El lunes (13 de marzo), en el Congreso de la República se llevó a cabo la audiencia pública “Salvemos a Gorgona”, convocada por Jennifer Pedraza y Juan Carlos Losada, Representantes a la Cámara por Bogotá, y la senadora Angélica Lozano.
En ella, representantes de las poblaciones del Pacífico colombiano, de la academia y de la Armada Nacional, presentaron sus posiciones a favor y en contra de las obras que esta última institución quiere adelantar en el Parque Nacional Natural Gorgona. Desde finales del año pasado, cuando se conoció que en enero de 2023 iniciaría la construcción de un muelle de más de 130 metros —una de las obras más cuestionadas—, el debate sobre la viabilidad de estas construcciones se volvió a prender, como contamos en este texto.
Hacia el final de la audiencia pública, que duró poco más de cuatro horas, intervino la ministra de Ambiente, Susana Muhamad. Lo primero que aclaró la encargada de la cartera ambiental es que “la posición del gobierno frente a este debate no está tomada todavía. No hay una posición en este momento”.
“Frente al proyecto de Gorgona, queremos lograr una decisión acertada con el mayor consenso social posible. Hay que hacer el análisis completo: técnico, jurídico, contractual y social, para tomar una decisión balanceada; también con la información detallada y definida”, expresó la ministra tras la audiencia pública en su cuenta de Twitter.
Pese a que el gobierno aún no decide si permitir o no las obras, que también incluyen la instalación de un radar, la ministra aseguró que el proyecto se encuentra suspendido por decisión del gobierno nacional. “En el cronograma este proyecto tenía que empezar en noviembre”, pero las obras no han iniciado, aclaró Muhamad, porque se quieren recibir cada una de las observaciones que las comunidades y la academia están haciendo sobre estas construcciones.
Uno de los participantes de la audiencia preguntó si existe un acto administrativo que oficialice la suspensión del proyecto, a lo que la ministra contestó que “no hay un acto administrativo porque es una suspensión para estudiarlo”. Muhamad recalcó que las obras que la Armada pretende adelantar en Gorgona no se pondrán en marcha hasta que “el gobierno no confronte todas las dudas que han venido desde diversos sectores de la ciudadanía”.
La jefa de la cartera ambiental aprovechó su intervención para señalar que, desde noviembre de 2022, han adelantado más de 36 reuniones con distintas comunidades de la región pacífica, así como con sectores de la academia, para escuchar las observaciones que planten sobre este proyecto. Muhamad agregó que, junto con la vicepresidenta Francia Márquez y distintas poblaciones de la región, instalaron ‘La mesa para la gobernanza ambiental del territorio insular étnico y estratégico Gorgona – Sanquianga”.
Aunque la ministra fue enfática en señalar que el gobierno todavía no ha tomado una decisión sobre el futuro de las obras, durante su participación en la audiencia señaló que en temas de investigación, “la Armada puede ser un actor positivo, pues tienen una capacidad de investigación oceanográfica”.
Desde el Ministerio de Ambiente descartaron, por ahora, un proyecto que pretende construir una base militar para Estados Unidos en la isla de Gorgona, en el pacífico colombiano. La construcción fue suspendida mientras, dice el gobierno, terminan de escuchar las voces de todas las comunidades y académicos implicados.
“Esta construcción tenía que empezar en noviembre, en este momento no ha iniciado porque precisamente el Gobierno Nacional decidió escuchar todas las posiciones, además agradece a los activistas ambientales, científicos y todas las personas interesadas en Gorgona como patrimonio nacional sus observaciones”, indicó Susana Mohamad, ministra de Ambiente.
La suspensión de la ejecución de la obra se anunció este lunes durante una audiencia en el Congreso de la República. El partido Dignidad, citantes, alertaron de los riesgos ambientales que tendría la construcción.
“Toda la academia colombiana está en contra de esa construcción. Eso se puede suspender muy fácil y basta con que el presidente de la república ordene a sus fuerzas militares que esa base no va. Estados Unidos reclamará, porque ellos pusieron plata, pero entonces que el Estado colombiano les devuelva la plata a los gringos”, señaló el exsenador Jorge Enrique Robledo.
