La representante a la Cámara Jennifer Pedraza convocó a una audiencia pública sobre la crisis en el Fomag.
Pese a que el sistema de salud de los maestros sigue en crisis, ninguno de los viceministros del gobierno de Gustavo Petro llegó a la audiencia pública convocada por el Congreso para abordar la crisis en el sistema de salud del magisterio.
La diligencia había sido citada por la representante Jennifer Pedraza, quien cuestionó que ninguno de los ministerios que hacen parte del Comité Ejecutivo del Fondo del Magisterio enviara a alguno de sus viceministros para escuchar las quejas de los docentes.
“La labor docente es fundamental. Los maestros y las maestras deben tener las mejores condiciones para ejercer su profesión y que además reconozca una realidad epidemiológica como que la propensión a tener cáncer entre los maestros y maestras es cinco veces que el promedio de los colombianos y las colombianas”, sostuvo la congresista.
Los contratos con los anteriores operadores del Fomag vencieron el 1 de mayo y desde entonces comenzó a implementarse un nuevo sistema de salud para eliminar la intermediación que comenzó a marchar sin que estuviera lista.
“No estoy en desacuerdo con la propuesta de eliminar los operadores del servicio de salud, pero necesitamos reemplazar esos operadores en la etapa administrativa del modelo de salud. Todo lo que los operadores hacían, ¿quién lo va a hacer?, ¿cuánto nos vamos a demorar para que las instituciones tengan la capacidad para hacerlo?”, cuestionó la representante Pedraza.
En medio de ese proceso, el Ministerio de Salud presentó asesoría técnica al Comité Ejecutivo del Fomag para la toma de decisiones sobre el sistema. En esa junta están sentados tres ministerios del Gobierno nacional (Educación, Hacienda y Trabajo) y dos representantes de la delegación de los maestros.
El FOMAG está en crisis 🚨 y ningún viceministro de @MinSaludCol , @MinHacienda, @MintrabajoCol, @Mineducacion vino a nuestra audiencia pública a escuchar los preocupantes casos de maestros/as que sufren dificultades cada día. Le siguen fallando a los y las profes de Colombia 😡
— Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) June 24, 2024
A la audiencia pública asistieron delegados de las carteras que integran la dirección del Fomag y de Fecode, mas no los propios viceministros, un asunto que generó inquietudes entre los asistentes. Además, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ya fue citado un debate de control político sobre este asunto que se llevará a cabo en la próxima legislatura.
En una entrevista exclusiva, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el movimiento Dignidad y Compromiso, se mostró contundente en sus críticas a las reformas adelantadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Especialmente enfática fue su postura sobre la reforma a la educación, donde sostuvo la necesidad de la salida de la actual ministra de Educación, Aurora Vergara. Pedraza no se guardó nada y expuso las razones de su decepción con el ejercicio político en Colombia, así como su apoyo crítico al Gobierno de Petro.
Reformas del Gobierno Petro bajo la lupa
La representante Pedraza inició la conversación detallando su descontento con varias de las reformas que está impulsando el Gobierno de Gustavo Petro. Según ella, muchas de estas iniciativas carecen de una visión integral y de un verdadero enfoque en el bienestar de la ciudadanía. En particular, la reforma educativa ha sido un punto de discordia para Pedraza, quien considera que la actual ministra de Educación, Aurora Vergara, no ha estado a la altura de los desafíos que enfrenta el sector.
Críticas a la ministra de Educación
Para Pedraza, la gestión de Aurora Vergara ha sido insuficiente y, en algunos casos, perjudicial para el avance de la educación en Colombia. “La ministra se encierra con el Centro Democrático, con Paloma Valencia, y modifican completamente el espíritu de esta ley”afirmó. De hecho, la representante resaltó que, según ella, la ministra traicionó a Fecode y por consiguiente debería renunciar a su cargo, pues no fue ningún acuerdo nacional al que se llegó, sino que se les mintió a los profesores.
Por otro lado, la conversación también tocó un tema sensible para la representante: su decepción con el ejercicio político en el país. Pedraza expresó su frustración con la dinámica política actual, que, según ella, está plagada de intereses particulares y falta de compromiso con el cambio verdadero. Además, a pesar de sus críticas, Jennifer Pedraza aclaró que su voto y respaldo al Gobierno de Gustavo Petro se dio en segunda vuelta, y recordó que el otro candidato, Rodolfo Hernández, hoy se encuentra condenado.
Finalmente, Pedraza reafirmó su compromiso con la lucha por una Colombia mejor y resaltó que, a pesar de mostrarse en algunas ocasiones pesimistas con el futuro del país, su pasión por la política y su labor continuarán.
El Gobierno nacional enfrenta el enorme reto de recortar el gasto público. No se está logrando recaudar en impuestos lo proyectado en el Presupuesto General de la Nación para 2024. El ministro de Hacienda pretende recortar 20 billones de pesos para ajustar ingresos y gastos.
¿Cómo se llegó a este punto?
Entre enero y abril de 2024, la DIAN ha recaudado 85,9 billones de pesos. En términos reales (teniendo en cuenta la inflación) esto significa una reducción del 16,3% con respecto a los mismos meses del año 2023.
No es el primer año con caída de recaudo durante estos meses. De hecho, se han observado caídas de recaudo en los años 2002, 2007, 2009, 2010, 2013, 2015, 2016 y 2020. Cada uno ha coincidido con crisis económicas nacionales e internacionales, caídas de precios internacionales del petróleo y la pandemia del año 2020. Sin embargo, ninguna caída en recaudo había sido tan fuerte como la observada en el año 2024.
Para mayo el recaudo de impuestos fue el más alto con respecto al PIB en la historia. Sin embargo, esto no es ningún mérito concreto.
Al detallar la información, las caídas más relevantes son en impuesto de renta (-25,5%), IVA externo (-28,2%) y aranceles (-21,9%) por menos importaciones, y retención de IVA nacional (-10,8%). Sin embargo, en términos de proporción sobre el total del recaudo, los más relevantes son renta (48% del total del recaudo en 2024) e IVA externo (12%).
