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“Cambiar un país no es tarea de un solo día”: Jennifer Pedraza, la voz más joven del Congreso

Miguel Angel González

Jennifer Pedraza es representante a la Cámara por Bogotá, también economista, exlideresa estudiantil y activista feminista. Apenas con 29 años, se convirtió en una voz joven y firme en el congreso del país.

Yo era una persona con mucha rabia en la politica colombiana. Este no era mi sueño inicial, mi sueño era ser profesora”, confesó la congresista. Aun así su activismo desde el colegio, sobretodo en defensa del páramo de Santurbán, la llevó a meterse de lleno en movimientos estudiantiles. “Marcha que había, marcha en la que yo estaba”, recordó.

También, su paso por la Universidad Nacional fue un pilar en su experiencia: “Llegar a una universidad tan grande como la Nacional a los 15 años me cambió la vida.” La experiencia de ver caer el techo de la facultad la hizo despertar en el tema político: Fue una cachetada, ¿que vamos a hacer?”

Aunque ha ganado reconocimiento, también ha llegado a sentir el peso de los prejuicios en su trabajo: “Cuando fui a ser candidata, lo primero que me dijeron fue «Usted se tiene que quitar el piercing, se tiene que peinar así, se tiene que vestir así.» Pero ella siente que el respeto se lo ha ganado con sus propias acciones. Nos lo ganamos cuando tumbamos la elección amañada del contralorCarlos Hernán Rodriguez

Su agenda en el Congreso incluye proyectos clave: La prohibición del matrimonio infantil, el proyecto de ley para erradicar la mutilación genital femenina y una propuesta para actualizar el delito de trata de personas incluyendo las plataformas digitales: “Estamos en ese trabajo para que el país avance y para que el estado colombiano se comprometa más”.

Jennifer asimismo se refirió de manera contundente a la falta de ejecución del Ministerio de la Igualdad: “Tienen 1.3 billones de pesos calentandolos ahí, mientras organizaciones de mujeres están rogando por un peso”.

Frente a la posibilidad de una mujer presidente en 2026, dijo: “Creo que Colombia está listo para eso. Sin embargo temo que en la sociedad hayan renacido ideas machistas.”

Para quienes dudan del feminismo respondió: “Toda la sociedad se pierde cuando tenemos una cultura machista. No es cun cuento de gente mamerta que sale a marchar, hace dos años tuvimos una premio Nobel de Economía que mostró que la principal divergencia entre los proyectos de vida de hombres y mujeres tiene que ver con la sobrecarga de las labores de maternidad”.

Al final, le envió un mensajes a aquellas mujeres que quieren hacer un cambio en su entorno: “Que se manden, que lo hagan. No tienen que hacerlo solas. Hay muchas formas de incidir: desde la política, desde el arte, desde la organización cultural, pero claro que hay que hacerlo.

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Dos congresistas denuncian ante la Procuraduría a la esposa del ministro de Salud

Las representantes Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza elevaron quejas disciplinarias contra Beatriz Gómez, superintendente de salud delegada.

Daniel Coronell

Las representantes a la Cámara Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza no están satisfechas con las arrogantes explicaciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la conducta de su esposa, la superintendente delegada de Salud, Beatriz Gómez.

Por esa razón, las dos congresistas, por separado, denunciaron disciplinariamente a la esposa del ministro Jaramillo, quien presionó a funcionarios de la ESE Hospital San Rafael de Leticia para firmar el mismo día de la llamada un contrato por 55.000 millones de pesos, sopena de ser despedidos.

El Reporte Coronell

Esto sucedió a pesar de que la superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud, Beatriz Gómez Consuegra, había advertido la posibilidad de conflictos de interés cuando su esposo, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue nombrado ministro de Salud. Declaró ella que podrían surgir esos conflictos cuando sus decisiones se cruzaran con las del Ministerio.

Sin embargo hay una información aún más específica que puede ser la prueba reina en el proceso disciplinario: en abril del año pasado, la representante Catherine Juvinao envió un derecho de petición a la Superintendencia Nacional de Salud en los que pedía relacionar cada actuación y proceso en los cuales la esposa del ministro hubiera declarado impedimento por coincidir con las áreas de acción del Ministerio.

Y bingo.

Dentro de esa relación, aparece que la superintendente delegada Beatriz Gómez se había declarado específicamente impedida para actuar frente a la ESE Hospital San Rafael de Leticia, en estos términos: “Actuaciones administrativas en las que se presente la competencia concurrente con el Ministerio de Salud y Protección Social de la prórroga ejecutiva”.

Es decir, la superintendente y esposa del ministro Jaramillo sabía perfectamente que ese conflicto de interés le impedía actuar en los temas del Hospital San Rafael de Leticia porque existía competencia directa del Ministerio de Salud.

Pero siguió haciéndolo, desconociendo el impedimiento que ella misma había presentado. Es más, Lina Baracaldo, la agente interventora que no quiso firmar a la brava el contrato que mandaba la señora, fue despedida cuatro días después de la llamada.

