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7 mayo, 2025

Congresista denunció ‘jugada’ del Gobierno Petro para implementar reforma a la salud por decreto: “Medidas improvisadas”

Jennifer Pedraza dio a conocer el borrador con el que se buscaría poner en marcha la propuesta en materia de salud, el cual, según su alerta, no soluciona los problemas del sistema, sino que los agrava

En medio del bloqueo legislativo, el Gobierno nacional de Gustavo Petro alista un decreto que cambiaría el modelo de salud actual y Jennifer Pedraza lo denunció públicamente – crédito redes sociales – Presidencia

En medio del prolongado estancamiento legislativo en torno a la reforma a la salud propuesta por el Gobierno nacional, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, por el partido Dignidad y Compromiso, denunció públicamente que el Ejecutivo pretende poner en marcha dicha iniciativa sin aprobación del Congreso. Según la congresista, esto se estaría intentando mediante un decreto aun sin numeración oficial, cuyo contenido fue revelado a través de sus redes sociales.

La legisladora expuso su preocupación en un hilo publicado en su cuenta de X, en el que señaló que “el decreto por el cual el Gobierno quiere implementar la Reforma a la Salud🚨lejos de resolver la crisis, la profundiza para millones de pacientes. Y para rematar, ignora a quienes participaron en las ‘mesas técnicas’, burlándose de su tiempo, su voz y propuestas”.

Pedraza aseguró que el documento, emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, establece la sustitución de una parte del Decreto 780 de 2016, dando paso a un nuevo “Modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo”. Este enfoque, según lo enunciado en el mismo texto normativo, tiene fundamento en el artículo 189 de la Constitución, así como en leyes estatutarias y ordinarias del sistema de salud colombiano.

La reforma a la salud se atasca en el Congreso, pero el Gobierno no espera y un decreto publicado sin numeración oficial pretende implementarla por vía administrativa – crédito @JenniferPedraz/X

No obstante, para la congresista, este procedimiento representa un intento de imponer por la vía administrativa una reforma estructural que aún no fue debatida ni aprobada en el Senado de la República.

En su argumentación, Pedraza presentó una serie de observaciones críticas. Una de ellas está relacionada con las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud. En sus palabras, “No hay formalización laboral. Los/las trabajadores de la salud siguen precarizados. El Gobierno no cumple su promesa de formalizarlos y, en lugar de asignar recursos adicionales para lograrlo, advierte que solo será posible si alcanza con el presupuesto actual. Una promesa de papel”.

Otro de los puntos señalados por la representante hace referencia a la transformación de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de baja complejidad en Centros de Atención Primaria en Salud (Caps). Aunque esta iniciativa ha sido promovida por el Ministerio como una manera de fortalecer la atención básica, Pedraza cuestionó la viabilidad de su implementación.

La representante Jennifer Pedraza advirtió sobre el riesgo de implementar una reforma estructural sin debate legislativo – crédito @JenniferPedraz/X

La congresista también expresó su inquietud sobre la indefinición de responsabilidades dentro del nuevo modelo preventivo. En otro de sus mensajes, escribió: “No se sabe quién deberá prevenir que la gente se enferme. La prevención de enfermedades estaría en manos del Ente Territorial, EPS, hospitales y clínicas, pero el Decreto no aclara cuál es el rol específico de cada uno para garantizar la salud de la población”.

Además, Pedraza cuestionó el tiempo que otorga el decreto para la implementación de los cambios en el sistema de salud, argumentando que este es insuficiente y podría derivar en improvisaciones: “Ya vimos cuando se intenta hacer todo de afán: la crisis del Fomag, la salud de las y los maestros”.

También hizo referencia a la falta de claridad sobre las fuentes de financiación para cumplir con los objetivos propuestos por el nuevo modelo: “Más promesas y poco dinero. Se propone fortalecer entidades clave como el Iets o el Invima, pero no se sabe de dónde saldrá el dinero. La Adres, con solo 200 empleados, ni se menciona. También se habla de ‘descentralizar’ el sistema creando las llamadas regiones y subregiones, pero sin un peso para lograrlo”.

Jennifer Pedraza cuestiona la viabilidad del nuevo modelo de salud anunciado por decretO -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El decreto en cuestión sustenta su legalidad en normas constitucionales y leyes como la Ley 100 de 1993, la Ley 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015). Entre sus objetivos está sustituir parte del Decreto 780 de 2016 para implementar un enfoque basado en la promoción de la salud, con medidas orientadas a la predicción y resolución de enfermedades, en lugar de centrarse únicamente en la atención de estas.

El texto normativo destaca que, de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución, “la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado que tiene que garantizar el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.

El mismo decreto establece que el nuevo modelo deberá ser equitativo y garantizar el acceso universal, con participación activa de la comunidad. De igual forma, reconoce la necesidad de atender a poblaciones históricamente marginadas, tales como pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueros y el pueblo ROM.

Jennifer Pedraza alertó tras divulgar un borrador de decreto que busca imponer un nuevo modelo de salud sin debate en el Senado – crédito Jesús Aviles/Infobae

A pesar de estas intenciones, Jennifer Pedraza reiteró que el método escogido para impulsar la reforma es, en sus palabras, “autoritario, improvisado y peligroso”.

