Jennifer Pedraza es representante a la Cámara por Bogotá, también economista, exlideresa estudiantil y activista feminista. Apenas con 29 años, se convirtió en una voz joven y firme en el congreso del país.
“Yo era una persona con mucha rabia en la politica colombiana. Este no era mi sueño inicial, mi sueño era ser profesora”, confesó la congresista. Aun así su activismo desde el colegio, sobretodo en defensa del páramo de Santurbán, la llevó a meterse de lleno en movimientos estudiantiles. “Marcha que había, marcha en la que yo estaba”, recordó.
También, su paso por la Universidad Nacional fue un pilar en su experiencia: “Llegar a una universidad tan grande como la Nacional a los 15 años me cambió la vida.” La experiencia de ver caer el techo de la facultad la hizo despertar en el tema político: “Fue una cachetada, ¿que vamos a hacer?”
Aunque ha ganado reconocimiento, también ha llegado a sentir el peso de los prejuicios en su trabajo: “Cuando fui a ser candidata, lo primero que me dijeron fue «Usted se tiene que quitar el piercing, se tiene que peinar así, se tiene que vestir así.»“ Pero ella siente que el respeto se lo ha ganado con sus propias acciones. “Nos lo ganamos cuando tumbamos la elección amañada del contralor, Carlos Hernán Rodriguez”
Su agenda en el Congreso incluye proyectos clave: La prohibición del matrimonio infantil, el proyecto de ley para erradicar la mutilación genital femenina y una propuesta para actualizar el delito de trata de personas incluyendo las plataformas digitales: “Estamos en ese trabajo para que el país avance y para que el estado colombiano se comprometa más”.
Frente a la posibilidad de una mujer presidente en 2026, dijo: “Creo que Colombia está listo para eso. Sin embargo temo que en la sociedad hayan renacido ideas machistas.”
Para quienes dudan del feminismo respondió: “Toda la sociedad se pierde cuando tenemos una cultura machista. No es cun cuento de gente mamerta que sale a marchar, hace dos años tuvimos una premio Nobel de Economía que mostró que la principal divergencia entre los proyectos de vida de hombres y mujeres tiene que ver con la sobrecarga de las labores de maternidad”.
Al final, le envió un mensajes a aquellas mujeres que quieren hacer un cambio en su entorno: “Que se manden, que lo hagan. No tienen que hacerlo solas. Hay muchas formas de incidir: desde la política, desde el arte, desde la organización cultural, pero claro que hay que hacerlo.”
La representante a la Cámara denunció a Verónica Guerrero, hermana de Juliana Guerrero, por ejercer funciones públicas sin autorización legal. La acusación se sustenta en audios revelados por CAMBIO, en los que se escucha a Verónica dando órdenes dentro del Ministerio de la Igualdad.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Verónica Guerrero, hermana de Juliana Guerrero, por el presunto delito de usurpación de funciones públicas.
Según la congresista, estas acciones constituirían una violación al orden legal colombiano, al tratarse de una persona sin investidura oficial que estaría ejerciendo facultades propias de una autoridad pública.
‘Me paran la contratación’: el audio clave revelado por CAMBIO
En el audio, grabado el 1 de agosto de 2025 durante una reunión de empalme en la oficina del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad), se escucha a Verónica diciendo:
“Solicitar que ningún contrato laboral sale, ningún contrato, ninguna OPS (Orden de Prestación de Servicios), ni nada de contratación […] hay que dejar la salvedad que todo se para”. En la misma grabación, una funcionaria del Ministerio anuncia: “Quien va a empezar a articularnos el proceso de este empalme va a ser Verónica […] sí, ella, Verónica Guerrero”.
Juliana Guerrero (izquierda, de vestido vinotinto), Verónica Guerrero (derecha, con trenzas), y Jurgen Guerra (gorra negra). Crédito foto: Archivo.
Estos fragmentos fueron incluidos como evidencia principal en la denuncia de Pedraza, quien además solicitó una prueba técnica forense para verificar la identidad de la voz que da dichas instrucciones.
La congresista afirma que estas actuaciones vulneran principios fundamentales del Estado como la legalidad, buena fe, eficacia, moralidad administrativa, economía y transparencia, consagrados en el artículo 209 de la Constitución.
El llamado a investigar a Benedetti y Juliana Guerrero
En la denuncia, Pedraza también solicita a la Fiscalía que evalúe si otras personas dentro del Gobierno Nacional podrían haber participado o promovido estas presuntas irregularidades. Menciona específicamente a Armando Benedetti, ministro del Interior, y a Juliana Guerrero, secretaria del ministro y hermana de la denunciada.
La solicitud incluye que se determine si estos funcionarios habrían tenido conocimiento o habrían facilitado las acciones de Verónica como parte de una estructura informal de poder al interior del Ministerio.