La también congresista Jennifer Pedraza presentó otra denuncia ante el procurador Gregorio Eljach contra la superintendente delegada de salud Beatriz Gómez.

La representante a la Cámara Pedraza señala en su denuncia que la esposa del ministro se extralimitó en el ejercicio de derechos y funciones y, además, violó los conflictos de interés.

Señala, a su vez, que abusó de su cargo y no trató con el respeto que impone la ley a las personas que presionó para que firmaran el contrato. La intimidación está expresamente prohibida en el Código Disciplinario Único.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo argumenta que contra su señora esposa y superintendente delegada de salud hay una persecución machista. Sin embargo, son dos mujres congresistas quienes interponen las primeras quejas disciplinarias contra ella.

Bonus track

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), César Palomino, recibió una carta del contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, con un diciente: NO.

Palomino había invitado a la Contraloría a acompañar un cuestionado proceso para contratar los servicios jurídicos de una firma internacional para defender los derechos de Colombia.

El contralor le dijo que no le va a lavar en agua lustral esta contratación, que curiosamente pasa por una minúscula firma de abogados de Cúcuta como lo han denunciado el exsenador Jorge Enrique Robledo y el periodista Jorge Espinosa.

La carta del contralor Carlos Hernán Rodríguez dice: “Este despacho identifica que su requerimiento no se encuentra dentro de los presupuestos normativos para el ejercicio del control concomitante y preventivo”.

Investigaciones de La Silla Vacía muestran que el director Palomino ha sido cuestionado por sus vínculos con un barco que participó en operaciones de narcotráfico y también por usar sus influencias a favor de familiares cuando se desempeñaba como magistrado del Consejo de Estado.

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Prohibición del matrimonio infantil avanzó en Congreso y le falta un debate para ser ley

Por: Laura Duarte

En su noveno intento en el Congreso, la Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate la prohibición del matrimonio infantil en Colombia. El proyecto obtuvo el visto bueno de la comisión luego de un acuerdo entre diversas bancadas y le falta solo un debate en la plenaria para convertirse en ley de la República.

El proyecto ha sido impulsado por las representantes a la Cámara, Alexandra Vásquez (Pacto Histórico) y Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso). Además, en el Senado contó con el respaldo de Paloma Valencia (Centro Democrático) y Clara López, de la coalición de Gobierno, quien presentó la ponencia.

La iniciativa busca prohibir que los menores de edad puedan casarse o formar uniones tempranas. Además, establece la creación de un Programa Nacional de Atención Integral para niños, niñas y adolescentes.

Actualmente, la ley permite el matrimonio a partir de los 14 años con consentimiento de los padres, lo cual sería eliminado con la nueva normativa. El matrimonio infantil, según las autoras, afecta especialmente a comunidades indígenas, donde el 33.8% de las niñas se casan antes de los 18 años.

“El hecho de que se elimine el matrimonio infantil significa que ningún juez de la República podrá casar a ninguna pareja en la que ambos, o uno de ellos, sean menores de edad. Esto es importante porque, hasta ahora, existía un mecanismo perverso donde los padres o madres daban un permiso, lo que generaba todo un mercado de niñas y niños”, afirmó la representante Jennifer Pedraza.

De otro lado, las comisarías de familia tendrían que acompañar a los niños y niñas que estén en uniones maritales ya existentes para que puedan disolverlas “sin que vean ningún retroceso en sus derechos, sino más bien un fortalecimiento de los mismos”.

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Proyecto de ley busca tatequieto a viajeros problemáticos en aerolíneas: habla el Congreso

Omar Pérez

En Colombia las agresiones cometidas por pasajeros de transporte aéreo van en aumento. Según las cifras más recientes, cada año se registraron 205 quejas por infracciones a la normatividad legal por parte de usuarios que son considerados como problemáticos y que pueden incluso poner en riesgo a los demás pasajeros y a la tripulación.

Ante ese escenario, en el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que pretende establecer fuertes sanciones, que podrían literalmente bajarlo del avión hasta por un año, pues las aerolíneas podrían suspender la movilidad aérea.

Jennifer Pedraza, representante del Partido Dignidad y Compromiso, y quien presentó la iniciativa junto a María Fernanda Carrascal, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la radicación de este proyecto.

“Lo primero que hay que contar es que, seguramente, la gente habrá pasado por situaciones en donde alguna gente amenaza violentamente o agreden físicamente a trabajadores de las aerolíneas”, inició recalcando Pedraza.

La representante mencionó que estas situaciones “se expresan en contra de los trabajadores que no tienen la culpa de las falencias que tiene hoy el transporte aéreo”.

Y así, que básicamente el proyecto de ley “pone que se puedan establecer sanciones de acuerdo con la gravedad de las acciones, que van desde una explicación pedagógica, hasta una multa o suspender al pasajero para que, por un periodo de tiempo, no pueda viajar con la empresa”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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