La consulta popular sobre las reformas puede enredar más la aprobación de las mismas. Con seguridad Petro y Benedetti son conscientes de esto, pero esa no es su preocupación, puesto que el objetivo es mantener la agenda política en constante campaña, terreno donde se sienten más cómodos. Al final, entre la polarización y la campaña, las reformas no son futuros posibles sino excusas.
La reforma laboral, sin ser perfecta, representa avances para la recuperación de derechos laborales y la ganancia de algunas nuevas garantías. Es justo recuperar el pago del 100% del salario durante el día de descanso (dominical o festivo); también lo es adelantar a las 7:00 pm el fin de la jornada laboral o volver al contrato laboral de aprendizaje del SENA.
La justeza de esas propuestas no surge de una apreciación moral entre lo bueno y lo malo. Son la reivindicación tras el recorte derechos promovido en 2003 por Uribe, quien alegaba que, a cambio de estos derechos se crearían casi 700 mil empleos.
Un estudio de Alejandro Gaviria demostró que la creación de empleo fue “marginal” y otro de Guataquí y García concluyó que “los resultados son negativos, y claramente inconsistentes con la cifra de 200.000 empleos por año citada durante la discusión parlamentaria”. La promesa no se cumplió.
También es loable que la reforma cree licencias para asistir a citas médicas programadas o de urgencia, que reconozca el pago a internos de medicina que trabajan arduamente en centros de salud, y que garantice que el trabajo sea un lugar libre de violencia o acoso para las mujeres.
A diferencia de lo ocurrido con la reforma a la salud, la reforma laboral se modificó sustancialmente por la concertación entre el gobierno y los gremios. Por ejemplo, se eliminaron más de 17 artículos relativos a derechos sindicales que causaban ampolla a los empleadores; se eliminó la recuperación de las indemnizaciones por despido sin justa causa que podía golpear a MiPyMes e incluso se flexibilizaron las obligaciones laborales a grandes empresas como Rappi.
No comparto varias de esas eliminaciones, como tampoco comparto la ponencia de archivo presentada por 8 senadoras. Sin embargo, ambas son decisiones legítimas en el marco de la democracia representativa y de un aparato productivo débil.
Cuando la ex Ministra del Trabajo Ramírez le dio la espalda a los sindicatos de Rappi, no se la acusó de evadir el debate, aunque en la práctica esa concesión no se dio en público sino a puerta cerrada. Por lo mismo, es hipócrita el matoneo del gobierno contra las congresistas que el próximo martes justificarán el archivo de la iniciativa.
¿Entonces la solución al hundimiento de la reforma es la consulta popular? Por el contenido y por el mecanismo, dudo que la consulta sea efectiva. La consulta debe hacer preguntas generales al pueblo, pero el diablo está en los detalles.
Y si los detalles guardan relación con el texto de las reformas, el escenario se complica: ¿le van a preguntar a los sindicatos de repartidores de domicilio si quieren la reforma?, ¿nos van a consultar si estamos de acuerdo con que los políticos (alcaldes y gobernadores) amplíen su participación en las juntas directivas de los hospitales públicos a costa de reducir un puesto en la junta para los trabajadores?, ¿nos van a preguntar si estamos de acuerdo con que la ADRES asuma los roles de las EPS sin tener un fortalecimiento financiero e institucional y mientras a las EPS les aseguran por ley 4 billones de pesos anuales? Todos estos son elementos contenidos en las reformas, pero con seguridad no preguntarán sobre los micos.
Y en la mecánica también hay complicaciones. Para llamar a las urnas, Petro debe tener el visto bueno de la mitad más uno del Senado, respaldo poco posible tras la ruptura de relaciones y trinos agraviantes en contra de las congresistas.
Si Benedetti aceita a las mayorías de todo el Senado, cosa que no logró en la Comisión Séptima para aprobar la reforma, una vez realizada, la consulta requeriría 13 millones de votos. Es decir, se necesitan más votos de los que sacó Petro en segunda vuelta, o incluso de los que sacó la consulta anticorrupción que no tenía detractores.
Si se logra convocar la consulta, eso no significa que se apruebe un texto puntual de cada reforma. Volveríamos al punto cero en el que el Congreso debe redactar un texto, debatirlo y buscar consensos, todo ello en los últimos tres meses del periodo del Congreso.
El interés real de esta nueva aventura no es resolver los derechos del pueblo, es medir la fuerza electoral del presidente y su nueva coalición con los partidos tradicionales. No en vano, cuando preguntan por los votos de la consulta, Benedetti responde con nombre propio “va a haber un gran apoyo al señor presidente de la República”.