Frente al proyecto de Gorgona, queremos lograr una decisión acertada con el mayor consenso social posible. Hay que hacer el análisis completo: técnico, jurídico, contractual y social, para tomar una decisión balanceada; también con la información detallada y definida. ??? pic.twitter.com/iutOwtkN3t
En los planos, la construcción constaría de un muelle de 170 metros, una torre de comunicación con un radar, una estación de guardacostas de tercer nivel y un tanque de almacenamiento de 5.000 galones de combustible.
“Lo que hemos hecho es garantizar el Acuerdo de Escazú, detener el proyecto hasta que podamos tomar una decisión mejor informada luego de escuchar todos los puntos de vista, desde noviembre llevamos más de 36 reuniones escuchando cada una de las observaciones. El Gobierno no ha tomado una decisión final y esta audiencia nos sirve para terminar de escuchar”, añadió la MinAmbiente.
En las mesas de conversación también participará la vicepresidenta Francia Márquez y las comunidades negras del pacífico, quienes, mayoritariamente, habitan la isla.
“Hay que hacer el análisis completo: técnico, jurídico, contractual y social y tomar una decisión balanceada, también con la información detallada y definida. En lo que sí puedo comprometerme es que daremos respuesta a cada una de las inquietudes”, detalló la ministra.
Aunque el proyecto quedó suspendido, la base militar ya tiene recursos desembolsados y una licencia ambiental concedida por la ANLA que, a juicio del exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Benjumea, “está llena de vacíos”.
“No se hizo un estudio ambiental de alternativa, no se hizo consulta previa y la licencia se otorgó en 29 días y un 31 de diciembre, eso nunca se había visto y menos con un asunto tan delicado”, detalló Benjumea.
Se llevó a cabo la #AudienciaPública – Salvemos a Gorgona – en el Congreso de la República.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció que, por ahora, el proyecto para construir y mejorar la estación de guardacostas que existe en el Parque Nacional Natural Gorgona, impulsado por la Armada Nacional de Colombia en la última década, se encuentra suspendido.
A pesar de que el inicio de la obra se esperaba para noviembre, la ministra Susana Muhamad dio a conocer que desde ese mes se han adelantado más de 36 reuniones con las comunidades, escuchando sus observaciones.
“Frente al proyecto de Gorgona, queremos lograr una decisión acertada con el mayor consenso social posible. Hay que hacer el análisis completo: técnico, jurídico, contractual y social, para tomar una decisión balanceada; también con la información detallada y definida”, manifestó Muhamad a través de sus redes sociales.
Frente al proyecto de Gorgona, queremos lograr una decisión acertada con el mayor consenso social posible. Hay que hacer el análisis completo: técnico, jurídico, contractual y social, para tomar una decisión balanceada; también con la información detallada y definida. ??? pic.twitter.com/iutOwtkN3t
El proyecto, denominado ‘Construcción, operación, abandono y restauración de la Estación de Guardacostas en la isla Gorgona y obras complementarias’, plantea el desarrollo de tres obras: una torre de comunicaciones con un radar en el punto más alto de la isla a 330 m. s. n. m. (que ya está hecha); la construcción de un muelle de 170 metros (obras que se esperaba que iniciaran este año), y la construcción de una subestación de guardacostas de tercer nivel (con bloque administrativo, bloque alojamiento infantes y oficiales, bloque de cocina y comedor). Además, se considera la construcción de un tanque de almacenamiento de 5.000 galones de combustible.
La propuesta es financiada por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de Estados Unidos.
Por ahora desde Minambiente, con el propósito de garantizar el Acuerdo de Escazú, han entablado una mesa de diálogo en la que participan la vicepresidenta Francia Márquez y las comunidades negras del Pacífico que tienen que ver con la isla, especialmente con Guapi.
Sin embargo, la propuesta, que cuenta con licencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), ha recibido críticas de sectores como la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales y los ambientalistas, quienes han advertido a las autoridades que la construcción del muelle y la subestación de guardacostas en la isla de Gorgona afectará gravemente uno de los ecosistemas mejor conservados del país con consecuencias que no se han analizado.
