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Jennifer Pedraza

Jennifer Pedraza denunció a la esposa del ministro de Salud por presiones indebidas en el caso del buque hospital

La congresista exige una investigación disciplinaria contra Beatriz Gómez Consuegra, a la que señala de extralimitarse en sus funciones y coaccionar a funcionarios para acelerar contratación millonaria en el Amazonas

Por: Licsa Gómez

La representante a la Cámara por Bogotá Jennifer Pedraza radicó el 8 de abril una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra Beatriz Gómez Consuegra, superintendente Delegada para Prestadores del Servicio de Salud y esposa del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

La congresista la acusa de incurrir en faltas al Código General Disciplinario, al presuntamente presionar a funcionarios públicos para la celebración de un contrato interadministrativo relacionado con la compra de un buque hospital destinado al departamento del Amazonas.

Pedraza sostiene que Gómez Consuegra “habría extralimitado sus funciones como superintendente delegada, incurriendo en presión indebida a un funcionario para acelerar una contratación que todavía no cumplía los requisitos para realizarse; impidiéndole el cumplimiento de sus deberes y violando el régimen de conflicto de intereses”, en clara alusión a lo estipulado en el artículo 26 del Código General Disciplinario.

Graves expresiones y presunta violencia verbal

La denuncia se apoya en audios revelados por el periodista Daniel Coronell, donde presuntamente se escucha a Gómez Consuegra amenazando al abogado del Hospital San Rafael de Leticia – crédito Colprensa

Uno de los elementos centrales de la denuncia es la conversación revelada por el periodista Daniel Coronell en su columna ‘La esposa del ministro’, publicada en la revista Cambio, la cual contiene audios en los que presuntamente se escucha a Gómez Consuegra presionando al abogado Mario Castro, asesor jurídico del Hospital San Rafael de Leticia, para que firmara el contrato del buque hospital de manera inmediata.

“Ustedes firman hoy o mañana me presentan la renuncia, es más, de una vez”, se escucha en uno de los audios. A lo que el abogado responde: “Doctora, hoy es imposible que se firme ese contrato”. La funcionaria insiste: “Perfecto, entonces me presenta la renuncia usted y la otra, se acabó esto, ya no vamos más, porque yo no voy a permitir que ustedes sigan tomándole del pelo al país”.

En la denuncia, Pedraza califica estas expresiones como violencia verbal y psicológica: “No sólo por las palabras y tonos usados, sino porque se enuncia el poder que tiene la funcionaria para decidir sobre el futuro laboral del abogado, se utiliza el nombre del Ministerio de Salud, dirigido por el esposo de la funcionaria, y el del presidente de la República como argumento de autoridad para que el abogado incumpla sus deberes”.

Conflicto de intereses y presiones institucionales

Este es el buque hospital fluvial en el Amazonas impulsado por el Ministerio de Salud, para la atención médica – crédito @MinSaludCol/X

Otro de los puntos críticos señalados por Pedraza es la relación marital entre la superintendente delegada y el ministro de Salud, lo cual, en su criterio, configura un claro conflicto de intereses, más aún cuando la propia Gómez Consuegra lo había reconocido formalmente el 14 de marzo de 2024 respecto a actuaciones relacionadas con la E.S.E. Hospital San Rafael de Leticia.

Además, la representante solicitó que se investigue si el retiro de la agente interventora Lina Caterin Baracaldo Moreno, ocurrido el 1 de abril de 2025, estuvo relacionado con las amenazas proferidas durante la llamada. En dicha conversación se escucha a Gómez Consuegra decir: “Le estoy diciendo: donde eso no quede firmado hoy, la renuncia suya y la de la doctora. Así de simple”.

La denuncia enfatiza que ninguna de las funciones legales del cargo de la superintendente delegada le otorgan facultades para ordenar contrataciones, y mucho menos interferir directamente en decisiones de la E.S.E. Hospital San Rafael de Leticia, una entidad que, si bien está bajo intervención, cuenta con un agente especial encargado de su administración.

“Su intervención constituye una extralimitación en el ejercicio de funciones, pues su cargo no le permite decidir sobre necesidades contractuales ni coadministrar la entidad”, subraya el documento. Pedraza también cuestiona el uso de expresiones que, a su juicio, constituyen calumnias e intimidaciones contra los funcionarios del hospital, al acusarlos de obstaculizar el proyecto sin prueba alguna”.

https://drive.google.com/file/d/1R6PjrFQvKafnZ8XivUyDWwlnEmaD9wTY/view

Paradójicamente, el afán demostrado por Gómez Consuegra en los audios coincide con la postura oficial del Ministerio de Salud. El 6 de abril de 2025, la cartera de salud emitió un comunicado expresando su preocupación por las demoras injustificadas en la ejecución del pluricitado proyecto de infraestructura móvil” en el Amazonas, señalando posibles detrimentos patrimoniales por el aumento de costos derivados de los retrasos.

Esta coincidencia, a juicio de la representante Pedraza, refuerza la sospecha de que Gómez Consuegra, pese a haber declarado un conflicto de interés, actuó como una emisaria del Ministerio, presionando para cumplir una agenda que no era de su competencia legal.

Cabe recordar que, el mismo martes, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar para esclarecer posibles irregularidades en la gestión de un contrato relacionado con un buque-hospital destinado a comunidades apartadas del Amazonas.

“He ordenado iniciar unas indagaciones preliminares. Hay que esperar que avance la recopilación de elementos probatorios y se tomará la decisión que haya que tomar”, aseguró el procurador Gregorio Elijach.

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Niñas sin ablación: un debate sobre la mutilación genital femenina en Colombia

Congresistas y mujeres de comunidades indígenas hablan sobre el proyecto de ley que busca erradicar la ablación en Colombia.

Esta semana fue aprobado, en segundo debate de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley que busca erradicar, prevenir y atender a las víctimas de ablación en Colombia.

