Nombre del autor:Comunicaciones Jennifer Pedraza

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

Petro pasa por serias dificultades que son atribuibles a su propia gestión. Decir lo anterior no borra las responsabilidades de gobiernos previos y lo mal que dejaron al país, pero quien gobierna hoy debe asumir sus responsabilidades.

El nuevo modelo de salud para docentes expone la autodestrucción. La necesidad de mejora del régimen especial de salud del magisterio nunca fue la discusión, el tema estaba en el cómo. Lo que definitivamente no se debía hacer fue lo que Petro hizo.

Primero, le entregó la dirección de la administración de entre 12 y 18 billones de pesos del FOMAG a una cuota de los partidos de la U y Conservador: Mauricio Marín. Un personaje turbio, ficha de las parapolíticas Zulema Jattin y Eleonora Pineda e investigado penal y disciplinariamente por presunta corrupción tras su paso por Ferrocarriles de Colombia. Petro puso al ratón a cuidar del queso.

Luego, en contra de la voluntad de FECODE el presidente prorrogó en dos oportunidades los contratos con los operadores de salud antiguos a los que acusaba de corruptos, aunque nunca los denunció en la Fiscalía como indica la lógica. Pero lo más grave es que el 1 de mayo se puso en marcha el nuevo y raquítico modelo de salud sin que existiera planeación, contratación completa de servicios, debida información a los usuarios, mecanismos de auditoría de costos y manuales tarifarios.

Ante la crisis, la reacción del gobierno ha sido tan lamentable como la implementación del modelo. En menos de 20 días el ministro de salud dio un salto mortal triple al pasar de decir que éste era el piloto de la reforma a la salud a recular afirmando que el modelo del magisterio en nada se parece al modelo de salud que propone el gobierno para el resto de la población. Mientras tanto, las ministras de Educación y Trabajo y el ministro de Hacienda, que integran la junta directiva del sistema, no aparecen.

La mayor canallada corre por cuenta de Petro. El domingo desde Twitter acusó a FECODE de ser el responsable político de la crisis, aunque ese sindicato no es quien gobierna. No en vano reza el dicho “mal le paga el diablo a quien bien le sirve”.

En el plano económico también se evidencia la autodestrucción. Se avecina una crisis de financiamiento del Estado, lo anterior por cuenta de estimaciones excesivamente optimistas de recaudo de impuestos e ingresos por litigios que realizó este gobierno a principios de su mandato.

Claro está que al mal cálculo se suma la caída en la inversión, que golpea de manera semejante a otros países de la región, y un cuestionado fallo de la Corte Constitucional que impide al gobierno recaudar 6.7 billones de pesos vía prohibición de deducción de regalías para el impuesto de renta de las empresas mineras.

La semana pasada la Corte realizó una audiencia para escuchar al ministro de Hacienda sobre este último tema. Se trataba de la oportunidad de oro para convencer a los magistrados de que implementar de inmediato el fallo implicaba afectar la sostenibilidad fiscal del país, razón por la que debían modificar su decisión y darle un salvavidas al gobierno para ajustar las finanzas públicas. El ministro Bonilla llegó a la cita más importante de su vida y de las finanzas de su gobierno sin haberse preparado. En el pasado, otros ministros hacían lobby por el despacho de cada magistrado, llevaban presentaciones rigurosas y calculadora en mano para convencer a la Corte.

Fue tal la negligencia de la presentación del ministro que algunos de sus funcionarios optaron por abandonar la audiencia para evitar la pena ajena. Naturalmente la Corte ratificó su fallo, apretando el presupuesto nacional.

A la autodestrucción escapaba el poco resistido proyecto de ley estatutaria de educación. Algunos se atrevieron a titular que la educación era el verdadero acuerdo nacional. Desafortunadamente el pésimo manejo que le dio el gobierno a la elección de rector en la Universidad Nacional detuvo el avance del proyecto y tiene en crisis a la universidad pública más importante del país.

El gobierno estaba advertido sobre las trampas que una camarilla iba a utilizar para violar las reglas e imponer a un rector ilegítimo; podría haber evitado que se usara. Además, era claro que Petro no tenía en sus delegadas la mayoría para elegir al rector, motivo por el que debía emprender una campaña activa para lograr un voto adicional.

Ni lo uno ni lo otro. Las delegadas de Petro se dejaron meter una metodología de elección ilegal y no se movieron para garantizar la mayoría.

