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Liliana Castañeda

La ALO norte y el reencauche de un urbanismo caduco

El debate entre medio ambiente y desarrollo en Bogotá carece de sentido. La ciudad puede conservar su ecosistema sin sacrificar el sistema transporte. ¿Por qué insistir en opciones de hace medio siglo?

Más de 50 años en el congelador

A propósito de la polémica generada por la decisión del alcalde Carlos Fernando Galán de revivir el proyecto de construir la Avenida Longitudinal de Occidente tal como fue ideada originalmente, la ciudad revive el falso dilema entre ambiente y desarrollo, sin avanzar en una solución de ciudad-región de largo plazo.

La Avenida Longitudinal de Occidente fue pensada desde la alcaldía de Jorge Gaitán Cortés (Acuerdo 38 de 1961) como un anillo vial de conexión regional que uniría la vía Bogotá-Girardot, desde Chusacá, con la vía Bogotá-Tunja, por todo el occidente de la capital. Originalmente denominada Avenida Longitudinal Regional y Avenida Cundinamarca, fue concebida como vía arterial y principal desde sus inicios.

Sin embargo, no fue sino hasta la primera administración de Enrique Peñalosa que el corredor tomó el nombre de Avenida Longitudinal de Occidente (ALO). Este fue clasificado como vía V-0 (arterial) con un ancho de 120 metros, incluyendo andenes que podrían “ampliarse de acuerdo con los requerimientos de las anexidades contempladas para la vía”. 

El Acuerdo 13 de 1998 actualizó el trazado y ordenó que el proyecto fuese construido por privados, con el correspondiente cobro de peajes, mientras la compra de los predios se financiaría a través de contribución por valorización. Desde 2005, con la actualización de las reservas viales ordenadas por el primer Plan de Ordenamiento Territorial, comenzó la compra de propiedades en el corredor.

El proyecto ALO está dividido en 3 tramos de sur a norte: el del sur que va del sector Chusacá, en Sibaté, hasta la calle 13; el del centro, que va de la calle 13 a la 80, a la altura del portal de Transmilenio; y el del norte, que fue concebido desde la 80 hasta el límite con Chía. A pesar de que hay conflictos socioambientales, como los existentes frente al humedal Capellanía en la localidad de Fontibón, hoy los ojos y el debate están mayoritariamente puestos sobre la ALO Norte.

Ilustración 1. Trazado Avenida Longitudinal de Occidente. Fuente: ANI.

El pleito de nunca acabar

Mientras la estructuración y construcción del tramo sur de la ALO ha avanzado muy lentamente, pero sin mayores discusiones, la extensión y naturaleza del tramo norte han sido objeto de duros debates en las administraciones Petro, Peñalosa, López y Galán. 

Lo único en lo que todos los gobiernos de Bogotá durante el siglo XXI han estado de acuerdo es en la visión privatizadora de la movilidad propuesta por Peñalosa en 1998, pues ninguno ha objetado que la vía se construya por concesión, con cobro de peajes.

Respecto a la ALO Norte, los gobiernos Petro y López coincidieron en términos generales en una visión que incluye universidades y equipamientos, pero durante la administración del hoy presidente se habló de implementar “un camino férreo para el transporte de pasajeros, una vía mixta para la circulación de vehículos particulares (…) entre otros nuevos espacios.”

Respecto al tipo de tráfico, tanto López como Peñalosa y Galán han coincidido en que la avenida tenga únicamente tráfico mixto, pero solo los dos últimos han contemplado explícitamente la construcción de una troncal de Transmilenio en esta vía, así como la estructuración del tramo norte como corredor de carga. 

El gobierno distrital depositó todo su capital político en esta jugada, que le implicó posponer su propuesta de cobro de un impuesto por alumbrado público para recaudar 1 billón de pesos.

Ambigüedad legal y riesgo ambiental

El episodio más reciente de la polémica tiene que ver con la decisión del alcalde Galán y sus bancadas afines en el Concejo de volver al diseño original del tramo norte de la ALO, al menos hasta la calle 153. El gobierno distrital depositó todo su capital político en esta jugada, que le implicó posponer su propuesta de cobro de un impuesto por alumbrado público para recaudar 1 billón de pesos.

Ilustración 2. Fuente: Cuenta X alcalde Carlos Fernando Galán.

La decisión dividió profundamente a los sectores políticos de la capital. Contra la decisión estuvieron los más afines al presidente y exalcalde Petro junto a los cercanos a la exalcaldesa Claudia López y algunos sectores independientes. A favor se ubicaron la coalición de gobierno mayoritaria, incluyendo a aquellos con historial cercano al exalcalde Peñalosa. La controversia actual ha girado en torno a la legalidad y la conveniencia de la iniciativa.