“La salud no se puede reformar a las carreras ni ignorando a quienes la sostienen día a día. Imponer esta reforma por decreto es autoritario, improvisado y peligroso. Lo que está en juego es la vida de millones ¡El Gobierno no puede improvisar más con la salud de Colombia!”, señaló la legisladora en X.

El anuncio provocó divididas en distintos sectores políticos y gremiales, aunque aún no se ha emitido una declaración oficial desde el Ministerio de Salud respecto a las afirmaciones hechas por la representante.

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¿Qué viene para el Gobierno tras la captura de Iván Name y Andrés Calle?

Panelistas analizaron el impacto que tiene en el Gobierno la captura de los expresidentes del Senado y Cámara, señalados de haber recibido sobornos para tramitar las reformas sociales del Ejecutivo.

En Hora20 el análisis a la medida de aseguramiento de los expresidentes del Senado y Cámara en medio del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. Después, una mirada a lo que está pasando con la consulta popular en el Senado, las discusiones que se están dando, lo que viene para los próximos días y las cuentas del Gobierno.

Lo que dicen los panelistas

Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario, planteó que el trino del presidente Petro sugiere que hubo un autosoborno o que robaron al gobierno, cuando Name se valorizó poniendo palos en la rueda al Gobierno, “la mezcla es de tristeza y decepción y se demuestra al Congreso como una microempresa electoral”. De otro lado, dijo que una vez más la Corte Suprema hace su tarea respetando la presunción de inocencia “la Corte tiene material de prueba copioso vía confesiones y hay rastreos de seguimiento en celulares para verificar versiones de principio de oportunidad. Que fiscalía muestre que está en lo suyo. Acá el tema de quién dio la orden, con el que tantas veces el Gobierno reclamó por otros abusos, se debe responder, quién dio la orden en el caso de corrupción en el Gobierno”.

Explicó que los jueces y la Corte que dan instrucción toman la medida usualmente por tres motivos como la suficiente evidencia de que pueden influir o entorpecer el desarrollo de la investigación, porque hay posibilidad de riesgo de fuga como el caso de Carlos Ramón González o cuando hay una conducta que es repetida.

Para Viviane Morales, abogada, exfiscal general de la nación y exsenadora, cuando la Corte toma una medida como la orden de aseguramiento es porque hay evidencia probatoria suficiente para pensar razonablemente que estos presidentes de Senado y Cámara sí cometieron un delito, “el proceso está avanzando con garantías para alegar inocencia, pero es claro que la Corte Suprema de Justicia no toma una medida así sin evidencia probatoria sólida”. De otro lado, dijo que lo que esto revela es que lo que sucedió sí es la compra por parte del Ejecutivo de presidentes Cámara y Senado, “el cohecho no es delito unilateral, son dos extremos: el que se vende y el que lo compra, el que ofrece y compra ofrecimiento. El ofrecimiento viene del ejecutivo”. En esa medida, dijo que el Gobierno queda tan deslegitimado como lo queda el Congreso y los presidentes de la legislatura anterior.

Señaló que la respuesta del Presidente es de gran cinismo al pretender decir que se robaron al gobierno, “es imposible hablar de un asalto, acá hubo una actuación en ponerse de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo”.

Por último, dijo que la curul se pierde y esa ya es una grave consecuencia para el partido político, “pero no veo cómo implementar responsabilidades por parte de los partidos políticos”.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Dignidad, dijo que con lo ocurrido con los expresidentes de Senado y Cámara queda debilitada la narrativa de que el Congreso bloquea y no permite el avance de las reformas, “hoy están metiendo a la cárcel a los expresidentes de Senado y Cámara por haber recibido presuntamente sobornos”. También dijo que necesario llegar al “pez gordo” y determinar quién dio la orden de que se robaran esos recursos, “a veces en la calle me dicen que esto pasa en todos los gobiernos, pero un gobierno comprometido con una relación distinta con el Congreso no tendría a Benedetti, que es exponente de la relación transaccional Ejecutivo-Legislativo, como Ministro del Interior”.

Jaime Arrubla, abogado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, decano de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana, señaló que la decisión de la Corte Suprema es de la mayor trascendencia, “esto que está pasando es grave, una corrupción así no la habíamos visto, uno escuchaba de puestos, favores, pero la democracia está en crisis porque el peso y contrapeso Ejecutivo-Legislativo se perdió cuando los presidentes del Senado y Cámara hacen una coalición y se pierde control democrático que debe ejercer el Congreso; éste parecía que ejercía control, pero esperaba que le llegaran con la oferta debida”.

Resaltó que si la Corte dictó esta medida es porque encontró pruebas y porque se debe asegurar el proceso, “que no se vaya a influir en testimonios y los sindicados tienen derecho a la legítima defensa, a presunción inocencia, pero desde que se haya tomado esa medida es porque hay pruebas que los comprometen”.

Por último, dijo que no se puede aceptar que ahora el Gobierno termine siendo víctima de todo el entramado de corrupción.

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