Frente al primer gobierno que no representaba a la tradición política se esperaban muchas cosas positivas y surgían algunas dudas sobre su capacidad para sortear las trabas burocráticas que dificultan las transformaciones. Pero definitivamente no esperábamos que en diversos temas de política social se produjeran retrocesos.
Esta semana, en medio de anuncios, rectificaciones y aclaraciones, el presidente Petro y el ministro de defensa confirmaron el regreso del glifosato. Ante los rumores de una posible descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos ante el aumento en los cultivos de coca, reaparece el uso de esta sustancia, clasificada como probablemente cancerígena por la OMS.
Aunque Petro candidato sentenció que en su gobierno no habría “una sola gota de glifosato”, hoy se adelantan cinco procesos contractuales para comprarlo. El hecho de que no se asperje desde aviones, o que se use de manera complementaria a la política de erradicación voluntaria, no significa que el químico sea menos lesivo para la salud humana, animal y para los ecosistemas. Tampoco existen conceptos del Gobierno que sustenten que el uso terrestre del glifosato cumple con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para reanudar su uso. Las sentencias T-236 de 2017 y T-413 exigen participación ciudadana y estudios ambientales rigurosos, exigencias que ni el gobierno de Duque logró alcanzar.
El fracaso de la política de Paz Total, la ausencia de una política de seguridad nacional complementaria a los esfuerzos de diálogos y la coyuntura internacional llevan al gobierno a buscar salidas desesperadas que contradicen sus promesas de campaña y nos devuelven a debates superados en la última década.
En materia educativa también hay retrocesos. Pasamos de vamos a “elevar históricamente el presupuesto público para el sistema educativo”, a “no es para que las universidades soliciten más recursos a la Nación”.
Este panorama es el resultado del reciente Decreto 391 de 2025 del Ministerio de Educación, mediante el cual se obliga a las universidades públicas a formalizar a la brava a todos los docentes sin asignar un solo peso adicional para ello.
Las nuevas cargas que el Ministerio le impone a las universidades desconocen que el Gobierno se ha negado a tramitar con urgencia la reforma al modelo de financiación de estas instituciones. Sin dicha reforma, que está cerca a hundirse en el Congreso, se seguirá ampliando la deuda del Ejecutivo con las instituciones públicas, que a 2025 se calcula en 25 billones de pesos.
En medio de la asfixia presupuestal que viven estas universidades, Leopoldo Múnera, rector de la Universidad Nacional, advierte que esta institución no cuenta con los recursos necesarios para hacer la formalización ordenada por el Ministerio, y prevé que la medida causará una frustración en la comunidad universitaria.
No olvidemos que en 2018 se desató un paro nacional universitario cuando los rectores de universidades públicas alertaron que no contaban con los recursos para terminar el año.
En materia de lucha contra la corrupción también vamos para atrás. A los carrotanques de La Guajira, la niñera de la Canciller interrogada ilegalmente en un sótano de la Casa de Nariño, y la plata de “Papá Pitufo” que entró a la campaña, ahora se le suman los escándalos de la súper pareja de la salud: hace unas semanas, Daniel Coronell reveló unos audios que dejan muy mal parada a Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para las IPS y esposa del ministro de salud. En ellos se escucha, aparentemente, la voz de Gómez presionando indebidamente a gritos a un funcionario para que adjudicara un contrato en el Hospital de Leticia, aunque ella no tenga ninguna competencia sobre la contratación del Hospital.
Como si eso fuera poco, la congresista Jennifer Pedraza reveló que la superintendente dio luz verde para intervenir el hospital de Nazareth, La Guajira, para poner a una gerente que hace parte del clan político de Kiko Gómez, a pesar de no cumplir con los requisitos previstos para el cargo. Aunque las Resoluciones 11467 de 2018, 105131 de 2024 y 2599 de 2019 exigen certificar al menos 3 o 5 años de experiencia en la administración de entidades de salud y estar inscrita en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO), la ficha de Kiko y de la superintendente apenas tiene un año de experiencia y no estaba inscrita en el RILCO. Lo más grave, es que esa gerente debe ejecutar 36 mil millones de pesos que el ministro—esposo de la superintendente—le dio al hospital para una obra.
¿Cuál era el interés de la esposa del ministro de nombrar a la gerente? ¿Dar un favor político?
Aunque este gobierno se eligió para avanzar, los hechos prueban que en diversas materias vamos dos pasos atrás.
