Discusión de la reforma a la educación en el Congreso.
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El Gobierno quiere que los estudiantes tengan acceso a la educación pública a costo cero y por eso habla de nuevos cupos en las universidades oficiales, pide más sedes y reclama formalización docente. Sin embargo, la Contraloría y las mismas instituciones reclaman los recursos necesarios.
Por: Claudia M. Quintero
“Los jóvenes tienen que entrar ya a la universidad y hay que abrir colegios e instalar módulos rápidos, para que se puedan abrir las puertas de la universidad a miles de jóvenes”, dijo el presidente Gustavo Petro hace unos días en el cabildo abierto que convocó en Barranquilla.
“Todo el que entre a una universidad pública debe tener su educación gratuita”, reiteró el presidente en otra ocasión. Esa apuesta se ha impulsado en el Gobierno desde que Petro llegó a la Casa de Nariño. Por eso, en su administración se aprobó la Ley de Gratuidad, que establece que los programas de pregrado de las universidades públicas sean gratis.
Sin embargo, esa apuesta y otras, que resultan destacables para muchos, también implican una presión para las universidades públicas del país. Como ha contado CAMBIO en varias ocasiones, esas instituciones vienen atravesando una crisis financiera sin precedentes y ahora no solo enfrentan eso, sino que tiene la tarea de recibir a más estudiantes, pero no tienen los recursos para esas nuevas funciones.
Los reclamos del Gobierno y las alertas fiscales
Manifestaciones de las universidades públicas. Foto: Colprensa.
Este Gobierno, en su apuesta por la educación, es el que más recursos ha destinado para este servicio. En 2023, para educación se destinaron 56,5 billones de pesos; para 2024 se asignaron 73 billones y para 2025 se destinaron 70 billones de pesos para ser ejecutados. Los más altos en los últimos 15 años. Es una realidad.
“Es un incremento que no tiene antecedentes en la asignación de los recursos al sector. Eso se ve reflejado en el aumento de recursos al sistema de educación superior público. Ahí se incluyen transferencias, recursos de inversión y recursos de funcionamiento (…) solo en 2022 el presupuesto asignado para educación superior estaba en 8,4 billones de pesos. En este momento está en 12,7 billones de pesos para 2025. Ese es un incremento que jamás se había dado en la historia”, dijo Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior, en diálogo con CAMBIO.
Sin embargo, a la par que se inyectaron más recursos, el Gobierno viene implementando medidas que buscan favorecer a los estudiantes, pero en la práctica no funcionan así. ¿Por qué? Porque el déficit estructural no se solventa y, contrario a eso, se suman nuevas tareas.
Primero, el Gobierno firmó la Ley de Gratuidad, que según académicos, costaría cerca de 2 billones de pesos, según ha dicho Luz Karime Abadía, del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Javeriana. Con un factor adicional, que las universidades han reportado demoras en el pago a las instituciones de educación superior públicas. Eso sí, el viceministro de Educación le dijo a este medio que al día de hoy no deben ningún recurso de esta política a las universidades públicas.
El viceministro le dijo a CAMBIO que contrario a lo que dicen expertos en el sector, esta ley está financiada a través de recursos permanentes del Gobierno. “En 2024 se destinaron aproximadamente 2,6 billones de pesos para financiar la gratuidad de la matrícula. Es el Ejecutivo el que financia esta política y resulta un alivio para los estudiantes y las mismas universidades”, dijo Moreno.
Por otro lado, el Gobierno viene avanzando en la apuesta de crear 500.000 nuevos cupos de pregrado en las universidades públicas. Esto, en efecto, significaría que los jóvenes tengan más acceso. Pero ahí hay dos problemas.
Uno, que a 2024, el Ministerio de Educación solo había cumplido con 153.666 cupos nuevos. Es decir, menos de la mitad de lo esperado cuando falta un poco más de un año de Gobierno. Según el Ministerio de Educación, el avance podría verse rezagado si se le compara con los años de Gobierno, pero desde el Ejecutivo explican que son recursos progresivos.
“El efecto es que esos recursos les permiten a las universidades ampliar la cobertura y al mismo tiempo tener recursos para pagar los docentes, financiar sus funciones misionales y las actividades que realizan las instituciones permanentemente, como las investigaciones y bienestar estudiantil”, dijo Ricardo Moreno.
No obstante, eso no lo sostienen las mismas instituciones públicas, que sí tienen más cupos, pero muchas siguen sin tener recursos para sostener sus plantas docentes.
Un tercer factor que reclama el Gobierno y que están poniendo en marcha es la formalización docente en las universidades públicas. Hace unos meses publicó un decreto con el que se establece que estas instituciones deben tener un plan de formalización docente. Además, tienen máximo hasta el 31 de diciembre de 2026 para la vinculación del personal.
