EL ESPECTADOR

En el congreso se tramitarán varios proyectos de reforma a la salud. EFE/ Carlos Ortega

Foto: EFE – Carlos Ortega

Este jueves,1 de agosto, 21 organizaciones médicas y de profesionales de salud que conforman el grupo de “Acuerdos Fundamentales”, con el apoyo de la “bancada independiente”, conformada por los congresistas Katherine Miranda, Cathy Juvinao, Julia Miranda, Jennifer Pedraza, Humberto de la Calle, Alejandro García, entre otros, radicarán un Proyecto de Reforma a la Salud.

La propuesta fue publicada inicialmente el miércoles 10 de julio, y esperaban radicarla el 20 de julio; sin embargo, la fecha fue corrida un par de días. La propuesta incluye la transformación de las EPS en Gestoras de Vida, tal como lo planteaba el proyecto del Gobierno. Sin embargo, y a diferencia de ese articulado hundido en el Senado, en el proyecto de las sociedades científicas las Gestoras de Vida mantienen funciones clave como la articulación y conformación de las redes de servicio (los llamados Centros de Atención Primaria, y los hospitales y clínicas de mediana y alta complejidad).

Recientemente, quienes apoyan este proyecto emitieron una carta explicando los puntos principales. En esta mencionan que uno de los objetivos es reorganizar el sistema de salud a través de la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley Estatutaria en Salud.

Por esto, se contempla eliminar la intermediación financiera “pues dispone el giro directo a los prestadores de servicios de salud, ordenando una función específica operativa y logística en la organización del sistema y los prestadores estarán organizados mediante las redes integrales e integradas de servicios de salud”, mencionan.

Sobre las EPS o Gestoras de Vida, mencionan que no permitirán que se integren verticalmente en el nivel complementario, es decir, ser dueñas de hospitales o clínicas de la red con la que contratan los servicios de sus afiliados en un periodo máximo de dos años. También propone que estas entidades sean las encargadas de realizar las funciones de auditoría, complementado por la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES).

Otros puntos son que responsabiliza a las gestoras por el paciente, mantiene la rectoría del sistema en el Gobierno, “pero aprovecha la experiencia ganada durante década por las gestoras en la operación de redes y la producción de resultados en salud”, y propone un ajuste en la metodología y cálculo de la Unidad de pago por capitación (UPC), el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud.

El proyecto busca que el Consejo Nacional de Salud contrate un estudio independiente para determinar una nueva metodología de cálculo de la UPC, para garantizar su suficiencia. Por otra parte, en conjunto con el Ministerio de Salud, anualmente determinarán el aumento de la UPC de forma objetiva y clara.

Sobre los puntos de financiación menciona que se buscarán nuevas fuentes y que proponen corregir la destinación de los impuestos saludables, entre otras rentas específicas y modificar los porcentajes del Sistema General de Participaciones.

Por: Diana Camila Eslava

Jennifer Pedraza es economista y estudiante de Maestría de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.

Foto: Nathalia Angarita

¿Cómo ve el proceso que está viviendo la Universidad Nacional?

La educación pública ha sido el puente para que varias generaciones de colombianos y colombianas accedan a la formación superior. Por eso, la discusión sobre el manejo que el Consejo Superior le ha dado a las decisiones de la universidad es crucial. En el pasado, a pesar de que los estudiantes y profesores elegíamos a los representantes y votábamos por candidatos, el resultado nunca coincidía con los intereses de la mayoría en el Consejo. Es hora de que se respete la voluntad de la comunidad universitaria y se elija como rector a quien ha sido respaldado por la mayoría en la consulta. La Universidad Nacional es un espacio de democracia y participación real.

¿Qué cree que falta para que las personas que ven externamente este proceso lo entiendan sin prejuicios?

Lo primero que debemos hacer es poner fin a la violencia como expresión del movimiento estudiantil. En un país como el nuestro, tan marcado por la violencia, esto solo refuerza estereotipos que intentan desacreditar nuestras demandas y despojarlas de legitimidad. Algunos argumentan que las elecciones democráticas de directivas podrían derivar en politiquería. Sin embargo, la democracia, con todos sus defectos, sigue siendo el mejor mecanismo que tenemos para tomar decisiones sobre asuntos de interés público.

¿Cómo funciona la elección de la rectoría en la Universidad Nacional?

En la Universidad Nacional el sistema de consulta establece que el voto de los profesores tiene un peso del 60 %, el de los estudiantes del 30 % y el de los egresados del 10 %. Tiene sentido, porque los profesores invierten toda su vida en la universidad, mientras que los estudiantes pasamos unos pocos años. De los nueve integrantes del Consejo Superior, solo dos son elegidos directamente por la comunidad universitaria: el representante estudiantil y el representante profesoral. En el Consejo Académico, solo cuatro de los 33 integrantes son elegidos democráticamente por la comunidad, mientras que el resto son designados por la rectoría, sin respetar las consultas.