“Está construcción tenía que empezar en noviembre, en este momento no ha iniciado porque precisamente el Gobierno Nacional decidió escuchar todas las posiciones, además agradece a los activistas ambientales, científicos y todas las personas interesadas en Gorgona como patrimonio nacional sus observaciones”, indicó la funcionaria.
Este proyecto, que ha generado polémica por el impacto ambiental que generaría en la isla, tiene cuatro componentes: un muelle de 170 metros, una torre de comunicación con un radar en el Cerro La Trinidad (localizado en el punto más alto de la isla, a unos 330 metros sobre el nivel del mar), Una estación de guardacostas de tercer nivel y un tanque de almacenamiento de 5.000 galones de combustible.
Según la ministra la decición va en lineamiento con el primer acuerdo ratificado por Colombia, bajo el mandato del presidente Gustavo Petro.
“Lo que hemos hecho es garantizar el Acuerdo de Escazú, detener el proyecto hasta que podamos tomar una decisión mejor informada luego de escuchar todos los puntos de vista, desde noviembre llevamos más de 36 reuniones escuchando cada una de las observaciones. El Gobierno no ha tomado una decisión final y esta audiencia nos sirve para terminar de escuchar”, añadió Mohamad.
La mesa de anáisis estará integrada por la vicepresidenta Francia Márquez y las comunidades negras del Pacífico; ya que serían las más afectadas.
“Hay que hacer el análisis completo: técnico, jurídico, contractual y social y tomar una decisión balanceada, también con la información detallada y definida. En lo que sí puedo comprometerme es que daremos respuesta a cada una de las inquietudes”, manifestó la alta funcionaria del Gobierno.
El exsenador Jorge Robledo señaló que Colombia no puede poner los intereses norteamericanos, por encima de la soberanía nacional.
“Las Fuerzas Armadas de todos los países mundo se crean para defender los intereses de la nación respectiva, cuando aquí nos ponen un radar militar americano no están defendiendo los intereses de Colombia, que no nos traten de bobos. Con la guerra no se juega, Estados Unidos que haga sus guerras pero que no nos metan en las guerras de ellos”, dijo el presidente del Partido Dignidad y Compromiso, quien instó al presidente Gustavo Petro a reversar la decisión.
En medio de una audiencia pública en el Congreso, que fue citada por la representante Jennifer Pedraza, la ministra de Ambiente, Susana Mohamad, informó que el proyecto mediante el cual se pretende instalar lo que sería una base militar de Estados Unidos en la Isla Gorgona, ubicada en el Pacífico colombiano, fue suspendido mientras se escuchan las voces de las comunidades y de los académicos, para luego tomar una decisión sensata.
“Está construcción tenía que empezar en noviembre, en este momento no ha iniciado porque precisamente el Gobierno Nacional decidió escuchar todas las posiciones, además agradece a los activistas ambientales, científicos y todas las personas interesadas en Gorgona como patrimonio nacional sus observaciones”, indicó la funcionaria.
Este proyecto, que ha generado polémica por el impacto ambiental que generaría en la isla, tiene cuatro componentes: un muelle de 170 metros, una torre de comunicación con un radar en el Cerro La Trinidad (localizado en el punto más alto de la isla, a unos 330 metros sobre el nivel del mar), Una estación de guardacostas de tercer nivel y un tanque de almacenamiento de 5.000 galones de combustible.
“Lo que hemos hecho es garantizar el Acuerdo de Escazú, detener el proyecto hasta que podamos tomar una decisión mejor informada luego de escuchar todos los puntos de vista, desde noviembre llevamos más de 36 reuniones escuchando cada una de las observaciones. El Gobierno no ha tomado una decisión final y esta audiencia nos sirve para terminar de escuchar”, añadió Mohamad.
Así mismo, informó que se ha instalado una mesa con la vicepresidenta Francia Márquez y las comunidades negras del Pacífico, teniendo en cuenta que son quienes mayoritariamente habitan en la Isla.