El ex director de la DIAN y nuevo ministro de comercio dice que para mayo el recaudo de impuestos fue el más alto con respecto al PIB en la historia. Sin embargo, esto no es ningún mérito concreto. Venimos de dos reformas tributarias seguidas, una en el 2021 con el gobierno Duque y otra en 2022 con el gobierno Petro. Ambas reformas han subido los impuestos y, en proporción al PIB, siempre incrementarán. Por lo tanto, no es relevante esta comparación y menos en un contexto de crecimiento mediocre del PIB nacional.
Es posible notar que el impacto en el recaudo se encuentra en el bajo crecimiento económico del año 2023 y del primer trimestre de 2024. En los últimos 4 trimestres, el crecimiento anual del PIB ha sido en promedio 0,1% en términos reales. Estos resultados impactan en la renta y también explica la caída de recaudo en IVA y aranceles de las importaciones.
Lo anterior se suma a que no fue posible recaudar lo esperado por litigios por falta de trámite en el Congreso del proyecto de ley. Esto debía ser impulsado por el ministro de Hacienda y no hubo un interés real en cabildear el proyecto. Además, en la Corte Constitucional, se han caído impuestos de la última reforma tributaria como la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para empresas minero-energéticas, con impactos de cerca de 6,7 billones de pesos menos en impuestos, según el Ministerio de Hacienda.
Por cuenta de la Regla Fiscal y el límite del nivel de endeudamiento del país, no hay mayor intención de incrementar la deuda para cubrir el faltante del año 2024. Por esto, el ministro de Hacienda recurrió a un recorte general del 5,6% en todas las carteras del Presupuesto General de la Nación, para así lograr la meta de reducción del presupuesto en 20 billones de pesos. Será un recorte general a todos los sectores, sin diferenciar dónde puede impactar de manera más grave este recorte.
Los recortes
El presupuesto del año 2024 fue aprobado por un monto de 503,2 billones de pesos, que superó el presupuesto del año 2023 en un 13,2% (precios reales). Para lograr la reducción del presupuesto en 20 billones, se debe recortar en todos los sectores, excepto en el servicio de deuda nacional (equivalente a $61,5 billones de pesos).
Los recortes, según el gobierno, no tocarán el gasto social y tampoco pueden impactar costos fijos de funcionamiento, como los salarios de servidores públicos. El ministro Bonilla explicó que serán $11 billones de pesos en funcionamiento y $9 billones en inversión. En funcionamiento se impactará el número de contratistas, que representan una parte central de las y los trabajadores del Estado, además de la compra de bienes y servicios. El recorte en inversión pública limita las capacidades de ampliación del Estado para garantizar derechos como la salud y la educación.
Sectores que ya habían tenido una reducción de ingresos en 2024 tendrán un golpe aún mayor: las TIC (-27,7%), ambiente (-21,7%), planeación (-23,1%) y ciencia, tecnología e innovación (-25,8%). Otros sectores que tenían un aumento presupuestal bajo ahora tendrán reducción presupuestal: defensa y Policía (-1,9%), transporte (-5,6%) y relaciones exteriores (-1%).
Estos recortes impactarán mucho más sobre la inversión del país, que ha tenido caídas durante todo el año 2023 y el primer trimestre de 2024. En crecimiento anual, la inversión ha caído -23,8% en promedio durante 2023 y 2024 y el Estado no tiene herramientas para promover políticas contra cíclicas que permitan reactivar la economía.
La encrucijada
Limitar en 20 billones de pesos el gasto del gobierno es también reducir la capacidad de impacto del Estado para reactivar la inversión y el consumo en el país, que ya se encuentra altamente deteriorada.
El Gobierno ya decidió recortar el presupuesto de manera general. Esto es práctico porque es un recorte igual en todos los sectores. Sin embargo, es un error porque no todo gasto público es igual; existen sectores con mayor impacto en la generación de empleo y crecimiento económico que podrían priorizarse con una evaluación más detallada del ajuste.
Limitar en 20 billones de pesos el gasto del gobierno es también reducir la capacidad de impacto del Estado para reactivar la inversión y el consumo en el país, que ya se encuentra altamente deteriorada. El descontento social que se vive en el país, por razones como el servicio de salud del Magisterio, el incumplimiento a las y los campesinos que movilizará a la ANUC y las promesas sin cumplir en materia de educación inicial, básica, media y superior, no podrá ser atendido por incapacidad material de falta de recursos.
Se hicieron promesas en campaña que no son posibles de cumplir sin reformar aspectos centrales de la economía, como la Regla Fiscal. El Gobierno no ha podido avanzar en esta materia y, por el contrario, se han caído en la Corte Constitucional artículos de su última reforma tributaria. Es un grave panorama en medio de un descontento generalizado por el incumplimiento del Gobierno nacional.
La legítima elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional me alegra, pero no es suficiente para calmar las aguas en esa institución. Ante afirmaciones imprecisas o falsas de ex directivos de la Universidad y de algunos oportunistas es necesario realizar algunas precisiones:
“Se violó la autonomía universitaria”
La autonomía es un derecho que la Constitución de 1991 le otorgó a las universidades para que sus comunidades puedan gobernarse sin que exista injerencia de algún gobierno. A pesar de ello, el Decreto 1210 de 1993 le otorgó al presidente de la República 3 de 8 puestos del Consejo Superior (CSU) de la Universidad Nacional, su máximo órgano de decisiones.
Desde que existe el derecho a la autonomía universitaria los presidentes de la República siempre han ganado la elección de rector en esa institución, poniendo sus 3 votos en función de ello. Pero nunca hemos escuchado a Ignacio Mantilla, Moisés Wasserman, Ismael Peña, Dolly Montoya y su combo escandalizarse por las victorias presidenciales. Tampoco se pararon en las pestañas cuando en 2012 y 2015 el movimiento universitario exigió el respeto de los resultados de la consulta universitaria que daba como ganadores a dos profesores que no eran de la corriente del gobierno de turno. Claro, su silencio respondía a que eran sus nombres los designados para gobernar a la Universidad a espaldas de la comunidad.
