de redes sociales corrobora que entraron a su léxico apenas en mayo de este año. (Ver hipervínculos).

“Múnera es un alfil de Petro”

Leopoldo Múnera no sería rector sin los votos de las 3 delegadas de Petro en el CSU, no cabe duda. Pero hay que ser muy deshonesto para afirmar que el nuevo rector es un apéndice de Petro. La trayectoria académica e intelectual del profesor Múnera da luces de que será un rector garante de la autonomía universitaria.

Múnera siempre se ha comprometido con las causas del movimiento universitario, es amigo del estudiantado, los sindicatos y la organización profesoral. Nunca se ha inscrito en proyectos político-electorales y no ha ahorrado críticas a procesos de izquierda cuando lo considera pertinente.

Cuando Múnera menciona el concepto de “Constituyente Universitaria” aclara que se trata de un proceso interno de la Universidad, que es anterior al concepto constituyente de Petro y que su resultado debe ser aprobado en el CSU de la institución, no en la transformación de la Constitución Política del país.

El legítimo rector de la UN tampoco es un notario de la política educativa del gobierno. Por el contrario, desde septiembre de 2023 la organización profesoral ‘Bien Común’ -a la que pertenece Múnera- formuló fuertes críticas a la propuesta de Ley Estatutaria de Educación de Petro, advirtiendo que su indefinición conceptual terminaría favorecido las lógicas mercantiles en la educación.

Sobre la legalidad de la elección

Arrancando la semana, el profesor Rodrigo Uprimny compartió las precisiones jurídicas, y también algunas dudas, sobre la legalidad de la elección de Leopoldo Múnera.

Así como Uprimny, considero que hay fundamentos sólidos para justificar la legalidad de la revocatoria de la elección del ilegítimo Ismael Peña. El acto electoral que elegía a Peña nunca se perfeccionó por cuenta de que la Secretaría General de la Universidad -aliada de Peña y su combo- no lo permitió; su posesión autenticada en notaría carecía de todo sustento jurídico y el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo permite revocar la decisión hasta tanto la misma no se perfeccione.

Sin embargo, no puedo dejar de señalar que existen dudas justificables sobre el procedimiento exprés con el que eligieron a Múnera en vez de haber nombrado un rector encargado mientras se resolvían diversas controversias, algunas en el interior de la Universidad y otras en el Consejo de Estado. Espero que del afán no quede el cansancio, caso en el que nuevamente el gobierno sería responsable por el mal procedimiento.

Ñapa: Petro pesca en río revuelto

Rechazar la hipócrita defensa de la autonomía universitaria por quienes la han tenido secuestrada, exponer el oportunismo de quienes quieren pintar a Múnera como petrista, o respaldar en términos generales la salida jurídica de esta elección no son motivos suficientes para callar sobre el intento de Petro por usar al movimiento universitario para sus fines políticos.

El gobierno no abordó la elección de rector de la Nacional con rigor, abrió la puerta a la crisis, usó la peligrosa ley de inspección y vigilancia y ha querido absorber el proceso constituyente universitario en la transformación de la Constitución de 1991. Y la tapa: abrió la puerta para que el derecho fundamental a la educación se convierta en la peor contrarreforma educativa de la historia.

Estas son algunas precisiones necesarias para insistir en la defensa de la autonomía y democracia en las universidades colombianas.

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Autodestrucción

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

Petro pasa por serias dificultades que son atribuibles a su propia gestión. Decir lo anterior no borra las responsabilidades de gobiernos previos y lo mal que dejaron al país, pero quien gobierna hoy debe asumir sus responsabilidades.

El nuevo modelo de salud para docentes expone la autodestrucción. La necesidad de mejora del régimen especial de salud del magisterio nunca fue la discusión, el tema estaba en el cómo. Lo que definitivamente no se debía hacer fue lo que Petro hizo.

Primero, le entregó la dirección de la administración de entre 12 y 18 billones de pesos del FOMAG a una cuota de los partidos de la U y Conservador: Mauricio Marín. Un personaje turbio, ficha de las parapolíticas Zulema Jattin y Eleonora Pineda e investigado penal y disciplinariamente por presunta corrupción tras su paso por Ferrocarriles de Colombia. Petro puso al ratón a cuidar del queso.

Luego, en contra de la voluntad de FECODE el presidente prorrogó en dos oportunidades los contratos con los operadores de salud antiguos a los que acusaba de corruptos, aunque nunca los denunció en la Fiscalía como indica la lógica. Pero lo más grave es que el 1 de mayo se puso en marcha el nuevo y raquítico modelo de salud sin que existiera planeación, contratación completa de servicios, debida información a los usuarios, mecanismos de auditoría de costos y manuales tarifarios.

Ante la crisis, la reacción del gobierno ha sido tan lamentable como la implementación del modelo. En menos de 20 días el ministro de salud dio un salto mortal triple al pasar de decir que éste era el piloto de la reforma a la salud a recular afirmando que el modelo del magisterio en nada se parece al modelo de salud que propone el gobierno para el resto de la población. Mientras tanto, las ministras de Educación y Trabajo y el ministro de Hacienda, que integran la junta directiva del sistema, no aparecen.

La mayor canallada corre por cuenta de Petro. El domingo desde Twitter acusó a FECODE de ser el responsable político de la crisis, aunque ese sindicato no es quien gobierna. No en vano reza el dicho “mal le paga el diablo a quien bien le sirve”.

En el plano económico también se evidencia la autodestrucción. Se avecina una crisis de financiamiento del Estado, lo anterior por cuenta de estimaciones excesivamente optimistas de recaudo de impuestos e ingresos por litigios que realizó este gobierno a principios de su mandato.

Claro está que al mal cálculo se suma la caída en la inversión, que golpea de manera semejante a otros países de la región, y un cuestionado fallo de la Corte Constitucional que impide al gobierno recaudar 6.7 billones de pesos vía prohibición de deducción de regalías para el impuesto de renta de las empresas mineras.

La semana pasada la Corte realizó una audiencia para escuchar al ministro de Hacienda sobre este último tema. Se trataba de la oportunidad de oro para convencer a los magistrados de que implementar de inmediato el fallo implicaba afectar la sostenibilidad fiscal del país, razón por la que debían modificar su decisión y darle un salvavidas al gobierno para ajustar las finanzas públicas. El ministro Bonilla llegó a la cita más importante de su vida y de las finanzas de su gobierno sin haberse preparado. En el pasado, otros ministros hacían lobby por el despacho de cada magistrado, llevaban presentaciones rigurosas y calculadora en mano para convencer a la Corte.

Fue tal la negligencia de la presentación del ministro que algunos de sus funcionarios optaron por abandonar la audiencia para evitar la pena ajena. Naturalmente la Corte ratificó su fallo, apretando el presupuesto nacional.

A la autodestrucción escapaba el poco resistido proyecto de ley estatutaria de educación. Algunos se atrevieron a titular que la educación era el verdadero acuerdo nacional. Desafortunadamente el pésimo manejo que le dio el gobierno a la elección de rector en la Universidad Nacional detuvo el avance del proyecto y tiene en crisis a la universidad pública más importante del país.

El gobierno estaba advertido sobre las trampas que una camarilla iba a utilizar para violar las reglas e imponer a un rector ilegítimo; podría haber evitado que se usara. Además, era claro que Petro no tenía en sus delegadas la mayoría para elegir al rector, motivo por el que debía emprender una campaña activa para lograr un voto adicional.

Ni lo uno ni lo otro. Las delegadas de Petro se dejaron meter una metodología de elección ilegal y no se movieron para garantizar la mayoría.

Al final, docentes, estudiantes y contribuyentes son quienes pierden, porque no ven la materialización del cambio. Vaya uno a saber si los “errores” del gobierno han sido premeditados, pero la autodestrucción encaja perfectamente con el caprichoso deseo de convocar a una constituyente.