Los otros escándalos que rodean a Verónica Guerrero: uso inapropiado de aeronaves oficiales
Juliana (de gabardina café) y Verónica (vestida de negro) en las oficinas del Ministerio de la Igualdad el pasado primero de agosto. Crédito: Archivo.
Como también reveló CAMBIO, estos vuelos habrían tenido como objetivo interferir políticamente en decisiones administrativas de instituciones como la Universidad Popular del Cesar, donde su hermana Juliana ejerce como representante del presidente ante el Consejo Superior.
¿Un Ministerio capturado? La preocupación por el Fonigualdad
Aunque Verónica Guerrero no ostenta ningún cargo público, su nombre ha aparecido recurrentemente en grabaciones, reuniones y documentos que dan cuenta de un poder informal pero efectivo dentro de la entidad.
La congresista afirmó que el manual de funciones de la cartera deberá ser cambiado porque Juliana Guerrero ‘no tiene experiencia laboral’.
La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Foto: Prensa Jennifer Pedraza
La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza Sandoval, lamentó la idea del Gobierno Nacional de nombrar a Juliana Guerrero Jiménez como nueva viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.
“Esto es muy doloroso para quienes soñamos con la idea de un Estado comprometido con la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, personas afro, jóvenes y demás poblaciones históricamente discriminadas. Una ilusión más que este Gobierno termina volviendo caja menor de politiqueras”, escribió la congresista de la coalición Partido Verde – Centro Esperanza en su cuenta de X.
Juliana Guerrero Jiménez. Foto:Redes sociales
La afirmación de Pedraza hace alusión a una información de la revista Cambio, según la cual Juliana Guerrero llegará al cargo mencionado, mientras su hermana Verónica “llegó a dar órdenes al Minigualdad, a pesar de su modesta hoja de vida”. El medio citado conoció un audio en el que presuntamente Verónica afirmó: “Ningún contrato sale”.
Cabe recordar que el Ministerio de la Igualdad fue creado en el actual gobierno y es la materialización de una de las promesas de campaña de la entonces fórmula presidencial conformada por Gustavo Petro y Francia Márquez. De hecho, la primera ministra de la Igualdad fue la actual vicepresidenta.
‘Se perdió el objetivo del Minigualdad’
Durante una reciente intervención en el Congreso con relación al Ministerio de la Igualdad, Pedraza indicó: “Pasamos de tener un Ministerio para las mujeres y para la juventud, que era la ilusión del Ministerio de la Igualdad, a que llegarán a mecateárselo Armando Benedetti (ministro del Interior), a través de un nuevo clan que ha surgido en Colombia, conocido como el de las hermanas Guerrero”.
Jennifer Pedraza criticó el posible nombramiento de Juliana Guerrero.
Juliana Guerrero ha sido muy cercana, desde hace varios años, al actual ministro del Interior, Armando Benedetti.
Pedraza añadió: “Uno quisiera que el presidente Petro hubiera salido a responder por qué es que Juliana Guerrero cree que puede coger un helicóptero financiado con los recursos públicos de los colombianos para ir a meter mano en el consejo superior de la Universidad, pública, del Cesar para garantizar que se la sigan interviniendo y mecateando los politiqueros de siempre”.
En la misma intervención, la congresista señaló que en lugar de exigirle una “responsabilidad política” a Juliana Guerrero la nombró como viceministra “y entregándoles (a Juliana y a su hermana Verónica) básicamente el manejo del Ministerio de la Igualdad”.
Las congresistas Jennifer Pedraza, Alexandra Vásquez, Leyla Rincón y el senador Guido Echeverri radicaron un proyecto de ley que crea la Comisión Legal para la Ciencia, Tecnología, Innovación y Estudios de Futuro.
La propuesta, busca establecer una comisión interparlamentaria integrada por 10 representantes a la Cámara y 9 senadores, además, se dará preferencia a legisladores con experiencia en ciencia, tecnología, innovación, educación superior o emprendimiento tecnológico o por aquellos que por sus afinidades quieran pertenecer a la misma; que manifiesten su intención de hacer parte de la misma y su compromiso por la ciencia. Asimismo, habrá participación abierta para asociaciones y agremiaciones de científicos nacionales e internacionales.
“El objetivo de esta nueva comisión será debatir y analizar la regulación existente y la falta de regulación sobre avances científicos y nuevas tecnologías, considerando sus efectos en las futuras generaciones y en la garantía de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Colombia no puede seguir a la zaga en inversión en investigación y desarrollo. Este proyecto busca que desde el Congreso exista un control político real sobre las políticas, planes y programas del Ejecutivo en materia de ciencia, tecnología e innovación”, señaló la representante Leyla Rincón.
Con este proyecto se busca superar la difícil situación que enfrenta el sector de la Ciencia y la Academia en el presupuesto general de la Nación, pues Colombia se ubica muy por debajo de los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo del que hace parte desde 2020.
Según expusieron los autores de la iniciativa, «en Colombia solo se destina el 0,19 % del Presupuesto General de la Nación (sin incluir el servicio de la deuda)– y se han sumado los recortes presupuestales de los últimos años».