Menos escuchamos a Paloma Valencia o al Centro Democrático defender la autonomía universitaria en el pasado. Una breve búsqueda de esas dos palabras en sus cuentas de redes sociales corrobora que entraron a su léxico apenas en mayo de este año. (Ver hipervínculos).
“Múnera es un alfil de Petro”
Leopoldo Múnera no sería rector sin los votos de las 3 delegadas de Petro en el CSU, no cabe duda. Pero hay que ser muy deshonesto para afirmar que el nuevo rector es un apéndice de Petro. La trayectoria académica e intelectual del profesor Múnera da luces de que será un rector garante de la autonomía universitaria.
Múnera siempre se ha comprometido con las causas del movimiento universitario, es amigo del estudiantado, los sindicatos y la organización profesoral. Nunca se ha inscrito en proyectos político-electorales y no ha ahorrado críticas a procesos de izquierda cuando lo considera pertinente.
Cuando Múnera menciona el concepto de “Constituyente Universitaria” aclara que se trata de un proceso interno de la Universidad, que es anterior al concepto constituyente de Petro y que su resultado debe ser aprobado en el CSU de la institución, no en la transformación de la Constitución Política del país.
El legítimo rector de la UN tampoco es un notario de la política educativa del gobierno. Por el contrario, desde septiembre de 2023 la organización profesoral ‘Bien Común’ -a la que pertenece Múnera- formuló fuertes críticas a la propuesta de Ley Estatutaria de Educación de Petro, advirtiendo que su indefinición conceptual terminaría favorecido las lógicas mercantiles en la educación.
Sobre la legalidad de la elección
Arrancando la semana, el profesor Rodrigo Uprimny compartió las precisiones jurídicas, y también algunas dudas, sobre la legalidad de la elección de Leopoldo Múnera.
Así como Uprimny, considero que hay fundamentos sólidos para justificar la legalidad de la revocatoria de la elección del ilegítimo Ismael Peña. El acto electoral que elegía a Peña nunca se perfeccionó por cuenta de que la Secretaría General de la Universidad -aliada de Peña y su combo- no lo permitió; su posesión autenticada en notaría carecía de todo sustento jurídico y el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo permite revocar la decisión hasta tanto la misma no se perfeccione.
Sin embargo, no puedo dejar de señalar que existen dudas justificables sobre el procedimiento exprés con el que eligieron a Múnera en vez de haber nombrado un rector encargado mientras se resolvían diversas controversias, algunas en el interior de la Universidad y otras en el Consejo de Estado. Espero que del afán no quede el cansancio, caso en el que nuevamente el gobierno sería responsable por el mal procedimiento.
Ñapa: Petro pesca en río revuelto
Rechazar la hipócrita defensa de la autonomía universitaria por quienes la han tenido secuestrada, exponer el oportunismo de quienes quieren pintar a Múnera como petrista, o respaldar en términos generales la salida jurídica de esta elección no son motivos suficientes para callar sobre el intento de Petro por usar al movimiento universitario para sus fines políticos.
El gobierno no abordó la elección de rector de la Nacional con rigor, abrió la puerta a la crisis, usó la peligrosa ley de inspección y vigilancia y ha querido absorber el proceso constituyente universitario en la transformación de la Constitución de 1991. Y la tapa: abrió la puerta para que el derecho fundamental a la educación se convierta en la peor contrarreforma educativa de la historia.
Estas son algunas precisiones necesarias para insistir en la defensa de la autonomía y democracia en las universidades colombianas.
Jennifer Pedraza Sandoval – Representante a la Cámara
CONTEXTO
¿Por qué la salud de los docentes está en crisis?
El 1 de abril pasado la junta directiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) realizó anunció la transformación del modelo de salud del magisterio. La junta, compuesta por las Ministras de Educación, Trabajo y Hacienda, representantes de FECODE y la Fiduprevisora, acordó iniciar un cambio en el sistema de salud del magisterio que atiende a más de 800 mil personas.
Para diseñar el nuevo modelo de salud el FOMAG acudió al Ministerio de Salud, que planteó un nuevo modelo de salud, enfocado a que los maestros tuvieran acceso a servicios de salud en la mayoría de hospitales y clínicas del país, además de cerca a su lugar de residencia. Lamentablemente, esto no se planeó bien y en audios revelados por W Radio se pudo establecer que, a pesar que el Ministro de Salud sabía que las cosas no iban bien, persuadía y orientaba a los miembros del Consejo Directivo del FOMAG a un cambio improvisado del sistema de salud.
El cambio de modelo ha sido traumático. FECODE y muchas personas han señalado graves problemas. Familiares de maestros están preocupados porque el nuevo sistema de salud parece no funcionar bien. En redes sociales, decenas de profesores han hablado sobre la falta de medicamentos y citas médicas.
Según datos que obtuvimos de la Superintendencia Nacional de Salud, en el transcurso de 20 días de implementación del nuevo modelo, se han interpuesto 4305 quejas, esto quiere decir 205 quejas por día y 8 quejas por hora. La mayor cantidad de quejas de los usuarios están motivadas por falta de oportunidad para conseguir citas médicas, negación para la entrega de tecnologías u otros servicios en salud YA AUTORIZADOS.
Recordemos que la ejecución de los recursos para financiar al FOMAG está en cabeza de la Fiduprevisora, una empresa fiduciaria estatal que estaba en cabeza de Jhon Mauricio Marín Barbosa, a quien Petro nombró en abril de 2023.
¿Por qué es tan grave esta crisis?
Estamos hablando de la atención en salud de 800 mil personas que hacen parte del magisterio, de las cuales hay cerca de 200 mil que padecen enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión que necesitan de medicamentos y una atención continua.
Por otra parte, pacientes con enfermedades de alto costo como cáncer, enfermedades huérfanas, las interrupciones a tratamiento o falta de acceso a citas médicas pueden tener en riesgo la vida.
