Escrito por:  Andres Salcedo Pinzon

¿En qué estamos con la salud?

Estamos presenciando cómo se agudizan los problemas profundos del sistema de salud. Los intentos fallidos del Gobierno Nacional por cambiarlo tampoco ayudaron. En su afán por sacar titulares en los medios de comunicación que dijeran «Se aprobó la reforma a la salud», el Gobierno cedió en aspectos fundamentales. Por esto el documento propuesto no daba solución a los principales problemas de nuestro sistema. 

En medio del debate nunca se presentó un documento serio para justificar de dónde saldría el dinero para ejecutar los cambios. Además, el documento terminó siendo garantista con las empresas de intermediación financiera, las famosas EPS, que en el pasado tanto criticaban. Qué incoherencia, ¿no?

Por su parte, nuestro sistema de salud ha logrado una cobertura de casi el 95% de la población y tenemos un gasto de bolsillo de apenas del 14%, y demuestra que los colombianos no deben endeudarse para pagar las atenciones en salud como en otras partes del mundo. Sin embargo, el aumento exorbitante en el número de PQRS, las intervenciones administrativas a las EPS y la precarización laboral de los trabajadores de la salud, que parece no acabar, son ejemplos que muestran la urgencia de un cambio en el sistema, pero bien hecho.

Ahora, si usted siente pánico y no sabe qué va a pasar con su salud, le cuento que, nuevamente, en el Congreso de la República se va a radicar una nueva reforma. Hasta el momento, se sabe que, de las dos iniciativas, una proviene del grupo Acuerdos Fundamentales y la otra del Gobierno Nacional.

La propuesta de los gremios de la salud  

El grupo Acuerdos Fundamentales presenta una propuesta al país para reorganizar el Sistema de Salud. Los puntos más importantes son los siguientes:

• • Funciones adicionales al Consejo Nacional de Salud: El Consejo Nacional de Salud (CNS), conformado por diferentes actores del sistema de salud, definirá la metodología de cálculo de la UPC a través de un estudio independiente y, adicionalmente, definirá el aumento de este cada año.
• EPS se convierten en Entidades Gestoras de Salud (EGS): Las EPS ya no manejarán el dinero de la salud. Se convertirán en gestoras que estarán a cargo de contratar servicios con hospitales, auditar cuentas, vincular afiliados y representarlos ante hospitales en el proceso de atención. Se hará un estudio independiente para determinar cuál es el dinero que deben recibir por las funciones que cumplirían.
• Giro directo y riesgo financiero: ADRES se ubica como el pagador único del sistema de salud, haciendo transferencias a las IPS según la gestora verifica las atenciones y autoriza el pago. ADRES asume el riesgo financiero del sistema, garantizando que los recursos alcancen para el tiempo proyectado, inyectando dinero cuando haga falta.
• Régimen laboral especial para trabajadores de la salud: Los profesionales de la salud en instituciones públicas, privadas o mixtas deberán ser vinculados laboralmente bajo contrato de trabajo, no más orden de prestación de servicios. La remuneración tendrá en cuenta el nivel de formación, antigüedad, entre otros.
• Presupuesto de los hospitales públicos: Se garantiza que con el Presupuesto de la Nación, anualmente se destinará un monto para la formalización laboral de los trabajadores por OPS de estos hospitales.
• Conformación de Redes Integrales e Integradas de Atención: Las IPS se organizarán a través de redes, desde el primer nivel de atención (CAPS) hasta la más alta complejidad.

• Examen nacional de residencias médicas: Para garantizar transparencia en el acceso a especialidades médico-quirúrgicas y de salud pública, se establecerá un Examen Único Habilitante. Las IES determinan los criterios definitivos, pero deben tener en cuenta el examen.
• Política Farmacéutica Nacional: En concordancia con lo establecido en la Ley Estatutaria de Salud, se desarrollará una política farmacéutica que promueva la autonomía sanitaria de Colombia.

La propuesta del Gobierno Nacional 

La propuesta de reforma de Gobierno Nacional mantiene, en lo fundamental, algunos aspectos del documento que se hundió en la Comisión Séptima del Senado:

• Funciones del Consejo Nacional de Salud: Estará conformado por seis entidades del Estado y otros miembros de la sociedad civil, sin superar los 15 integrantes. Sin embargo, continúa siendo una figura que emite meras recomendaciones.
• Transformación de EPS en Gestoras de Salud: Las EPS se transformarán en Gestoras de Salud y Vida (EGSVI), realizando la auditoría de cuentas médicas, entre otras funciones. De entrada, se les pagará el 5% de la UPC como remuneración por sus funciones y podrían ganar hasta un 3% adicional como incentivo.
• Giro directo y contratación: ADRES asume el papel de pagador único en el sistema de salud. ADRES sería la entidad encargada de contratar con las IPS que deseen hacer parte de las Redes Integrales de Servicios de Salud.
• Pago de servicios de salud: Las IPS y proveedores deben presentar cuentas de servicios prestados ante ADRES, que desembolsa mínimo el 85% en un plazo no mayor a 30 días desde la fecha en que el servicio fue prestado. El restante es pagado después de la auditoría realizada por la Gestora.
• Dirección y administración de hospitales públicos: La dirección y administración estarán a cargo de un Consejo Directivo y un director. Plantea la implementación de un examen para la escogencia del director del hospital, pero el nombramiento recaerá en el alcalde, gobernador o su delegado.

