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Nombre del autor:Comunicaciones Jennifer Pedraza

El ajuste de la UPC: ¿Sostenibilidad o carga para el sistema?

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Por: Andres Salcedo Pinzon

Explicación del proceso de cálculo de la Unidad de pago por capitación (UPC) para el año 2025.

En las últimas semanas volvió el agitado debate en torno a la Unidad de Pago por Capitación (UPC); desde el gobierno nacional han argumentado que las EPS enviaron mala información y por ello la UPC para 2025 solo podía aumentar 5,36 %, mientras que organizaciones de pacientes, asociaciones de profesionales y demás gremios de la salud han insistido que la UPC es insuficiente. Aquí vamos a entender qué significan estas famosas siglas, el debate en cuestión y una realidad que no se ha tenido en cuenta en medio del debate: En el gobierno del cambio siempre han sido conscientes de que los más vulnerables y con incapacidad para realizar aportes a salud, los afiliados al régimen subsidiado, reciben menos dinero para salud del que deberían y en tres años de mandato no han hecho absolutamente nada para corregirlo.

¿Qué es la UPC y cuál es el proceso para calcular el aumento?

En los términos más prácticos, la UPC es el dinero que el Estado colombiano invierte en salud por cada ciudadano, afiliado al régimen contributivo o subsidiado, para que pueda acceder al Plan de Beneficios en Salud (PBS), es decir, que lo atiendan en un hospital, reciba los medicamentos que necesite, se le programen y realicen cirugías o cualquier procedimiento médico que llegue a necesitar.

El aumento de la UPC se calcula a más tardar el 31 de diciembre, con la información –debidamente validada– que aportan las Entidades Promotoras de Salud (EPS) sobre cuánto dinero gastaron en sus afiliados, teniendo en cuenta cuántas veces sus afiliados requirieron atención en salud dos años atrás. Como esto puede ser un poco confuso, aquí va la explicación teniendo en cuenta como debió ser el proceso para calcular la UPC para el año 2025:

  1. El Ministerio de Salud les dio unas fechas a las EPS para que, durante 2024, reportaran cuánto dinero gastaron en sus afiliados teniendo en cuenta cuántas veces sus afiliados consultaron al médico, recibieron medicamentos, requirieron cirugías, entre otras atenciones en salud, durante 2023.
  2. El Ministerio de Salud validó que la información fuera verídica a través de filtros e información de otras fuentes con las cuales contrastó lo que dicen las EPS
  3. El Ministerio de Salud tiene un grupo específico para cálculo de UPC que se reunió durante 2024 para discutir el aumento de la UPC para 2025
  4. El Ministerio de Salud tenía hasta el 31 de diciembre de 2024 para determinar el aumento de la UPC para 2025

¿Cuál es el debate por el aumento de la UPC 2025?

Para el año 2025, el Ministerio de Salud estableció que la UPC del régimen contributivo aumentaría $2 310 y la UPC del régimen subsidiado aumentaría $2 010, claro está, descontando la inflación del 5,2 %. El Ministerio de Salud argumentó este escaso aumento debido a que la información que suministraron las EPS para hacer el cálculo de la UPC 2025 no era de calidad y por ello no se podía tener en cuenta. 

Los actores civiles del sistema de salud, como organizaciones de pacientes, gremios de trabajadores de la salud y colegios profesionales han argumentado que este aumento sería escaso para las necesidades en salud de todos los colombianos. Por otra parte, expertos en economía de la salud han manifestado que el cálculo de la UPC no ha sido del todo correcto en los últimos años y esto le ha generado al sistema de salud un déficit cercano a $7,1 billones, como se lo dejaron saber a la Corte Constitucional a través de un oficio.

El gobierno del cambio les está dando menos dinero para atención en salud a los más vulnerables y que no pueden cotizar salud

La ley permite que las EPS reciban un porcentaje de la UPC para destinarlo a gastos de administración; para la UPC del régimen contributivo es el 10 % y para la UPC del régimen subsidiado es del 8 %. El dinero de la UPC que queda, después de que las EPS toman el respectivo porcentaje para gastos de administración, recibe el nombre de prima pura y se destina a los gastos de atención en salud como: pagar citas médicas, medicamentos, procedimientos, etc.

Como se aclaraba más arriba, los afiliados al régimen contributivo y al régimen subsidiado tienen los mismos derechos en salud, es decir, tienen derecho al mismo PBS. Con la prima pura de la UPC se paga el PBS, pero la prima pura de cada régimen es distinta. En otras palabras, es como si los afiliados al régimen contributivo y los del subsidiado tuvieran derecho a comprar las mismas cosas en el mercado, pero para pagar ese mercado, a los afiliados del régimen contributivo les doy más plata que a los afiliados al régimen subsidiado. Esto es completamente injusto.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional se pronunció en el año 2016 y ordenó al gobierno de turno procurar que la prima pura de la UPC del régimen subsidiado se acercara lo más posible a la prima pura de la UPC del régimen contributivo; en ese entonces la Corte fijó una meta del 95 %. Continuando con el ejemplo del párrafo anterior: La Corte Constitucional concluyó que como los afiliados al régimen contributivo y los del subsidiado tienen derecho a comprar las mismas cosas haciendo mercado, si a cada afiliado al régimen contributivo se le dan $1 000 para hacer ese mercado, entonces a cada afiliado al régimen subsidiado se le dan $950.

Esta meta se venía logrando hasta el año 2021; luego, cuando el gobierno de Iván Duque calculó el aumento de la UPC para el año 2022, la meta fijada por la Corte Constitucional se perdió y se amplió la brecha entre la prima pura de la UPC del régimen subsidiado y la prima pura de la UPC del régimen contributivo.

El gobierno de Gustavo Petro ha hecho los cálculos de aumento de la UPC de los años 2023, 2024 y 2025. En ninguno de los tres cálculos que ha realizado su Ministerio de Salud han decidido cerrar la brecha, por la cual los afiliados al régimen subsidiado están recibiendo menos UPC. Esto es muy indignante porque significa que los afiliados más vulnerables del sistema y que no pueden cotizar a salud no reciben el dinero que realmente deberían para que los atiendan en un centro de salud, les den los medicamentos que necesitan, accedan a una cita médica, puedan tener atención de calidad en salud.

El gobierno nacional no va a acabar con la corrupción en la salud por dar menos plata a la atención en salud

La lógica que manejan el gobierno nacional y el Ministerio de Salud es la siguiente: Si la UPC aumenta poco o muy poco, entonces la corrupción con los dineros de la salud se va a acabar. Para nadie es un secreto que las EPS han manejado mal los dineros del sistema de salud, muestra de lo cual es lo sucedido con Saludcoop y con la cantidad de EPS que se han tenido que liquidar desde la expedición de la Ley 100 de 1993. Es deber de los entes de control investigar y sancionar los malos manejos de los dineros de la salud por parte de estas Empresas, sin embargo, la lógica del Gobierno de menos UPC es igual a menos corrupción no tiene en cuenta la realidad actual del sistema de salud: Más de la mitad de la plata de la UPC no pasa por las manos de las EPS.

