BLOG

Carlos Acero

¿El gobierno Petro renegociará los TLC?

Carlos Mario Acero Castellanos*

La apuesta sale mal

A principios de siglo Colombia se montó en la ola de los Tratados de Libre Comercio (TLC).

En esa época comentar sobre la inconveniencia de los acuerdos constituía una especie de herejía. Pero los resultados en materia comercial y los efectos sobre la capacidad regulatoria del Estado ahora le dan la razón a quienes se atrevieron a poner en duda la utilidad de esos tratados.

Las cifras no mienten. La firma de los principales TLC fue un error por parte de Colombia. Para comenzar, las balanzas comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea se deterioraron de manera drástica. De un momento a otro, después de firmar los acuerdos, la economía pasó de superávits —cuando los ingresos superan a los gastos— a déficits alarmantes.

En el caso con Estados Unidos, pasamos de un superávit de 8,244 millones de dólares en 2012 a un déficit de 1.871 millones en 2021, mientras que frente a la Unión Europea pasamos de un superávit de 1,053 millones de dólares a un déficit de 2.685 millones en 2021.

Estas cifras se han traducido en desempleo, debilitamiento del aparato productivo agrícola e industrial, y rezago en la economía.

Además del ese fracaso comercial, están los más de 60 billones de dólares por los cuales Colombia podría ser condenada en Tribunales de Arbitraje Internacional, gracias a las demandas de inversionistas extranjeros. Esto sería gravísimo porque tendríamos que pagar esas cifras astronómicas y el Estado perdería la capacidad de regular asuntos ambientales, laborales, humanos o industriales por temor a recibir más demandas.

Las cifras no mienten. La firma de los principales TLC fue un error por parte de Colombia. Para comenzar, las balanzas comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea se deterioraron de manera drástica. De un momento a otro, después de firmar los acuerdos, la economía pasó de superávits —cuando los ingresos superan a los gastos— a déficits alarmantes.

Por eso la propuesta de revisar y hasta de renegociar los TLC fue un pedido a gritos por parte de la ciudadanía. Muchos coincidieron con las propuestas de los candidatos presidenciales de la Coalición de la Esperanza y con la propuesta presentada por el actual presidente.

Foto: Twitter: Germán Umaña – La ruta del gobierno para la revisión de los tratados comerciales no es clara; en medios el ministro Germán Umaña ha expresado que no se está renegociando ningún tratado. Sin embargo, en el Congreso ha expresado la posibilidad de abrir estos escenarios.

Renegociar: la propuesta de Petro

El programa de gobierno Petro afirmó: “Renegociaremos los Tratados de Libre Comercio y mejoraremos la posición de Colombia en el comercio internacional y las cadenas mundiales de valor. Serán de especial atención las cláusulas de protección a la inversión de estos tratados que atentan contra la productividad, el empleo y la naturaleza.”

Actualmente el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT) adelanta acciones de revisión de los acuerdos con Estados Unidos, la Unión Europea y México. En lo que respecta a los tratados con Estados Unidos y la Unión Europea han venido sesionado los comités de balances sobre los siguientes temas: Asuntos sanitarios y fitosanitarios, comercio agrícola, obstáculos técnicos al comercio, asuntos ambientales y desarrollo sostenible.

Con Estados Unidos estamos especialmente interesados en abrir comités sobre comercio de mercancías, comercio de textiles y vestido, capacidades comerciales, servicios profesionales, reglas de contratación pública y mecanismos de protección de inversiones. Por otro lado, frente al tratado con la Unión Europea, hay comités sobre acceso a mercados, aduanas, facilitación y reglas de origen y propiedad intelectual.

¿Cuál será el procedimiento?

La ruta del gobierno para revisar o renegociar los tratados comerciales sigue sin ser clara, al menos para la opinión.

En múltiples oportunidades el MinCIT, Germán Umaña, ha dicho que no se está renegociando ningún tratado. Pero en una reunión en el Congreso el ministro señaló que el proceso de identificación de balances y desbalances de los acuerdos comerciales es una primera etapa. Lo que da a entender que posteriormente se podrían abrir escenarios formales de revisión.