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¿Por qué aparece de Palestina hasta en la sopa?

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

En Colombia no es sencillo hacer pedagogía sobre el genocidio al que se encuentra sometido el pueblo palestino por parte del Estado de Israel.

Con frecuencia la primera referencia que cualquier persona tiene sobre Israel se remite a la Biblia, se asocia con ideas positivas, gestas y tierras para adorar a Dios. Por lo mismo, es normal que los cuestionamientos al Estado de Israel fácilmente se confundan con alguna especie de crítica a las figuras del catolicismo, aunque esa nunca es la intención.

Esta semana un partido de fútbol, el deporte de referencia global, nos puso nuevamente a hablar del tema. Pero una vez más el preconcepto, sumado a los inconformismos coyunturales con el gobierno que apoya la causa palestina, termina nublando el fondo del asunto: recordar que la causa palestina es una causa de toda la humanidad.

Lo peor es que esas confusiones terminan expresadas en ríos de caracteres de agravios en las redes sociales.

Un muy rápido recuento

El 14 de mayo de 1948 se creó el Estado de Israel por resolución de la ONU. Nadie puede negar, ni dejar de rechazar, el genocidio al que el nazismo sometió al pueblo judío. Tampoco se puede desconocer que dicho pueblo tiene vínculos históricos con el territorio que hoy ocupa Israel. Mucho menos se deben revivir discursos de odio contra su pueblo o su religión.

Sin embargo, la creación del Estado de Israel fue una solución de escritorio de colonialistas occidentales, especialmente Inglaterra, sin importar que la misma afectaría a un territorio habitado por palestinos, creando nuevas catástrofes humanitarias.

Desde entonces el pueblo palestino ha sido víctima de la ocupación de su tierra por vías militares y jurídicas -estas últimas no conformes con el derecho internacional-.

De 1948 a 1967 alrededor de 750 mil palestinas -que equivalen a la actual población de Cúcuta- tuvieron que desplazarse forzadamente en su región, hacia Gaza y Cisjordania. También tuvieron que hacerlo por todo el mundo, encontrando, entre otros, a Chile como un país de alta recepción de migrantes en nuestro continente.

Además, el pueblo palestino ha sido perseguido en su tránsito, ha sufrido la construcción de muros que dividen sus tierras -2002-, ha visto asesinatos sistemáticos de parte del Estado de Israel y no ha tenido el derecho de tener un Estado plenamente reconocido en instancias internacionales.

Toda esta política de naturaleza colonialista ha sido sistemáticamente patrocinada por las grandes potencias occidentales, proveedoras de armas a Israel.

La actualidad

Décadas de colonialismo han dado pie a grupos y conflictos armados en la región, incluyendo actos completamente condenables como la masacre de más de 1.200 civiles de Israel el 7 de octubre de 2023 a manos de Hamás.

Tal como ha sido su costumbre, el Estado de Israel ha respondido con tal desproporción que viola las distintas normas del derecho internacional que buscan prevenir el genocidio y los crímenes de guerra.

La ONU hoy registra que Israel ha asesinado a más de 35 mil personas desde el 8 de octubre, la misma cantidad de vidas que podría colmar el estadio El Campín de Bogotá. 7.797 son niños y niñas.

La ofensiva de Israel en estos meses ha provocado el desplazamiento de más de un millón de habitantes de Gaza -población semejante a la de Barranquilla- hacia campos de refugiados en Rafah.

Como si eso fuera poco, Israel ha bombardeado estos campos desde el 6 de mayo, provocando 450 mil nuevos desplazamientos -más que la población de Manizales-. Su objetivo es la desaparición del pueblo palestino.

El partido como inatajable excusa

La presencia en Colombia de un equipo de fútbol chileno que representa la migración palestina tenía que ponernos a hablar, sí o sí, del genocidio. Seguramente muchas personas podrán preferir no tener que mezclar el momento político con el espectáculo deportivo, pero ello sería pretender pasar por la NQS en día de partido sin ver hinchas entrando al Campín.

Lo realmente importante, más allá del resultado futbolístico o la “incómoda” mezcla de temas, es que nuestra sociedad pueda reflexionar sobre un asunto tan profundo para la existencia misma de la humanidad.

Estas líneas son un aporte para ello y para que quienes legítimamente desconocen del tema puedan aproximarse al mismo con pausa y sensibilidad.

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El mundo es mejor gracias a los y las trabajadoras

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

Con frecuencia olvidamos que muchas garantías laborales y sociales que disfrutamos son resultado de luchas sindicales. Han sido múltiples los liderazgos de trabajadores y trabajadoras que hacen del mundo un lugar mejor.

Aunque el sindicalismo en Colombia no goza de una imagen muy positiva, ha sido opacado por una percepción injusta y muchas veces cargada de lugares comunes, noticias falsas o mitos, la realidad es distinta.

Son múltiples los liderazgos sindicales que trabajan a diario por la lucha contra la corrupción en el sector público, la mejora de las garantías laborales de jóvenes precarizados por nuevas relaciones productivas, el respeto por la independencia sindical frente al gobierno y los patronos, el acceso a la justicia, la seguridad aérea, la creación de conocimiento y ciencia, entre otras.

Todos estos liderazgos son silenciosos ante los grandes reflectores de la coyuntura, o el griterío nacional. La mayoría son de personas que invierten sus recursos económicos, tiempo, salud física o mental para que sean reconocidos y mejoradas las de sus pares. A continuación comparto algunos ejemplos destacables.

En la Fiscalía General de la Nación se encuentra ATRAES -FGN, organización sindical que más que pelear por su bolsillo, ha emprendido una cruzada contra la corrupción. Su causa se enmarca en exigir que más de 17 mil puestos de trabajo de la Fiscalía sean proveídos por concursos de méritos, no por recomendaciones o favores politiqueros.

A la fecha han logrado seis fallos judiciales que ratifican que los últimos tres fiscales han preferido la feria de puestos por encima del mérito y la eficiente prestación del servicio para destrabar la muy esquiva justicia del país.

Por su parte, en el ICBF, la organización Sintrabienestar insiste en la urgencia de fortalecer los equipos multidisciplinarios de las Defensorías de Familia. Abogan mejoras de la institución para poder atender las crecientes denuncias y casos de violencia intrafamiliar en contra de niños, niñas y adolescentes.

Resaltan que las crecientes obligaciones que imponen leyes como la 2126 de 2021 son necesarias para la niñez colombiana, pero que sólo pueden ser atendidas si se fortalece el talento humano. Mientras ello no suceda, no habrá verdadero acceso a la justicia y los y las trabajadoras seguirán explotadas, tanto mental como laboralmente.

En el sector aeronáutico Sintratac y ACAV representan a tripulantes y operarios de servicios conexos al transporte aéreo. Estas organizaciones han liderado un proceso de unidad entre sindicatos, empresas y entidades públicas para crear una ley que prevenga las violencias que sufren por parte de pasajeros disruptivos.

El fenómeno de pasajeros disruptivos incluye conductas de violencia física, sexual y riesgo de la seguridad de la operación de los vuelos, tanto en tierra como en aire y, dada la violencia machista, suele afectar más a las auxiliares de vuelo. La iniciativa claro que protege la integridad de estas trabajadoras, pero también piensa en cómo mejorar las condiciones de seguridad de vuelo para los usuarios.

Finalmente, destaco el compromiso por la justicia y resocialización de las personas que adelanta FECOSPEC, organización que agremia a varios sindicatos del INPEC. Sus dirigentes promueven la dignificación del sistema penitenciario, empezando por las necesidades de quienes trabajan en el mismo.

La emergencia carcelaria decretada por el Ministerio del Interior no ha impedido que grupos delincuenciales sigan asesinando a guardas del INPEC, van 4 este año. Antes que pedir prebendas salariales, FECOSPEC busca incidir en decisiones técnicas, modificaciones legales o el fortalecimiento institucional para reducir la criminalidad que opera en el interior de las cárceles y afecta a la sociedad en general.

