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EL PAÍS

La Cámara de Representantes aprueba la erradicación de la mutilación genital femenina en Colombia: “Somos el único país de la región donde se practica”

La plenaria aprobó por mayoría absoluta un proyecto que busca prevenir, atender y acabar la ablación del clítoris en las niñas indígenas

Activistas y legisladoras en el Congreso de Colombia.

Por: Juan Miguel Hernández Bonilla

Colombia es el único país de América en el que la mutilación genital femenina aún es frecuente y legal. Solo entre enero y noviembre de 2023 se registraron 89 casos de esta práctica en niñas entre 0 y 5 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS). El dato tiene un subregistro alto porque usualmente solo contabilizan los casos en los que la ablación genera problemas de salud y requiere atención médica. Las menores que son sometidas a ella hacen parte de comunidades indígenas, en especial del pueblo Embera. Para erradicar esta práctica, varias congresistas en alianza con líderes indígenas, universidades y organizaciones de la sociedad civil han impulsado un proyecto de ley que busca prevenir, atender y acabar la ablación del clítoris en las mujeres, aunque no la prohíbe ni la penaliza para no interferir en la autonomía de las leyes indígenas. Este martes, la iniciativa dio un paso fundamental para convertirse en realidad. La plenaria de la Cámara de Representantes la aprobó por unanimidad y con mayoría absoluta. Ahora enfrenta sus dos últimos debates en el Senado, en la Comisión Primera y en la plenaria.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá y coautora del proyecto, celebró el avance. “Es imperativo visibilizar y erradicar esta grave violación de los derechos humanos que afecta a millones de niñas y mujeres en el mundo, y se practica en Colombia por parte de ciertas comunidades”, dijo al terminar la votación en el Parlamento. La representante más joven del Congreso cuestionó el hecho de que el Estado no haga nada para proteger a las víctimas. “Es un procedimiento a través del cual se quema o se cortan los genitales de las mujeres. Para nuestra vergüenza, Colombia es el único país de la región donde se practica. El Estado tiene una responsabilidad para frenar esta forma de violencia”. La representante Alexandra Vásquez, también coautora del proyecto, insiste en la importancia de que sean las mujeres quienes participen en el proyecto. “La iniciativa tiene un enfoque preventivo y cultural, más que punitivo. Imponer penas no ha sido efectivo en el pasado; en cambio, es necesario trabajar en un cambio cultural profundo para desarraigar prácticas patriarcales”.

Juliana Domicó, líder de la comunidad Emberá eyabida del departamento caribeño Córdoba, cuenta en diálogo con EL PAÍS que su participación en la construcción del proyecto sirve para que se conozcan las necesidades propias de las mujeres de este pueblo indígena. “Soy defensora de derechos humanos. Mi aporte ha sido desde el conocimiento que traigo de mi territorio sobre el cuidado del cuerpo de la mujer, el sentir, el pensar como Emberá”. Domicó cuenta que el objetivo es una ley que logre la erradicación de la práctica mediante la prevención, educación y concienciación de las mujeres del daño que causa. Explica, además, que los artículos están cuidadosamente planeados para respetar la jurisdicción especial indígena y evitar la penalización a las parteras y mayoras que eventualmente sigan haciendo la ablación.

Domicó recuerda que desde la muerte en 2007 de dos niñas por la mutilación genital, muchas mujeres de las organizaciones indígenas han rechazado la práctica y han buscado su eliminación, junto con las de otras violencias que padecen en sus territorios. “Hay que aclarar que la ablación no es propia de la cultura Emberá, sino una práctica impuesta por parte del colonialismo. Antes no se hacían cortes en el clítoris, como se hace hoy en día, sino una curación para equilibrar el espíritu y la energía, llamada nepoa”. Explica que el ritual consistía en baños con plantas medicinales, que se hacía a niños y niñas y que buscaba atraer la buena salud y buena cosecha, y equilibrar la energía sexual. “Nunca para dañar el cuerpo de las mujeres”. Domicó dice que el argumento de las parteras que siguen practicando la ablación es que buscan que las niñas no sean “brinconas, para que les sean fieles al esposo y para que no crezca el clítoris”.

