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La encrucijada fiscal

Por: Diego Cortés Valencia

El Gobierno nacional enfrenta el enorme reto de recortar el gasto público. No se está logrando recaudar en impuestos lo proyectado en el Presupuesto General de la Nación para 2024. El ministro de Hacienda pretende recortar 20 billones de pesos para ajustar ingresos y gastos.

¿Cómo se llegó a este punto?

Entre enero y abril de 2024, la DIAN ha recaudado 85,9 billones de pesos. En términos reales (teniendo en cuenta la inflación) esto significa una reducción del 16,3% con respecto a los mismos meses del año 2023.

No es el primer año con caída de recaudo durante estos meses. De hecho, se han observado caídas de recaudo en los años 2002, 2007, 2009, 2010, 2013, 2015, 2016 y 2020. Cada uno ha coincidido con crisis económicas nacionales e internacionales, caídas de precios internacionales del petróleo y la pandemia del año 2020. Sin embargo, ninguna caída en recaudo había sido tan fuerte como la observada en el año 2024.

Para mayo el recaudo de impuestos fue el más alto con respecto al PIB en la historia. Sin embargo, esto no es ningún mérito concreto.

Al detallar la información, las caídas más relevantes son en impuesto de renta (-25,5%), IVA externo (-28,2%) y aranceles (-21,9%) por menos importaciones, y retención de IVA nacional (-10,8%). Sin embargo, en términos de proporción sobre el total del recaudo, los más relevantes son renta (48% del total del recaudo en 2024) e IVA externo (12%).

El ex director de la DIAN y nuevo ministro de comercio dice que para mayo el recaudo de impuestos fue el más alto con respecto al PIB en la historia. Sin embargo, esto no es ningún mérito concreto. Venimos de dos reformas tributarias seguidas, una en el 2021 con el gobierno Duque y otra en 2022 con el gobierno Petro. Ambas reformas han subido los impuestos y, en proporción al PIB, siempre incrementarán. Por lo tanto, no es relevante esta comparación y menos en un contexto de crecimiento mediocre del PIB nacional.

Es posible notar que el impacto en el recaudo se encuentra en el bajo crecimiento económico del año 2023 y del primer trimestre de 2024. En los últimos 4 trimestres, el crecimiento anual del PIB ha sido en promedio 0,1% en términos reales. Estos resultados impactan en la renta y también explica la caída de recaudo en IVA y aranceles de las importaciones. 

Lo anterior se suma a que no fue posible recaudar lo esperado por litigios por falta de trámite en el Congreso del proyecto de ley. Esto debía ser impulsado por el ministro de Hacienda y no hubo un interés real en cabildear el proyecto. Además, en la Corte Constitucional, se han caído impuestos de la última reforma tributaria como la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para empresas minero-energéticas, con impactos de cerca de 6,7 billones de pesos menos en impuestos, según el Ministerio de Hacienda.

Por cuenta de la Regla Fiscal y el límite del nivel de endeudamiento del país, no hay mayor intención de incrementar la deuda para cubrir el faltante del año 2024. Por esto, el ministro de Hacienda recurrió a un recorte general del 5,6% en todas las carteras del Presupuesto General de la Nación, para así lograr la meta de reducción del presupuesto en 20 billones de pesos. Será un recorte general a todos los sectores, sin diferenciar dónde puede impactar de manera más grave este recorte.

Los recortes

El presupuesto del año 2024 fue aprobado por un monto de 503,2 billones de pesos, que superó el presupuesto del año 2023 en un 13,2% (precios reales). Para lograr la reducción del presupuesto en 20 billones, se debe recortar en todos los sectores, excepto en el servicio de deuda nacional (equivalente a $61,5 billones de pesos).

Los recortes, según el gobierno, no tocarán el gasto social y tampoco pueden impactar costos fijos de funcionamiento, como los salarios de servidores públicos. El ministro Bonilla explicó que serán $11 billones de pesos en funcionamiento y $9 billones en inversión. En funcionamiento se impactará el número de contratistas, que representan una parte central de las y los trabajadores del Estado, además de la compra de bienes y servicios. El recorte en inversión pública limita las capacidades de ampliación del Estado para garantizar derechos como la salud y la educación.

Sectores que ya habían tenido una reducción de ingresos en 2024 tendrán un golpe aún mayor: las TIC (-27,7%), ambiente (-21,7%), planeación (-23,1%) y ciencia, tecnología e innovación (-25,8%). Otros sectores que tenían un aumento presupuestal bajo ahora tendrán reducción presupuestal: defensa y Policía (-1,9%), transporte (-5,6%) y relaciones exteriores (-1%).

Estos recortes impactarán mucho más sobre la inversión del país, que ha tenido caídas durante todo el año 2023 y el primer trimestre de 2024. En crecimiento anual, la inversión ha caído -23,8% en promedio durante 2023 y 2024 y el Estado no tiene herramientas para promover políticas contra cíclicas que permitan reactivar la economía.

La encrucijada

Limitar en 20 billones de pesos el gasto del gobierno es también reducir la capacidad de impacto del Estado para reactivar la inversión y el consumo en el país, que ya se encuentra altamente deteriorada.

El Gobierno ya decidió recortar el presupuesto de manera general. Esto es práctico porque es un recorte igual en todos los sectores. Sin embargo, es un error porque no todo gasto público es igual; existen sectores con mayor impacto en la generación de empleo y crecimiento económico que podrían priorizarse con una evaluación más detallada del ajuste.

Limitar en 20 billones de pesos el gasto del gobierno es también reducir la capacidad de impacto del Estado para reactivar la inversión y el consumo en el país, que ya se encuentra altamente deteriorada. El descontento social que se vive en el país, por razones como el servicio de salud del Magisterio, el incumplimiento a las y los campesinos que movilizará a la ANUC y las promesas sin cumplir en materia de educación inicial, básica, media y superior, no podrá ser atendido por incapacidad material de falta de recursos.

Se hicieron promesas en campaña que no son posibles de cumplir sin reformar aspectos centrales de la economía, como la Regla Fiscal. El Gobierno no ha podido avanzar en esta materia y, por el contrario, se han caído en la Corte Constitucional artículos de su última reforma tributaria. Es un grave panorama en medio de un descontento generalizado por el incumplimiento del Gobierno nacional.

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Universidad Nacional: precisiones necesarias

Escrito por: Carlos Acero Castellanos 

La legítima elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional me alegra, pero no es suficiente para calmar las aguas en esa institución. Ante afirmaciones imprecisas o falsas de ex directivos de la Universidad y de algunos oportunistas es necesario realizar algunas precisiones:

“Se violó la autonomía universitaria”

La autonomía es un derecho que la Constitución de 1991 le otorgó a las universidades para que sus comunidades puedan gobernarse sin que exista injerencia de algún gobierno. A pesar de ello, el Decreto 1210 de 1993 le otorgó al presidente de la República 3 de 8 puestos del Consejo Superior (CSU) de la Universidad Nacional, su máximo órgano de decisiones.

Desde que existe el derecho a la autonomía universitaria los presidentes de la República siempre han ganado la elección de rector en esa institución, poniendo sus 3 votos en función de ello. Pero nunca hemos escuchado a Ignacio Mantilla, Moisés Wasserman, Ismael Peña, Dolly Montoya y su combo escandalizarse por las victorias presidenciales. Tampoco se pararon en las pestañas cuando en 2012 y 2015 el movimiento universitario exigió el respeto de los resultados de la consulta universitaria que daba como ganadores a dos profesores que no eran de la corriente del gobierno de turno. Claro, su silencio respondía a que eran sus nombres los designados para gobernar a la Universidad a espaldas de la comunidad.

Menos escuchamos a Paloma Valencia o al Centro Democrático defender la autonomía universitaria en el pasado. Una breve búsqueda de esas dos palabras en sus cuentas de redes sociales corrobora que entraron a su léxico apenas en mayo de este año. (Ver hipervínculos).

“Múnera es un alfil de Petro”

Leopoldo Múnera no sería rector sin los votos de las 3 delegadas de Petro en el CSU, no cabe duda. Pero hay que ser muy deshonesto para afirmar que el nuevo rector es un apéndice de Petro. La trayectoria académica e intelectual del profesor Múnera da luces de que será un rector garante de la autonomía universitaria.