Este año Petro, apurado por la masiva movilización del 21 de abril en su contra, decidió asaltar la fecha del 1 de mayo. Aunque algunos sindicatos puedan coincidir plena o parcialmente con el gobierno, enmarcar su agenda política en la fecha histórica e internacional de los y las trabajadoras es, cuando menos, abusivo.

Por lo mismo, varios sindicatos que no fueron afines a los gobiernos anteriores, o que incluso votaron por el actual, decidieron no movilizarse o hacerlo en conmemoración de sus causas, sean o no las del gobierno.

A pesar de las polémicas coyunturales que enmarcaron el pasado 1 de mayo, invito  valorar lo sustancial: que se reconozca la importancia de la labor sindical. Más allá del encuadre gobiernista, hay muchas razones para agradecer a quienes dedican su vida al reconocimiento de derechos de otras personas.

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Desangre silencioso

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

Lentamente se desangra el presupuesto nacional por cuenta de los acuerdos internacionales de protección de inversiones, la mayoría contenidos en los TLC. De fallo en fallo Colombia está pagando, literalmente, los platos rotos de haber suscrito tratados internacionales de naturaleza neocolonial.

Lo más escandaloso es que como consecuencia de estos malos acuerdos el país pierde con cara y con sello.

Amparado en uno de estos acuerdos, un ciudadano estadounidense reclama más de 1 billón de pesos porque la Fiscalía extinguió el dominio de los predios en las que construía un complejo inmobiliario en Medellín, terrenos adquiridos a narcos de la Oficina de Envigado. Lo que no cuenta el demandante es que hay evidencia de que su demanda está siendo financiada por el mafioso alias “Maracuyá”. Absurdamente lo más probable es que condenen al Estado.

En otro caso, la multinacional minera Red Eagle Exploration Limited demandó al Estado por medio billón de pesos por la prohibición de actividades mineras en el páramo de Santurbán. En un reciente fallo de un Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial no se encontró culpable a Colombia pero sí nos puso a pagar casi 12 mil millones de pesos por concepto de costas procesales.

Vale la pena recordar que por la misma protección del páramo de Santurbán otra multinacional canadiense, Eco Oro, también demandó y derrotó a Colombia en otro Tribunal del CIADI. A la fecha no se conoce el monto de la indemnización que se deberá pagar, pero esta puede superar los 2 billones de pesos, monto solicitado por la empresa demandante.

Increíblemente en estos últimos dos casos la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- ha celebrado las costosas decisiones de los tribunales, alegando que no se dio plena validez a los argumentos de las empresas. Colombia: el país del mundo al revés.

Organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité en Defensa del Páramo de Santurbán cuestionan la visión conformista de la ANDJE. Además, insisten en solicitarle al gobierno de Petro que, en coherencia con su mandato de cambio, se retire del CIADI y denuncie todos los tratados de protección de inversiones.

El camino que proponen estas organizaciones es el que acaba de emprender Honduras. Esta ruta persigue la defensa de la soberanía nacional, las finanzas públicas y preservar el derecho de los Estados a regular múltiples asuntos sin estar sometidos al terror de multimillonarias demandas internacionales.

Decisiones como las sugeridas por las organizaciones de derechos humanos o la de Honduras no son caprichos . Con gran rigor académico, los profesores Prieto-Ríos y Urueña

han aportado a los debates contemporáneos de derecho internacional económico

identificando que:

“El régimen de protección internacional de inversiones extranjeras es probablemente el sistema más cuestionado, ya que se urigen ha sido enmarcado en el más agresivo expansionismo imperialista, mientras que el sistema de solución de disputas inversionista-Estado ha sido sistemáticamente cuestionado como sesgado a favor del inversionista poco transparente en su proceso de toma de decisiones, incoherente e impredecible”.

Desafortunadamente el gobierno no da luces de seguir el ejemplo hondureño, de las exigencias de organizaciones sociales o las recomendaciones académicas. Por el contrario, Petro ha suscrito nuevos mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado en dos tratados adicionales, uno con Emiratos Árabes y otro con Venezuela. Además, negocia uno semejante con Catar.

Aunque estos nuevos tratados puedan contener algunas protecciones mayores para el Estado en materia ambiental o que los tribunales no se constituyan en el CIADI del Banco Mundial, que persista la idea de que el modelo a seguir es el de tribunales de arbitraje inversionista-Estado es el gran error.

Los gobiernos de izquierda de Colombia y Venezuela pierden una oportunidad histórica para construir nuevos y verdaderos paradigmas, distintos a los usados por las potencias del norte global, en materia de promoción de cooperación y promoción de inversiones.

A la fecha Colombia tiene activos 15 litigios internacionales de inversión con pretensiones de casi 60 billones de pesos, si el gobierno no denuncia dichos tratados la avalancha de demandas será catastrófica. Más aún si persiste en decisiones como la intervención a Sanitas – Keralty de España- o la suspensión de la licitación de pasaportes -Thomas Greg & Sons de Reino Unido-.

Los tribunales internacionales, impredecibles pero usualmente favorables para las multinacionales, seguirán desangrando las finanzas del país.

Nota: En enero salió de la ANDJE una de las funcionarias que más insistió en ver como victorias las derrotas de Colombia en los tribunales y que defendió la permanencia del país en los modelos de solución de controversias inversionista-Estado. Los medios la presentaron como una gran pérdida para el país. Colombia: el país del mundo al revés.

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¿Cuál es el mandato popular?

Ante cada revés en la agenda del gobierno, Petro acude a la idea del “mandato popular” que en las urnas lo llevó a la presidencia. Según el presidente su gestión de cambio no avanza porque otras instituciones del Estado o poderes privados desconocen el querer del pueblo. 

El mandato popular está expresado en el programa de gobierno presentado por Gustavo Petro y Francia Márquez y se complementa con los compromisos adquiridos en campaña. Sin embargo, el mandato popular no puede ser interpretado al capricho diario del presidente, mucho menos puede ser patente de corso para equivocarse sin asumir consecuencias.

En campaña presidencial Petro reiteró, literalmente hasta el cansancio, que no convocaría a una asamblea nacional constituyente. Es más, cada que respondía a ese cuestionamiento tajantemente concluía: “Nosotros no necesitamos cambiar la Constitución para cambiar al país. Con la Constitución del 91 se puede cambiar al país”. 

Por descartar ideas como la de la constituyente Petro logró el respaldo de buena parte del centro, e incluso de la izquierda, determinantes para derrotar a Rodolfo Hernández. Así, la ruidosa propuesta constituyente representa lo contrario al mandato popular.

Afortunadamente la convocatoria de una constituyente carece de cualquier posibilidad. Para que se convoque al pueblo a decidir realizar o no una constituyente Petro necesitaría que las esquivas mayorías del Congreso le aprueben una ley convocante.

Ahora bien, en el hipotético caso de que se encontraran las mayorías del Congreso para abrirle paso a la constituyente, el presidente necesitaría más de dos millones y medio de votos adicionales a los que lo apoyaron en la segunda vuelta de 2022. No sólo sería difícil conseguir esos votos nuevos sino mantener los 11.3 millones que obtuvo hace casi dos años, defraudados por la mala gestión y los crecientes escándalos de corrupción.

Pero la propuesta de la constituyente no es la única contradicción del gobierno al mandato popular.

Ni una sola persona que votó por Petro quería que la transformación del sistema de salud incluyera regalarle por ley 8 billones de pesos anuales a las nuevas EPS, que ahora tendrán menos responsabilidades en el sistema. Regalo que está redactado en el texto de reforma a la salud tras las negociaciones entre el gobierno con los partidos de la U, Liberal y Conservador.

