La representante a la Cámara lanzó una advertencia sobre el plan propuesto por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que podría afectar a diversos sectores en la capital
La representante Jennifer Pedraza lanzó una advertencia sobre un artículo en el Plan de Desarrollo Distrital propuesto por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, lanzó una advertencia a través de sus redes sociales respecto a un artículo contenido en el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) propuesto por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que puede afectar a varios sectores en la capital.
Pedraza descaró que este artículo, específicamente el 28, podría tener implicaciones negativas tanto para los trabajadores como para el sistema de salud de la capital colombiana durante el período de gestión de Galán, que abarca desde 2024 hasta 2027.
El apartado en cuestión, que pretende implementar el “Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2024-2027″, generó preocupación por parte de Pedraza y de varios sindicatos, que solicitaron al Concejo de Bogotá que lo elimine del Plan de Desarrollo.
“Hay que recordar que el artículo 28 del PDD plantea la modificación de la estructura administrativa del sector salud, de acuerdo con lo planteado en el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, y con el fin de adecuar la estructura del sector salud a los requerimientos del plan”, manifestó el distrito sobre este apartado.
La representante Jennifer Pedraza destacó dos aspectos críticos de este plan: el riesgo de precarización laboral para trabajadores de la salud y la necesidad de incluir a todos los actores del sector en la discusión – crédito @JenniferPedraz/X
Ante esto, la congresista expresó su inquietud a través de un hilo en X (antes Twitter), en el que señaló dos aspectos críticos que podrían derivarse de la implementación de este plan.
En primer lugar, Pedraza advirtió sobre el riesgo de que el artículo 28 contribuya a la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud en Bogotá. Esta preocupación se suma a las dificultades que ya enfrentan los trabajadores de la salud en un contexto de crisis financiera y estructural en los hospitales públicos de la ciudad.
En segundo lugar, la representante destacó la importancia de que las metas y el contenido del Plan Territorial de Salud sean discutidos y concertados con todos los actores del sector. Pedraza enfatizó que quienes viven día a día las realidades del sistema de salud son los más indicados para identificar las necesidades reales y plantear soluciones efectivas.
La representante hizo hincapié en la importancia de considerar a los diversos actores del sector, resaltando su papel fundamental en la concertación de aspectos clave para el sistema de salud de la capital.
“Importante 💡Las metas y el contenido del Plan Territorial de Salud deberían de ser concertadas con todos los actores del sector, con quienes verdaderamente viven día tras día sus realidades y saben cuales son las necesidades en salud para la ciudad”, señaló la representante.
Pedraza lamentó la falta de atención a la formalización laboral y la asignación de recursos adicionales en el presupuesto destinado al sector salud en el Plan de Desarrollo – crédito @JenniferPedraz/X
Además, Pedraza lamentó la ausencia de menciones a la formalización laboral de los trabajadores de la salud y a la asignación de recursos adicionales en el presupuesto destinado a este fin en el Plan de Desarrollo. Esta omisión es considerada preocupante por la representante, por lo que señaló que la falta de atención a estas cuestiones relevantes podría agravar aún más la situación del sector salud en Bogotá.
Ante estas preocupaciones, Jennifer Pedraza hizo un llamado tanto al alcalde Carlos Fernando Galán como al Concejo de Bogotá para que retiren el artículo 28 del Plan de Desarrollo y para que se abra un espacio de discusión independiente sobre las políticas relacionadas con el sector salud. La representante propuso que estos temas sean debatidos en un proyecto aparte, que permita la participación de todos los interesados.
“Invito a @CarlosFGalan y al @ConcejoDeBogota a atender la petición de los sindicatos de retirar el art. 28 del PDD y otros que puedan traer cambios para el sector salud, y que sean debatidos en un Proyecto de Acuerdo independiente que permita discutir debidamente la territorialización de estas políticas”, concluyó la representante.
De este modo, la representante difundió la carta emitida por los grupos sindicales que solicitan la eliminación de dicho artículo en particular.
Carta de los grupos sindicales que solicitan la eliminación del artículo 28 en el Plan de Desarrollo Distrital – crédito @JenniferPedraz/X
La representante Jennifer Pedraza lanzó una advertencia sobre un artículo en el Plan de Desarrollo Distrital propuesto por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, lanzó una advertencia a través de sus redes sociales respecto a un artículo contenido en el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) propuesto por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que puede afectar a varios sectores en la capital.
Pedraza descaró que este artículo, específicamente el 28, podría tener implicaciones negativas tanto para los trabajadores como para el sistema de salud de la capital colombiana durante el período de gestión de Galán, que abarca desde 2024 hasta 2027.
El apartado en cuestión, que pretende implementar el “Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2024-2027″, generó preocupación por parte de Pedraza y de varios sindicatos, que solicitaron al Concejo de Bogotá que lo elimine del Plan de Desarrollo.
“Hay que recordar que el artículo 28 del PDD plantea la modificación de la estructura administrativa del sector salud, de acuerdo con lo planteado en el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, y con el fin de adecuar la estructura del sector salud a los requerimientos del plan”, manifestó el distrito sobre este apartado.
La representante Jennifer Pedraza destacó dos aspectos críticos de este plan: el riesgo de precarización laboral para trabajadores de la salud y la necesidad de incluir a todos los actores del sector en la discusión – crédito @JenniferPedraz/X
Ante esto, la congresista expresó su inquietud a través de un hilo en X (antes Twitter), en el que señaló dos aspectos críticos que podrían derivarse de la implementación de este plan.
En primer lugar, Pedraza advirtió sobre el riesgo de que el artículo 28 contribuya a la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud en Bogotá. Esta preocupación se suma a las dificultades que ya enfrentan los trabajadores de la salud en un contexto de crisis financiera y estructural en los hospitales públicos de la ciudad.
En segundo lugar, la representante destacó la importancia de que las metas y el contenido del Plan Territorial de Salud sean discutidos y concertados con todos los actores del sector. Pedraza enfatizó que quienes viven día a día las realidades del sistema de salud son los más indicados para identificar las necesidades reales y plantear soluciones efectivas.