Con autoría de la representante Jennifer Pedraza, esta iniciativa, denominada “Niñas sin ablación”, deberá surtir dos debates más en el Congreso de la República para convertirse en ley.

El proyecto busca que se prevengan las violencias sexuales y reproductivos en contra de niñas y mujeres, exhorta al Ministerio de Salud a emitir un protocolo obligatorio para el abordaje y atención integral en salud a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de mutilación genital femenina.

Además, propone incluir enfoque de género en campañas pedagógicas que incluyan a expertos y comunidades indígenas, con el fin de construir mensajes adecuados para diferentes contextos culturales.

Grave panorama de mutilación genital femenina

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al menos 230 millones de mujeres en el mundo han sido víctimas de ablación, y se estima que 4,4 millones de niñas están en riesgo de serlo. Solamente en Colombia se registraron 89 casos entre enero y noviembre de 2023, según el Instituto Nacional de Salud.

En entrevista con Noticias RCN, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, resaltó que Colombia es el único país de la región en donde todavía ocurre esta práctica que consiste en quemar o cortar los genitales femeninos, debido a procesos culturales en comunidades indígenas.

Pedraza explicó que el proyecto que busca la erradicación de la mutilación genital no cuenta con un enfoque punitivo, sino más bien pedagógico y de atención en salud para evitar que más niñas, adolescentes y mujeres sufran esta práctica.

La iniciativa ha sido construida de la mano de consejeras y miembros de la comunidad emberá, quienes esperan que el Estado tome cartas en el asunto para proteger a las niñas que, desde muy temprano, son mutiladas, expuestas a infecciones e, incluso, a la muerte.

¿En el mundo hay más casos de mutilación genital femenina?

Jennifer Pedraza: Sí, si bien Colombia es el único país del continente donde sigue ocurriendo, esta práctica es muy generalizada en países africanos, especialmente en Kenia, algunos países de Europa del este, y se mueve mucho con los pueblos que se desplazan a lo largo del mundo.

Por eso es importante hacer una campaña de educación y cultura, incluso nombrarlo, porque al ser una práctica tan violenta suele estar muy escondida.

¿Cuántas niñas sufren por esta práctica en Colombia?

Laura Daza: El proyecto nos permitió articular tres puntos clave. El primero es que el diálogo intercultural para que pueda hacerse ese registro conjunto con las comunidades.

El segundo es el enfoque intercultural con el sistema de salud. Va a ser muy difícil identificar lla práctica y darle un debido conocimiento si no hacemos ese enfoque con el personal médico que atiende a las niñas y mujeres víctimas de esta práctica.

En tercer lugar, la ruta de articulación con la justicia, que permite un diálogo para acceder a los mecanismos para atender los casos.

¿Cuáles son los daños de esta práctica para las mujeres?

Claudia Patricia Querama: Para nosotros no es cultura, no practiquemos más a nuestras niñas indígenas, porque ahí están afectando a nuestras mujeres. Afectan enfermedades, hay muchas cosas para hablar. Estas prácticas se realizaban por las parteras u otras personas, es algo aprendido.

Yo, como mujer indígena, no estoy de acuerdo con estas prácticas que se realizan a nuestras niñas, porque estamos quitando un derecho, a las mujeres las mandó Dios completas, no podemos quitarles un pedazo.

Si lo van a practicar, por qué no le piden permiso a las mamás. Prácticamente lo hacen a escondidas, para que no se puedan enterar.

Yo también soy víctima y uno analiza, qué diferencia tiene de practicar a una mujer o una niña.

Yo me siento muy agradecida con las congresistas, es muy importante trabajar con las mujeres indígenas y con las autoridades para que tengan conocimiento de que esto no es cultural, que están haciendo daños a nuestras mujeres y niñas.

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¿Golpe a la educación pública? Gobierno expide decreto de formalización docente en medio de críticas de universidades por falta de recursos

Este jueves se confirmó la apuesta del gobierno de Gustavo Petro de formalizar la planta docente de las instituciones de educación superior públicas. Pero las universidades argumentan que no tienen recursos y que están arrastrando una crisis financiera. ¿Qué van a hacer?

Por: Claudia M. Quintero

El Gobierno cumplió con la promesa de formalizar la planta docente de las universidades públicas del país. Este jueves se publicó el decreto con el que se establece la ruta que ahora deberán seguir estas instituciones para contratar de manera directa a las y los maestros

“Esta es una muy buena noticia para las y los docentes de la educación superior en Colombia. Acabamos de firmar el decreto de formalización laboral dirigido al 76 por ciento de las y los docentes en todo el país que están contratados mediante modalidades que lesionan sus derechos y vulneran su dignidad. Esto, en modalidades como hora cátedra y los ocasionales, que no tienen estabilidad laboral durante todo el año ni pago en sus prestaciones sociales”, dijo el ministro de Educación, Daniel Rojas. 

Los mismos profesores que se verá beneficiados y las universidades dicen que claramente es necesario formalizar a los maestros para que tengan condiciones más dignas. Eso nadie lo niega. Sin embargo, las universidades públicas vienen alertando sobre una crisis financiera desde hace más de un año. Por lo que aseguran que una medida de este tipo podría “acentuar este problema”.

A partir de esta normativa, instituciones como la Universidad Nacional, la de Antioquia y la Tecnológica del Chocó, ahora tendrán 12 meses para elaborar un plan de formalización. En él, las universidades deberán definir sus necesidades e implementar de manera gradual la formalización del personal que esté por fuera de la carrera docente y administrativa y que desarrolle actividades misionales. 

Ese plan debe ser concertado con los sindicatos, trabajadores, profesores y todos los estamentos. Luego, eso se debe aprobar en los consejos superiores de las instituciones. 

Para cumplir con la norma, las universidades tendrán hasta el 31 de diciembre de 2026 para lograr un avance del 40 por ciento en la vinculación del personal. Luego, tendrán hasta el 31 de diciembre de 2027 para conseguir un avance del 80 por ciento. 

¿De dónde saldrán los recursos? 

