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Nombre del autor:Comunicaciones Jennifer Pedraza

¿Cuál es el mandato popular?

Ante cada revés en la agenda del gobierno, Petro acude a la idea del “mandato popular” que en las urnas lo llevó a la presidencia. Según el presidente su gestión de cambio no avanza porque otras instituciones del Estado o poderes privados desconocen el querer del pueblo. 

El mandato popular está expresado en el programa de gobierno presentado por Gustavo Petro y Francia Márquez y se complementa con los compromisos adquiridos en campaña. Sin embargo, el mandato popular no puede ser interpretado al capricho diario del presidente, mucho menos puede ser patente de corso para equivocarse sin asumir consecuencias.

En campaña presidencial Petro reiteró, literalmente hasta el cansancio, que no convocaría a una asamblea nacional constituyente. Es más, cada que respondía a ese cuestionamiento tajantemente concluía: “Nosotros no necesitamos cambiar la Constitución para cambiar al país. Con la Constitución del 91 se puede cambiar al país”. 

Por descartar ideas como la de la constituyente Petro logró el respaldo de buena parte del centro, e incluso de la izquierda, determinantes para derrotar a Rodolfo Hernández. Así, la ruidosa propuesta constituyente representa lo contrario al mandato popular.

Afortunadamente la convocatoria de una constituyente carece de cualquier posibilidad. Para que se convoque al pueblo a decidir realizar o no una constituyente Petro necesitaría que las esquivas mayorías del Congreso le aprueben una ley convocante.

Ahora bien, en el hipotético caso de que se encontraran las mayorías del Congreso para abrirle paso a la constituyente, el presidente necesitaría más de dos millones y medio de votos adicionales a los que lo apoyaron en la segunda vuelta de 2022. No sólo sería difícil conseguir esos votos nuevos sino mantener los 11.3 millones que obtuvo hace casi dos años, defraudados por la mala gestión y los crecientes escándalos de corrupción.

Pero la propuesta de la constituyente no es la única contradicción del gobierno al mandato popular.

Ni una sola persona que votó por Petro quería que la transformación del sistema de salud incluyera regalarle por ley 8 billones de pesos anuales a las nuevas EPS, que ahora tendrán menos responsabilidades en el sistema. Regalo que está redactado en el texto de reforma a la salud tras las negociaciones entre el gobierno con los partidos de la U, Liberal y Conservador.

El mandato popular tampoco avaló continuar con malos tratados comerciales que incluyen someter al país a tribunales de arbitraje internacional. Petro, sin renegociar los TLC como prometió, ya firmó un acuerdo semejante con Emiratos Árabes, otro con Venezuela y negocia uno con Catar. Sindicatos, organizaciones de derechos humanos y academia han cuestionado este incumplimiento al mandato.

El pueblo también votó por el presidente que cambiaría el enfoque de la política de lucha contra las drogas promovida por las potencias del norte. Desafortunadamente, mientras presenta discursos críticos sobre el tema ante la ONU, este gobierno promueve la construcción de una estación guardacostas en Gorgona. Aunque el Partido Comunista Colombiano lo niegue sin sonrojarse, el proyecto militar es completamente funcional a la política antinarcóticos de EEUU, como lo ratifica el embajador de ese país en Colombia.

Y de ninguna manera el mandato popular facultó al presidente Petro a reunirse a escondidas, y con fines que a hoy siguen siendo desconocidos, con la ex Fiscal Martha Mancera, cuestionada por encubrir al narco fiscal Pacho Malo.

Es altamente cuestionable pensar que el mandato popular le concede al presidente realizar acuerdos con las familias Sarmiento o Gilinski, Grupo Aval y Revista Semana, respectivamente. Por lo mismo, no sorprende que Luis Carlos Sarmiento, lejos de actuar como la oposición uribista, conceda que la  reforma “pensional tiene cosas buenas y unas no tan buenas”. 

El mandato también está defraudado ante el olvido y la desidia para financiar la ciencia, tecnología e innovación. El presidente pasó de prometer “financiar robustamente” al Ministerio de Ciencias a asignarle el presupuesto más bajo en 15 años. Peor que Santos y Duque.

Y la lista podría seguir.

La semana pasada el presidente de Chile, Gabriel Boric, le concedió una entrevista a El País. Boric llega a dos reflexiones sobre las que nuestro gobierno debería meditar. Primero, que “la izquierda en América Latina ha tenido la tendencia de no hacerse cargo de sus propios errores”. Segundo, ante las derrotas de la agenda de gobierno “uno tiene que saber adecuarse, ha de tener cintura, manteniendo una coherencia con los principios”.

En vez de tergiversar a su antojo el mandato de cambio, o enquistarse en sus dogmas, a Colombia le haría bien que el primer gobierno de izquierda asumiera sus errores y supiera buscar apoyos en sectores de centro y centro izquierda. Sin regalarse a las maquinarias pero sin exagerar en la inmediata materialización de utopías.

Jennifer Pedraza

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien se ha convertido en una de las principales voces de la Cámara de Representantes, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene este semestre para las reformas sociales.

Además, cuestionó el respaldo del presidente Gustavo Petro a Hollman Morris y dijo que se está gobernando con las mismas prácticas que tanto criticaban de los partidos tradicionales.

¿Qué cree que viene para la reforma de la salud en el Senado?
Creo que el Gobierno tiene un panorama un poco más difícil en el Senado. Sin embargo, no sé qué pensar porque cuando se inició el trámite de la reforma en Cámara creía que el panorama era difícil para que se aprobara la reforma y terminó aprobándose con los mismos métodos que usaban los gobiernos anteriores.

¿A qué se refiere?
El Gobierno tiene una relación transaccional con el Congreso. No sé si esto se vaya a replicar en el Senado pero sé que voces importantes de la Alianza Verde, como Fabián Díaz, van a tener una posibilidad de incidencia clave en la ponencia de la reforma de la salud. Ojalá se tengan en cuenta las preocupaciones y críticas que desde la Cámara de Representantes dejamos muy bien planteadas. Además, el ministro de Salud ha venido aceptando que tienen sustento, como decir que van a tramitar una reforma tributaria para poder financiar los gastos del sistema.

¿Y en cuanto a la laboral?
Me parece que es en varios aspectos positiva, siempre y cuando se acompañe de una política industrial y de protección y de acompañamiento al empresariado colombiano, especialmente al micro, pequeño y mediano empresario. Eso me parece muy importante. Si la reforma no tiene ese componente, se queda coja. Recordemos que este gobierno hundió en la reforma tributaria nuestra propuesta para que hubiese una tarifa diferencial del impuesto de renta para las pequeñas y medianas empresas. Negó medidas que eran salvavidas para estas. De manera que es difícil decirles que “no los apoyamos en nada y, además, acá van un montón de responsabilidades que ustedes tienen que asumir con sus trabajadores y si lo logran bien y si no quiebren, ustedes verán qué hacen”. Creo que debe de haber una prioridad muy marcada para el fortalecimiento del empresariado colombiano.

También seguirá el trámite de la ley estatutaria de la educación. ¿Qué opina de esta?

No es una reforma como tal, porque es una ley nueva, pero es una ley de particular interés mío y de la juventud y del movimiento estudiantil. Es una ley que reconoce la educación como derecho fundamental pero tenemos que estar muy atentos y atentas de que no terminen colgándole muchas arandelas en el marco de la negociación política y que terminen desdibujando el objetivo del proyecto.

Cambiando de tema, este año volvió la polémica alrededor de la figura de Hollman Morris. ¿Por qué sigue en el Gobierno no obstante a los llamados del movimiento feminista? ¿El Gobierno le está dando la espalda al feminismo?
El mensaje que deja el Gobierno con el tema de Hollman Morris es que el eslogan de que “el cambio es con las mujeres” se quedó solamente en un eslogan de campaña. Pero, para nada es un principio a la hora de tomar decisiones por parte de este gobierno. Las víctimas de Hollman Morris no solamente lo han denunciado a él por acoso sexual o acoso laboral o malos tratos. También han denunciado que son víctimas de persecución y hostigamiento físico y digital. El hecho de que el presidente Petro se lleve a Hollman Morris a Davos es una cachetada en la cara a las víctimas. Además, se presenta en un contexto de violencia cada vez más crítico contra nosotras. Empezamos el año con un feminicidio a punta de machete en el Valle del Cauca, un intento de feminicidio con el mismo método, feminicidios en varias regiones del país. Se suponía que Petro había prometido que iba a haber una lucha cultural decidida contra el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia contra las mujeres…

¿Y qué pasó?
Eso no es coherente con el hecho que el Gobierno siga nombrando y protegiendo a hombres denunciados por violencias basadas en género y que siga acumulando el poder político en ellos. A mí mucha gente me dice: ¿pero ustedes qué quieren? ¿Quieren que entonces si hay un hombre que cometió un error que lo aparten de la sociedad y que nunca más pueda volver a trabajar? No es lo que yo pido, ni lo que pide el movimiento feminista. Pedimos que haya un reconocimiento y un proceso de reparación a las víctimas, una autocrítica, una garantía de no repetición, entre muchos otros mecanismos de reparación que las víctimas deciden y solicitan. Pero en el caso de Hollman Morris, de Víctor de Currea-Lugo, de Fabián Zanabria, que son todo este combito de hombres que se las dan de progresistas pero que quieren cambiar todo el sistema, excepto el patriarcado y la violencia contra nosotras, lo que ellos han hecho es revictimizar, descalificar a las víctimas, restarles credibilidad en la opinión pública, hostigarlas digitalmente. Y es lamentable que el Presidente se sume a estas prácticas.

¿Qué opina usted de la figura de la primera dama?
Creo que Verónica Alcocer es una exponente más de la política tradicional de Colombia. Y creo que la figura de la primera dama no debería de existir en Colombia. No debería de existir. Es una figura que desconoce que las mujeres tenemos un desarrollo, un desempeño profesional completamente separado del de nuestras parejas y que le entrega poder político a una persona por la que nadie ha votado en Colombia. Ni si quiera estoy de acuerdo en que la primera dama tenga responsabilidades en lo que tiene que ver con el sistema de Bienestar Familiar. Me parece que esa es una herencia de un modelo político muy lejano ya en términos de contexto, de la historia y lo que ha servido es para que sea la caja menor de la historia del presidente a través de la cual se hace politiquería con la política tradicional, que es lo que ha venido haciendo Verónica Alcocer.

Se perdieron los Juegos Panamericanos. ¿Qué análisis hace?
Para mí, es muy contundente el hecho de que la ministra del Deporte siga en su cargo. Eso no tiene ningún tipo de presentación y lo que a mí me hace pensar es que la decisión de no hacer los Juegos Panamericanos fue una decisión del Presidente. La responsabilidad política es del Presidente. Si fuera individualmente sobre la ministra del Deporte, no habría nada qué justificar a que ella estuviera en el cargo. Así que, para mí, esto es una pésima noticia. Colombia deja de recibir millones de dólares en inversiones, pero no solo eso, también de ofrecer infraestructura y oportunidades para los deportistas. Fue una decisión deliberada del presidente Gustavo Petro.

Se suponía que Petro había prometido que iba a haber una lucha cultural decidida contra el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia contra las mujeres

¿Por qué lo dice?
Al Presidente le pareció que los Juegos eran muy caros, pero no quiso asumir esa decisión Política. El contrato tiene establecido que la platica que se pagó se perdió. Aquí puede haber un detrimento patrimonial contra Barranquilla y el Atlántico, que precisamente asumieron esos gastos iniciales y que nadie les va a devolver esa platica.