En este momento el Gobierno ha intervenido ocho EPS, las cuales suman 29 041 178 afiliados, es decir, el 55 % de los afiliados al sistema de salud están en una EPS intervenida por el Gobierno. 

Cuando una EPS es intervenida, el dinero que recibía por la UPC de cada uno de sus afiliados ya no pasa por sus manos, sino que es pagado directamente a los hospitales y clínicas desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Esto quiere decir que más de la mitad del dinero de la UPC de 2025 va a ser girada desde la ADRES directamente a los hospitales. 

Decepciona que el Gobierno decida aumentar en 5,3 % la UPC en 2025 para evitar corrupción por parte de las EPS, cuando estas ni siquiera van a manejar la mitad de este dinero. Así mismo, que justifiquen un paupérrimo aumento por la mala información entregada por las EPS –hecho que debe ser igualmente sancionado– cuando tenían otros parámetros para determinar el aumento de la UPC, por ejemplo, cerrar la brecha de la UPC del régimen subsidiado con la del contributivo. Es curioso que el Gobierno se desquite con los pacientes por los malos manejos de los recursos de la salud por parte de las EPS, cuando en la Reforma a la Salud que presentaron, y que se seguirá discutiendo este semestre, el Gobierno premia a las EPS con una muy buena ganancia fija por hacer menos funciones.

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“Hollman Morris nunca debió ser subgerente de RTVC”: Jennifer Pedraza

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La representante del partido Dignidad y Compromiso cuestionó el tratamiento que el Gobierno ha dado al caso sobre presunto acoso laboral contra dos funcionarias de RTVC y pidió al presidente Petro que retire a Morris de su cargo.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso.

Foto: El Espectador – Gustavo Torrijos Zuluaga

Por: Laura Duarte Sandoval

En diálogo con El Espectador, la representante Jennifer Pedraza, avalada por Dignidad y Compromiso, y quien tiene entre su agenda legislativa la defensa de los derechos de las mujeres, criticó la permanencia de Hollman Morris en el Gobierno y reiteró que su designación fue inapropiada. Además, aseguró que es testigo de la presunta persecución desde redes sociales a mujeres denunciantes. En todo caso, Morris ha negado que esté involucrado en los hechos de presunto acoso laboral y dijo que no va a dar otra declaración diferente a la que hizo a través de X, en donde aseguró que los señalamiento hacen parte de una “campaña de desprestigio” y una “persecución criminal” en su contra. De otro lado, Pedraza manifestó que “el movimiento feminista tiene una agenda propia, que no está sometida a ningún político de turno”, en referencia al gobierno de Gustavo Petro.

¿Usted fue una de las voces más críticas respecto a la llegada de Hollman Morris al gobierno como director de RTVC? ¿Puede decir que advirtió sobre las presuntas consecuencias del nombramiento?

Hollman Morris nunca debió ser subgerente de RTVC. Yo acompaño a las organizaciones de mujeres que están pidiendo que renuncie o que el presidente lo retire de su cargo. Si Petro lo mantiene en el Gobierno sería una traición a su promesa de campaña de que el cambio era con las mujeres. El presidente ha decidido rodearse y nombrar en varias ocasiones a hombres denunciados por violencias basadas en género o por acoso laboral, como también fue el caso de Víctor de Currea, quien declinó voluntariamente de ser embajador de Colombia en Emiratos Árabes, pero nunca hubo una decisión clara del presidente de reversar el nombramiento. Uno de los criterios para otorgarle poder a las personas, es que no que tengan encima casos de violencias o denuncias.

(Lea: “Colombia será sede de cumbre regional para analizar lucha contra las drogas”)

¿Cuál es su postura respecto a la afirmación de inocencia de Hollman Morris?

Hay algo adicional en estas últimas denuncias hacia Morris y es la persecución sistemática desde las redes sociales hacia las víctimas que deciden denunciar, lo que vuelve todo mucho más revictimizante. En el pasado desde las mismas redes sociales, el presidente Petro también afirmó que Hollman Morris es inocente de casos anteriores, pero ningún juez ha asegurado eso. Incluso, en las últimas denuncias, hay víctimas que señalan que las estarían persiguiendo hombres armados, para obligarlas a quedarse calladas. Además, hay un combo de personas vinculadas a la corriente política del Pacto Histórico enfocada en perseguir jurídicamente a las mujeres que han defendido a las víctimas.

Es decir, ¿cree que sectores afines al Gobierno han intentado desestimar las denuncias?

Hay quienes dicen que criticamos al Gobierno, en este caso, por un sesgo político, pero la lucha por los derechos de las mujeres es en sí misma una reivindicación política. No necesitamos que detrás de nuestras preocupaciones haya algún partido de derecha o que una persona de derecha esté promoviendo las denuncias. Ellos dijeron que el cambio era con las mujeres y el presidente Gustavo Petro sabe que, en parte, le ganó a Rodolfo Hernández porque fue capaz de representar la lucha por la igualdad de género.

Pero, dicen que en movimientos de derecha también hay violencias y que la critica no ha sido igual de constante…

Quienes nos reconocemos como personas de izquierda o de centro izquierda somos más exigentes con las personas que representan nuestros proyectos políticos, porque por convicción defendemos la lucha por los derechos de las mujeres. Es mucho más incoherente que los proyectos progresistas democráticos y alternativos los dirijan personas que han cometido o que han sido denunciados por violencias basadas en género, porque se supone que estos proyectos políticos creemos en la lucha por los derechos de las mujeres. Por eso me parece que es tan importante que el movimiento feminista tenga una agenda propia, que no esté sometida a ningún político de turno. Puede que muchas hayamos votado por Petro, pero, por eso no nos vamos a quedar calladas. Si los políticos que elegimos se van a pasar por la faja las agendas de género, pues nosotras somos las primeras que vamos a denunciarlo. Yo sé que a ellos les gustaría que nosotras estuviéramos calladitas, aplaudiendo todo lo que digan, pero eso sería traicionar nuestros principios.

(Le podría interesar: “Oposición cuestionó cifras del periódico ‘Vida’ sobre tierras para campesinos”)

¿Considera que las denuncias contra Morris pueden afectar la agenda legislativa y proyectos del Gobierno?

La gente tenía una expectativa respecto a los derechos de las mujeres con este Gobierno y que no se condenen desde la Casa de Nariño habla de la incoherencia en todos los aspectos. Las denuncias recientes sobre presunto acoso laboral contra Morris se suman a otras contra los derechos de los trabajadores. Nos han contado que están echando a gente para repartirles sus puestos a los partidos tradicionales, o sea también hay una promesa fallida al respeto a los derechos laborales, lo que se contradice con el discurso y con la reforma laboral.

El Ministerio de la Igualdad fue uno de los primeros en pronunciarse sobre los señalamientos contra Morris y pidió a la Procuraduría investigar, ¿eso habla bien de esta cartera?

Habla bien de las feministas que están construyendo esa institución, pues no van a quedarse calladas, sencillamente por algo que provenga de su gobierno. Muestra un interés por institucionalizar el ministerio y hacerlo una autoridad en temas de género. Me hubiera gustado un poquito más de contundencia, haberse referido directamente a Hollman Morris, pues estamos hablando de una persona de las entrañas de ese proyecto político, que incluso en las elecciones territoriales hubo quienes en el Pacto Histórico propusieron que fuera candidato a la alcaldía de Bogotá. Pero, el movimiento feminista está dispuesto a acompañar al Ministerio de la Igualdad en las luchas, en la denuncia, en la crítica, incluso en la autocrítica de su gobierno.

