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EL ESPECTADOR

“La coalición de gobierno es un sancocho que me genera mucha desconfianza”

Santiago Torrado*

La representante de Dignidad y Compromiso abandera las causas feministas y los temas relacionados con el movimiento estudiantil al que perteneció

Como representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, de 27 años, encabezó la rueda de prensa que reunió a distintas generaciones de mujeres feministas hace dos semanas en el nuevo edificio del Congreso, en el corazón de Bogotá. Era una suerte de anfitriona. Junto a Sara Tufano, María Antonia García de la Torre, Juana Afanador, Mónica Godoy y Ángela María Robledo –la excongresista que la inspiró a participar en política–, denunciaron, por enésima ocasión, la difusión de un discurso de odio contra las feministas, acompañado de ciberacoso, desde la misma izquierda. Y más concretamente, las amenazas de un militante de Colombia Humana, el movimiento político del presidente Gustavo Petro, que en las redes sociales se hace llamar ‘Dragón Negro’. “Afilaré mi catana”, les decía en un mensaje el mes pasado. “Esto no es una metáfora en un país donde descuartizan mujeres”, denunció Pedraza con firmeza ante las cámaras.

Economista y ‘madre’ de tres perros, Pedraza es la congresista más joven de Colombia. Hace ocho meses aterrizó en el Capitolio y ya es también una de las voces más visibles entre los legisladores que se declararon en independencia frente al Gobierno. Abandera las causas feministas y los temas relacionados con el movimiento estudiantil, la escuela política en la que se forjó durante las protestas de los últimos años. Su principal proyecto legislativo es sobre financiación de la educación superior, y ese es también el tema de su tesis de maestría.

Mónica Godoy, consultora en prevención de la explotación y abuso sexual; Sara Tufano, socióloga feminista y columnista; Jennifer Pedraza, representante a la Cámara; Ángela María Robledo, docente, escritora y política y Juana Afanador, socióloga y feminista, durante una rueda de prensa en Bogotá, el pasado 30 de marzo.NATHALIA ANGARITA

Sus reclamos de los últimos meses al Ejecutivo han incluido pedir la salida de Henry Sanabria, el homófobo y ultra religioso jefe de la Policía al que Petro destituyó este miércoles, o denunciar el acoso sexual de un académico que iba a ser embajador, Víctor de Currea-Lugo. Ese episodio le valió los ataques de Germán Navas Talero, un veterano exrepresentante del Polo Democrático Alternativo, un partido de izquierda al que ella también perteneció. “Es una profunda decepción. Pero lejos de intimidarnos, lo que eso hace es darnos más herramientas para mostrar lo necesaria que es nuestra voz en política”, reflexiona.

“Voté por el presidente Petro en segunda vuelta, pero creo que hay que hacer una labor de control político. De lo contrario es difícil que las cosas cambien y el Congreso sigue estando conformado en su mayoría por partidos políticos tradicionales”, dice Pedraza a EL PAÍS en un café junto al Capitolio. “El movimiento social debe ser activo. Debemos seguir defendiendo la agenda que siempre nos ha llevado a las calles”, a pesar de las coincidencias que pueda haber con el actual mandatario, valora.

Colombia vivió un estallido social sin precedentes durante el periodo de Iván Duque (2018-2022). En esas oleadas de protestas, que se remontan hasta finales de 2019, antes de la pandemia, el movimiento estudiantil –de universidades públicas y privadas– tuvo un papel protagónico. En términos políticos, fue el presidente Petro, un político veterano, quien capitalizó el descontento al imponerse en las elecciones del año pasado con el voto mayoritario de los jóvenes. Pero en los comicios legislativos también emergieron otras figuras vinculadas a las protestas. Entre esa camada de renovación se destaca Pedraza, que fue una visible representante estudiantil de la Universidad Nacional y miembro del Comité del Paro que agrupaba a las organizaciones que convocaron las primeras manifestaciones.

Como parte de las listas de la coalición del centro político, a pesar de haber militado en la izquierda, es también la única representante de Dignidad y Compromiso, el nuevo partido surgido de la fusión de los movimientos de Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo. Está muy involucrada en la escuela de formación política del partido y en los esfuerzos por promover candidaturas para las elecciones locales de octubre, especialmente de jóvenes y mujeres. “Representamos a las personas que estamos agotadas de la politiquería”, afirma. “Sentimos que Colombia merece un mejor cambio que el que está proponiendo el presidente Petro. No concebimos como uno puede hacer un cambio con la política de siempre”.

