La representante a la Cámara denunció a Verónica Guerrero, hermana de Juliana Guerrero, por ejercer funciones públicas sin autorización legal. La acusación se sustenta en audios revelados por CAMBIO, en los que se escucha a Verónica dando órdenes dentro del Ministerio de la Igualdad.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Verónica Guerrero, hermana de Juliana Guerrero, por el presunto delito de usurpación de funciones públicas.
Según la congresista, estas acciones constituirían una violación al orden legal colombiano, al tratarse de una persona sin investidura oficial que estaría ejerciendo facultades propias de una autoridad pública.
‘Me paran la contratación’: el audio clave revelado por CAMBIO
En el audio, grabado el 1 de agosto de 2025 durante una reunión de empalme en la oficina del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad), se escucha a Verónica diciendo:
“Solicitar que ningún contrato laboral sale, ningún contrato, ninguna OPS (Orden de Prestación de Servicios), ni nada de contratación […] hay que dejar la salvedad que todo se para”. En la misma grabación, una funcionaria del Ministerio anuncia: “Quien va a empezar a articularnos el proceso de este empalme va a ser Verónica […] sí, ella, Verónica Guerrero”.
Juliana Guerrero (izquierda, de vestido vinotinto), Verónica Guerrero (derecha, con trenzas), y Jurgen Guerra (gorra negra). Crédito foto: Archivo.
Estos fragmentos fueron incluidos como evidencia principal en la denuncia de Pedraza, quien además solicitó una prueba técnica forense para verificar la identidad de la voz que da dichas instrucciones.
La congresista afirma que estas actuaciones vulneran principios fundamentales del Estado como la legalidad, buena fe, eficacia, moralidad administrativa, economía y transparencia, consagrados en el artículo 209 de la Constitución.
El llamado a investigar a Benedetti y Juliana Guerrero
En la denuncia, Pedraza también solicita a la Fiscalía que evalúe si otras personas dentro del Gobierno Nacional podrían haber participado o promovido estas presuntas irregularidades. Menciona específicamente a Armando Benedetti, ministro del Interior, y a Juliana Guerrero, secretaria del ministro y hermana de la denunciada.
La solicitud incluye que se determine si estos funcionarios habrían tenido conocimiento o habrían facilitado las acciones de Verónica como parte de una estructura informal de poder al interior del Ministerio.
Los otros escándalos que rodean a Verónica Guerrero: uso inapropiado de aeronaves oficiales
Juliana (de gabardina café) y Verónica (vestida de negro) en las oficinas del Ministerio de la Igualdad el pasado primero de agosto. Crédito: Archivo.
Como también reveló CAMBIO, estos vuelos habrían tenido como objetivo interferir políticamente en decisiones administrativas de instituciones como la Universidad Popular del Cesar, donde su hermana Juliana ejerce como representante del presidente ante el Consejo Superior.
¿Un Ministerio capturado? La preocupación por el Fonigualdad
Aunque Verónica Guerrero no ostenta ningún cargo público, su nombre ha aparecido recurrentemente en grabaciones, reuniones y documentos que dan cuenta de un poder informal pero efectivo dentro de la entidad.
Discusión de la reforma a la educación en el Congreso.
Crédito: Colprensa.
El Gobierno quiere que los estudiantes tengan acceso a la educación pública a costo cero y por eso habla de nuevos cupos en las universidades oficiales, pide más sedes y reclama formalización docente. Sin embargo, la Contraloría y las mismas instituciones reclaman los recursos necesarios.
“Los jóvenes tienen que entrar ya a la universidad y hay que abrir colegios e instalar módulos rápidos, para que se puedan abrir las puertas de la universidad a miles de jóvenes”, dijo el presidente Gustavo Petro hace unos días en el cabildo abierto que convocó en Barranquilla.
“Todo el que entre a una universidad pública debe tener su educación gratuita”, reiteró el presidente en otra ocasión. Esa apuesta se ha impulsado en el Gobierno desde que Petro llegó a la Casa de Nariño. Por eso, en su administración se aprobó la Ley de Gratuidad, que establece que los programas de pregrado de las universidades públicas sean gratis.