¿Es decir que el llamado del Ministerio de la Igualdad no habla por todo el gobierno?

Fue por la lucha de las feministas que están en el Gobierno que se creó el Ministerio de la Igualdad. Esa es una conquista del movimiento feminista, no es un regalo de Petro. Sobre las cosas que están en su poder, en su control, como garantizar que no siga existiendo revictimización y violencia contra las mujeres, no ha tomado ninguna decisión. En el corazón de Petro hay dos personas: Laura Sarabia y después, Hollman Morris.

(Le recomendamos: “En medio de polémica en RTVC, Hollman Morris viajó a Davos en la comitiva de Petro”)

¿Cuál cree que es el camino para prevenir estas violencias, que se repiten en partidos políticos, en el Congreso y en demás espacios de toma de decisión?

Bueno, quiero empezar haciendo una autocrítica a nombre de mi colectividad, porque nosotros hemos pasado por ese proceso de denuncia y las mujeres hemos luchado muchísimo para que existan protocolos, no para archivarlos y que se congelen, sino que efectivamente se implementen de manera que se priorice la protección de los derechos a las víctimas. Obvio, también es parte del debido proceso, pero yo creo que es lo que se necesita. Deben tener una ruta de denuncia que garantice que no haya revictimización, sino una acción dedicada a la reparación, al reconocimiento de esas violencias y a la no repetición. En el caso de Dignidad y Compromiso, ahora existen unas duplas, conformadas por una mujer que es abogada y una mujer que es trabajadora social o psicóloga, que atienden caso por caso.

Para no dar una respuesta tan leguleya, también es una labor que tenemos que hacer las mujeres dentro de los partidos y entidades. Tenemos que estar encima de estos procesos para que efectivamente sean concluyentes, porque nadie va a dar esa lucha por nosotras. Lo que van a empezar a sentir las mujeres es que nuestros partidos y la política electoral en general, no es un espacio seguro, y ese es el peor mensaje.

En junio de 2023 se aprobó un proyecto para prevenir la violencia política, ¿qué piensa de su aplicación?

Aún le faltan dientes a la ley, pero fue muy importante. Por ejemplo, fue clave para que el Polo Democrático se pronunciara en contra de las declaraciones de Germán Navas Talero en mi contra, pues la ley implicaba que los directivos de los partidos se pronunciaran cuando existieran este tipo de denuncias. El problema que tenemos con la mayoría de las leyes que van a favor de los derechos de las mujeres es que entran en una etapa de implementación, de asignación de presupuesto y de ejecución que es bastante lenta. Por otro lado, en el Plan Nacional de Desarrollo quedó una declaratoria nacional de violencia contra la mujer, pero hace falta una articulación de las distintas entidades, y en el país ya se han presentado varios feminicidios en estos primeros días de 2024.

¿Qué acciones esperaría del Gobierno y autoridades en estos casos?

Sobre los feminicidios no ha habido ningún pronunciamiento del Gobierno, pero tampoco ninguna acción de la Fiscalía, que viene cometiendo varios errores. El año pasado hicimos un debate de control político pues hay una mala tipificación de los feminicidios. Encontramos crímenes, como el asesinato de mujeres a manos de sus parejas, que están catalogados como homicidios de mujeres y no feminicidios. Queríamos que la Fiscalía fuera a este debate control político, peor no asistió. Vamos a seguir colocando este tema sobre la mesa.

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Son niñas, no esposas

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Por: Carlos Acero Castellanos

El Congreso de la República ha dado un paso histórico para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes al prohibir el Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas -MIUT.

Aunque parezca increíble, todavía en el siglo XXI en Colombia era legal que una persona mayor de edad se casara o viviera en “unión libre” con menores de entre 14 y 18 años. La realidad es más desconcertante que la norma, toda vez que en la actualidad hay más de 30.000 menores en todo el país en matrimonio o unión con mayores de edad, limitando sus proyectos de vida construidos desde la autonomía.

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 -ENDS- develó cifras de la alarmante realidad de los MIUT, como la disparidad de edad de las parejas de menores de edad. Por ejemplo, la diferencia de edad de mujeres entre 15 y 19 años es de 6 a 9 años con respecto a sus parejas en el 26,4% de dichas uniones, y de más de 10 años de diferencia en 17,1% de las mismas. En otras palabras: con aval legal se normalizó la pedofilia en Colombia.

Los departamentos del país en los hay más uniones tempranas con niños, niñas y adolescentes son Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Valle, aunque popularmente se señale más las uniones en La Guajira. Las principales afectadas son niñas y mujeres adolescentes, sobre todo las que habitan zonas rurales. Sin embargo, incluso en ciudades como Bogotá están creciendo los casos de embarazos infantiles y adolescentes.

Además de ser aberrantes este tipo de uniones entre una persona adulta y una menor, las uniones tempranas acarrean graves consecuencias para el proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes.

Por ejemplo, son más propensas a sufrir violencia machista, violencia sexual, homicidio o feminicidio. Datos de la ENDS indican que el 49,6% de las niñas en MIUT registran embarazo infantil o adolescente; y UNICEF afirma que estas uniones fomentan la desescolarización, recortando oportunidades de acceso a los beneficios del acceso a la educación y la construcción de un proyecto de vida profesional o laboral.

Si bien los titulares han hecho énfasis en la prohibición de uniones, el mayor atributo de la ley consiste en las medidas de prevención de este tipo de uniones. Como sostuvo Jennifer Pedraza, coautora de la iniciativa: “la nueva norma en papel no es suficiente”. Por lo mismo, la ley ordena al ICBF, a varios Ministerios y a la Defensoría del Pueblo a crear campañas de concientización y mecanismos de verificación del cumplimiento del texto legal.

Es igualmente destacable el proceso que acompañó la aprobación de la ley ¡que se había presentado ocho veces antes y siempre se caía por falta de trámite! A partir de un enfoque feminista e interseccional, las promotoras del proyecto lograron encontrarse y trabajar de la mano con organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, de la niñez y de las mujeres.

Esta estrategia se complementó con una campaña de recolección física y digital de firmas que permitió crear nuevas redes de activismo en 9 departamento del país y que en pocos días recibió más de 5 mil respaldos, muchos de estos que expresaban hacerlo por sus abuelas, madres o tías, y para que sus hijas no tengan que vivir lo que las primeras sufrieron. Sin lugar a dudas esta fue una victoria más del movimiento feminista.

Como sociedad nos hemos acostumbrado a recibir malos resultados, división y desesperanza provenientes del mundo político. En esta oportunidad recibimos una buena noticia.

Claro, todavía faltarán muchas normas y programas gubernamentales para resolver asuntos estructurales de la vida de las niñas y niños: acceso pleno y de calidad a la educación; alimentación digna para que nunca vuelva a morir un menor por desnutrición; o mejoras en la atención de salud. Pero las necesidades estructurales no pueden opacar las igualmente importantes condiciones necesarias para que se eliminen formas de explotación de unos seres humanos sobre otros.