“Hay que hacer el análisis completo: técnico, jurídico, contractual y social y tomar una decisión balanceada, también con la información detallada y definida. En lo que sí puedo comprometerme es que daremos respuesta a cada una de las inquietudes”, manifestó la alta funcionaria del Gobierno.
En el debate se escucharon voces enérgicas como la del exsenador Jorge Robledo, quien señaló que Colombia no puede poner los intereses norteamericanos, por encima de la soberanía nacional.
“Las Fuerzas Armadas de todos los países mundo se crean para defender los intereses de la nación respectiva, cuando aquí nos ponen un radar militar americano no están defendiendo los intereses de Colombia, que no nos traten de bobos. Con la guerra no se juega, Estados Unidos que haga sus guerras pero que no nos metan en las guerras de ellos”, dijo el presidente del Partido Dignidad y Compromiso, quien instó al presidente Gustavo Petro a reversar la decisión.
También habló el primer ministro de Ambiente que tuvo el país, Manuel Rodríguez Benjumea, quien cuestionó que la licencia ambiental concedida por Anla para la ejecución de esta iniciativa “tiene una cantidad de vacíos y aberraciones, porque no se hizo un estudio ambiental de alternativa, no se hizo consulta previa y la licencia se otorgó en 29 días y un 31 de diciembre, eso nunca se había visto y menos con un asunto tan delicado”.
Durante la primera década de este siglo aumentaron los tratados económicos entre Colombia y otros países del mundo. Muchos incluyeron capítulos de protección de derechos de inversión, que hoy asfixian con demandas internacionales multimillonarias a la región y a Colombia.
Entre 2000 y 2010 Colombia negoció este tipo de tratados con España, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Chile, Salvador, Guatemala, Honduras, Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. Otros tantos se negociaron en la segunda década. Es momento de evaluar los efectos que dichos acuerdos han tenido en el desarrollo económico y social del país.
Actualmente el Ministerio de Comercio adelanta revisiones de los acuerdos con Estados Unidos, la Unión Europea y México, incluyendo la revisión de los mecanismos de solución de controversias inversionista – Estado (ISDS, por sus siglas en inglés). A su vez, tanto en Colombia como en Estados Unidos la sociedad civil adelanta iniciativas para eliminar estos mecanismos de los diversos tratados regionales.
Los mecanismos ISDS son instancias jurisdiccionales acordadas por los Estados para tramitar controversias sobre la protección de las inversiones. Permiten a los inversionistas demandar a los Estados, pero no permiten que los Estados los demanden por actuaciones ilegales, corruptas o irresponsables. Las controversias internacionales son asumidas por tribunales que verifican si el ejercicio regulatorio de los Estados lesiona los intereses económicos de los inversionistas.
Si bien existen disposiciones en los acuerdos de protección de inversiones que permiten a los países justificar sus acciones cuando haya motivos de interés público, como la defensa del medio ambiente, dichas disposiciones pueden ser interpretadas como excepciones que, como sostiene el profesor Tamayo-Álvarez, son per se medidas ilegales a la luz del derecho internacional.
Los tribunales que aplican los mecanismos ISDS hacen parte de instituciones internacionales. Los más conocidos son el Centro Internacional de Solución de Controversias (CIADI) del Banco Mundial y otros vinculados con instituciones como la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), la Corte Permanente de Arbitraje (PCA) y la Cámara Internacional de Comercio (CPI).
Si bien existen disposiciones en los acuerdos de protección de inversiones que permiten a los países justificar sus acciones cuando haya motivos de interés público, como la defensa del medio ambiente, dichas disposiciones pueden ser interpretadas como excepciones que, como sostiene el profesor Tamayo-Álvarez, son per se medidas ilegales a la luz del derecho internacional.
Un ejemplo de lo anterior es el caso Eco Oro vs. Colombia. Una empresa canadiense demandó a Colombia por prohibir y delimitar legítimamente la minería en páramos como Santurbán. Si bien el Estado colombiano acudió a las excepciones generales para justificar sus acciones, el tribunal consideró que las medidas ambientales adoptadas por Colombia eran contrarias a las cláusulas del TLC Colombia-Canadá, motivo por el cual el Estado deberá compensar al inversionista.