El mandato popular tampoco avaló continuar con malos tratados comerciales que incluyen someter al país a tribunales de arbitraje internacional. Petro, sin renegociar los TLC como prometió, ya firmó un acuerdo semejante con Emiratos Árabes, otro con Venezuela y negocia uno con Catar. Sindicatos, organizaciones de derechos humanos y academia han cuestionado este incumplimiento al mandato.

El pueblo también votó por el presidente que cambiaría el enfoque de la política de lucha contra las drogas promovida por las potencias del norte. Desafortunadamente, mientras presenta discursos críticos sobre el tema ante la ONU, este gobierno promueve la construcción de una estación guardacostas en Gorgona. Aunque el Partido Comunista Colombiano lo niegue sin sonrojarse, el proyecto militar es completamente funcional a la política antinarcóticos de EEUU, como lo ratifica el embajador de ese país en Colombia.

Y de ninguna manera el mandato popular facultó al presidente Petro a reunirse a escondidas, y con fines que a hoy siguen siendo desconocidos, con la ex Fiscal Martha Mancera, cuestionada por encubrir al narco fiscal Pacho Malo.

Es altamente cuestionable pensar que el mandato popular le concede al presidente realizar acuerdos con las familias Sarmiento o Gilinski, Grupo Aval y Revista Semana, respectivamente. Por lo mismo, no sorprende que Luis Carlos Sarmiento, lejos de actuar como la oposición uribista, conceda que la  reforma “pensional tiene cosas buenas y unas no tan buenas”. 

El mandato también está defraudado ante el olvido y la desidia para financiar la ciencia, tecnología e innovación. El presidente pasó de prometer “financiar robustamente” al Ministerio de Ciencias a asignarle el presupuesto más bajo en 15 años. Peor que Santos y Duque.

Y la lista podría seguir.

La semana pasada el presidente de Chile, Gabriel Boric, le concedió una entrevista a El País. Boric llega a dos reflexiones sobre las que nuestro gobierno debería meditar. Primero, que “la izquierda en América Latina ha tenido la tendencia de no hacerse cargo de sus propios errores”. Segundo, ante las derrotas de la agenda de gobierno “uno tiene que saber adecuarse, ha de tener cintura, manteniendo una coherencia con los principios”.

En vez de tergiversar a su antojo el mandato de cambio, o enquistarse en sus dogmas, a Colombia le haría bien que el primer gobierno de izquierda asumiera sus errores y supiera buscar apoyos en sectores de centro y centro izquierda. Sin regalarse a las maquinarias pero sin exagerar en la inmediata materialización de utopías.

Jennifer Pedraza

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien se ha convertido en una de las principales voces de la Cámara de Representantes, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene este semestre para las reformas sociales.

Además, cuestionó el respaldo del presidente Gustavo Petro a Hollman Morris y dijo que se está gobernando con las mismas prácticas que tanto criticaban de los partidos tradicionales.

¿Qué cree que viene para la reforma de la salud en el Senado?
Creo que el Gobierno tiene un panorama un poco más difícil en el Senado. Sin embargo, no sé qué pensar porque cuando se inició el trámite de la reforma en Cámara creía que el panorama era difícil para que se aprobara la reforma y terminó aprobándose con los mismos métodos que usaban los gobiernos anteriores.

¿A qué se refiere?
El Gobierno tiene una relación transaccional con el Congreso. No sé si esto se vaya a replicar en el Senado pero sé que voces importantes de la Alianza Verde, como Fabián Díaz, van a tener una posibilidad de incidencia clave en la ponencia de la reforma de la salud. Ojalá se tengan en cuenta las preocupaciones y críticas que desde la Cámara de Representantes dejamos muy bien planteadas. Además, el ministro de Salud ha venido aceptando que tienen sustento, como decir que van a tramitar una reforma tributaria para poder financiar los gastos del sistema.

¿Y en cuanto a la laboral?
Me parece que es en varios aspectos positiva, siempre y cuando se acompañe de una política industrial y de protección y de acompañamiento al empresariado colombiano, especialmente al micro, pequeño y mediano empresario. Eso me parece muy importante. Si la reforma no tiene ese componente, se queda coja. Recordemos que este gobierno hundió en la reforma tributaria nuestra propuesta para que hubiese una tarifa diferencial del impuesto de renta para las pequeñas y medianas empresas. Negó medidas que eran salvavidas para estas. De manera que es difícil decirles que “no los apoyamos en nada y, además, acá van un montón de responsabilidades que ustedes tienen que asumir con sus trabajadores y si lo logran bien y si no quiebren, ustedes verán qué hacen”. Creo que debe de haber una prioridad muy marcada para el fortalecimiento del empresariado colombiano.

También seguirá el trámite de la ley estatutaria de la educación. ¿Qué opina de esta?

No es una reforma como tal, porque es una ley nueva, pero es una ley de particular interés mío y de la juventud y del movimiento estudiantil. Es una ley que reconoce la educación como derecho fundamental pero tenemos que estar muy atentos y atentas de que no terminen colgándole muchas arandelas en el marco de la negociación política y que terminen desdibujando el objetivo del proyecto.

Cambiando de tema, este año volvió la polémica alrededor de la figura de Hollman Morris. ¿Por qué sigue en el Gobierno no obstante a los llamados del movimiento feminista? ¿El Gobierno le está dando la espalda al feminismo?
El mensaje que deja el Gobierno con el tema de Hollman Morris es que el eslogan de que “el cambio es con las mujeres” se quedó solamente en un eslogan de campaña. Pero, para nada es un principio a la hora de tomar decisiones por parte de este gobierno. Las víctimas de Hollman Morris no solamente lo han denunciado a él por acoso sexual o acoso laboral o malos tratos. También han denunciado que son víctimas de persecución y hostigamiento físico y digital. El hecho de que el presidente Petro se lleve a Hollman Morris a Davos es una cachetada en la cara a las víctimas. Además, se presenta en un contexto de violencia cada vez más crítico contra nosotras. Empezamos el año con un feminicidio a punta de machete en el Valle del Cauca, un intento de feminicidio con el mismo método, feminicidios en varias regiones del país. Se suponía que Petro había prometido que iba a haber una lucha cultural decidida contra el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia contra las mujeres…

¿Y qué pasó?
Eso no es coherente con el hecho que el Gobierno siga nombrando y protegiendo a hombres denunciados por violencias basadas en género y que siga acumulando el poder político en ellos. A mí mucha gente me dice: ¿pero ustedes qué quieren? ¿Quieren que entonces si hay un hombre que cometió un error que lo aparten de la sociedad y que nunca más pueda volver a trabajar? No es lo que yo pido, ni lo que pide el movimiento feminista. Pedimos que haya un reconocimiento y un proceso de reparación a las víctimas, una autocrítica, una garantía de no repetición, entre muchos otros mecanismos de reparación que las víctimas deciden y solicitan. Pero en el caso de Hollman Morris, de Víctor de Currea-Lugo, de Fabián Zanabria, que son todo este combito de hombres que se las dan de progresistas pero que quieren cambiar todo el sistema, excepto el patriarcado y la violencia contra nosotras, lo que ellos han hecho es revictimizar, descalificar a las víctimas, restarles credibilidad en la opinión pública, hostigarlas digitalmente. Y es lamentable que el Presidente se sume a estas prácticas.

¿Qué opina usted de la figura de la primera dama?
Creo que Verónica Alcocer es una exponente más de la política tradicional de Colombia. Y creo que la figura de la primera dama no debería de existir en Colombia. No debería de existir. Es una figura que desconoce que las mujeres tenemos un desarrollo, un desempeño profesional completamente separado del de nuestras parejas y que le entrega poder político a una persona por la que nadie ha votado en Colombia. Ni si quiera estoy de acuerdo en que la primera dama tenga responsabilidades en lo que tiene que ver con el sistema de Bienestar Familiar. Me parece que esa es una herencia de un modelo político muy lejano ya en términos de contexto, de la historia y lo que ha servido es para que sea la caja menor de la historia del presidente a través de la cual se hace politiquería con la política tradicional, que es lo que ha venido haciendo Verónica Alcocer.

