La representante Jennifer Pedraza, de Dignidad, cuestionó la licitación de pasaportes. Bogotá, agosto1 del 2023. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA
La producción de pasaportes en Colombia está en vilo. En estos momentos, los colombianos tienen más dudas que respuestas y eso ha generado cuestionamientos en varios espacios, entre ellos, el Congreso de la República. La representante Jennifer Pedraza, de Dignidad, cuestionó lo que pueda pasar.
“¡Vuelve y juega! El gobierno fija plazos récord para la licitación de pasaportes, favoreciendo a la única empresa que podría cumplir esos tiempos, Thomas Greg. El canciller Luis Gilberto Murillo todavía puede corregir los plazos para evitar la prórroga del contrato a favor de los de siempre. Después no digan que un funcionario (que ustedes mismos nombraron) los traicionó”, aseguró la congresista.
¡Vuelve y juega! El gobierno fija plazos récord para la licitación de pasaportes, favoreciendo a la única empresa que podría cumplir esos tiempos, Thomas Greg. Canciller @LuisGMurillo todavía puede corregir los plazos para evitar la prórroga del contrato a favor de los de…
— Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) August 14, 2024
Una de las alertas es que el contrato pueda quedar nuevamente en manos de Thomas Greg, luego de todo el proceso en el que se ha intentado que se haga de forma distinta. El presidente Gustavo Petro ha arremetido en contra de esa empresa.
En las últimas horas, la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, despertó más dudas. Según dijo, a partir del 2 de octubre entrará en una segunda etapa en la que no se sabe qué pasará con la producción de pasaportes y le tiró la pelota a la Cancillería de Luis Gilberto Murillo.
Luis Gilberto Murillo no asistió a un debate al Congreso porque estaba en Cali. | Foto: Cancillería
El proceso de demanda de Thomas Greg, está en vilo. En las últimas horas, se conoció que la demanda que impuso la empresa fue suspendida durante un mes. La empresa tomó esa acción luego de que el excanciller Álvaro Leyva decidiera suspenderlo cuando ya iba a ser adjudicada. La compañía reclama 117.000 millones de pesos por las afectaciones que le pudo haber causado la Cancillería en todo ese proceso por el que ya está siendo investigado Leyva por la Procuraduría.
El contrato actual para la producción de pasaportes finalizará el 2 de octubre. | Foto: Cortesía gobernación de Risaralda
En las últimas horas, estaba citado un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado para hablar del tema de los pasaportes y las dudas que hay en ese millonario contrato, sin embargo, el canciller Luis Gilberto Murillo no asistió al encuentro porque se encontraba en varios eventos en Cali relacionados con la COP16 y la conmemoración de la afrocolombianidad. Por lo que tuvo que ser aplazado el debate.
La constante inasistencia de Murillo al Congreso, como sucedía con Leyva, generó la molestia de los senadores. “Ya está bueno. El problema de los pasaportes no lo generó él (Murillo), el problema que tenemos es un tema que hay que tratar públicamente y que el país lo conozca (…). Tiene que dar la cara en la Comisión Segunda”, reclamó el senador Lidio García, del Partido Liberal.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza convocó a una audiencia pública sobre la crisis en el Fomag.
Pese a que el sistema de salud de los maestros sigue en crisis, ninguno de los viceministros del gobierno de Gustavo Petro llegó a la audiencia pública convocada por el Congreso para abordar la crisis en el sistema de salud del magisterio.
La diligencia había sido citada por la representante Jennifer Pedraza, quien cuestionó que ninguno de los ministerios que hacen parte del Comité Ejecutivo del Fondo del Magisterio enviara a alguno de sus viceministros para escuchar las quejas de los docentes.
“La labor docente es fundamental. Los maestros y las maestras deben tener las mejores condiciones para ejercer su profesión y que además reconozca una realidad epidemiológica como que la propensión a tener cáncer entre los maestros y maestras es cinco veces que el promedio de los colombianos y las colombianas”, sostuvo la congresista.
Los contratos con los anteriores operadores del Fomag vencieron el 1 de mayo y desde entonces comenzó a implementarse un nuevo sistema de salud para eliminar la intermediación que comenzó a marchar sin que estuviera lista.
“No estoy en desacuerdo con la propuesta de eliminar los operadores del servicio de salud, pero necesitamos reemplazar esos operadores en la etapa administrativa del modelo de salud. Todo lo que los operadores hacían, ¿quién lo va a hacer?, ¿cuánto nos vamos a demorar para que las instituciones tengan la capacidad para hacerlo?”, cuestionó la representante Pedraza.