Al final, docentes, estudiantes y contribuyentes son quienes pierden, porque no ven la materialización del cambio. Vaya uno a saber si los “errores” del gobierno han sido premeditados, pero la autodestrucción encaja perfectamente con el caprichoso deseo de convocar a una constituyente.

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

En Colombia no es sencillo hacer pedagogía sobre el genocidio al que se encuentra sometido el pueblo palestino por parte del Estado de Israel.

Con frecuencia la primera referencia que cualquier persona tiene sobre Israel se remite a la Biblia, se asocia con ideas positivas, gestas y tierras para adorar a Dios. Por lo mismo, es normal que los cuestionamientos al Estado de Israel fácilmente se confundan con alguna especie de crítica a las figuras del catolicismo, aunque esa nunca es la intención.

Esta semana un partido de fútbol, el deporte de referencia global, nos puso nuevamente a hablar del tema. Pero una vez más el preconcepto, sumado a los inconformismos coyunturales con el gobierno que apoya la causa palestina, termina nublando el fondo del asunto: recordar que la causa palestina es una causa de toda la humanidad.

Lo peor es que esas confusiones terminan expresadas en ríos de caracteres de agravios en las redes sociales.

Un muy rápido recuento

El 14 de mayo de 1948 se creó el Estado de Israel por resolución de la ONU. Nadie puede negar, ni dejar de rechazar, el genocidio al que el nazismo sometió al pueblo judío. Tampoco se puede desconocer que dicho pueblo tiene vínculos históricos con el territorio que hoy ocupa Israel. Mucho menos se deben revivir discursos de odio contra su pueblo o su religión.

Sin embargo, la creación del Estado de Israel fue una solución de escritorio de colonialistas occidentales, especialmente Inglaterra, sin importar que la misma afectaría a un territorio habitado por palestinos, creando nuevas catástrofes humanitarias.

Desde entonces el pueblo palestino ha sido víctima de la ocupación de su tierra por vías militares y jurídicas -estas últimas no conformes con el derecho internacional-.

De 1948 a 1967 alrededor de 750 mil palestinas -que equivalen a la actual población de Cúcuta- tuvieron que desplazarse forzadamente en su región, hacia Gaza y Cisjordania. También tuvieron que hacerlo por todo el mundo, encontrando, entre otros, a Chile como un país de alta recepción de migrantes en nuestro continente.

Además, el pueblo palestino ha sido perseguido en su tránsito, ha sufrido la construcción de muros que dividen sus tierras -2002-, ha visto asesinatos sistemáticos de parte del Estado de Israel y no ha tenido el derecho de tener un Estado plenamente reconocido en instancias internacionales.

Toda esta política de naturaleza colonialista ha sido sistemáticamente patrocinada por las grandes potencias occidentales, proveedoras de armas a Israel.

La actualidad

Décadas de colonialismo han dado pie a grupos y conflictos armados en la región, incluyendo actos completamente condenables como la masacre de más de 1.200 civiles de Israel el 7 de octubre de 2023 a manos de Hamás.

Tal como ha sido su costumbre, el Estado de Israel ha respondido con tal desproporción que viola las distintas normas del derecho internacional que buscan prevenir el genocidio y los crímenes de guerra.

La ONU hoy registra que Israel ha asesinado a más de 35 mil personas desde el 8 de octubre, la misma cantidad de vidas que podría colmar el estadio El Campín de Bogotá. 7.797 son niños y niñas.

La ofensiva de Israel en estos meses ha provocado el desplazamiento de más de un millón de habitantes de Gaza -población semejante a la de Barranquilla- hacia campos de refugiados en Rafah.

Como si eso fuera poco, Israel ha bombardeado estos campos desde el 6 de mayo, provocando 450 mil nuevos desplazamientos -más que la población de Manizales-. Su objetivo es la desaparición del pueblo palestino.

El partido como inatajable excusa

La presencia en Colombia de un equipo de fútbol chileno que representa la migración palestina tenía que ponernos a hablar, sí o sí, del genocidio. Seguramente muchas personas podrán preferir no tener que mezclar el momento político con el espectáculo deportivo, pero ello sería pretender pasar por la NQS en día de partido sin ver hinchas entrando al Campín.

Lo realmente importante, más allá del resultado futbolístico o la “incómoda” mezcla de temas, es que nuestra sociedad pueda reflexionar sobre un asunto tan profundo para la existencia misma de la humanidad.

Estas líneas son un aporte para ello y para que quienes legítimamente desconocen del tema puedan aproximarse al mismo con pausa y sensibilidad.