Jennifer Pedraza/ El 30 de marzo de 2023.NATHALIA ANGARITA

Se posiciona sin tapujos frente a las tres grandes reformas sociales que el Gobierno pretende aprobar en el Congreso. Celebra la laboral como una manera de recuperar los derechos que los trabajadores perdieron durante el periodo del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), y plantea ajustes para la pensional y la sanitaria. “En un semáforo, le pondría el rojo a la reforma a la salud, donde más hay que poner la lupa; el amarillo a la pensional, para que fortalezca realmente el régimen público de pensiones; y el verde para la laboral”, sintetiza.

“Hay un mandato social de cambio que en algunos aspectos el Gobierno ha representado bien”, matiza al valorar como aciertos la reforma laboral o la creación de un sistema nacional de cuidado en el Plan Nacional de Desarrollo. “Pero hay otros asuntos en los que por el contrario hay que marcar distancia”. Entre sus reparos, subraya la manera en que ha tratado los temas relacionados con las mujeres. “No ha habido poder humano que logre que el Gobierno declare emergencia nacional por violencia machista, que es la exigencia que movimiento feminista en Colombia ante la ola de feminicidios, apunta. Considera que hay una deuda simbólica. “El Gobierno ha respaldado y se ha puesto del lado de sus funcionarios que han sido denunciados por violencia y por acoso sexual”, recuerda al enumerar los señalamientos contra Mauricio Lizcano, el secretario de la Presidencia, o el propio Currea-Lugo, que acabó por declinar su designación.

Independientemente del balance final que arroje en Chile la presidencia de Gabriel Boric, todavía lo considera una fuente de inspiración como una experiencia de liderazgos surgidos del movimiento estudiantil. “Ese vínculo entre el movimiento social y la política es muy importante”, señala. Recuerda que incluso ella calificaba de “vendidos” a los líderes que se lanzaban, pero ha cambiado de opinión. “Considero hoy que si el movimiento estudiantil no llega a estos espacios, si no participa de la política, si no se mete en política, va a seguir padeciendo lo que decidan los políticos profesionales”, argumenta. “Hay un terreno grande por conquistar. Ya no creo que sean vendidos. Todos los sectores del movimiento social, incluso con los que yo no coincido, tenemos que tomarnos la política y empezar a hacer política para la gente. Ese es el punto central”.

Gorgona es reconocida como la "Isla Ciencia", por la gran cantidad de información que proporciona. Foto: Ministerio de Ambiente

Gobierno no tiene posición tomada frente a obras de la Armada en Gorgona: Minambiente

El lunes (13 de marzo), en el Congreso de la República se llevó a cabo la audiencia pública “Salvemos a Gorgona”, convocada por Jennifer Pedraza y Juan Carlos Losada, Representantes a la Cámara por Bogotá, y la senadora Angélica Lozano.

En ella, representantes de las poblaciones del Pacífico colombiano, de la academia y de la Armada Nacional, presentaron sus posiciones a favor y en contra de las obras que esta última institución quiere adelantar en el Parque Nacional Natural Gorgona. Desde finales del año pasado, cuando se conoció que en enero de 2023 iniciaría la construcción de un muelle de más de 130 metros —una de las obras más cuestionadas—, el debate sobre la viabilidad de estas construcciones se volvió a prender, como contamos en este texto.

Hacia el final de la audiencia pública, que duró poco más de cuatro horas, intervino la ministra de Ambiente, Susana Muhamad. Lo primero que aclaró la encargada de la cartera ambiental es que “la posición del gobierno frente a este debate no está tomada todavía. No hay una posición en este momento”.

“Frente al proyecto de Gorgona, queremos lograr una decisión acertada con el mayor consenso social posible. Hay que hacer el análisis completo: técnico, jurídico, contractual y social, para tomar una decisión balanceada; también con la información detallada y definida”, expresó la ministra tras la audiencia pública en su cuenta de Twitter.

Pese a que el gobierno aún no decide si permitir o no las obras, que también incluyen la instalación de un radar, la ministra aseguró que el proyecto se encuentra suspendido por decisión del gobierno nacional. “En el cronograma este proyecto tenía que empezar en noviembre”, pero las obras no han iniciado, aclaró Muhamad, porque se quieren recibir cada una de las observaciones que las comunidades y la academia están haciendo sobre estas construcciones.