Con este movido inicio de año, ¿qué más podemos esperar?
Voy a ser muy franca. Tengo una preocupación y es que, como el gobierno del presidente Petro para mí, para muchas y para muchos ha sido decepcionante, partidos tradicionales como el Centro Democrático y Cambio Radical se presenten ahora como la gran alternativa a la política colombiana.

¿A qué se refiere?
Realmente, no lo son. Al mismo tiempo que estas decepciones están pasando con Petro, al mismo tiempo están metiendo a la cárcel a Ciro Ramírez (Centro Democrático), a congresistas de los partidos tradicionales, se fugó el exdirector del DPS. Es decir, aquí lo que ha pasado es que se está reproduciendo lo mismo que criticábamos en gobierno anteriores. Pero la alternativa no puede ser volver a esos mismos partidos. Siento que nuestro papel, como nuevas generaciones en política, es ofrecer otros caminos que no sean ni volver al Centro Democrático ni a los tradicionales, ni tampoco al Pacto Histórico, que prometió una transformación que no ha cumplido.
Para terminar, ¿qué opina del llamado del presidente Petro para que el Pacto se una para ganar las elecciones? ¿No le queda mucho de para estar ya pensando en campaña?
El presidente Gustavo Petro trinó sobre las elecciones del 2026 mientras Santander estaba en llamas, mientras se incendiaban los cerros orientales de Bogotá ante la inacción y ante la falta de prevención del Gobierno de los efectos del fenómeno del niño y de los incendios forestales. Para mí, esta es la prueba más evidente de que el problema no es que Petro esté hablando de política, él tiene todo el derecho de hacerlo. El problema es que hoy no está cumpliendo con lo que prometió en el 2022. ¿Por qué no, mejor, se pone a ver sus videos de campaña en el 2022 para que vea qué prometía y evalúe si lo está cumpliendo hoy? Estoy segura de que se asusta.

¿Por qué?
Estoy segura de que se asusta de lo incoherente y lo demagógico que ha sido su gobierno. Si está tan preocupado por las elecciones del 2026, la mejor forma de competir en cualquier elección es cumplir lo que prometió y eso es todo lo contrario a lo que ha venido haciendo su gobierno.

¿Entonces?
El Presidente debería de estar pensando en gobernar hoy, hacerlo bien, cumplir lo que prometió, separarse de la política tradicional, que es lo más decepcionante, para mí, de este gobierno. Si le hubieran dicho a la gente que iban a gobernar con toda la política tradicional, con toda la gente a la que antes le decían que hacía parapolítica, estoy segura de que no ganan las elecciones. No me molesta que esté pensando cómo ganar las elecciones del 2026, obviamente todos los presidente lo hacen, pero de ahí a que eso impida ejecutar, como le pasó a este gobierno, que es la menor ejecución en los últimos 10 años, creo que hay una falta de visión política y de cumplir el mandato social de cambio que hubo y que el pueblo le dio a él y que hoy se está pasando por la faja

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Jennifer contra Petro: “Tiene el mismo relacionamiento de otros gobiernos con el Congreso: repartir mermelada”

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denuncia que la Casa de Nariño incurre en las mismas prácticas clientelistas de otros Gobiernos. | Foto: Johan Toro

SEMANA: El Gobierno tiene sobre la mesa la posibilidad de subir el precio del diésel. ¿Le preocupa?

Jennifer Pedraza: Petro fue el primero que tomó la decisión de amarrar el precio de la gasolina al internacional, por eso es que la gasolina es tan costosa. Ese es el mismo planteamiento con el diésel y el ACPM. El transporte intermunicipal, de alimentos, de vestuario y diferentes elementos de consumo diario se transporta de manera terrestre, con diésel. El planteamiento del Gobierno es subir el precio del diésel al precio internacional: casi que al mismo precio de la gasolina que se estimaba que iba a llegar a los 16.000 pesos, lo que no tiene sentido porque en Colombia producimos siete de cada diez galones que consumimos.

SEMANA: Si Petro no fuera presidente, sino congresista, ¿saldría a protestar por la subida del precio del diésel?

J.P.: Seguramente estaría protestando aquí a mi lado contra esta medida porque se sabe que afecta de manera significativa a los hogares más empobrecidos. La mayoría de los propietarios de motocicletas y de vehículos son del estrato 4 hacia abajo y esto va a tener efectos sobre los alimentos y la inflación. Petro y muchos otros integrantes del Pacto Histórico, como Gustavo Bolívar, previamente se habían manifestado contra la decisión de incrementar el precio de la gasolina, pero ahora guardan silencio. Petro decía que cada que le suben el precio a la gasolina hay una reforma tributaria sin que pase por el Congreso y esa es una declaración que ahora de presidente no le gusta que le mostremos porque es una incoherencia de su Gobierno.

SEMANA: ¿Ya no está del lado de Petro?

J.P.: No le hice campaña, nunca repartí un volante, pero decidí votar por él en segunda vuelta. Siempre estuve muy prevenida porque estaba llegando supremamente empeñado con las fuerzas políticas tradicionales. Una de mis principales rupturas con el Gobierno tuvo que ver con el tema de las mujeres, con que el presidente quisiera nombrar a hombres denunciados por violencias basadas en género, como Víctor de Currea-Lugo, que sería embajador en Emiratos Árabes Unidos de no haber sido por el movimiento feminista que lo denunció, o el hecho de que el presidente defienda a capa y espada a Hollman Morris, que sigue reproduciendo mensajes revictimizantes contra las mujeres que lo hemos denunciado. No puedo guardar silencio.

SEMANA: O nombramientos como el de Cielo Rusinque…

J.P.: Además, la ternó como magistrada de la Corte Constitucional, a pesar de que ella había tenido múltiples declaraciones en contra del fallo de la Corte Constitucional que protege la expresión pública en redes sociales de las mujeres. Hace poco, el presidente le entregó el Ministerio del Deporte al Partido Conservador en una relación que a mí no me sorprende porque ha sido muy transaccional con el Congreso: el mismo tipo de relacionamiento que habían tenido los Gobiernos anteriores con el Congreso era de repartir mermelada, puestos y dejar de último los debates de fondo sobre las reformas.

SEMANA: Salvo el caso de Víctor de Currea-Lugo, ¿en qué ocasiones Petro ha escuchado a las mujeres que lo apoyaron en campaña?

J.P.: El presidente no escuchó y fue Víctor de Currea-Lugo quien desistió de la nominación. No hubo una decisión de Petro de frenar ese nombramiento, ni de tomar la decisión de no seguir entregándoles poder económico y político a hombres denunciados por casos de violencias contra las mujeres. Lo que ha hecho es difundir información que deslegitima las denuncias de las mujeres. Incluso, trinó que Hollman Morris había sido hallado inocente, cosa que nunca ha pasado. Lo mismo pasó cuando hubo denuncias contra el ministro Mauricio Lizcano, que no dijo que se iba a investigar. Se necesita un Gobierno que se tome en serio los casos de violencias contra nosotras.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara. | Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: ¿Cómo está la relación del movimiento feminista con el Gobierno?

J.P.: Hemos reivindicado una agenda independiente, así como lo han hecho el movimiento estudiantil y el juvenil. Ha sido un movimiento capaz de decir cuando no está de acuerdo con la postura del presidente, que denuncia este tipo de decisiones. No han sido movimientos sociales que se declaren de Gobierno.

SEMANA: Pero Petro no acepta críticas de movimientos que le acompañaron en campaña…

J.P.: Si no acepta las críticas de su propio gabinete, si no acepta los debates cuando una persona levanta la mano y le dice que no está de acuerdo con algo, o que quiere hacerlo de manera distinta, como lo que pasó con Jorge Iván González, pues terminan saliendo del llavero del presidente. ¿Por qué uno querría rodearse solamente de aduladores cuando sabe que tiene una tarea tan importante como gobernar un país? Ser el primer Gobierno de izquierda es una responsabilidad muy grande que Petro no se ha tomado con la importancia que de verdad tiene. La gente sigue queriendo un cambio, una transformación, pero Petro no es el único camino que tiene el cambio en Colombia. Hay muchas otras alternativas que podemos elegir.

SEMANA: ¿Ve violencia política hacia las mujeres en el Congreso?

J.P.: Cada vez que expresamos una crítica a alguna reforma o a algún nombramiento, de una vez somos blanco de ataques supremamente sistematizados. Por ejemplo, si emprendemos una denuncia sobre el tema de Hollman Morris, ya sé que a los siguientes dos días no puedo entrar a redes porque hay una campaña violenta que hace alegoría a nuestro físico y forma de expresarnos, reproduciendo los estereotipos machistas que siempre habíamos denunciado que utilizaban otros sectores políticos, pues ahora vienen de cuentas muy cercanas al Gobierno.

Jennifer Pedraza dice que es increíble que Colombia y Argentina sean los únicos países de la región en donde está permitido el matrimonio infantil. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Quién las ataca a usted y a las congresistas feministas?

J.P.: Con varias feministas, algunas que forman parte del Pacto Histórico, iniciamos un proceso contra un militante de Colombia Humana que se hace llamar Dragón Negro.

SEMANA: ¿Qué le dijeron en el partido?

J.P.: Radicamos nuestra denuncia y no nos han contactado para contar nuestra experiencia como víctimas. Incluso, constatamos que esta persona tuvo cercanía con la concejala Ana Teresa Bernal, del Pacto. Este señor amenazó con sacar una catana y atravesárnosla.

SEMANA: ¿Qué le respondió la Fiscalía?

J.P.: Le dieron trámite, pero es un proceso que apenas lleva un año. He sido una persona muy crítica de la Fiscalía de Francisco Barbosa. Hay una mala tipificación de feminicidios que se tipifican como homicidios, cuando de verdad todos los elementos indican que son feminicidios y, al ser feminicidios, pues implican unas condiciones particulares para el proceso penal. Ahora, acabo de presentar una solicitud a la fiscal encargada interina Martha Mancera para que haya una fiscal ad hoc para el caso de Pacho Malo.

SEMANA: Promueve el proyecto de ley ‘Son niñas, no esposas’ para prohibir los matrimonios con niñas entre 16 y 18 años…

J.P.: Es increíble que Colombia y Argentina sean los únicos países de la región en donde está permitido el matrimonio infantil. Tenemos que darle la cara a la realidad, y es que los matrimonios infantiles son pan de cada día en Colombia: en más del 37 por ciento de las uniones tempranas que involucran a niñas, niños y adolescentes, la otra parte de la pareja les lleva más de seis años. Lamentablemente, como la ley contempla que a partir de los 14 años, con el permiso de los padres, se pueden casar, pues estamos viendo hogares que utilizan a sus hijas como moneda de cambio. Eso no lo podemos seguir contemplando en nuestro Código Civil y el Congreso se ha opuesto otras ocho veces a prohibir el matrimonio infantil. ¿Quiénes están haciendo las leyes en Colombia que no son capaces de ver esta realidad?

Jennifer Pedraza considera que hay violencia hacia las mujeres en el Congreso. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: ¿Qué llamados de atención le deja al Senado para el debate de la reforma a la salud?

J.P.: Estoy de acuerdo con eliminar la intermediación financiera, pero no con la forma como el Gobierno plantea esa transición. Tenemos una Adres raquítica y lo que podemos ver es que la reforma ha quedado hecha un Frankenstein porque le han ido agregando proposiciones. El Gobierno le está entregando entre el 5 y el 8 por ciento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a las EPS, que ahora se van a llamar gestoras, a pesar de que le quita la mayoría de sus funciones, pero les deja una que es esencial y es la auditoría sobre las clínicas. La reforma a la salud va a terminar haciéndoles un favor a las EPS porque el Gobierno le va a dar plata directa a la financiación a la oferta de la red hospitalaria. Empezaron proponiendo una reforma a la salud que supuestamente eliminaba a las EPS y por cuadrar con todos los partidos tradicionales va a quedar una reforma a la salud que no garantiza la salud como un derecho, ni una transición, y en la que el negocio es redondo para las gestoras.