En medio de ese proceso, el Ministerio de Salud presentó asesoría técnica al Comité Ejecutivo del Fomag para la toma de decisiones sobre el sistema. En esa junta están sentados tres ministerios del Gobierno nacional (Educación, Hacienda y Trabajo) y dos representantes de la delegación de los maestros.
El FOMAG está en crisis 🚨 y ningún viceministro de @MinSaludCol , @MinHacienda, @MintrabajoCol, @Mineducacion vino a nuestra audiencia pública a escuchar los preocupantes casos de maestros/as que sufren dificultades cada día. Le siguen fallando a los y las profes de Colombia 😡
— Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) June 24, 2024
A la audiencia pública asistieron delegados de las carteras que integran la dirección del Fomag y de Fecode, mas no los propios viceministros, un asunto que generó inquietudes entre los asistentes. Además, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ya fue citado un debate de control político sobre este asunto que se llevará a cabo en la próxima legislatura.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denuncia que la Casa de Nariño incurre en las mismas prácticas clientelistas de otros Gobiernos. | Foto: Johan Toro
SEMANA: El Gobierno tiene sobre la mesa la posibilidad de subir el precio del diésel. ¿Le preocupa?
Jennifer Pedraza: Petro fue el primero que tomó la decisión de amarrar el precio de la gasolina al internacional, por eso es que la gasolina es tan costosa. Ese es el mismo planteamiento con el diésel y el ACPM. El transporte intermunicipal, de alimentos, de vestuario y diferentes elementos de consumo diario se transporta de manera terrestre, con diésel. El planteamiento del Gobierno es subir el precio del diésel al precio internacional: casi que al mismo precio de la gasolina que se estimaba que iba a llegar a los 16.000 pesos, lo que no tiene sentido porque en Colombia producimos siete de cada diez galones que consumimos.
SEMANA: Si Petro no fuera presidente, sino congresista, ¿saldría a protestar por la subida del precio del diésel?
J.P.: Seguramente estaría protestando aquí a mi lado contra esta medida porque se sabe que afecta de manera significativa a los hogares más empobrecidos. La mayoría de los propietarios de motocicletas y de vehículos son del estrato 4 hacia abajo y esto va a tener efectos sobre los alimentos y la inflación. Petro y muchos otros integrantes del Pacto Histórico, como Gustavo Bolívar, previamente se habían manifestado contra la decisión de incrementar el precio de la gasolina, pero ahora guardan silencio. Petro decía que cada que le suben el precio a la gasolina hay una reforma tributaria sin que pase por el Congreso y esa es una declaración que ahora de presidente no le gusta que le mostremos porque es una incoherencia de su Gobierno.
SEMANA: ¿Ya no está del lado de Petro?
J.P.: No le hice campaña, nunca repartí un volante, pero decidí votar por él en segunda vuelta. Siempre estuve muy prevenida porque estaba llegando supremamente empeñado con las fuerzas políticas tradicionales. Una de mis principales rupturas con el Gobierno tuvo que ver con el tema de las mujeres, con que el presidente quisiera nombrar a hombres denunciados por violencias basadas en género, como Víctor de Currea-Lugo, que sería embajador en Emiratos Árabes Unidos de no haber sido por el movimiento feminista que lo denunció, o el hecho de que el presidente defienda a capa y espada a Hollman Morris, que sigue reproduciendo mensajes revictimizantes contra las mujeres que lo hemos denunciado. No puedo guardar silencio.
SEMANA: O nombramientos como el de Cielo Rusinque…
J.P.: Además, la ternó como magistrada de la Corte Constitucional, a pesar de que ella había tenido múltiples declaraciones en contra del fallo de la Corte Constitucional que protege la expresión pública en redes sociales de las mujeres. Hace poco, el presidente le entregó el Ministerio del Deporte al Partido Conservador en una relación que a mí no me sorprende porque ha sido muy transaccional con el Congreso: el mismo tipo de relacionamiento que habían tenido los Gobiernos anteriores con el Congreso era de repartir mermelada, puestos y dejar de último los debates de fondo sobre las reformas.
SEMANA: Salvo el caso de Víctor de Currea-Lugo, ¿en qué ocasiones Petro ha escuchado a las mujeres que lo apoyaron en campaña?
J.P.: El presidente no escuchó y fue Víctor de Currea-Lugo quien desistió de la nominación. No hubo una decisión de Petro de frenar ese nombramiento, ni de tomar la decisión de no seguir entregándoles poder económico y político a hombres denunciados por casos de violencias contra las mujeres. Lo que ha hecho es difundir información que deslegitima las denuncias de las mujeres. Incluso, trinó que Hollman Morris había sido hallado inocente, cosa que nunca ha pasado. Lo mismo pasó cuando hubo denuncias contra el ministro Mauricio Lizcano, que no dijo que se iba a investigar. Se necesita un Gobierno que se tome en serio los casos de violencias contra nosotras.