Manifestaciones de las universidades públicas. Foto: Colprensa.
Este Gobierno, en su apuesta por la educación, es el que más recursos ha destinado para este servicio. En 2023, para educación se destinaron 56,5 billones de pesos; para 2024 se asignaron 73 billones y para 2025 se destinaron 70 billones de pesos para ser ejecutados. Los más altos en los últimos 15 años. Es una realidad.
“Es un incremento que no tiene antecedentes en la asignación de los recursos al sector. Eso se ve reflejado en el aumento de recursos al sistema de educación superior público. Ahí se incluyen transferencias, recursos de inversión y recursos de funcionamiento (…) solo en 2022 el presupuesto asignado para educación superior estaba en 8,4 billones de pesos. En este momento está en 12,7 billones de pesos para 2025. Ese es un incremento que jamás se había dado en la historia”, dijo Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior, en diálogo con CAMBIO.
Sin embargo, a la par que se inyectaron más recursos, el Gobierno viene implementando medidas que buscan favorecer a los estudiantes, pero en la práctica no funcionan así. ¿Por qué? Porque el déficit estructural no se solventa y, contrario a eso, se suman nuevas tareas.
Primero, el Gobierno firmó la Ley de Gratuidad, que según académicos, costaría cerca de 2 billones de pesos, según ha dicho Luz Karime Abadía, del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Javeriana. Con un factor adicional, que las universidades han reportado demoras en el pago a las instituciones de educación superior públicas. Eso sí, el viceministro de Educación le dijo a este medio que al día de hoy no deben ningún recurso de esta política a las universidades públicas.
El viceministro le dijo a CAMBIO que contrario a lo que dicen expertos en el sector, esta ley está financiada a través de recursos permanentes del Gobierno. “En 2024 se destinaron aproximadamente 2,6 billones de pesos para financiar la gratuidad de la matrícula. Es el Ejecutivo el que financia esta política y resulta un alivio para los estudiantes y las mismas universidades”, dijo Moreno.
Por otro lado, el Gobierno viene avanzando en la apuesta de crear 500.000 nuevos cupos de pregrado en las universidades públicas. Esto, en efecto, significaría que los jóvenes tengan más acceso. Pero ahí hay dos problemas.
Uno, que a 2024, el Ministerio de Educación solo había cumplido con 153.666 cupos nuevos. Es decir, menos de la mitad de lo esperado cuando falta un poco más de un año de Gobierno. Según el Ministerio de Educación, el avance podría verse rezagado si se le compara con los años de Gobierno, pero desde el Ejecutivo explican que son recursos progresivos.
“El efecto es que esos recursos les permiten a las universidades ampliar la cobertura y al mismo tiempo tener recursos para pagar los docentes, financiar sus funciones misionales y las actividades que realizan las instituciones permanentemente, como las investigaciones y bienestar estudiantil”, dijo Ricardo Moreno.
No obstante, eso no lo sostienen las mismas instituciones públicas, que sí tienen más cupos, pero muchas siguen sin tener recursos para sostener sus plantas docentes.
Un tercer factor que reclama el Gobierno y que están poniendo en marcha es la formalización docente en las universidades públicas. Hace unos meses publicó un decreto con el que se establece que estas instituciones deben tener un plan de formalización docente. Además, tienen máximo hasta el 31 de diciembre de 2026 para la vinculación del personal.
“Faltan recursos por parte de la nación”: la alerta de la Contraloría
A esa crítica también se sumó la Contraloría, que encontró que la Universidad Nacional, la del Valle y la de Antioquia tiene un pasivo pensional que asciende a 8,3 billones de pesos. Y, en palabras del ente de control, las finanzas están afectadas por la falta de recursos específicos por parte de la nación para cubrir los incrementos salariales.