Se perdieron los Juegos Panamericanos. ¿Qué análisis hace?
Para mí, es muy contundente el hecho de que la ministra del Deporte siga en su cargo. Eso no tiene ningún tipo de presentación y lo que a mí me hace pensar es que la decisión de no hacer los Juegos Panamericanos fue una decisión del Presidente. La responsabilidad política es del Presidente. Si fuera individualmente sobre la ministra del Deporte, no habría nada qué justificar a que ella estuviera en el cargo. Así que, para mí, esto es una pésima noticia. Colombia deja de recibir millones de dólares en inversiones, pero no solo eso, también de ofrecer infraestructura y oportunidades para los deportistas. Fue una decisión deliberada del presidente Gustavo Petro.

Se suponía que Petro había prometido que iba a haber una lucha cultural decidida contra el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia contra las mujeres

¿Por qué lo dice?
Al Presidente le pareció que los Juegos eran muy caros, pero no quiso asumir esa decisión Política. El contrato tiene establecido que la platica que se pagó se perdió. Aquí puede haber un detrimento patrimonial contra Barranquilla y el Atlántico, que precisamente asumieron esos gastos iniciales y que nadie les va a devolver esa platica.

Con este movido inicio de año, ¿qué más podemos esperar?
Voy a ser muy franca. Tengo una preocupación y es que, como el gobierno del presidente Petro para mí, para muchas y para muchos ha sido decepcionante, partidos tradicionales como el Centro Democrático y Cambio Radical se presenten ahora como la gran alternativa a la política colombiana.

¿A qué se refiere?
Realmente, no lo son. Al mismo tiempo que estas decepciones están pasando con Petro, al mismo tiempo están metiendo a la cárcel a Ciro Ramírez (Centro Democrático), a congresistas de los partidos tradicionales, se fugó el exdirector del DPS. Es decir, aquí lo que ha pasado es que se está reproduciendo lo mismo que criticábamos en gobierno anteriores. Pero la alternativa no puede ser volver a esos mismos partidos. Siento que nuestro papel, como nuevas generaciones en política, es ofrecer otros caminos que no sean ni volver al Centro Democrático ni a los tradicionales, ni tampoco al Pacto Histórico, que prometió una transformación que no ha cumplido.
Para terminar, ¿qué opina del llamado del presidente Petro para que el Pacto se una para ganar las elecciones? ¿No le queda mucho de para estar ya pensando en campaña?
El presidente Gustavo Petro trinó sobre las elecciones del 2026 mientras Santander estaba en llamas, mientras se incendiaban los cerros orientales de Bogotá ante la inacción y ante la falta de prevención del Gobierno de los efectos del fenómeno del niño y de los incendios forestales. Para mí, esta es la prueba más evidente de que el problema no es que Petro esté hablando de política, él tiene todo el derecho de hacerlo. El problema es que hoy no está cumpliendo con lo que prometió en el 2022. ¿Por qué no, mejor, se pone a ver sus videos de campaña en el 2022 para que vea qué prometía y evalúe si lo está cumpliendo hoy? Estoy segura de que se asusta.

¿Por qué?
Estoy segura de que se asusta de lo incoherente y lo demagógico que ha sido su gobierno. Si está tan preocupado por las elecciones del 2026, la mejor forma de competir en cualquier elección es cumplir lo que prometió y eso es todo lo contrario a lo que ha venido haciendo su gobierno.

¿Entonces?
El Presidente debería de estar pensando en gobernar hoy, hacerlo bien, cumplir lo que prometió, separarse de la política tradicional, que es lo más decepcionante, para mí, de este gobierno. Si le hubieran dicho a la gente que iban a gobernar con toda la política tradicional, con toda la gente a la que antes le decían que hacía parapolítica, estoy segura de que no ganan las elecciones. No me molesta que esté pensando cómo ganar las elecciones del 2026, obviamente todos los presidente lo hacen, pero de ahí a que eso impida ejecutar, como le pasó a este gobierno, que es la menor ejecución en los últimos 10 años, creo que hay una falta de visión política y de cumplir el mandato social de cambio que hubo y que el pueblo le dio a él y que hoy se está pasando por la faja

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¿De dónde viene la reforma tributaria?

Carlos Acero*

Le queda mal a un gobierno de izquierdas o alternativo validar sus iniciativas usando de referencia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- o cualquier otra organización financiera internacional. La OCDE, semejante al Fondo Monetario Internacional –FMI- y al Banco Mundial -BM-, hace parte de la estructura internacional de organizaciones de corte neoliberal que el mandato popular rechazó en las últimas elecciones presidenciales. Ahora bien, siempre he sostenido que la OCDE opera de manera mucho más sofisticada en comparación a otras organizaciones internacionales[1].

Aunque poco se estudie -incluso en la izquierda- hay que entender las diferencias entre las formas de operar de cada organización. Si bien no nacieron con ese objetivo, el BM  y el FMI implementaron los Planes de Ajuste Estructural para constreñir a los países no desarrollados. A cambio de recursos económicos –usualmente mediante crédito-, le exigían a estas naciones reformas estructurales de corte neoliberal, que implicaban reducción del gasto público y de la participación del Estado en la economía, privatizaciones, aumento del endeudamiento, entre otras[2]. La evidencia demuestra que, contrario a ser planes para el crecimiento del mundo subdesarrollado, perjudicaron a las naciones que los implementaron[3].

A pesar de ser prima de las anteriores[4], la OCDE no funciona a través de constreñimiento mediante recursos. Esta organización, en términos generales, actúa mediante coincidencias ideológicas. La excepción a la regla ocurre cuando un país, usualmente no desarrollado, realiza su proceso de ingreso a la organización, proceso que transitó Colombia y donde el constreñimiento sí existe.

Por esos días Colombia firmó, sin posibilidad alguna de disentir en una coma, siete tratados internacionales; adoptó mecanismos de privatización blandos como sacar a delegados del gobierno de juntas directivas de empresas públicas o mixtas; promovió políticas públicas para financiar la educación vía Icetex ; echó para atrás el control de precios a los medicamentos, condición impuesta por las grandes farmacéuticas y el gobierno de EE.UU.; entre otros. Por lo mismo, sigo sosteniendo que Petro cometió un grave error al votar a favor del ingreso de Colombia a la OCDE.

Ahora bien, tras el ingreso del país a la OCDE el constreñimiento se reduce y la adopción de parámetros pasa a depender de la identidad ideológica. Desde entonces sí es posible hablar de meras recomendaciones, así muchas de esas no nos gusten. A ello se suma que la OCDE constantemente realiza apreciaciones sobre las iniciativas de los países, saludándolas o no, sin que ello tenga mayores consecuencias.

En estos días la OCDE saludó la propuesta tributaria de Petro y Ocampo. A diferencia de las reformas tributarias de Duque[1], la de Petro y Ocampo no fue redactada por las organizaciones internacionales neoliberales. La exposición de motivos de la reforma actual tampoco indica, como aquellas, que ese sea su origen y el contenido integra sendos temas que coinciden con valoraciones de sectores que no acompañaban al gobierno Duque, empezando porque no toca el IVA.

De manera semejante, como precisó el economista Diego Cortés[2], en 2020 la bancada opositora al gobierno de Duque, incluyendo a Dignidad, presentó una reforma tributaria que proponía incrementar impuestos a los dividendos, establecer un impuesto al patrimonio y eliminar beneficios tributarios[3]. Estos elementos de la reforma son evidentemente progresistas, necesarios para avanzar en una agenda de desarrollo nacional, y sobre todo afines a la idea de financiar al Estado colombiano cada vez más con impuestos directos. Que en otros momentos el FMI haya coincidido con incluir estos elementos no quiere decir que la reforma haya sido escrita por éste, ni que estos sean incorrectos, y mucho menos que la bancada opositora -en ese momento- hubiese cedido su pluma a los funcionarios del FMI.