¿Cómo inició todo? Desde su llegada a la presidencia el presidente Gustavo Petro anunció que se debía cambiar el modelo de salud del magisterio. Entre otras razones, el presidente sostuvo en su cuenta de X el 18 de octubre pasado que habían descubierto una red de corrupción en la utilización de los recursos del FOMAG destinados a la atención en salud del magisterio en Colombia.
Con el objetivo de evitar una interrupción en el servicio de salud para los maestros, el Gobierno anunció una segunda prórroga por seis meses de los servicios de salud contratados con los antiguos operadores. Teniendo en cuenta que legalmente los contratos no podían tener una prórroga adicional, la fecha de inicio del nuevo modelo quedó para el 1 de mayo de 2024. Cabe aclarar que la prórroga no fue concertada ni aprobada por FECODE.
Durante la prórroga se debía planear sustituir el sistema de salud para mejorar la atención a los educadores. Se esperaba la firma de contratos con los mejores centros de salud de cada región, celebrar la contratación de suministro de medicamentos y se debía materializar la libre elección de centro de salud para cada maestro y maestra, entre otros temas.
Sin embargo, el inicio de esta transición el 1 de mayo de 2024 fue improvisado, dejando a miles de maestros en la incertidumbre sobre quién les proporcionaría medicamentos, qué sucedería con sus cirugías programadas y quién se haría cargo de su atención médica.
El FOMAG ha sido objeto de numerosas denuncias debido a retrasos en trámites médicos, cesantías y pensiones. La administración de este fondo recae en la Fiduprevisora, entidad que ha sido criticada por falta de transparencia y deficiencias en la supervisión de los operadores de salud.
Durante el mandato del presidente Petro, se prorrogaron tres veces los contratos con los operadores de salud, lo que prolongó la crisis de salud de los maestros y ha generado desconfianza en las acciones del gobierno para abordar los problemas del FOMAG.
Estas denuncias de corrupción y mal manejo de los recursos de salud de los maestros reflejan una larga historia de irregularidades. Los problemas estructurales del FOMAG incluyen la demora intencional en el pago de prestaciones sociales, corrupción en el manejo de los recursos y una calidad deficiente en el servicio de salud. La Contraloría General de la República ha identificado irregularidades fiscales por más de $351 mil millones y ha señalado la presunta corresponsabilidad de la Fiduprevisora y las entidades territoriales.
2. Por eso, poner a una persona señalada de corrupción a manejar estos recursos es absurdo
¿Quién es Jhon Mauricio Marin?
Jhon Mauricio Marín Barbosa asumió la presidencia de la Fiduprevisora en abril de 2023, respaldado por el Partido de la U y el Partido Conservador. Según una investigación de Vorágine, su nombramiento se habría dado con el apoyo de los congresistas Wilmer Carrillo y Saray Robayo, esta última vinculada a controversias sobre financiación irregular de campañas políticas. Esto suscitó dudas sobre la influencia indebida en su designación. Marín también es ficha de las parapolíticas Zulema Jattin y Eleonora Pineda. Petro puso al ratón a cuidar del queso.
Además, antes de liderar la Fiduprevisora, enfrentó investigaciones por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos durante su gestión en el Fondo de Previsión Social de Ferrocarriles de Colombia. Estas investigaciones lo señalan como presunto responsable de emitir resoluciones que facilitaron la entrega discrecional de contratos de prestación de servicios de salud por montos significativos, llegando hasta los 196.000 millones de pesos.
Su relación con el Senador Antonio Correa, actualmente bajo investigación por delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, así como su vínculo con Zulema Jattin, condenada por parapolítica, han sembrado dudas sobre la legitimidad de su trayectoria y el respaldo político recibido.
La Fiduprevisora maneja un presupuesto considerable de 90 billones de pesos, encargándose de la administración de los recursos del FOMAG, que incluye la gestión de salud, pensiones y cesantías de los profesores de colegios públicos en Colombia.
La designación de Marín por parte del presidente Gustavo Petro, a pesar de las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción y malos manejos de recursos públicos, ha generado preocupaciones sobre la integridad y transparencia en la gestión de los recursos destinados a los maestros y otras entidades. Aunque Marín presentó su renuncia, el cargo quedó en manos de Vanessa Gallego Peláez, vicepresidenta Jurídica de la Fiduprevisora y amiga de John Marín desde que estaba en Ferrocarriles.
Un cambio de cara para que nada cambie…
3. El problema del nuevo modelo, propuesto por el presidente Gustavo Petro: Está rodeado de alertas y dudas, pues le da a la Fiduprevisora superpoderes en la administración de los recursos de salud del magisterio
El problema con el nuevo modelo propuesto por el presidente Gustavo Petro está suscitando alertas y dudas, ya que otorga a la Fiduprevisora un poder excesivo en la gestión de los recursos de salud del magisterio.
Uno de los cambios más significativos es que la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) asumirá el pago directo a los proveedores y llevará a cabo auditorías. Sin embargo, no se ha establecido un plan claro para fortalecer y ampliar el personal en la ADRES, lo que podría dificultar la ejecución de estas nuevas funciones.
Por otra parte, según informes de W Radio, se contrató la firma auditora D&G Consultores, quienes venían ganando la auditoria del magisterio desde 2016 y cuyo director es una ficha del Clan Torres, financiador de la campaña del Presidente Petro y que tiene investigaciones en su contra por haber creado presuntos carteles de contratación a costa de los recursos públicos.
Incertidumbre y Transición
El modelo no tuvo un plan de transición adecuado, lo que ha ocasionado dificultades en la prestación de servicios de salud para los docentes y sus familias. La falta de claridad sobre la implementación de este cambio aumenta la incertidumbre y la preocupación entre los afectados.
Criterios de Selección y Calidad del Servicio
No se han proporcionado criterios claros para la selección de los nuevos operadores ni se ha garantizado la atención exclusiva y preferente para los docentes. Los afiliados denuncian que deben comunicarse con un call center para conocer los lugares de atención, y en muchas ocasiones no reciben respuesta.