El decreto establece que la fuente de financiación de esta medida son los recursos “recurrentes que conforman sus presupuestos (recursos propios, aportes de la Nación, aportes de las entidades territoriales, entre otras), previo avalo concepto de viabilidad financiera del área competente de la institución”. Pero son justo esos mismos recursos los que dicen que no les alcanzan para asumir los compromisos que hoy tienen. 

Como le dijo a este medio un exrector de la Universidad Nacional, no tiene sentido implementar un decreto que pida formalización “si los recursos actuales que se les giran a las instituciones son insuficientes”. 

Con eso coinciden asociaciones de universidades públicas, movimientos estudiantiles y congresistas que han defendido la educación pública en el país, como la representante Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso.

La parlamentaria, por ejemplo, aseguró que “este decreto coge una causa noble y la convierte en una medida equivocada ante la falta de nuevas fuentes de financiamiento para lograrlo. Dos de las tres fuentes previstas en el decreto corresponden a recursos ya existentes, que actualmente se destinan al funcionamiento de las universidades, mientras que la tercera depende de la aprobación del Ministerio de Hacienda, cuya viabilidad es incierta. Lo más grave es que sin recursos públicos estas cargas a la nómina terminarían pagándose con recursos propios de autofinanciación, profundizando la tendencia a la privatización”. 

CAMBIO contactó a los directivos de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia para conocer su posición sobre el tema y dicen que esperarán hasta hacer un análisis del documento emitido por el Gobierno para dar una posición oficial. 

En contraste, desde el Ministerio señalan que están los recursos, pero también reconocen que sí se necesitan más. “Desde 2018 se asignaron recursos adicionales para el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Estos son importantes porque están dentro del presupuesto de las universidades de manera recurrente. (…) Es decir, no significa que no exista la plata. Los recursos están y, por supuesto, se requieren más recursos y ya el presidente anunció que se están fortaleciendo los recursos de base presupuestal cada año”, dijo el viceministro en diálogo con CAMBIO. 

Otro camino para aumentar ese presupuesto es la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que busca incrementar los recursos que reciben las instituciones para su funcionamiento. El problema es que esa iniciativa apenas está en segundo debate y en el Congreso no hay buen ambiente, porque se acerca el último año legislativo y el Gobierno está promoviendo la consulta popular.

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La Cámara de Representantes aprueba la erradicación de la mutilación genital femenina en Colombia: “Somos el único país de la región donde se practica”

La plenaria aprobó por mayoría absoluta un proyecto que busca prevenir, atender y acabar la ablación del clítoris en las niñas indígenas

Activistas y legisladoras en el Congreso de Colombia.

Por: Juan Miguel Hernández Bonilla

Colombia es el único país de América en el que la mutilación genital femenina aún es frecuente y legal. Solo entre enero y noviembre de 2023 se registraron 89 casos de esta práctica en niñas entre 0 y 5 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS). El dato tiene un subregistro alto porque usualmente solo contabilizan los casos en los que la ablación genera problemas de salud y requiere atención médica. Las menores que son sometidas a ella hacen parte de comunidades indígenas, en especial del pueblo Embera. Para erradicar esta práctica, varias congresistas en alianza con líderes indígenas, universidades y organizaciones de la sociedad civil han impulsado un proyecto de ley que busca prevenir, atender y acabar la ablación del clítoris en las mujeres, aunque no la prohíbe ni la penaliza para no interferir en la autonomía de las leyes indígenas. Este martes, la iniciativa dio un paso fundamental para convertirse en realidad. La plenaria de la Cámara de Representantes la aprobó por unanimidad y con mayoría absoluta. Ahora enfrenta sus dos últimos debates en el Senado, en la Comisión Primera y en la plenaria.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá y coautora del proyecto, celebró el avance. “Es imperativo visibilizar y erradicar esta grave violación de los derechos humanos que afecta a millones de niñas y mujeres en el mundo, y se practica en Colombia por parte de ciertas comunidades”, dijo al terminar la votación en el Parlamento. La representante más joven del Congreso cuestionó el hecho de que el Estado no haga nada para proteger a las víctimas. “Es un procedimiento a través del cual se quema o se cortan los genitales de las mujeres. Para nuestra vergüenza, Colombia es el único país de la región donde se practica. El Estado tiene una responsabilidad para frenar esta forma de violencia”. La representante Alexandra Vásquez, también coautora del proyecto, insiste en la importancia de que sean las mujeres quienes participen en el proyecto. “La iniciativa tiene un enfoque preventivo y cultural, más que punitivo. Imponer penas no ha sido efectivo en el pasado; en cambio, es necesario trabajar en un cambio cultural profundo para desarraigar prácticas patriarcales”.

Juliana Domicó, líder de la comunidad Emberá eyabida del departamento caribeño Córdoba, cuenta en diálogo con EL PAÍS que su participación en la construcción del proyecto sirve para que se conozcan las necesidades propias de las mujeres de este pueblo indígena. “Soy defensora de derechos humanos. Mi aporte ha sido desde el conocimiento que traigo de mi territorio sobre el cuidado del cuerpo de la mujer, el sentir, el pensar como Emberá”. Domicó cuenta que el objetivo es una ley que logre la erradicación de la práctica mediante la prevención, educación y concienciación de las mujeres del daño que causa. Explica, además, que los artículos están cuidadosamente planeados para respetar la jurisdicción especial indígena y evitar la penalización a las parteras y mayoras que eventualmente sigan haciendo la ablación.

Domicó recuerda que desde la muerte en 2007 de dos niñas por la mutilación genital, muchas mujeres de las organizaciones indígenas han rechazado la práctica y han buscado su eliminación, junto con las de otras violencias que padecen en sus territorios. “Hay que aclarar que la ablación no es propia de la cultura Emberá, sino una práctica impuesta por parte del colonialismo. Antes no se hacían cortes en el clítoris, como se hace hoy en día, sino una curación para equilibrar el espíritu y la energía, llamada nepoa”. Explica que el ritual consistía en baños con plantas medicinales, que se hacía a niños y niñas y que buscaba atraer la buena salud y buena cosecha, y equilibrar la energía sexual. “Nunca para dañar el cuerpo de las mujeres”. Domicó dice que el argumento de las parteras que siguen practicando la ablación es que buscan que las niñas no sean “brinconas, para que les sean fieles al esposo y para que no crezca el clítoris”.