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Jennifer Pedraza y su lucha en el congreso por la igualdad de género:

La congresista habló con Infobae Colombia y resaltó los desafíos que enfrentó para alcanzar su posición en el poder legislativo, así como los obstáculos que tiene por ser mujer en ese ámbito.

El papel de la mujer en la política es un tema que genera controversia, especialmente cuando sus argumentos o debates son minimizados debido simplemente a su género. La lucha por la igualdad y la representación ha llevado a figuras como Jennifer Pedraza a ocupar posiciones destacadas en la esfera política, como lo es su actual curul en la Cámara de Representantes.

Pedraza abordó su experiencia como mujer en la política en una entrevista con Infobae Colombia. En sus declaraciones, enfatizó su lucha y su independencia, por lo que señaló que inicialmente no aspiraba a dedicarse a la política; sin embargo, con el tiempo, comprendió que, para abordar temas como el presupuesto, los derechos y la igualdad de género, era necesario involucrarse en el ámbito político. Esta comprensión la llevó a seguir una línea legislativa comprometida con esos ideales.

La joven política que emerge desde un sector popular de Santander

Jennifer Pedraza, nacida en Bucaramanga y criada en el barrio La Cumbre de Floridablanca, llama la atención política a sus 28 años. Concluyó sus estudios secundarios en Santander y luego se trasladó a Bogotá para estudiar en la Universidad Nacional de Colombia.

Pedraza compartió cómo sus padres la alentaron a buscar una educación sólida: “Mis papás me acompañaron y me apoyaron en ese proyecto porque ellos son full de la lógica de ‘mijita, yo a usted lo único que le voy a dar es la educación’; ellos siempre han sido muy incondicionales en lo que respecta a la educación”.

A pesar de vivir en un barrio popular, Pedraza destacó el esfuerzo de sus padres por proporcionarle acceso a una educación de calidad, lo que le permitió ver la disparidad social de manera clara: “Ver la divergencia muy marcada por el simple hecho de acceder a la educación y lo que eso cambia en la vida, la forma de ver el mundo, la gran gama de oportunidades que se abre en la vida”.

Jennifer Pedraza, destacada congresista en la Cámara de Representantes, representa la lucha de las mujeres por la igualdad y la representación en la esfera política colombiana – crédito Jennifer Pedraza/Suministrada

En su paso por la universidad, Pedraza inicialmente se equivocó de carrera, inició con Ciencias Políticas antes de cambiarse a Economía. Durante su vida estudiantil, se destacó como representante estudiantil en el Consejo Nacional de la Universidad Nacional, una posición elegida por voto popular de los estudiantes.

Con su trasfondo en una base popular y su compromiso con la representación estudiantil, Jennifer Pedraza emergió como una figura prometedora en la política colombiana y al interior de su partido Dignidad y Compromiso, trayendo consigo una perspectiva fresca y un enfoque en las necesidades de las comunidades marginadas.

Jennifer Pedraza y su papel como mujer en la política

En un país donde la política aún es un terreno árido para las mujeres, la congresista Pedraza compartió reflexiones sobre su papel como mujer en la política, en el que destacó los desafíos y privilegios que ha enfrentado en su camino hacia la “lucha” política.

Pedraza no ha estado exenta de las dificultades que enfrentan las mujeres que incursionan en la política. Ha sido víctima de discriminación, subestimación e incluso violencia verbal por parte de sus colegas masculinos. Sin embargo, estas experiencias no la han amilanado, sino que la han fortalecido en su convicción de luchar por una mayor participación de las mujeres en la vida pública.

“A pesar de todo lo que cuesta hacer política en el país y sobre todo como mujer, me siento privilegiada”, expresó la congresista. “Tuve el privilegio de estudiar y enfocarme en mi lucha, aunque nunca fue algo que yo quisiera en un principio, señaló para Infobae Colombia.

Pedraza reveló que su interés por la política surgió de su participación en movimientos sociales y en causas sociales desde una edad temprana. “Las causas sociales siempre me han movido”, agregó al recordar su participación en marchas desde sus días en el colegio; incluso con las monjas, para protestar contra la megaminería en el Páramo de Santurbán.

A pesar de su inicial aversión a la política electoral, Pedraza reconoció cómo las decisiones políticas impactan directamente en las causas que le importan a uno. “La política sí se mete con las cosas que le importan a uno”, señaló, al destacar la importancia de que personas comprometidas se involucren en la política para representar verdaderamente esas causas en los espacios de toma de decisiones.

Pedraza recordó cuando, en una sesión en el Congreso en 2018, se vio interrumpida abruptamente mientras exponía la crisis financiera que enfrentan las universidades públicas. El presidente del Senado, Ernesto Macías, en ese momento, apagó su micrófono después de solo un minuto de intervención, alegando que le quedaban solo 30 segundos.

Las acciones de Macías generaron rechiflas en el recinto, y la estudiante expresó su reclamo por la interrupción. Ante esto, el entonces senador solicitó calma y anunció la intervención de un coordinador ponente del proyecto de presupuesto para clarificar las cifras.

En un país donde la política sigue siendo un terreno árido para las mujeres, Jennifer Pedraza reflexiona sobre su papel y reconoce los desafíos y privilegios que ha enfrentado en su carrera política – crédito Lina Gasca/Colprensa

El recuerdo de ese momento fue significativo para Pedraza, ya que lo interpretó como un acto de violencia debido a su condición de mujer y de joven. Rememoró que Macías le dijo: “30 segundos, niña, y termina”, lo cual, según Pedraza, redujo la importancia de sus argumentos únicamente por su juventud.

La congresista también abordó las promesas del Gobierno nacional en cuanto a la garantía de un entorno seguro para que las mujeres denuncien, pero lamentó la presencia de mensajes revictimizantes en las redes sociales del jefe de Estado, Gustavo Petro, dirigidos a sus funcionarios.

En cuanto al Ministerio de Igualdad y el Sistema Nacional del Cuidado, expresó su esperanza inicial, pero señaló que la ejecución del ministerio ha sido insuficiente para abordar las crecientes necesidades de las mujeres.

“A mí me tenía muy esperanzada la creación del Ministerio de la Igualdad y la construcción del Sistema Nacional de Cuidado”, afirmó Pedraza. “Pero la ejecución del ministerio ha sido demasiado baja, como si las necesidades de las mujeres no fueran prioritarias en el gobierno de manera clara”.

En un contexto donde la representación femenina en la política sigue siendo un desafío, la voz de la congresista resuena como un recordatorio del trabajo pendiente para garantizar la igualdad de género en todos los niveles de Gobierno, según señaló.

La congresista y su encuentro con la política del Gobierno actual

Durante la entrevista con Infobae Colombia, la representante Pedraza no dudó en abordar su papel como mujer en la política colombiana, así como su postura frente al Gobierno nacional y su voto en las elecciones presidenciales de 2022.

Cuando se le cuestionó si se consideraba de oposición debido a sus críticas a ciertas políticas gubernamentales, especialmente en el tema de la reforma a la salud, Pedraza fue clara en su respuesta. “No me considero de oposición”, afirmó. “Yo me considero en la independencia”.

Cabe señalar que, la representante ha liderado una lucha significativa contra la reforma a la salud, argumentando que no beneficia a los ciudadanos colombianos. Sin embargo, destacó que su independencia política le permite reconocer aspectos favorables en algunas iniciativas del Gobierno. “Yo estoy de acuerdo con que hay que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”, enfatizó.

Al ser preguntada sobre su voto en las elecciones presidenciales pasadas, Pedraza reveló que no votó a gusto por Gustavo Petro, pero lo consideró la mejor opción en la segunda vuelta electoral de 2022. Comparó el discurso del líder del Pacto Histórico con el de un “novio que te echa un cuentaso hermoso”, pero luego incumple sus promesas y reconoció que algunas propuestas del presidente actual la decepcionaron.

“El discurso de Petro es como el novio que te echa un cuentaso hermoso, que te enamora, que te conquista y a la hora del té, termina siendo como todos los mismos; incumple lo que propuso, lo que prometió y luego llega con un pollo asado a la casa, eso es básicamente lo que ha hecho el presidente”, señaló la congresista.

Pedraza también destacó la importancia de acompañar las reformas laborales con políticas que protejan a las empresas colombianas, especialmente a las pymes. Subrayó que su postura crítica con ciertas políticas no la sitúa automáticamente en la oposición, ya que reconoce aspectos positivos en algunas iniciativas del Gobierno.

Jennifer Pedraza y su lucha contra la reforma a la salud

La congresista Jennifer Pedraza, respaldada por Katherine Miranda y Catherine Juvinao, lideró una enérgica oposición en el 2023 contra ciertos artículos de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno nacional, los cuales consideraron inaceptables. Pedraza expresó sus preocupaciones principales respecto a la propuesta:

“El tiempo de transición que plantea la reforma a la salud son dos años, eso es muy poco tiempo cuando tú necesitas reemplazar toda la infraestructura que al día de hoy tienen las EPS para sustituir sus labores hoy en su mayoría a partir de Adress que es una entidad pública que, pues después de 25 años de neoliberalismo y de debilitamiento del Estado, pues estar raquítica Adress tiene que contratar y que aumentar su planta de trabajadores lo cual está bien, pero es mentira creer que eso va a pasar en dos años se necesita un concurso de méritos se necesitan una serie de medidas para fortalecerlo público de manera que en la transición no se interrumpa la prestación de los servicios de salud y eso implica por ejemplo una serie de recursos para invertir en el sector que hoy no están garantizados”, señaló Pedraza.

La representante agregó que: “Tanto que el documento del Ministerio de Hacienda yo lo llamé un ‘anticoncepto’ porque el documento del Ministerio de Hacienda dice que no tienen como estimar el costo de la Reforma entonces uno puede tener un montón de intenciones bellas, lindas, pero si a la hora de concretarla lo que haces es poner en riesgo, la continuidad la prestación de los servicios de salud qué es lo que pasa con esta reforma, pues no se resuelve el problema del sistema”.

Pedraza también criticó la asignación de recursos en la reforma: “El Gobierno ha dicho mucho que ellos están enemigos de las EPS y en la reforma le quitan gran parte de las labores apps, sí que se van a llamar ahora gestora, pero por un acuerdo politiquero con el Partido Liberal con el Partido Conservador y con el Partido de la U les dejan casi los mismos recursos que hoy la EPS que presentan en gastos administrativos todo el sistema de salud, o sea, les dejan toda la carne y les quitan el hueso.

La congresista Pedraza destacó que inicialmente no quería votar en contra de la reforma, pero insistió en modificarla para mejor, sin embargo, sus propuestas fueron rechazadas: “Presentamos una proposición para un tiempo de transición mayor, presentamos una transición para que la plata que le dan a las EPS no fuera entre el 5 y 8% de la UPC, sino que pudiese recortársele la plata que si sus resultados son malos en prevención de enfermedades y no nos aprobaron. No nos aprobaron la proposición para eliminar el artículo 53 que es el que se le entrega plata a las EPS a pesar de que le quitaron responsabilidades a las EPS.”

Pedraza también señaló la estrategia del Gobierno en las negociaciones: “La táctica que ha usado gobierno es primero negociar con los partidos tradicionales, porque sabe que son a los que cuadra a punta de relaciones transaccionales, igual que los gobiernos tradicionales, en vez que empezar con los partidos o con los sectores con los que puede tener algún tipo de afinidad ideológica”.