Respecto a la legalidad, parte de la bancada Verde en el Concejo anunció demandas, afirmando que, con la decisión adoptada mediante Plan de Desarrollo (Acuerdo 927 de 2024), se violó lo contenido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, pues ya se había aprobado el desarrollo de la Actuación Estratégica “Ciudadela Educativa y del Cuidado” como megaproyecto prioritario para la zona.

El Plan de Ordenamiento Territorial vigente (Decreto 555 de 2021) contempla una especie de solución intermedia para este corredor del noroccidente de Bogotá, manteniendo la reserva para la construcción de la vía en el marco de la Actuación Estratégica que incluía la construcción de vivienda, equipamientos y un multicampus para llevar universidades públicas a las localidades de Suba y Engativá.

Como el POT dejó reservados los predios de la ALO Norte, tanto para la línea 2 del Metro y una vía de 6 carriles, como para proyectos relacionados con el sistema de cuidado (ver mapa POT aquí), la administración y las bancadas de gobierno decidieron vía Plan de Desarrollo mantener únicamente la vocación vial de la zona hasta la calle 153, con la promesa de realizar también el proyecto multicampus en otra parte del noroccidente de Bogotá.

El tramo propuesto por Galán tiene dos versiones: la primera en cabeza del director del IDU, Orlando Molano, que va entre las calles 80 y 200, con 12 carriles que incluyen troncal de Transmilenio, ciclorruta y andén; en la segunda versión la avenida de las mismas características va hasta la calle 153, donde se ubica el borde del humedal La Conejera. En ambos casos, el proyecto multicampus enfrenta el enorme problema de ser reubicado en una zona densamente poblada de la ciudad.

Ya no se puede direccionar todo el tráfico hacia el oriente por esa calle debido a que hoy ya hay 4 torres de apartamentos, por lo que la única salida a futuro sería pasar la ALO sobre La Conejera, la Reserva Thomas van der Hammen y el Bosque de Las Mercedes. El impacto está sobrediagnosticado.

El debate, más allá de posibles ambigüedades legales, radica entonces en la conveniencia de persistir en un proyecto vial concebido hace más de medio siglo en el marco conceptual de una Bogotá pensada “al servicio de las autopistas con autos llenos de conductores individuales y asfixiado por sus buses”, como señala el urbanista Carlos Moreno, pero que hoy tiene la posibilidad de pensar en salidas distintas a las grandes vías para su crisis de movilidad.

En pleno siglo XXI la planeación urbana y la ciudad misma requieren priorizar asuntos críticos como la crisis climática, la necesidad de proteger el ciclo del agua y los ecosistemas estratégicos. Todos comprendidos hoy como urgentes en medio de una crisis de abastecimiento que en la actualidad no tiene salidas claras.

Mientras tanto, la ciudadanía aterriza con contundencia el debate de la conveniencia de la vía señalando que, si en el mejor de los casos la vía llega hasta la 153, ya no se puede direccionar todo el tráfico hacia el oriente por esa calle debido a que hoy ya hay 4 torres de apartamentos construidas en donde debió guardarse el espacio para una avenida, por lo que la única salida a futuro sería pasar la ALO sobre La Conejera, la Reserva Thomas van der Hammen y el Bosque de Las Mercedes. El impacto está sobrediagnosticado.

Ilustración 3. Fuente: @danielbernalb en X: https://twitter.com/danielbernalb/status/1798725207261401273/photo/1

En 1998 se reglamentó respecto de los ecosistemas afectados por la construcción de la ALO Norte que “(…) la compensación en tierras anegables, constituirá una alternativa de mitigación, la que determine la autoridad ambiental competente”, sin tener en cuenta que el medio natural es determinante del desarrollo urbano y no al contrario.

El planteamiento para el borde noroccidental de Bogotá que hoy hace la administración no recoge lecciones aprendidas en el mundo entero sobre renaturalización de entornos para asegurar aire y agua a futuro, y tampoco se entera de la obviedad de que “sembrar más vías solo sirve para cosechar más trancones”. 

La ciudad debe asumir que el único modo efectivo de bajar a la gente del carro y la moto es con transporte masivo de alta capacidad digno y asequible. En esa vía debe avanzar el proyecto de segunda línea de Metro subterráneo, sin poner en tensión de manera ficticia al ambientalismo con una idea caduca de “desarrollo”.

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Lagos de Torca: ¿desarrollo o destrucción ambiental para Bogotá?