Muchas cosas se pueden criticar de esta reforma desde posiciones de izquierda. Por lo mismo, la Representante a la Cámara Jennifer Pedraza ha presentado quince proposiciones para modificar o eliminar lo inconveniente de la reforma, por ejemplo, incluir tarifa de renta diferencial para personas jurídicas.

La reforma viene de economistas del Ministerio de Hacienda, la mayoría no ortodoxos. Ensucia el debate, el riguroso y honesto, señalar que el saludo de la OCDE a la tributaria es igual a adoptar el contenido neoliberal que promueve dicha organización o que provenga de allá.

[1] Comisión de expertos OCDE – DIAN durante gobierno Duque: https://www.dian.gov.co/dian/Paginas/OCDE-CEBT.aspx

[2] Ver: https://twitter.com/DiegoCortesV/status/1567404602584186880

[3] “Por medio de la cual se modifica el decreto ley 568 de 2020 “por el cual se crea el impuesto solidario por el covid 19, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica dispuesto en el decreto legislativo 417 de 2020”.” Disponible en: https://www.camara.gov.co/impuesto-solidario-covid-19

[1] Acero Castellanos, Carlo Mario. OCDE : herramienta de distribución de recursos en la globalización neoliberal : el caso de la reforma a la educación superior en Colombia. Repositorio Institucional Séneca, Universidad de los Andes. 2018.

[2] CHANG, Ha-Joon. Economía para el 99% de la población. Barcelona: Editorial DEBATE, Penguin Random House Grupo editorial. 2015. p. 94.

[3] Ibídem.

[4] OCDE. A strategy for enlargement and outreach. Report by the Chair of the Heads of Delegation Working Group on the Enlargement Strategy and Outreach, Ambassador Seiichiro Noboru. 2004. p 10.

[5] Comisión de expertos OCDE – DIAN durante gobierno Duque: https://www.dian.gov.co/dian/Paginas/OCDE-CEBT.aspx

[6] Ver: https://twitter.com/DiegoCortesV/status/1567404602584186880

[7] “Por medio de la cual se modifica el decreto ley 568 de 2020 “por el cual se crea el impuesto solidario por el covid 19, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica dispuesto en el decreto legislativo 417 de 2020”.” Disponible en: https://www.camara.gov.co/impuesto-solidario-covid-19

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La protesta acompaña a la democracia

Carlos Mario Acero Castellanos*

El llamado y sus críticos

El «balconazo» de Petro del primero de mayo fue criticado por pedir movilización social para apoyar sus reformas. No se sabe si la estrategia del presidente funcionará.

Hay que hablar, sin embargo, sobre cómo la movilización social puede influir en el progreso político y constitucional de las democracias.

Algunos líderes gremiales y políticos, incluyendo miembros del Pacto Histórico, no han visto con buenos ojos el llamado a la movilización. Por ejemplo, María Claudia Lacouture,  presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana y ex ministra de Comercio en el gobierno Santos, cree que las acciones en las calles debilitan la democracia y dificultan el acuerdo.

Por otro lado, Roy Barreras, presidente del Congreso y miembro del Pacto Histórico, ha dicho que la movilización social es innecesaria y que la presión en las calles no debería afectar al Congreso. Según él, “La agitación social puede convertirse en agitación violenta… los colombianos más vulnerables, los campesinos, los indígenas, los obreros, las madres cabeza de familia necesitan es soluciones”.

Es importante notar que las apreciaciones de Lacouture, Barreras y otros, están en contravía de la Constitución. Según la Carta del 91, las calles son un escenario legítimo de expresión política en democracia.

Para algunos sectores importantes del país, la movilización social es una forma de desinstitucionalización y, en algunos casos, incluso se la asocia con la dictadura.

Foto: Alcaldía de Bogotá – En 2018 el movimiento estudiantil logró que el Gobierno Duque se comprometiera con un aumento de transferencias para la financiación de las universidades públicas.

La protesta nutre a la democracia

La desobediencia civil fue un elemento común a las revoluciones de independencia en todo el continente americano. Ejemplos incluyen el Boston Tea Party en 1773, una protesta contra el aumento de impuestos al té por parte de la corona británica, y el episodio del florero de Llorente en Sante Fe en 1810. Estas protestas fueron parte de los esfuerzos iniciales para establecer Estados democráticos.

El reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres no fue otorgado por los hombres como un acto de gracia o benevolencia. En el Reino Unido, los movimientos de sufragistas lucharon durante casi un siglo, desde la década de 1820, para obtener el derecho al voto. Estas luchas fueron acompañadas de manifestaciones masivas y frecuentes episodios de represión y encarcelamiento.

El derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas está arraigado en la mayoría de los países del mundo, y muchas leyes avanzan hacia la igualdad de género.

Para no ir más lejos, en 2018, el movimiento estudiantil en Colombia logró que el gobierno Duque prometiera un aumento histórico en las transferencias para las universidades públicas. Esta política fue incluida en la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, junto con un compromiso para reformar integralmente el ICETEX.

La historia mundial está plagada de ejemplos de protestas que han logrado garantizar derechos y promover la apertura democrática.

Un derecho fundamental

Es importante notar que las apreciaciones de Lacouture, Barreras y otros, están en contravía de la Constitución. Según la Carta del 91, las calles son un escenario legítimo de expresión política en democracia.

El artículo 37 de la Constitución señala que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Este fue un cambio deliberado y toda vez que la Constitución de 1886 protegía apenas el derecho a la reunión.

El derecho a la protesta es de carácter fundamental y garantiza otros derechos constitucionales, como la libertad de locomoción, de asociación y de participación ciudadana.

En la sentencia C-472 de 2012, la Corte Constitucional explicó que el propósito de la protesta es “llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre un problema específico y sobre las necesidades de ciertos sectores, en general minoritarios, para que sean tenidos en cuenta por las autoridades”.

Ahora bien, la Corte también resalta que para que la movilización social esté en armonía con la ley debe desarrollarse “mediante un actuar pacífico y sin armas”. “Actuar pacífico” que es condición necesaria para su legitimidad legal y social, sin descontar que lo normal de la movilización es causar cambios en la rutina de la sociedad.

En resumen, el contenido e interpretación constitucional del derecho a la protesta ofrece dos conclusiones: (1) la protesta no es contraria a la democracia, es una herramienta más dentro de las reglas de juego de la democracia; y (2) mandatarios y congresistas antes que estigmatizar, deben estar dispuestos a someterse al escrutinio democrático de las calles.

La independencia del movimiento social

Colombia necesita cambios profundos que van más allá del programa y el período de un presidente. Además, muchas causas no se pueden atribuir completamente al programa de un determinado gobierno.

El llamado a la protesta social debe ser independiente del gobierno. Por ejemplo, los movimientos universitarios, feministas y ambientales no han sido una prioridad para el gobierno actual y el Congreso, aunque puedan tener algunos propósitos en común.

Durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, algunos congresistas tuvieron dificultades para incluir una solicitud de reforma de la Ley 30 de 1992, que regula la financiación estatal de las universidades públicas. Además, los sectores más conservadores del Congreso redujeron las reivindicaciones de una política de derechos sexuales y reproductivos. Finalmente, el llamado para crear mecanismos de revisión integral de los TLC, que ponen en riesgo los derechos humanos y ambientales, ni siquiera se discutió.

Sería desafortunado para la democracia y para las causas que persiguen estos sectores que sus agendas de cambio se aplazaran o desvanecieran debido a una fe ciega en el gobierno de turno.