La mutilación genital, de acuerdo con diversos estudios científicos, implica la escisión y lesión de tejido genital femenino sano y normal, e interfiere en las funciones naturales del cuerpo. Según la Organización Mundial de la Salud, genera riesgos inmediatos como hemorragias, dolor extremo, infecciones como el tétanos, problemas urinarios, problemas de cicatrización e incluso la muerte. A largo plazo, además, puede derivar en complicaciones obstétricas, disfunciones sexuales y trastornos psicológicos graves, como el estrés postraumático y la depresión. Entre 2011 y 2021 se reportaron 141 casos de mutilación genital femenina en población indígena solo en el hospital San Rafael de Pueblo Rico, Risaralda.

La representante risaraldense Carolina Giraldo, otra de las coautoras del proyecto, insiste en la falta de certeza sobre el número de niñas que sufren esta práctica. “El año pasado se registraron unos 53 casos en Colombia, pero sabemos que hay mucho subregistro. Muchas veces los médicos a donde llegan las niñas ni siquiera saben reconocerla”. Para eso, el proyecto establece un sistema de información que permite recolectar, analizar y difundir información periódica sobre este flagelo. La aprobación de la iniciativa va en línea con la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye el objetivo de “lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas”. Las Naciones Unidas establecen, en concreto, eliminar las prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina”.

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‘Benedetti representa la vieja clase política rancia a la que la gente no quiso votar en 2022’: Jennifer Pedraza

La representante habló sobre lo que se espera en el Congreso con la llegada del nuevo ministro al Gobierno.

Armando Benedetti en la plenaria de la Cámara de Representantes. Foto: Néstor Gómez – El Tiempo

En entrevista con EL TIEMPO la representante Jennifer Pedraza habló sobre el nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti. También, sobre lo que se espera en el Congreso con su llegada y lo que representa para las mujeres este nombramiento. 

¿Cómo ve la llegada de Armando Benedetti a un cargo cercano al presidente?

Además de ser cercano al presidente, tiene de alguna manera una relación jerárquica sobre el resto de los ministerios, porque el Ministerio del Interior define las prioridades en materia de formas, y además, es el encargado de tener cualquier tipo de conversación o vínculo con el Congreso de la República. Este no es un cargo cualquiera; este es un cargo de una profunda responsabilidad política y de confianza del presidente y además Armando Benedetti seguirá siendo el jefe de despacho de Petro, así que, para conversar con Gustavo Petro habrá que pedirle cita a Armando Benedetti. Yo diría que este es un superpoder.

Armando Benedetti, designado ministro del Interior, en el Congreso Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO

Una de las grandes banderas de este Gobierno era acabar con la corrupción y también el discurso feminista, ¿cree que, con la llegada de Benedetti, una persona señalada por actos de corrupción y violencia contra la mujer se está yendo en contravía?

Benedetti ha sido uribista y Santista, pero hay que decir que en ninguno de esos Gobiernos tuvo el poder que hoy irónicamente tiene en un Gobierno que supuestamente se había propuesto y había prometido a la gente acabar con la clase política tradicional. ¿Por qué lo pongo de presente? Porque hay mucha gente que está diciendo “no, pero sí se van a pasar las reformas” o ministras que protestaron y ahora aceptan otros cargos, yo les digo que ese cargo hace ahora que Armando Benedetti sea un super ministro, está por encima de todo el resto de los cargos en el Gobierno nacional, querámoslo o no. Para mí, esto es una traición y es una escupida en la cara, perdón que sea una palabra tan explícita, pero es que así es, a todas las personas que votaron por este Gobierno esperando un cambio, una transformación, una relación diferente del Gobierno con el Congreso.

Y sobre las reformas…

Para las personas que dicen que ahora Benedetti va a aprobar las reformas, todo el mundo sabe que Armando Benedetti no va a persuadir, ni va a presentar un solo argumento ni dato ni un racionamiento para aprobar una reforma, sino que su mecanismo por el que funciona es a través de una relación clientelista, politiquera transaccional con el Congreso de la República. No en vano enfrenta siete procesos penales, no en vano ha sido llamado recientemente a juicio por la Corte Suprema de Justicia, no en vano ha sido escuchado por todo el país siendo agresivo, misógino y machista con una mujer del Gobierno y no en vano ha sido denunciado incluso por violencia de género cuando estuvo en la FAO.

Al ser Benedetti el nuevo ministro del Interior el contacto con el Congreso va a ser mayor, ¿cómo va a ser esa relación?

Yo creo que eso ya empezó a pasar. La repartija de ministerios en cabeza del partido Liberal, del partido Conservador, del partido de la U, incluso hay denuncias de que Benedetti le entregaría el Icetex al partido de la U, entregarle el Ministerio de las TIC a gente cercana a los clanes de la costa del partido de la U, que no es un asunto solo para pasar las reformas, sino que la denuncia de Daniel Coronell es que Benedetti estaría usando esos cargos y esos puestos incluso para favorecerse así mismo en el caso de Fonade que tiene en la Corte Suprema de Justicia por presunto tráfico de influencias. Benedetti no solamente va a usar su poder para fortalecer a toda la clase política tradicional, que supuestamente el gobierno del cambio quería enfrentar, sino que yo creo que lo que él es experto en hacer es beneficiarse a sí mismo, beneficiarse así mismo en sus procesos penales hoy usando ese poder político que le entrega y que le regaló el presidente Gustavo Petro.

Armando Benedetti, designado ministro del Interior, en el Congreso Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Ustedes como mujeres congresistas cómo van a proceder dentro de la Cámara de Representantes?