Múnera siempre se ha comprometido con las causas del movimiento universitario, es amigo del estudiantado, los sindicatos y la organización profesoral. Nunca se ha inscrito en proyectos político-electorales y no ha ahorrado críticas a procesos de izquierda cuando lo considera pertinente.

Cuando Múnera menciona el concepto de “Constituyente Universitaria” aclara que se trata de un proceso interno de la Universidad, que es anterior al concepto constituyente de Petro y que su resultado debe ser aprobado en el CSU de la institución, no en la transformación de la Constitución Política del país.

El legítimo rector de la UN tampoco es un notario de la política educativa del gobierno. Por el contrario, desde septiembre de 2023 la organización profesoral ‘Bien Común’ -a la que pertenece Múnera- formuló fuertes críticas a la propuesta de Ley Estatutaria de Educación de Petro, advirtiendo que su indefinición conceptual terminaría favorecido las lógicas mercantiles en la educación.

Sobre la legalidad de la elección

Arrancando la semana, el profesor Rodrigo Uprimny compartió las precisiones jurídicas, y también algunas dudas, sobre la legalidad de la elección de Leopoldo Múnera.

Así como Uprimny, considero que hay fundamentos sólidos para justificar la legalidad de la revocatoria de la elección del ilegítimo Ismael Peña. El acto electoral que elegía a Peña nunca se perfeccionó por cuenta de que la Secretaría General de la Universidad -aliada de Peña y su combo- no lo permitió; su posesión autenticada en notaría carecía de todo sustento jurídico y el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo permite revocar la decisión hasta tanto la misma no se perfeccione.

Sin embargo, no puedo dejar de señalar que existen dudas justificables sobre el procedimiento exprés con el que eligieron a Múnera en vez de haber nombrado un rector encargado mientras se resolvían diversas controversias, algunas en el interior de la Universidad y otras en el Consejo de Estado. Espero que del afán no quede el cansancio, caso en el que nuevamente el gobierno sería responsable por el mal procedimiento.

Ñapa: Petro pesca en río revuelto

Rechazar la hipócrita defensa de la autonomía universitaria por quienes la han tenido secuestrada, exponer el oportunismo de quienes quieren pintar a Múnera como petrista, o respaldar en términos generales la salida jurídica de esta elección no son motivos suficientes para callar sobre el intento de Petro por usar al movimiento universitario para sus fines políticos.

El gobierno no abordó la elección de rector de la Nacional con rigor, abrió la puerta a la crisis, usó la peligrosa ley de inspección y vigilancia y ha querido absorber el proceso constituyente universitario en la transformación de la Constitución de 1991. Y la tapa: abrió la puerta para que el derecho fundamental a la educación se convierta en la peor contrarreforma educativa de la historia.

Estas son algunas precisiones necesarias para insistir en la defensa de la autonomía y democracia en las universidades colombianas.

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Autodestrucción

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

Petro pasa por serias dificultades que son atribuibles a su propia gestión. Decir lo anterior no borra las responsabilidades de gobiernos previos y lo mal que dejaron al país, pero quien gobierna hoy debe asumir sus responsabilidades.

El nuevo modelo de salud para docentes expone la autodestrucción. La necesidad de mejora del régimen especial de salud del magisterio nunca fue la discusión, el tema estaba en el cómo. Lo que definitivamente no se debía hacer fue lo que Petro hizo.

Primero, le entregó la dirección de la administración de entre 12 y 18 billones de pesos del FOMAG a una cuota de los partidos de la U y Conservador: Mauricio Marín. Un personaje turbio, ficha de las parapolíticas Zulema Jattin y Eleonora Pineda e investigado penal y disciplinariamente por presunta corrupción tras su paso por Ferrocarriles de Colombia. Petro puso al ratón a cuidar del queso.

Luego, en contra de la voluntad de FECODE el presidente prorrogó en dos oportunidades los contratos con los operadores de salud antiguos a los que acusaba de corruptos, aunque nunca los denunció en la Fiscalía como indica la lógica. Pero lo más grave es que el 1 de mayo se puso en marcha el nuevo y raquítico modelo de salud sin que existiera planeación, contratación completa de servicios, debida información a los usuarios, mecanismos de auditoría de costos y manuales tarifarios.

Ante la crisis, la reacción del gobierno ha sido tan lamentable como la implementación del modelo. En menos de 20 días el ministro de salud dio un salto mortal triple al pasar de decir que éste era el piloto de la reforma a la salud a recular afirmando que el modelo del magisterio en nada se parece al modelo de salud que propone el gobierno para el resto de la población. Mientras tanto, las ministras de Educación y Trabajo y el ministro de Hacienda, que integran la junta directiva del sistema, no aparecen.

La mayor canallada corre por cuenta de Petro. El domingo desde Twitter acusó a FECODE de ser el responsable político de la crisis, aunque ese sindicato no es quien gobierna. No en vano reza el dicho “mal le paga el diablo a quien bien le sirve”.

En el plano económico también se evidencia la autodestrucción. Se avecina una crisis de financiamiento del Estado, lo anterior por cuenta de estimaciones excesivamente optimistas de recaudo de impuestos e ingresos por litigios que realizó este gobierno a principios de su mandato.

Claro está que al mal cálculo se suma la caída en la inversión, que golpea de manera semejante a otros países de la región, y un cuestionado fallo de la Corte Constitucional que impide al gobierno recaudar 6.7 billones de pesos vía prohibición de deducción de regalías para el impuesto de renta de las empresas mineras.

La semana pasada la Corte realizó una audiencia para escuchar al ministro de Hacienda sobre este último tema. Se trataba de la oportunidad de oro para convencer a los magistrados de que implementar de inmediato el fallo implicaba afectar la sostenibilidad fiscal del país, razón por la que debían modificar su decisión y darle un salvavidas al gobierno para ajustar las finanzas públicas. El ministro Bonilla llegó a la cita más importante de su vida y de las finanzas de su gobierno sin haberse preparado. En el pasado, otros ministros hacían lobby por el despacho de cada magistrado, llevaban presentaciones rigurosas y calculadora en mano para convencer a la Corte.

Fue tal la negligencia de la presentación del ministro que algunos de sus funcionarios optaron por abandonar la audiencia para evitar la pena ajena. Naturalmente la Corte ratificó su fallo, apretando el presupuesto nacional.

A la autodestrucción escapaba el poco resistido proyecto de ley estatutaria de educación. Algunos se atrevieron a titular que la educación era el verdadero acuerdo nacional. Desafortunadamente el pésimo manejo que le dio el gobierno a la elección de rector en la Universidad Nacional detuvo el avance del proyecto y tiene en crisis a la universidad pública más importante del país.

El gobierno estaba advertido sobre las trampas que una camarilla iba a utilizar para violar las reglas e imponer a un rector ilegítimo; podría haber evitado que se usara. Además, era claro que Petro no tenía en sus delegadas la mayoría para elegir al rector, motivo por el que debía emprender una campaña activa para lograr un voto adicional.

Ni lo uno ni lo otro. Las delegadas de Petro se dejaron meter una metodología de elección ilegal y no se movieron para garantizar la mayoría.

Al final, docentes, estudiantes y contribuyentes son quienes pierden, porque no ven la materialización del cambio. Vaya uno a saber si los “errores” del gobierno han sido premeditados, pero la autodestrucción encaja perfectamente con el caprichoso deseo de convocar a una constituyente.

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¿Por qué aparece de Palestina hasta en la sopa?

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

En Colombia no es sencillo hacer pedagogía sobre el genocidio al que se encuentra sometido el pueblo palestino por parte del Estado de Israel.

Con frecuencia la primera referencia que cualquier persona tiene sobre Israel se remite a la Biblia, se asocia con ideas positivas, gestas y tierras para adorar a Dios. Por lo mismo, es normal que los cuestionamientos al Estado de Israel fácilmente se confundan con alguna especie de crítica a las figuras del catolicismo, aunque esa nunca es la intención.

Esta semana un partido de fútbol, el deporte de referencia global, nos puso nuevamente a hablar del tema. Pero una vez más el preconcepto, sumado a los inconformismos coyunturales con el gobierno que apoya la causa palestina, termina nublando el fondo del asunto: recordar que la causa palestina es una causa de toda la humanidad.

Lo peor es que esas confusiones terminan expresadas en ríos de caracteres de agravios en las redes sociales.

