Jennifer Pedraza Sandoval
Al volver de una cárcel de Estados Unidos, Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción condenado por corrupto, confesó que en la Fiscalía General de la Nación se nombran fiscales “para hacer mandados. Sicariato judicial. Y para ser chaleco antibala de unos y […] joder a otros”. También se sabe que a la fiscal Angélica Monsalve la hostigaron e intentaron trasladar de Bogotá a Putumayo por imputar cargos a un miembro de la cuestionada -pero muy poderosa- familia de contratistas Ríos Velilla. Como si proteger ladrones de cuello blanco fuera poco, los delitos contra la ciudadanía no se investigan oportunamente, se vencen términos, reina la impunidad.
Parte del problema es que la Fiscalía se ha resistido a nombrar en más de 17.000 cargos a personas mediante concurso de méritos, poniendo en riesgo la independencia y autonomía de la justicia. Y la cereza del pastel: en el Congreso de la República Roy Barreras y el fiscal Francisco Barbosa promueven un proyecto de ley que crearía otros 6.000 cargos en la Fiscalía nombrados a dedo.
La Fiscalía ocupa el deshonroso segundo puesto de las entidades públicas más desprestigiadas del país y mediciones internacionales corroboran la percepción ciudadana. Según el World Justice Project, Colombia se ubica en el puesto 136 de 140 en efectividad del sistema de investigación criminal.
Todo indica que Barbosa está cómodo manejando la Fiscalía a su antojo porque ha incumplido el Decreto Ley 020 de 2014 que le ordenó a la Fiscalía convocar a concurso los cargos de carrera vacantes, provisionales o de libre nombramiento y remoción. La norma también estableció un plazo de tres años para cumplir esta orden. Hoy, nueve años después no ha ocurrido.
Como el concurso no se realizó, el sindicato ATRAES-FNG demandó su cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2019. La justicia le dio la razón al sindicato. A pesar de que la Fiscalía ha presentado múltiples recursos para incumplir la norma, seis decisiones judiciales han ratificado la sistemática violación normativa, tres del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y tres del Consejo de Estado.
A modo de cortina de humo, en 2021 la Fiscalía abrió un concurso para proveer 500 cargos por concurso de los 17.000 requeridos, y dijo que hasta el 2024 seleccionaría hasta 3.500 más (21 %). Con ese argumento intentó justificar ante la justicia que no exista un plan para vincular progresivamente por concurso la totalidad de los cargos, pero el Consejo de Estado ha sido claro: se deben proveer TODOS los cargos, no unos pocos.
Como si lo anterior fuera poco, el fiscal Francisco Barbosa y Roy Barreras presentaron el Proyecto de Ley 157 de 2022 para crear 6.000 nuevos cargos a dedo, que le costarían un billón de pesos a Colombia. Con el parágrafo del artículo 3 quieren meter la trampa en la ley al permitir que sean provisionales. En contraste, el Ministerio de Hacienda sostiene que celebrar el concurso incumplido le costaría 320.000 millones en un plan a cinco años, garantizando que se contraten por méritos a personas calificadas e independientes. Cumplir la ley es más barato.
En la medida que los funcionarios de la Fiscalía no lleguen a sus cargos por mérito propio, sino para ocupar un puesto en razón a un favor político, la entidad de investigación criminal del país seguirá siendo un perverso aparato clientelista en detrimento de la justicia.