La representante hizo hincapié en la importancia de considerar a los diversos actores del sector, resaltando su papel fundamental en la concertación de aspectos clave para el sistema de salud de la capital.
“Importante 💡Las metas y el contenido del Plan Territorial de Salud deberían de ser concertadas con todos los actores del sector, con quienes verdaderamente viven día tras día sus realidades y saben cuales son las necesidades en salud para la ciudad”, señaló la representante.
Pedraza lamentó la falta de atención a la formalización laboral y la asignación de recursos adicionales en el presupuesto destinado al sector salud en el Plan de Desarrollo – crédito @JenniferPedraz/X
Además, Pedraza lamentó la ausencia de menciones a la formalización laboral de los trabajadores de la salud y a la asignación de recursos adicionales en el presupuesto destinado a este fin en el Plan de Desarrollo. Esta omisión es considerada preocupante por la representante, por lo que señaló que la falta de atención a estas cuestiones relevantes podría agravar aún más la situación del sector salud en Bogotá.
Ante estas preocupaciones, Jennifer Pedraza hizo un llamado tanto al alcalde Carlos Fernando Galán como al Concejo de Bogotá para que retiren el artículo 28 del Plan de Desarrollo y para que se abra un espacio de discusión independiente sobre las políticas relacionadas con el sector salud. La representante propuso que estos temas sean debatidos en un proyecto aparte, que permita la participación de todos los interesados.
“Invito a @CarlosFGalan y al @ConcejoDeBogota a atender la petición de los sindicatos de retirar el art. 28 del PDD y otros que puedan traer cambios para el sector salud, y que sean debatidos en un Proyecto de Acuerdo independiente que permita discutir debidamente la territorialización de estas políticas”, concluyó la representante.
De este modo, la representante difundió la carta emitida por los grupos sindicales que solicitan la eliminación de dicho artículo en particular.
Carta de los grupos sindicales que solicitan la eliminación del artículo 28 en el Plan de Desarrollo Distrital – crédito @JenniferPedraz/X
En Colombia no es sencillo hacer pedagogía sobre el genocidio al que se encuentra sometido el pueblo palestino por parte del Estado de Israel.
Con frecuencia la primera referencia que cualquier persona tiene sobre Israel se remite a la Biblia, se asocia con ideas positivas, gestas y tierras para adorar a Dios. Por lo mismo, es normal que los cuestionamientos al Estado de Israel fácilmente se confundan con alguna especie de crítica a las figuras del catolicismo, aunque esa nunca es la intención.
Esta semana un partido de fútbol, el deporte de referencia global, nos puso nuevamente a hablar del tema. Pero una vez más el preconcepto, sumado a los inconformismos coyunturales con el gobierno que apoya la causa palestina, termina nublando el fondo del asunto: recordar que la causa palestina es una causa de toda la humanidad.
Lo peor es que esas confusiones terminan expresadas en ríos de caracteres de agravios en las redes sociales.
Un muy rápido recuento
El 14 de mayo de 1948 se creó el Estado de Israel por resolución de la ONU. Nadie puede negar, ni dejar de rechazar, el genocidio al que el nazismo sometió al pueblo judío. Tampoco se puede desconocer que dicho pueblo tiene vínculos históricos con el territorio que hoy ocupa Israel. Mucho menos se deben revivir discursos de odio contra su pueblo o su religión.
Sin embargo, la creación del Estado de Israel fue una solución de escritorio de colonialistas occidentales, especialmente Inglaterra, sin importar que la misma afectaría a un territorio habitado por palestinos, creando nuevas catástrofes humanitarias.
Desde entonces el pueblo palestino ha sido víctima de la ocupación de su tierra por vías militares y jurídicas -estas últimas no conformes con el derecho internacional-.
De 1948 a 1967 alrededor de 750 mil palestinas -que equivalen a la actual población de Cúcuta- tuvieron que desplazarse forzadamente en su región, hacia Gaza y Cisjordania. También tuvieron que hacerlo por todo el mundo, encontrando, entre otros, a Chile como un país de alta recepción de migrantes en nuestro continente.
Además, el pueblo palestino ha sido perseguido en su tránsito, ha sufrido la construcción de muros que dividen sus tierras -2002-, ha visto asesinatos sistemáticos de parte del Estado de Israel y no ha tenido el derecho de tener un Estado plenamente reconocido en instancias internacionales.
Toda esta política de naturaleza colonialista ha sido sistemáticamente patrocinada por las grandes potencias occidentales, proveedoras de armas a Israel.
La actualidad
Décadas de colonialismo han dado pie a grupos y conflictos armados en la región, incluyendo actos completamente condenables como la masacre de más de 1.200 civiles de Israel el 7 de octubre de 2023 a manos de Hamás.
Tal como ha sido su costumbre, el Estado de Israel ha respondido con tal desproporción que viola las distintas normas del derecho internacional que buscan prevenir el genocidio y los crímenes de guerra.
La ONU hoy registra que Israel ha asesinado a más de 35 mil personas desde el 8 de octubre, la misma cantidad de vidas que podría colmar el estadio El Campín de Bogotá. 7.797 son niños y niñas.
La ofensiva de Israel en estos meses ha provocado el desplazamiento de más de un millón de habitantes de Gaza -población semejante a la de Barranquilla- hacia campos de refugiados en Rafah.
Como si eso fuera poco, Israel ha bombardeado estos campos desde el 6 de mayo, provocando 450 mil nuevos desplazamientos -más que la población de Manizales-. Su objetivo es la desaparición del pueblo palestino.
El partido como inatajable excusa
La presencia en Colombia de un equipo de fútbol chileno que representa la migración palestina tenía que ponernos a hablar, sí o sí, del genocidio. Seguramente muchas personas podrán preferir no tener que mezclar el momento político con el espectáculo deportivo, pero ello sería pretender pasar por la NQS en día de partido sin ver hinchas entrando al Campín.