Uno de los participantes de la audiencia preguntó si existe un acto administrativo que oficialice la suspensión del proyecto, a lo que la ministra contestó que “no hay un acto administrativo porque es una suspensión para estudiarlo”. Muhamad recalcó que las obras que la Armada pretende adelantar en Gorgona no se pondrán en marcha hasta que “el gobierno no confronte todas las dudas que han venido desde diversos sectores de la ciudadanía”.

La jefa de la cartera ambiental aprovechó su intervención para señalar que, desde noviembre de 2022, han adelantado más de 36 reuniones con distintas comunidades de la región pacífica, así como con sectores de la academia, para escuchar las observaciones que planten sobre este proyecto. Muhamad agregó que, junto con la vicepresidenta Francia Márquez y distintas poblaciones de la región, instalaron ‘La mesa para la gobernanza ambiental del territorio insular étnico y estratégico Gorgona – Sanquianga”.

Aunque la ministra fue enfática en señalar que el gobierno todavía no ha tomado una decisión sobre el futuro de las obras, durante su participación en la audiencia señaló que en temas de investigación, “la Armada puede ser un actor positivo, pues tienen una capacidad de investigación oceanográfica”.

Fiscalía: impunidad y mermelada

Jennifer Pedraza Sandoval

Al volver de una cárcel de Estados Unidos, Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción condenado por corrupto, confesó que en la Fiscalía General de la Nación se nombran fiscales “para hacer mandados. Sicariato judicial. Y para ser chaleco antibala de unos y […] joder a otros”. También se sabe que a la fiscal Angélica Monsalve la hostigaron e intentaron trasladar de Bogotá a Putumayo por imputar cargos a un miembro de la cuestionada -pero muy poderosa- familia de contratistas Ríos Velilla. Como si proteger ladrones de cuello blanco fuera poco, los delitos contra la ciudadanía no se investigan oportunamente, se vencen términos, reina la impunidad.

Parte del problema es que la Fiscalía se ha resistido a nombrar en más de 17.000 cargos a personas mediante concurso de méritos, poniendo en riesgo la independencia y autonomía de la justicia. Y la cereza del pastel: en el Congreso de la República Roy Barreras y el fiscal Francisco Barbosa promueven un proyecto de ley que crearía otros 6.000 cargos en la Fiscalía nombrados a dedo.

La Fiscalía ocupa el deshonroso segundo puesto de las entidades públicas más desprestigiadas del país y mediciones internacionales corroboran la percepción ciudadana. Según el World Justice Project, Colombia se ubica en el puesto 136 de 140 en efectividad del sistema de investigación criminal.

Todo indica que Barbosa está cómodo manejando la Fiscalía a su antojo porque ha incumplido el Decreto Ley 020 de 2014 que le ordenó a la Fiscalía convocar a concurso los cargos de carrera vacantes, provisionales o de libre nombramiento y remoción. La norma también estableció un plazo de tres años para cumplir esta orden. Hoy, nueve años después no ha ocurrido.

Como el concurso no se realizó, el sindicato ATRAES-FNG demandó su cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2019. La justicia le dio la razón al sindicato. A pesar de que la Fiscalía ha presentado múltiples recursos para incumplir la norma, seis decisiones judiciales han ratificado la sistemática violación normativa, tres del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y tres del Consejo de Estado.

A modo de cortina de humo, en 2021 la Fiscalía abrió un concurso para proveer 500 cargos por concurso de los 17.000 requeridos, y dijo que hasta el 2024 seleccionaría hasta 3.500 más (21 %). Con ese argumento intentó justificar ante la justicia que no exista un plan para vincular progresivamente por concurso la totalidad de los cargos, pero el Consejo de Estado ha sido claro: se deben proveer TODOS los cargos, no unos pocos.

Como si lo anterior fuera poco, el fiscal Francisco Barbosa y Roy Barreras presentaron el Proyecto de Ley 157 de 2022 para crear 6.000 nuevos cargos a dedo, que le costarían un billón de pesos a Colombia. Con el parágrafo del artículo 3 quieren meter la trampa en la ley al permitir que sean provisionales. En contraste, el Ministerio de Hacienda sostiene que celebrar el concurso incumplido le costaría 320.000 millones en un plan a cinco años, garantizando que se contraten por méritos a personas calificadas e independientes. Cumplir la ley es más barato.

En la medida que los funcionarios de la Fiscalía no lleguen a sus cargos por mérito propio, sino para ocupar un puesto en razón a un favor político, la entidad de investigación criminal del país seguirá siendo un perverso aparato clientelista en detrimento de la justicia.

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