Liliana Castañeda*

El protagonismo (y antagonismo) de Bogotá

El Plan de Desarrollo es una hoja de ruta para la inversión del gobierno nacional; ahora se está discutiendo en el Congreso. Bogotá, como capital, tiene una relevancia particular: concentra el 25,3 % del PIB y el 16 % de la población; es innegable su peso en la política económica y social del país.

El gobierno nacional es consciente de la primacía de Bogotá como capital y como eje de la región central colombiana. Lo prueba el constante choque con la administración distrital en distintos temas: construir la primera línea del metro, la adopción de la región metropolitana o sustraer área a la reserva Thomas van der Hammen.

Bogotá tiene el presupuesto más importante y no sigue el régimen municipal; aun así, el Plan Nacional de Desarrollo es clave para incluir iniciativas de inversión y cooperación entre los gobiernos distrital y nacional.

En ese orden de ideas, el exministro de hacienda José Antonio Ocampo declaró que “Bogotá es uno de los ejes principales porque es la capital del país y además de la región. También será objeto de unas estrategias especiales en varias dimensiones [énfasis en el original], e incluso de obras de inversión en educación, salud e infraestructura”.

Bogotá tiene el presupuesto más importante y no sigue el régimen municipal; aun así, el Plan Nacional de Desarrollo es clave para incluir iniciativas de inversión y cooperación entre los gobiernos distrital y nacional.

Diálogos regionales, entre la cautela y la expectativa

Bogotá participó en los diálogos regionales vinculantes. Los convocó el Departamento Nacional de Planeación; tuvieron cerca de 10.000 participantes, que formularon 1.865 iniciativas al gobierno nacional. Las propuestas se concentraron en educación, ambiente, seguridad, salud y vivienda y ordenamiento urbano.

Este mecanismo de participación fue innovador: procuró identificar problemas en el territorio, así como las posibles soluciones y las autoridades encargadas de la gestión o inversión necesarias. Aun así, dejó más preguntas que respuestas sobre la incidencia ciudadana en estos espacios.

La Fundación Ideas para la Paz publicó un análisis que vale la pena retomar como lección para procesos actuales y futuros de participación, identificando como fallas:

  • la asistencia mayoritaria de personas y colectividades afines al gobierno, que iban más a vitorear que a dialogar;
  • las limitaciones de la metodología;
  • los asistentes no conocían bien el Plan;
  • la cautela con la que ciertas personas fuimos al espacio;
  • la falta de trazabilidad sobre la incidencia de los aportes.

Al final, los diálogos en la capital tuvieron un sello mediático: la ausencia del presidente Petro en la entrega de las conclusiones que se celebró en la plaza de armas de la Casa de Nariño. La foto del momento mostró algunas sillas vacías en la plaza y una tarima con varios funcionarios del gobierno junto a la alcaldesa Claudia López.

Lo que importa es el articulado

Las bases del Plan radicadas en noviembre de 2022 incluyeron estos compromisos para Bogotá:

  • el ordenamiento ambiental de la Sabana;
  • la reindustrialización en sectores estratégicos;
  • una política urbana integral con participación incidente.

A la hora de convertir esta declaración de intenciones en norma, los resultados son disímiles.

En la propuesta radicada resaltan iniciativas que abren puertas a la reindustrialización y creación de empleos como:

  • la unificación institucional y de recursos para este fin;
  • los aranceles inteligentes;
  • la obligatoriedad de contratación de mano de obra local en la ejecución de inversiones públicas;

También hay propuestas importantes en torno a la construcción de ciudades de derechos para todas y todos como:

  • la creación del Sistema Nacional de Cuidado;
  • la política nacional de mejoramiento integral de barrios denominada “Barrios de Paz”
  • el sistema nacional de registro, atención, seguimiento y monitoreo de las violencias basadas en género.

La norma se encuentra a punto de cursar segundo debate en el momento de publicar este artículo y contiene disposiciones sobre empleabilidad, política social, salud, deportes y construcción de paz, entre otras materias aplicables a todo el país, incluida Bogotá. A todas estas buenas iniciativas habrá que hacerles veeduría rigurosa para que se materialicen.

Pero llaman la atención algunas medidas a las que debemos poner especial atención porque perpetúan o agravan problemas que ya son sensibles en la capital.

El texto por debatir compendia varias medidas para regular los sistemas de transporte, con especial énfasis en su sostenibilidad financiera. Aunque no están especialmente diseñadas para la capital, sí afectarán el ya apretado bolsillo de las y los bogotanos.

Por ejemplo, los artículos 152 y 153 del texto que se debatirá en el Senado proponen que cualquier proyecto nuevo cofinanciado por la Nación incluya “análisis y compromiso (…) frente a la implementación de las fuentes de pago que alimentarán el Fondo de Estabilización Tarifaria, de acuerdo con las necesidades del proyecto”.