Anotaron además que en 2022 el presupuesto del entonces Ministerio de Ciencia se redujo en un 29 %, y para 2025 se proyecta una disminución adicional del 25 %.
«Este proyecto de ley es una deuda que tenemos con la ciencia. No hemos tenido una representación verdadera que se apersone de realmente darle un lugar a la ciencia para que pueda tener en Colombia ese potencial de desarrollo productivo de los científicos. No queremos más genios fugados, queremos garantías para nuestros jóvenes científicos, por eso es importante esta Comisión Legal», sostuvo la representante Alexandra Vásquez.
Además, la nueva Comisión Legal para la Ciencia, Tecnología, Innovación y Estudios de Futuro permitirá que el Congreso ejercer un seguimiento permanente a las políticas públicas, planes y programas, así como al avance del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
“Ante la crisis que atraviesan la ciencia y la tecnología por los recortes presupuéstales y la pésima ejecución de este gobierno y los anteriores, proponemos crear en el Congreso de la República una Comisión Legal de Ciencia, Tecnología y Futuro que se encargue de preguntar no sólo qué pueden hacer los políticos por la ciencia, por ejemplo en temas de financiación, sino también de preguntarse qué pueden hacer la ciencia y la tecnología por una política que se base cada vez más en evidencia”, explicó la representante Jennifer Pedraza.
Durante la radicación participaron representantes de universidades reconocidas del país, así como de organizaciones de científicos y jóvenes estudiantes, quienes coincidieron en que este es un paso histórico para que la ciencia deje de ser un tema marginal y se convierta en una prioridad legislativa y presupuestal del país.
Mientras las redes sociales se han ido convirtiendo en la herramienta de las bandas criminales, el Código Penal está desactualizado.
Una desactualización de las normas vigentes sobre el delito de trata de personas ha dejado en el aire una de las herramientas que con el tiempo se ha popularizado más y más entre las bandas criminales que cometen este delito: las redes sociales.
La trata que consiste en engañar a personas para someterlas a situaciones de explotación, suele caracterizarse por prometer una mejor vida a sus víctimas y lograr que terminen dependiendo por completo de ellos, llevándolas, incluso, a otros países.
En 2012 se reportaban 37 casos de trata de personas en Colombia y en 2023 la cifra fue de 264. Un aumento significativo que se relaciona con el uso de medios digitales para llegar a más personas y engañarlas. Sin embargo, el Código Penal colombiano se ha ido quedando rezagado ante la actualización del delito.
Por eso, se ha venido adelantando una iniciativa en el Congreso de la República, por parte de las representantes Jennifer Pedraza y Alexandra Vélez y la senadora Sonia Bernal, que precisamente pasó el tercer debate este miércoles, 30 de julio, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas. La representante Pedraza celebró la decisión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
#Política | En el Día Internacional de la Lucha Contra la Trata de Personas, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el proyecto que actualizaría el Código Penal para que se reconozca y se regule el uso de medios digitales en este delito e… pic.twitter.com/rLBV47J15e
La intención es que se incluya la modalidad digital en la consecución del delito en el Código Penal, como ya se reconoce internacionalmente.
¿Qué propone la iniciativa?
Lo que se busca es que se regule el uso de medios digitales para la consecución del delito, que se fortalezca la prevención, se garantice la protección y la asistencia a las víctimas, y mejorar la cooperación entre instituciones dentro y fuera del país. También se establecen medidas para reconocer a las víctimas y sobrevivientes como sujetos de derechos, con protección integral y sin revictimización ni criminalización.
El proyecto incluye la actualización del Código Penal para incluir nuevas formas de trata como el trabajo forzado, la explotación sexual y reproductiva, el tráfico de órganos y el reclutamiento forzado; así como, la regulación del uso de medios digitales para captar, trasladar o explotar víctimas, y la capacitación en ciberseguridad y crimen organizado digital.
Además, teniendo en cuenta que en el 83 % de los casos corresponden a mujeres, se incluye un enfoque de género y diferencial en todas las medidas.
Ahora solo le falta una discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes para que pueda pasar a la sanción presidencial y se convierta en ley.
La app con la que se puede denunciar el delito
Cualquier persona puede denunciar este delito descargando LibertApp, una aplicación desarrollada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el financiamiento de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, PRM, del Departamento de Estado de Estados Unidos. La app la administra Migración Colombia en coordinación con el Ministerio del Interior.
En ella hay un botón de pánico que envía los datos básicos del denunciante y la ubicación en tiempo real al Centro Operativo Antitrata de Personas. También se puede denunciar y pedir auxilio, consultar los datos de los consulados de Colombia en el exterior y aprender sobre cómo identificar riesgos.
Cifras
Algunas cifras sobre la trata de personas en Colombia:
8 de cada 10 víctimas del delito de trata de personas son mujeres.