Un muy rápido recuento

El 14 de mayo de 1948 se creó el Estado de Israel por resolución de la ONU. Nadie puede negar, ni dejar de rechazar, el genocidio al que el nazismo sometió al pueblo judío. Tampoco se puede desconocer que dicho pueblo tiene vínculos históricos con el territorio que hoy ocupa Israel. Mucho menos se deben revivir discursos de odio contra su pueblo o su religión.

Sin embargo, la creación del Estado de Israel fue una solución de escritorio de colonialistas occidentales, especialmente Inglaterra, sin importar que la misma afectaría a un territorio habitado por palestinos, creando nuevas catástrofes humanitarias.

Desde entonces el pueblo palestino ha sido víctima de la ocupación de su tierra por vías militares y jurídicas -estas últimas no conformes con el derecho internacional-.

De 1948 a 1967 alrededor de 750 mil palestinas -que equivalen a la actual población de Cúcuta- tuvieron que desplazarse forzadamente en su región, hacia Gaza y Cisjordania. También tuvieron que hacerlo por todo el mundo, encontrando, entre otros, a Chile como un país de alta recepción de migrantes en nuestro continente.

Además, el pueblo palestino ha sido perseguido en su tránsito, ha sufrido la construcción de muros que dividen sus tierras -2002-, ha visto asesinatos sistemáticos de parte del Estado de Israel y no ha tenido el derecho de tener un Estado plenamente reconocido en instancias internacionales.

Toda esta política de naturaleza colonialista ha sido sistemáticamente patrocinada por las grandes potencias occidentales, proveedoras de armas a Israel.

La actualidad

Décadas de colonialismo han dado pie a grupos y conflictos armados en la región, incluyendo actos completamente condenables como la masacre de más de 1.200 civiles de Israel el 7 de octubre de 2023 a manos de Hamás.

Tal como ha sido su costumbre, el Estado de Israel ha respondido con tal desproporción que viola las distintas normas del derecho internacional que buscan prevenir el genocidio y los crímenes de guerra.

La ONU hoy registra que Israel ha asesinado a más de 35 mil personas desde el 8 de octubre, la misma cantidad de vidas que podría colmar el estadio El Campín de Bogotá. 7.797 son niños y niñas.

La ofensiva de Israel en estos meses ha provocado el desplazamiento de más de un millón de habitantes de Gaza -población semejante a la de Barranquilla- hacia campos de refugiados en Rafah.

Como si eso fuera poco, Israel ha bombardeado estos campos desde el 6 de mayo, provocando 450 mil nuevos desplazamientos -más que la población de Manizales-. Su objetivo es la desaparición del pueblo palestino.

El partido como inatajable excusa

La presencia en Colombia de un equipo de fútbol chileno que representa la migración palestina tenía que ponernos a hablar, sí o sí, del genocidio. Seguramente muchas personas podrán preferir no tener que mezclar el momento político con el espectáculo deportivo, pero ello sería pretender pasar por la NQS en día de partido sin ver hinchas entrando al Campín.

Lo realmente importante, más allá del resultado futbolístico o la “incómoda” mezcla de temas, es que nuestra sociedad pueda reflexionar sobre un asunto tan profundo para la existencia misma de la humanidad.

Estas líneas son un aporte para ello y para que quienes legítimamente desconocen del tema puedan aproximarse al mismo con pausa y sensibilidad.

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El mundo es mejor gracias a los y las trabajadoras

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

Con frecuencia olvidamos que muchas garantías laborales y sociales que disfrutamos son resultado de luchas sindicales. Han sido múltiples los liderazgos de trabajadores y trabajadoras que hacen del mundo un lugar mejor.

Aunque el sindicalismo en Colombia no goza de una imagen muy positiva, ha sido opacado por una percepción injusta y muchas veces cargada de lugares comunes, noticias falsas o mitos, la realidad es distinta.

Son múltiples los liderazgos sindicales que trabajan a diario por la lucha contra la corrupción en el sector público, la mejora de las garantías laborales de jóvenes precarizados por nuevas relaciones productivas, el respeto por la independencia sindical frente al gobierno y los patronos, el acceso a la justicia, la seguridad aérea, la creación de conocimiento y ciencia, entre otras.

Todos estos liderazgos son silenciosos ante los grandes reflectores de la coyuntura, o el griterío nacional. La mayoría son de personas que invierten sus recursos económicos, tiempo, salud física o mental para que sean reconocidos y mejoradas las de sus pares. A continuación comparto algunos ejemplos destacables.

En la Fiscalía General de la Nación se encuentra ATRAES -FGN, organización sindical que más que pelear por su bolsillo, ha emprendido una cruzada contra la corrupción. Su causa se enmarca en exigir que más de 17 mil puestos de trabajo de la Fiscalía sean proveídos por concursos de méritos, no por recomendaciones o favores politiqueros.

A la fecha han logrado seis fallos judiciales que ratifican que los últimos tres fiscales han preferido la feria de puestos por encima del mérito y la eficiente prestación del servicio para destrabar la muy esquiva justicia del país.

Por su parte, en el ICBF, la organización Sintrabienestar insiste en la urgencia de fortalecer los equipos multidisciplinarios de las Defensorías de Familia. Abogan mejoras de la institución para poder atender las crecientes denuncias y casos de violencia intrafamiliar en contra de niños, niñas y adolescentes.

Resaltan que las crecientes obligaciones que imponen leyes como la 2126 de 2021 son necesarias para la niñez colombiana, pero que sólo pueden ser atendidas si se fortalece el talento humano. Mientras ello no suceda, no habrá verdadero acceso a la justicia y los y las trabajadoras seguirán explotadas, tanto mental como laboralmente.

En el sector aeronáutico Sintratac y ACAV representan a tripulantes y operarios de servicios conexos al transporte aéreo. Estas organizaciones han liderado un proceso de unidad entre sindicatos, empresas y entidades públicas para crear una ley que prevenga las violencias que sufren por parte de pasajeros disruptivos.

El fenómeno de pasajeros disruptivos incluye conductas de violencia física, sexual y riesgo de la seguridad de la operación de los vuelos, tanto en tierra como en aire y, dada la violencia machista, suele afectar más a las auxiliares de vuelo. La iniciativa claro que protege la integridad de estas trabajadoras, pero también piensa en cómo mejorar las condiciones de seguridad de vuelo para los usuarios.

Finalmente, destaco el compromiso por la justicia y resocialización de las personas que adelanta FECOSPEC, organización que agremia a varios sindicatos del INPEC. Sus dirigentes promueven la dignificación del sistema penitenciario, empezando por las necesidades de quienes trabajan en el mismo.

La emergencia carcelaria decretada por el Ministerio del Interior no ha impedido que grupos delincuenciales sigan asesinando a guardas del INPEC, van 4 este año. Antes que pedir prebendas salariales, FECOSPEC busca incidir en decisiones técnicas, modificaciones legales o el fortalecimiento institucional para reducir la criminalidad que opera en el interior de las cárceles y afecta a la sociedad en general.

Este año Petro, apurado por la masiva movilización del 21 de abril en su contra, decidió asaltar la fecha del 1 de mayo. Aunque algunos sindicatos puedan coincidir plena o parcialmente con el gobierno, enmarcar su agenda política en la fecha histórica e internacional de los y las trabajadoras es, cuando menos, abusivo.

Por lo mismo, varios sindicatos que no fueron afines a los gobiernos anteriores, o que incluso votaron por el actual, decidieron no movilizarse o hacerlo en conmemoración de sus causas, sean o no las del gobierno.

A pesar de las polémicas coyunturales que enmarcaron el pasado 1 de mayo, invito  valorar lo sustancial: que se reconozca la importancia de la labor sindical. Más allá del encuadre gobiernista, hay muchas razones para agradecer a quienes dedican su vida al reconocimiento de derechos de otras personas.

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Ciencia y tecnología: el presupuesto más bajo de este siglo

Por Diego Cortes Valencia

Este gobierno ha reducido a la cuarta parte el presupuesto destinado a la ciencia, la tecnología y la innovación, y los recursos no se están ejecutando. ¿Qué está pasando con la ministra y con el Ministerio?

Las denuncias 

En abril, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha enfrentado múltiples denuncias. Las congresistas Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y Alexandra Vázquez (Pacto Histórico) citaron a control político a la ministra Yesenia Olaya para exponer las irregularidades en la cartera.  

Rodolfo Llinás, neurofisiólogo y uno de los científicos más importantes de Colombia, afirmó que “si no hay ciencia, el país queda en manos ajenas”. Por este motivo, examinar detalladamente el funcionamiento del Ministerio no es un capricho o una mera rencilla política; todo lo contrario, es un asunto fundamental para el avance, desarrollo e independencia frente a otras potencias del conocimiento.