Él ya dijo que las que protestamos somos solamente siete y que no le importamos un pepino. No me sorprende porque las conversaciones de él van a priorizar a todos los politiqueros y después se sorprenden; después Petro finge sorpresa cuando estallan los escándalos de corrupción o va y hace la pantomima de pedir perdón, como lo hizo en la instalación de este Congreso el 20 de julio del año pasado, diciendo pido perdón al país porque como Gobierno nos robamos la plata del agua de la Guajira y lo que hace acto seguido es nombrar a Benedetti en el Ministerio del Interior. Entonces a él no le interesa conversar con nosotras, yo tengo que decir que por lo menos de mi parte no me interesa conversar con Armando Benedetti, porque él está en la cancha de la corrupción, cancha en la que yo no quiero entrar a jugar nunca en mi vida y seguramente no le interesa tener una conversación de fondo sobre las reformas.

¿Recibieron algún comentario por parte de Benedetti sobre los carteles que sacaron en la plenaria?

Cuando yo saqué el cartel, Armando Benedetti se fue de la plenaria de la Cámara por la puerta trasera. Yo personalmente seguiré protestando, no sé de qué forma, tendré que ver qué van haciendo en el camino, pero, por lo menos incomodar y luchar. No estamos obligadas a ganar porque es verdad somos pocas, pero sí estamos obligadas a luchar para defender la agenda de las mujeres. Es que las mujeres que llegamos al Congreso con una agenda feminista o de lucha por los derechos de las mujeres, tenemos el compromiso de defender esa agenda o sino ¿para qué levantamos esas banderas en campaña? De lo contrario, si una no está dispuesta a poner ese poder al que hoy tenemos acceso, gracias a las mujeres que votaron por nosotras, al servicio de las causas de la agenda de mujeres pues entonces creo que podríamos estar instrumentalizándolas y yo no quiero hacer eso.

(Además: Las razones detrás de la salida de Francia Márquez del Ministerio de la Igualdad)

¿En las reuniones que hizo Benedetti con las bancadas ustedes fueron invitadas?

No.

Armando Benedetti, designado ministro del Interior, en el Congreso Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Qué es lo que representa Benedetti en la política colombiana?

Representa la vieja clase política rancia por la cual la gente no quiso votar en el 2022. Petro y Rodolfo, me atrevo a decir, porque el hecho de que Fico no pasara a segunda vuelta, para mí, fue un castigo a toda la clase política tradicional. Así yo no votara por Rodolfo, ni lo considerara el candidato que valiera la pena porque ya estaba imputado por corrupción, ambas candidaturas representaban, de cierta manera, cambio, en sentidos distintos, pero cambio. Para mí lo que representa Armando Benedetti es toda esa clase política tradicional contra la cual Colombia votó en 2022, marchó en 2022 y por eso es por lo que es tan traidor de parte de Petro, que dice representar el estallido social volver a repartir el poder y a concentrar el poder en una persona como lo es Armando Benedetti.

¿Cómo ve la ruptura con Francia Márquez y su salida del Ministerio de Igualdad?

Petro y su Gobierno es un Gobierno al que le gusta usar una cosa que se llama en la academia el “tokenismo” que es poner figuras de personas indígenas, de movimientos sociales, personas afro, mujeres, personas con discapacidad y en el marco de un compromiso ausente con estas agendas Francia le sirvió mucho a Petro para ganar las elecciones. Si Petro pudiera le quita a Francia incluso la vicepresidencia, si no hubiera sido porque ella se la ganó a pulso y ahora el presidente Petro se pasa por la faja ese mandato que igual Francia representa.

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“Hollman Morris nunca debió ser subgerente de RTVC”: Jennifer Pedraza

La representante del partido Dignidad y Compromiso cuestionó el tratamiento que el Gobierno ha dado al caso sobre presunto acoso laboral contra dos funcionarias de RTVC y pidió al presidente Petro que retire a Morris de su cargo.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso.

Foto: El Espectador – Gustavo Torrijos Zuluaga

Por: Laura Duarte Sandoval

En diálogo con El Espectador, la representante Jennifer Pedraza, avalada por Dignidad y Compromiso, y quien tiene entre su agenda legislativa la defensa de los derechos de las mujeres, criticó la permanencia de Hollman Morris en el Gobierno y reiteró que su designación fue inapropiada. Además, aseguró que es testigo de la presunta persecución desde redes sociales a mujeres denunciantes. En todo caso, Morris ha negado que esté involucrado en los hechos de presunto acoso laboral y dijo que no va a dar otra declaración diferente a la que hizo a través de X, en donde aseguró que los señalamiento hacen parte de una “campaña de desprestigio” y una “persecución criminal” en su contra. De otro lado, Pedraza manifestó que “el movimiento feminista tiene una agenda propia, que no está sometida a ningún político de turno”, en referencia al gobierno de Gustavo Petro.

¿Usted fue una de las voces más críticas respecto a la llegada de Hollman Morris al gobierno como director de RTVC? ¿Puede decir que advirtió sobre las presuntas consecuencias del nombramiento?

Hollman Morris nunca debió ser subgerente de RTVC. Yo acompaño a las organizaciones de mujeres que están pidiendo que renuncie o que el presidente lo retire de su cargo. Si Petro lo mantiene en el Gobierno sería una traición a su promesa de campaña de que el cambio era con las mujeres. El presidente ha decidido rodearse y nombrar en varias ocasiones a hombres denunciados por violencias basadas en género o por acoso laboral, como también fue el caso de Víctor de Currea, quien declinó voluntariamente de ser embajador de Colombia en Emiratos Árabes, pero nunca hubo una decisión clara del presidente de reversar el nombramiento. Uno de los criterios para otorgarle poder a las personas, es que no que tengan encima casos de violencias o denuncias.

(Lea: “Colombia será sede de cumbre regional para analizar lucha contra las drogas”)

¿Cuál es su postura respecto a la afirmación de inocencia de Hollman Morris?