Pedraza lidera la lucha legislativa por los derechos de las mujeres

La congresista compartió detalles sobre sus proyectos legislativos destinados a promover la igualdad de género y combatir la violencia machista en Colombia. Con firmeza en su voz, Pedraza delineó sus propuestas con la determinación de hacer un cambio significativo en la sociedad.

Uno de los proyectos emblemáticos presentados por Pedraza es la iniciativa para eliminar el matrimonio infantil del Código Civil. En sus propias palabras, afirmó: “Radicamos un proyecto de ley para eliminar del Código Civil el matrimonio infantil, que hoy es un caldo de cultivo para una gran variedad de violencias dirigidas a niñas, niños y adolescentes y que, en el contexto de nuestra población del empobrecimiento y falta a derechos fundamentales, termina siendo lamentablemente como la moneda de cambio a las familias empobrecidas”.

Además, la congresista ha abogado por la declaración del Estado Nacional de Emergencia por violencia machista en el Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido, expresó su compromiso: “Acompañamos las propuestas para que se declare el Estado Nacional de Emergencia por violencia machista en el Plan Nacional de Desarrollo y ahora estamos haciendo una veeduría y un control político para que se implemente efectivamente y para que se asignen recursos a esta estrategia”.

Pedraza también destacó su incansable labor en el Congreso para asegurar la asignación de recursos al Ministerio de la Igualdad. “Hemos luchado por el presupuesto para el Ministerio de la Igualdad, por ejemplo, por eso es tan doloroso que no se haya ejecutado”, lamentó. “En el Congreso hemos defendido la creación del Ministerio de la Igualdad porque creemos que es una apuesta valiosa”.

Con determinación en sus palabras, la congresista Pedraza concluyó: “Vamos a hacer un control político de verdad, porque no se está ejecutando cuando las necesidades son reales”. Su compromiso con la causa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género sigue siendo un faro de esperanza en el panorama legislativo colombiano.

Jennifer Pedraza

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien se ha convertido en una de las principales voces de la Cámara de Representantes, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene este semestre para las reformas sociales.

Además, cuestionó el respaldo del presidente Gustavo Petro a Hollman Morris y dijo que se está gobernando con las mismas prácticas que tanto criticaban de los partidos tradicionales.

¿Qué cree que viene para la reforma de la salud en el Senado?
Creo que el Gobierno tiene un panorama un poco más difícil en el Senado. Sin embargo, no sé qué pensar porque cuando se inició el trámite de la reforma en Cámara creía que el panorama era difícil para que se aprobara la reforma y terminó aprobándose con los mismos métodos que usaban los gobiernos anteriores.

¿A qué se refiere?
El Gobierno tiene una relación transaccional con el Congreso. No sé si esto se vaya a replicar en el Senado pero sé que voces importantes de la Alianza Verde, como Fabián Díaz, van a tener una posibilidad de incidencia clave en la ponencia de la reforma de la salud. Ojalá se tengan en cuenta las preocupaciones y críticas que desde la Cámara de Representantes dejamos muy bien planteadas. Además, el ministro de Salud ha venido aceptando que tienen sustento, como decir que van a tramitar una reforma tributaria para poder financiar los gastos del sistema.

¿Y en cuanto a la laboral?
Me parece que es en varios aspectos positiva, siempre y cuando se acompañe de una política industrial y de protección y de acompañamiento al empresariado colombiano, especialmente al micro, pequeño y mediano empresario. Eso me parece muy importante. Si la reforma no tiene ese componente, se queda coja. Recordemos que este gobierno hundió en la reforma tributaria nuestra propuesta para que hubiese una tarifa diferencial del impuesto de renta para las pequeñas y medianas empresas. Negó medidas que eran salvavidas para estas. De manera que es difícil decirles que “no los apoyamos en nada y, además, acá van un montón de responsabilidades que ustedes tienen que asumir con sus trabajadores y si lo logran bien y si no quiebren, ustedes verán qué hacen”. Creo que debe de haber una prioridad muy marcada para el fortalecimiento del empresariado colombiano.

También seguirá el trámite de la ley estatutaria de la educación. ¿Qué opina de esta?

No es una reforma como tal, porque es una ley nueva, pero es una ley de particular interés mío y de la juventud y del movimiento estudiantil. Es una ley que reconoce la educación como derecho fundamental pero tenemos que estar muy atentos y atentas de que no terminen colgándole muchas arandelas en el marco de la negociación política y que terminen desdibujando el objetivo del proyecto.

Cambiando de tema, este año volvió la polémica alrededor de la figura de Hollman Morris. ¿Por qué sigue en el Gobierno no obstante a los llamados del movimiento feminista? ¿El Gobierno le está dando la espalda al feminismo?
El mensaje que deja el Gobierno con el tema de Hollman Morris es que el eslogan de que “el cambio es con las mujeres” se quedó solamente en un eslogan de campaña. Pero, para nada es un principio a la hora de tomar decisiones por parte de este gobierno. Las víctimas de Hollman Morris no solamente lo han denunciado a él por acoso sexual o acoso laboral o malos tratos. También han denunciado que son víctimas de persecución y hostigamiento físico y digital. El hecho de que el presidente Petro se lleve a Hollman Morris a Davos es una cachetada en la cara a las víctimas. Además, se presenta en un contexto de violencia cada vez más crítico contra nosotras. Empezamos el año con un feminicidio a punta de machete en el Valle del Cauca, un intento de feminicidio con el mismo método, feminicidios en varias regiones del país. Se suponía que Petro había prometido que iba a haber una lucha cultural decidida contra el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia contra las mujeres…

¿Y qué pasó?
Eso no es coherente con el hecho que el Gobierno siga nombrando y protegiendo a hombres denunciados por violencias basadas en género y que siga acumulando el poder político en ellos. A mí mucha gente me dice: ¿pero ustedes qué quieren? ¿Quieren que entonces si hay un hombre que cometió un error que lo aparten de la sociedad y que nunca más pueda volver a trabajar? No es lo que yo pido, ni lo que pide el movimiento feminista. Pedimos que haya un reconocimiento y un proceso de reparación a las víctimas, una autocrítica, una garantía de no repetición, entre muchos otros mecanismos de reparación que las víctimas deciden y solicitan. Pero en el caso de Hollman Morris, de Víctor de Currea-Lugo, de Fabián Zanabria, que son todo este combito de hombres que se las dan de progresistas pero que quieren cambiar todo el sistema, excepto el patriarcado y la violencia contra nosotras, lo que ellos han hecho es revictimizar, descalificar a las víctimas, restarles credibilidad en la opinión pública, hostigarlas digitalmente. Y es lamentable que el Presidente se sume a estas prácticas.

¿Qué opina usted de la figura de la primera dama?
Creo que Verónica Alcocer es una exponente más de la política tradicional de Colombia. Y creo que la figura de la primera dama no debería de existir en Colombia. No debería de existir. Es una figura que desconoce que las mujeres tenemos un desarrollo, un desempeño profesional completamente separado del de nuestras parejas y que le entrega poder político a una persona por la que nadie ha votado en Colombia. Ni si quiera estoy de acuerdo en que la primera dama tenga responsabilidades en lo que tiene que ver con el sistema de Bienestar Familiar. Me parece que esa es una herencia de un modelo político muy lejano ya en términos de contexto, de la historia y lo que ha servido es para que sea la caja menor de la historia del presidente a través de la cual se hace politiquería con la política tradicional, que es lo que ha venido haciendo Verónica Alcocer.

Se perdieron los Juegos Panamericanos. ¿Qué análisis hace?
Para mí, es muy contundente el hecho de que la ministra del Deporte siga en su cargo. Eso no tiene ningún tipo de presentación y lo que a mí me hace pensar es que la decisión de no hacer los Juegos Panamericanos fue una decisión del Presidente. La responsabilidad política es del Presidente. Si fuera individualmente sobre la ministra del Deporte, no habría nada qué justificar a que ella estuviera en el cargo. Así que, para mí, esto es una pésima noticia. Colombia deja de recibir millones de dólares en inversiones, pero no solo eso, también de ofrecer infraestructura y oportunidades para los deportistas. Fue una decisión deliberada del presidente Gustavo Petro.

Se suponía que Petro había prometido que iba a haber una lucha cultural decidida contra el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia contra las mujeres

¿Por qué lo dice?
Al Presidente le pareció que los Juegos eran muy caros, pero no quiso asumir esa decisión Política. El contrato tiene establecido que la platica que se pagó se perdió. Aquí puede haber un detrimento patrimonial contra Barranquilla y el Atlántico, que precisamente asumieron esos gastos iniciales y que nadie les va a devolver esa platica.

Con este movido inicio de año, ¿qué más podemos esperar?
Voy a ser muy franca. Tengo una preocupación y es que, como el gobierno del presidente Petro para mí, para muchas y para muchos ha sido decepcionante, partidos tradicionales como el Centro Democrático y Cambio Radical se presenten ahora como la gran alternativa a la política colombiana.

¿A qué se refiere?
Realmente, no lo son. Al mismo tiempo que estas decepciones están pasando con Petro, al mismo tiempo están metiendo a la cárcel a Ciro Ramírez (Centro Democrático), a congresistas de los partidos tradicionales, se fugó el exdirector del DPS. Es decir, aquí lo que ha pasado es que se está reproduciendo lo mismo que criticábamos en gobierno anteriores. Pero la alternativa no puede ser volver a esos mismos partidos. Siento que nuestro papel, como nuevas generaciones en política, es ofrecer otros caminos que no sean ni volver al Centro Democrático ni a los tradicionales, ni tampoco al Pacto Histórico, que prometió una transformación que no ha cumplido.
Para terminar, ¿qué opina del llamado del presidente Petro para que el Pacto se una para ganar las elecciones? ¿No le queda mucho de para estar ya pensando en campaña?
El presidente Gustavo Petro trinó sobre las elecciones del 2026 mientras Santander estaba en llamas, mientras se incendiaban los cerros orientales de Bogotá ante la inacción y ante la falta de prevención del Gobierno de los efectos del fenómeno del niño y de los incendios forestales. Para mí, esta es la prueba más evidente de que el problema no es que Petro esté hablando de política, él tiene todo el derecho de hacerlo. El problema es que hoy no está cumpliendo con lo que prometió en el 2022. ¿Por qué no, mejor, se pone a ver sus videos de campaña en el 2022 para que vea qué prometía y evalúe si lo está cumpliendo hoy? Estoy segura de que se asusta.

¿Por qué?
Estoy segura de que se asusta de lo incoherente y lo demagógico que ha sido su gobierno. Si está tan preocupado por las elecciones del 2026, la mejor forma de competir en cualquier elección es cumplir lo que prometió y eso es todo lo contrario a lo que ha venido haciendo su gobierno.

¿Entonces?
El Presidente debería de estar pensando en gobernar hoy, hacerlo bien, cumplir lo que prometió, separarse de la política tradicional, que es lo más decepcionante, para mí, de este gobierno. Si le hubieran dicho a la gente que iban a gobernar con toda la política tradicional, con toda la gente a la que antes le decían que hacía parapolítica, estoy segura de que no ganan las elecciones. No me molesta que esté pensando cómo ganar las elecciones del 2026, obviamente todos los presidente lo hacen, pero de ahí a que eso impida ejecutar, como le pasó a este gobierno, que es la menor ejecución en los últimos 10 años, creo que hay una falta de visión política y de cumplir el mandato social de cambio que hubo y que el pueblo le dio a él y que hoy se está pasando por la faja

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Proyecto de ley busca tatequieto a viajeros problemáticos en aerolíneas: habla el Congreso

Omar Pérez

En Colombia las agresiones cometidas por pasajeros de transporte aéreo van en aumento. Según las cifras más recientes, cada año se registraron 205 quejas por infracciones a la normatividad legal por parte de usuarios que son considerados como problemáticos y que pueden incluso poner en riesgo a los demás pasajeros y a la tripulación.