También, el viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero, en comunicación escrita afirmó que “una vez finalice este ciclo de reuniones, se convocará a la Comisión de Libre Comercio —del TLC con EE.UU.—, máxima instancia de administración del [TLC]”. No obstante, agregó: “se puede inferir que, al menos por ahora la intención es revisar y procurar la realización de los ajustes requeridos dentro de los ya previstos en los mecanismos de los acuerdos, sin necesidad de recurrir a enmiendas a los mismos”.

Por tanto, a pesar de las buenas intenciones, el MinCIT no brinda luces alentadoras sobre cuáles son las etapas del proceso de revisión y los alcances que pueden llegar a tener en un futuro.

¿Cómo avanzar con éxito?                                                                               

Para finalizar hay que mencionar que la revisión de los TLC requiere de la participación ciudadana. Es lo más conveniente para no repetir las desventajosas negociaciones anteriores.

En el marco de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, el Comité en defensa de Santurbán, junto a otras organizaciones sociales, encontraron respaldo en más de 50 congresistas para agregar un artículo que crearía una comisión que integre a los actores sociales en el proceso de revisión integral de los tratados.

El ministro Umaña asegura que la revisión requiere consulta y apoyo de la sociedad civil, pero el gobierno todavía no avala esta propuesta para ser incluida en el Plan de Desarrollo.

Para darle un vuelco a los TLC a favor de los intereses nacionales es esencial consultar la opinión de los sectores empresariales, sindicatos, académicos, organizaciones ambientales y de derechos humanos.

En un país desindustrializado y empobrecido por la política de libre comercio es saludable que estemos avanzando hacia la revisión integral de los TLC. También es positivo que por primera vez el MinCIT reconozca que existen desequilibrios en estos acuerdos internacionales que afectan al país.

Pero para que Colombia pueda recuperar su capacidad soberana y diseñar políticas regulatorias para la reindustrialización y la defensa de los intereses de la gente se necesita un gran acuerdo entre gobierno y sociedad civil.

En un país desindustrializado y empobrecido por la política de libre comercio es saludable que estemos avanzando hacia la revisión integral de los TLC. También es positivo que por primera vez el MinCIT reconozca que existen desequilibrios en estos acuerdos internacionales que afectan al país.

Es útil mencionar que la gran propuesta de libre comercio del gobierno Biden en el hemisferio es el Acuerdo para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP).

Muchos piensan que es la reedición de la fracasada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), antecesora de los TLC, que buscaba una única zona multilateral de libre comercio en el continente y que fue rechazada por los gobiernos latinoamericanos de izquierda en los 2000.

Al respecto, el MinCIT sostiene que “al momento (sic) no se contempla iniciar un proceso de negociaciones de un tratado o acuerdo comercial con los países vinculados al APEP”. Una posición coherente que, a juzgar por los resultados de los TLC, nos conviene mantener.

¿El gobierno Petro renegociará los TLC? Read More »

La inversión extranjera bajo los TLC: un mal negocio para Colombia

Ya era hora de evaluar sus resultados

Durante la primera década de este siglo aumentaron los tratados económicos entre Colombia y otros países del mundo.  Muchos incluyeron capítulos de protección de derechos de inversión, que hoy asfixian con demandas internacionales multimillonarias a la región y a Colombia.

Entre 2000 y 2010 Colombia negoció este tipo de tratados con España, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Chile, Salvador, Guatemala, Honduras, Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. Otros tantos se negociaron en la segunda década.  Es momento de evaluar los efectos que dichos acuerdos han tenido en el desarrollo económico y social del país.

Actualmente el Ministerio de Comercio adelanta revisiones de los acuerdos con Estados Unidos, la Unión Europea y México, incluyendo la revisión de los mecanismos de solución de controversias inversionista – Estado (ISDS, por sus siglas en inglés). A su vez, tanto en Colombia como en Estados Unidos la sociedad civil adelanta iniciativas para eliminar estos mecanismos de los diversos tratados regionales.

Lea en Razón Pública: El tratado bilateral de inversión entre Colombia y Venezuela

¿Qué son los mecanismos ISDS?

Los mecanismos ISDS son instancias jurisdiccionales acordadas por los Estados para tramitar controversias sobre la protección de las inversiones. Permiten a los inversionistas demandar a los Estados, pero no permiten que los Estados los demanden por actuaciones ilegales, corruptas o irresponsables. Las controversias internacionales son asumidas por tribunales que verifican si el ejercicio regulatorio de los Estados lesiona los intereses económicos de los inversionistas.