Este avance legislativo en materia de derechos para las niñas, niños y adolescentes nos debe llenar de orgullo como país. No en vano la noticia se expandió por medios latinoamericanos, asiáticos, europeos y africanos, dando una luz de esperanza en aquellos lugares en los que arremeten liderazgos reaccionarios y violentos.

Ahora sí ¡son niñas, no esposas!

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Tormenta perfecta, en un vaso de agua

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Por  Carlos Acero Castellanos

El Consejo Nacional Electoral -CNE- ha sabido armar una tormenta perfecta, en un vaso de agua, pero tormenta perfecta. Al final el CNE no tumbará al presidente y no habrá golpe de Estado por la vía de esa actuación, pero su decisión de abrir una investigación en contra de Petro como candidato sí causa un ruido desafortunado para la democracia.

No es mentira que el CNE sea una institución desprestigiada. El órgano electoral fue creado como un engendro político-judicial que sólo ha servido para que los políticos se hagan favores y que la gran corrupción electoral nunca se aclare.

Los “magistrados” del CNE no son juristas expertos, son políticos quemados, reciclados en ese órgano para hacer favores. Entre los magistrados quemados se destacan Álvaro Prada, uribista investigado por la Corte Suprema por la compra de testigos en el caso Uribe, y César Lorduy, acusado de cometer un feminicidio que quedó impune, además de exigir dinero y favores sexuales para no anular una candidatura en Magdalena.

¿Ustedes confiarían en estas personas para que decidiera su futuro jurídico? Lo dudo.

Además de su cuestionada conformación, el CNE ha sabido actuar con mediocridad jurídica. Para no ir más lejos, el Consejo de Estado ha revocado cinco personerías jurídicas de partidos a los que el actual CNE les había dado el derecho a existir a pesar de que estos no cumplían con los requisitos que la Constitución Política exige. Eran regalitos, quién sabe a cambio de qué.

En todo caso, ese CNE no tiene la capacidad jurídica o política de hacer un golpe de Estado como dice Petro. Las investigaciones del CNE en materia de campañas presidenciales sólo pueden concluir en multas, nunca en destitución, nulidad electoral y menos en cárcel. Esta verdad, que ningún jurista refuta, fue ratificada recientemente por la Sala de Consulta del Consejo de Estado.

Por tanto, la acusación del presidente es alarmista y equivocada, al punto que ni la ministra de Justicia ni el ministro del interior se atrevieron a respaldar el trino de Petro sobre el inicio del golpe.

El presidente, en vez de jugar a la tormenta perfecta y desacatar una orden de naturaleza judicial, debería acudir por la vía de la tutela a la protección de sus derechos fundamentales.

La tutela que revisaría la Corte Constitucional no sólo sería útil para la defensa del presidente. También le daría al país luces sobre el contenido del fuero presidencial y los alcances del CNE, puesto que allí sí existe una controversia constitucional que a la fecha no ha sido aclarada y sobre la que se contraponen posturas.

Resulta que la Constitución Política contempla que el juez natural del presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el Senado. Sin embargo, por la redacción de la constitución y otras leyes se puede interpretar que la Comisión de Acusaciones se ocupa de asuntos penales y disciplinarios, pero no se aclara si ello se extiende a casos administrativos.

El senador Humberto de la Calle explicó este problema de forma sencilla: “Si el Presidente se pasa un semáforo en rojo (Belisario manejaba), ¿hay que ir al Congreso para multarlo? ¿Si no paga a tiempo la luz, debe la empresa ir al Congreso?”. Sucede lo mismo con la investigación administrativa por una eventual violación de los topes electorales.

¿El fuero presidencial es integral o es exclusivamente relativo a lo penal y disciplinario? Esa es la pregunta de fondo que por la vía de la tutela Petro le debe plantear a la Corte Constitucional. Y la Corte deberá aclarar el asunto ratificando, con certeza, que el CNE no tiene la capacidad de tumbar de ninguna manera al presidente.

El corazón de la tormenta en el vaso de agua se desprende del comunicado del CNE, porque al señalar el nombre propio del presidente en el comunicado da a entender que investigará, no sólo a la campaña,  sino también al individuo. Si no se mencionaba el nombre Gustavo Petro, nadie cuestionaría que el CNE puede investigar a su campaña.

Insisto hasta el cansancio: el CNE no puede destituir al presidente, pero mencionar directamente el nombre de mandatario abre la discusión, constitucionalmente no resuelta,  sobre el fuero presidencial y justifica la narrativa de la extralimitación del poder electoral para atacar a Petro.

Petro debe terminar su periodo presidencial y la historia lo deberá juzgar por su incumplimiento en diversas áreas al mandato social de cambio. Si el CNE u otra autoridad intenta destituir al presidente marcharé por la democracia, pero ese escenario no es el que hoy nos ocupa.

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La incertidumbre del Presupuesto General de la Nación 2025

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Por: Diego Cortes Valencia

El Congreso de la República hundió el Presupuesto General de la Nación que presentó el gobierno y ahora este lo presentará por decreto. ¿Cómo quedó la distribución y qué pasará con la ley de financiamiento?

La crónica del presupuesto en el Congreso

Cumpliendo las fechas del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en abril de 2024 el Ministerio de Hacienda presentó a las comisiones económicas del Congreso el Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2025, y en julio el proyecto propuesto.

El primer paso de las comisiones económicas del Congreso en el trámite del PGN es definir si el Proyecto se ajusta o no a lo definido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Si así lo consideran las comisiones, el proyecto puede devolverse al Ministerio de Hacienda antes del 15 de agosto, para que realice las enmiendas correspondientes. Esto no aplicó en el trámite para el PGN 2025 y no se realizaron enmiendas al proyecto.

La segunda fecha relevante corresponde a la aprobación del monto del Presupuesto, que debe aprobarse antes del 15 de septiembre. Este fue el debate de fondo en el que se centró la discusión del PGN 2025. El gobierno presentó un presupuesto por $523 billones de pesos, de los cuales $12 billones no se encontraban financiados. 

El Proyecto de PGN establece que esos $12 billones se recaudarán por medio de una Ley de Financiamiento, o reforma tributaria. Aunque significa tramitar un presupuesto desfinanciado, el artículo 54 del Estatuto Orgánico permite que el Ministerio de Hacienda proponga por proyecto de ley “los mecanismos para la obtención de nuevas rentas o la modificación de las existentes que financien el monto de los gastos contemplados”.

Las comisiones económicas del Congreso, por mayoría, consideraron inconveniente aprobar el Proyecto desfinanciado, por lo cual no se aprobó el monto antes del 15 de septiembre. El Ministerio de Hacienda presentó una nueva propuesta de proyecto ante el Congreso, manteniendo el monto de $523 billones, pero modificando asignaciones específicas, donde resaltó la propuesta de recorte al presupuesto de la Registraduría en más del 77 %.

Sin embargo, las comisiones económicas del Congreso hundieron el nuevo proyecto que presentó el gobierno. El Ministerio no quiso reducir el monto para presentar una propuesta de Presupuesto que no estuviera desfinanciada en $12 billones, que habría tenido mayor oportunidad de ser aprobado. 