En pocas palabras, las congresistas reprochan la baja asignación para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en el Presupuesto General de la Nación; la escasa ejecución del PGN y de los recursos del Sistema General de Regalías para CTeI; la financiación de convocatorias con recursos provenientes de CTeI; denuncias de presunto acoso laboral y prácticas antisindicales; y las inconsistencias en la hoja de vida de la ministra Olaya. 

Este artículo revisará el presupuesto para CTeI y la gestión de un gobierno que, en campaña, afirmó que esta cartera sería una de sus mayores apuestas para hacer de Colombia la Potencia Mundial de la Vida.

Inversión insuficiente

Históricamente, Colombia ha dedicado un presupuesto muy bajo a la CTeI. 

El Banco Mundial señala que el promedio anual del gasto para investigación y desarrollo fue de 0,22% entre 2000 y 2020. Mientras tanto, el promedio anual para América Latina y el Caribe fue de 0, 65%. De igual forma, en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estuvo próximo al 2, 39%. De hecho, para el 2020, Colombia fue el país de la OCDE que menos invirtió en estos sectores.  

en la nueva propuesta del Presupuesto se reduce un 40% el sector de CTeI con respecto al 2024, es decir, a tan solo el 0,01% del PIB. Por desgracia, si llega a aprobarse, estaríamos hablando del porcentaje más bajo en los últimos 21 años.

En lo concerniente a las fuentes de financiación, entre el año 2012 y el 2021, el 42,4% del presupuesto para investigación y desarrollo provino del sector público, el 52,7 % del sector privado y el 4,9% son recursos de cooperación internacional. Si bien el gobierno tiene la labor de promover los incentivos del sector privado y los acuerdos para garantizar los recursos internacionales, la responsabilidad directa y más inmediata está en las fuentes públicas, es decir, las regalías y el Presupuesto General de la Nación. 

La promesa incumplida 

Por los motivos anteriores, el gobierno afirmó que fomentaría la destinación de recursos nacionales e internacionales a las actividades de CTeI. El PND anunció que la inversión en investigación y desarrollo pasará de un 0,26% del PIB en 2021 al 0,5% a lo largo del cuatrienio

Esta, aunque se cumpliera, seguiría siendo una meta muy inferior a los estándares internacionales y a la recomendación de las misiones de sabios desde 1990. Y por desgracia, el gobierno no se está acercando a su meta, todo lo contrario, se está alejando. 

En lo que respecta al gobierno, la financiación de la ciencia, tecnología e innovación está ligada al Presupuesto General de la Nación y los recursos del Sistema General de Regalías. Sin embargo, por lo general, el presupuesto siempre ha sido muy bajo. 

La participación promedio del sector CTeI en el PGN entre el 2005 y el 2022 había sido apenas del 0,04% del PIB, y bajo el gobierno de Gustavo Petro, la cifra disminuyó al 0,03% en el 2023 y 0,02% en el 2024. En resumidas cuentas, el sector de ciencia, tecnología e innovación mermó en un 20%. 

También, en la nueva propuesta del Presupuesto se reduce un 40% el sector de CTeI con respecto al 2024, es decir, a tan solo el 0,01% del PIB. Por desgracia, si llega a aprobarse, estaríamos hablando del porcentaje más bajo en los últimos 21 años. Por este motivo, más que una lupa, necesitaremos un microscopio para revisar la ejecución del actual gobierno.

La explicación de la ministra 

La ministra Olaya, en el debate de control político, aceptó que “el presupuesto es deficiente”, ya que “este no es un presupuesto para poder fortalecer la agenda científica”. No obstante, señaló que “interpelar un mayor presupuesto al gobierno nacional implica tener claridad en qué vamos a invertir ese presupuesto”. La jefa de cartera finalizó su intervención manifestando que “en eso hemos trabajado desde el primero de mayo, estructurando una agenda nacional…”. 

Vale la pena precisar que este argumento contradice el anteproyecto del PGN para el 2025.

Nos enfrentamos a dos alternativas: o el Ministerio de Hacienda, además de no coordinar la nueva propuesta con la ministra Olaya, desea reducir los recursos de la cartera; o la ministra Olaya, después de un año de trabajo, fue incapaz de dar claridad sobre la financiación de la ciencia, la tecnología y la innovación y respaldarla frente al Ministerio de Hacienda y las demás carteras del gobierno.

En cuanto a la ejecución, las obligaciones hacen referencia a los recursos que deben girarse o que son ejecutados efectivamente cada año del Presupuesto General de la Nación. Para 2023, el sector de CTeI ejecutó el 65,9 %, mientras que el promedio anual de los últimos 23 años (2000-2023) fue de 73,3%. A excepción del 2019 (obligaciones del 44,7 %), no se había visto una cifra tan baja desde el año 2006. 

El sector de CTeI también recibe recursos del Sistema General de Regalías. En este caso hablamos de ingresos provenientes de la explotación de recursos no renovables del subsuelo. La inversión en investigación y desarrollo no debería atarse a recursos que son inciertos y fluctúan con respecto a la variación internacional de los precios del petróleo y el carbón. 

En una entrevista de octubre de 2023, la ministra Olaya planteó que “el Sistema General de Regalías es una fuente importante de inversión en ciencia”, sobre el cual el Ministerio “da los lineamientos hacia dónde deben dirigirse las convocatorias que van a impactar el desarrollo científico y tecnológico de las regiones”. 

Es evidente que las anteriores declaraciones contrastan con la ejecución de los recursos. A pesar de contar con $ 2,9 billones para 2023-2024 (cifra que duplica el bienio anterior), a la fecha solo se ha pagado el 5,8% del presupuesto de regalías para el sector. ¿Realmente es posible ejecutar el 94% restante en los siguientes 8 meses?

La ciencia en el limbo

Es lamentable que la reducción en la CTeI se justifique bajo el argumento de que es lo correcto para el país. El Ministerio debería encabezar la búsqueda de más recursos y asegurarse de la efectividad en lo concerniente a la ejecución. 

o el Ministerio de Hacienda, además de no coordinar la nueva propuesta con la ministra Olaya, desea reducir los recursos de la cartera; o la ministra Olaya, después de un año de trabajo, fue incapaz de dar claridad sobre la financiación de la ciencia, la tecnología y la innovación y respaldarla frente al Ministerio de Hacienda y las demás carteras del gobierno.

Afirmar que no hay certeza cómo invertir el presupuesto, es ningunear a los científicos que trabajan en condiciones precarias dentro y fuera del país; es ignorar la infraestructura deteriorada de muchos laboratorios como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia; es desatender las apuestas de reindustrialización y transición energética en Colombia que se consignaron en el PND; es ignorar las misiones de sabios que han dado luces al respecto de la ciencia en el país.

El Ministerio de Ciencia se quedó en el papel, porque el presupuesto de Colciencias aumentaba anualmente en promedio más de lo que ha aumentado como Ministerio. La promesa de cambio, y su condensación en el Plan Nacional de Desarrollo, al parecer son solo palabras. Mientras tanto, la ministra evade las preguntas de las congresistas y de voces autorizadas como la de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Las denuncias e investigaciones que pesan sobre la ministra Olaya deberían ser suficientes para que renuncie. Sin embargo, el presidente, en vez de atender las voces críticas y cumplir sus promesas de campaña, respaldó a la ministra y estigmatizó a quienes alertaron las consecuencias negativas para el futuro de la ciencia. 

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Desangre silencioso

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

Lentamente se desangra el presupuesto nacional por cuenta de los acuerdos internacionales de protección de inversiones, la mayoría contenidos en los TLC. De fallo en fallo Colombia está pagando, literalmente, los platos rotos de haber suscrito tratados internacionales de naturaleza neocolonial.

Lo más escandaloso es que como consecuencia de estos malos acuerdos el país pierde con cara y con sello.

Amparado en uno de estos acuerdos, un ciudadano estadounidense reclama más de 1 billón de pesos porque la Fiscalía extinguió el dominio de los predios en las que construía un complejo inmobiliario en Medellín, terrenos adquiridos a narcos de la Oficina de Envigado. Lo que no cuenta el demandante es que hay evidencia de que su demanda está siendo financiada por el mafioso alias “Maracuyá”. Absurdamente lo más probable es que condenen al Estado.