Si bien existen disposiciones en los acuerdos de protección de inversiones que permiten a los países justificar sus acciones cuando haya motivos de interés público, como la defensa del medio ambiente, dichas disposiciones pueden ser interpretadas como excepciones que, como sostiene el profesor Tamayo-Álvarez, son per se medidas ilegales a la luz del derecho internacional.

Los tribunales que aplican los mecanismos ISDS hacen parte de instituciones internacionales. Los más conocidos son el Centro Internacional de Solución de Controversias (CIADI) del Banco Mundial y otros vinculados con instituciones como la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), la Corte Permanente de Arbitraje (PCA) y la Cámara Internacional de Comercio (CPI).

Si bien existen disposiciones en los acuerdos de protección de inversiones que permiten a los países justificar sus acciones cuando haya motivos de interés público, como la defensa del medio ambiente, dichas disposiciones pueden ser interpretadas como excepciones que, como sostiene el profesor Tamayo-Álvarez, son per se medidas ilegales a la luz del derecho internacional.

Un ejemplo de lo anterior es el caso Eco Oro vs. Colombia. Una empresa canadiense demandó a Colombia por prohibir y delimitar legítimamente la minería en páramos como Santurbán. Si bien el Estado colombiano acudió a las excepciones generales para justificar sus acciones, el tribunal consideró que las medidas ambientales adoptadas por Colombia eran contrarias a las cláusulas del TLC Colombia-Canadá, motivo por el cual el Estado deberá compensar al inversionista.

Los ISDS le cuestan mucho a Colombia

Por decisiones de tribunales de inversión o procesos de conciliación en el marco de la solución de controversias, los países latinoamericanos han pagado compensaciones que ascienden a 28 mil millones de dólares. Mientras tanto, 36 mil millones de dólares están en disputa.

Incluso si ganara los casos, Colombia pierde. Los costos procesales que el país asume son escandalosos: pagamos mínimo 3 millones de dólares por cada pleito.

Si en el continente llueve, en Colombia no escampa. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) contra Colombia se han presentado 34 controversias. Siete procesos ya concluyeron con decisión de fondo. Uno de ellos, Glencore vs Colombia tuvo resultado desfavorable para el país, obligando al Estado a pagar 19 millones de dólares al inversionista. Y estamos a la espera del anuncio de la compensación a pagar en el caso de Eco Oro vs. Colombia.

Descontando los procesos concluidos, Colombia tiene 22 casos activos. En total, los inversionistas de Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido y Suiza reclaman compensaciones por 62,3 billones de pesos, es decir, más de tres reformas tributarias o una y media reforma a la salud. Por lo que ante una avalancha de fallos desfavorables la capacidad de ejecutar reformas sociales se vería reducida.

Los inversionistas de Estados Unidos concentran la mayor cantidad de casos y pretensiones en las 34 controversias contra Colombia. El TLC ha cobijado ocho de estas demandas, dos de las cuales han concluido con éxito para Colombia, cuatro están en trámite y dos se encuentran en etapa pre-arbitral. En cuatro casos no se ha establecido el monto de las pretensiones, pero en las cuatro restantes las aspiraciones de los inversionistas estadounidenses ascienden a 50,5 billones de pesos.

Incluso si ganara los casos, Colombia pierde. Los costos procesales que el país asume son escandalosos: pagamos mínimo 3 millones de dólares por cada pleito.

Hasta este momento, el Estado ha gastado más de 270 mil millones de pesos en costas procesales. Aunque al ganar el litigio los costos suelen asumidos por el demandante, esto no siempre sucede. Por ejemplo, en las demandas de Astrida Benita Carrizosa, Alberto Carrizosa y AFC Investment Solutions, no se recuperaron por completo los recursos invertidos en costas procesales.

Como si fuera poco, los mecanismos ISDS les permitieron a dos empresas corruptas demandar a Colombia. Se trata de Odebrecht, condenada por sobornos en múltiples Estados incluyendo Colombia, y de Uber, empresa que se jacta de su operación ilegal y de crear “tormentas de mierda regulatoria”, como reveló The Guardian con los #UberFiles. Ambos procesos están en etapa pre-arbitral.