Ante ese escenario, en el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que pretende establecer fuertes sanciones, que podrían literalmente bajarlo del avión hasta por un año, pues las aerolíneas podrían suspender la movilidad aérea.

Jennifer Pedraza, representante del Partido Dignidad y Compromiso, y quien presentó la iniciativa junto a María Fernanda Carrascal, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la radicación de este proyecto.

“Lo primero que hay que contar es que, seguramente, la gente habrá pasado por situaciones en donde alguna gente amenaza violentamente o agreden físicamente a trabajadores de las aerolíneas”, inició recalcando Pedraza.

La representante mencionó que estas situaciones “se expresan en contra de los trabajadores que no tienen la culpa de las falencias que tiene hoy el transporte aéreo”.

Y así, que básicamente el proyecto de ley “pone que se puedan establecer sanciones de acuerdo con la gravedad de las acciones, que van desde una explicación pedagógica, hasta una multa o suspender al pasajero para que, por un periodo de tiempo, no pueda viajar con la empresa”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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Si Petro ve sus videos de campaña, se asusta de lo incoherente que ha sido

Jennifer Pedraza

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien se ha convertido en una de las principales voces de la Cámara de Representantes, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene este semestre para las reformas sociales.

Además, cuestionó el respaldo del presidente Gustavo Petro a Hollman Morris y dijo que se está gobernando con las mismas prácticas que tanto criticaban de los partidos tradicionales.

¿Qué cree que viene para la reforma de la salud en el Senado?
Creo que el Gobierno tiene un panorama un poco más difícil en el Senado. Sin embargo, no sé qué pensar porque cuando se inició el trámite de la reforma en Cámara creía que el panorama era difícil para que se aprobara la reforma y terminó aprobándose con los mismos métodos que usaban los gobiernos anteriores.

¿A qué se refiere?
El Gobierno tiene una relación transaccional con el Congreso. No sé si esto se vaya a replicar en el Senado pero sé que voces importantes de la Alianza Verde, como Fabián Díaz, van a tener una posibilidad de incidencia clave en la ponencia de la reforma de la salud. Ojalá se tengan en cuenta las preocupaciones y críticas que desde la Cámara de Representantes dejamos muy bien planteadas. Además, el ministro de Salud ha venido aceptando que tienen sustento, como decir que van a tramitar una reforma tributaria para poder financiar los gastos del sistema.

¿Y en cuanto a la laboral?
Me parece que es en varios aspectos positiva, siempre y cuando se acompañe de una política industrial y de protección y de acompañamiento al empresariado colombiano, especialmente al micro, pequeño y mediano empresario. Eso me parece muy importante. Si la reforma no tiene ese componente, se queda coja. Recordemos que este gobierno hundió en la reforma tributaria nuestra propuesta para que hubiese una tarifa diferencial del impuesto de renta para las pequeñas y medianas empresas. Negó medidas que eran salvavidas para estas. De manera que es difícil decirles que “no los apoyamos en nada y, además, acá van un montón de responsabilidades que ustedes tienen que asumir con sus trabajadores y si lo logran bien y si no quiebren, ustedes verán qué hacen”. Creo que debe de haber una prioridad muy marcada para el fortalecimiento del empresariado colombiano.

También seguirá el trámite de la ley estatutaria de la educación. ¿Qué opina de esta?

No es una reforma como tal, porque es una ley nueva, pero es una ley de particular interés mío y de la juventud y del movimiento estudiantil. Es una ley que reconoce la educación como derecho fundamental pero tenemos que estar muy atentos y atentas de que no terminen colgándole muchas arandelas en el marco de la negociación política y que terminen desdibujando el objetivo del proyecto.

Cambiando de tema, este año volvió la polémica alrededor de la figura de Hollman Morris. ¿Por qué sigue en el Gobierno no obstante a los llamados del movimiento feminista? ¿El Gobierno le está dando la espalda al feminismo?
El mensaje que deja el Gobierno con el tema de Hollman Morris es que el eslogan de que “el cambio es con las mujeres” se quedó solamente en un eslogan de campaña. Pero, para nada es un principio a la hora de tomar decisiones por parte de este gobierno. Las víctimas de Hollman Morris no solamente lo han denunciado a él por acoso sexual o acoso laboral o malos tratos. También han denunciado que son víctimas de persecución y hostigamiento físico y digital. El hecho de que el presidente Petro se lleve a Hollman Morris a Davos es una cachetada en la cara a las víctimas. Además, se presenta en un contexto de violencia cada vez más crítico contra nosotras. Empezamos el año con un feminicidio a punta de machete en el Valle del Cauca, un intento de feminicidio con el mismo método, feminicidios en varias regiones del país. Se suponía que Petro había prometido que iba a haber una lucha cultural decidida contra el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia contra las mujeres…

¿Y qué pasó?
Eso no es coherente con el hecho que el Gobierno siga nombrando y protegiendo a hombres denunciados por violencias basadas en género y que siga acumulando el poder político en ellos. A mí mucha gente me dice: ¿pero ustedes qué quieren? ¿Quieren que entonces si hay un hombre que cometió un error que lo aparten de la sociedad y que nunca más pueda volver a trabajar? No es lo que yo pido, ni lo que pide el movimiento feminista. Pedimos que haya un reconocimiento y un proceso de reparación a las víctimas, una autocrítica, una garantía de no repetición, entre muchos otros mecanismos de reparación que las víctimas deciden y solicitan. Pero en el caso de Hollman Morris, de Víctor de Currea-Lugo, de Fabián Zanabria, que son todo este combito de hombres que se las dan de progresistas pero que quieren cambiar todo el sistema, excepto el patriarcado y la violencia contra nosotras, lo que ellos han hecho es revictimizar, descalificar a las víctimas, restarles credibilidad en la opinión pública, hostigarlas digitalmente. Y es lamentable que el Presidente se sume a estas prácticas.

¿Qué opina usted de la figura de la primera dama?
Creo que Verónica Alcocer es una exponente más de la política tradicional de Colombia. Y creo que la figura de la primera dama no debería de existir en Colombia. No debería de existir. Es una figura que desconoce que las mujeres tenemos un desarrollo, un desempeño profesional completamente separado del de nuestras parejas y que le entrega poder político a una persona por la que nadie ha votado en Colombia. Ni si quiera estoy de acuerdo en que la primera dama tenga responsabilidades en lo que tiene que ver con el sistema de Bienestar Familiar. Me parece que esa es una herencia de un modelo político muy lejano ya en términos de contexto, de la historia y lo que ha servido es para que sea la caja menor de la historia del presidente a través de la cual se hace politiquería con la política tradicional, que es lo que ha venido haciendo Verónica Alcocer.

Se perdieron los Juegos Panamericanos. ¿Qué análisis hace?
Para mí, es muy contundente el hecho de que la ministra del Deporte siga en su cargo. Eso no tiene ningún tipo de presentación y lo que a mí me hace pensar es que la decisión de no hacer los Juegos Panamericanos fue una decisión del Presidente. La responsabilidad política es del Presidente. Si fuera individualmente sobre la ministra del Deporte, no habría nada qué justificar a que ella estuviera en el cargo. Así que, para mí, esto es una pésima noticia. Colombia deja de recibir millones de dólares en inversiones, pero no solo eso, también de ofrecer infraestructura y oportunidades para los deportistas. Fue una decisión deliberada del presidente Gustavo Petro.

Se suponía que Petro había prometido que iba a haber una lucha cultural decidida contra el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia contra las mujeres

¿Por qué lo dice?
Al Presidente le pareció que los Juegos eran muy caros, pero no quiso asumir esa decisión Política. El contrato tiene establecido que la platica que se pagó se perdió. Aquí puede haber un detrimento patrimonial contra Barranquilla y el Atlántico, que precisamente asumieron esos gastos iniciales y que nadie les va a devolver esa platica.

Con este movido inicio de año, ¿qué más podemos esperar?
Voy a ser muy franca. Tengo una preocupación y es que, como el gobierno del presidente Petro para mí, para muchas y para muchos ha sido decepcionante, partidos tradicionales como el Centro Democrático y Cambio Radical se presenten ahora como la gran alternativa a la política colombiana.

¿A qué se refiere?
Realmente, no lo son. Al mismo tiempo que estas decepciones están pasando con Petro, al mismo tiempo están metiendo a la cárcel a Ciro Ramírez (Centro Democrático), a congresistas de los partidos tradicionales, se fugó el exdirector del DPS. Es decir, aquí lo que ha pasado es que se está reproduciendo lo mismo que criticábamos en gobierno anteriores. Pero la alternativa no puede ser volver a esos mismos partidos. Siento que nuestro papel, como nuevas generaciones en política, es ofrecer otros caminos que no sean ni volver al Centro Democrático ni a los tradicionales, ni tampoco al Pacto Histórico, que prometió una transformación que no ha cumplido.
Para terminar, ¿qué opina del llamado del presidente Petro para que el Pacto se una para ganar las elecciones? ¿No le queda mucho de para estar ya pensando en campaña?
El presidente Gustavo Petro trinó sobre las elecciones del 2026 mientras Santander estaba en llamas, mientras se incendiaban los cerros orientales de Bogotá ante la inacción y ante la falta de prevención del Gobierno de los efectos del fenómeno del niño y de los incendios forestales. Para mí, esta es la prueba más evidente de que el problema no es que Petro esté hablando de política, él tiene todo el derecho de hacerlo. El problema es que hoy no está cumpliendo con lo que prometió en el 2022. ¿Por qué no, mejor, se pone a ver sus videos de campaña en el 2022 para que vea qué prometía y evalúe si lo está cumpliendo hoy? Estoy segura de que se asusta.

¿Por qué?
Estoy segura de que se asusta de lo incoherente y lo demagógico que ha sido su gobierno. Si está tan preocupado por las elecciones del 2026, la mejor forma de competir en cualquier elección es cumplir lo que prometió y eso es todo lo contrario a lo que ha venido haciendo su gobierno.

¿Entonces?
El Presidente debería de estar pensando en gobernar hoy, hacerlo bien, cumplir lo que prometió, separarse de la política tradicional, que es lo más decepcionante, para mí, de este gobierno. Si le hubieran dicho a la gente que iban a gobernar con toda la política tradicional, con toda la gente a la que antes le decían que hacía parapolítica, estoy segura de que no ganan las elecciones. No me molesta que esté pensando cómo ganar las elecciones del 2026, obviamente todos los presidente lo hacen, pero de ahí a que eso impida ejecutar, como le pasó a este gobierno, que es la menor ejecución en los últimos 10 años, creo que hay una falta de visión política y de cumplir el mandato social de cambio que hubo y que el pueblo le dio a él y que hoy se está pasando por la faja

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Reformar la regla fiscal ¿Por qué retomar el debate

Por Diego Cortes Valencia

Hace unos meses la propuesta de flexibilizar la regla fiscal causó una gran discusión, pero rápidamente se rechazó, siguiendo los principios económicos ortodoxos. ¿Por qué es importante poner nuevamente esta discusión sobre la mesa?