En lugar de esto, el gobierno decidió no presentar otro Proyecto y aprobar por decreto el proyecto inicial de PGN 2025 que presentó ante el Congreso. Lo anterior lo permite el Estatuto Orgánico en caso de que el Congreso no aprobara el PGN antes del 20 de octubre. Sin embargo, es claro que el gobierno nacional habría podido intentar consensuar una propuesta intermedia y aprobarlo en los tiempos que define la ley.

En este contexto, el futuro presupuestal para los sectores del país quedó anclado a la propuesta inicial de PGN 2025 del gobierno y al trámite de la Ley de financiación que plantea el gobierno para financiar los $12 billones faltantes.

¿Cómo quedan los sectores económicos en el PGN 2025?

El presupuesto quedó en $523 billones de pesos en total y $410,4 billones si no se cuenta lo destinado a pagar la deuda. Comparado con el PGN de 2024 (que fue recortado durante este mismo año), y ajustado a la inflación estimada a fin del año 2024 por la Encuesta de Expectativa de Analistas Económicos, que realiza el Banco de la República (5,6 %), el PGN total de 2025 aumenta 2,6 % en términos reales, pero, sin tener en cuenta la deuda, este apenas crece 0,1 %. 

El presupuesto de funcionamiento del PGN de 2025 se proyectó en $327,9 billones, que representa un incremento real de 5,4 % comparado con 2024. En inversión se destinaron $82,5 billones, una caída anual de -16,4 % en términos reales. Por el lado del pago de la deuda, se destinaron $112,6 billones, un aumento del 12,9 % real anual.

En términos de caída anual real, sobresale la reducción de presupuesto para deporte y recreación (-62 %); agricultura y desarrollo rural (-44,4 %); tecnologías de la información y comunicaciones (-35 %); inclusión social (-34,7 %); Presidencia (-30,5 %); ciencia, tecnología e innovación (-25,1 %); y cultura (-24,2 %).

Coinciden estas reducciones al comparar el proyecto de Presupuesto del año 2025, comparado con el 2023. Entre los recortes más grandes se encuentran deporte y recreación (-65 %); ciencia, tecnología e innovación (-55 %); inclusión social y reconciliación (-48 %); agricultura y desarrollo rural (-47 %); ambiente y desarrollo sostenible (-44 %) y cultura (-34 %).

Esta distribución depende de que el Congreso apruebe la Ley de Financiamiento que acompaña el proyecto de Presupuesto. De no ser así, se deberá modificar el presupuesto 2025 ajustando en $12 billones de pesos menos los rubros de funcionamiento e inversión.

Foto: Senado de la República – las comisiones económicas del Congreso hundieron el nuevo proyecto que presentó el gobierno.

Ley de Financiamiento: reforma tributaria en el aire

El gobierno presentó al Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento. Para 2025, esta propuesta espera recaudar $11,8 billones de pesos, donde la principal parte proviene de la anticipación de la Regla Fiscal ($5,3 billones de pesos), que representa el 45,1 % del recaudo total en 2025.

El adelanto de la Regla Fiscal hace referencia a cambiar las metas transitorias que se encuentra en la Ley 2155 de 2021 en términos del déficit fiscal para 2025 y pasar a aplicar el mecanismo paramétrico, o las condiciones que estiman las variables que define la Ley para estimar los niveles de déficit para cada año. Esto se puede hacer porque en 2023 la deuda neta como proporción del PIB fue 53,8 %, y fue inferior a la meta que define la Regla Fiscal (55 %). Este cambio le permite aumentar el déficit fiscal, lo cual garantiza recursos adicionales para gasto público.

Otro mecanismo que incluye el proyecto es un componente verde que permita no contar las deudas e inversiones de financiamiento climático dentro de las variables de la Regla Fiscal, hasta un 0,3 % del PIB anual, con el fin de que estas inversiones no presionen o se limiten por el cumplimiento de la Regla Fiscal. 

Los costos de la transición, y la atención de gastos derivados de la mitigación a los riesgos climáticos, tienen un componente alto de gasto y de incertidumbre, que se verían altamente limitados si no tienen un criterio diferencial frente a la Regla Fiscal.

Otras medidas positivas del proyecto son los impuestos a los juegos de suerte y azar, que permitirían recaudar $2,1 billones adicionales en 2025, y la tarifa diferencial de renta para las empresas, que reducirían desde el año 2026 impuestos para pequeñas y medianas empresas, como lo han pedido desde hace años las mipymes en Colombia.

El proyecto trae una medida inconveniente y es la modificación del impuesto al carbono, que aumentaría el precio a los combustibles. Esto golpea el costo de vida de las familias con vehículos, con el aumento de la gasolina y el gas natural. También incrementa el precio del ACPM, que resulta contradictorio frente a los acuerdos logrados con los transportadores que se movilizaron. Impactará también en el costo del combustible de los aviones. Por este impuesto, se espera recaudar $1,3 billones de pesos en 2025.

Esta reforma tributaria podría ser positiva, en el sentido de que Colombia aún tiene gasto del gobierno general en proporción al PIB en 2023 (14,8 %) por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (15,1 %) y los países de la OCDE (17,1 % en 2022). Los recursos adicionales se justifican porque el dinero público hoy es insuficiente para atender las necesidades del país, como los gastos en salud o educación pública. Además, la reducción del impuesto de renta para las empresas va encaminada hacia la reactivación económica. Sin embargo, el ambiente político para el trámite en el Congreso no es el mejor.

Incertidumbre presupuestal y política

Que el gobierno nacional decidiera presentar el PGN 2025 por decreto, y no concertar un monto totalmente financiado, es una disputa con el Congreso que no facilitará el trámite de las reformas que se encuentran en el Congreso.

El ambiente en las comisiones económicas no fue favorable para aprobar el Presupuesto a la medida del gobierno, y esto puede repetirse para el trámite de la Ley de Financiamiento. Los principales opositores al PGN del gobierno y la reforma tributaria argumentan que la baja ejecución del gobierno en 2024, que en el componente de inversión es la más baja en décadas, es muestra que no se requiere más dinero, sino de ejecutar el existente.

Lo que se puede esperar este año es que el proyecto de Ley de Financiamiento se hunda en las comisiones económicas y el gobierno deba ajusta en $12 billones de pesos el presupuesto de 2025. Se recortará aún más la inversión pública, que afectará sectores clave ya muy golpeados, como ciencia y tecnología o agricultura.

Por la incompetencia del gobierno para la ejecución del año 2024, se dio mayores argumentos a los sectores que promueven políticas de austeridad en el país. Incluso, suenan propuestas de recorte del gasto de funcionamiento en el Estado, aun cuando Colombia no tiene un tamaño del Estado o un gasto público que supere los promedios de países de la región.

Al final, pierde el país frente a la posibilidad de volver mucho más progresivo el sistema tributario, reducir los impuestos para pequeñas y medianas empresas y recaudar mayores recursos que se requieren para múltiples necesidades. También pierde por el mayor recorte de inversión pública, que impactará en el crecimiento económico nacional.

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¡Más Deuda, Menos Solvencia: ¿Hacia Dónde Va La Ceja?