La sociedad civil pide cambios

Ante el desalentador panorama de los mecanismos ISDS, en América Latina diversos sectores de la sociedad civil se han organizado para defender los intereses nacionales en materia económica, ambiental y humanitaria.

Por una parte, ONGs como Public Citizen, Institute for Policy Studies-Global Economy Project, Institute for Agriculture and Trade Policy (U.S.) y la Plataforma de América Latina Mejor Sin TLC promovieron la firma de una carta dirigida al presidente Joe Biden para que elimine los ISDS vigentes en las Américas.

Esta iniciativa aprovechó que el mismo Biden dijo que Estados Unidos no debería buscar nuevos acuerdos con mecanismos ISDS y que la renegociación del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá eliminó estos mecanismos salvo, desafortunadamente, en el sector de combustibles fósiles en México.

Por otra parte, desde Colombia se está promoviendo la Coalición de Comunidades Afectadas y Organizaciones Sociales Nacionales e Internacionales que, de manera semejante, promueve la firma de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro para retirar al país de los acuerdos de protección de inversiones con mecanismos ISDS. (La petición puede ser firmada en el siguiente enlace: http://bit.ly/3jIfXxJ)

En palabras de la Coalición, se solicita “al gobierno de Colombia revisar integralmente y retirarse de tratados que permiten demandas de empresas multinacionales mineras como Glencore y las canadienses Eco Oro, Galway Gold y Red Eagle ante tribunales diseñados para favorecer sus intereses incompatibles con los derechos humanos y la protección del ambiente”.

Ante el desalentador panorama de los mecanismos ISDS, en América Latina diversos sectores de la sociedad civil se han organizado para defender los intereses nacionales en materia económica, ambiental y humanitaria.

Claramente, la sociedad civil y diversos sectores políticos se están movilizando para abordar con rigurosidad la necesidad de renegociar los tratados de protección de inversiones y mecanismos ISDS. Esta es una oportunidad para unir al país en defensa de su soberanía, dándole un giro a los malos acuerdos y a las malas inversiones. Petro debe honrar su propuesta de campaña y renegociar este tipo de tratados.

La inversión extranjera bajo los TLC: un mal negocio para Colombia Read More »

Reformas a las reformas

Cambio, sí, pero cuál cambio

Las elecciones pasadas resolvieron el dilema entre continuidad y cambio: ganó la opción del cambio. Por eso la actual discusión política está marcada por agendas distintas de las de los gobiernos anteriores.

En este nuevo debate están presentes las reivindicaciones de sectores sociales, gremiales y empresariales antes ignorados. Pero hacen falta muchas otras, bien porque han transcurrido apenas dos meses de gobierno o, peor, porque se asoma el olvido de lo que el candidato ganador había propuesto.

También hay que entender que no todas las iniciativas son buenas por el hecho de ser nuevas.

En todo caso, el debate político gira en torno del tipo de cambio que Colombia requiere.

Antes de analizar las reformas que cursan en el Congreso y otras iniciativas relevantes del nuevo gobierno, vale la pena recordar que la posibilidad y dirección del cambio dependen de la voluntad política y la correlación de fuerzas entre la política tradicional y los sectores que llamaríamos innovadores y democráticos.

La voluntad política se manifestará en la aprobación o el rechazo de las reformas, mientras que ya conocemos la correlación de fuerzas. La mayoría del Congreso sigue en manos de partidos tradicionales y de algunos politiqueros camuflados como partidos de gobierno. Y aunque los camuflados contribuyen a sumar mayorías, también juegan un papel importante en las expectativas de transformación.

Reforma tributaria y Presupuesto General de la Nación

En todo caso, se trata de una propuesta distinta de las de Santos o Duque, principalmente por su apuesta a los impuestos progresivos o cobrados según la capacidad de pago de cada contribuyente.

La reforma tributaria acaparó los reflectores de la agenda nacional. Al proyecto le quedan dos debates en plenarias de Senado y Cámara. Con los cambios que ha tenido, la reformas se parece a que había elaborado el hoy ministro Ocampo para la campaña de Sergio Fajardo que a la propuesta de Petro durante su campaña.