“El llamado a la protesta social debe ser independiente del gobierno. Por ejemplo, los movimientos universitarios, feministas y ambientales no han sido una prioridad para el gobierno actual y el Congreso, aunque puedan tener algunos propósitos en común.”

Invitaciones de la protesta social

Los balconazos de Petro tienen un efecto inmediato, pero también nos permiten hablar sobre la relación entre la protesta social y la democracia constitucional. Seguramente la discusión admita otras reflexiones que pueden complementar las siguientes invitaciones:

  • Todos en Colombia deberíamos entender que la protesta social es una expresión legítima y constitucional, y no apenas un factor de desinstitucionalización antidemocrática.
  • Reconocer los casos exitosos de protestas sociales que han logrado garantizar derechos y abrir espacios democráticos.
  • Cuando ejercemos el derecho a la protesta, se necesita hacerlo de manera pacífica para que más personas puedan entender y apoyar las causas de los movimientos que las abanderan.
  • Los movimientos sociales deben mantener su independencia y seguir luchando por sus agendas, incluso frente a gobiernos que consideran amigos o en los que confían más.

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¿El gobierno Petro renegociará los TLC?

Carlos Mario Acero Castellanos*

La apuesta sale mal

A principios de siglo Colombia se montó en la ola de los Tratados de Libre Comercio (TLC).

En esa época comentar sobre la inconveniencia de los acuerdos constituía una especie de herejía. Pero los resultados en materia comercial y los efectos sobre la capacidad regulatoria del Estado ahora le dan la razón a quienes se atrevieron a poner en duda la utilidad de esos tratados.

Las cifras no mienten. La firma de los principales TLC fue un error por parte de Colombia. Para comenzar, las balanzas comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea se deterioraron de manera drástica. De un momento a otro, después de firmar los acuerdos, la economía pasó de superávits —cuando los ingresos superan a los gastos— a déficits alarmantes.

En el caso con Estados Unidos, pasamos de un superávit de 8,244 millones de dólares en 2012 a un déficit de 1.871 millones en 2021, mientras que frente a la Unión Europea pasamos de un superávit de 1,053 millones de dólares a un déficit de 2.685 millones en 2021.

Estas cifras se han traducido en desempleo, debilitamiento del aparato productivo agrícola e industrial, y rezago en la economía.

Además del ese fracaso comercial, están los más de 60 billones de dólares por los cuales Colombia podría ser condenada en Tribunales de Arbitraje Internacional, gracias a las demandas de inversionistas extranjeros. Esto sería gravísimo porque tendríamos que pagar esas cifras astronómicas y el Estado perdería la capacidad de regular asuntos ambientales, laborales, humanos o industriales por temor a recibir más demandas.

Las cifras no mienten. La firma de los principales TLC fue un error por parte de Colombia. Para comenzar, las balanzas comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea se deterioraron de manera drástica. De un momento a otro, después de firmar los acuerdos, la economía pasó de superávits —cuando los ingresos superan a los gastos— a déficits alarmantes.

Por eso la propuesta de revisar y hasta de renegociar los TLC fue un pedido a gritos por parte de la ciudadanía. Muchos coincidieron con las propuestas de los candidatos presidenciales de la Coalición de la Esperanza y con la propuesta presentada por el actual presidente.

Foto: Twitter: Germán Umaña – La ruta del gobierno para la revisión de los tratados comerciales no es clara; en medios el ministro Germán Umaña ha expresado que no se está renegociando ningún tratado. Sin embargo, en el Congreso ha expresado la posibilidad de abrir estos escenarios.

Renegociar: la propuesta de Petro

El programa de gobierno Petro afirmó: “Renegociaremos los Tratados de Libre Comercio y mejoraremos la posición de Colombia en el comercio internacional y las cadenas mundiales de valor. Serán de especial atención las cláusulas de protección a la inversión de estos tratados que atentan contra la productividad, el empleo y la naturaleza.”

Actualmente el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT) adelanta acciones de revisión de los acuerdos con Estados Unidos, la Unión Europea y México. En lo que respecta a los tratados con Estados Unidos y la Unión Europea han venido sesionado los comités de balances sobre los siguientes temas: Asuntos sanitarios y fitosanitarios, comercio agrícola, obstáculos técnicos al comercio, asuntos ambientales y desarrollo sostenible.

Con Estados Unidos estamos especialmente interesados en abrir comités sobre comercio de mercancías, comercio de textiles y vestido, capacidades comerciales, servicios profesionales, reglas de contratación pública y mecanismos de protección de inversiones. Por otro lado, frente al tratado con la Unión Europea, hay comités sobre acceso a mercados, aduanas, facilitación y reglas de origen y propiedad intelectual.

¿Cuál será el procedimiento?

La ruta del gobierno para revisar o renegociar los tratados comerciales sigue sin ser clara, al menos para la opinión.

En múltiples oportunidades el MinCIT, Germán Umaña, ha dicho que no se está renegociando ningún tratado. Pero en una reunión en el Congreso el ministro señaló que el proceso de identificación de balances y desbalances de los acuerdos comerciales es una primera etapa. Lo que da a entender que posteriormente se podrían abrir escenarios formales de revisión.

También, el viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero, en comunicación escrita afirmó que “una vez finalice este ciclo de reuniones, se convocará a la Comisión de Libre Comercio —del TLC con EE.UU.—, máxima instancia de administración del [TLC]”. No obstante, agregó: “se puede inferir que, al menos por ahora la intención es revisar y procurar la realización de los ajustes requeridos dentro de los ya previstos en los mecanismos de los acuerdos, sin necesidad de recurrir a enmiendas a los mismos”.

Por tanto, a pesar de las buenas intenciones, el MinCIT no brinda luces alentadoras sobre cuáles son las etapas del proceso de revisión y los alcances que pueden llegar a tener en un futuro.

¿Cómo avanzar con éxito?                                                                               

Para finalizar hay que mencionar que la revisión de los TLC requiere de la participación ciudadana. Es lo más conveniente para no repetir las desventajosas negociaciones anteriores.

En el marco de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, el Comité en defensa de Santurbán, junto a otras organizaciones sociales, encontraron respaldo en más de 50 congresistas para agregar un artículo que crearía una comisión que integre a los actores sociales en el proceso de revisión integral de los tratados.

El ministro Umaña asegura que la revisión requiere consulta y apoyo de la sociedad civil, pero el gobierno todavía no avala esta propuesta para ser incluida en el Plan de Desarrollo.

Para darle un vuelco a los TLC a favor de los intereses nacionales es esencial consultar la opinión de los sectores empresariales, sindicatos, académicos, organizaciones ambientales y de derechos humanos.

En un país desindustrializado y empobrecido por la política de libre comercio es saludable que estemos avanzando hacia la revisión integral de los TLC. También es positivo que por primera vez el MinCIT reconozca que existen desequilibrios en estos acuerdos internacionales que afectan al país.

Pero para que Colombia pueda recuperar su capacidad soberana y diseñar políticas regulatorias para la reindustrialización y la defensa de los intereses de la gente se necesita un gran acuerdo entre gobierno y sociedad civil.

En un país desindustrializado y empobrecido por la política de libre comercio es saludable que estemos avanzando hacia la revisión integral de los TLC. También es positivo que por primera vez el MinCIT reconozca que existen desequilibrios en estos acuerdos internacionales que afectan al país.

Es útil mencionar que la gran propuesta de libre comercio del gobierno Biden en el hemisferio es el Acuerdo para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP).

Muchos piensan que es la reedición de la fracasada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), antecesora de los TLC, que buscaba una única zona multilateral de libre comercio en el continente y que fue rechazada por los gobiernos latinoamericanos de izquierda en los 2000.

Al respecto, el MinCIT sostiene que “al momento (sic) no se contempla iniciar un proceso de negociaciones de un tratado o acuerdo comercial con los países vinculados al APEP”. Una posición coherente que, a juzgar por los resultados de los TLC, nos conviene mantener.