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

Con frecuencia olvidamos que muchas garantías laborales y sociales que disfrutamos son resultado de luchas sindicales. Han sido múltiples los liderazgos de trabajadores y trabajadoras que hacen del mundo un lugar mejor.

Aunque el sindicalismo en Colombia no goza de una imagen muy positiva, ha sido opacado por una percepción injusta y muchas veces cargada de lugares comunes, noticias falsas o mitos, la realidad es distinta.

Son múltiples los liderazgos sindicales que trabajan a diario por la lucha contra la corrupción en el sector público, la mejora de las garantías laborales de jóvenes precarizados por nuevas relaciones productivas, el respeto por la independencia sindical frente al gobierno y los patronos, el acceso a la justicia, la seguridad aérea, la creación de conocimiento y ciencia, entre otras.

Todos estos liderazgos son silenciosos ante los grandes reflectores de la coyuntura, o el griterío nacional. La mayoría son de personas que invierten sus recursos económicos, tiempo, salud física o mental para que sean reconocidos y mejoradas las de sus pares. A continuación comparto algunos ejemplos destacables.

En la Fiscalía General de la Nación se encuentra ATRAES -FGN, organización sindical que más que pelear por su bolsillo, ha emprendido una cruzada contra la corrupción. Su causa se enmarca en exigir que más de 17 mil puestos de trabajo de la Fiscalía sean proveídos por concursos de méritos, no por recomendaciones o favores politiqueros.

A la fecha han logrado seis fallos judiciales que ratifican que los últimos tres fiscales han preferido la feria de puestos por encima del mérito y la eficiente prestación del servicio para destrabar la muy esquiva justicia del país.

Por su parte, en el ICBF, la organización Sintrabienestar insiste en la urgencia de fortalecer los equipos multidisciplinarios de las Defensorías de Familia. Abogan mejoras de la institución para poder atender las crecientes denuncias y casos de violencia intrafamiliar en contra de niños, niñas y adolescentes.

Resaltan que las crecientes obligaciones que imponen leyes como la 2126 de 2021 son necesarias para la niñez colombiana, pero que sólo pueden ser atendidas si se fortalece el talento humano. Mientras ello no suceda, no habrá verdadero acceso a la justicia y los y las trabajadoras seguirán explotadas, tanto mental como laboralmente.

En el sector aeronáutico Sintratac y ACAV representan a tripulantes y operarios de servicios conexos al transporte aéreo. Estas organizaciones han liderado un proceso de unidad entre sindicatos, empresas y entidades públicas para crear una ley que prevenga las violencias que sufren por parte de pasajeros disruptivos.

El fenómeno de pasajeros disruptivos incluye conductas de violencia física, sexual y riesgo de la seguridad de la operación de los vuelos, tanto en tierra como en aire y, dada la violencia machista, suele afectar más a las auxiliares de vuelo. La iniciativa claro que protege la integridad de estas trabajadoras, pero también piensa en cómo mejorar las condiciones de seguridad de vuelo para los usuarios.

Finalmente, destaco el compromiso por la justicia y resocialización de las personas que adelanta FECOSPEC, organización que agremia a varios sindicatos del INPEC. Sus dirigentes promueven la dignificación del sistema penitenciario, empezando por las necesidades de quienes trabajan en el mismo.

La emergencia carcelaria decretada por el Ministerio del Interior no ha impedido que grupos delincuenciales sigan asesinando a guardas del INPEC, van 4 este año. Antes que pedir prebendas salariales, FECOSPEC busca incidir en decisiones técnicas, modificaciones legales o el fortalecimiento institucional para reducir la criminalidad que opera en el interior de las cárceles y afecta a la sociedad en general.

Este año Petro, apurado por la masiva movilización del 21 de abril en su contra, decidió asaltar la fecha del 1 de mayo. Aunque algunos sindicatos puedan coincidir plena o parcialmente con el gobierno, enmarcar su agenda política en la fecha histórica e internacional de los y las trabajadoras es, cuando menos, abusivo.

Por lo mismo, varios sindicatos que no fueron afines a los gobiernos anteriores, o que incluso votaron por el actual, decidieron no movilizarse o hacerlo en conmemoración de sus causas, sean o no las del gobierno.

A pesar de las polémicas coyunturales que enmarcaron el pasado 1 de mayo, invito  valorar lo sustancial: que se reconozca la importancia de la labor sindical. Más allá del encuadre gobiernista, hay muchas razones para agradecer a quienes dedican su vida al reconocimiento de derechos de otras personas.