La mutilación genital, de acuerdo con diversos estudios científicos, implica la escisión y lesión de tejido genital femenino sano y normal, e interfiere en las funciones naturales del cuerpo. Según la Organización Mundial de la Salud, genera riesgos inmediatos como hemorragias, dolor extremo, infecciones como el tétanos, problemas urinarios, problemas de cicatrización e incluso la muerte. A largo plazo, además, puede derivar en complicaciones obstétricas, disfunciones sexuales y trastornos psicológicos graves, como el estrés postraumático y la depresión. Entre 2011 y 2021 se reportaron 141 casos de mutilación genital femenina en población indígena solo en el hospital San Rafael de Pueblo Rico, Risaralda.

La representante risaraldense Carolina Giraldo, otra de las coautoras del proyecto, insiste en la falta de certeza sobre el número de niñas que sufren esta práctica. “El año pasado se registraron unos 53 casos en Colombia, pero sabemos que hay mucho subregistro. Muchas veces los médicos a donde llegan las niñas ni siquiera saben reconocerla”. Para eso, el proyecto establece un sistema de información que permite recolectar, analizar y difundir información periódica sobre este flagelo. La aprobación de la iniciativa va en línea con la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye el objetivo de “lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas”. Las Naciones Unidas establecen, en concreto, eliminar las prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina”.

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“El que no participa en política, la padece”

Santiago Torrado*

La representante de Dignidad y Compromiso abandera las causas feministas y los temas relacionados con el movimiento estudiantil al que perteneció

Como representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, de 27 años, encabezó la rueda de prensa que reunió a distintas generaciones de mujeres feministas hace dos semanas en el nuevo edificio del Congreso, en el corazón de Bogotá. Era una suerte de anfitriona. Junto a Sara Tufano, María Antonia García de la Torre, Juana Afanador, Mónica Godoy y Ángela María Robledo –la excongresista que la inspiró a participar en política–, denunciaron, por enésima ocasión, la difusión de un discurso de odio contra las feministas, acompañado de ciberacoso, desde la misma izquierda. Y más concretamente, las amenazas de un militante de Colombia Humana, el movimiento político del presidente Gustavo Petro, que en las redes sociales se hace llamar ‘Dragón Negro’. “Afilaré mi catana”, les decía en un mensaje el mes pasado. “Esto no es una metáfora en un país donde descuartizan mujeres”, denunció Pedraza con firmeza ante las cámaras.

Economista y ‘madre’ de tres perros, Pedraza es la congresista más joven de Colombia. Hace ocho meses aterrizó en el Capitolio y ya es también una de las voces más visibles entre los legisladores que se declararon en independencia frente al Gobierno. Abandera las causas feministas y los temas relacionados con el movimiento estudiantil, la escuela política en la que se forjó durante las protestas de los últimos años. Su principal proyecto legislativo es sobre financiación de la educación superior, y ese es también el tema de su tesis de maestría.

Mónica Godoy, consultora en prevención de la explotación y abuso sexual; Sara Tufano, socióloga feminista y columnista; Jennifer Pedraza, representante a la Cámara; Ángela María Robledo, docente, escritora y política y Juana Afanador, socióloga y feminista, durante una rueda de prensa en Bogotá, el pasado 30 de marzo.NATHALIA ANGARITA

Sus reclamos de los últimos meses al Ejecutivo han incluido pedir la salida de Henry Sanabria, el homófobo y ultra religioso jefe de la Policía al que Petro destituyó este miércoles, o denunciar el acoso sexual de un académico que iba a ser embajador, Víctor de Currea-Lugo. Ese episodio le valió los ataques de Germán Navas Talero, un veterano exrepresentante del Polo Democrático Alternativo, un partido de izquierda al que ella también perteneció. “Es una profunda decepción. Pero lejos de intimidarnos, lo que eso hace es darnos más herramientas para mostrar lo necesaria que es nuestra voz en política”, reflexiona.