• Régimen especial laboral para trabajadores públicos del sector salud: Contempla un régimen especial laboral únicamente para el Talento Humano en Salud del sector público, con un sistema de ascenso y movilidad en carrera administrativa.
• Régimen de transición: Aunque la propuesta establece más de 10 puntos para un eventual régimen de transición, no establece un periodo de tiempo determinado para esto.

¿Conclusiones?

En ambas propuestas, se reconoce que la intermediación financiera de los dineros de la salud por parte de las EPS ya no puede.

Usted acaba de ver un breve resumen de los puntos más importantes de las dos propuestas de reforma a la salud. En los próximos días, estas serán radicadas oficialmente en el Congreso de la República para su respectivo trámite.

Es indudable que, en ambas propuestas, se reconoce que la intermediación financiera de los dineros de la salud por parte de las EPS ya no puede. Teniendo en cuenta los antecedentes de malos manejos efectuados por estas entidades, como el caso Saludcoop o la cantidad de EPS que han sido liquidadas, desde el Gobierno de Andrés Pastrana hasta el actual.

Tanto en la propuesta de Acuerdos Fundamentales como en la del Gobierno existen diferencias que pueden perderse en el mar de palabras de cada documento, pero que las hacen diametralmente distintas. 

Por ejemplo, quienes serían los encargados de realizar los contratos para prestación de servicios con las IPS, los presupuestos de los hospitales públicos, la formalización laboral de los trabajadores públicos de la salud, las funciones del Consejo Nacional de Salud, la financiación de la salud pública y atención primaria, entre otros.

Sorprende que en la propuesta del Gobierno se mantengan artículos que fueron fuertemente criticados en el pasado, como el pago de mínimo el 85% del valor de una cuenta por parte de ADRES a las IPS. Sin duda alguna, hospitales y clínicas sufren por la falta de pagos efectivos de los servicios que ya han prestado a los afiliados al sistema de salud. Sin embargo, no sería adecuado transferir hasta el valor total de una cuenta sin un mínimo de auditoría previa. 

Inquieta que el Gobierno continúe siendo tan garantista con las antiguas EPS (ahora Gestoras) al decidir darles de tajo el 5% de la UPC por sus funciones y hasta un 3% adicional en incentivos, sin un estudio previo para conocer cuánto dinero deben ganar.

Adicionalmente, no se percibe sencillo, como ha explicado el director de ADRES, Félix Martínez, que en caso de detectar que han pagado más de lo debido en una IPS, en la siguiente le descuentan el dinero extra transferido, considerando que anualmente en el país se generan 156 millones de cuentas médicas cada año. 

Inquieta que el Gobierno continúe siendo tan garantista con las antiguas EPS (ahora Gestoras) al decidir darles de tajo el 5% de la UPC por sus funciones y hasta un 3% adicional en incentivos, sin un estudio previo para conocer cuánto dinero deben ganar. Según el concepto de impacto fiscal de MinHacienda, en promedio se les podría llegar a dar a las Gestoras hasta $29 billones de pesos únicamente por incentivos. Ese dinero se puede invertir mejor y el nuevo sistema de salud lo necesita.

Es decepcionante que un Gobierno que dice estar comprometido con el movimiento estudiantil y que entre sus funcionarios tiene o ha tenido defensores de la Ley de Residentes, no contemple dentro de su proyecto de reforma un examen nacional de residencias médicas.

Es fundamental la formación de Talento Humano en Salud en garantías de equidad y transparencia a los posgrados, considerando el déficit de especialistas en Colombia. Eliminar las EPS no solucionará las demoras de citas con especialidades médicas si no tenemos el personal suficiente para atender las demandas de la población.

Por último, un aspecto a considerar en ambas iniciativas es establecer un porcentaje mínimo de auditoría aleatoria por parte de ADRES a las cuentas médicas que se generan en el país. No nos podemos conformar con la auditoría que realicen las gestoras, antiguas EPS. Necesitamos constatar que efectivamente se elimine la integración vertical de estas y que una entidad del Estado pueda estar constantemente vigilante de esta labor.

Esperemos que en este 2024-2 se dé una discusión con altura sobre nuestro sistema de salud y la reforma que necesita. En lo posible, que haya concordancia entre los diferentes actores de la sociedad civil. Aquí no se trata de qué partido o corriente ideológica promueve la reforma, se trata de la salud de todos los colombianos y el personal médico.