Este jueves se confirmó la apuesta del gobierno de Gustavo Petro de formalizar la planta docente de las instituciones de educación superior públicas. Pero las universidades argumentan que no tienen recursos y que están arrastrando una crisis financiera. ¿Qué van a hacer?
Por: Claudia M. Quintero
El Gobierno cumplió con la promesa de formalizar la planta docente de las universidades públicas del país. Este jueves se publicó el decreto con el que se establece la ruta que ahora deberán seguir estas instituciones para contratar de manera directa a las y los maestros.
“Esta es una muy buena noticia para las y los docentes de la educación superior en Colombia. Acabamos de firmar el decreto de formalización laboral dirigido al 76 por ciento de las y los docentes en todo el país que están contratados mediante modalidades que lesionan sus derechos y vulneran su dignidad. Esto, en modalidades como hora cátedra y los ocasionales, que no tienen estabilidad laboral durante todo el año ni pago en sus prestaciones sociales”, dijo el ministro de Educación, Daniel Rojas.
¡El Decreto 0391 de formalización laboral en las universidades públicas es una realidad
— MinEducación (@Mineducacion) April 3, 2025
"A pesar de que el Congreso de la República se niega a discutir la reforma laboral para otorgar el derecho a las y los trabajadores, desde el #GobiernoDelCambio hacemos uso de las… pic.twitter.com/vd1AqfLdj3
Los mismos profesores que se verá beneficiados y las universidades dicen que claramente es necesario formalizar a los maestros para que tengan condiciones más dignas. Eso nadie lo niega. Sin embargo, las universidades públicas vienen alertando sobre una crisis financiera desde hace más de un año. Por lo que aseguran que una medida de este tipo podría “acentuar este problema”.
A partir de esta normativa, instituciones como la Universidad Nacional, la de Antioquia y la Tecnológica del Chocó, ahora tendrán 12 meses para elaborar un plan de formalización. En él, las universidades deberán definir sus necesidades e implementar de manera gradual la formalización del personal que esté por fuera de la carrera docente y administrativa y que desarrolle actividades misionales.
Ese plan debe ser concertado con los sindicatos, trabajadores, profesores y todos los estamentos. Luego, eso se debe aprobar en los consejos superiores de las instituciones.
Para cumplir con la norma, las universidades tendrán hasta el 31 de diciembre de 2026 para lograr un avance del 40 por ciento en la vinculación del personal. Luego, tendrán hasta el 31 de diciembre de 2027 para conseguir un avance del 80 por ciento.
¿De dónde saldrán los recursos?
El decreto establece que la fuente de financiación de esta medida son los recursos “recurrentes que conforman sus presupuestos (recursos propios, aportes de la Nación, aportes de las entidades territoriales, entre otras), previo avalo concepto de viabilidad financiera del área competente de la institución”. Pero son justo esos mismos recursos los que dicen que no les alcanzan para asumir los compromisos que hoy tienen.
Como le dijo a este medio un exrector de la Universidad Nacional, no tiene sentido implementar un decreto que pida formalización “si los recursos actuales que se les giran a las instituciones son insuficientes”.
Con eso coinciden asociaciones de universidades públicas, movimientos estudiantiles y congresistas que han defendido la educación pública en el país, como la representante Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso.
La parlamentaria, por ejemplo, aseguró que “este decreto coge una causa noble y la convierte en una medida equivocada ante la falta de nuevas fuentes de financiamiento para lograrlo. Dos de las tres fuentes previstas en el decreto corresponden a recursos ya existentes, que actualmente se destinan al funcionamiento de las universidades, mientras que la tercera depende de la aprobación del Ministerio de Hacienda, cuya viabilidad es incierta. Lo más grave es que sin recursos públicos estas cargas a la nómina terminarían pagándose con recursos propios de autofinanciación, profundizando la tendencia a la privatización”.
CAMBIO contactó a los directivos de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia para conocer su posición sobre el tema y dicen que esperarán hasta hacer un análisis del documento emitido por el Gobierno para dar una posición oficial.
En contraste, desde el Ministerio señalan que están los recursos, pero también reconocen que sí se necesitan más. “Desde 2018 se asignaron recursos adicionales para el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Estos son importantes porque están dentro del presupuesto de las universidades de manera recurrente. (…) Es decir, no significa que no exista la plata. Los recursos están y, por supuesto, se requieren más recursos y ya el presidente anunció que se están fortaleciendo los recursos de base presupuestal cada año”, dijo el viceministro en diálogo con CAMBIO.
Otro camino para aumentar ese presupuesto es la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que busca incrementar los recursos que reciben las instituciones para su funcionamiento. El problema es que esa iniciativa apenas está en segundo debate y en el Congreso no hay buen ambiente, porque se acerca el último año legislativo y el Gobierno está promoviendo la consulta popular.