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Por Kevin Alexander Jiménez

De 24,000 millones a 15,500 millones de pesos: el preocupante nuevo crédito público.

El debate sobre el nuevo servicio de la deuda municipal comenzó con una cifra que, por sí sola, debería alarmarnos: 15,540 millones de pesos. Y aquí está el porqué. Gran parte de este dinero se destinará a la finalización de obras muy importantes que comenzó la administración 2020-2023: “La Ceja, nuestro compromiso”, y no culminó, causando posibles lesiones al patrimonio nuestro. Pero el costo real para completar estas obras es de 9,500 millones. ¿Qué ocurre con el resto?

Estos 15,540 millones de pesos se repartirán así: 2,500 millones para finalizar el centro cultural, una obra que comenzó con 4,000 millones, y para la cual, ya se había autorizado un empréstito en 2022 que no alcanzó para terminarla. La plaza de mercado recibirá 5,000 millones más, aunque al cierre de 2023 la inversión ya alcanzaba los aproximados 20,000 millones. En lo que va de esta administración, se han desembolsado 2,000 millones, aún faltan 3,700 millones de la gobernación y, como si era poco, el viernes pasado se anunciaron otros 2,000 millones más. Otros 1,500 millones irán a la terminación de Parques del Río, donde se proyecta que un parque infantil podría costar 100 millones, incluyendo adoquines para delimitar árboles. Finalmente 5,000 millones se asignarán a redes de acueducto y alcantarillado, aunque aún no se sabe en qué zona se realizarán estas obras. Y por si fuera poco 1,000 millones se destinarán a estudios y diseños de proyectos del plan de desarrollo, sin claridad sobre cuántos ni cuáles, ya que esta partida fue aprobada al calor de la última plenaria.

Si sumamos, tenemos 34,000 millones aproximados de la administración anterior, más 22,460 millones autorizados en el plan de desarrollo municipal: “Es el momento”, y 15,540 millones de este nuevo empréstito. En total, hablamos de un aproximado de 71,900 millones de pesos a pagar en 10 años -sin contar los intereses-. Y lo que es aún más preocupante:
de estos 15,500 millones, apenas 2,000 millones se abonarán al capital, mientras que para 2027 (último año de esta administración) se habrán pagado 9,000 millones en solo intereses, dejando a la próxima administración con un 82% de su indicador de solvencia
comprometido.
Este escenario pinta un futuro crítico para el bolsillo de los cejeños, porque además, se avecina una actualización catastral que, aunque necesaria para regularizar los predios, podría incrementar los impuestos. Esto por el estatuto tributario que, al actualizarse, causarán una serie de efectos, que en consecuencia, los costos de vida en el municipio irán aumentando en nuestro contexto.

Pero esto no es todo. Los vacíos jurídicos en el manejo de esta deuda son alarmantes. La Ley 358 de 1997 permite a los municipios endeudarse hasta un 100% en su indicador de solvencia y un 60% en sostenibilidad. Sin embargo, estamos peligrosamente cerca de esos límites, con un 82% y 42% respectivamente. En términos simples, es como si nosotros ganáramos 1’ 300.000 de pesos mensuales y destinamos 1’ 066,000 al pago del arriendo, quedándonos solo con 234,000 para todo lo demás. Esta situación ¡sin duda! deja muchas necesidades básicas sin cubrir.

Además de todo ello, la Ley 819 de 2003, en su artículo 16, exige contar con una calificadora de riesgo para evaluar si es viable apropiarse de más deuda. Por un mínimo de responsabilidad, este análisis debería presentarse ante el Concejo Municipal para entender realmente la situación financiera, pues el artículo 325 de la Ley 2294 de 2023 ordena a los concejales a estudiar con responsabilidad los riesgos financieros de su municipio. Para mayor sinsabor, el artículo 14 de la citada Ley, menciona que los intereses deben contar con la tasa de cobertura de riesgos, por lo cual los intereses se duplicarían, cosa que no se refleja en las proyecciones que presentó la administración. Incluso, todo este proyecto se debe concatenar con las vigencias futuras que hace mención la Ley 1483 de 2011. Muy preocupante.
Es comparable a cuando un banco nos pide el reporte de Datacrédito antes de prestarnos dinero. Sin esa evaluación de riesgo, ningún banco se arriesgaría a prestar. Entonces, ¿por qué la Administración Municipal no presenta este análisis ante el concejo municipal?, ¿cómo se está garantizando que esta deuda no lleve al municipio a un muy posible escenario de quiebra?

Un Ejemplo Simple:

Piense en alguien que trabaja en una floristería y gana $1,000,000 al mes, y que por necesidad tiene deudas: un préstamo personal y una tarjeta de crédito.

  1. Indicador de Solvencia: Este indicador es como la parte del salario destinada a pagar las deudas mensuales. Si llega al 100%, significa que todo el salario se va en pagar esas deudas.
  • Al Límite: Supongamos que se utiliza el $1,000,000 para cubrir cuotas y pagos mínimos. Si surge una emergencia, como una reparación inesperada en casa, no hay de dónde sacar dinero. Y peor, no se puede pedir más prestado.
  1. Indicador de Sostenibilidad: Es como la proporción de la deuda total respecto a los ingresos anuales. Si alguien debe $9,600,000 y gana $12,000,000 al año, está al 80%. Si sus ingresos bajan, no podrá cubrir la deuda y tendrá serios problemas.

Consecuencias de Estar al Límite:

  • Sin Respaldo para Emergencias: Si ocurre algo inesperado, no hay capacidad para responder. Es como vivir sin ahorros y sin espacio en las tarjetas.
  • Vulnerabilidad Económica: Una caída en ingresos o un aumento en tasas de interés podría llevar a una situación de no pago, dañando el historial crediticio.
  • Compromiso Futuro: Para el municipio, llevar los indicadores al límite significa que en un porcentaje considerable, por no decir casi totalmente, sus ingresos se destinan a pagar la deuda, dejando poco para salud, educación, infraestructura u otros servicios colectivos esenciales. Cualquier baja en ingresos o aumento en costos de deuda podría llevar a la insolvencia, afectando directamente a la ciudadanía.

Entonces, las incógnitas son inevitables y estrepitosas: ¿Cómo vamos a resolver esto?, ¿más impuestos?, ¿recortes en servicios?, ¿quién se hará responsable de esta situación que pone en jaque la estabilidad económica de La Ceja?, ¿estamos dispuestos a hipotecar el futuro del municipio por decisiones financieras irresponsables hoy?

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Los transportadores tienen la razón

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Por Carlos Acero Castellanos

No lo digo yo, lo dijo varias veces el entonces Senador Gustavo Petro: en Colombia el cálculo del precio nacional de los combustibles se ata equivocadamente al internacional a pesar de que somos un país productor. Y agregó que el ajuste del precio de los combustibles era una “reforma tributaria cada mes” contra el bolsillo de las y los colombianos.

Pero vamos por partes. Antes de ahondar en el cambio de parecer del presidente, es necesario aclarar el tema del “ajuste fiscal” por el que el gobierno ha subido el precio de la gasolina y el ACPM. 