Lo realmente importante, más allá del resultado futbolístico o la “incómoda” mezcla de temas, es que nuestra sociedad pueda reflexionar sobre un asunto tan profundo para la existencia misma de la humanidad.
Estas líneas son un aporte para ello y para que quienes legítimamente desconocen del tema puedan aproximarse al mismo con pausa y sensibilidad.
Con frecuencia olvidamos que muchas garantías laborales y sociales que disfrutamos son resultado de luchas sindicales. Han sido múltiples los liderazgos de trabajadores y trabajadoras que hacen del mundo un lugar mejor.
Aunque el sindicalismo en Colombia no goza de una imagen muy positiva, ha sido opacado por una percepción injusta y muchas veces cargada de lugares comunes, noticias falsas o mitos, la realidad es distinta.
Son múltiples los liderazgos sindicales que trabajan a diario por la lucha contra la corrupción en el sector público, la mejora de las garantías laborales de jóvenes precarizados por nuevas relaciones productivas, el respeto por la independencia sindical frente al gobierno y los patronos, el acceso a la justicia, la seguridad aérea, la creación de conocimiento y ciencia, entre otras.
Todos estos liderazgos son silenciosos ante los grandes reflectores de la coyuntura, o el griterío nacional. La mayoría son de personas que invierten sus recursos económicos, tiempo, salud física o mental para que sean reconocidos y mejoradas las de sus pares. A continuación comparto algunos ejemplos destacables.
En la Fiscalía General de la Nación se encuentra ATRAES -FGN, organización sindical que más que pelear por su bolsillo, ha emprendido una cruzada contra la corrupción. Su causa se enmarca en exigir que más de 17 mil puestos de trabajo de la Fiscalía sean proveídos por concursos de méritos, no por recomendaciones o favores politiqueros.
A la fecha han logrado seis fallos judiciales que ratifican que los últimos tres fiscales han preferido la feria de puestos por encima del mérito y la eficiente prestación del servicio para destrabar la muy esquiva justicia del país.
Por su parte, en el ICBF, la organización Sintrabienestar insiste en la urgencia de fortalecer los equipos multidisciplinarios de las Defensorías de Familia. Abogan mejoras de la institución para poder atender las crecientes denuncias y casos de violencia intrafamiliar en contra de niños, niñas y adolescentes.
Resaltan que las crecientes obligaciones que imponen leyes como la 2126 de 2021 son necesarias para la niñez colombiana, pero que sólo pueden ser atendidas si se fortalece el talento humano. Mientras ello no suceda, no habrá verdadero acceso a la justicia y los y las trabajadoras seguirán explotadas, tanto mental como laboralmente.
En el sector aeronáutico Sintratac y ACAV representan a tripulantes y operarios de servicios conexos al transporte aéreo. Estas organizaciones han liderado un proceso de unidad entre sindicatos, empresas y entidades públicas para crear una ley que prevenga las violencias que sufren por parte de pasajeros disruptivos.
El fenómeno de pasajeros disruptivos incluye conductas de violencia física, sexual y riesgo de la seguridad de la operación de los vuelos, tanto en tierra como en aire y, dada la violencia machista, suele afectar más a las auxiliares de vuelo. La iniciativa claro que protege la integridad de estas trabajadoras, pero también piensa en cómo mejorar las condiciones de seguridad de vuelo para los usuarios.
Finalmente, destaco el compromiso por la justicia y resocialización de las personas que adelanta FECOSPEC, organización que agremia a varios sindicatos del INPEC. Sus dirigentes promueven la dignificación del sistema penitenciario, empezando por las necesidades de quienes trabajan en el mismo.
La emergencia carcelaria decretada por el Ministerio del Interior no ha impedido que grupos delincuenciales sigan asesinando a guardas del INPEC, van 4 este año. Antes que pedir prebendas salariales, FECOSPEC busca incidir en decisiones técnicas, modificaciones legales o el fortalecimiento institucional para reducir la criminalidad que opera en el interior de las cárceles y afecta a la sociedad en general.
Este año Petro, apurado por la masiva movilización del 21 de abril en su contra, decidió asaltar la fecha del 1 de mayo. Aunque algunos sindicatos puedan coincidir plena o parcialmente con el gobierno, enmarcar su agenda política en la fecha histórica e internacional de los y las trabajadoras es, cuando menos, abusivo.
Por lo mismo, varios sindicatos que no fueron afines a los gobiernos anteriores, o que incluso votaron por el actual, decidieron no movilizarse o hacerlo en conmemoración de sus causas, sean o no las del gobierno.
A pesar de las polémicas coyunturales que enmarcaron el pasado 1 de mayo, invito valorar lo sustancial: que se reconozca la importancia de la labor sindical. Más allá del encuadre gobiernista, hay muchas razones para agradecer a quienes dedican su vida al reconocimiento de derechos de otras personas.
Este gobierno ha reducido a la cuarta parte el presupuesto destinado a la ciencia, la tecnología y la innovación, y los recursos no se están ejecutando. ¿Qué está pasando con la ministra y con el Ministerio?
Las denuncias
En abril, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha enfrentado múltiples denuncias. Las congresistas Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y Alexandra Vázquez (Pacto Histórico) citaron a control político a la ministra Yesenia Olaya para exponer las irregularidades en la cartera.
Rodolfo Llinás, neurofisiólogo y uno de los científicos más importantes de Colombia, afirmó que “si no hay ciencia, el país queda en manos ajenas”. Por este motivo, examinar detalladamente el funcionamiento del Ministerio no es un capricho o una mera rencilla política; todo lo contrario, es un asunto fundamental para el avance, desarrollo e independencia frente a otras potencias del conocimiento.
En pocas palabras, las congresistas reprochan la baja asignación para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en el Presupuesto General de la Nación; la escasa ejecución del PGN y de los recursos del Sistema General de Regalías para CTeI; la financiación de convocatorias con recursos provenientes de CTeI; denuncias de presunto acoso laboral y prácticas antisindicales; y las inconsistencias en la hoja de vida de la ministra Olaya.