“Voté por el presidente Petro en segunda vuelta, pero creo que hay que hacer una labor de control político. De lo contrario es difícil que las cosas cambien y el Congreso sigue estando conformado en su mayoría por partidos políticos tradicionales”, dice Pedraza a EL PAÍS en un café junto al Capitolio. “El movimiento social debe ser activo. Debemos seguir defendiendo la agenda que siempre nos ha llevado a las calles”, a pesar de las coincidencias que pueda haber con el actual mandatario, valora.

Colombia vivió un estallido social sin precedentes durante el periodo de Iván Duque (2018-2022). En esas oleadas de protestas, que se remontan hasta finales de 2019, antes de la pandemia, el movimiento estudiantil –de universidades públicas y privadas– tuvo un papel protagónico. En términos políticos, fue el presidente Petro, un político veterano, quien capitalizó el descontento al imponerse en las elecciones del año pasado con el voto mayoritario de los jóvenes. Pero en los comicios legislativos también emergieron otras figuras vinculadas a las protestas. Entre esa camada de renovación se destaca Pedraza, que fue una visible representante estudiantil de la Universidad Nacional y miembro del Comité del Paro que agrupaba a las organizaciones que convocaron las primeras manifestaciones.

Como parte de las listas de la coalición del centro político, a pesar de haber militado en la izquierda, es también la única representante de Dignidad y Compromiso, el nuevo partido surgido de la fusión de los movimientos de Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo. Está muy involucrada en la escuela de formación política del partido y en los esfuerzos por promover candidaturas para las elecciones locales de octubre, especialmente de jóvenes y mujeres. “Representamos a las personas que estamos agotadas de la politiquería”, afirma. “Sentimos que Colombia merece un mejor cambio que el que está proponiendo el presidente Petro. No concebimos como uno puede hacer un cambio con la política de siempre”.

Jennifer Pedraza/ El 30 de marzo de 2023.NATHALIA ANGARITA

Se posiciona sin tapujos frente a las tres grandes reformas sociales que el Gobierno pretende aprobar en el Congreso. Celebra la laboral como una manera de recuperar los derechos que los trabajadores perdieron durante el periodo del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), y plantea ajustes para la pensional y la sanitaria. “En un semáforo, le pondría el rojo a la reforma a la salud, donde más hay que poner la lupa; el amarillo a la pensional, para que fortalezca realmente el régimen público de pensiones; y el verde para la laboral”, sintetiza.

“Hay un mandato social de cambio que en algunos aspectos el Gobierno ha representado bien”, matiza al valorar como aciertos la reforma laboral o la creación de un sistema nacional de cuidado en el Plan Nacional de Desarrollo. “Pero hay otros asuntos en los que por el contrario hay que marcar distancia”. Entre sus reparos, subraya la manera en que ha tratado los temas relacionados con las mujeres. “No ha habido poder humano que logre que el Gobierno declare emergencia nacional por violencia machista, que es la exigencia que movimiento feminista en Colombia ante la ola de feminicidios, apunta. Considera que hay una deuda simbólica. “El Gobierno ha respaldado y se ha puesto del lado de sus funcionarios que han sido denunciados por violencia y por acoso sexual”, recuerda al enumerar los señalamientos contra Mauricio Lizcano, el secretario de la Presidencia, o el propio Currea-Lugo, que acabó por declinar su designación.

Independientemente del balance final que arroje en Chile la presidencia de Gabriel Boric, todavía lo considera una fuente de inspiración como una experiencia de liderazgos surgidos del movimiento estudiantil. “Ese vínculo entre el movimiento social y la política es muy importante”, señala. Recuerda que incluso ella calificaba de “vendidos” a los líderes que se lanzaban, pero ha cambiado de opinión. “Considero hoy que si el movimiento estudiantil no llega a estos espacios, si no participa de la política, si no se mete en política, va a seguir padeciendo lo que decidan los políticos profesionales”, argumenta. “Hay un terreno grande por conquistar. Ya no creo que sean vendidos. Todos los sectores del movimiento social, incluso con los que yo no coincido, tenemos que tomarnos la política y empezar a hacer política para la gente. Ese es el punto central”.

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