En otro caso, la multinacional minera Red Eagle Exploration Limited demandó al Estado por medio billón de pesos por la prohibición de actividades mineras en el páramo de Santurbán. En un reciente fallo de un Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial no se encontró culpable a Colombia pero sí nos puso a pagar casi 12 mil millones de pesos por concepto de costas procesales.

Vale la pena recordar que por la misma protección del páramo de Santurbán otra multinacional canadiense, Eco Oro, también demandó y derrotó a Colombia en otro Tribunal del CIADI. A la fecha no se conoce el monto de la indemnización que se deberá pagar, pero esta puede superar los 2 billones de pesos, monto solicitado por la empresa demandante.

Increíblemente en estos últimos dos casos la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- ha celebrado las costosas decisiones de los tribunales, alegando que no se dio plena validez a los argumentos de las empresas. Colombia: el país del mundo al revés.

Organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité en Defensa del Páramo de Santurbán cuestionan la visión conformista de la ANDJE. Además, insisten en solicitarle al gobierno de Petro que, en coherencia con su mandato de cambio, se retire del CIADI y denuncie todos los tratados de protección de inversiones.

El camino que proponen estas organizaciones es el que acaba de emprender Honduras. Esta ruta persigue la defensa de la soberanía nacional, las finanzas públicas y preservar el derecho de los Estados a regular múltiples asuntos sin estar sometidos al terror de multimillonarias demandas internacionales.

Decisiones como las sugeridas por las organizaciones de derechos humanos o la de Honduras no son caprichos . Con gran rigor académico, los profesores Prieto-Ríos y Urueña

han aportado a los debates contemporáneos de derecho internacional económico

identificando que:

“El régimen de protección internacional de inversiones extranjeras es probablemente el sistema más cuestionado, ya que se urigen ha sido enmarcado en el más agresivo expansionismo imperialista, mientras que el sistema de solución de disputas inversionista-Estado ha sido sistemáticamente cuestionado como sesgado a favor del inversionista poco transparente en su proceso de toma de decisiones, incoherente e impredecible”.

Desafortunadamente el gobierno no da luces de seguir el ejemplo hondureño, de las exigencias de organizaciones sociales o las recomendaciones académicas. Por el contrario, Petro ha suscrito nuevos mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado en dos tratados adicionales, uno con Emiratos Árabes y otro con Venezuela. Además, negocia uno semejante con Catar.

Aunque estos nuevos tratados puedan contener algunas protecciones mayores para el Estado en materia ambiental o que los tribunales no se constituyan en el CIADI del Banco Mundial, que persista la idea de que el modelo a seguir es el de tribunales de arbitraje inversionista-Estado es el gran error.

Los gobiernos de izquierda de Colombia y Venezuela pierden una oportunidad histórica para construir nuevos y verdaderos paradigmas, distintos a los usados por las potencias del norte global, en materia de promoción de cooperación y promoción de inversiones.

A la fecha Colombia tiene activos 15 litigios internacionales de inversión con pretensiones de casi 60 billones de pesos, si el gobierno no denuncia dichos tratados la avalancha de demandas será catastrófica. Más aún si persiste en decisiones como la intervención a Sanitas – Keralty de España- o la suspensión de la licitación de pasaportes -Thomas Greg & Sons de Reino Unido-.

Los tribunales internacionales, impredecibles pero usualmente favorables para las multinacionales, seguirán desangrando las finanzas del país.

Nota: En enero salió de la ANDJE una de las funcionarias que más insistió en ver como victorias las derrotas de Colombia en los tribunales y que defendió la permanencia del país en los modelos de solución de controversias inversionista-Estado. Los medios la presentaron como una gran pérdida para el país. Colombia: el país del mundo al revés.

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La Ministra de Ciencia nunca ha sido profesora en Harvard y otras mentiras de su experiencia docente

La Ministra reproduce una práctica que en la política colombiana se ha vuelto recurrente, que expone cuestionamientos éticos, legales y desnuda actitudes intelectualmente arribistas.

La Ministra nunca ha sido profesora de Harvard

La Universidad de Harvard es una de las instituciones educativas de mayor prestigio a nivel mundial. Los ránquines QS y de Shanghai la mejor universidad del mundo en 2023 y 2024, respectivamente.

No cabe duda que para Colombia, un país con deficiencias estructurales en materia educativa y científica, es motivo de orgullo que compatriotas estudien, investiguen y, sobre todo, dicten clases en Harvard.

En dos versiones de su hoja de vida, presentadas para laborar en el Ministerio, Yesenia Olaya afirmó haber dictado clases por casi un año -363 días- en el Afro-Latin American Research Institute vinculado a la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de Harvard.

En el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-, reposan los soportes de la hoja de vida de la Ministra. 

Consultamos por dichos soportes y la Función Pública nos remitió un certificado firmado por Alejandro de la Fuente, director del Afro-Latin American Research Institute. En el mismo se certifica que la Ministra impartió un seminario virtual con apenas 48 horas de carga en un año.

“Por haber impartido el seminario especializado “Resiliencias y resistencias afrocolombianas: trayectorias históricas y contemporáneas”… en la modalidad virtual (14 de septiembre 2021 -12 de septiembre 2022). Con un total de 48 horas de docencia” (El énfasis en negrilla es propio).

La constancia, en vez de aclarar, crea nuevas inquietudes. ¿Dictar un seminario en un instituto le concede la categoría de docente de Harvard a la ministra? ¿Haber dictado apenas 48 horas en 363 días puede certificar casi un año de experiencia docente?

Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia un docente con dedicación exclusiva tiene una carga horaria semanal de 44 horas y uno tiempo completo tiene 40 horas a la semana.

Para resolver esos interrogantes consultamos Stephen Kargere, Director de la Oficina de Asuntos Posdoctorales de la Facultad de Artes y Ciencias de Harvard. Kargere aclaró que la Ministra Olaya ha tenido tres tipos de vinculación con esa institución pero que “no se consideran parte del cuerpo docente”.

La respuesta es categórica: la ministra nunca ha sido profesora de Harvard.

El perfil de Olaya en la página del Instituto tampoco refleja que haya tenido calidad de docente y sólo destaca su experiencia docente “en universidades de América Latina”.

Además, si hipotéticamente hubiese sido docente, la experiencia equivaldría apenas a 6 días certificables, puesto que el  artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015 dice que las horas de docencia se deben calcular “sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8)”.

Ministra de día y asistente en Harvard de noche: Un segundo trabajo que es ilegal:

La respuesta del Director Kargere pone en evidencia que la funcionaria ha desarrollado un cargo administrativo en esa universidad al tiempo que ejerce como jefa de la cartera de ciencia.

Olaya se vinculó al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación el 10 de noviembre de 2022 en calidad de Viceministra de Talento y Apropiación del Conocimiento, uno de los dos viceministerios de la entidad.

Al parecer a la entonces Viceministra le sobraba el tiempo o no le alcanzaba el dinero que recibía por su trabajo puesto que el 1 de febrero se vinculó al Afro-Latin American Research Institute en calidad de asociada.

Dicha actividad prestacional continuó después del 1 de mayo de 2023, cuando Olaya ascendió al cargo de Ministra y se extendió hasta el 31 de enero del 2024. En ambos casos, la prestación de servicios profesionales en el Instituto de Harvard es legalmente incompatible con las funciones de ministra o viceministra.

Conforme al ordenamiento jurídico colombiano, los cargos ministeriales son de naturaleza de dirección, manejo y confianza y se proveen mediante la modalidad de libre nombramiento y remoción.

Quienes ejercen este tipo de cargos deben garantizar una confianza superior a la normal que debe proyectar cualquier otro funcionario, así lo expresó la Corte Constitucional en Sentencia C-514 de 1994. 

Además, por la misma razón de confianza la Corte aclaró que este tipo de cargos no están sujetos a la jornada laboral ordinaria (Sentencia C-372 de 1998). Postura que respalda la Función Pública en el concepto 104571 de 2013).

Ahora bien, la Función Pública (concepto 147941 de 2016) contempla que si bien un funcionario público puede tener un segundo trabajo en una entidad privada, no puede desarrollar sus obligaciones durante la jornada laboral del cargo público.

Sin embargo, una ministra ejerce un cargo de dirección, manejo y confianza que no se sujeta a la jornada laboral ordinaria y, por tanto, ejerce la función pública en todo momento.