Los economistas ortodoxos respaldan al gobierno en su decisión de aumentar el precio. Los ex ministros de Uribe, Duque y Santos aplauden la medida que desde años ha sugerido el Fondo Monetario Internacional, al que antes Petro criticaba por chantajista. Mientras tanto, el presidente acusa de oligarcas a los pequeños transportadores inconformes. El mundo al revés.

Pero estos expertos omiten al menos dos factores: i) que Colombia es un país productor de petróleo y ii) que no da lo mismo aumentar el precio de combustible en un país en el que una de cada tres personas están en condición de pobreza y los incrementos leves en la inflación representan más hambre y sufrimiento.

En 2007 Uribe creó el Fondo de Estabilización de Precios del Combustibles -FEPC- para impedir que cambios abruptos en el precio del petróleo afectaran gravemente a Ecopetrol o a los consumidores. Una medida contracíclica que buscaba ahorrar, pero que en vez de ahorrar causó un déficit. 

El mayor problema del FEPC fue atar el precio de venta del combustible al precio internacional, siendo este último mayor, por lo que se infló la deuda del Estado con Ecopetrol. Para cerrar el déficit, o se paga del presupuesto de la nación o del bolsillo de la gente.

El famoso déficit de los combustibles que hoy paga la población es realmente un problema contable entre el gobierno y su propia empresa, de un bolsillo a otro. Pero con una perla: cuando el gobierno hace el cruce de recursos quienes terminan ganando son los accionistas privados de Ecopetrol. 

Los verdaderos ganadores del subsidio son JPMorgan, Chase Bank, Norgers Bank, Skandia, Porvenir, Protección, Colfondos. Entidades financieras, nacionales y extranjeras. Para victimizarse por el paro el presidente acusa de magnate al dueño de un camioncito, no a los dueños del mundo. Lo que hay que oír del “Allende colombiano”.

Quienes defienden el alza sostienen que Colombia debe cobrar más cara la gasolina y el ACPM porque si los vendieran en el mercado internacional ganarían más. La pérdida de oportunidad debe cobrarse, dicen.

Sin embargo, el costo de oportunidad es apenas teórico. Tanto porque vender el combustible afuera sería políticamente inviable, como porque al venderlo afuera el consumo interno exigiría importar, nuevamente a precios internacionales. Además, el chiste de que el Estado tenga a una empresa como Ecopetrol es que la pueda usar para producir y ponerla al servicio de las necesidades productivas del país.

Pero pilas, fijar un precio del combustible distinto al internacional no implicaría fijar el precio de venta al precio de producción. Por el contrario, un país productor de petróleo, y del 91% del ACPM que consume, podría fijar un tercer precio, entre el de producción y el internacional.

Llamemos a ese precio precio nacional competitivo. No golpea absurdamente las utilidades de Ecopetrol (que al final van al presupuesto del Estado), pero tampoco descarga severamente los costos sobre transportadores y consumidores.

Ahora bien, el problema no es sencillo de resolver, pero eso no excusa a Petro de cumplir con sus planteamientos del pasado o, por lo menos, no estigmatizar por “oligarcas” a quienes hoy critican el aumento del precio.

El mecanismo que hoy defiende Petro, en sus palabras del pasado, “es una transferencia de renta petrolera del consumidor de gasolina hacia el Estado. Un sistema de financiación del Estado no transparente vía precios de la gasolina inflado”.

Por tanto, incluso si el gobierno no quiere ceder en su intención de subir el precio del combustible, al menos debería comprometerse con revisar la fórmula del FEPC en lo que respecta a tener el precio internacional del petróleo como referencia y que legalmente depende de un decreto o resolución ministerial.

Así Colombia podría “decidir o no pagar altos precios de la gasolina imponiendo sobre precios o tasas” teniendo en cuenta que ello “es un choque brutal a sus ingresos”, los de la gente, decía Petro.

El presidente ha fallado. Por haber cambiado el discurso, por descargar las mismas soluciones de siempre sobre la gente y, no menor, por estigmatizar a quienes protestan y por no negociar a tiempo permitiendo que llegáramos a este punto que afecta a todo el país.

Posdata: A uno de mis principales lectores, mi maestro, amigo y guía, gracias por cada retroalimentación a estas columnas y a los distintos aspectos del día a día. Con amor celebro tu vida, Pa.

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Qué camello

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Por Carlos Acero Castellanos

La Cámara de Representantes discutirá la reforma laboral en las próximas semanas. La propuesta del gobierno llega a su segundo debate (de cuatro) después de dos años de grandes recortes con respecto a su contenido original.

La reforma laboral posiblemente es la reforma social que ha generado mayor oposición entre los actores interesados. La alta controversia no es en sí mala, pero resulta problemática cuando se acompaña de verdades a medias, falta de evidencia y soberbia. Estos defectos los han tenido tanto los gremios empresariales, como el gobierno y directivos sindicales.

El primer problema para que avance la reforma tiene que ver con su objetivo. Mientras que el gobierno insiste en que busca recuperar derechos laborales para los y las trabajadoras perdidos durante el gobierno Uribe, voces de sectores productivos y la oposición quisieran soluciones para crear empleo.

Ambas posturas son válidas, pero de lado y lado se han presentado como si fueran excluyentes. El gobierno ha fallado presentando la reforma -que sin duda generará nuevos costos para el empresariado- como un elemento aislado de sus propias políticas de reindustrialización y reactivación económica. Ante esta fragmentación, el empresariado se ha excusado en la falta de apoyo a su sector para oponerse y concluir, sin evidencia certera, que la reforma cerrará empresas y destruirá empleos.

Difícilmente modificar una regla en un papel puede crear empleos, pero Colombia sí puede tener certeza de que la reforma de 2003 -que recortó derechos laborales- no cumplió con las expectativas del fomento al empleo. En ese entonces la lógica de Uribe fue hacer una transacción: flexibilizar las garantías laborales para reducir los costos laborales y que esa diferencia fuese invertida para emplear a más personas. La promesa de crear 683.000 empleos nunca se cumplió. Por el contrario, un estudio realizado por Alejandro Gaviria identificó que la justificación dada entonces en el Congreso fue engañosa “los resultados son negativos, y claramente inconsistentes con la cifra de 200.000 empleos por año citada durante la discusión parlamentaria”. Otras revisiones académicas coincidieron en que la reforma laboral redujo costos, no creó empleos pero sí aumentó la carga laboral de los y las colombianas.

La evidencia indica que si bien es necesario exigir al gobierno políticas de promoción de empleo, estas no deben atarse al debate de la recuperación de derechos.

En el propósito de sacar adelante la reforma el gobierno ha cedido mucho, al punto que hay quienes consideran que ésta ya representa una derrota. Lo anterior, por cuenta de que se eliminaron casi todos los artículos relativos a garantías y mejoras para los sindicatos.

En el primer debate, la Comisión Séptima eliminó 17 artículos relacionados con derecho laboral colectivo, los mismos que eran fuertemente defendidos por la Centrales Obreras y muy cuestionados por los empleadores. A pesar de que en Colombia la tasa de sindicalización no supera el 4.5% de la fuerza laboral y de que existe alta estigmatización sobre las organizaciones defensoras del trabajo, la Ministra aceptó su derrota e incluso la ponencia que se discutirá en plenaria, pudiendo hacerlo, no revive esos artículos.