El 54,9 % de las víctimas son personas entre los 12 a 28 años.
El 82 % de los casos son de trata externa, es decir colombianos explotados en el extranjero o extranjeros explotados en Colombia.
El 18% restante corresponde a colombianos explotados en el territorio nacional, es decir, modalidad interna.
El 59.5 % de las víctimas es originaria de Colombia.
En cuanto a las víctimas extranjeras, las de origen venezolano son las de mayor incidencia en los casos registrados con el 37.6 %.
Expertos advierten que, aunque el decreto podría aliviar temporalmente la liquidez del Estado, abriría un hueco fiscal para el 2026.
Congreso de la República. Fotomontaje: Blu Radio
El Ministerio de Hacienda expidió un decreto que permite al Gobierno nacional adelantar el cobro de la retención en la fuente del impuesto de renta correspondiente al año 2026 para ser recaudado en el presente año.
La medida busca resolver urgencias de caja, en medio de crecientes tensiones fiscales y dificultades para cumplir con los compromisos presupuestales del Ejecutivo.
Sin embargo, la decisión ha generado fuertes críticas desde diversos sectores políticos y económicos, que alertan sobre las consecuencias de trasladar a las empresas una carga tributaria que estaba programada para dentro de un año.
Expertos advierten que, aunque el decreto podría aliviar temporalmente la liquidez del Estado, abriría un hueco fiscal para el 2026 y trasladaría la presión financiera al sector empresarial.
Uno de los más duros críticos fue el expresidente Álvaro Uribe, quien a través de su cuenta de X afirmó: “El decreto para anticipar 7 billones de pesos en impuestos es otra indicación de que el Gobierno quiere el exterminio del sector privado para sostener su derroche y abultada nómina burocrática. Con los empleadores asfixiados no habrá manera de mejorar la situación de los trabajadores”.
Desde el Congreso también surgieron voces de rechazo. La representante Jennifer Pedraza calificó la medida como una “reforma tributaria de 8 billones que se salta al Congreso y a la discusión pública”.
En su mensaje añadió: “En medio de un crecimiento mediocre, descargar la crisis fiscal en las empresas debilitará el empleo y la inversión. Pan hoy, hambre para mañana”.
Por su parte, el representante Hernán Cadavid afirmó que la iniciativa es “gravísima”, ya que compromete recursos futuros sin mostrar esfuerzos de austeridad por parte del Gobierno.
“Va a dejar desfinanciado al próximo Gobierno y lo más grave es que sustenta esta medida sobre el éxito de dos sectores que ha atacado: la ganadería y el café”, advirtió.
El congresista Andrés Forero también reaccionó asegurando que “tras el fracaso del paro nacional al que había convocado el presidente Gustavo Petro, decidió darle un duro golpe al aparato productivo colombiano”.
Discusión de la reforma a la educación en el Congreso.
Crédito: Colprensa.
El Gobierno quiere que los estudiantes tengan acceso a la educación pública a costo cero y por eso habla de nuevos cupos en las universidades oficiales, pide más sedes y reclama formalización docente. Sin embargo, la Contraloría y las mismas instituciones reclaman los recursos necesarios.
“Los jóvenes tienen que entrar ya a la universidad y hay que abrir colegios e instalar módulos rápidos, para que se puedan abrir las puertas de la universidad a miles de jóvenes”, dijo el presidente Gustavo Petro hace unos días en el cabildo abierto que convocó en Barranquilla.
“Todo el que entre a una universidad pública debe tener su educación gratuita”, reiteró el presidente en otra ocasión. Esa apuesta se ha impulsado en el Gobierno desde que Petro llegó a la Casa de Nariño. Por eso, en su administración se aprobó la Ley de Gratuidad, que establece que los programas de pregrado de las universidades públicas sean gratis.
Manifestaciones de las universidades públicas. Foto: Colprensa.
Este Gobierno, en su apuesta por la educación, es el que más recursos ha destinado para este servicio. En 2023, para educación se destinaron 56,5 billones de pesos; para 2024 se asignaron 73 billones y para 2025 se destinaron 70 billones de pesos para ser ejecutados. Los más altos en los últimos 15 años. Es una realidad.
“Es un incremento que no tiene antecedentes en la asignación de los recursos al sector. Eso se ve reflejado en el aumento de recursos al sistema de educación superior público. Ahí se incluyen transferencias, recursos de inversión y recursos de funcionamiento (…) solo en 2022 el presupuesto asignado para educación superior estaba en 8,4 billones de pesos. En este momento está en 12,7 billones de pesos para 2025. Ese es un incremento que jamás se había dado en la historia”, dijo Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior, en diálogo con CAMBIO.
Sin embargo, a la par que se inyectaron más recursos, el Gobierno viene implementando medidas que buscan favorecer a los estudiantes, pero en la práctica no funcionan así. ¿Por qué? Porque el déficit estructural no se solventa y, contrario a eso, se suman nuevas tareas.