El proyecto inicial del gobierno era más progresivo, pero el debate el Congreso un collage de intereses opuestos.  Aunque no se ha cambiado de manera sustancial el componente progresivo, la intervención de los partidos tradicionales y de algunas organizaciones gremiales es evidente.

En vez de esperar el fracaso del gobierno actual, lo pertinente es discutir sobre cómo hacer el cambio y de qué manera la sociedad puede involucrarse para acompañarlo o, en caso de que sea necesario, demandarlo a través de la movilización social.

Ahora, en los debates restantes, quienes deseamos genuinamente el cambio, debemos abogar por modificaciones donde, principalmente, se incluya una tarifa diferencial de renta para pequeñas y medianas empresas. Así, las microempresas no pagarán igual que las grandes empresas. También debemos defender la eliminación de impuestos a las pensiones.

Por otro lado, el Presupuesto General de la Nación (PGN) parcialmente corresponde a las prioridades o intenciones esperables del actual gobierno. Aunque, claro está, el presupuesto tiene que adaptarse al entorno económico mundial de inflación y desaceleración.

Petro decidió aumentarle 14 billones a la propuesta de PGN que dejó Duque, dirigidos principalmente al gasto en agricultura y educación. Incluso, en esta última materia, el aumento superó el monto ganado en las calles por el movimiento universitario en el 2018.

Además, en el aumento general no se destinaron nuevos recursos para el muy alto pago de la deuda, a diferencia de lo que hacían los gobiernos anteriores.

Pero los pronunciamientos de Petro y Ocampo son positivos para modificar la regla fiscal y así soltar un poco el cinturón de las finanzas del Estado.

La paz total

Sin lugar a duda se trata de una visión opuesta a la de Duque; todos conocemos su frase, “¿De qué me hablas viejo?”.

Petro en cambio reconoce los efectos devastadores del conflicto armado sobre la población y la necesidad de eliminar la mayor cantidad de factores de violencia mediante diálogos y negociaciones, inclusive con grupos sin origen político.

El proyecto de ley de la “paz total” avanza a paso firme. Además de crear el marco jurídico para negociar la paz, esta ley tendrá éxito si, primero, se hace una categorización rigurosa de los grupos armados y si, permite diferenciar a quienes tienen verdadera vocación de paz de aquellos que le fallaron al país y al acuerdo de paz de 2016.

La reforma política

Con la reforma política empiezan las dudas sobre cómo será el cambio.

La reforma, presentada por el ministro Prada y defendida a capa y espada por Roy Barreras, no corrige los problemas ni a los reproches de la ciudadanía contra el sistema político.

Por ejemplo, el gobierno no acompañó la bobadita de despolitizar el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano que responde a los partidos y no a juristas con experiencia e independencia judicial.

Foto: Radio Nacional - Junto con las reformas que hoy avanzan mediante proyectos de ley, otras propuestas del gobierno Petro hacen carrera.
Foto: Radio Nacional – Junto con las reformas que hoy avanzan mediante proyectos de ley, otras propuestas del gobierno Petro hacen carrera.

El peligroso aporte de Paloma Valencia, quien propone eliminar la obligación de los políticos de declarar los conflictos de intereses frente a quienes financian sus campañas, facilitará la injerencia de grandes grupos económicos, o hasta del narcotráfico, en la política.

Aunque al proyecto le faltan seis debates donde se cortará mucha tela, hoy preocupa el avance de las listas cerradas que sirven para esconder a personajes indeseables, con financiaciones ilícitas o capturados por intereses corporativos, detrás de caras amables.

Las listas cerradas suelen ser encabezadas por  sí merecen estar en las corporaciones públicas, pero en esas listas actualmente el país tiene algo así como lobos disfrazados de abuelas. Claro, en una democracia robusta, de partidos fuertes y sana politización, las listas cerradas pueden ser buenas, pero ese loable deseo no podrá prosperar con el sistema clientelista del país.

A lo anterior se suma el peligroso aporte de Paloma Valencia, quien propone eliminar la obligación de los políticos de declarar los conflictos de intereses frente a quienes financian sus campañas. De esta manera facilitará la injerencia de grandes grupos económicos, o hasta del narcotráfico, en la política.