Continuidad de Operadores Cuestionados
Aunque el Gobierno afirma que el cambio busca reducir el poder de los operadores actuales, se ha informado que en varias regiones se mantienen operadores cuestionados, ahora como propietarios de IPS. Esto plantea dudas sobre la efectividad real del cambio propuesto.
Auditoría cuestionada
La corrupción ha sido un problema persistente en el FOMAG. Actualmente, la firma ficha del Clan Torres que venía auditando los recursos desde 2016, se volvió a ganar la auditoría en el nuevo modelo. Por otra parte, el sistema pasará de manejar 13 billones de pesos a casi 18 billones de pesos, pero no existe un nuevo régimen sancionatorio en los nuevos contratos, lo que podría conducir a errores pasados.
Incremento de los Costos del Sistema
El costo del sistema de salud del magisterio aumentará de 13.5 billones a 18.4 billones de pesos, con la Fiduprevisora cobrando 1 billón de pesos por la administración de estos fondos. Aunque se revisará la Unidad de Pago por Capitación del Magisterio (UPCM) en dos años, no se conoce el costo total del nuevo modelo.
Incumplimientos y Preocupaciones
El presidente Petro prorrogó tres veces los contratos actuales, incumpliendo su acuerdo con Fecode, y detuvo una licitación debido a presuntos casos de corrupción en el FOMAG. Sin embargo, el Ministerio de Educación afirma desconocer denuncias concretas. Esta falta de acción oportuna ha generado una improvisación que preocupa a los docentes.
Y lo más grave: a través de su cuenta en desde Twitter acusó a FECODE de ser el responsable político de la crisis. “No puedo dejar desapercibido la postura del sector mayoritario del Ejecutivo de fecode… lo cual como representantes del gremio, políticamente son los responsables de no haber iniciado la preparación para la implementación desde octubre de 2023”.
¿Cómo se podría solucionar todo esto?
Para abordar los desafíos actuales y encontrar soluciones duraderas, es esencial atender las demandas planteadas por FECODE. Insisten en avanzar con el proceso de licitación según lo previsto, sin manipulaciones ni contrataciones a dedo. Además, es crucial presentar el nuevo modelo de salud sin desmantelar el FOMAG, ya que el sindicato ha señalado la falta de informes sobre denuncias de corrupción y procedimientos de sanción. Ante esta situación, se optó por prorrogar el contrato por seis meses
¿Cómo mejorar la Licitación del FOMAG?
Reestructuración interna de la Fiduprevisora S.A.: Evaluar la gestión y capacidad de la Fiduprevisora para administrar los recursos del FOMAG. Esto incluiría una revisión de los procesos internos y ampliación de su capacidad de talento humano, por parte de los ministerios del consejo directivo del FOMAG para garantizar una gestión más eficiente y transparente.
Transformación de los procesos de licitación: Reformar los procesos de licitación para asegurar la transparencia en la selección de contratistas, estableciendo un sistema sancionatorio claro y objetivo para quienes incumplen, además, que en las instancias donde se toman estas decisiones se incluyan a representantes de los docentes.
Implementación de sistemas de información consolidados: Desarrollar un sistema que mejore los sistemas de información de la Fiduprevisora y proporcione un perfil epidemiológico de los docentes para la toma de decisiones informadas.
Mejora de la calidad de los servicios médicos: Contratación de IPS de alta calidad, adicionalmente implementar indicadores para evaluar la atención en salud y establecer sanciones por incumplimientos.
Optimización del proceso de cesantías y pensiones: Mejorar la eficiencia en el proceso de solicitud y pago de cesantías y pensiones, utilizando tecnologías y procesos ágiles para evitar demoras.
Fortalecimiento de la supervisión y control: Reforzar los mecanismos de supervisión y control para fiscalizar los recursos y sancionar irregularidades.
Participación activa de los docentes: Realizar mesas de diálogo entre FECODE y el Gobierno Nacional para involucrar a los docentes en la formulación de políticas relacionadas con la salud y prestaciones sociales.
Revisión exhaustiva de contratos vigentes: Revisar los contratos y pliegos de condiciones para asegurar que estén alineados con los intereses del FOMAG y garanticen la calidad de los servicios, evitando posibles acompañamientos.
CIERRE
La situación actual del proceso de licitación del FOMAG se ve marcada por una serie de irresponsabilidades compartidas. Por un lado, desde el presidente Duque, quien no llevó a cabo el proceso de licitación en 2022, lo que ha contribuido a la prolongación de la crisis. Por otro lado, el presidente Petro, responsable de las prórrogas del proceso de licitación desde 2022 e improvisando un cambio en el modelo, incumpliendo así su mandato de cambio.
Es evidente que los maestros están clamando por un mejor sistema de salud, pero esto requiere un nuevo proceso de licitación, pues los actuales prestadores han demostrado ser ineficientes en la prestación de servicios, implementación del giro directo donde se garantice seguimiento a los recursos y que estos no se mezclen con el resto de dineros del sistema de salud. Sin embargo, el FOMAG se encuentra limitado en su capacidad para sancionar a los prestadores que incumplen con sus obligaciones y la FIDUPREVISORA no cuenta con la capacidad adecuada para asumir la labor de pagarle a hospitales y clínicas.
Se debe garantizar la atención médica digna, con acceso efectivo a los servicios. Con la salud del magisterio no se juega.
Petro pasa por serias dificultades que son atribuibles a su propia gestión. Decir lo anterior no borra las responsabilidades de gobiernos previos y lo mal que dejaron al país, pero quien gobierna hoy debe asumir sus responsabilidades.
El nuevo modelo de salud para docentes expone la autodestrucción. La necesidad de mejora del régimen especial de salud del magisterio nunca fue la discusión, el tema estaba en el cómo. Lo que definitivamente no se debía hacer fue lo que Petro hizo.
Primero, le entregó la dirección de la administración de entre 12 y 18 billones de pesos del FOMAG a una cuota de los partidos de la U y Conservador: Mauricio Marín. Un personaje turbio, ficha de las parapolíticas Zulema Jattin y Eleonora Pineda e investigado penal y disciplinariamente por presunta corrupción tras su paso por Ferrocarriles de Colombia. Petro puso al ratón a cuidar del queso.