La ortodoxia económica

Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación abrió la discusión sobre flexibilizar la regla fiscal. Argumenta que se parte por reconocer la responsabilidad fiscal, entendiéndola cómo la financiación adecuada del gasto público. Pero se deben incorporar escenarios que atiendan a los ciclos y la incertidumbre propios de las variables macroeconómicas a mediano plazo; la economía verde es uno de estos escenarios inciertos. De hecho, González califica la flexibilización de la regla fiscal como una suerte de keynesianismo verde.

Este tema despertó controversias en académicos y reguladores porque cuestiona un principio intocable de la ortodoxia económica. El debate se expresó en medios de comunicación, redes sociales e incluso en el Congreso de la República; pero desapareció nuevamente y cerró con el énfasis del ministro de Hacienda de que no habrá reforma a la regla fiscal en este gobierno.

Una garantía de pago

En Colombia, la regla fiscal se sustenta en la Constitución Política (artículo 334), y se especifica en leyes y documentos técnicos. Busca “garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país”.

La actual regla fiscal se promulgó con la Ley 1473 de 2011, pero la modificó la reforma tributaria de Duque de 2021, con la que se limita la deuda pública al 71 % del PIB e indica que, idealmente, debe estar por debajo del 55 % del PIB (este límite sugerido denomina ancla de deuda).

La regla fiscal limita las políticas contracíclicas de choque, como se vio en la pandemia, pero estas políticas también se necesitan para fomentar el pleno empleo y la reindustrialización

Foto: Radio Nacional – La reforma tributaria del gobierno Duque modificó la regla fiscal y estableció un techo del 71 % del PIB para la deuda del país.

El fundamento teórico de este tipo de normas es la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, es decir, cubrir los gastos públicos sin dejar en “bancarrota” al siguiente gobierno. Fundamentalmente, se analiza en términos de incentivos: un gobierno gastará todo lo posible para cumplir sus compromisos políticos, pero no tiene incentivos para dejarle al siguiente gobierno unas finanzas equilibradas.

La regla fiscal tiene otro propósito: que pueda pagarse la deuda pública. El Estado financia muchas de sus inversiones emitiendo deuda; la regla fiscal garantiza a los inversionistas privados que se les pagarán la deuda y sus intereses.

Aplicación de reglas fiscales en el mundo

Las reglas fiscales no son una invención criolla —casi nunca lo son este tipo de medidas macroeconómicas—, se desarrollaron teóricamente desde la década de los ochenta, por cuenta de las crisis de deuda. En América Latina, se popularizaron en los noventa.

Se alinearon con otras recomendaciones macroeconómicas del Fondo Monetario Internacional: comparten el objetivo de garantizar estabilidad para las inversiones privadas —así se pasara por encima del acceso a servicios sociales, o de las políticas de promoción industrial o pleno empleo—.

Muchos países desarrollados o en desarrollo tienen regla fiscal, pero muchos la incumplen:

En 2021, 106 países del mundo habían adoptado reglas fiscales, incluyendo cerca de quince países en América Latina y el Caribe.

Al examinar la muestra global para el período 2000-2019, según el blog Ideas que Cuentan —del Banco Interamericano de Desarrollo—, “no hubo mucha diferencia en el crecimiento promedio de la deuda de los países durante períodos en los que se aplicó al menos una regla fiscal y períodos en los que no se aplicó ninguna […]. Menos de una tercera parte de los países en la región han logrado el cumplimiento de las reglas basadas en límites al gasto”.

Críticas de fondo a la regla fiscal

Desde diversas vertientes teóricas se ha criticado la regla fiscal colombiana.

Según Jorge Armando Rodríguez —exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional—, no se basa en variables observables, sino en una abstracción que puede manipularse contablemente: el concepto de balance primario neto estructural. Además, tolera una tasa “natural” de desempleo que, en teoría, debe existir.

Según corrientes postkeynesianas, centrarse solo en el déficit público es ignorar el impacto sobre el resto de la economía.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, hace una valoración parecida: “la definición del balance estructural implica que para su cálculo debe aislarse el efecto del ciclo económico y el ciclo minero energético, para lo cual es necesario realizar la estimación de variables como el PIB potencial, una variable no observable, y el precio del petróleo, una variable volátil y difícil de pronosticar”.

Otras críticas se centran en el límite de la deuda.  Según Salomón Kalmanovitz, Duque cambió como le convino la regla fiscal, diferenciando déficit deuda del gobiernoDiego Otero denuncia la limitada evidencia teórica y técnica para definir un nivel óptimo de deuda.

Según corrientes postkeynesianas, centrarse solo en el déficit público es ignorar el impacto sobre el resto de la economía. Reducir el déficit fiscal limita el ahorro, la inversión y la acumulación del sector privado, con impactos financieros sobre las empresas y los hogares: es una identidad contable. De hecho, limitar la deuda pública aumenta el endeudamiento privado como mecanismo de impulso económico.

La regla fiscal limita las políticas contracíclicas de choque, como se vio en la pandemia, pero estas políticas también se necesitan para fomentar el pleno empleo y la reindustrialización, e incluso para cumplir compromisos ambientales nacionales orientados hacia una economía baja en carbono.

El debate debe seguir

Es muy beneficioso que se cuestione la regla fiscal —uno de los intocables de la política macroeconómica, junto con la “independencia” del Banco de la República— y que lo hagan funcionarios del Gobierno nacional.

Se debería seguir el ejemplo de los congresistas que citaron la audiencia pública, así como abrir escenarios en universidades y centros de pensamiento para nutrir esta discusión.

Este debate es fundamental para decidir sobre impuestos y gasto público; más aún, será central para definir rumbos económicos alrededor del cambio de la estructura productiva, la industrialización del país, la transición energética y la búsqueda del pleno empleo. Sin cambios en la regla fiscal, la única política que se podrá seguir en el país es la confianza inversionista para el capital privado.

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Bonos de carbono: ¿negocio a costa de la vulneración de derechos?

Por Diego Cortes Valencia

Los bonos de carbono son mecanismos para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la realidad es mucho más compleja: ¿Qué hay detrás de esta medida? ¿Qué está pasando en Colombia?.

Amenaza a los pueblos indígenas

Dejusticia publicó un artículo titulado “Bonos de carbono, un mercado ambiental que amenaza a los pueblos indígenas”.

El artículo sintetiza el concepto que construyeron junto a la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, sobre la tutela presentada por el Consejo Indígena del Pirá Paraná y la Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales del Río Pirá Paraná (ACAIPI) contra la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques (Masbosques) y otros.

En pocas palabras, el artículo expone la violación de la autonomía indígena por parte de las empresas responsables de emisiones de bonos de carbono. Esta situación no es un caso aislado, sino que hace parte de un fenómeno internacional que se produce en varios países del sur global.

Los bonos

Los bonos de carbono son un mecanismo de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero (COequivalentes). Cada bono corresponde a una tonelada de equivalente de dióxido de carbono capturada o no emitida a la atmósfera.

Estos bonos son emitidos por las empresas que realizan las inversiones para garantizar la captura de carbono. Después son vendidos a las empresas que contaminan en distintas partes del mundo. Una medida que puede definirse como una solución del mercado financiero.

las compañías se aprovechan de las comunidades locales y, en último término, los más beneficiados son las empresas intermediarias y los compradores finales porque se sobrestima el valor real de las inversiones en bonos de carbono.

Un ejemplo es el protocolo de Kioto (1997), acuerdo internacional enfocado en compensar las actividades productivas de empresas que no reducen sus emisiones con un pago equivalente a su contaminación. También vale la pena recordar la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde se crearon los pagos por Resultados de Mitigación REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

Además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tales iniciativas promueven la conservación y la gestión sostenible de los bosques, en donde cada disminución de tonelada equivalente de COcorresponden a un bono.

Para 2021, existían cerca de 98 proyectos de este tipo en el territorio colombiano.

Las críticas a estos mecanismos de financiación contra el cambio climático son múltiples: el aprovechamiento de grandes empresas financieras sobre comunidades indígenas, negras o campesinas; las limitaciones de la autonomía de territorios soberanos de comunidades étnicas; la opaca efectividad de los bonos y la especulación financiera construida en el mercado de compra y venta de los bonos.

Negociaciones desequilibradas

Para emitir bonos de carbono, las empresas se acercan a zonas donde la captura de emisiones es factible mediante la protección de selvas y bosques y realizan contratos con las comunidades.

Debido a las características geográficas de estas zonas, la mayoría de la población suele ser comunidades indígenas. Se firman contratos de compensación ambiental para que las comunidades se comprometan a conservar la selva a cambio de recursos económicos. Buena parte de estas acciones se han concentrado en la región amazónica.

Aunque son contratos privados, es común la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas. Hoy hay denuncias de abuso abierto de las empresas en la negociación, como el impedimento a las comunidades de realizar un proceso de consulta previa medianamente responsable.

Por ejemplo, en 2021, las firmas colombianas Waldrettung y Vida Verde Ambiental S.A.S. intentaron firmar un contrato con el Resguardo Indígena Nukak Maku, ubicado en San José del Guaviare. Este intento fue denunciado varias veces, debido a la presión de las empresas para mantener la información confidencial; al parecer, las compañías prohibieron a los indígenas realizar una consulta jurídica. Aunque el proyecto no se concretó, esta situación expone algunas de las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas cuando negocian bonos de carbono.

Asimismo, por el lado del Consejo Indígena del Pirá Paraná, las denuncias tienen que ver con su autonomía como gobierno propio. Según Dejusticia, el Consejo afirmó que la corporación Masbosques y otras tres empresas no respetaron la autoridad ni los mecanismos de participación propios de los indígenas al utilizar una autorización falsa para llevar a cabo un proyecto REDD+ en el año 2021.

Saltarse las formas organizativas de los pueblos indígenas es una constante. La alcaldesa del municipio de Miraflores (Guaviare) denunció la existencia de proyectos en cinco resguardos indígenas, donde se han violado la autonomía y el gobierno propio. Además, precisó que no tienen copias de los contratos y no todos los resguardos del municipio firmaron, lo cual produce tensiones y conflictos entre los integrantes de las comunidades indígenas.

Algo muy similar sucedió en Nariño, donde el gobernador del resguardo de Cumbal firmó un proyecto de bonos de carbono sin informar a la comunidad.

En pocas palabras, es posible afirmar que, poco a poco, este tipo de situaciones resulta en una serie de prácticas injustas en la negociación del contrato, la ruptura del tejido social de las comunidades indígenas y el surgimiento de conflictos entre los resguardos.

Especulación con los bonos

Varias investigaciones concluyen que los bonos de carbono, en distintas regiones del continente, no tienen el valor que las empresas afirman.

Tal es el caso de Verra, empresa estadounidense y una de las compañías más importantes en materia de bonos de carbono. Patrick Greenfield, en The Guardian, informa que más del 90% de las compensaciones de carbono de la selva tropical que ha certificado Verra no tienen ningún valor. Además, los métodos de contabilidad del carbono forestal empleados por los desarrolladores fueron un 23% y un 30% más altas que las estimaciones del Berkeley Carbon Trading Project.

Algo muy parecido se ha denunciado a partir de las metodologías de valoración, donde se inflan los precios de los bonos que no tendrán efectos reales en el medio ambiente. Este tipo de prácticas se conocen como la venta de “aire caliente”.

Por ejemplo, en los proyectos Matavén y Kaliawiri, la empresa Primax Colombia S.A.S utilizó bonos de carbono para reducir el pago de impuestos y para que en el 2021 pudiera presentar deducciones de 25 millones de dólares. Con esta estrategia, se estarían sobreestimando los precios de los bonos y reduciendo los ingresos públicos que podrían destinarse a la lucha contra el cambio climático.