Los ISDS le cuestan mucho a Colombia
Por decisiones de tribunales de inversión o procesos de conciliación en el marco de la solución de controversias, los países latinoamericanos han pagado compensaciones que ascienden a 28 mil millones de dólares. Mientras tanto, 36 mil millones de dólares están en disputa.
Incluso si ganara los casos, Colombia pierde. Los costos procesales que el país asume son escandalosos: pagamos mínimo 3 millones de dólares por cada pleito.
Si en el continente llueve, en Colombia no escampa. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) contra Colombia se han presentado 34 controversias. Siete procesos ya concluyeron con decisión de fondo. Uno de ellos, Glencore vs Colombia tuvo resultado desfavorable para el país, obligando al Estado a pagar 19 millones de dólares al inversionista. Y estamos a la espera del anuncio de la compensación a pagar en el caso de Eco Oro vs. Colombia.
Descontando los procesos concluidos, Colombia tiene 22 casos activos. En total, los inversionistas de Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido y Suiza reclaman compensaciones por 62,3 billones de pesos, es decir, más de tres reformas tributarias o una y media reforma a la salud. Por lo que ante una avalancha de fallos desfavorables la capacidad de ejecutar reformas sociales se vería reducida.
Los inversionistas de Estados Unidos concentran la mayor cantidad de casos y pretensiones en las 34 controversias contra Colombia. El TLC ha cobijado ocho de estas demandas, dos de las cuales han concluido con éxito para Colombia, cuatro están en trámite y dos se encuentran en etapa pre-arbitral. En cuatro casos no se ha establecido el monto de las pretensiones, pero en las cuatro restantes las aspiraciones de los inversionistas estadounidenses ascienden a 50,5 billones de pesos.
Incluso si ganara los casos, Colombia pierde. Los costos procesales que el país asume son escandalosos: pagamos mínimo 3 millones de dólares por cada pleito.
Hasta este momento, el Estado ha gastado más de 270 mil millones de pesos en costas procesales. Aunque al ganar el litigio los costos suelen asumidos por el demandante, esto no siempre sucede. Por ejemplo, en las demandas de Astrida Benita Carrizosa, Alberto Carrizosa y AFC Investment Solutions, no se recuperaron por completo los recursos invertidos en costas procesales.
Como si fuera poco, los mecanismos ISDS les permitieron a dos empresas corruptas demandar a Colombia. Se trata de Odebrecht, condenada por sobornos en múltiples Estados incluyendo Colombia, y de Uber, empresa que se jacta de su operación ilegal y de crear “tormentas de mierda regulatoria”, como revelóThe Guardian con los #UberFiles. Ambos procesos están en etapa pre-arbitral.
La sociedad civil pide cambios
Ante el desalentador panorama de los mecanismos ISDS, en América Latina diversos sectores de la sociedad civil se han organizado para defender los intereses nacionales en materia económica, ambiental y humanitaria.
Por una parte, ONGs como Public Citizen, Institute for Policy Studies-Global Economy Project, Institute for Agriculture and Trade Policy (U.S.) y la Plataforma de América Latina Mejor Sin TLC promovieron la firma de una carta dirigida al presidente Joe Biden para que elimine los ISDS vigentes en las Américas.
Esta iniciativa aprovechó que el mismo Biden dijo que Estados Unidos no debería buscar nuevos acuerdos con mecanismos ISDS y que la renegociación del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá eliminó estos mecanismos salvo, desafortunadamente, en el sector de combustibles fósiles en México.
Por otra parte, desde Colombia se está promoviendo la Coalición de Comunidades Afectadas y Organizaciones Sociales Nacionales e Internacionales que, de manera semejante, promueve la firma de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro para retirar al país de los acuerdos de protección de inversiones con mecanismos ISDS. (La petición puede ser firmada en el siguiente enlace: http://bit.ly/3jIfXxJ)
En palabras de la Coalición, se solicita “al gobierno de Colombia revisar integralmente y retirarse de tratados que permiten demandas de empresas multinacionales mineras como Glencore y las canadienses Eco Oro, Galway Gold y Red Eagle ante tribunales diseñados para favorecer sus intereses incompatibles con los derechos humanos y la protección del ambiente”.