Hay algo adicional en estas últimas denuncias hacia Morris y es la persecución sistemática desde las redes sociales hacia las víctimas que deciden denunciar, lo que vuelve todo mucho más revictimizante. En el pasado desde las mismas redes sociales, el presidente Petro también afirmó que Hollman Morris es inocente de casos anteriores, pero ningún juez ha asegurado eso. Incluso, en las últimas denuncias, hay víctimas que señalan que las estarían persiguiendo hombres armados, para obligarlas a quedarse calladas. Además, hay un combo de personas vinculadas a la corriente política del Pacto Histórico enfocada en perseguir jurídicamente a las mujeres que han defendido a las víctimas.

Es decir, ¿cree que sectores afines al Gobierno han intentado desestimar las denuncias?

Hay quienes dicen que criticamos al Gobierno, en este caso, por un sesgo político, pero la lucha por los derechos de las mujeres es en sí misma una reivindicación política. No necesitamos que detrás de nuestras preocupaciones haya algún partido de derecha o que una persona de derecha esté promoviendo las denuncias. Ellos dijeron que el cambio era con las mujeres y el presidente Gustavo Petro sabe que, en parte, le ganó a Rodolfo Hernández porque fue capaz de representar la lucha por la igualdad de género.

Pero, dicen que en movimientos de derecha también hay violencias y que la critica no ha sido igual de constante…

Quienes nos reconocemos como personas de izquierda o de centro izquierda somos más exigentes con las personas que representan nuestros proyectos políticos, porque por convicción defendemos la lucha por los derechos de las mujeres. Es mucho más incoherente que los proyectos progresistas democráticos y alternativos los dirijan personas que han cometido o que han sido denunciados por violencias basadas en género, porque se supone que estos proyectos políticos creemos en la lucha por los derechos de las mujeres. Por eso me parece que es tan importante que el movimiento feminista tenga una agenda propia, que no esté sometida a ningún político de turno. Puede que muchas hayamos votado por Petro, pero, por eso no nos vamos a quedar calladas. Si los políticos que elegimos se van a pasar por la faja las agendas de género, pues nosotras somos las primeras que vamos a denunciarlo. Yo sé que a ellos les gustaría que nosotras estuviéramos calladitas, aplaudiendo todo lo que digan, pero eso sería traicionar nuestros principios.

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¿Considera que las denuncias contra Morris pueden afectar la agenda legislativa y proyectos del Gobierno?

La gente tenía una expectativa respecto a los derechos de las mujeres con este Gobierno y que no se condenen desde la Casa de Nariño habla de la incoherencia en todos los aspectos. Las denuncias recientes sobre presunto acoso laboral contra Morris se suman a otras contra los derechos de los trabajadores. Nos han contado que están echando a gente para repartirles sus puestos a los partidos tradicionales, o sea también hay una promesa fallida al respeto a los derechos laborales, lo que se contradice con el discurso y con la reforma laboral.

El Ministerio de la Igualdad fue uno de los primeros en pronunciarse sobre los señalamientos contra Morris y pidió a la Procuraduría investigar, ¿eso habla bien de esta cartera?

Habla bien de las feministas que están construyendo esa institución, pues no van a quedarse calladas, sencillamente por algo que provenga de su gobierno. Muestra un interés por institucionalizar el ministerio y hacerlo una autoridad en temas de género. Me hubiera gustado un poquito más de contundencia, haberse referido directamente a Hollman Morris, pues estamos hablando de una persona de las entrañas de ese proyecto político, que incluso en las elecciones territoriales hubo quienes en el Pacto Histórico propusieron que fuera candidato a la alcaldía de Bogotá. Pero, el movimiento feminista está dispuesto a acompañar al Ministerio de la Igualdad en las luchas, en la denuncia, en la crítica, incluso en la autocrítica de su gobierno.

¿Es decir que el llamado del Ministerio de la Igualdad no habla por todo el gobierno?

Fue por la lucha de las feministas que están en el Gobierno que se creó el Ministerio de la Igualdad. Esa es una conquista del movimiento feminista, no es un regalo de Petro. Sobre las cosas que están en su poder, en su control, como garantizar que no siga existiendo revictimización y violencia contra las mujeres, no ha tomado ninguna decisión. En el corazón de Petro hay dos personas: Laura Sarabia y después, Hollman Morris.

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¿Cuál cree que es el camino para prevenir estas violencias, que se repiten en partidos políticos, en el Congreso y en demás espacios de toma de decisión?

Bueno, quiero empezar haciendo una autocrítica a nombre de mi colectividad, porque nosotros hemos pasado por ese proceso de denuncia y las mujeres hemos luchado muchísimo para que existan protocolos, no para archivarlos y que se congelen, sino que efectivamente se implementen de manera que se priorice la protección de los derechos a las víctimas. Obvio, también es parte del debido proceso, pero yo creo que es lo que se necesita. Deben tener una ruta de denuncia que garantice que no haya revictimización, sino una acción dedicada a la reparación, al reconocimiento de esas violencias y a la no repetición. En el caso de Dignidad y Compromiso, ahora existen unas duplas, conformadas por una mujer que es abogada y una mujer que es trabajadora social o psicóloga, que atienden caso por caso.

Para no dar una respuesta tan leguleya, también es una labor que tenemos que hacer las mujeres dentro de los partidos y entidades. Tenemos que estar encima de estos procesos para que efectivamente sean concluyentes, porque nadie va a dar esa lucha por nosotras. Lo que van a empezar a sentir las mujeres es que nuestros partidos y la política electoral en general, no es un espacio seguro, y ese es el peor mensaje.

En junio de 2023 se aprobó un proyecto para prevenir la violencia política, ¿qué piensa de su aplicación?