Esas fuentes incluyen estos cobros:

  • sobretasa al impuesto predial;
  • contribución por estacionamiento en vía y parqueaderos;
  • parqueo en vía (que en Bogotá ya se destina en parte al Fondo de Estabilización Tarifaria [FET]);
  • cobros por congestión;
  • multas de tránsito;
  • sobretasa a la gasolina o ACPM;
  • incluso, aumento de tarifas para la sostenibilidad del sistema.

El FET es la materialización dolorosa de una ley del embudo en la que las mayorías perdemos. Su déficit pasó de 892.000 millones en 2019 a más de 2,3 billones en 2021. La totalidad de los contribuyentes tendremos que cubrir este déficit para el saneamiento del sistema de transporte; pero a los operadores no les tocarán un pelo, pues los contratos de Transmilenio siguen sin renegociarse.

También requiere mayor debate público el artículo 161, que encomienda a los gestores de los sistemas de transporte el rol de promover proyectos urbanísticos de explotación pública o privada. La Empresa Metro de Bogotá ya tiene esta facultad; pero no corresponde a la naturaleza de entidades dedicadas a la movilidad, ni garantiza una captura de valor eficiente en inmediaciones de los grandes proyectos de transporte público.

Por último, vale la pena revisar con lupa el artículo 370, que la prensa anuncia como el “mico”, pero que en realidad es un paso para resolver la discusión Petro-López frente a la primera línea del metro. Busca que la Nación financie más del 70 % de la obra de proyectos férreos de transporte público en los casos en que “la evaluación costo beneficio establezca [el soterramiento] como la mejor alternativa”.

El artículo respalda la posición del presidente Petro que diversos sectores académicos y sociales hemos respaldado en el enredado debate sobre la inconveniencia de construir una primera línea de metro 100 % elevada, pero cumple la premisa de la alcaldesa Claudia López de que “Cualquier mejora al trazado de la línea 1 del metro la paga quien la propone”.

Los proyectos estratégicos

Además de la colcha de retazos normativos que contiene el PND, vale la pena dar una mirada detallada al listado de 28 líneas de inversión y 17 proyectos concretos formulados para Bogotá. Incluyen promesas de campaña como la rehabilitación de la red férrea regional y la ampliación en infraestructura de universidades públicas, y temas sensibles como la gestión del relleno sanitario Doña Juana.

Foto: Secretaría de Desarrollo Económico – En las bases del Plan Nacional de Desarrollo se destaca la propuesta de la reindustrialización en sectores estratégicos y la creación de empleos.

El Plan es ambicioso en materia de obras, y es precisamente esa ambición la que contrasta con el complicado panorama de gobernabilidad del presidente en el Congreso, la crisis ministerial, la incertidumbre que rodea los proyectos de Primera Línea de Metro y Regiotram de Occidente —para mencionar algunos ejemplos—.

Hay otros temas nuevos y viejos, importantes para el Gobierno e incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones (p. 61):

  • la restauración del Complejo Hospitalario San Juan de Dios;
  • el trabajo conjunto con el Distrito para construir una planta de producción de vacunas en la ciudad;
  • la revitalización del centro histórico y el patrimonio construido;
  • la cofinanciación de las Líneas 1 y 2 del Metro e, incluso, de los cables de San Cristóbal, Potosí y El Reencuentro-Monserrate.

El Plan es ambicioso en materia de obras, y es precisamente esa ambición la que contrasta con el complicado panorama de gobernabilidad del presidente en el Congreso, la crisis ministerial, la incertidumbre que rodea los proyectos de Primera Línea de Metro y Regiotram de Occidente —para mencionar algunos ejemplos—.

El escenario se hace aún más complicado ante las promesas de campaña y el mandato de cambio por el que votaron las mayorías en 2022, si se tiene en cuenta que las apuestas de la Nación en Bogotá se gestan durante un gobierno, pero se tendrán que materializar con otro.

Es imposible abordar en un solo espacio de análisis cómo el Plan de Desarrollo Nacional afectará a Bogotá; pero estos elementos relevantes pueden fundamentar el debate y la implementación de políticas que requieren control social y fiscalización de la inversión desde distintos sectores sociales.

La ciudadanía, como siempre, estuvo activa y se convocó en una etapa muy restringida del proceso; difícilmente ha podido hacer seguimiento al desenlace de sus propuestas e intereses diversos en el Plan. La participación y veeduría ciudadanas no han sido permanentes, y esa sigue siendo una deuda del Estado colombiano a todos niveles con su población.

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