Claro, la Ministra tiene derecho a descansar, pero si la llaman a las 11 pm para resolver algún asunto ministerial debe atender. Bueno, si es que no está trabajando para Harvard.

Aunque no hay antecedentes judiciales semejantes a este caso, a la ministra le es jurídicamente prohibido desarrollar funciones como funcionaria de cualquier entidad pública o privada a la vez que ejerce como jefa de su cartera.

Consultamos a Harvard para saber si Olaya percibió salario u honorarios por la vinculación que tuvo con el Instituto entre 2022 y 2023. Desafortunadamente dicha información se encuentra protegida por la legislación estadounidense dado que es del resorte personal. 

Pero vale la pena que la Ministra le aclare al país:

  • ¿Su relación prestacional o laboral en Harvard mientras era Ministra era paga? 
  • ¿Por ser Ministra de día y asistente administrativa en Harvard de noche es que la funcionaria no le cumple a la ciencia colombiana?

Otras mentiras en su experiencia docente:

Yesenia Olaya no sólo inventó experiencia docente en Harvard, también sobredimensionó en más de 4 años su experiencia docente en: i) la Universidad Nacional Autónoma de México; ii) la Universidad de Magdalena y; iii) en la Pontificia Universidad Javeriana.

UniversidadTiempo que reportaTiempo certificadoSobredimensión
UNAM*3 años, 5 meses, 7 días7 meses y 25 días2 años, 10 meses y 18 días
Universidad Nacional de San Martín1 año y 9 meses1 año y 9 meses0
Universidad de Magdalena7 meses12 horas equivalentes a 1,5 días6 meses y 28 días
Universidad Javeriana7 meses y 25 días90 horas equivalentes a 11,25 días7 meses y 13 días
Harvard**363 días363 días
Total:5 años, 8 meses2 años, 5 meses, 12,75 días4 años y 26 días
*Hoja de vida 1 presentada para ser viceministra. En la Hoja de vida 2 corrigió la información.
** Harvard: no es docencia por lo que no puede ser computable.

Detalles de la sobredimensión de experiencia por universidad

  1. Universidad Nacional Autónoma de México: Desmiente a la Ministra en su Hoja de Vida 1.

2. Universidad Nacional de San Martín: Sin inconsistencia.

3. Universidad del Magdalena: certifica horas, no 7 meses

4. Universidad Javeriana: certifica que la información no corresponde y que no fue docente durante el primer semestre de 2021.

En la Hoja de Vida que reposa en el SIGEP la Ministra registró que fue docente de postgrado durante el primer semestre del 2021.

La Javeriana aclara que en el primer semestre de 2021 Olaya no dictó clases en postgrado. También certifica labores en tiempos que no corresponden a los registrados por la Ministra en su hoja de vida.

Resulta aún más escandaloso que la certificación laboral que subió la Ministra al SIGEP de esta Universidad no la expidió la oficina de Gestión Humana, sino que fue María Camila Díaz Casas, a quien luego premió nombrándola en el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Díaz es la alta funcionaria del Ministerio que más ha durado en el cargo, desde julio de 2023, a la fecha y aparece como fiadora de la vivienda de la Ministra.

La experiencia laboral de la Ministra tampoco se registra de manera correcta en el SIGEP.

InicioFinEntidades que incluye
6 de diciembre de 201831 de octubre de 2022UNAM: docenteHarvard: laboral  U San Martín: docenteU Magdalena: docenteJaveriana: docente
1 de noviembre 20229 de noviembre de 2022No tuvo trabajo alguno.
10 de noviembre31 de abrilViceministra de Ciencias: laboral
Reporta:8 años y 3 meses
Certificado:
(Decreto 10853/2015)
4 años, 4 meses y 15 días
Sobredimensión3 años y 11 meses

¿Cómo calculamos la experiencia laboral de la Ministra?

Conforme al artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015 el tiempo de experiencia se certifica sin sumar aquellos trabajos que son simultáneos: “Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya prestado sus servicios en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez”

El mismo artículo aclara que si la jornada laboral que se certifica es menor a 8 horas diarias, esta deberá ser calculada “sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8)”.

La Constitución Política dice que para ser ministra sólo se requiere nacionalidad colombiana y tener más de 25 años. Por tanto, nadie requiere acreditar experiencia profesional o académica para ejercer un cargo ministerial.

Sin embargo, Yesenia Olaya sobredimensionó sus méritos académicos y profesionales en la hoja de vida que presentó para ejercer, primero como viceministra y luego, como Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una maquillada a la hoja de vida absolutamente innecesaria y muy cuestionable en la academia.

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¿Cuál es el mandato popular?

Ante cada revés en la agenda del gobierno, Petro acude a la idea del “mandato popular” que en las urnas lo llevó a la presidencia. Según el presidente su gestión de cambio no avanza porque otras instituciones del Estado o poderes privados desconocen el querer del pueblo. 

El mandato popular está expresado en el programa de gobierno presentado por Gustavo Petro y Francia Márquez y se complementa con los compromisos adquiridos en campaña. Sin embargo, el mandato popular no puede ser interpretado al capricho diario del presidente, mucho menos puede ser patente de corso para equivocarse sin asumir consecuencias.

En campaña presidencial Petro reiteró, literalmente hasta el cansancio, que no convocaría a una asamblea nacional constituyente. Es más, cada que respondía a ese cuestionamiento tajantemente concluía: “Nosotros no necesitamos cambiar la Constitución para cambiar al país. Con la Constitución del 91 se puede cambiar al país”. 

Por descartar ideas como la de la constituyente Petro logró el respaldo de buena parte del centro, e incluso de la izquierda, determinantes para derrotar a Rodolfo Hernández. Así, la ruidosa propuesta constituyente representa lo contrario al mandato popular.

Afortunadamente la convocatoria de una constituyente carece de cualquier posibilidad. Para que se convoque al pueblo a decidir realizar o no una constituyente Petro necesitaría que las esquivas mayorías del Congreso le aprueben una ley convocante.

Ahora bien, en el hipotético caso de que se encontraran las mayorías del Congreso para abrirle paso a la constituyente, el presidente necesitaría más de dos millones y medio de votos adicionales a los que lo apoyaron en la segunda vuelta de 2022. No sólo sería difícil conseguir esos votos nuevos sino mantener los 11.3 millones que obtuvo hace casi dos años, defraudados por la mala gestión y los crecientes escándalos de corrupción.

Pero la propuesta de la constituyente no es la única contradicción del gobierno al mandato popular.

Ni una sola persona que votó por Petro quería que la transformación del sistema de salud incluyera regalarle por ley 8 billones de pesos anuales a las nuevas EPS, que ahora tendrán menos responsabilidades en el sistema. Regalo que está redactado en el texto de reforma a la salud tras las negociaciones entre el gobierno con los partidos de la U, Liberal y Conservador.

El mandato popular tampoco avaló continuar con malos tratados comerciales que incluyen someter al país a tribunales de arbitraje internacional. Petro, sin renegociar los TLC como prometió, ya firmó un acuerdo semejante con Emiratos Árabes, otro con Venezuela y negocia uno con Catar. Sindicatos, organizaciones de derechos humanos y academia han cuestionado este incumplimiento al mandato.

El pueblo también votó por el presidente que cambiaría el enfoque de la política de lucha contra las drogas promovida por las potencias del norte. Desafortunadamente, mientras presenta discursos críticos sobre el tema ante la ONU, este gobierno promueve la construcción de una estación guardacostas en Gorgona. Aunque el Partido Comunista Colombiano lo niegue sin sonrojarse, el proyecto militar es completamente funcional a la política antinarcóticos de EEUU, como lo ratifica el embajador de ese país en Colombia.

Y de ninguna manera el mandato popular facultó al presidente Petro a reunirse a escondidas, y con fines que a hoy siguen siendo desconocidos, con la ex Fiscal Martha Mancera, cuestionada por encubrir al narco fiscal Pacho Malo.

Es altamente cuestionable pensar que el mandato popular le concede al presidente realizar acuerdos con las familias Sarmiento o Gilinski, Grupo Aval y Revista Semana, respectivamente. Por lo mismo, no sorprende que Luis Carlos Sarmiento, lejos de actuar como la oposición uribista, conceda que la  reforma “pensional tiene cosas buenas y unas no tan buenas”. 

El mandato también está defraudado ante el olvido y la desidia para financiar la ciencia, tecnología e innovación. El presidente pasó de prometer “financiar robustamente” al Ministerio de Ciencias a asignarle el presupuesto más bajo en 15 años. Peor que Santos y Duque.