Al proyecto le quedan vivos asuntos sobre derechos individuales como la reducción de la jornada laboral hasta las 7 pm, el aumento del recargo dominical, el incremento de las indemnizaciones por despido, la ampliación de la licencia de paternidad, la creación de mecanismos de protección a las mujeres en el trabajo y la regulación de las relaciones laborales en el agro.

Salvo el tema agrario, los temas que quedaron vivos parecían no ser objeto de mayor debate, pero quienes se oponen a la reforma no ceden como lo hizo el gobierno, por el contrario van por más.

La ANDI y Fenalco han presentado sus estudios y encuestas a empresas sobre los impactos de la reforma. Aunque las cifras y percepciones sobre nuevos costos laborales son ciertas, difícilmente se puede concluir que las mismas conducirán a la terminación de contratos laborales o cierres de empresas. Como tampoco sucedió al contrario.

Los artículos que se discutirán pueden mejorar en consenso. En materia de indemnizaciones por despido se podrían ver los montos de los salarios más altos sin que sean regresivos frente a los actuales.

En materia de estabilidad laboral reforzada se puede mejorar la redacción de quién se considera pre pensionado y en materia agropecuaria se pueden evaluar efectos ponderados según tamaño de unidad productiva agraria. Y las medidas contempladas para la adecuación de las MyPiMes a la reforma deben contener soporte presupuestal para que en unos años no digamos que fue un saludo a la bandera.

Aún así, todo parece indicar que será un verdadero camello poner de acuerdo a los partidos y actores sociales en torno a esta reforma.

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Prohibición del matrimonio infantil avanzó en Congreso y le falta un debate para ser ley

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Por: Laura Duarte

En su noveno intento en el Congreso, la Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate la prohibición del matrimonio infantil en Colombia. El proyecto obtuvo el visto bueno de la comisión luego de un acuerdo entre diversas bancadas y le falta solo un debate en la plenaria para convertirse en ley de la República.

El proyecto ha sido impulsado por las representantes a la Cámara, Alexandra Vásquez (Pacto Histórico) y Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso). Además, en el Senado contó con el respaldo de Paloma Valencia (Centro Democrático) y Clara López, de la coalición de Gobierno, quien presentó la ponencia.

La iniciativa busca prohibir que los menores de edad puedan casarse o formar uniones tempranas. Además, establece la creación de un Programa Nacional de Atención Integral para niños, niñas y adolescentes.

Actualmente, la ley permite el matrimonio a partir de los 14 años con consentimiento de los padres, lo cual sería eliminado con la nueva normativa. El matrimonio infantil, según las autoras, afecta especialmente a comunidades indígenas, donde el 33.8% de las niñas se casan antes de los 18 años.

“El hecho de que se elimine el matrimonio infantil significa que ningún juez de la República podrá casar a ninguna pareja en la que ambos, o uno de ellos, sean menores de edad. Esto es importante porque, hasta ahora, existía un mecanismo perverso donde los padres o madres daban un permiso, lo que generaba todo un mercado de niñas y niños”, afirmó la representante Jennifer Pedraza.

De otro lado, las comisarías de familia tendrían que acompañar a los niños y niñas que estén en uniones maritales ya existentes para que puedan disolverlas “sin que vean ningún retroceso en sus derechos, sino más bien un fortalecimiento de los mismos”.

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Jennifer Pedraza critica al gobierno por los plazos para la licitación de pasaportes. Alerta que se estaría favoreciendo a una única empresa

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Redacción Nación 14 de agosto de 2024

La representante Jennifer Pedraza, de Dignidad, cuestionó la licitación de pasaportes. Bogotá, agosto1 del 2023. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La producción de pasaportes en Colombia está en vilo. En estos momentos, los colombianos tienen más dudas que respuestas y eso ha generado cuestionamientos en varios espacios, entre ellos, el Congreso de la República. La representante Jennifer Pedraza, de Dignidad, cuestionó lo que pueda pasar.

“¡Vuelve y juega! El gobierno fija plazos récord para la licitación de pasaportes, favoreciendo a la única empresa que podría cumplir esos tiempos, Thomas Greg. El canciller Luis Gilberto Murillo todavía puede corregir los plazos para evitar la prórroga del contrato a favor de los de siempre. Después no digan que un funcionario (que ustedes mismos nombraron) los traicionó”, aseguró la congresista.

La congresista critica que la Cancillería esté dando plazos cortos para que los oferentes presenten las propuestas. La convocatoria se hizo en la tarde del pasado viernes y este lunes tenían que ser entregados los planteamientos. Solo la habrían presentado Thomas Greg & Sons y Cadena.

Una de las alertas es que el contrato pueda quedar nuevamente en manos de Thomas Greg, luego de todo el proceso en el que se ha intentado que se haga de forma distinta. El presidente Gustavo Petro ha arremetido en contra de esa empresa.

En las últimas horas, la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, despertó más dudas. Según dijo, a partir del 2 de octubre entrará en una segunda etapa en la que no se sabe qué pasará con la producción de pasaportes y le tiró la pelota a la Cancillería de Luis Gilberto Murillo.

La gerente anunció que la etapa tres, que estará a cargo de la Imprenta Nacional, comenzará en septiembre de 2025. La gerente de la entidad no ha dado muchos más detalles, pero dijo que para ese momento se firmaría una alianza con otro Estado, entre los que se está analizando que sea entre Alemania, Canadá, Francia y Portugal.

Luis Gilberto Murillo no asistió a un debate al Congreso porque estaba en Cali. | Foto: Cancillería

El proceso de demanda de Thomas Greg, está en vilo. En las últimas horas, se conoció que la demanda que impuso la empresa fue suspendida durante un mes. La empresa tomó esa acción luego de que el excanciller Álvaro Leyva decidiera suspenderlo cuando ya iba a ser adjudicada. La compañía reclama 117.000 millones de pesos por las afectaciones que le pudo haber causado la Cancillería en todo ese proceso por el que ya está siendo investigado Leyva por la Procuraduría.

Todo el lío de los pasaportes se suma a las dudas que hay sobre la capacidad que tendría la Imprenta de desarrollar los documentos de los colombianos, ya que se han presentado preguntas con el convenio que tienen con la empresa mexicana Accesos Holográficos en la que se han presentado reclamos internos.

El contrato actual para la producción de pasaportes finalizará el 2 de octubre. | Foto: Cortesía gobernación de Risaralda

En las últimas horas, estaba citado un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado para hablar del tema de los pasaportes y las dudas que hay en ese millonario contrato, sin embargo, el canciller Luis Gilberto Murillo no asistió al encuentro porque se encontraba en varios eventos en Cali relacionados con la COP16 y la conmemoración de la afrocolombianidad. Por lo que tuvo que ser aplazado el debate.

La constante inasistencia de Murillo al Congreso, como sucedía con Leyva, generó la molestia de los senadores. “Ya está bueno. El problema de los pasaportes no lo generó él (Murillo), el problema que tenemos es un tema que hay que tratar públicamente y que el país lo conozca (…). Tiene que dar la cara en la Comisión Segunda”, reclamó el senador Lidio García, del Partido Liberal.

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