Aún le faltan dientes a la ley, pero fue muy importante. Por ejemplo, fue clave para que el Polo Democrático se pronunciara en contra de las declaraciones de Germán Navas Talero en mi contra, pues la ley implicaba que los directivos de los partidos se pronunciaran cuando existieran este tipo de denuncias. El problema que tenemos con la mayoría de las leyes que van a favor de los derechos de las mujeres es que entran en una etapa de implementación, de asignación de presupuesto y de ejecución que es bastante lenta. Por otro lado, en el Plan Nacional de Desarrollo quedó una declaratoria nacional de violencia contra la mujer, pero hace falta una articulación de las distintas entidades, y en el país ya se han presentado varios feminicidios en estos primeros días de 2024.

¿Qué acciones esperaría del Gobierno y autoridades en estos casos?

Sobre los feminicidios no ha habido ningún pronunciamiento del Gobierno, pero tampoco ninguna acción de la Fiscalía, que viene cometiendo varios errores. El año pasado hicimos un debate de control político pues hay una mala tipificación de los feminicidios. Encontramos crímenes, como el asesinato de mujeres a manos de sus parejas, que están catalogados como homicidios de mujeres y no feminicidios. Queríamos que la Fiscalía fuera a este debate control político, peor no asistió. Vamos a seguir colocando este tema sobre la mesa.

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Prohibición del matrimonio infantil avanzó en Congreso y le falta un debate para ser ley

Por: Laura Duarte

En su noveno intento en el Congreso, la Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate la prohibición del matrimonio infantil en Colombia. El proyecto obtuvo el visto bueno de la comisión luego de un acuerdo entre diversas bancadas y le falta solo un debate en la plenaria para convertirse en ley de la República.

El proyecto ha sido impulsado por las representantes a la Cámara, Alexandra Vásquez (Pacto Histórico) y Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso). Además, en el Senado contó con el respaldo de Paloma Valencia (Centro Democrático) y Clara López, de la coalición de Gobierno, quien presentó la ponencia.

La iniciativa busca prohibir que los menores de edad puedan casarse o formar uniones tempranas. Además, establece la creación de un Programa Nacional de Atención Integral para niños, niñas y adolescentes.

Actualmente, la ley permite el matrimonio a partir de los 14 años con consentimiento de los padres, lo cual sería eliminado con la nueva normativa. El matrimonio infantil, según las autoras, afecta especialmente a comunidades indígenas, donde el 33.8% de las niñas se casan antes de los 18 años.

“El hecho de que se elimine el matrimonio infantil significa que ningún juez de la República podrá casar a ninguna pareja en la que ambos, o uno de ellos, sean menores de edad. Esto es importante porque, hasta ahora, existía un mecanismo perverso donde los padres o madres daban un permiso, lo que generaba todo un mercado de niñas y niños”, afirmó la representante Jennifer Pedraza.

De otro lado, las comisarías de familia tendrían que acompañar a los niños y niñas que estén en uniones maritales ya existentes para que puedan disolverlas “sin que vean ningún retroceso en sus derechos, sino más bien un fortalecimiento de los mismos”.

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Jennifer Pedraza critica al gobierno por los plazos para la licitación de pasaportes. Alerta que se estaría favoreciendo a una única empresa

Redacción Nación 14 de agosto de 2024

La representante Jennifer Pedraza, de Dignidad, cuestionó la licitación de pasaportes. Bogotá, agosto1 del 2023. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La producción de pasaportes en Colombia está en vilo. En estos momentos, los colombianos tienen más dudas que respuestas y eso ha generado cuestionamientos en varios espacios, entre ellos, el Congreso de la República. La representante Jennifer Pedraza, de Dignidad, cuestionó lo que pueda pasar.

“¡Vuelve y juega! El gobierno fija plazos récord para la licitación de pasaportes, favoreciendo a la única empresa que podría cumplir esos tiempos, Thomas Greg. El canciller Luis Gilberto Murillo todavía puede corregir los plazos para evitar la prórroga del contrato a favor de los de siempre. Después no digan que un funcionario (que ustedes mismos nombraron) los traicionó”, aseguró la congresista.

La congresista critica que la Cancillería esté dando plazos cortos para que los oferentes presenten las propuestas. La convocatoria se hizo en la tarde del pasado viernes y este lunes tenían que ser entregados los planteamientos. Solo la habrían presentado Thomas Greg & Sons y Cadena.

Una de las alertas es que el contrato pueda quedar nuevamente en manos de Thomas Greg, luego de todo el proceso en el que se ha intentado que se haga de forma distinta. El presidente Gustavo Petro ha arremetido en contra de esa empresa.

En las últimas horas, la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, despertó más dudas. Según dijo, a partir del 2 de octubre entrará en una segunda etapa en la que no se sabe qué pasará con la producción de pasaportes y le tiró la pelota a la Cancillería de Luis Gilberto Murillo.

La gerente anunció que la etapa tres, que estará a cargo de la Imprenta Nacional, comenzará en septiembre de 2025. La gerente de la entidad no ha dado muchos más detalles, pero dijo que para ese momento se firmaría una alianza con otro Estado, entre los que se está analizando que sea entre Alemania, Canadá, Francia y Portugal.

Luis Gilberto Murillo no asistió a un debate al Congreso porque estaba en Cali. | Foto: Cancillería

El proceso de demanda de Thomas Greg, está en vilo. En las últimas horas, se conoció que la demanda que impuso la empresa fue suspendida durante un mes. La empresa tomó esa acción luego de que el excanciller Álvaro Leyva decidiera suspenderlo cuando ya iba a ser adjudicada. La compañía reclama 117.000 millones de pesos por las afectaciones que le pudo haber causado la Cancillería en todo ese proceso por el que ya está siendo investigado Leyva por la Procuraduría.

Todo el lío de los pasaportes se suma a las dudas que hay sobre la capacidad que tendría la Imprenta de desarrollar los documentos de los colombianos, ya que se han presentado preguntas con el convenio que tienen con la empresa mexicana Accesos Holográficos en la que se han presentado reclamos internos.

