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Jennifer Pedraza conversó con Kienyke.com sobre lo que hay detrás del déficit histórico que amenaza la sostenibilidad de las universidades públicas del país.

Créditos: Archivo particular

La educación superior pública en Colombia atraviesa una de sus peores crisis presupuestales en décadas. Así lo evidenció un reciente informe de la Contraloría General de la República, que identificó un preocupante déficit financiero en las principales universidades del país, agravado por factores estructurales y decisiones recientes del Gobierno nacional.

La situación ha sido respaldada por voces del Congreso como la de Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, quien advierte que el sistema universitario “va a colapsar” si no se toman medidas estructurales urgentes.

Un pasivo pensional de $8,3 billones: el peso invisible

La Contraloría alertó que tres de las universidades más representativas —la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle— presentan un pasivo pensional que asciende a $8,3 billones, siendo la Nacional la más afectada, con una deuda que llega a $4,5 billones.

Estos montos, producto de cálculos actuariales acumulados, ponen en riesgo la sostenibilidad financiera y la capacidad de las instituciones para operar con normalidad.

La entidad fiscalizadora también advirtió que muchas universidades hacen estas proyecciones con datos desactualizados, incluso de hace más de una década, lo que podría ocultar aún mayores dificultades a futuro.

Además, instó a que el Gobierno central gire oportunamente los recursos de concurrencia, ya que muchas universidades, como la del Valle, no logran cubrir su porcentaje de participación (19,9 %) con los ingresos propios.

Costos laborales desbordados y sin respaldo

Uno de los factores que más presionan las finanzas de estas instituciones es el régimen salarial y prestacional de los docentes (Decreto 1279 de 2002). Este permite acumular puntos por productividad académica, lo que incrementa considerablemente los costos salariales.

Por ejemplo, la Universidad de Antioquia pasó de reconocer $10.364 millones en puntos salariales en 2017 a $18.239 millones en 2024, un aumento del 76 %. La Contraloría fue clara: “La Nación nunca ha asignado recursos específicos para cubrir los incrementos salariales en mención”.

A esto se suma el impacto del Decreto 391 de 2025 sobre formalización laboral, que implicaría una nueva carga presupuestal de $2.9 billones para el sistema universitario, sin que se haya establecido una fuente de financiación clara por parte del Ejecutivo.

Pedraza: “El sistema va a colapsar”

Desde el Congreso, la representante por Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza ha sido una de las voces más activas denunciando el riesgo inminente que enfrenta la educación superior pública. En entrevista reciente con Kienyke.com, explicó que el aumento del 9 % en el presupuesto anunciado por el Gobierno para 2024 es insuficiente frente a las nuevas exigencias.

“Si bien los recursos de las universidades crecieron en un 9% por encima de la inflación… el gobierno está presionando muy fuertemente a las universidades para que aumenten cobertura”, afirmó.

Esto significa que gran parte de los nuevos recursos están comprometidos, dejando poco margen para funcionamiento, salarios, infraestructura y deuda acumulada:

“Solo quedaron cuatro puntos disponibles para atender los gastos de funcionamiento… y resulta que las universidades tienen una deuda histórica”, advirtió Pedraza.

La representante también denunció que universidades como la de Antioquia están teniendo que hipotecar sus predios para funcionar, y que se han recortado 23.000 horas cátedra, lo que afecta directamente la calidad y cobertura del servicio educativo.

La gratuidad y los giros tardíos: otro golpe a la caja

El esquema de gratuidad en las matrículas, reglamentado por el Decreto 2271 de 2023, cambió el flujo de ingresos de las universidades. Ahora, el 80 % de los recursos se gira al inicio del semestre y el 20 % restante solo tras validaciones del Ministerio de Educación.

Sin embargo, la Contraloría señaló que en 2024 el primer giro “suele efectuarse una vez iniciado el calendario académico”, lo cual genera incertidumbre financiera y limita la capacidad de planificación de las universidades.

“Lo que tú vas a terminar haciendo es que colapse el sistema”, advirtió Pedraza frente a estas presiones de cobertura sin el respaldo económico suficiente.

Infraestructura rezagada y reforma pendiente

La Universidad Nacional, por ejemplo, tiene proyectos de inversión física y tecnológica por $1,4 billones que siguen sin financiación. Esta situación representa una deuda histórica en infraestructura que impacta directamente la calidad académica.

Tanto la Contraloría como la representante Pedraza coinciden en que es urgente reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que definen la estructura de financiación universitaria.

“Queremos resolver estructuralmente este problema. Necesitamos reformar la ley para no tener que estar marchando cada cuatro años”, explicó Pedraza, quien impulsa un proyecto de ley en el Congreso para modificar el modelo actual.

El déficit de las universidades públicas en Colombia es una bomba de tiempo. Entre pasivos pensionales, costos salariales, formalización laboral sin financiación, retrasos en los giros de gratuidad e infraestructura colapsada, el sistema universitario enfrenta una amenaza estructural.

Tanto la Contraloría como representantes del Congreso coinciden en que se necesita una solución estructural, no paliativos. Reformar la Ley 30 y garantizar el giro oportuno de recursos no es solo una exigencia técnica, es una necesidad urgente para preservar el derecho a la educación superior pública de calidad.

Kienyke.com conversó con la representante a la cámara sobre la situación de las universidades públicas en el país luego de que la contraloría advirtiera sobre un grave déficit.