Además, la mayoría de estos bonos se emiten sobre zonas con bajos niveles de deforestación. Dicho de otro modo, están pagando por árboles que ya existían, mientras que en zonas de alta deforestación no se promueve ningún cambio significativo. De esta manera se estarían financiando acciones contra la deforestación que en la práctica no existen.

Foto: Cancillería – La mayoría de los bonos de carbono se emiten en zonas donde las presiones de deforestación son bajas.

Los bonos y la crisis climática

Los bonos son una respuesta de precios de mercado para las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, algunos integrantes de comunidades indígenas han puesto en tela de juicio la idea de asignar un valor de mercado específico a la conservación de la selva.

Las empresas emisoras y certificadoras ven la contaminación como una externalidad negativa de la explotación económica de los recursos —no como un límite ambiental que debe ser respetado por el modelo económico—. Así, en virtud de los bonos de carbono, las compañías tendrían el “derecho” de contaminar siempre que lo hagan a cambio de comprar en bonos el daño equivalente.

Pero en el contexto económico actual, esta medida aumenta la desigualdad entre quienes pueden mantener sus sistemas de producción extractivista y los países del sur global donde ese extractivismo supera el límite de tolerancia ambiental.

Además, las compañías se aprovechan de las comunidades locales y, en último término, los más beneficiados son las empresas intermediarias y los compradores finales porque se sobrestima el valor real de las inversiones en bonos de carbono.

Las anteriores denuncias sociales y técnicas demuestran que los bonos de carbono son mecanismos insuficientes para luchar contra el cambio climático. De hecho, pueden agravar la crisis si no existe una regulación clara y efectiva, tanto a nivel nacional como internacional.

No es posible que estas grandes empresas se aprovechen de su poder de mercado y de la falta de información de las tribus locales, como se pudo constatar en el caso de las comunidades indígenas de la región amazónica.

Qué hacer

El gobierno debe acelerar la reglamentación de este tipo de proyectos.

La regulación existente, que abre camino a estos mercados, no atiende la complejidad de las variables económicas, ambientales y sociales asociadas con la compra de bonos de carbono. En particular, la legislación vigente no exige estrictamente el desarrollo de consultas previas, lo cual viola los derechos de las comunidades étnicas.

Las empresas que ejecutan proyectos REDD+ atentan contra el gobierno propio de los pueblos indígenas. Por eso debe haber mejor acompañamiento estatal en los proyectos que se desarrollan en las regiones.

en el contexto económico actual, esta medida aumenta la desigualdad entre quienes pueden mantener sus sistemas de producción extractivista y los países del sur global donde ese extractivismo supera el límite de tolerancia ambiental.

El fortalecimiento del gobierno indígena debe empezar por formalizar las Entidades Territoriales Indígenas como parte de la estructura político-administrativa del país, tal como ordena el artículo 286 de la Constitución. Dicho proceso podrá llevarse a cabo con el cumplimiento del Decreto Ley 632 de 2018, específicamente, por medio de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.

El Estado debe exigir transparencia en los procesos contractuales, las metas, las metodologías de valoración y el cumplimiento de reducción de emisiones, aunque los contratos sean entre entes privados. Será preciso estudiar el impacto de nuevas condiciones sobre la seguridad jurídica, para evitar demandas de las multinacionales amparadas en los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Internacionales de Inversión.

Por último, el gobierno debe clarificar el papel que tendrán los distintos mecanismos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. También debe precisar cómo se tomarán las medidas para reducir los impactos negativos en términos económicos y sociales en las poblaciones más vulnerables del país.

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“La coalición de gobierno es un sancocho que me genera mucha desconfianza”

Santiago Torrado*

La representante de Dignidad y Compromiso abandera las causas feministas y los temas relacionados con el movimiento estudiantil al que perteneció

Como representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, de 27 años, encabezó la rueda de prensa que reunió a distintas generaciones de mujeres feministas hace dos semanas en el nuevo edificio del Congreso, en el corazón de Bogotá. Era una suerte de anfitriona. Junto a Sara Tufano, María Antonia García de la Torre, Juana Afanador, Mónica Godoy y Ángela María Robledo –la excongresista que la inspiró a participar en política–, denunciaron, por enésima ocasión, la difusión de un discurso de odio contra las feministas, acompañado de ciberacoso, desde la misma izquierda. Y más concretamente, las amenazas de un militante de Colombia Humana, el movimiento político del presidente Gustavo Petro, que en las redes sociales se hace llamar ‘Dragón Negro’. “Afilaré mi catana”, les decía en un mensaje el mes pasado. “Esto no es una metáfora en un país donde descuartizan mujeres”, denunció Pedraza con firmeza ante las cámaras.

Economista y ‘madre’ de tres perros, Pedraza es la congresista más joven de Colombia. Hace ocho meses aterrizó en el Capitolio y ya es también una de las voces más visibles entre los legisladores que se declararon en independencia frente al Gobierno. Abandera las causas feministas y los temas relacionados con el movimiento estudiantil, la escuela política en la que se forjó durante las protestas de los últimos años. Su principal proyecto legislativo es sobre financiación de la educación superior, y ese es también el tema de su tesis de maestría.

Mónica Godoy, consultora en prevención de la explotación y abuso sexual; Sara Tufano, socióloga feminista y columnista; Jennifer Pedraza, representante a la Cámara; Ángela María Robledo, docente, escritora y política y Juana Afanador, socióloga y feminista, durante una rueda de prensa en Bogotá, el pasado 30 de marzo.NATHALIA ANGARITA

Sus reclamos de los últimos meses al Ejecutivo han incluido pedir la salida de Henry Sanabria, el homófobo y ultra religioso jefe de la Policía al que Petro destituyó este miércoles, o denunciar el acoso sexual de un académico que iba a ser embajador, Víctor de Currea-Lugo. Ese episodio le valió los ataques de Germán Navas Talero, un veterano exrepresentante del Polo Democrático Alternativo, un partido de izquierda al que ella también perteneció. “Es una profunda decepción. Pero lejos de intimidarnos, lo que eso hace es darnos más herramientas para mostrar lo necesaria que es nuestra voz en política”, reflexiona.

“Voté por el presidente Petro en segunda vuelta, pero creo que hay que hacer una labor de control político. De lo contrario es difícil que las cosas cambien y el Congreso sigue estando conformado en su mayoría por partidos políticos tradicionales”, dice Pedraza a EL PAÍS en un café junto al Capitolio. “El movimiento social debe ser activo. Debemos seguir defendiendo la agenda que siempre nos ha llevado a las calles”, a pesar de las coincidencias que pueda haber con el actual mandatario, valora.

Colombia vivió un estallido social sin precedentes durante el periodo de Iván Duque (2018-2022). En esas oleadas de protestas, que se remontan hasta finales de 2019, antes de la pandemia, el movimiento estudiantil –de universidades públicas y privadas– tuvo un papel protagónico. En términos políticos, fue el presidente Petro, un político veterano, quien capitalizó el descontento al imponerse en las elecciones del año pasado con el voto mayoritario de los jóvenes. Pero en los comicios legislativos también emergieron otras figuras vinculadas a las protestas. Entre esa camada de renovación se destaca Pedraza, que fue una visible representante estudiantil de la Universidad Nacional y miembro del Comité del Paro que agrupaba a las organizaciones que convocaron las primeras manifestaciones.

Como parte de las listas de la coalición del centro político, a pesar de haber militado en la izquierda, es también la única representante de Dignidad y Compromiso, el nuevo partido surgido de la fusión de los movimientos de Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo. Está muy involucrada en la escuela de formación política del partido y en los esfuerzos por promover candidaturas para las elecciones locales de octubre, especialmente de jóvenes y mujeres. “Representamos a las personas que estamos agotadas de la politiquería”, afirma. “Sentimos que Colombia merece un mejor cambio que el que está proponiendo el presidente Petro. No concebimos como uno puede hacer un cambio con la política de siempre”.

Jennifer Pedraza/ El 30 de marzo de 2023.NATHALIA ANGARITA

Se posiciona sin tapujos frente a las tres grandes reformas sociales que el Gobierno pretende aprobar en el Congreso. Celebra la laboral como una manera de recuperar los derechos que los trabajadores perdieron durante el periodo del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), y plantea ajustes para la pensional y la sanitaria. “En un semáforo, le pondría el rojo a la reforma a la salud, donde más hay que poner la lupa; el amarillo a la pensional, para que fortalezca realmente el régimen público de pensiones; y el verde para la laboral”, sintetiza.

“Hay un mandato social de cambio que en algunos aspectos el Gobierno ha representado bien”, matiza al valorar como aciertos la reforma laboral o la creación de un sistema nacional de cuidado en el Plan Nacional de Desarrollo. “Pero hay otros asuntos en los que por el contrario hay que marcar distancia”. Entre sus reparos, subraya la manera en que ha tratado los temas relacionados con las mujeres. “No ha habido poder humano que logre que el Gobierno declare emergencia nacional por violencia machista, que es la exigencia que movimiento feminista en Colombia ante la ola de feminicidios, apunta. Considera que hay una deuda simbólica. “El Gobierno ha respaldado y se ha puesto del lado de sus funcionarios que han sido denunciados por violencia y por acoso sexual”, recuerda al enumerar los señalamientos contra Mauricio Lizcano, el secretario de la Presidencia, o el propio Currea-Lugo, que acabó por declinar su designación.

Independientemente del balance final que arroje en Chile la presidencia de Gabriel Boric, todavía lo considera una fuente de inspiración como una experiencia de liderazgos surgidos del movimiento estudiantil. “Ese vínculo entre el movimiento social y la política es muy importante”, señala. Recuerda que incluso ella calificaba de “vendidos” a los líderes que se lanzaban, pero ha cambiado de opinión. “Considero hoy que si el movimiento estudiantil no llega a estos espacios, si no participa de la política, si no se mete en política, va a seguir padeciendo lo que decidan los políticos profesionales”, argumenta. “Hay un terreno grande por conquistar. Ya no creo que sean vendidos. Todos los sectores del movimiento social, incluso con los que yo no coincido, tenemos que tomarnos la política y empezar a hacer política para la gente. Ese es el punto central”.

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¿De dónde viene la reforma tributaria?

Carlos Acero*

Le queda mal a un gobierno de izquierdas o alternativo validar sus iniciativas usando de referencia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- o cualquier otra organización financiera internacional. La OCDE, semejante al Fondo Monetario Internacional –FMI- y al Banco Mundial -BM-, hace parte de la estructura internacional de organizaciones de corte neoliberal que el mandato popular rechazó en las últimas elecciones presidenciales. Ahora bien, siempre he sostenido que la OCDE opera de manera mucho más sofisticada en comparación a otras organizaciones internacionales[1].

Aunque poco se estudie -incluso en la izquierda- hay que entender las diferencias entre las formas de operar de cada organización. Si bien no nacieron con ese objetivo, el BM  y el FMI implementaron los Planes de Ajuste Estructural para constreñir a los países no desarrollados. A cambio de recursos económicos –usualmente mediante crédito-, le exigían a estas naciones reformas estructurales de corte neoliberal, que implicaban reducción del gasto público y de la participación del Estado en la economía, privatizaciones, aumento del endeudamiento, entre otras[2]. La evidencia demuestra que, contrario a ser planes para el crecimiento del mundo subdesarrollado, perjudicaron a las naciones que los implementaron[3].

A pesar de ser prima de las anteriores[4], la OCDE no funciona a través de constreñimiento mediante recursos. Esta organización, en términos generales, actúa mediante coincidencias ideológicas. La excepción a la regla ocurre cuando un país, usualmente no desarrollado, realiza su proceso de ingreso a la organización, proceso que transitó Colombia y donde el constreñimiento sí existe.