El contrato actual para la producción de pasaportes finalizará el 2 de octubre. | Foto: Cortesía gobernación de Risaralda

En las últimas horas, estaba citado un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado para hablar del tema de los pasaportes y las dudas que hay en ese millonario contrato, sin embargo, el canciller Luis Gilberto Murillo no asistió al encuentro porque se encontraba en varios eventos en Cali relacionados con la COP16 y la conmemoración de la afrocolombianidad. Por lo que tuvo que ser aplazado el debate.

La constante inasistencia de Murillo al Congreso, como sucedía con Leyva, generó la molestia de los senadores. “Ya está bueno. El problema de los pasaportes no lo generó él (Murillo), el problema que tenemos es un tema que hay que tratar públicamente y que el país lo conozca (…). Tiene que dar la cara en la Comisión Segunda”, reclamó el senador Lidio García, del Partido Liberal.

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Bancada independiente radicó su propuesta a la reforma a la salud

Bancada independiente radicó su propuesta a la reforma a la salud

Foto: Blu Radio

Por: Yessica Gutiérrez

La bancada independiente ha presentado una propuesta de reforma a la salud en el Congreso de la República. Esta propuesta incluye aspectos que coinciden con las políticas del Gobierno, así como otros que son opuestos.

Ante la Secretaría del Senado de la República, la bancada independiente presentó un ambicioso proyecto de reforma estatutaria a la salud con el objetivo de fortalecer y proteger el sistema de salud del país. Este proyecto fue elaborado en colaboración con profesionales del sector y con las 21 agremiaciones que forman parte de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.

De esta bancada independiente participaron los congresistas: Katherine Miranda, Cathy Juvinao, Julia Miranda, Jennifer Pedraza, Humberto de la Calle, Alejandro García, Daniel Carvalho, Cristian Avendaño, Juan Sebastián Gómez y otros congresistas que se unieron a la iniciativa, como Carolina Giraldo.

Los puntos clave del documento incluyen:

  1. Definición Clara de Roles: establecimiento de responsabilidades y roles específicos para el personal de salud, con el fin de optimizar la gestión y eficiencia del sistema.
  2. Consejo Nacional de Salud: creación de un carácter vinculante para este consejo, permitiéndole tomar decisiones significativas, como la modificación del monto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
  3. Eliminación de la Intermediación Financiera: un punto en el que coinciden con la propuesta del Gobierno, buscando simplificar y hacer más transparente el flujo de recursos.

La propuesta será presentada a través de la Comisión Primera. Cathy Juvinao, representante de la bancada: “Vamos a presentar la propuesta por la Comisión Primera y solicitamos al Gobierno una petición de carácter político. La información que tenemos es que el Gobierno planea radicar su reforma por la misma comisión, pero con mensaje de urgencia. Esto implicaría que los demás proyectos no serían acumulables y solo se debatiría la reforma del Gobierno en un proceso acelerado”, dijo.

Juvinao y Jennifer Pedraza le pidieron al Gobierno que les permita que ambas propuestas sean debatidas simultáneamente, asegurando una discusión más completa y equilibrada sobre las reformas al sistema de salud.

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Sociedades médicas radican el 1 de agosto otra reforma a la salud. ¿Qué proponen?

En el congreso se tramitarán varios proyectos de reforma a la salud. EFE/ Carlos Ortega

Foto: EFE – Carlos Ortega

Este jueves,1 de agosto, 21 organizaciones médicas y de profesionales de salud que conforman el grupo de “Acuerdos Fundamentales”, con el apoyo de la “bancada independiente”, conformada por los congresistas Katherine Miranda, Cathy Juvinao, Julia Miranda, Jennifer Pedraza, Humberto de la Calle, Alejandro García, entre otros, radicarán un Proyecto de Reforma a la Salud.

La propuesta fue publicada inicialmente el miércoles 10 de julio, y esperaban radicarla el 20 de julio; sin embargo, la fecha fue corrida un par de días. La propuesta incluye la transformación de las EPS en Gestoras de Vida, tal como lo planteaba el proyecto del Gobierno. Sin embargo, y a diferencia de ese articulado hundido en el Senado, en el proyecto de las sociedades científicas las Gestoras de Vida mantienen funciones clave como la articulación y conformación de las redes de servicio (los llamados Centros de Atención Primaria, y los hospitales y clínicas de mediana y alta complejidad).

Recientemente, quienes apoyan este proyecto emitieron una carta explicando los puntos principales. En esta mencionan que uno de los objetivos es reorganizar el sistema de salud a través de la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley Estatutaria en Salud.

Por esto, se contempla eliminar la intermediación financiera “pues dispone el giro directo a los prestadores de servicios de salud, ordenando una función específica operativa y logística en la organización del sistema y los prestadores estarán organizados mediante las redes integrales e integradas de servicios de salud”, mencionan.

Sobre las EPS Gestoras de Vida, mencionan que no permitirán que se integren verticalmente en el nivel complementario, es decir, ser dueñas de hospitales o clínicas de la red con la que contratan los servicios de sus afiliados en un periodo máximo de dos años. También propone que estas entidades sean las encargadas de realizar las funciones de auditoría, complementado por la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES).

Otros puntos son que responsabiliza a las gestoras por el paciente, mantiene la rectoría del sistema en el Gobierno, “pero aprovecha la experiencia ganada durante década por las gestoras en la operación de redes y la producción de resultados en salud”, y propone un ajuste en la metodología y cálculo de la Unidad de pago por capitación (UPC), el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud.

El proyecto busca que el Consejo Nacional de Salud contrate un estudio independiente para determinar una nueva metodología de cálculo de la UPC, para garantizar su suficiencia. Por otra parte, en conjunto con el Ministerio de Salud, anualmente determinarán el aumento de la UPC de forma objetiva y clara.

Sobre los puntos de financiación menciona que se buscarán nuevas fuentes y que proponen corregir la destinación de los impuestos saludables, entre otras rentas específicas y modificar los porcentajes del Sistema General de Participaciones.

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