Primero, el Gobierno firmó la Ley de Gratuidad, que según académicos, costaría cerca de 2 billones de pesos, según ha dicho Luz Karime Abadía, del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Javeriana. Con un factor adicional, que las universidades han reportado demoras en el pago a las instituciones de educación superior públicas. Eso sí, el viceministro de Educación le dijo a este medio que al día de hoy no deben ningún recurso de esta política a las universidades públicas.
El viceministro le dijo a CAMBIO que contrario a lo que dicen expertos en el sector, esta ley está financiada a través de recursos permanentes del Gobierno. “En 2024 se destinaron aproximadamente 2,6 billones de pesos para financiar la gratuidad de la matrícula. Es el Ejecutivo el que financia esta política y resulta un alivio para los estudiantes y las mismas universidades”, dijo Moreno.
Por otro lado, el Gobierno viene avanzando en la apuesta de crear 500.000 nuevos cupos de pregrado en las universidades públicas. Esto, en efecto, significaría que los jóvenes tengan más acceso. Pero ahí hay dos problemas.
Uno, que a 2024, el Ministerio de Educación solo había cumplido con 153.666 cupos nuevos. Es decir, menos de la mitad de lo esperado cuando falta un poco más de un año de Gobierno. Según el Ministerio de Educación, el avance podría verse rezagado si se le compara con los años de Gobierno, pero desde el Ejecutivo explican que son recursos progresivos.
“El efecto es que esos recursos les permiten a las universidades ampliar la cobertura y al mismo tiempo tener recursos para pagar los docentes, financiar sus funciones misionales y las actividades que realizan las instituciones permanentemente, como las investigaciones y bienestar estudiantil”, dijo Ricardo Moreno.
No obstante, eso no lo sostienen las mismas instituciones públicas, que sí tienen más cupos, pero muchas siguen sin tener recursos para sostener sus plantas docentes.
Un tercer factor que reclama el Gobierno y que están poniendo en marcha es la formalización docente en las universidades públicas. Hace unos meses publicó un decreto con el que se establece que estas instituciones deben tener un plan de formalización docente. Además, tienen máximo hasta el 31 de diciembre de 2026 para la vinculación del personal.
“Faltan recursos por parte de la nación”: la alerta de la Contraloría
A esa crítica también se sumó la Contraloría, que encontró que la Universidad Nacional, la del Valle y la de Antioquia tiene un pasivo pensional que asciende a 8,3 billones de pesos. Y, en palabras del ente de control, las finanzas están afectadas por la falta de recursos específicos por parte de la nación para cubrir los incrementos salariales.
“La Contraloría llama la atención para que las entidades del nivel central giren oportunamente los recursos de concurrencia (aportes de la nación) para atender los pagos de los pensionados de estas entidades. Así mismo, subraya que es necesario revisar los porcentajes que deben pagar estas entidades de educación superior, dado que, en algunas de ellas, los ingresos propios son insuficientes y no alcanzan para cubrir estas obligaciones. Tal es el caso de la Universidad del Valle, que debe concurrir con el 19,9 por ciento, viéndose en dificultades para cumplir con su parte del convenio”, se lee en el comunicado que emitió el ente de control.
Los problemas de tener más servicios y menos recursos
Manifestaciones de estudiantes. Foto: Colprensa.
CAMBIO conversó con tres líderes estudiantiles de la Universidad Nacional, en Bogotá, y la del Valle, en Cali. Todos coinciden en que esos recursos que destaca el Gobierno no se ven en la práctica y, en cambio, se ven las presiones de tener más tareas sin los recursos suficientes para sostenerlas.
Nicol Sinisterra, líder estudiantil en la Universidad del Valle e integrante del Consejo Superior Universitario de esa institución, asegura que en su claustro se evidencian dificultades para cubrir los gastos operativos y de funcionamiento. Es decir, si no alcanza para lo básico, es evidente que se destinan menos recursos para investigación y bienestar universitario.
Además, como aseguró la representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad y Compromiso y exlíder estudiantil, “este Gobierno viene haciendo lo mismo que todos los gobiernos, presionan a las universidades públicas para que aumenten la cobertura, tengan más acceso y más servicios, pero no les dan los recursos para hacerlo”.
Para ella, muchas de esas nuevas políticas acentúan la crisis de las universidades y se convierten en un incentivo para que estas instituciones empiecen a buscar formas de autofinanciarse. Es decir, muchas de ellas podrían terminar por privatizar algunos de sus servicios. “¿Quién iba a creer que el Gobierno del presidente Petro iba a generar presiones sobre las universidades públicas para privatizarlas?”, cuestionó.
Esta no es solo una crítica de estudiantes y congresistas, porque como le explicó a CAMBIO Laura León, economista experta en educación, el Gobierno tiene problemas en sus finanzas en todos los ámbitos. Entonces, si eso es una realidad, ¿por qué les ponen compromisos a las universidades públicas si no están los recursos para sostenerlos?