Hablemos de su trayectoria política. ¿Cómo fueron esos primeros años?

Soy santandereana, nacida en Bucaramanga, donde el alcalde de izquierda Iván Moreno, hermano de Samuel Moreno, se vio envuelto en corrupción. A pesar de esto, siempre me identifiqué con la izquierda. Mi infancia en el barrio popular La Cumbre estuvo marcada por la inseguridad y un fuerte tejido social. Mis padres me dieron una educación de calidad en el colegio New Cambridge. La brecha entre mi realidad y la de mis compañeros del colegio, que planeaban estudiar en el extranjero mientras mis amigos del barrio apenas podían aspirar a una carrera técnica en el Sena, alimentó mi conciencia social y mi inclinación hacia la izquierda.

Se presentó a la Universidad Nacional y pasó…

Al ingresar a la Universidad Nacional, en 2012, esperaba un movimiento estudiantil fuerte, pero encontré uno fragmentado y desarticulado, así que comencé a replantear mi visión de la política electoral. Me di cuenta de que, aunque había decepción por los escándalos de corrupción, no podíamos abandonar la política electoral. Decidí unirme al Polo Democrático como una forma de canalizar mis ideales y compromisos políticos.

¿Y desde ahí cómo se desarrolló su enfoque político?

Mi interés en la política se vio fortalecido por temas como la soberanía nacional frente a los tratados de libre comercio. Estos temas me llevaron a participar en debates, foros y me involucré en la representación estudiantil. Experimenté de primera mano las deficiencias de infraestructura en la universidad, lo que me condujo a reflexionar sobre la responsabilidad que teníamos de velar por el futuro de la institución. A pesar de mi afiliación política al Polo Democrático, siempre he abogado por la diversidad de opiniones, reconociendo el valor del debate y el intercambio de ideas entre personas de diferentes espectros políticos.

¿Cómo maneja la presión y el escrutinio público en su vida personal?

Antes de este trabajo no solía ir a terapia. Ahora tengo que meditar constantemente y, a veces, desconectarme de la política, especialmente por la violencia de la que he sido víctima. Hoy creo que este es un trabajo que requiere un nivel de madurez personal muy alto, algo en lo que no había pensado antes. Necesito sacar tiempo para dedicarme a mí misma.

¿Una política como usted cómo se mantiene fuerte e independiente dentro de un ambiente polarizado?

Nunca tomo decisiones políticas o defino mis posturas sin considerar la opinión de mi equipo. Tenemos una relación muy horizontal, en comparación con otros equipos de UTL. Esto me permite no cargar con la responsabilidad de tomar y sostener decisiones individuales, sino que lo hacemos de manera colectiva. Formo parte de “Primero la gente”, que es una tendencia dentro del partido Dignidad y Compromiso, compuesta principalmente por jóvenes. Además, a veces recurro a la experiencia de personas como Sergio Fajardo o Jorge Robledo.

¿Hay algún momento en su carrera política o activista en el que haya sentido que estaba a punto de renunciar? ¿Qué la hizo seguir adelante?

Hay muchos días en los que digo que no quiero volver a ser candidata al Congreso. Cada vez que tengo un encontrón con Hollman Morris, por ejemplo, siempre hay calumnias y ataques sistemáticos de parte de las bodegas. En esos momentos, siento que no tengo el callo necesario para este trabajo. Durante las movilizaciones de 2018, unas personas encapuchadas en la Universidad del Valle me lanzaron explosivos a la cara. Aunque no me alcanzaron a golpear, ese día estuve muy asustada. Cuando me reúno con organizaciones de mujeres, organizaciones juveniles, estudiantiles y de trabajadores, pienso: esto es lo que me apasiona. No quiero ceder este espacio que tanto nos ha costado ganar.

¿Qué consejo les daría a las personas jóvenes que aspiran a incursionar en la política y el activismo?

Primero, que se organicen. Esta tarea no es sencilla y no debemos asumirla solos. Es importante para discutir temas políticos con personas de confianza y con puntos en común, porque enfrentar los grandes poderes y la violencia política solos es muy difícil. Segundo, que se metan en política. Todo lo que hacemos es político: desde conseguir trabajo hasta enfrentar el acoso en la calle. A la juventud nos corresponde abrir una tercera vía entre el uribismo y el pacto histórico, una alternativa con fuerza que plantee un país diferente.