Ante el desalentador panorama de los mecanismos ISDS, en América Latina diversos sectores de la sociedad civil se han organizado para defender los intereses nacionales en materia económica, ambiental y humanitaria.
Claramente, la sociedad civil y diversos sectores políticos se están movilizando para abordar con rigurosidad la necesidad de renegociar los tratados de protección de inversiones y mecanismos ISDS. Esta es una oportunidad para unir al país en defensa de su soberanía, dándole un giro a los malos acuerdos y a las malas inversiones. Petro debe honrar su propuesta de campaña y renegociar este tipo de tratados.
Hemos dado grandes pasos gracias al trabajo de mujeres valientes y perseverantes, aún nos queda mucho trabajo por hacer. ¿Ustedes por qué salieron a marchar este #8M?
Desde la cuenta de Twitter @henryproteger, que sería la personal del general Henry Armando Sanabria, actual director de la Policía Nacional, se han hecho una serie de publicaciones de carácter religioso que han provocado críticas de congresistas y líderes de opinión en el país que recuerdan que el Estado colombiano es laico.
Precisamente, el miércoles 8 de marzo cuando se conmemoró El Día Internacional de la Mujer publicaron un mensaje que se interpretó como un llamado a la obediencia femenina.
“El encanto de la mujer alegra a su esposo, y si es sensata, lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor; una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto; nada vale tanto como una persona reservada (sic)”, expresaron en la red social junto con un video del evento conmemorativo de esa fecha en el interior de la sede de la Policía Nacional.
El mensaje no cayó bien para muchos personajes en el país, que señalaron que denotaba una gran carga machista que busca perpetuar esa práctica.
“General le invito a salir hoy a las calles de Colombia para ver si encuentra hoy una mujer sumisa y discreta como usted se las sueña. Sus sueños General son nuestras pesadillas ! (sic)”, reaccionó la excongresista Ángela María Robledo, quien también fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en las elecciones de 2018.
Controversial trino en la que sería la cuenta personal de Twitter del general Henry Sanabria. (Captura de pantalla)
Mientras que la representante a la Cámara por Bogotá Jennifer Pedraza cuestionó que el alto oficial pueda ejercer su cargo si tiene esos sesgos.
“Cómo es que “el Gobierno de las mujeres” puso a este señor a dirigir la @policiacolombia. Si quienes deberían cuidarnos piden que nos callemos, seamos sumisas y actuemos para satisfacer a los hombres, NO ESTAMOS SEGURAS. @petrogustavo responda y retire a este señor del cargo (sic)”, reprochó la congresista.
También se sumó a estas críticas el destacado jurista y exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional Rodrigo Uprimny quien recordó que Colombia no es un Estado confesional.
“Un mensaje doblemente inaceptable de quién se presenta como director de la Policía: i) porque desconoce que Colombia es un Estado laico y ii) porque reproduce estereotipos discriminatorios contra la mujer, preciso en el día internacional contra la discriminación de las mujeres (sic)”, trinó.
Otro de los polémicos trinos sobre las mujeres en la que sería la cuenta personal de Twitter del general Henry Sanabria. (Captura de pantalla)
Pero no es la primera vez en que critican las publicaciones acerca de las mujeres en esa cuenta que le atribuyen al director de la Policía, el pasado 12 de febrero trinaron sobre una cita bíblica acerca del adulterio.
“San Mateo 5, 31-32: “Pero yo les digo: El que se #divorcia de su #mujer, excepto en caso de unión #ilegal, la expone a cometer #adulterio; y el que se casa con una mujer abandonada por su #marido, comete adulterio (sic)”, señalaba el trino.
A esta publicación también le llovieron críticas por sus características machistas y de carácter religioso. Una de las más férreas provino de la reconocida feminista colombofrancesa Florence Thomas.
“Inadmisible los comentarios del director general de la Policia Nacional. Olvida que desde 1991 nuestro país es un estado laico. Ademas su lectura de la biblia es de una pobreza monumental. Ya las mujeres habiamos reaccionado a su nombramiento por parte de este gobierno (sic)”, criticó.