Luego, en contra de la voluntad de FECODE el presidente prorrogó en dos oportunidades los contratos con los operadores de salud antiguos a los que acusaba de corruptos, aunque nunca los denunció en la Fiscalía como indica la lógica. Pero lo más grave es que el 1 de mayo se puso en marcha el nuevo y raquítico modelo de salud sin que existiera planeación, contratación completa de servicios, debida información a los usuarios, mecanismos de auditoría de costos y manuales tarifarios.
Ante la crisis, la reacción del gobierno ha sido tan lamentable como la implementación del modelo. En menos de 20 días el ministro de salud dio un salto mortal triple al pasar de decir que éste era el piloto de la reforma a la salud a recular afirmando que el modelo del magisterio en nada se parece al modelo de salud que propone el gobierno para el resto de la población. Mientras tanto, las ministras de Educación y Trabajo y el ministro de Hacienda, que integran la junta directiva del sistema, no aparecen.
La mayor canallada corre por cuenta de Petro. El domingo desde Twitter acusó a FECODE de ser el responsable político de la crisis, aunque ese sindicato no es quien gobierna. No en vano reza el dicho “mal le paga el diablo a quien bien le sirve”.
En el plano económico también se evidencia la autodestrucción. Se avecina una crisis de financiamiento del Estado, lo anterior por cuenta de estimaciones excesivamente optimistas de recaudo de impuestos e ingresos por litigios que realizó este gobierno a principios de su mandato.
Claro está que al mal cálculo se suma la caída en la inversión, que golpea de manera semejante a otros países de la región, y un cuestionado fallo de la Corte Constitucional que impide al gobierno recaudar 6.7 billones de pesos vía prohibición de deducción de regalías para el impuesto de renta de las empresas mineras.
La semana pasada la Corte realizó una audiencia para escuchar al ministro de Hacienda sobre este último tema. Se trataba de la oportunidad de oro para convencer a los magistrados de que implementar de inmediato el fallo implicaba afectar la sostenibilidad fiscal del país, razón por la que debían modificar su decisión y darle un salvavidas al gobierno para ajustar las finanzas públicas. El ministro Bonilla llegó a la cita más importante de su vida y de las finanzas de su gobierno sin haberse preparado. En el pasado, otros ministros hacían lobby por el despacho de cada magistrado, llevaban presentaciones rigurosas y calculadora en mano para convencer a la Corte.
Fue tal la negligencia de la presentación del ministro que algunos de sus funcionarios optaron por abandonar la audiencia para evitar la pena ajena. Naturalmente la Corte ratificó su fallo, apretando el presupuesto nacional.
A la autodestrucción escapaba el poco resistido proyecto de ley estatutaria de educación. Algunos se atrevieron a titular que la educación era el verdadero acuerdo nacional. Desafortunadamente el pésimo manejo que le dio el gobierno a la elección de rector en la Universidad Nacional detuvo el avance del proyecto y tiene en crisis a la universidad pública más importante del país.
El gobierno estaba advertido sobre las trampas que una camarilla iba a utilizar para violar las reglas e imponer a un rector ilegítimo; podría haber evitado que se usara. Además, era claro que Petro no tenía en sus delegadas la mayoría para elegir al rector, motivo por el que debía emprender una campaña activa para lograr un voto adicional.
Ni lo uno ni lo otro. Las delegadas de Petro se dejaron meter una metodología de elección ilegal y no se movieron para garantizar la mayoría.
Al final, docentes, estudiantes y contribuyentes son quienes pierden, porque no ven la materialización del cambio. Vaya uno a saber si los “errores” del gobierno han sido premeditados, pero la autodestrucción encaja perfectamente con el caprichoso deseo de convocar a una constituyente.
Jennifer Pedraza es economista y estudiante de Maestría de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.
Foto: Nathalia Angarita
¿Cómo ve el proceso que está viviendo la Universidad Nacional?
La educación pública ha sido el puente para que varias generaciones de colombianos y colombianas accedan a la formación superior. Por eso, la discusión sobre el manejo que el Consejo Superior le ha dado a las decisiones de la universidad es crucial. En el pasado, a pesar de que los estudiantes y profesores elegíamos a los representantes y votábamos por candidatos, el resultado nunca coincidía con los intereses de la mayoría en el Consejo. Es hora de que se respete la voluntad de la comunidad universitaria y se elija como rector a quien ha sido respaldado por la mayoría en la consulta. La Universidad Nacional es un espacio de democracia y participación real.
¿Qué cree que falta para que las personas que ven externamente este proceso lo entiendan sin prejuicios?
Lo primero que debemos hacer es poner fin a la violencia como expresión del movimiento estudiantil. En un país como el nuestro, tan marcado por la violencia, esto solo refuerza estereotipos que intentan desacreditar nuestras demandas y despojarlas de legitimidad. Algunos argumentan que las elecciones democráticas de directivas podrían derivar en politiquería. Sin embargo, la democracia, con todos sus defectos, sigue siendo el mejor mecanismo que tenemos para tomar decisiones sobre asuntos de interés público.
¿Cómo funciona la elección de la rectoría en la Universidad Nacional?
En la Universidad Nacional el sistema de consulta establece que el voto de los profesores tiene un peso del 60 %, el de los estudiantes del 30 % y el de los egresados del 10 %. Tiene sentido, porque los profesores invierten toda su vida en la universidad, mientras que los estudiantes pasamos unos pocos años. De los nueve integrantes del Consejo Superior, solo dos son elegidos directamente por la comunidad universitaria: el representante estudiantil y el representante profesoral. En el Consejo Académico, solo cuatro de los 33 integrantes son elegidos democráticamente por la comunidad, mientras que el resto son designados por la rectoría, sin respetar las consultas.
Hablemos de su trayectoria política. ¿Cómo fueron esos primeros años?