Santiago Torrado*

La representante de Dignidad y Compromiso abandera las causas feministas y los temas relacionados con el movimiento estudiantil al que perteneció

Como representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, de 27 años, encabezó la rueda de prensa que reunió a distintas generaciones de mujeres feministas hace dos semanas en el nuevo edificio del Congreso, en el corazón de Bogotá. Era una suerte de anfitriona. Junto a Sara Tufano, María Antonia García de la Torre, Juana Afanador, Mónica Godoy y Ángela María Robledo –la excongresista que la inspiró a participar en política–, denunciaron, por enésima ocasión, la difusión de un discurso de odio contra las feministas, acompañado de ciberacoso, desde la misma izquierda. Y más concretamente, las amenazas de un militante de Colombia Humana, el movimiento político del presidente Gustavo Petro, que en las redes sociales se hace llamar ‘Dragón Negro’. “Afilaré mi catana”, les decía en un mensaje el mes pasado. “Esto no es una metáfora en un país donde descuartizan mujeres”, denunció Pedraza con firmeza ante las cámaras.

Economista y ‘madre’ de tres perros, Pedraza es la congresista más joven de Colombia. Hace ocho meses aterrizó en el Capitolio y ya es también una de las voces más visibles entre los legisladores que se declararon en independencia frente al Gobierno. Abandera las causas feministas y los temas relacionados con el movimiento estudiantil, la escuela política en la que se forjó durante las protestas de los últimos años. Su principal proyecto legislativo es sobre financiación de la educación superior, y ese es también el tema de su tesis de maestría.

Mónica Godoy, consultora en prevención de la explotación y abuso sexual; Sara Tufano, socióloga feminista y columnista; Jennifer Pedraza, representante a la Cámara; Ángela María Robledo, docente, escritora y política y Juana Afanador, socióloga y feminista, durante una rueda de prensa en Bogotá, el pasado 30 de marzo.NATHALIA ANGARITA

Sus reclamos de los últimos meses al Ejecutivo han incluido pedir la salida de Henry Sanabria, el homófobo y ultra religioso jefe de la Policía al que Petro destituyó este miércoles, o denunciar el acoso sexual de un académico que iba a ser embajador, Víctor de Currea-Lugo. Ese episodio le valió los ataques de Germán Navas Talero, un veterano exrepresentante del Polo Democrático Alternativo, un partido de izquierda al que ella también perteneció. “Es una profunda decepción. Pero lejos de intimidarnos, lo que eso hace es darnos más herramientas para mostrar lo necesaria que es nuestra voz en política”, reflexiona.

“Voté por el presidente Petro en segunda vuelta, pero creo que hay que hacer una labor de control político. De lo contrario es difícil que las cosas cambien y el Congreso sigue estando conformado en su mayoría por partidos políticos tradicionales”, dice Pedraza a EL PAÍS en un café junto al Capitolio. “El movimiento social debe ser activo. Debemos seguir defendiendo la agenda que siempre nos ha llevado a las calles”, a pesar de las coincidencias que pueda haber con el actual mandatario, valora.

Colombia vivió un estallido social sin precedentes durante el periodo de Iván Duque (2018-2022). En esas oleadas de protestas, que se remontan hasta finales de 2019, antes de la pandemia, el movimiento estudiantil –de universidades públicas y privadas– tuvo un papel protagónico. En términos políticos, fue el presidente Petro, un político veterano, quien capitalizó el descontento al imponerse en las elecciones del año pasado con el voto mayoritario de los jóvenes. Pero en los comicios legislativos también emergieron otras figuras vinculadas a las protestas. Entre esa camada de renovación se destaca Pedraza, que fue una visible representante estudiantil de la Universidad Nacional y miembro del Comité del Paro que agrupaba a las organizaciones que convocaron las primeras manifestaciones.

Como parte de las listas de la coalición del centro político, a pesar de haber militado en la izquierda, es también la única representante de Dignidad y Compromiso, el nuevo partido surgido de la fusión de los movimientos de Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo. Está muy involucrada en la escuela de formación política del partido y en los esfuerzos por promover candidaturas para las elecciones locales de octubre, especialmente de jóvenes y mujeres. “Representamos a las personas que estamos agotadas de la politiquería”, afirma. “Sentimos que Colombia merece un mejor cambio que el que está proponiendo el presidente Petro. No concebimos como uno puede hacer un cambio con la política de siempre”.

Jennifer Pedraza/ El 30 de marzo de 2023.NATHALIA ANGARITA

Se posiciona sin tapujos frente a las tres grandes reformas sociales que el Gobierno pretende aprobar en el Congreso. Celebra la laboral como una manera de recuperar los derechos que los trabajadores perdieron durante el periodo del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), y plantea ajustes para la pensional y la sanitaria. “En un semáforo, le pondría el rojo a la reforma a la salud, donde más hay que poner la lupa; el amarillo a la pensional, para que fortalezca realmente el régimen público de pensiones; y el verde para la laboral”, sintetiza.