Bajo estas circunstancias, mejor sería que se caiga la reforma, o que se apruebe la propuesta de De la Calle, Ariel Ávila y Jennifer Pedraza para incluir la despolitización del CNE, así como de abrir las listas y preservar la regla actual de impedimentos.

Ideas dudosas o nebulosas todavía

Otras propuestas del gobierno Petro están haciendo carrera aunque todavía no son muy claras; más bien parecen abstractas y preocupantes.

La compra de tres millones de hectáreas para entregarlas a campesinos hace parte de las ideas abstractas de este gobierno, por ejemplo. En principio tiene un objetivo loable pero los detalles son inciertos.

Entre las preocupaciones se encuentran los anuncios confusos y erráticos sobre cómo se hará la necesaria transición energética. Por el momento parece un proceso acelerado, sin consideración de la realidad productiva del país, y con un contexto internacional convulso.

El ministro Ocampo, por ejemplo, sostiene que para financiar la transición se necesita mantener la explotación de minerales, porque el panorama en esta materia es muy oscuro.

Las apuestas en otros temas de resorte social vendrán después. Es normal porque no todas las reformas pueden avanzar con la misma velocidad ni comenzar al mismo tiempo. En algunas, como en lo que tiene que ver con los TLC, se debe presionar y buscar a los sectores sociales para acordar puntos que beneficien la economía del país.

En política internacional, antes que asumir una posición alineada, consecuente con su discurso, Petro debería llamar a esfuerzos de paz sin privilegiar a un bando u otro.

Los gobiernistas y los opositores

Los congresistas, tanto de oposición como de la bancada de gobierno, deben estar dispuestos a reconocer los aciertos y los errores del gobierno Petro.

La oposición debe reconocer que en la agenda del gobierno hay iniciativas positivas por empezar a desarrollar, como la reforma laboral que dignifica el trabajo o la reforma pensional que ofrece un nuevo modelo de Sistema General de Participaciones y así saldar deudas históricas del país.

Finalmente, en vez de esperar el fracaso del gobierno actual, lo pertinente es discutir sobre cómo hacer el cambio y de qué manera la sociedad puede involucrarse para acompañarlo o, en caso de que sea necesario, demandarlo a través de la movilización social.

Reformas a las reformas Read More »

¿De dónde viene la reforma tributaria?

Carlos Acero*

Le queda mal a un gobierno de izquierdas o alternativo validar sus iniciativas usando de referencia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- o cualquier otra organización financiera internacional. La OCDE, semejante al Fondo Monetario Internacional –FMI- y al Banco Mundial -BM-, hace parte de la estructura internacional de organizaciones de corte neoliberal que el mandato popular rechazó en las últimas elecciones presidenciales. Ahora bien, siempre he sostenido que la OCDE opera de manera mucho más sofisticada en comparación a otras organizaciones internacionales[1].

Aunque poco se estudie -incluso en la izquierda- hay que entender las diferencias entre las formas de operar de cada organización. Si bien no nacieron con ese objetivo, el BM  y el FMI implementaron los Planes de Ajuste Estructural para constreñir a los países no desarrollados. A cambio de recursos económicos –usualmente mediante crédito-, le exigían a estas naciones reformas estructurales de corte neoliberal, que implicaban reducción del gasto público y de la participación del Estado en la economía, privatizaciones, aumento del endeudamiento, entre otras[2]. La evidencia demuestra que, contrario a ser planes para el crecimiento del mundo subdesarrollado, perjudicaron a las naciones que los implementaron[3].

A pesar de ser prima de las anteriores[4], la OCDE no funciona a través de constreñimiento mediante recursos. Esta organización, en términos generales, actúa mediante coincidencias ideológicas. La excepción a la regla ocurre cuando un país, usualmente no desarrollado, realiza su proceso de ingreso a la organización, proceso que transitó Colombia y donde el constreñimiento sí existe.

Por esos días Colombia firmó, sin posibilidad alguna de disentir en una coma, siete tratados internacionales; adoptó mecanismos de privatización blandos como sacar a delegados del gobierno de juntas directivas de empresas públicas o mixtas; promovió políticas públicas para financiar la educación vía Icetex ; echó para atrás el control de precios a los medicamentos, condición impuesta por las grandes farmacéuticas y el gobierno de EE.UU.; entre otros. Por lo mismo, sigo sosteniendo que Petro cometió un grave error al votar a favor del ingreso de Colombia a la OCDE.