“Lo primero antes de buscar prometer acceso gratuito, que ya tuvo varios avances en los gobiernos anteriores para los estratos 1, 2, 3 es garantizar que esa población reciba las condiciones adecuadas para tener una educación de calidad. Y no estamos hablando de Bogotá, sino de las regiones donde las condiciones que viven las universidades públicas son paupérrimas”, aseguró.
Además, considera que desde la administración de Petro deben “dejar de satanizar la articulación con el sector privado y trabajar por las universidades privadas para cubrir lo que la oferta pública no puede cubrir”. Es decir, que dejen de decir que el Icetex debe reformarse y tener menos recursos.
Ante esas críticas, el viceministro de Educación Superior aseguró que no es cierto que las nuevas políticas de educación ponen más presión sobre las universidades públicas. “Hay que entender que la crisis financiera no viene de este Gobierno y lo plantea la Contraloría. Eso viene de la sostenibilidad del sistema público, cuando se estableció el mecanismo financiero en los artículos 86 y 87 de la Ley 30”, detalló.
Es cierto que la crisis es estructural, pero también es cierto que el Gobierno quiere más educación gratuita y los recursos para eso no están garantizados. Las mismas instituciones y la Contraloría lo han alertado. Entonces, ¿por qué pedir más cupos, sedes y formalización docente?
En el edificio Crisanto Luque de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en conjunto con la Universidad ECCI, se llevó a cabo el foro ‘Más plata para la U pública’.
Este fue un espacio académico y político en el que se discutieron las reformas propuestas a la Ley 30 de 1992 y las modificaciones de los artículos 86 y 87 que regula la educación superior en Colombia.
La actividad contó con la participación de estudiantes, docentes y autoridades universitarias como el exministro de Educación Alejandro Gaviria y la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. Esta charla estuvo centrada en las nuevas estrategias para fortalecer el financiamiento de las universidades públicas, una demanda histórica de la comunidad académica.
Entre los panelistas se destacó el profesor Wilson Pinzón, decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de la Universidad Distrital, quien expresó su preocupación por los rezagos financieros que ha venido acumulando el sistema de educación superior en las últimas décadas. “La Ley 30 nació en un contexto completamente diferente al actual. Hoy tenemos más estudiantes, más exigencias en investigación y extensión, pero los recursos siguen siendo insuficientes”, afirmó Pinzón. Asimismo, agregó “Estas reformas deben garantizar que el acceso a la educación superior pública no solo sea gratuito, sino también de calidad. Eso solo es posible si se invierte lo que realmente se necesita”.
🏛️ ¿Por qué es clave reformar la Ley 30? Hoy en “Más plata para la U pública” se discuten los cambios a los artículos 86 y 87 que pueden definir el futuro de nuestras universidades. ¡Atentos! #FinanciaciónDigna#UniversidadPúblicapic.twitter.com/kCvntpp7So
Durante la jornada, se analizaron las propuestas de las diferentes autoridades del Gobierno en torno a la redistribución de los recursos del Sistema General de Participaciones, el fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación, y la creación de nuevos mecanismos de financiación para ampliar la cobertura y mejorar la infraestructura universitaria.
Los asistentes coincidieron en que este tipo de espacios son fundamentales para que la comunidad académica se apropie del debate y ejerza presión para que las reformas respondan verdaderamente a las necesidades de las universidades públicas.
El evento finalizó con un llamado conjunto a la movilización social y al diálogo permanente entre el gobierno, las universidades y la ciudadanía. Como concluyó el profesor Pinzón: “No se trata solo de pedir más plata, se trata de exigir dignidad para las universidades públicas que sostienen el futuro de miles de jóvenes en el país”.
Jennifer Pedraza conversó con Kienyke.com sobre lo que hay detrás del déficit histórico que amenaza la sostenibilidad de las universidades públicas del país.
Créditos: Archivo particular
La educación superior pública en Colombia atraviesa una de sus peores crisis presupuestales en décadas. Así lo evidenció un reciente informe de la Contraloría General de la República, que identificó un preocupante déficit financiero en las principales universidades del país, agravado por factores estructurales y decisiones recientes del Gobierno nacional.
La situación ha sido respaldada por voces del Congreso como la de Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, quien advierte que el sistema universitario “va a colapsar” si no se toman medidas estructurales urgentes.
Un pasivo pensional de $8,3 billones: el peso invisible
La Contraloría alertó que tres de las universidades más representativas —la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle— presentan un pasivo pensional que asciende a $8,3 billones, siendo la Nacional la más afectada, con una deuda que llega a $4,5 billones.
Estos montos, producto de cálculos actuariales acumulados, ponen en riesgo la sostenibilidad financiera y la capacidad de las instituciones para operar con normalidad.