Credito: Facebook Jennifer Pedraza

En una entrevista concedida a Kienyke.com, la representante a la Cámara por la Alianza Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, abordó con contundencia algunos de los temas más sensibles del panorama político colombiano.

La parlamentaria criticó duramente la elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional, denunció irregularidades en el manejo presupuestal de las universidades públicas y cuestionó el rol del gobierno en el tratamiento hacia la vicepresidenta Francia Márquez.

La elección de Carvajal: “Una afrenta a la independencia de poderes”

Uno de los temas que más polémica generó fue la elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional. Pedraza criticó que se haya reemplazado a una mujer en la Corte por un hombre y denunció la cercanía personal de Carvajal con el presidente Gustavo Petro.

“Es un retroceso en materia de participación paritaria de las mujeres… ningún presidente en Colombia se había atrevido antes a ternar el nombre de su abogado personal”, señaló Pedraza, quien recordó que Carvajal es abogado del presidente en casos tan delicados como la investigación por presunta financiación ilegal de su campaña.

La representante también cuestionó la postura del nuevo magistrado respecto a la edad de retiro forzoso: “Un señor que fue capaz de repartir un supuesto concepto… diciendo que él pondrá su palabra de que puede violar la ley”.

Pedraza considera que esta decisión compromete la independencia del poder judicial y envía un mensaje negativo sobre la separación de poderes: “Elegir a Carvajal… viola el espíritu de la Constitución en el sentido de la separación de poderes”.

Francia Márquez y el machismo estructural en el Gobierno

En la entrevista, Pedraza defendió a la vicepresidenta Francia Márquez, afirmando que ha sido marginada dentro del gobierno pese a su legitimidad y respaldo popular.

“Francia Márquez no se ganó en un paquete de éxitos esa vicepresidencia… sacó 723.000 votos”, afirmó, en contraste con otros funcionarios cercanos a Petro como Armando Benedetti, a quien acusó de concentrar un poder desmedido.

Pedraza denunció que el Gobierno ha aislado a Márquez por su carácter disruptivo y feminista:

“Representaba las causas del movimiento ambientalista, afro y de mujeres, pero ahora esas cualidades… les estorban”.

La representante también fue tajante al calificar de patriarcal la estructura del Ejecutivo:

“Es obvio que es un gobierno machista… prácticamente se ha convertido en un requisito estar denunciado por violencia machista para nombrar hombres en altos cargos”.

En sus declaraciones incluyó señalamientos directos contra figuras como Hollman Morris, Daniel Mendoza Leal y Armando Benedetti, recordando que varios de ellos han sido denunciados por acoso o violencia contra las mujeres.

Moción de censura contra Benedetti: “Sigue rampante como Pedro por su casa”

Otro de los puntos neurálgicos de la entrevista fue la falta de agendamiento para una moción de censura contra Armando Benedetti, actual Ministro del Interior.

“Radicamos hace más de 60 días la moción y el presidente de la Cámara solo ha calentado y calentado nuestra solicitud”, denunció.

Pedraza fue enfática en cuestionar el poder que Benedetti ha acumulado dentro del Gobierno:

“Es un señor que tiene siete investigaciones penales en su contra… cada fin de semana un periodista saca audios o pruebas distintas”.

A su juicio, la permanencia de Benedetti es una afrenta al cambio prometido por el Gobierno:

“Nadie se imaginó que fuera a ser casi que el presidente… tiene el poder de decidir qué proyectos avanzan y con quién se conversa”.

Crisis presupuestal en universidades públicas: “Van a colapsar”

La representante también alertó sobre el grave déficit financiero que enfrentan las universidades públicas, pese a los anuncios gubernamentales de aumento presupuestal.

“El Gobierno dice que aumentó el presupuesto un 9% por encima de la inflación, pero obliga a que cinco de esos puntos se usen solo para cobertura”, explicó.

Pedraza enfatizó que el sistema de educación superior carga una deuda histórica de 23 billones de pesos, y que las nuevas exigencias impuestas por el Gobierno están llevando al colapso del sistema:

“Las universidades llevan 30 años desfinanciadas… si les pones la carga de crear 500.000 nuevos cupos, lo que vas a terminar haciendo es que colapse el sistema”.

También cuestionó la implementación del decreto de formalización laboral docente, que aunque bien intencionado, carece de financiación suficiente:

“Formalizar a los docentes cuesta 2.9 billones de pesos… chévere que lo hagan, pero que se metan la mano al bolsillo y financien”.

Reforma estructural a la Ley 30: “No más paros cada cuatro años”

Como respuesta a esta crisis, Pedraza anunció la radicación de un proyecto de ley para reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que define la estructura de financiación de la educación superior:

“Así hemos estado los estudiantes: cada cuatro años marchando, rogándole al presidente de turno… queremos un cambio estructural”.

No obstante, denunció que el Gobierno ha dilatado su apoyo:

“Lo radicamos en 2022, pasó dos debates por unanimidad, pero el Ministerio de Educación no quiso apoyarlo y se hundió”.

Llamó a la movilización del movimiento estudiantil para presionar su aprobación:

“Nada ha sido regalado… mi invitación es a que el movimiento estudiantil se reactive”.

Una advertencia final: “No puede ser Benedetti o Uribe”

En un cierre contundente, Jennifer Pedraza subrayó la necesidad de construir una alternativa política que no caiga ni en los errores del pasado ni en los vicios del presente:

“No puede ser cualquier otro camino… no puede ser el camino de los escándalos de corrupción, del machismo, del patriarcado… no puede ser Benedetti o Uribe”.