Soy santandereana, nacida en Bucaramanga, donde el alcalde de izquierda Iván Moreno, hermano de Samuel Moreno, se vio envuelto en corrupción. A pesar de esto, siempre me identifiqué con la izquierda. Mi infancia en el barrio popular La Cumbre estuvo marcada por la inseguridad y un fuerte tejido social. Mis padres me dieron una educación de calidad en el colegio New Cambridge. La brecha entre mi realidad y la de mis compañeros del colegio, que planeaban estudiar en el extranjero mientras mis amigos del barrio apenas podían aspirar a una carrera técnica en el Sena, alimentó mi conciencia social y mi inclinación hacia la izquierda.
Se presentó a la Universidad Nacional y pasó…
Al ingresar a la Universidad Nacional, en 2012, esperaba un movimiento estudiantil fuerte, pero encontré uno fragmentado y desarticulado, así que comencé a replantear mi visión de la política electoral. Me di cuenta de que, aunque había decepción por los escándalos de corrupción, no podíamos abandonar la política electoral. Decidí unirme al Polo Democrático como una forma de canalizar mis ideales y compromisos políticos.
¿Y desde ahí cómo se desarrolló su enfoque político?
Mi interés en la política se vio fortalecido por temas como la soberanía nacional frente a los tratados de libre comercio. Estos temas me llevaron a participar en debates, foros y me involucré en la representación estudiantil. Experimenté de primera mano las deficiencias de infraestructura en la universidad, lo que me condujo a reflexionar sobre la responsabilidad que teníamos de velar por el futuro de la institución. A pesar de mi afiliación política al Polo Democrático, siempre he abogado por la diversidad de opiniones, reconociendo el valor del debate y el intercambio de ideas entre personas de diferentes espectros políticos.
¿Cómo maneja la presión y el escrutinio público en su vida personal?
Antes de este trabajo no solía ir a terapia. Ahora tengo que meditar constantemente y, a veces, desconectarme de la política, especialmente por la violencia de la que he sido víctima. Hoy creo que este es un trabajo que requiere un nivel de madurez personal muy alto, algo en lo que no había pensado antes. Necesito sacar tiempo para dedicarme a mí misma.
¿Una política como usted cómo se mantiene fuerte e independiente dentro de un ambiente polarizado?
Nunca tomo decisiones políticas o defino mis posturas sin considerar la opinión de mi equipo. Tenemos una relación muy horizontal, en comparación con otros equipos de UTL. Esto me permite no cargar con la responsabilidad de tomar y sostener decisiones individuales, sino que lo hacemos de manera colectiva. Formo parte de “Primero la gente”, que es una tendencia dentro del partido Dignidad y Compromiso, compuesta principalmente por jóvenes. Además, a veces recurro a la experiencia de personas como Sergio Fajardo o Jorge Robledo.
¿Hay algún momento en su carrera política o activista en el que haya sentido que estaba a punto de renunciar? ¿Qué la hizo seguir adelante?
Hay muchos días en los que digo que no quiero volver a ser candidata al Congreso. Cada vez que tengo un encontrón con Hollman Morris, por ejemplo, siempre hay calumnias y ataques sistemáticos de parte de las bodegas. En esos momentos, siento que no tengo el callo necesario para este trabajo. Durante las movilizaciones de 2018, unas personas encapuchadas en la Universidad del Valle me lanzaron explosivos a la cara. Aunque no me alcanzaron a golpear, ese día estuve muy asustada. Cuando me reúno con organizaciones de mujeres, organizaciones juveniles, estudiantiles y de trabajadores, pienso: esto es lo que me apasiona. No quiero ceder este espacio que tanto nos ha costado ganar.
¿Qué consejo les daría a las personas jóvenes que aspiran a incursionar en la política y el activismo?
Primero, que se organicen. Esta tarea no es sencilla y no debemos asumirla solos. Es importante para discutir temas políticos con personas de confianza y con puntos en común, porque enfrentar los grandes poderes y la violencia política solos es muy difícil. Segundo, que se metan en política. Todo lo que hacemos es político: desde conseguir trabajo hasta enfrentar el acoso en la calle. A la juventud nos corresponde abrir una tercera vía entre el uribismo y el pacto histórico, una alternativa con fuerza que plantee un país diferente.
La representante a la Cámara lanzó una advertencia sobre el plan propuesto por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que podría afectar a diversos sectores en la capital
La representante Jennifer Pedraza lanzó una advertencia sobre un artículo en el Plan de Desarrollo Distrital propuesto por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, lanzó una advertencia a través de sus redes sociales respecto a un artículo contenido en el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) propuesto por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que puede afectar a varios sectores en la capital.
Pedraza descaró que este artículo, específicamente el 28, podría tener implicaciones negativas tanto para los trabajadores como para el sistema de salud de la capital colombiana durante el período de gestión de Galán, que abarca desde 2024 hasta 2027.
El apartado en cuestión, que pretende implementar el “Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2024-2027″, generó preocupación por parte de Pedraza y de varios sindicatos, que solicitaron al Concejo de Bogotá que lo elimine del Plan de Desarrollo.
“Hay que recordar que el artículo 28 del PDD plantea la modificación de la estructura administrativa del sector salud, de acuerdo con lo planteado en el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, y con el fin de adecuar la estructura del sector salud a los requerimientos del plan”, manifestó el distrito sobre este apartado.
La representante Jennifer Pedraza destacó dos aspectos críticos de este plan: el riesgo de precarización laboral para trabajadores de la salud y la necesidad de incluir a todos los actores del sector en la discusión – crédito @JenniferPedraz/X
Ante esto, la congresista expresó su inquietud a través de un hilo en X (antes Twitter), en el que señaló dos aspectos críticos que podrían derivarse de la implementación de este plan.
En primer lugar, Pedraza advirtió sobre el riesgo de que el artículo 28 contribuya a la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud en Bogotá. Esta preocupación se suma a las dificultades que ya enfrentan los trabajadores de la salud en un contexto de crisis financiera y estructural en los hospitales públicos de la ciudad.
En segundo lugar, la representante destacó la importancia de que las metas y el contenido del Plan Territorial de Salud sean discutidos y concertados con todos los actores del sector. Pedraza enfatizó que quienes viven día a día las realidades del sistema de salud son los más indicados para identificar las necesidades reales y plantear soluciones efectivas.