Este artículo revisará el presupuesto para CTeI y la gestión de un gobierno que, en campaña, afirmó que esta cartera sería una de sus mayores apuestas para hacer de Colombia la Potencia Mundial de la Vida.
Inversión insuficiente
Históricamente, Colombia ha dedicado un presupuesto muy bajo a la CTeI.
El Banco Mundial señala que el promedio anual del gasto para investigación y desarrollo fue de 0,22% entre 2000 y 2020. Mientras tanto, el promedio anual para América Latina y el Caribe fue de 0, 65%. De igual forma, en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estuvo próximo al 2, 39%. De hecho, para el 2020, Colombia fue el país de la OCDE que menos invirtió en estos sectores.
en la nueva propuesta del Presupuesto se reduce un 40% el sector de CTeI con respecto al 2024, es decir, a tan solo el 0,01% del PIB. Por desgracia, si llega a aprobarse, estaríamos hablando del porcentaje más bajo en los últimos 21 años.
En lo concerniente a las fuentes de financiación, entre el año 2012 y el 2021, el 42,4% del presupuesto para investigación y desarrollo provino del sector público, el 52,7 % del sector privado y el 4,9% son recursos de cooperación internacional. Si bien el gobierno tiene la labor de promover los incentivos del sector privado y los acuerdos para garantizar los recursos internacionales, la responsabilidad directa y más inmediata está en las fuentes públicas, es decir, las regalías y el Presupuesto General de la Nación.
La promesa incumplida
Por los motivos anteriores, el gobierno afirmó que fomentaría la destinación de recursos nacionales e internacionales a las actividades de CTeI. El PND anunció que la inversión en investigación y desarrollo pasará de un 0,26% del PIB en 2021 al 0,5% a lo largo del cuatrienio.
Esta, aunque se cumpliera, seguiría siendo una meta muy inferior a los estándares internacionales y a la recomendación de las misiones de sabios desde 1990. Y por desgracia, el gobierno no se está acercando a su meta, todo lo contrario, se está alejando.
En lo que respecta al gobierno, la financiación de la ciencia, tecnología e innovación está ligada al Presupuesto General de la Nación y los recursos del Sistema General de Regalías. Sin embargo, por lo general, el presupuesto siempre ha sido muy bajo.
La participación promedio del sector CTeI en el PGN entre el 2005 y el 2022 había sido apenas del 0,04% del PIB, y bajo el gobierno de Gustavo Petro, la cifra disminuyó al 0,03% en el 2023 y 0,02% en el 2024. En resumidas cuentas, el sector de ciencia, tecnología e innovación mermó en un 20%.
También, en la nueva propuesta del Presupuesto se reduce un 40% el sector de CTeI con respecto al 2024, es decir, a tan solo el 0,01% del PIB. Por desgracia, si llega a aprobarse, estaríamos hablando del porcentaje más bajo en los últimos 21 años. Por este motivo, más que una lupa, necesitaremos un microscopio para revisar la ejecución del actual gobierno.
La explicación de la ministra
La ministra Olaya, en el debate de control político, aceptó que “el presupuesto es deficiente”, ya que “este no es un presupuesto para poder fortalecer la agenda científica”. No obstante, señaló que “interpelar un mayor presupuesto al gobierno nacional implica tener claridad en qué vamos a invertir ese presupuesto”. La jefa de cartera finalizó su intervención manifestando que “en eso hemos trabajado desde el primero de mayo, estructurando una agenda nacional…”.
Vale la pena precisar que este argumento contradice el anteproyecto del PGN para el 2025.
Nos enfrentamos a dos alternativas: o el Ministerio de Hacienda, además de no coordinar la nueva propuesta con la ministra Olaya, desea reducir los recursos de la cartera; o la ministra Olaya, después de un año de trabajo, fue incapaz de dar claridad sobre la financiación de la ciencia, la tecnología y la innovación y respaldarla frente al Ministerio de Hacienda y las demás carteras del gobierno.
En cuanto a la ejecución, las obligaciones hacen referencia a los recursos que deben girarse o que son ejecutados efectivamente cada año del Presupuesto General de la Nación. Para 2023, el sector de CTeI ejecutó el 65,9 %, mientras que el promedio anual de los últimos 23 años (2000-2023) fue de 73,3%. A excepción del 2019 (obligaciones del 44,7 %), no se había visto una cifra tan baja desde el año 2006.
El sector de CTeI también recibe recursos del Sistema General de Regalías. En este caso hablamos de ingresos provenientes de la explotación de recursos no renovables del subsuelo. La inversión en investigación y desarrollo no debería atarse a recursos que son inciertos y fluctúan con respecto a la variación internacional de los precios del petróleo y el carbón.
En una entrevista de octubre de 2023, la ministra Olaya planteó que “el Sistema General de Regalías es una fuente importante de inversión en ciencia”, sobre el cual el Ministerio “da los lineamientos hacia dónde deben dirigirse las convocatorias que van a impactar el desarrollo científico y tecnológico de las regiones”.
Es evidente que las anteriores declaraciones contrastan con la ejecución de los recursos. A pesar de contar con $ 2,9 billones para 2023-2024 (cifra que duplica el bienio anterior), a la fecha solo se ha pagado el 5,8% del presupuesto de regalías para el sector. ¿Realmente es posible ejecutar el 94% restante en los siguientes 8 meses?
La ciencia en el limbo
Es lamentable que la reducción en la CTeI se justifique bajo el argumento de que es lo correcto para el país. El Ministerio debería encabezar la búsqueda de más recursos y asegurarse de la efectividad en lo concerniente a la ejecución.
o el Ministerio de Hacienda, además de no coordinar la nueva propuesta con la ministra Olaya, desea reducir los recursos de la cartera; o la ministra Olaya, después de un año de trabajo, fue incapaz de dar claridad sobre la financiación de la ciencia, la tecnología y la innovación y respaldarla frente al Ministerio de Hacienda y las demás carteras del gobierno.