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara. | Foto: guillermo torres-semana
SEMANA: ¿Cómo está la relación del movimiento feminista con el Gobierno?
J.P.: Hemos reivindicado una agenda independiente, así como lo han hecho el movimiento estudiantil y el juvenil. Ha sido un movimiento capaz de decir cuando no está de acuerdo con la postura del presidente, que denuncia este tipo de decisiones. No han sido movimientos sociales que se declaren de Gobierno.
SEMANA: Pero Petro no acepta críticas de movimientos que le acompañaron en campaña…
SEMANA: ¿Ve violencia política hacia las mujeres en el Congreso?
J.P.: Cada vez que expresamos una crítica a alguna reforma o a algún nombramiento, de una vez somos blanco de ataques supremamente sistematizados. Por ejemplo, si emprendemos una denuncia sobre el tema de Hollman Morris, ya sé que a los siguientes dos días no puedo entrar a redes porque hay una campaña violenta que hace alegoría a nuestro físico y forma de expresarnos, reproduciendo los estereotipos machistas que siempre habíamos denunciado que utilizaban otros sectores políticos, pues ahora vienen de cuentas muy cercanas al Gobierno.
Jennifer Pedraza dice que es increíble que Colombia y Argentina sean los únicos países de la región en donde está permitido el matrimonio infantil. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA
SEMANA: ¿Quién las ataca a usted y a las congresistas feministas?
J.P.: Con varias feministas, algunas que forman parte del Pacto Histórico, iniciamos un proceso contra un militante de Colombia Humana que se hace llamar Dragón Negro.
SEMANA: ¿Qué le dijeron en el partido?
J.P.: Radicamos nuestra denuncia y no nos han contactado para contar nuestra experiencia como víctimas. Incluso, constatamos que esta persona tuvo cercanía con la concejala Ana Teresa Bernal, del Pacto. Este señor amenazó con sacar una catana y atravesárnosla.
SEMANA: ¿Qué le respondió la Fiscalía?
J.P.: Le dieron trámite, pero es un proceso que apenas lleva un año. He sido una persona muy crítica de la Fiscalía de Francisco Barbosa. Hay una mala tipificación de feminicidios que se tipifican como homicidios, cuando de verdad todos los elementos indican que son feminicidios y, al ser feminicidios, pues implican unas condiciones particulares para el proceso penal. Ahora, acabo de presentar una solicitud a la fiscal encargada interina Martha Mancera para que haya una fiscal ad hoc para el caso de Pacho Malo.
SEMANA: Promueve el proyecto de ley ‘Son niñas, no esposas’ para prohibir los matrimonios con niñas entre 16 y 18 años…
J.P.: Es increíble que Colombia y Argentina sean los únicos países de la región en donde está permitido el matrimonio infantil. Tenemos que darle la cara a la realidad, y es que los matrimonios infantiles son pan de cada día en Colombia: en más del 37 por ciento de las uniones tempranas que involucran a niñas, niños y adolescentes, la otra parte de la pareja les lleva más de seis años. Lamentablemente, como la ley contempla que a partir de los 14 años, con el permiso de los padres, se pueden casar, pues estamos viendo hogares que utilizan a sus hijas como moneda de cambio. Eso no lo podemos seguir contemplando en nuestro Código Civil y el Congreso se ha opuesto otras ocho veces a prohibir el matrimonio infantil. ¿Quiénes están haciendo las leyes en Colombia que no son capaces de ver esta realidad?
Jennifer Pedraza considera que hay violencia hacia las mujeres en el Congreso. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA
SEMANA: ¿Qué llamados de atención le deja al Senado para el debate de la reforma a la salud?
J.P.: Estoy de acuerdo con eliminar la intermediación financiera, pero no con la forma como el Gobierno plantea esa transición. Tenemos una Adres raquítica y lo que podemos ver es que la reforma ha quedado hecha un Frankenstein porque le han ido agregando proposiciones. El Gobierno le está entregando entre el 5 y el 8 por ciento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a las EPS, que ahora se van a llamar gestoras, a pesar de que le quita la mayoría de sus funciones, pero les deja una que es esencial y es la auditoría sobre las clínicas. La reforma a la salud va a terminar haciéndoles un favor a las EPS porque el Gobierno le va a dar plata directa a la financiación a la oferta de la red hospitalaria. Empezaron proponiendo una reforma a la salud que supuestamente eliminaba a las EPS y por cuadrar con todos los partidos tradicionales va a quedar una reforma a la salud que no garantiza la salud como un derecho, ni una transición, y en la que el negocio es redondo para las gestoras.