Por esos días Colombia firmó, sin posibilidad alguna de disentir en una coma, siete tratados internacionales; adoptó mecanismos de privatización blandos como sacar a delegados del gobierno de juntas directivas de empresas públicas o mixtas; promovió políticas públicas para financiar la educación vía Icetex ; echó para atrás el control de precios a los medicamentos, condición impuesta por las grandes farmacéuticas y el gobierno de EE.UU.; entre otros. Por lo mismo, sigo sosteniendo que Petro cometió un grave error al votar a favor del ingreso de Colombia a la OCDE.

Ahora bien, tras el ingreso del país a la OCDE el constreñimiento se reduce y la adopción de parámetros pasa a depender de la identidad ideológica. Desde entonces sí es posible hablar de meras recomendaciones, así muchas de esas no nos gusten. A ello se suma que la OCDE constantemente realiza apreciaciones sobre las iniciativas de los países, saludándolas o no, sin que ello tenga mayores consecuencias.

En estos días la OCDE saludó la propuesta tributaria de Petro y Ocampo. A diferencia de las reformas tributarias de Duque[1], la de Petro y Ocampo no fue redactada por las organizaciones internacionales neoliberales. La exposición de motivos de la reforma actual tampoco indica, como aquellas, que ese sea su origen y el contenido integra sendos temas que coinciden con valoraciones de sectores que no acompañaban al gobierno Duque, empezando porque no toca el IVA.

De manera semejante, como precisó el economista Diego Cortés[2], en 2020 la bancada opositora al gobierno de Duque, incluyendo a Dignidad, presentó una reforma tributaria que proponía incrementar impuestos a los dividendos, establecer un impuesto al patrimonio y eliminar beneficios tributarios[3]. Estos elementos de la reforma son evidentemente progresistas, necesarios para avanzar en una agenda de desarrollo nacional, y sobre todo afines a la idea de financiar al Estado colombiano cada vez más con impuestos directos. Que en otros momentos el FMI haya coincidido con incluir estos elementos no quiere decir que la reforma haya sido escrita por éste, ni que estos sean incorrectos, y mucho menos que la bancada opositora -en ese momento- hubiese cedido su pluma a los funcionarios del FMI.

Muchas cosas se pueden criticar de esta reforma desde posiciones de izquierda. Por lo mismo, la Representante a la Cámara Jennifer Pedraza ha presentado quince proposiciones para modificar o eliminar lo inconveniente de la reforma, por ejemplo, incluir tarifa de renta diferencial para personas jurídicas.

La reforma viene de economistas del Ministerio de Hacienda, la mayoría no ortodoxos. Ensucia el debate, el riguroso y honesto, señalar que el saludo de la OCDE a la tributaria es igual a adoptar el contenido neoliberal que promueve dicha organización o que provenga de allá.

[1] Comisión de expertos OCDE – DIAN durante gobierno Duque: https://www.dian.gov.co/dian/Paginas/OCDE-CEBT.aspx

[2] Ver: https://twitter.com/DiegoCortesV/status/1567404602584186880

[3] “Por medio de la cual se modifica el decreto ley 568 de 2020 “por el cual se crea el impuesto solidario por el covid 19, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica dispuesto en el decreto legislativo 417 de 2020”.” Disponible en: https://www.camara.gov.co/impuesto-solidario-covid-19

[1] Acero Castellanos, Carlo Mario. OCDE : herramienta de distribución de recursos en la globalización neoliberal : el caso de la reforma a la educación superior en Colombia. Repositorio Institucional Séneca, Universidad de los Andes. 2018.

[2] CHANG, Ha-Joon. Economía para el 99% de la población. Barcelona: Editorial DEBATE, Penguin Random House Grupo editorial. 2015. p. 94.

[3] Ibídem.

[4] OCDE. A strategy for enlargement and outreach. Report by the Chair of the Heads of Delegation Working Group on the Enlargement Strategy and Outreach, Ambassador Seiichiro Noboru. 2004. p 10.

[5] Comisión de expertos OCDE – DIAN durante gobierno Duque: https://www.dian.gov.co/dian/Paginas/OCDE-CEBT.aspx

[6] Ver: https://twitter.com/DiegoCortesV/status/1567404602584186880

[7] “Por medio de la cual se modifica el decreto ley 568 de 2020 “por el cual se crea el impuesto solidario por el covid 19, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica dispuesto en el decreto legislativo 417 de 2020”.” Disponible en: https://www.camara.gov.co/impuesto-solidario-covid-19

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Le llegó la hora a la reforma laboral

Carlos Mario Acero Castellanos*

El proyecto inicial

El gobierno nacional ha superado temporalmente la crisis de mayorías en el Congreso para aprobar sus reformas. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó casi por completo la reforma de la salud la semana pasada, lo cual sugiere que se abrirá espacio en la agenda para debatir la reforma laboral.

La propuesta de cambiar las reglas laborales presentada por Petro y la ministra Gloria Inés Ramírez, recuperaría los derechos que se les han quitado a los trabajadores colombianos desde la década de 1990 debido a las medidas de apertura económica.

En general, la reforma recupera derechos que han sido violados. Pero las modificaciones al proyecto original del gobierno son menos ambiciosas. Por eso   importa revisar los recortes sugeridos y analizar los efectos de la reforma para las MiPyMes, así como resaltar el capítulo de derechos colectivos.

Los recortes

El texto de la reforma que se discutirá establece que la jornada diurna no termina ni a las 9 pm (gobierno Duque) ni a las 10 pm (gobierno Uribe), sino a las 7 pm.

La propuesta inicial acogía el reclamo de las centrales obreras durante tres décadas y la promesa de campaña del gobierno actual de establecer la jornada diurna de 6 a 6, como era antes de 2002.

En general, la reforma recupera derechos que han sido violados. Pero las modificaciones al proyecto original del gobierno son menos ambiciosas. Por eso importa revisar los recortes sugeridos y analizar los efectos de la reforma para las MiPyMes, así como resaltar el capítulo de derechos colectivos.

Foto: Integración Social – La reforma laboral busca eliminar los mecanismos antisindicales que se volvieron ley en Colombia.

La ponencia presentada para el primer debate reduce la importancia del contrato a término indefinido. El nuevo texto permite distintas formas de contratación a término fijo, incluso si el trabajo no responde a “tareas de naturaleza temporal”. Esto debilita la estabilidad laboral con el tiempo.

La ponencia también afecta negativamente el derecho de estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad. Actualmente, estas personas solo pueden ser despedidas con la autorización del inspector de trabajo, quien verifica que el despido no sea discriminatorio. La reforma inicialmente mantenía esta protección, pero ahora elimina el requisito de autorización, lo cual perjudica a las personas con discapacidad que tienen más dificultades para encontrar otro empleo.

Finalmente, el inconveniente artículo 72 de la propuesta original no se eliminó, aunque permita que los aumentos salariales en el sector público solo sean aplicables a quienes ganen hasta dos salarios mínimos. Esta medida es regresiva para el derecho al reajuste salarial de los empleados estatales y crea una especie de escalafón que divide los intereses de los trabajadores al negociar sus salarios y beneficios laborales con el Estado.

Mipymes

Las MiPyMes son el 99,2% de las empresas colombianas, (Confecamaras, 2020), generan el 80% de empleo formal y aportan el 35% del PIB nacional (ACOPI, 2022).

La reforma laboral desincentiva los mecanismos flexibles de contratación, como los contratos civiles y los contratos temporales. Estas formas de contratación se han utilizado ampliamente para reducir las garantías laborales, pero también han sido una herramienta, discutible pero útil, para que las MiPyMes puedan reducir los costos laborales.

La reforma laboral no ignora las preocupaciones de las MiPyMes. En realidad, establece mecanismos especiales y flexibles para ellas en cuanto a sanciones por comportamientos antisindicales y la extensión de obligaciones derivadas de acuerdos colectivos.

La Asociación Colombiana de las MiPyMes Nacionales (ACOPI) sigue solicitando mecanismos diferenciados —que en efecto, son escasos—. La reforma debería incluir beneficios para estas empresas, como mayores subsidios por la creación de empleo en MiPyMes.

Una opción es ampliar el alcance de uno de los artículos del Plan de Desarrollo recientemente aprobado. También se puede contemplar un periodo de transición para que las políticas de reindustrialización del gobierno fortalezcan a estas empresas y les permitan asumir las nuevas cargas, o promover la reducción de costos no laborales, como una tarifa diferencial de impuesto de renta para estas empresas.

Avance en derechos colectivos

La reforma se propone mejorar los derechos colectivos o sindicales y armonizarlos con estándares internacionales. En Colombia, la tasa de sindicalización es baja, no supera el 5%, y existen numerosos casos de estigmatización de los sindicatos.

El Código Sustantivo del Trabajo ha legalizado mecanismos que desalientan la formación y el fortalecimiento de los sindicatos. Estos mecanismos incluyen los contratos sindicales y los pactos colectivos.

Las centrales obreras, como la CUT, CGT y CTC, junto con la Comisión de Expertos en Aplicación y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Constitucional, han señalado el uso antisindical de estas figuras legales. Algunas sentencias relevantes en este sentido son la T-690 de 1998, SU-569 de 1998 y T-100 de 2008.

En general, se trata de contratos que los empleadores realizan con sindicatos patronales o grupos de trabajadores no sindicalizados, en los cuales se establecen condiciones más favorables en comparación con los contratos de los sectores sindicalizados. Estos mecanismos tienen como consecuencia el desprestigio de los sindicatos y la división de los intereses de los trabajadores.

La Escuela Nacional Sindical ha proporcionado datos sobre las negociaciones laborales. Entre 1994 y 2000, las convenciones colectivas celebradas entre empresas y sindicatos representaban el 64,1% de las negociaciones. Sin embargo, en la década de 2011 a 2021, esta cifra disminuyó significativamente, representando solo el 15,8% de las negociaciones.

Por otro lado, el mecanismo de contrato sindical tuvo un cambio drástico en su participación. En el período de 1994 a 2000, representaba solo el 0,2% de las negociaciones laborales. Sin embargo, en la década de 2011 a 2021, esta cifra aumentó y llegó a representar el 66,6% de las mismas.

La Asociación Colombiana de las MiPyMes Nacionales (ACOPI) sigue solicitando mecanismos diferenciados —que en efecto, son escasos —. La reforma debería incluir beneficios para estas empresas, como mayores subsidios por la creación de empleo en MiPyMes.

En resumen, la reforma laboral se enfoca en eliminar los mecanismos antisindicales que se convirtieron en leyes y prácticas en Colombia. Además, se han logrado avances en la ampliación de los derechos colectivos de trabajo al armonizar la legislación nacional con el Convenio 87 de la OIT, que permite a las federaciones y centrales sindicales ejercer el derecho a la huelga.

Por otro lado, la reforma legaliza las huelgas en conflictos no empresariales, lo cual rompe con la idea de que los sindicatos solo deben preocuparse por sus propios privilegios y no por el bienestar de toda la sociedad.

En la reforma también se reconoce el derecho a la huelga en servicios esenciales, pero se establecen límites razonables. Además, se incluyen nuevas conductas que pueden ser sancionadas si afectan a las organizaciones sindicales. También se reconoce la estabilidad laboral reforzada para aquellos que participan en procesos de negociación colectiva, protegiéndolos de posibles sanciones por defender derechos colectivos.

El Congreso debatirá la reforma laboral en las próximas semanas. Aunque las centrales obreras respaldan ampliamente la reforma, será importante corregir ciertas modificaciones y mantener la concertación con las MiPyMes, que están legítimamente preocupadas por los efectos de la iniciativa.

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