“La Contraloría llama la atención para que las entidades del nivel central giren oportunamente los recursos de concurrencia (aportes de la nación) para atender los pagos de los pensionados de estas entidades. Así mismo, subraya que es necesario revisar los porcentajes que deben pagar estas entidades de educación superior, dado que, en algunas de ellas, los ingresos propios son insuficientes y no alcanzan para cubrir estas obligaciones. Tal es el caso de la Universidad del Valle, que debe concurrir con el 19,9 por ciento, viéndose en dificultades para cumplir con su parte del convenio”, se lee en el comunicado que emitió el ente de control.
Los problemas de tener más servicios y menos recursos
Manifestaciones de estudiantes. Foto: Colprensa.
CAMBIO conversó con tres líderes estudiantiles de la Universidad Nacional, en Bogotá, y la del Valle, en Cali. Todos coinciden en que esos recursos que destaca el Gobierno no se ven en la práctica y, en cambio, se ven las presiones de tener más tareas sin los recursos suficientes para sostenerlas.
Nicol Sinisterra, líder estudiantil en la Universidad del Valle e integrante del Consejo Superior Universitario de esa institución, asegura que en su claustro se evidencian dificultades para cubrir los gastos operativos y de funcionamiento. Es decir, si no alcanza para lo básico, es evidente que se destinan menos recursos para investigación y bienestar universitario.
Además, como aseguró la representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad y Compromiso y exlíder estudiantil, “este Gobierno viene haciendo lo mismo que todos los gobiernos, presionan a las universidades públicas para que aumenten la cobertura, tengan más acceso y más servicios, pero no les dan los recursos para hacerlo”.
Para ella, muchas de esas nuevas políticas acentúan la crisis de las universidades y se convierten en un incentivo para que estas instituciones empiecen a buscar formas de autofinanciarse. Es decir, muchas de ellas podrían terminar por privatizar algunos de sus servicios. “¿Quién iba a creer que el Gobierno del presidente Petro iba a generar presiones sobre las universidades públicas para privatizarlas?”, cuestionó.
Esta no es solo una crítica de estudiantes y congresistas, porque como le explicó a CAMBIO Laura León, economista experta en educación, el Gobierno tiene problemas en sus finanzas en todos los ámbitos. Entonces, si eso es una realidad, ¿por qué les ponen compromisos a las universidades públicas si no están los recursos para sostenerlos?
“Lo primero antes de buscar prometer acceso gratuito, que ya tuvo varios avances en los gobiernos anteriores para los estratos 1, 2, 3 es garantizar que esa población reciba las condiciones adecuadas para tener una educación de calidad. Y no estamos hablando de Bogotá, sino de las regiones donde las condiciones que viven las universidades públicas son paupérrimas”, aseguró.
Además, considera que desde la administración de Petro deben “dejar de satanizar la articulación con el sector privado y trabajar por las universidades privadas para cubrir lo que la oferta pública no puede cubrir”. Es decir, que dejen de decir que el Icetex debe reformarse y tener menos recursos.
Ante esas críticas, el viceministro de Educación Superior aseguró que no es cierto que las nuevas políticas de educación ponen más presión sobre las universidades públicas. “Hay que entender que la crisis financiera no viene de este Gobierno y lo plantea la Contraloría. Eso viene de la sostenibilidad del sistema público, cuando se estableció el mecanismo financiero en los artículos 86 y 87 de la Ley 30”, detalló.
Es cierto que la crisis es estructural, pero también es cierto que el Gobierno quiere más educación gratuita y los recursos para eso no están garantizados. Las mismas instituciones y la Contraloría lo han alertado. Entonces, ¿por qué pedir más cupos, sedes y formalización docente?
Este jueves se confirmó la apuesta del gobierno de Gustavo Petro de formalizar la planta docente de las instituciones de educación superior públicas. Pero las universidades argumentan que no tienen recursos y que están arrastrando una crisis financiera. ¿Qué van a hacer?