Y la lista podría seguir.

La semana pasada el presidente de Chile, Gabriel Boric, le concedió una entrevista a El País. Boric llega a dos reflexiones sobre las que nuestro gobierno debería meditar. Primero, que “la izquierda en América Latina ha tenido la tendencia de no hacerse cargo de sus propios errores”. Segundo, ante las derrotas de la agenda de gobierno “uno tiene que saber adecuarse, ha de tener cintura, manteniendo una coherencia con los principios”.

En vez de tergiversar a su antojo el mandato de cambio, o enquistarse en sus dogmas, a Colombia le haría bien que el primer gobierno de izquierda asumiera sus errores y supiera buscar apoyos en sectores de centro y centro izquierda. Sin regalarse a las maquinarias pero sin exagerar en la inmediata materialización de utopías.

Jennifer Pedraza

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien se ha convertido en una de las principales voces de la Cámara de Representantes, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene este semestre para las reformas sociales.

Además, cuestionó el respaldo del presidente Gustavo Petro a Hollman Morris y dijo que se está gobernando con las mismas prácticas que tanto criticaban de los partidos tradicionales.

¿Qué cree que viene para la reforma de la salud en el Senado?
Creo que el Gobierno tiene un panorama un poco más difícil en el Senado. Sin embargo, no sé qué pensar porque cuando se inició el trámite de la reforma en Cámara creía que el panorama era difícil para que se aprobara la reforma y terminó aprobándose con los mismos métodos que usaban los gobiernos anteriores.

¿A qué se refiere?
El Gobierno tiene una relación transaccional con el Congreso. No sé si esto se vaya a replicar en el Senado pero sé que voces importantes de la Alianza Verde, como Fabián Díaz, van a tener una posibilidad de incidencia clave en la ponencia de la reforma de la salud. Ojalá se tengan en cuenta las preocupaciones y críticas que desde la Cámara de Representantes dejamos muy bien planteadas. Además, el ministro de Salud ha venido aceptando que tienen sustento, como decir que van a tramitar una reforma tributaria para poder financiar los gastos del sistema.

¿Y en cuanto a la laboral?
Me parece que es en varios aspectos positiva, siempre y cuando se acompañe de una política industrial y de protección y de acompañamiento al empresariado colombiano, especialmente al micro, pequeño y mediano empresario. Eso me parece muy importante. Si la reforma no tiene ese componente, se queda coja. Recordemos que este gobierno hundió en la reforma tributaria nuestra propuesta para que hubiese una tarifa diferencial del impuesto de renta para las pequeñas y medianas empresas. Negó medidas que eran salvavidas para estas. De manera que es difícil decirles que “no los apoyamos en nada y, además, acá van un montón de responsabilidades que ustedes tienen que asumir con sus trabajadores y si lo logran bien y si no quiebren, ustedes verán qué hacen”. Creo que debe de haber una prioridad muy marcada para el fortalecimiento del empresariado colombiano.

También seguirá el trámite de la ley estatutaria de la educación. ¿Qué opina de esta?

No es una reforma como tal, porque es una ley nueva, pero es una ley de particular interés mío y de la juventud y del movimiento estudiantil. Es una ley que reconoce la educación como derecho fundamental pero tenemos que estar muy atentos y atentas de que no terminen colgándole muchas arandelas en el marco de la negociación política y que terminen desdibujando el objetivo del proyecto.

Cambiando de tema, este año volvió la polémica alrededor de la figura de Hollman Morris. ¿Por qué sigue en el Gobierno no obstante a los llamados del movimiento feminista? ¿El Gobierno le está dando la espalda al feminismo?
El mensaje que deja el Gobierno con el tema de Hollman Morris es que el eslogan de que “el cambio es con las mujeres” se quedó solamente en un eslogan de campaña. Pero, para nada es un principio a la hora de tomar decisiones por parte de este gobierno. Las víctimas de Hollman Morris no solamente lo han denunciado a él por acoso sexual o acoso laboral o malos tratos. También han denunciado que son víctimas de persecución y hostigamiento físico y digital. El hecho de que el presidente Petro se lleve a Hollman Morris a Davos es una cachetada en la cara a las víctimas. Además, se presenta en un contexto de violencia cada vez más crítico contra nosotras. Empezamos el año con un feminicidio a punta de machete en el Valle del Cauca, un intento de feminicidio con el mismo método, feminicidios en varias regiones del país. Se suponía que Petro había prometido que iba a haber una lucha cultural decidida contra el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia contra las mujeres…

¿Y qué pasó?
Eso no es coherente con el hecho que el Gobierno siga nombrando y protegiendo a hombres denunciados por violencias basadas en género y que siga acumulando el poder político en ellos. A mí mucha gente me dice: ¿pero ustedes qué quieren? ¿Quieren que entonces si hay un hombre que cometió un error que lo aparten de la sociedad y que nunca más pueda volver a trabajar? No es lo que yo pido, ni lo que pide el movimiento feminista. Pedimos que haya un reconocimiento y un proceso de reparación a las víctimas, una autocrítica, una garantía de no repetición, entre muchos otros mecanismos de reparación que las víctimas deciden y solicitan. Pero en el caso de Hollman Morris, de Víctor de Currea-Lugo, de Fabián Zanabria, que son todo este combito de hombres que se las dan de progresistas pero que quieren cambiar todo el sistema, excepto el patriarcado y la violencia contra nosotras, lo que ellos han hecho es revictimizar, descalificar a las víctimas, restarles credibilidad en la opinión pública, hostigarlas digitalmente. Y es lamentable que el Presidente se sume a estas prácticas.

¿Qué opina usted de la figura de la primera dama?
Creo que Verónica Alcocer es una exponente más de la política tradicional de Colombia. Y creo que la figura de la primera dama no debería de existir en Colombia. No debería de existir. Es una figura que desconoce que las mujeres tenemos un desarrollo, un desempeño profesional completamente separado del de nuestras parejas y que le entrega poder político a una persona por la que nadie ha votado en Colombia. Ni si quiera estoy de acuerdo en que la primera dama tenga responsabilidades en lo que tiene que ver con el sistema de Bienestar Familiar. Me parece que esa es una herencia de un modelo político muy lejano ya en términos de contexto, de la historia y lo que ha servido es para que sea la caja menor de la historia del presidente a través de la cual se hace politiquería con la política tradicional, que es lo que ha venido haciendo Verónica Alcocer.

Se perdieron los Juegos Panamericanos. ¿Qué análisis hace?
Para mí, es muy contundente el hecho de que la ministra del Deporte siga en su cargo. Eso no tiene ningún tipo de presentación y lo que a mí me hace pensar es que la decisión de no hacer los Juegos Panamericanos fue una decisión del Presidente. La responsabilidad política es del Presidente. Si fuera individualmente sobre la ministra del Deporte, no habría nada qué justificar a que ella estuviera en el cargo. Así que, para mí, esto es una pésima noticia. Colombia deja de recibir millones de dólares en inversiones, pero no solo eso, también de ofrecer infraestructura y oportunidades para los deportistas. Fue una decisión deliberada del presidente Gustavo Petro.

Se suponía que Petro había prometido que iba a haber una lucha cultural decidida contra el machismo, contra el patriarcado, contra la violencia contra las mujeres

¿Por qué lo dice?
Al Presidente le pareció que los Juegos eran muy caros, pero no quiso asumir esa decisión Política. El contrato tiene establecido que la platica que se pagó se perdió. Aquí puede haber un detrimento patrimonial contra Barranquilla y el Atlántico, que precisamente asumieron esos gastos iniciales y que nadie les va a devolver esa platica.

Con este movido inicio de año, ¿qué más podemos esperar?
Voy a ser muy franca. Tengo una preocupación y es que, como el gobierno del presidente Petro para mí, para muchas y para muchos ha sido decepcionante, partidos tradicionales como el Centro Democrático y Cambio Radical se presenten ahora como la gran alternativa a la política colombiana.