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La inversión extranjera bajo los TLC: un mal negocio para Colombia

Ya era hora de evaluar sus resultados

Durante la primera década de este siglo aumentaron los tratados económicos entre Colombia y otros países del mundo.  Muchos incluyeron capítulos de protección de derechos de inversión, que hoy asfixian con demandas internacionales multimillonarias a la región y a Colombia.

Entre 2000 y 2010 Colombia negoció este tipo de tratados con España, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Chile, Salvador, Guatemala, Honduras, Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. Otros tantos se negociaron en la segunda década.  Es momento de evaluar los efectos que dichos acuerdos han tenido en el desarrollo económico y social del país.

Actualmente el Ministerio de Comercio adelanta revisiones de los acuerdos con Estados Unidos, la Unión Europea y México, incluyendo la revisión de los mecanismos de solución de controversias inversionista – Estado (ISDS, por sus siglas en inglés). A su vez, tanto en Colombia como en Estados Unidos la sociedad civil adelanta iniciativas para eliminar estos mecanismos de los diversos tratados regionales.

Lea en Razón Pública: El tratado bilateral de inversión entre Colombia y Venezuela

¿Qué son los mecanismos ISDS?

Los mecanismos ISDS son instancias jurisdiccionales acordadas por los Estados para tramitar controversias sobre la protección de las inversiones. Permiten a los inversionistas demandar a los Estados, pero no permiten que los Estados los demanden por actuaciones ilegales, corruptas o irresponsables. Las controversias internacionales son asumidas por tribunales que verifican si el ejercicio regulatorio de los Estados lesiona los intereses económicos de los inversionistas.

Si bien existen disposiciones en los acuerdos de protección de inversiones que permiten a los países justificar sus acciones cuando haya motivos de interés público, como la defensa del medio ambiente, dichas disposiciones pueden ser interpretadas como excepciones que, como sostiene el profesor Tamayo-Álvarez, son per se medidas ilegales a la luz del derecho internacional.

Los tribunales que aplican los mecanismos ISDS hacen parte de instituciones internacionales. Los más conocidos son el Centro Internacional de Solución de Controversias (CIADI) del Banco Mundial y otros vinculados con instituciones como la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), la Corte Permanente de Arbitraje (PCA) y la Cámara Internacional de Comercio (CPI).

Si bien existen disposiciones en los acuerdos de protección de inversiones que permiten a los países justificar sus acciones cuando haya motivos de interés público, como la defensa del medio ambiente, dichas disposiciones pueden ser interpretadas como excepciones que, como sostiene el profesor Tamayo-Álvarez, son per se medidas ilegales a la luz del derecho internacional.

Un ejemplo de lo anterior es el caso Eco Oro vs. Colombia. Una empresa canadiense demandó a Colombia por prohibir y delimitar legítimamente la minería en páramos como Santurbán. Si bien el Estado colombiano acudió a las excepciones generales para justificar sus acciones, el tribunal consideró que las medidas ambientales adoptadas por Colombia eran contrarias a las cláusulas del TLC Colombia-Canadá, motivo por el cual el Estado deberá compensar al inversionista.

Los ISDS le cuestan mucho a Colombia

Por decisiones de tribunales de inversión o procesos de conciliación en el marco de la solución de controversias, los países latinoamericanos han pagado compensaciones que ascienden a 28 mil millones de dólares. Mientras tanto, 36 mil millones de dólares están en disputa.

Incluso si ganara los casos, Colombia pierde. Los costos procesales que el país asume son escandalosos: pagamos mínimo 3 millones de dólares por cada pleito.

Si en el continente llueve, en Colombia no escampa. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) contra Colombia se han presentado 34 controversias. Siete procesos ya concluyeron con decisión de fondo. Uno de ellos, Glencore vs Colombia tuvo resultado desfavorable para el país, obligando al Estado a pagar 19 millones de dólares al inversionista. Y estamos a la espera del anuncio de la compensación a pagar en el caso de Eco Oro vs. Colombia.

Descontando los procesos concluidos, Colombia tiene 22 casos activos. En total, los inversionistas de Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido y Suiza reclaman compensaciones por 62,3 billones de pesos, es decir, más de tres reformas tributarias o una y media reforma a la salud. Por lo que ante una avalancha de fallos desfavorables la capacidad de ejecutar reformas sociales se vería reducida.

Los inversionistas de Estados Unidos concentran la mayor cantidad de casos y pretensiones en las 34 controversias contra Colombia. El TLC ha cobijado ocho de estas demandas, dos de las cuales han concluido con éxito para Colombia, cuatro están en trámite y dos se encuentran en etapa pre-arbitral. En cuatro casos no se ha establecido el monto de las pretensiones, pero en las cuatro restantes las aspiraciones de los inversionistas estadounidenses ascienden a 50,5 billones de pesos.

Incluso si ganara los casos, Colombia pierde. Los costos procesales que el país asume son escandalosos: pagamos mínimo 3 millones de dólares por cada pleito.

Hasta este momento, el Estado ha gastado más de 270 mil millones de pesos en costas procesales. Aunque al ganar el litigio los costos suelen asumidos por el demandante, esto no siempre sucede. Por ejemplo, en las demandas de Astrida Benita Carrizosa, Alberto Carrizosa y AFC Investment Solutions, no se recuperaron por completo los recursos invertidos en costas procesales.

Como si fuera poco, los mecanismos ISDS les permitieron a dos empresas corruptas demandar a Colombia. Se trata de Odebrecht, condenada por sobornos en múltiples Estados incluyendo Colombia, y de Uber, empresa que se jacta de su operación ilegal y de crear “tormentas de mierda regulatoria”, como reveló The Guardian con los #UberFiles. Ambos procesos están en etapa pre-arbitral.

La sociedad civil pide cambios

Ante el desalentador panorama de los mecanismos ISDS, en América Latina diversos sectores de la sociedad civil se han organizado para defender los intereses nacionales en materia económica, ambiental y humanitaria.

Por una parte, ONGs como Public Citizen, Institute for Policy Studies-Global Economy Project, Institute for Agriculture and Trade Policy (U.S.) y la Plataforma de América Latina Mejor Sin TLC promovieron la firma de una carta dirigida al presidente Joe Biden para que elimine los ISDS vigentes en las Américas.

Esta iniciativa aprovechó que el mismo Biden dijo que Estados Unidos no debería buscar nuevos acuerdos con mecanismos ISDS y que la renegociación del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá eliminó estos mecanismos salvo, desafortunadamente, en el sector de combustibles fósiles en México.

Por otra parte, desde Colombia se está promoviendo la Coalición de Comunidades Afectadas y Organizaciones Sociales Nacionales e Internacionales que, de manera semejante, promueve la firma de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro para retirar al país de los acuerdos de protección de inversiones con mecanismos ISDS. (La petición puede ser firmada en el siguiente enlace: http://bit.ly/3jIfXxJ)

En palabras de la Coalición, se solicita “al gobierno de Colombia revisar integralmente y retirarse de tratados que permiten demandas de empresas multinacionales mineras como Glencore y las canadienses Eco Oro, Galway Gold y Red Eagle ante tribunales diseñados para favorecer sus intereses incompatibles con los derechos humanos y la protección del ambiente”.

Ante el desalentador panorama de los mecanismos ISDS, en América Latina diversos sectores de la sociedad civil se han organizado para defender los intereses nacionales en materia económica, ambiental y humanitaria.

Claramente, la sociedad civil y diversos sectores políticos se están movilizando para abordar con rigurosidad la necesidad de renegociar los tratados de protección de inversiones y mecanismos ISDS. Esta es una oportunidad para unir al país en defensa de su soberanía, dándole un giro a los malos acuerdos y a las malas inversiones. Petro debe honrar su propuesta de campaña y renegociar este tipo de tratados.

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