Afirmar que no hay certeza cómo invertir el presupuesto, es ningunear a los científicos que trabajan en condiciones precarias dentro y fuera del país; es ignorar la infraestructura deteriorada de muchos laboratorios como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia; es desatender las apuestas de reindustrialización y transición energética en Colombia que se consignaron en el PND; es ignorar las misiones de sabios que han dado luces al respecto de la ciencia en el país.
El Ministerio de Ciencia se quedó en el papel, porque el presupuesto de Colciencias aumentaba anualmente en promedio más de lo que ha aumentado como Ministerio. La promesa de cambio, y su condensación en el Plan Nacional de Desarrollo, al parecer son solo palabras. Mientras tanto, la ministra evade las preguntas de las congresistas y de voces autorizadas como la de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Las denuncias e investigaciones que pesan sobre la ministra Olaya deberían ser suficientes para que renuncie. Sin embargo, el presidente, en vez de atender las voces críticas y cumplir sus promesas de campaña, respaldó a la ministra y estigmatizó a quienes alertaron las consecuencias negativas para el futuro de la ciencia.
Lentamente se desangra el presupuesto nacional por cuenta de los acuerdos internacionales de protección de inversiones, la mayoría contenidos en los TLC. De fallo en fallo Colombia está pagando, literalmente, los platos rotos de haber suscrito tratados internacionales de naturaleza neocolonial.
Lo más escandaloso es que como consecuencia de estos malos acuerdos el país pierde con cara y con sello.
Amparado en uno de estos acuerdos, un ciudadano estadounidense reclama más de 1 billón de pesos porque la Fiscalía extinguió el dominio de los predios en las que construía un complejo inmobiliario en Medellín, terrenos adquiridos a narcos de la Oficina de Envigado. Lo que no cuenta el demandantees que hay evidencia de que su demanda está siendo financiada por el mafioso alias “Maracuyá”. Absurdamente lo más probable es que condenen al Estado.
En otro caso, la multinacional minera Red Eagle Exploration Limited demandó al Estado por medio billón de pesos por la prohibición de actividades mineras en el páramo de Santurbán. En un reciente fallo de un Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial no se encontró culpable a Colombia pero sí nos puso a pagar casi 12 mil millones de pesos por concepto de costas procesales.
Vale la pena recordar que por la misma protección del páramo de Santurbán otra multinacional canadiense, Eco Oro, también demandó y derrotó a Colombia en otro Tribunal del CIADI. A la fecha no se conoce el monto de la indemnización que se deberá pagar, pero esta puede superar los 2 billones de pesos, monto solicitado por la empresa demandante.
Increíblemente en estos últimos dos casos la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- ha celebrado las costosas decisiones de los tribunales, alegando que no se dio plena validez a los argumentos de las empresas. Colombia: el país del mundo al revés.
Organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité enDefensa del Páramo de Santurbáncuestionan la visión conformista de la ANDJE. Además, insisten en solicitarle al gobierno de Petro que, en coherencia con su mandato de cambio, se retire del CIADI y denuncie todos los tratados de protección de inversiones.
El camino que proponen estas organizaciones es el que acaba de emprender Honduras. Esta ruta persigue la defensa de la soberanía nacional, las finanzas públicas y preservar el derecho de los Estados a regular múltiples asuntos sin estar sometidos al terror de multimillonarias demandas internacionales.
Decisiones como las sugeridas por las organizaciones de derechos humanos o la de Honduras no son caprichos . Con gran rigor académico, los profesores Prieto-Ríos y Urueña
“El régimen de protección internacional de inversiones extranjeras es probablemente el sistema más cuestionado, ya que se urigen ha sido enmarcado en el más agresivo expansionismo imperialista, mientras que el sistema de solución de disputas inversionista-Estado ha sido sistemáticamente cuestionado como sesgado a favor del inversionista poco transparente en su proceso de toma de decisiones, incoherente e impredecible”.
Desafortunadamente el gobierno no da luces de seguir el ejemplo hondureño, de las exigencias de organizaciones sociales o las recomendaciones académicas. Por el contrario, Petro ha suscrito nuevos mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado en dos tratados adicionales, uno con Emiratos Árabes y otro con Venezuela. Además, negocia uno semejante con Catar.
Aunque estos nuevos tratados puedan contener algunas protecciones mayores para el Estado en materia ambiental o que los tribunales no se constituyan en el CIADI del Banco Mundial, que persista la idea de que el modelo a seguir es el de tribunales de arbitraje inversionista-Estado es el gran error.
Los gobiernos de izquierda de Colombia y Venezuela pierden una oportunidad histórica para construir nuevos y verdaderos paradigmas, distintos a los usados por las potencias del norte global, en materia de promoción de cooperación y promoción de inversiones.
A la fecha Colombia tiene activos 15 litigios internacionales de inversión con pretensiones de casi 60 billones de pesos, si el gobierno no denuncia dichos tratados la avalancha de demandas será catastrófica. Más aún si persiste en decisiones como la intervención a Sanitas – Keralty de España- o la suspensión de la licitación de pasaportes -Thomas Greg & Sons de Reino Unido-.
Los tribunales internacionales, impredecibles pero usualmente favorables para las multinacionales, seguirán desangrando las finanzas del país.
Nota: En enero salió de la ANDJE una de las funcionarias que más insistió en ver como victorias las derrotas de Colombia en los tribunales y que defendió la permanencia del país en los modelos de solución de controversias inversionista-Estado. Los medios la presentaron como una gran pérdida para el país. Colombia: el país del mundo al revés.
La representante a la Cámara por medio de su cuenta de X que no debió nombrar John Mauricio Marín en Fiduprevisora ya que según las palabras de la legisladora está siendo investigado por presunta corrupción
Jennifer Pedraza cuestiona a Gustavo Petro nombramiento de John Mauricio Marín en Fiduprevisora – crédito Colprensa
Por medio de su cuenta en X, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, celebró la decisión de Fecode de avalar el nuevo modelo de salud para los maestros en Colombia. Las modificaciones fueron propuestas por el Ministerio de Salud, liderado por el jefe de cartera, Guillermo Jaramillo, el 10 de marzo de 2024. No obstante, ante el mensaje del jefe de Estado destacando la decisión del sindicato, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, respondió diciendo que muchos maestros tenían dudas respecto al nuevo modelo a un mes de su implementación.