“Esta es una muy buena noticia para las y los docentes de la educación superior en Colombia. Acabamos de firmar el decreto de formalización laboral dirigido al 76 por ciento de las y los docentes en todo el país que están contratados mediante modalidades que lesionan sus derechos y vulneran su dignidad. Esto, en modalidades como hora cátedra y los ocasionales, que no tienen estabilidad laboral durante todo el año ni pago en sus prestaciones sociales”, dijo el ministro de Educación, Daniel Rojas.
¡El Decreto 0391 de formalización laboral en las universidades públicas es una realidad
"A pesar de que el Congreso de la República se niega a discutir la reforma laboral para otorgar el derecho a las y los trabajadores, desde el #GobiernoDelCambio hacemos uso de las… pic.twitter.com/vd1AqfLdj3
Los mismos profesores que se verá beneficiados y las universidades dicen que claramente es necesario formalizar a los maestros para que tengan condiciones más dignas. Eso nadie lo niega. Sin embargo, las universidades públicas vienen alertando sobre una crisis financiera desde hace más de un año. Por lo que aseguran que una medida de este tipo podría “acentuar este problema”.
A partir de esta normativa, instituciones como la Universidad Nacional, la de Antioquia y la Tecnológica del Chocó, ahora tendrán 12 meses para elaborar un plan de formalización. En él, las universidades deberán definir sus necesidades e implementar de manera gradual la formalización del personal que esté por fuera de la carrera docente y administrativa y que desarrolle actividades misionales.
Ese plan debe ser concertado con los sindicatos, trabajadores, profesores y todos los estamentos. Luego, eso se debe aprobar en los consejos superiores de las instituciones.
Para cumplir con la norma, las universidades tendrán hasta el 31 de diciembre de 2026 para lograr un avance del 40 por ciento en la vinculación del personal. Luego, tendrán hasta el 31 de diciembre de 2027 para conseguir un avance del 80 por ciento.
¿De dónde saldrán los recursos?
El decreto establece que la fuente de financiación de esta medida son los recursos “recurrentes que conforman sus presupuestos (recursos propios, aportes de la Nación, aportes de las entidades territoriales, entre otras), previo avalo concepto de viabilidad financiera del área competente de la institución”. Pero son justo esos mismos recursos los que dicen que no les alcanzan para asumir los compromisos que hoy tienen.
Como le dijo a este medio un exrector de la Universidad Nacional, no tiene sentido implementar un decreto que pida formalización “si los recursos actuales que se les giran a las instituciones son insuficientes”.
Con eso coinciden asociaciones de universidades públicas, movimientos estudiantiles y congresistas que han defendido la educación pública en el país, como la representante Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso.
La parlamentaria, por ejemplo, aseguró que “este decreto coge una causa noble y la convierte en una medida equivocada ante la falta de nuevas fuentes de financiamiento para lograrlo. Dos de las tres fuentes previstas en el decreto corresponden a recursos ya existentes, que actualmente se destinan al funcionamiento de las universidades, mientras que la tercera depende de la aprobación del Ministerio de Hacienda, cuya viabilidad es incierta. Lo más grave es que sin recursos públicos estas cargas a la nómina terminarían pagándose con recursos propios de autofinanciación, profundizando la tendencia a la privatización”.
CAMBIO contactó a los directivos de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia para conocer su posición sobre el tema y dicen que esperarán hasta hacer un análisis del documento emitido por el Gobierno para dar una posición oficial.
En contraste, desde el Ministerio señalan que están los recursos, pero también reconocen que sí se necesitan más. “Desde 2018 se asignaron recursos adicionales para el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Estos son importantes porque están dentro del presupuesto de las universidades de manera recurrente. (…) Es decir, no significa que no exista la plata. Los recursos están y, por supuesto, se requieren más recursos y ya el presidente anunció que se están fortaleciendo los recursos de base presupuestal cada año”, dijo el viceministro en diálogo con CAMBIO.
Otro camino para aumentar ese presupuesto es la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que busca incrementar los recursos que reciben las instituciones para su funcionamiento. El problema es que esa iniciativa apenas está en segundo debate y en el Congreso no hay buen ambiente, porque se acerca el último año legislativo y el Gobierno está promoviendo la consulta popular.
