El sistema de salud colombiano no era la panacea, pero sí es susceptible de empeorar por la acción del gobierno nacional. Mientras cientos de pacientes en todo el país siguen sin recibir sus medicamentos, la controversia política prioriza los señalamientos pero no las soluciones para la gente.
Los defensores de la Ley 100 de 1993 celebran que nuestro modelo de salud logró la cobertura universal. Si bien desde esa época casi la totalidad de la población quedó afiliada al sistema, ello no se tradujo en la prestación universal, efectiva y de calidad. Mientras tanto muchos sí hicieron negocio con ese modelo.
En ese marco, 42 EPS fueron liquidadas entre 1998 y 2022, durante los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos y Duque. Son incontables las tragedias de pacientes: largas esperas de atención en sillas Rimax, las citas médicas exprés donde no se recibe una adecuada valoración o las tantas historias de medicamentos no entregados en los dispensarios de las IPS.
A lo anterior se sumaron los casos de corrupción. El cartel de la hemofilia; la negación de servicios para acumular utilidades a cargo de recursos públicos girados por la UPC; la muy opaca liquidación de Saludcoop, luego Cafesalud, y los traslados de usuarios a Medimás sin soporte financiero, entre otros.
A modo de ejemplo sobre el tema de actualidad, según Transparencia Por Colombia entre 2016 y 2020 el 25% de los casos de corrupción en el sistema se relacionaron con casos de la no entrega de medicamentos. Entonces no, no teníamos un sistema de salud ideal.
Sin embargo, la cura se está tornando peor que la enfermedad, tanto porque la reforma a la salud no tiene soluciones puntuales a estas problemáticas, como por las medidas de contingencia adoptadas por el gobierno Petro. Miremos con detalle estas últimas.
Actualmente 11 EPS se encuentran intervenidas, lo que significa que la administración de éstas y sus pacientes quedó a cargo del gobierno. En total, el 62,5% de las y los colombianos—31,1 millones de personas—se encuentran bajo la prestación de servicios de salud ofertados por el gobierno, no de privados.
Esta realidad parecía desconocida por el Presidente y el Superintendente de Salud, quienes se enteraron de la misma en el consejo de ministros del martes pasado.
Pero más grave que la “intempestiva noticia», es que varias de las EPS administradas por el gobierno deben plata a los gestores farmacéuticos encargados de entregar los medicamentos a los pacientes. Es decir, el gobierno administra las EPS, éstas no pagan los medicamentos y, por tanto, la gente se queda sin acceder a ellos.
Miremos las deudas de las EPS intervenidas con los gestores farmacéuticos:
- FAMISANAR (2,7 millones de usuarios) debía $57 mil millones en 2023 y, bajo intervención, cerró 2024 con $67 mil millones en deudas;
- ASMET SALUD EPS (1,5 millones de usuarios) debe $121 mil millones, de los cuales $26 mil millones de no paga hace más de un año;
- SOS EPS (0,7 millones de usuarios) adeuda cerca de $70 mil millones, con casi $30 mil millones en mora por más de un año.
Mientras tanto, NUEVA EPS (11,6 millones de usuarios) esconde sus deudas con las gestoras farmacéuticas, al punto que un juez de tutela le ordenó revelar dicha información a la congresista Jennifer Pedraza. El descalabro puede ser mayor.
Para que se entienda más fácil: parte importante de la negación de medicamentos a pacientes en el país es el resultado del impago del gobierno a los gestores farmacéuticos. Es por ello que expertos han explicado que, más que desabastecimiento, lo que estamos viviendo es desfinanciamiento con origen gubernamental.
La lista de fallas del gobierno en garantizar la salud de los pacientes a su cargo es extensa. Sólo expondré una más: la mediocre gestión en perseguir a los corruptos. A la fecha el gobierno no ha denunciado ante la Fiscalía a los grandes ladrones del sistema, es más, sólo hasta esta semana denunció a Audifarma por el presunto acaparamiento de medicamentos.
Lo que resulta absurdo es que la denuncia contra Audifarma se limite a tres páginas que no explican la forma como se materializaron los posibles delitos y que apenas aporta una prueba irrelevante: un comunicado de prensa. En cualquier facultad de derecho esa denuncia no se sacaría más de 1 sobre 5.
Algo similar pasó con el FOMAG, que con el nuevo modelo continúa con fallas en la atención y sin conocer quiénes eran los criminales a los que perseguía Petro.
El sistema de salud necesita grandes transformaciones y controles efectivos para evitar la corrupción. En el panorama actual, antes que señalar sin soportes serios, el gobierno debe empezar por administrar con responsabilidad la salud del 62,5% de la población a su cargo.