El primer mandatario de Colombia, en su mensaje, celebró diciendo: “Comenzamos a construir el nuevo modelo de salud con las maestras y maestros de Colombia y sus familias”. Por otro lado, añadió en su mensaje que: “Se acaba la corrupción en el Fomag; pagando dos veces y media la capitación que hoy pagan las EPS, el magisterio tiene una tasa de mortalidad infantil más alta que el promedio nacional”.
Gustavo Petro dijo que se acabará la “corrupción en el Fomag” – crédito @petrogustavo
A partir del “se acabó la corrupción” que el presidente Petro escribió en su publicación, la congresista perteneciente a la coalición Centro Esperanza, Jennifer Pedraza, comenzó su réplica hacia el jefe de Estado. Pedraza mencionó que si la intención del primer mandatario fuera combatir la corrupción, no hubiese nombrado a John Mauricio Marín en Fiduprevisora.
“Presidente, si usted de verdad quisiera luchar contra la corrupción en la salud del magisterio, nunca debió nombrar en @Fiduprevisora, entidad que administra 13,6 billones de la salud de los profes, a John Mauricio Marín, cuota del Partido de la U e investigado por presunta corrupción”, dijo la legisladora perteneciente a la Comisión Cuarta por medio de su cuenta en X.
En su publicación respecto a lo anterior añadió que: “El ratón cuidando el queso. Con el papel que jugaría la Fiduprevisora en el nuevo modelo, es un riesgo que este señor siga ahí”.
Además, Pedraza, en el cierre de su publicación comentó que la implementación del nuevo modelo de salud para los maestros será dentro de un mes, pero a la fecha muchos maestros aún tienen dudas con respecto a este.
Jennifer Pedraza le responde a Gustavo Petro por nuevo modelo de salud de maestros – crédito @JenniferPedraz
Por otro lado, el sindicato, Fecode a través de un comunicado oficial en su cuenta de X (Twitter), expresó su compromiso por seguir colaborando en el desarrollo y ajuste del nuevo modelo de salud. Esta cooperación se basará en los aportes recibidos tanto del Comité Ejecutivo como de los sindicatos filiales, trabajando juntamente con un grupo de expertos encargados de la estructuración.
Fecode adicionalmente subrayó su compromiso con la implementación de una estructura efectiva de gobernanza en el renovado sistema de salud, enfatizando la importancia de instaurar mecanismos de inspección, control y vigilancia que sean operados desde los Comités Territoriales y Regionales de prestaciones sociales. Esta disposición también contempla asegurar una participación del sindicato en los procesos de incidencia y toma de decisiones.
El sindicato en su comunicado también recalcó la necesidad de integrar eficazmente el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con las labores de la ADRES y la Supersalud, con el objetivo de fortalecer los procesos de inspección, control y vigilancia sobre la Fiduprevisora. Esta entidad, que ha enfrentado escrutinio público reiteradamente por presuntas irregularidades y deficiencias en su administración, se encuentra en el centro de las preocupaciones del sindicato, que busca asegurar una gestión transparente y eficiente.
“Esta decisión de la Junta Nacional Extraordinaria es un paso fundamental para desarrollar en firme la implementación y concreción de los ajustes del modelo. Por supuesto, hay que seguir avanzando, alimentando la propuesta para cambiar, transformar y ajustar con el fin mejorar lo existente en la defensa y preservación del derecho a salud”, dijo Fecode.
Fecode habla del nuevo modelo de salud para maestros propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro – crédito Jesús Aviles/Infobae
En el marco de la investigación desarrollada por Jennifer Pedraza y su equipo de trabajo, se halló que la Ministra de ciencia miente sobre la trayectoria profesional que presentó en su hoja de vida: No fue profesora en Harvard como aseguró e infló su experiencia docente en al menos otras 3 universidades.
La Ministra reproduce una práctica que en la política colombiana se ha vuelto recurrente, que expone cuestionamientos éticos, legales y desnuda actitudes intelectualmente arribistas.
La Ministra nunca ha sido profesora de Harvard
La Universidad de Harvard es una de las instituciones educativas de mayor prestigio a nivel mundial. Los ránquines QS y de Shanghai la mejor universidad del mundo en 2023 y 2024, respectivamente.
No cabe duda que para Colombia, un país con deficiencias estructurales en materia educativa y científica, es motivo de orgullo que compatriotas estudien, investiguen y, sobre todo, dicten clases en Harvard.
En dos versiones de su hoja de vida, presentadas para laborar en el Ministerio, Yesenia Olaya afirmó haber dictado clases por casi un año -363 días- en el Afro-Latin American Research Institute vinculado a la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de Harvard.
En el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-, reposan los soportes de la hoja de vida de la Ministra.
Consultamos por dichos soportes y la Función Pública nos remitió un certificado firmado por Alejandro de la Fuente, director del Afro-Latin American Research Institute. En el mismo se certifica que la Ministra impartió un seminario virtual con apenas 48 horas de carga en un año.
“Por haber impartido el seminario especializado “Resiliencias y resistencias afrocolombianas: trayectorias históricas y contemporáneas”… en la modalidad virtual (14 de septiembre 2021 -12 de septiembre 2022). Con un total de 48 horas de docencia” (El énfasis en negrilla es propio).
La constancia, en vez de aclarar, crea nuevas inquietudes. ¿Dictar un seminario en un instituto le concede la categoría de docente de Harvard a la ministra? ¿Haber dictado apenas 48 horas en 363 días puede certificar casi un año de experiencia docente?
Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia un docente con dedicación exclusiva tiene una carga horaria semanal de 44 horas y uno tiempo completo tiene 40 horas a la semana.
Para resolver esos interrogantes consultamos Stephen Kargere, Director de la Oficina de Asuntos Posdoctorales de la Facultad de Artes y Ciencias de Harvard. Kargere aclaró que la Ministra Olaya ha tenido tres tipos de vinculación con esa institución pero que “no se consideran parte del cuerpo docente”.