Para esos días estaba en boga lo ocurrido con el crimen de la DJ Valentina Trespalacios y la captura de su señalado feminicida John Poulos, a quien le colocaron unas esposas púrpura, que es el color que representa la lucha contra la violencia de género, y desde esa perspectiva la concejal de Bogotá Heidy Sánchez expresó sus reparos.
“Imagínense ustedes la confianza que sienten las mujeres de denunciar violencias cuando el general de la @PoliciaColombia pública este tipo de cosas? Se dan cuenta porque no son suficientes las esposas moradas? @petrogustavo este señor no debe estar al frente de la policía (sic)”, señaló entonces la cabildante.
A propósito del Día de la Mujer, el general Henry Armando Sanabria, director general de la Policía Nacional de Colombia, publicó en su cuenta personal de Twitter: “El encanto de la mujer alegra a su esposo, y si es sensata, lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor; una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto; nada vale tanto como una persona reservada”.
Tras este comentario, la congresista Jennifer Pedraza Sandoval le pidió al presidente Petro que lo retirara del cargo.
“Cómo es que ‘el Gobierno de las mujeres’ puso a este señor a dirigir la @policiacolombia. Si quienes deberían cuidarnos piden que nos callemos, seamos sumisas y actuemos para satisfacer a los hombres, NO ESTAMOS SEGURAS. @petrogustavo responda y retire a este señor del cargo”, indicó Pedraza en su cuenta de Twitter.
Cómo es que "el Gobierno de las mujeres" puso a este señor a dirigir la @policiacolombia. Si quienes deberían cuidarnos piden que nos callemos, seamos sumisas y actuemos para satisfacer a los hombres, NO ESTAMOS SEGURAS. @petrogustavo responda y retire a este señor del cargo. https://t.co/oVOHSrjuTX
— Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) March 8, 2023
En la misma línea, la congresista recordó que en el acto de reconocimiento del director de la Policía, el primer mandatario le encomendó, entre otras, garantizar igualdad entre hombres y mujeres en la institución. Según Pedraza: “Es evidente que el Comandante está incumpliendo su mandato, Presidente”.
Hasta el momento ni el mandatario ni el general de la Policía se han pronunciado al respecto.
Por otra parte, hoy el presidente Petro publicó un trino sobre la conmemoración de este día: “Feliz día a todas las mujeres de la matria. A las mujeres de abril que tanto me enseñaron. A la madre Tierra. Un gobierno popular y progresista no puede ser más que un gobierno de las mujeres para las mujeres”.
Sobre esto, Pedraza señaló que un gobierno sería para las mujeres si se declarara emergencia por “violencia machista y si defendiera los derechos humanos”.
Pdte, un Gobno para las mujeres no respaldaría la explotación reproductiva con un PL de Vientres de Alquiler, ni se pondría del lado de los denunciados por acoso sexual. En Gobno para las mujeres declararía emergencia por violencia machista y defendería nuestros derechos humanos. https://t.co/nAPQsij2yg
— Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) March 8, 2023
Una nueva polémica protagoniza el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, por cuanta de sus publicaciones en redes sociales. Esta vez, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, escribió un mensaje que generó críticas.
“El encanto de la mujer alegra a su esposo, y si es sensata, lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor; una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto; nada vale tanto como una persona reservada. pic.twitter.com/43pQF0NRtT
— General Henry Armando Sanabria Cely (@henryproteger) March 8, 2023
La representante Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, anunció incluso que pedirá la renuncia del oficial, al considerar que esa publicación es “machista”.
Cómo es que "el Gobierno de las mujeres" puso a este señor a dirigir la @policiacolombia. Si quienes deberían cuidarnos piden que nos callemos, seamos sumisas y actuemos para satisfacer a los hombres, NO ESTAMOS SEGURAS. @petrogustavo responda y retire a este señor del cargo. https://t.co/oVOHSrjuTX
— Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) March 8, 2023
Esta, sin embargo, no es la primera vez que el general Sanabria generan polémica por afirmaciones de este tipo.