Si bien en el documento el Gobierno menciona que los recursos para la formalización sí están, las mismas instituciones alegan que no se garantizan.
Todo esto pone presión sobre instituciones que arrastran una desfinanciación histórica desde hace más de 30 años. Las mismas universidades lo vienen alertando y hasta los entes de control. Incluso, a inicios de este 2025, la Universidad de Antioquia (UdeA) no autorizó la contratación de 160 docentes de hora cátedra justo por los problemas financieros.
“Faltan recursos por parte de la nación”: la alerta de la Contraloría
A esa crítica también se sumó la Contraloría, que encontró que la Universidad Nacional, la del Valle y la de Antioquia tiene un pasivo pensional que asciende a 8,3 billones de pesos. Y, en palabras del ente de control, las finanzas están afectadas por la falta de recursos específicos por parte de la nación para cubrir los incrementos salariales.
“La Contraloría llama la atención para que las entidades del nivel central giren oportunamente los recursos de concurrencia (aportes de la nación) para atender los pagos de los pensionados de estas entidades. Así mismo, subraya que es necesario revisar los porcentajes que deben pagar estas entidades de educación superior, dado que, en algunas de ellas, los ingresos propios son insuficientes y no alcanzan para cubrir estas obligaciones. Tal es el caso de la Universidad del Valle, que debe concurrir con el 19,9 por ciento, viéndose en dificultades para cumplir con su parte del convenio”, se lee en el comunicado que emitió el ente de control.
Los problemas de tener más servicios y menos recursos
Manifestaciones de estudiantes. Foto: Colprensa.
CAMBIO conversó con tres líderes estudiantiles de la Universidad Nacional, en Bogotá, y la del Valle, en Cali. Todos coinciden en que esos recursos que destaca el Gobierno no se ven en la práctica y, en cambio, se ven las presiones de tener más tareas sin los recursos suficientes para sostenerlas.
Nicol Sinisterra, líder estudiantil en la Universidad del Valle e integrante del Consejo Superior Universitario de esa institución, asegura que en su claustro se evidencian dificultades para cubrir los gastos operativos y de funcionamiento. Es decir, si no alcanza para lo básico, es evidente que se destinan menos recursos para investigación y bienestar universitario.
Además, como aseguró la representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad y Compromiso y exlíder estudiantil, “este Gobierno viene haciendo lo mismo que todos los gobiernos, presionan a las universidades públicas para que aumenten la cobertura, tengan más acceso y más servicios, pero no les dan los recursos para hacerlo”.
Para ella, muchas de esas nuevas políticas acentúan la crisis de las universidades y se convierten en un incentivo para que estas instituciones empiecen a buscar formas de autofinanciarse. Es decir, muchas de ellas podrían terminar por privatizar algunos de sus servicios. “¿Quién iba a creer que el Gobierno del presidente Petro iba a generar presiones sobre las universidades públicas para privatizarlas?”, cuestionó.
Esta no es solo una crítica de estudiantes y congresistas, porque como le explicó a CAMBIO Laura León, economista experta en educación, el Gobierno tiene problemas en sus finanzas en todos los ámbitos. Entonces, si eso es una realidad, ¿por qué les ponen compromisos a las universidades públicas si no están los recursos para sostenerlos?
“Lo primero antes de buscar prometer acceso gratuito, que ya tuvo varios avances en los gobiernos anteriores para los estratos 1, 2, 3 es garantizar que esa población reciba las condiciones adecuadas para tener una educación de calidad. Y no estamos hablando de Bogotá, sino de las regiones donde las condiciones que viven las universidades públicas son paupérrimas”, aseguró.
Además, considera que desde la administración de Petro deben “dejar de satanizar la articulación con el sector privado y trabajar por las universidades privadas para cubrir lo que la oferta pública no puede cubrir”. Es decir, que dejen de decir que el Icetex debe reformarse y tener menos recursos.
Ante esas críticas, el viceministro de Educación Superior aseguró que no es cierto que las nuevas políticas de educación ponen más presión sobre las universidades públicas. “Hay que entender que la crisis financiera no viene de este Gobierno y lo plantea la Contraloría. Eso viene de la sostenibilidad del sistema público, cuando se estableció el mecanismo financiero en los artículos 86 y 87 de la Ley 30”, detalló.
Es cierto que la crisis es estructural, pero también es cierto que el Gobierno quiere más educación gratuita y los recursos para eso no están garantizados. Las mismas instituciones y la Contraloría lo han alertado. Entonces, ¿por qué pedir más cupos, sedes y formalización docente?