La respuesta es categórica: la ministra nunca ha sido profesora de Harvard.
El perfil de Olaya en la página del Instituto tampoco refleja que haya tenido calidad de docente y sólo destaca su experiencia docente “en universidades de América Latina”.
Además, si hipotéticamente hubiese sido docente, la experiencia equivaldría apenas a 6 días certificables, puesto que el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015 dice que las horas de docencia se deben calcular “sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8)”.
Ministra de día y asistente en Harvard de noche: Un segundo trabajo que es ilegal:
La respuesta del Director Kargere pone en evidencia que la funcionaria ha desarrollado un cargo administrativo en esa universidad al tiempo que ejerce como jefa de la cartera de ciencia.
Olaya se vinculó al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación el 10 de noviembre de 2022 en calidad de Viceministra de Talento y Apropiación del Conocimiento, uno de los dos viceministerios de la entidad.
Al parecer a la entonces Viceministra le sobraba el tiempo o no le alcanzaba el dinero que recibía por su trabajo puesto que el 1 de febrero se vinculó al Afro-Latin American Research Institute en calidad de asociada.
Dicha actividad prestacional continuó después del 1 de mayo de 2023, cuando Olaya ascendió al cargo de Ministra y se extendió hasta el 31 de enero del 2024. En ambos casos, la prestación de servicios profesionales en el Instituto de Harvard es legalmente incompatible con las funciones de ministra o viceministra.
Conforme al ordenamiento jurídico colombiano, los cargos ministeriales son de naturaleza de dirección, manejo y confianza y se proveen mediante la modalidad de libre nombramiento y remoción.
Quienes ejercen este tipo de cargos deben garantizar una confianza superior a la normal que debe proyectar cualquier otro funcionario, así lo expresó la Corte Constitucional en Sentencia C-514 de 1994.
Además, por la misma razón de confianza la Corte aclaró que este tipo de cargos no están sujetos a la jornada laboral ordinaria (Sentencia C-372 de 1998). Postura que respalda la Función Pública en el concepto 104571 de 2013).
Ahora bien, la Función Pública (concepto 147941 de 2016) contempla que si bien un funcionario público puede tener un segundo trabajo en una entidad privada, no puede desarrollar sus obligaciones durante la jornada laboral del cargo público.
Sin embargo, una ministra ejerce un cargo de dirección, manejo y confianza que no se sujeta a la jornada laboral ordinaria y, por tanto, ejerce la función pública en todo momento.
Claro, la Ministra tiene derecho a descansar, pero si la llaman a las 11 pm para resolver algún asunto ministerial debe atender. Bueno, si es que no está trabajando para Harvard.
Aunque no hay antecedentes judiciales semejantes a este caso, a la ministra le es jurídicamente prohibido desarrollar funciones como funcionaria de cualquier entidad pública o privada a la vez que ejerce como jefa de su cartera.
Consultamos a Harvard para saber si Olaya percibió salario u honorarios por la vinculación que tuvo con el Instituto entre 2022 y 2023. Desafortunadamente dicha información se encuentra protegida por la legislación estadounidense dado que es del resorte personal.
Pero vale la pena que la Ministra le aclare al país:
¿Su relación prestacional o laboral en Harvard mientras era Ministra era paga?
¿Por ser Ministra de día y asistente administrativa en Harvard de noche es que la funcionaria no le cumple a la ciencia colombiana?
Otras mentiras en su experiencia docente:
Yesenia Olaya no sólo inventó experiencia docente en Harvard, también sobredimensionó en más de 4 años su experiencia docente en: i) la Universidad Nacional Autónoma de México; ii) la Universidad de Magdalena y; iii) en la Pontificia Universidad Javeriana.
Universidad
Tiempo que reporta
Tiempo certificado
Sobredimensión
UNAM*
3 años, 5 meses, 7 días
7 meses y 25 días
2 años, 10 meses y 18 días
Universidad Nacional de San Martín
1 año y 9 meses
1 año y 9 meses
0
Universidad de Magdalena
7 meses
12 horas equivalentes a 1,5 días
6 meses y 28 días
Universidad Javeriana
7 meses y 25 días
90 horas equivalentes a 11,25 días
7 meses y 13 días
Harvard**
363 días
0
363 días
Total:
5 años, 8 meses
2 años, 5 meses, 12,75 días
4 años y 26 días
*Hoja de vida 1 presentada para ser viceministra. En la Hoja de vida 2 corrigió la información. ** Harvard: no es docencia por lo que no puede ser computable.
Detalles de la sobredimensión de experiencia por universidad
Universidad Nacional Autónoma de México: Desmiente a la Ministra en su Hoja de Vida 1.
2. Universidad Nacional de San Martín: Sin inconsistencia.
3. Universidad del Magdalena:certifica horas, no 7 meses
4. Universidad Javeriana: certifica que la información no corresponde y que no fue docente durante el primer semestre de 2021.
En la Hoja de Vida que reposa en el SIGEP la Ministra registró que fue docente de postgrado durante el primer semestre del 2021.
La Javeriana aclara que en el primer semestre de 2021 Olaya no dictó clases en postgrado. También certifica labores en tiempos que no corresponden a los registrados por la Ministra en su hoja de vida.
Resulta aún más escandaloso que la certificación laboral que subió la Ministra al SIGEP de esta Universidad no la expidió la oficina de Gestión Humana, sino que fue María Camila Díaz Casas, a quien luego premió nombrándola en el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Díaz es la alta funcionaria del Ministerio que más ha durado en el cargo, desde julio de 2023, a la fecha y aparece como fiadora de la vivienda de la Ministra.
La experiencia laboral de la Ministra tampoco se registra de manera correcta en el SIGEP.
Inicio
Fin
Entidades que incluye
6 de diciembre de 2018
31 de octubre de 2022
UNAM: docenteHarvard: laboral U San Martín: docenteU Magdalena: docenteJaveriana: docente
1 de noviembre 2022
9 de noviembre de 2022
No tuvo trabajo alguno.