La entidad fiscalizadora también advirtió que muchas universidades hacen estas proyecciones con datos desactualizados, incluso de hace más de una década, lo que podría ocultar aún mayores dificultades a futuro.
Además, instó a que el Gobierno central gire oportunamente los recursos de concurrencia, ya que muchas universidades, como la del Valle, no logran cubrir su porcentaje de participación (19,9 %) con los ingresos propios.
Costos laborales desbordados y sin respaldo
Uno de los factores que más presionan las finanzas de estas instituciones es el régimen salarial y prestacional de los docentes (Decreto 1279 de 2002). Este permite acumular puntos por productividad académica, lo que incrementa considerablemente los costos salariales.
Por ejemplo, la Universidad de Antioquia pasó de reconocer $10.364 millones en puntos salariales en 2017 a $18.239 millones en 2024, un aumento del 76 %. La Contraloría fue clara: “La Nación nunca ha asignado recursos específicos para cubrir los incrementos salariales en mención”.
A esto se suma el impacto del Decreto 391 de 2025 sobre formalización laboral, que implicaría una nueva carga presupuestal de $2.9 billones para el sistema universitario, sin que se haya establecido una fuente de financiación clara por parte del Ejecutivo.
Pedraza: “El sistema va a colapsar”
Desde el Congreso, la representante por Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza ha sido una de las voces más activas denunciando el riesgo inminente que enfrenta la educación superior pública. En entrevista reciente con Kienyke.com, explicó que el aumento del 9 % en el presupuesto anunciado por el Gobierno para 2024 es insuficiente frente a las nuevas exigencias.
“Si bien los recursos de las universidades crecieron en un 9% por encima de la inflación… el gobierno está presionando muy fuertemente a las universidades para que aumenten cobertura”, afirmó.
Esto significa que gran parte de los nuevos recursos están comprometidos, dejando poco margen para funcionamiento, salarios, infraestructura y deuda acumulada:
“Solo quedaron cuatro puntos disponibles para atender los gastos de funcionamiento… y resulta que las universidades tienen una deuda histórica”, advirtió Pedraza.
La representante también denunció que universidades como la de Antioquia están teniendo que hipotecar sus predios para funcionar, y que se han recortado 23.000 horas cátedra, lo que afecta directamente la calidad y cobertura del servicio educativo.
La gratuidad y los giros tardíos: otro golpe a la caja
El esquema de gratuidad en las matrículas, reglamentado por el Decreto 2271 de 2023, cambió el flujo de ingresos de las universidades. Ahora, el 80 % de los recursos se gira al inicio del semestre y el 20 % restante solo tras validaciones del Ministerio de Educación.
Sin embargo, la Contraloría señaló que en 2024 el primer giro “suele efectuarse una vez iniciado el calendario académico”, lo cual genera incertidumbre financiera y limita la capacidad de planificación de las universidades.
“Lo que tú vas a terminar haciendo es que colapse el sistema”, advirtió Pedraza frente a estas presiones de cobertura sin el respaldo económico suficiente.
Infraestructura rezagada y reforma pendiente
La Universidad Nacional, por ejemplo, tiene proyectos de inversión física y tecnológica por $1,4 billones que siguen sin financiación. Esta situación representa una deuda histórica en infraestructura que impacta directamente la calidad académica.
Tanto la Contraloría como la representante Pedraza coinciden en que es urgente reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que definen la estructura de financiación universitaria.
“Queremos resolver estructuralmente este problema. Necesitamos reformar la ley para no tener que estar marchando cada cuatro años”, explicó Pedraza, quien impulsa un proyecto de ley en el Congreso para modificar el modelo actual.
El déficit de las universidades públicas en Colombia es una bomba de tiempo. Entre pasivos pensionales, costos salariales, formalización laboral sin financiación, retrasos en los giros de gratuidad e infraestructura colapsada, el sistema universitario enfrenta una amenaza estructural.
Tanto la Contraloría como representantes del Congreso coinciden en que se necesita una solución estructural, no paliativos. Reformar la Ley 30 y garantizar el giro oportuno de recursos no es solo una exigencia técnica, es una necesidad urgente para preservar el derecho a la educación superior pública de calidad.
Kienyke.com conversó con la representante a la cámara sobre la situación de las universidades públicas en el país luego de que la contraloría advirtiera sobre un grave déficit.
Credito: Facebook Jennifer Pedraza
En una entrevista concedida a Kienyke.com, la representante a la Cámara por la Alianza Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, abordó con contundencia algunos de los temas más sensibles del panorama político colombiano.
La parlamentaria criticó duramente la elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional, denunció irregularidades en el manejo presupuestal de las universidades públicas y cuestionó el rol del gobierno en el tratamiento hacia la vicepresidenta Francia Márquez.
La elección de Carvajal: “Una afrenta a la independencia de poderes”
Uno de los temas que más polémica generó fue la elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional. Pedraza criticó que se haya reemplazado a una mujer en la Corte por un hombre y denunció la cercanía personal de Carvajal con el presidente Gustavo Petro.