La representante hizo hincapié en la importancia de considerar a los diversos actores del sector, resaltando su papel fundamental en la concertación de aspectos clave para el sistema de salud de la capital.
“Importante 💡Las metas y el contenido del Plan Territorial de Salud deberían de ser concertadas con todos los actores del sector, con quienes verdaderamente viven día tras día sus realidades y saben cuales son las necesidades en salud para la ciudad”, señaló la representante.
Pedraza lamentó la falta de atención a la formalización laboral y la asignación de recursos adicionales en el presupuesto destinado al sector salud en el Plan de Desarrollo – crédito @JenniferPedraz/X
Además, Pedraza lamentó la ausencia de menciones a la formalización laboral de los trabajadores de la salud y a la asignación de recursos adicionales en el presupuesto destinado a este fin en el Plan de Desarrollo. Esta omisión es considerada preocupante por la representante, por lo que señaló que la falta de atención a estas cuestiones relevantes podría agravar aún más la situación del sector salud en Bogotá.
Ante estas preocupaciones, Jennifer Pedraza hizo un llamado tanto al alcalde Carlos Fernando Galán como al Concejo de Bogotá para que retiren el artículo 28 del Plan de Desarrollo y para que se abra un espacio de discusión independiente sobre las políticas relacionadas con el sector salud. La representante propuso que estos temas sean debatidos en un proyecto aparte, que permita la participación de todos los interesados.
“Invito a @CarlosFGalan y al @ConcejoDeBogota a atender la petición de los sindicatos de retirar el art. 28 del PDD y otros que puedan traer cambios para el sector salud, y que sean debatidos en un Proyecto de Acuerdo independiente que permita discutir debidamente la territorialización de estas políticas”, concluyó la representante.
De este modo, la representante difundió la carta emitida por los grupos sindicales que solicitan la eliminación de dicho artículo en particular.
Carta de los grupos sindicales que solicitan la eliminación del artículo 28 en el Plan de Desarrollo Distrital – crédito @JenniferPedraz/X
La representante Jennifer Pedraza lanzó una advertencia sobre un artículo en el Plan de Desarrollo Distrital propuesto por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, lanzó una advertencia a través de sus redes sociales respecto a un artículo contenido en el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) propuesto por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que puede afectar a varios sectores en la capital.
Pedraza descaró que este artículo, específicamente el 28, podría tener implicaciones negativas tanto para los trabajadores como para el sistema de salud de la capital colombiana durante el período de gestión de Galán, que abarca desde 2024 hasta 2027.
El apartado en cuestión, que pretende implementar el “Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2024-2027″, generó preocupación por parte de Pedraza y de varios sindicatos, que solicitaron al Concejo de Bogotá que lo elimine del Plan de Desarrollo.
“Hay que recordar que el artículo 28 del PDD plantea la modificación de la estructura administrativa del sector salud, de acuerdo con lo planteado en el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, y con el fin de adecuar la estructura del sector salud a los requerimientos del plan”, manifestó el distrito sobre este apartado.
La representante Jennifer Pedraza destacó dos aspectos críticos de este plan: el riesgo de precarización laboral para trabajadores de la salud y la necesidad de incluir a todos los actores del sector en la discusión – crédito @JenniferPedraz/X
Ante esto, la congresista expresó su inquietud a través de un hilo en X (antes Twitter), en el que señaló dos aspectos críticos que podrían derivarse de la implementación de este plan.
En primer lugar, Pedraza advirtió sobre el riesgo de que el artículo 28 contribuya a la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud en Bogotá. Esta preocupación se suma a las dificultades que ya enfrentan los trabajadores de la salud en un contexto de crisis financiera y estructural en los hospitales públicos de la ciudad.
En segundo lugar, la representante destacó la importancia de que las metas y el contenido del Plan Territorial de Salud sean discutidos y concertados con todos los actores del sector. Pedraza enfatizó que quienes viven día a día las realidades del sistema de salud son los más indicados para identificar las necesidades reales y plantear soluciones efectivas.
La representante hizo hincapié en la importancia de considerar a los diversos actores del sector, resaltando su papel fundamental en la concertación de aspectos clave para el sistema de salud de la capital.
“Importante 💡Las metas y el contenido del Plan Territorial de Salud deberían de ser concertadas con todos los actores del sector, con quienes verdaderamente viven día tras día sus realidades y saben cuales son las necesidades en salud para la ciudad”, señaló la representante.
Pedraza lamentó la falta de atención a la formalización laboral y la asignación de recursos adicionales en el presupuesto destinado al sector salud en el Plan de Desarrollo – crédito @JenniferPedraz/X
Además, Pedraza lamentó la ausencia de menciones a la formalización laboral de los trabajadores de la salud y a la asignación de recursos adicionales en el presupuesto destinado a este fin en el Plan de Desarrollo. Esta omisión es considerada preocupante por la representante, por lo que señaló que la falta de atención a estas cuestiones relevantes podría agravar aún más la situación del sector salud en Bogotá.
Ante estas preocupaciones, Jennifer Pedraza hizo un llamado tanto al alcalde Carlos Fernando Galán como al Concejo de Bogotá para que retiren el artículo 28 del Plan de Desarrollo y para que se abra un espacio de discusión independiente sobre las políticas relacionadas con el sector salud. La representante propuso que estos temas sean debatidos en un proyecto aparte, que permita la participación de todos los interesados.
“Invito a @CarlosFGalan y al @ConcejoDeBogota a atender la petición de los sindicatos de retirar el art. 28 del PDD y otros que puedan traer cambios para el sector salud, y que sean debatidos en un Proyecto de Acuerdo independiente que permita discutir debidamente la territorialización de estas políticas”, concluyó la representante.
De este modo, la representante difundió la carta emitida por los grupos sindicales que solicitan la eliminación de dicho artículo en particular.
Carta de los grupos sindicales que solicitan la eliminación del artículo 28 en el Plan de Desarrollo Distrital – crédito @JenniferPedraz/X