10 de noviembre
31 de abril
Viceministra de Ciencias: laboral
Reporta:
8 años y 3 meses
Certificado: (Decreto 10853/2015)
4 años, 4 meses y 15 días
Sobredimensión
3 años y 11 meses
¿Cómo calculamos la experiencia laboral de la Ministra?
Conforme al artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015 el tiempo de experiencia se certifica sin sumar aquellos trabajos que son simultáneos: “Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya prestado sus servicios en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez”.
El mismo artículo aclara que si la jornada laboral que se certifica es menor a 8 horas diarias, esta deberá ser calculada “sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8)”.
La Constitución Política dice que para ser ministra sólo se requiere nacionalidad colombiana y tener más de 25 años. Por tanto, nadie requiere acreditar experiencia profesional o académica para ejercer un cargo ministerial.
Sin embargo, Yesenia Olaya sobredimensionó sus méritos académicos y profesionales en la hoja de vida que presentó para ejercer, primero como viceministra y luego, como Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una maquillada a la hoja de vida absolutamente innecesaria y muy cuestionable en la academia.
La mayor polémica es quién aprobó la metodología con la que se terminó eligiendo a Ismael Peña como nuevo rector de la Universidad Nacional.
Toda una polémica hay alrededor de la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, que reemplazará a Dolly Montoya. Los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) tomaron una decisión poco esperada, pues el principal candidato era el profesor Leopoldo Múnera, quien ganó la consulta universitaria por encima de los otros aspirantes.
Se desconoce por quién votaron los ocho miembros del CSU, que está integrado por la ministra de Educación, Aurora Vergara; dos representantes de Presidencia; un exrector; un representante de los profesores; un representante de los estudiantes; un miembro del Consejo Nacional de Educación Superior y un miembro designado por el Consejo Académico.
Sin embargo, según el representante de los estudiantes, de los profesores y del Gobierno, en la elección, iban a respaldar la decisión de las consultas, por lo cual, votarían por el profesor Múnera y lograrían una mayoría, pero no fue así.
Mejor dicho, la representante estudiantil y el representante profesoral no cumplieron su promesa; en apariencia, no cumplieron su promesa de votar por el ganador de la consulta. (…) Esa es una posibilidad, que ellos no hayan cumplido su promesa. La otra posibilidad es que el Gobierno no haya cumplido la promesa del presidente que iba a apoyar al ganador de la consulta
SEÑALÓ EN MAÑANAS BLU EL PROFESOR LEOPOLDO MÚNERA.
El excandidato a rector también agregó que el representante estudiantil se había comprometido a votar por él, por lo que se debe hacer una aclaración, ya que “matemáticamente las sumas no dan”.
Este rechazo también llegó desde el Congreso, pues la representante a la Cámara y exrepresentante estudiantil en la Universidad Nacional Jennifer Pedraza, también en Mañanas Blu, aseguró que para esta ocasión se tenía la “expectativa de que el Consejo Superior Universitario acogiera el resultado de la consulta”.
Asimismo, por un lado, dejó claro que el profesor Múnera no era el candidato del presidente Gustavo Petro, sino de la comunidad universitaria; y, por otro, destacó que el debate no es quién ganó, sino quién aprobó la metodología para elegir al nuevo rector.
Para mí el debate no va a estar en quién votó por quién, sino quién votó por aprobar esa metodología. (…) En mi caso, cuando yo estuve en el consejo superior, yo siempre me opuse a esa metodología y no está definida la norma
INDICÓ PEDRAZA.
¿Por qué la resistencia a Ismael Peña, nuevo rector de la Universidad Nacional?
En la conversación con Néstor Morales, director de Mañanas Blu, el profesor Múnera afirmó que la principal crítica recae sobre el mecanismo para nombrar al rector, “que implica ignorar totalmente la voluntad de la comunidad universitaria”.
No obstante, sí indicó que Ismael Peña como rector de la universidad es sinónimo de continuismo, pues era vicerrector de la sede Bogotá: “Los estudiantes consideran que la universidad no va bien, o un buen grupo de estudiantes, porque repito que la comunidad es muy heterogénea”.
Jennifer Dalley Pedraza Sandoval nació el 14 de febrero de 1996 en Floridablanca, Santander. Es representante a la Cámara por Bogotá con Dignidad y Compromiso.
Es economista y estudiante de la maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.
Fue líder estudiantil durante el Paro Nacional de 2018. Logró gran visibilidad cuando fue elegida representante, dos veces, del estudiantado ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Bogotá. De allí fue elegida como una de las voceras nacionales de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES), que fue una de las asociaciones estudiantiles que más convocaron a estudiantes de universidades públicas para marchar por la financiación de la educación durante el gobierno de Iván Duque.
Fue integrante a nombre de la ACRESS del Comité Nacional de Paro. Conformada por otras asociaciones estudiantiles y centrales obreras que coordinaron las movilizaciones de los paros de 2019 y 2021.
Militaba en el Polo Democrático, pero se fue a Dignidad y Compromiso con la salida de Jorge Robledo. En 2021 fue invitada por Robledo para ser su jefa de debate, en su aspiración presidencial y su precandidatura por la Coalición de la Esperanza, de la que salió ganador Sergio Fajardo.
Integró la lista a la Cámara por Bogotá de ese partido en las legislativas de 2022, con Jorge Gómez como su fórmula al Senado. Fue elegida con más de 22 mil votos.
Hace parte de la Comisión Cuarta, y en el Congreso ha promovido la educación pública, la igualdad de género y derechos para la juventud.
Ha promovido proyectos de ley para la atención de salud mental desde el ministerio de Salud y otra para incluir a los jóvenes en la reforma agraria.
Su posición frente al gobierno de Gustavo Petro es independiente. Ha sido crítica de él desde antes de su candidatura presidencial. Y aunque votó por él en segunda vuelta, se ha opuesto a varias de sus reformas, principalmente a la de la salud, la cual buscó frenar en la Cámara junto con Catherine Juvinao y Katherine Miranda.