¿A qué se refiere?
Realmente, no lo son. Al mismo tiempo que estas decepciones están pasando con Petro, al mismo tiempo están metiendo a la cárcel a Ciro Ramírez (Centro Democrático), a congresistas de los partidos tradicionales, se fugó el exdirector del DPS. Es decir, aquí lo que ha pasado es que se está reproduciendo lo mismo que criticábamos en gobierno anteriores. Pero la alternativa no puede ser volver a esos mismos partidos. Siento que nuestro papel, como nuevas generaciones en política, es ofrecer otros caminos que no sean ni volver al Centro Democrático ni a los tradicionales, ni tampoco al Pacto Histórico, que prometió una transformación que no ha cumplido.
Para terminar, ¿qué opina del llamado del presidente Petro para que el Pacto se una para ganar las elecciones? ¿No le queda mucho de para estar ya pensando en campaña?
El presidente Gustavo Petro trinó sobre las elecciones del 2026 mientras Santander estaba en llamas, mientras se incendiaban los cerros orientales de Bogotá ante la inacción y ante la falta de prevención del Gobierno de los efectos del fenómeno del niño y de los incendios forestales. Para mí, esta es la prueba más evidente de que el problema no es que Petro esté hablando de política, él tiene todo el derecho de hacerlo. El problema es que hoy no está cumpliendo con lo que prometió en el 2022. ¿Por qué no, mejor, se pone a ver sus videos de campaña en el 2022 para que vea qué prometía y evalúe si lo está cumpliendo hoy? Estoy segura de que se asusta.

¿Por qué?
Estoy segura de que se asusta de lo incoherente y lo demagógico que ha sido su gobierno. Si está tan preocupado por las elecciones del 2026, la mejor forma de competir en cualquier elección es cumplir lo que prometió y eso es todo lo contrario a lo que ha venido haciendo su gobierno.

¿Entonces?
El Presidente debería de estar pensando en gobernar hoy, hacerlo bien, cumplir lo que prometió, separarse de la política tradicional, que es lo más decepcionante, para mí, de este gobierno. Si le hubieran dicho a la gente que iban a gobernar con toda la política tradicional, con toda la gente a la que antes le decían que hacía parapolítica, estoy segura de que no ganan las elecciones. No me molesta que esté pensando cómo ganar las elecciones del 2026, obviamente todos los presidente lo hacen, pero de ahí a que eso impida ejecutar, como le pasó a este gobierno, que es la menor ejecución en los últimos 10 años, creo que hay una falta de visión política y de cumplir el mandato social de cambio que hubo y que el pueblo le dio a él y que hoy se está pasando por la faja

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Reformar la regla fiscal ¿Por qué retomar el debate

Por Diego Cortes Valencia

Hace unos meses la propuesta de flexibilizar la regla fiscal causó una gran discusión, pero rápidamente se rechazó, siguiendo los principios económicos ortodoxos. ¿Por qué es importante poner nuevamente esta discusión sobre la mesa?

La ortodoxia económica

Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación abrió la discusión sobre flexibilizar la regla fiscal. Argumenta que se parte por reconocer la responsabilidad fiscal, entendiéndola cómo la financiación adecuada del gasto público. Pero se deben incorporar escenarios que atiendan a los ciclos y la incertidumbre propios de las variables macroeconómicas a mediano plazo; la economía verde es uno de estos escenarios inciertos. De hecho, González califica la flexibilización de la regla fiscal como una suerte de keynesianismo verde.

Este tema despertó controversias en académicos y reguladores porque cuestiona un principio intocable de la ortodoxia económica. El debate se expresó en medios de comunicación, redes sociales e incluso en el Congreso de la República; pero desapareció nuevamente y cerró con el énfasis del ministro de Hacienda de que no habrá reforma a la regla fiscal en este gobierno.

Una garantía de pago

En Colombia, la regla fiscal se sustenta en la Constitución Política (artículo 334), y se especifica en leyes y documentos técnicos. Busca “garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país”.

La actual regla fiscal se promulgó con la Ley 1473 de 2011, pero la modificó la reforma tributaria de Duque de 2021, con la que se limita la deuda pública al 71 % del PIB e indica que, idealmente, debe estar por debajo del 55 % del PIB (este límite sugerido denomina ancla de deuda).

La regla fiscal limita las políticas contracíclicas de choque, como se vio en la pandemia, pero estas políticas también se necesitan para fomentar el pleno empleo y la reindustrialización

Foto: Radio Nacional – La reforma tributaria del gobierno Duque modificó la regla fiscal y estableció un techo del 71 % del PIB para la deuda del país.

El fundamento teórico de este tipo de normas es la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, es decir, cubrir los gastos públicos sin dejar en “bancarrota” al siguiente gobierno. Fundamentalmente, se analiza en términos de incentivos: un gobierno gastará todo lo posible para cumplir sus compromisos políticos, pero no tiene incentivos para dejarle al siguiente gobierno unas finanzas equilibradas.

La regla fiscal tiene otro propósito: que pueda pagarse la deuda pública. El Estado financia muchas de sus inversiones emitiendo deuda; la regla fiscal garantiza a los inversionistas privados que se les pagarán la deuda y sus intereses.

Aplicación de reglas fiscales en el mundo

Las reglas fiscales no son una invención criolla —casi nunca lo son este tipo de medidas macroeconómicas—, se desarrollaron teóricamente desde la década de los ochenta, por cuenta de las crisis de deuda. En América Latina, se popularizaron en los noventa.

Se alinearon con otras recomendaciones macroeconómicas del Fondo Monetario Internacional: comparten el objetivo de garantizar estabilidad para las inversiones privadas —así se pasara por encima del acceso a servicios sociales, o de las políticas de promoción industrial o pleno empleo—.

Muchos países desarrollados o en desarrollo tienen regla fiscal, pero muchos la incumplen:

En 2021, 106 países del mundo habían adoptado reglas fiscales, incluyendo cerca de quince países en América Latina y el Caribe.

Al examinar la muestra global para el período 2000-2019, según el blog Ideas que Cuentan —del Banco Interamericano de Desarrollo—, “no hubo mucha diferencia en el crecimiento promedio de la deuda de los países durante períodos en los que se aplicó al menos una regla fiscal y períodos en los que no se aplicó ninguna […]. Menos de una tercera parte de los países en la región han logrado el cumplimiento de las reglas basadas en límites al gasto”.

Críticas de fondo a la regla fiscal

Desde diversas vertientes teóricas se ha criticado la regla fiscal colombiana.

Según Jorge Armando Rodríguez —exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional—, no se basa en variables observables, sino en una abstracción que puede manipularse contablemente: el concepto de balance primario neto estructural. Además, tolera una tasa “natural” de desempleo que, en teoría, debe existir.

Según corrientes postkeynesianas, centrarse solo en el déficit público es ignorar el impacto sobre el resto de la economía.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, hace una valoración parecida: “la definición del balance estructural implica que para su cálculo debe aislarse el efecto del ciclo económico y el ciclo minero energético, para lo cual es necesario realizar la estimación de variables como el PIB potencial, una variable no observable, y el precio del petróleo, una variable volátil y difícil de pronosticar”.

Otras críticas se centran en el límite de la deuda.  Según Salomón Kalmanovitz, Duque cambió como le convino la regla fiscal, diferenciando déficit deuda del gobiernoDiego Otero denuncia la limitada evidencia teórica y técnica para definir un nivel óptimo de deuda.

Según corrientes postkeynesianas, centrarse solo en el déficit público es ignorar el impacto sobre el resto de la economía. Reducir el déficit fiscal limita el ahorro, la inversión y la acumulación del sector privado, con impactos financieros sobre las empresas y los hogares: es una identidad contable. De hecho, limitar la deuda pública aumenta el endeudamiento privado como mecanismo de impulso económico.

La regla fiscal limita las políticas contracíclicas de choque, como se vio en la pandemia, pero estas políticas también se necesitan para fomentar el pleno empleo y la reindustrialización, e incluso para cumplir compromisos ambientales nacionales orientados hacia una economía baja en carbono.

El debate debe seguir

Es muy beneficioso que se cuestione la regla fiscal —uno de los intocables de la política macroeconómica, junto con la “independencia” del Banco de la República— y que lo hagan funcionarios del Gobierno nacional.

Se debería seguir el ejemplo de los congresistas que citaron la audiencia pública, así como abrir escenarios en universidades y centros de pensamiento para nutrir esta discusión.

Este debate es fundamental para decidir sobre impuestos y gasto público; más aún, será central para definir rumbos económicos alrededor del cambio de la estructura productiva, la industrialización del país, la transición energética y la búsqueda del pleno empleo. Sin cambios en la regla fiscal, la única política que se podrá seguir en el país es la confianza inversionista para el capital privado.

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