Ahora bien, tras el ingreso del país a la OCDE el constreñimiento se reduce y la adopción de parámetros pasa a depender de la identidad ideológica. Desde entonces sí es posible hablar de meras recomendaciones, así muchas de esas no nos gusten. A ello se suma que la OCDE constantemente realiza apreciaciones sobre las iniciativas de los países, saludándolas o no, sin que ello tenga mayores consecuencias.

En estos días la OCDE saludó la propuesta tributaria de Petro y Ocampo. A diferencia de las reformas tributarias de Duque[1], la de Petro y Ocampo no fue redactada por las organizaciones internacionales neoliberales. La exposición de motivos de la reforma actual tampoco indica, como aquellas, que ese sea su origen y el contenido integra sendos temas que coinciden con valoraciones de sectores que no acompañaban al gobierno Duque, empezando porque no toca el IVA.

De manera semejante, como precisó el economista Diego Cortés[2], en 2020 la bancada opositora al gobierno de Duque, incluyendo a Dignidad, presentó una reforma tributaria que proponía incrementar impuestos a los dividendos, establecer un impuesto al patrimonio y eliminar beneficios tributarios[3]. Estos elementos de la reforma son evidentemente progresistas, necesarios para avanzar en una agenda de desarrollo nacional, y sobre todo afines a la idea de financiar al Estado colombiano cada vez más con impuestos directos. Que en otros momentos el FMI haya coincidido con incluir estos elementos no quiere decir que la reforma haya sido escrita por éste, ni que estos sean incorrectos, y mucho menos que la bancada opositora -en ese momento- hubiese cedido su pluma a los funcionarios del FMI.

Muchas cosas se pueden criticar de esta reforma desde posiciones de izquierda. Por lo mismo, la Representante a la Cámara Jennifer Pedraza ha presentado quince proposiciones para modificar o eliminar lo inconveniente de la reforma, por ejemplo, incluir tarifa de renta diferencial para personas jurídicas.

La reforma viene de economistas del Ministerio de Hacienda, la mayoría no ortodoxos. Ensucia el debate, el riguroso y honesto, señalar que el saludo de la OCDE a la tributaria es igual a adoptar el contenido neoliberal que promueve dicha organización o que provenga de allá.

[1] Comisión de expertos OCDE – DIAN durante gobierno Duque: https://www.dian.gov.co/dian/Paginas/OCDE-CEBT.aspx

[2] Ver: https://twitter.com/DiegoCortesV/status/1567404602584186880

[3] “Por medio de la cual se modifica el decreto ley 568 de 2020 “por el cual se crea el impuesto solidario por el covid 19, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica dispuesto en el decreto legislativo 417 de 2020”.” Disponible en: https://www.camara.gov.co/impuesto-solidario-covid-19

[1] Acero Castellanos, Carlo Mario. OCDE : herramienta de distribución de recursos en la globalización neoliberal : el caso de la reforma a la educación superior en Colombia. Repositorio Institucional Séneca, Universidad de los Andes. 2018.

[2] CHANG, Ha-Joon. Economía para el 99% de la población. Barcelona: Editorial DEBATE, Penguin Random House Grupo editorial. 2015. p. 94.

[3] Ibídem.

[4] OCDE. A strategy for enlargement and outreach. Report by the Chair of the Heads of Delegation Working Group on the Enlargement Strategy and Outreach, Ambassador Seiichiro Noboru. 2004. p 10.

[5] Comisión de expertos OCDE – DIAN durante gobierno Duque: https://www.dian.gov.co/dian/Paginas/OCDE-CEBT.aspx

[6] Ver: https://twitter.com/DiegoCortesV/status/1567404602584186880

[7] “Por medio de la cual se modifica el decreto ley 568 de 2020 “por el cual se crea el impuesto solidario por el covid 19, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica dispuesto en el decreto legislativo 417 de 2020”.” Disponible en: https://www.camara.gov.co/impuesto-solidario-covid-19

¿De dónde viene la reforma tributaria? Read More »

Scroll to Top