Escrito por Carlos Acero Castellanos 

Lentamente se desangra el presupuesto nacional por cuenta de los acuerdos internacionales de protección de inversiones, la mayoría contenidos en los TLC. De fallo en fallo Colombia está pagando, literalmente, los platos rotos de haber suscrito tratados internacionales de naturaleza neocolonial.

Lo más escandaloso es que como consecuencia de estos malos acuerdos el país pierde con cara y con sello.

Amparado en uno de estos acuerdos, un ciudadano estadounidense reclama más de 1 billón de pesos porque la Fiscalía extinguió el dominio de los predios en las que construía un complejo inmobiliario en Medellín, terrenos adquiridos a narcos de la Oficina de Envigado. Lo que no cuenta el demandante es que hay evidencia de que su demanda está siendo financiada por el mafioso alias “Maracuyá”. Absurdamente lo más probable es que condenen al Estado.

En otro caso, la multinacional minera Red Eagle Exploration Limited demandó al Estado por medio billón de pesos por la prohibición de actividades mineras en el páramo de Santurbán. En un reciente fallo de un Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial no se encontró culpable a Colombia pero sí nos puso a pagar casi 12 mil millones de pesos por concepto de costas procesales.

Vale la pena recordar que por la misma protección del páramo de Santurbán otra multinacional canadiense, Eco Oro, también demandó y derrotó a Colombia en otro Tribunal del CIADI. A la fecha no se conoce el monto de la indemnización que se deberá pagar, pero esta puede superar los 2 billones de pesos, monto solicitado por la empresa demandante.

Increíblemente en estos últimos dos casos la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- ha celebrado las costosas decisiones de los tribunales, alegando que no se dio plena validez a los argumentos de las empresas. Colombia: el país del mundo al revés.

Organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité en Defensa del Páramo de Santurbán cuestionan la visión conformista de la ANDJE. Además, insisten en solicitarle al gobierno de Petro que, en coherencia con su mandato de cambio, se retire del CIADI y denuncie todos los tratados de protección de inversiones.

El camino que proponen estas organizaciones es el que acaba de emprender Honduras. Esta ruta persigue la defensa de la soberanía nacional, las finanzas públicas y preservar el derecho de los Estados a regular múltiples asuntos sin estar sometidos al terror de multimillonarias demandas internacionales.

Decisiones como las sugeridas por las organizaciones de derechos humanos o la de Honduras no son caprichos . Con gran rigor académico, los profesores Prieto-Ríos y Urueña

han aportado a los debates contemporáneos de derecho internacional económico

identificando que:

“El régimen de protección internacional de inversiones extranjeras es probablemente el sistema más cuestionado, ya que se urigen ha sido enmarcado en el más agresivo expansionismo imperialista, mientras que el sistema de solución de disputas inversionista-Estado ha sido sistemáticamente cuestionado como sesgado a favor del inversionista poco transparente en su proceso de toma de decisiones, incoherente e impredecible”.

Desafortunadamente el gobierno no da luces de seguir el ejemplo hondureño, de las exigencias de organizaciones sociales o las recomendaciones académicas. Por el contrario, Petro ha suscrito nuevos mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado en dos tratados adicionales, uno con Emiratos Árabes y otro con Venezuela. Además, negocia uno semejante con Catar.

Aunque estos nuevos tratados puedan contener algunas protecciones mayores para el Estado en materia ambiental o que los tribunales no se constituyan en el CIADI del Banco Mundial, que persista la idea de que el modelo a seguir es el de tribunales de arbitraje inversionista-Estado es el gran error.

Los gobiernos de izquierda de Colombia y Venezuela pierden una oportunidad histórica para construir nuevos y verdaderos paradigmas, distintos a los usados por las potencias del norte global, en materia de promoción de cooperación y promoción de inversiones.

A la fecha Colombia tiene activos 15 litigios internacionales de inversión con pretensiones de casi 60 billones de pesos, si el gobierno no denuncia dichos tratados la avalancha de demandas será catastrófica. Más aún si persiste en decisiones como la intervención a Sanitas – Keralty de España- o la suspensión de la licitación de pasaportes -Thomas Greg & Sons de Reino Unido-.

Los tribunales internacionales, impredecibles pero usualmente favorables para las multinacionales, seguirán desangrando las finanzas del país.

Nota: En enero salió de la ANDJE una de las funcionarias que más insistió en ver como victorias las derrotas de Colombia en los tribunales y que defendió la permanencia del país en los modelos de solución de controversias inversionista-Estado. Los medios la presentaron como una gran pérdida para el país. Colombia: el país del mundo al revés.