“Hay un mandato social de cambio que en algunos aspectos el Gobierno ha representado bien”, matiza al valorar como aciertos la reforma laboral o la creación de un sistema nacional de cuidado en el Plan Nacional de Desarrollo. “Pero hay otros asuntos en los que por el contrario hay que marcar distancia”. Entre sus reparos, subraya la manera en que ha tratado los temas relacionados con las mujeres. “No ha habido poder humano que logre que el Gobierno declare emergencia nacional por violencia machista, que es la exigencia que movimiento feminista en Colombia ante la ola de feminicidios”, apunta. Considera que hay una deuda simbólica. “El Gobierno ha respaldado y se ha puesto del lado de sus funcionarios que han sido denunciados por violencia y por acoso sexual”, recuerda al enumerar los señalamientos contra Mauricio Lizcano, el secretario de la Presidencia, o el propio Currea-Lugo, que acabó por declinar su designación.

Independientemente del balance final que arroje en Chile la presidencia de Gabriel Boric, todavía lo considera una fuente de inspiración como una experiencia de liderazgos surgidos del movimiento estudiantil. “Ese vínculo entre el movimiento social y la política es muy importante”, señala. Recuerda que incluso ella calificaba de “vendidos” a los líderes que se lanzaban, pero ha cambiado de opinión. “Considero hoy que si el movimiento estudiantil no llega a estos espacios, si no participa de la política, si no se mete en política, va a seguir padeciendo lo que decidan los políticos profesionales”, argumenta. “Hay un terreno grande por conquistar. Ya no creo que sean vendidos. Todos los sectores del movimiento social, incluso con los que yo no coincido, tenemos que tomarnos la política y empezar a hacer política para la gente. Ese es el punto central”.

El lunes (13 de marzo), en el Congreso de la República se llevó a cabo la audiencia pública “Salvemos a Gorgona”, convocada por Jennifer Pedraza y Juan Carlos Losada, Representantes a la Cámara por Bogotá, y la senadora Angélica Lozano.

En ella, representantes de las poblaciones del Pacífico colombiano, de la academia y de la Armada Nacional, presentaron sus posiciones a favor y en contra de las obras que esta última institución quiere adelantar en el Parque Nacional Natural Gorgona. Desde finales del año pasado, cuando se conoció que en enero de 2023 iniciaría la construcción de un muelle de más de 130 metros —una de las obras más cuestionadas—, el debate sobre la viabilidad de estas construcciones se volvió a prender, como contamos en este texto.

Hacia el final de la audiencia pública, que duró poco más de cuatro horas, intervino la ministra de Ambiente, Susana Muhamad. Lo primero que aclaró la encargada de la cartera ambiental es que “la posición del gobierno frente a este debate no está tomada todavía. No hay una posición en este momento”.

“Frente al proyecto de Gorgona, queremos lograr una decisión acertada con el mayor consenso social posible. Hay que hacer el análisis completo: técnico, jurídico, contractual y social, para tomar una decisión balanceada; también con la información detallada y definida”, expresó la ministra tras la audiencia pública en su cuenta de Twitter.

Pese a que el gobierno aún no decide si permitir o no las obras, que también incluyen la instalación de un radar, la ministra aseguró que el proyecto se encuentra suspendido por decisión del gobierno nacional. “En el cronograma este proyecto tenía que empezar en noviembre”, pero las obras no han iniciado, aclaró Muhamad, porque se quieren recibir cada una de las observaciones que las comunidades y la academia están haciendo sobre estas construcciones.

Uno de los participantes de la audiencia preguntó si existe un acto administrativo que oficialice la suspensión del proyecto, a lo que la ministra contestó que “no hay un acto administrativo porque es una suspensión para estudiarlo”. Muhamad recalcó que las obras que la Armada pretende adelantar en Gorgona no se pondrán en marcha hasta que “el gobierno no confronte todas las dudas que han venido desde diversos sectores de la ciudadanía”.

La jefa de la cartera ambiental aprovechó su intervención para señalar que, desde noviembre de 2022, han adelantado más de 36 reuniones con distintas comunidades de la región pacífica, así como con sectores de la academia, para escuchar las observaciones que planten sobre este proyecto. Muhamad agregó que, junto con la vicepresidenta Francia Márquez y distintas poblaciones de la región, instalaron ‘La mesa para la gobernanza ambiental del territorio insular étnico y estratégico Gorgona – Sanquianga”.

Aunque la ministra fue enfática en señalar que el gobierno todavía no ha tomado una decisión sobre el futuro de las obras, durante su participación en la audiencia señaló que en temas de investigación, “la Armada puede ser un actor positivo, pues tienen una capacidad de investigación oceanográfica”.