“Es un retroceso en materia de participación paritaria de las mujeres… ningún presidente en Colombia se había atrevido antes a ternar el nombre de su abogado personal”, señaló Pedraza, quien recordó que Carvajal es abogado del presidente en casos tan delicados como la investigación por presunta financiación ilegal de su campaña.
La representante también cuestionó la postura del nuevo magistrado respecto a la edad de retiro forzoso: “Un señor que fue capaz de repartir un supuesto concepto… diciendo que él pondrá su palabra de que puede violar la ley”.
Pedraza considera que esta decisión compromete la independencia del poder judicial y envía un mensaje negativo sobre la separación de poderes: “Elegir a Carvajal… viola el espíritu de la Constitución en el sentido de la separación de poderes”.
Francia Márquez y el machismo estructural en el Gobierno
En la entrevista, Pedraza defendió a la vicepresidenta Francia Márquez, afirmando que ha sido marginada dentro del gobierno pese a su legitimidad y respaldo popular.
“Francia Márquez no se ganó en un paquete de éxitos esa vicepresidencia… sacó 723.000 votos”, afirmó, en contraste con otros funcionarios cercanos a Petro como Armando Benedetti, a quien acusó de concentrar un poder desmedido.
Pedraza denunció que el Gobierno ha aislado a Márquez por su carácter disruptivo y feminista:
“Representaba las causas del movimiento ambientalista, afro y de mujeres, pero ahora esas cualidades… les estorban”.
La representante también fue tajante al calificar de patriarcal la estructura del Ejecutivo:
“Es obvio que es un gobierno machista… prácticamente se ha convertido en un requisito estar denunciado por violencia machista para nombrar hombres en altos cargos”.
En sus declaraciones incluyó señalamientos directos contra figuras como Hollman Morris, Daniel Mendoza Leal y Armando Benedetti, recordando que varios de ellos han sido denunciados por acoso o violencia contra las mujeres.
Moción de censura contra Benedetti: “Sigue rampante como Pedro por su casa”
Otro de los puntos neurálgicos de la entrevista fue la falta de agendamiento para una moción de censura contra Armando Benedetti, actual Ministro del Interior.
“Radicamos hace más de 60 días la moción y el presidente de la Cámara solo ha calentado y calentado nuestra solicitud”, denunció.
Pedraza fue enfática en cuestionar el poder que Benedetti ha acumulado dentro del Gobierno:
“Es un señor que tiene siete investigaciones penales en su contra… cada fin de semana un periodista saca audios o pruebas distintas”.
A su juicio, la permanencia de Benedetti es una afrenta al cambio prometido por el Gobierno:
“Nadie se imaginó que fuera a ser casi que el presidente… tiene el poder de decidir qué proyectos avanzan y con quién se conversa”.
Crisis presupuestal en universidades públicas: “Van a colapsar”
La representante también alertó sobre el grave déficit financiero que enfrentan las universidades públicas, pese a los anuncios gubernamentales de aumento presupuestal.
“El Gobierno dice que aumentó el presupuesto un 9% por encima de la inflación, pero obliga a que cinco de esos puntos se usen solo para cobertura”, explicó.
Pedraza enfatizó que el sistema de educación superior carga una deuda histórica de 23 billones de pesos, y que las nuevas exigencias impuestas por el Gobierno están llevando al colapso del sistema:
“Las universidades llevan 30 años desfinanciadas… si les pones la carga de crear 500.000 nuevos cupos, lo que vas a terminar haciendo es que colapse el sistema”.
También cuestionó la implementación del decreto de formalización laboral docente, que aunque bien intencionado, carece de financiación suficiente:
“Formalizar a los docentes cuesta 2.9 billones de pesos… chévere que lo hagan, pero que se metan la mano al bolsillo y financien”.
Reforma estructural a la Ley 30: “No más paros cada cuatro años”
Como respuesta a esta crisis, Pedraza anunció la radicación de un proyecto de ley para reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que define la estructura de financiación de la educación superior:
“Así hemos estado los estudiantes: cada cuatro años marchando, rogándole al presidente de turno… queremos un cambio estructural”.
No obstante, denunció que el Gobierno ha dilatado su apoyo:
“Lo radicamos en 2022, pasó dos debates por unanimidad, pero el Ministerio de Educación no quiso apoyarlo y se hundió”.
Llamó a la movilización del movimiento estudiantil para presionar su aprobación:
“Nada ha sido regalado… mi invitación es a que el movimiento estudiantil se reactive”.
Una advertencia final: “No puede ser Benedetti o Uribe”
En un cierre contundente, Jennifer Pedraza subrayó la necesidad de construir una alternativa política que no caiga ni en los errores del pasado ni en los vicios del presente:
“No puede ser cualquier otro camino… no puede ser el camino de los escándalos de corrupción, del machismo, del patriarcado… no puede ser Benedetti o Uribe”.
