El Nuevo Siglo

A menos de 6 meses de llevarse a cabo las elecciones, la Congresista insiste en que hay mucha desinformación en torno a esta figura, a la que advierte, además, que le faltan dientes

Redacción Política

EL NUEVO SIGLO: A escasos meses de una nueva elección de los Consejos de Juventud, ¿cómo cree que se ha desarrollado esta figura?

JENNIFER PEDRAZA: A menos de 6 meses, porque las elecciones de Consejerías de Juventud serán en octubre, tengo dos comentarios frente a cómo se ha desarrollado esa figura.

Primero, tenemos una situación crónica derivada de la falla estructural y de la falta de convocatoria de elecciones por 10 años, hasta el gobierno de Duque en el 2021 que se convoca, producto de las movilizaciones sociales, de la protesta y del estallido social porque el Gobierno ve esa como una alternativa para recoger institucionalmente ese descontento, aunque durante 4 años no les importó convocar a estas elecciones.

En el gobierno de Petro, una vez elegidos y elegidas estas nuevas Consejerías de Juventud del 2021, tenemos un enfoque completamente anti consejerías de juventud, un viceministerio de Juventud que ha cambiado en dos ocasiones, que poca incidencia ha tenido y que poco ha escuchado a las Consejerías de Juventud.

Hoy, los y las jóvenes consejeros y consejeras sienten que en las Consejerías de Juventud se exponen a la violencia, a ser víctimas de amenazas, que no encuentran ni en la policía ni en la Procuraduría la defensa de sus vocerías y que además lo que plantean no es tenido en cuenta o no es tomado en serio por parte de los gobiernos departamentales, municipales y mucho menos de parte del Gobierno nacional.

ENS: ¿Cómo evitar que las próximas elecciones terminen teniendo una extensión récord y despierten muy poco interés tanto en los jóvenes para ser candidatos como en la ciudadanía para votar?

JP: Hay que reformar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil para darle dientes a estos espacios de participación juvenil y también para blindarles, para reglamentar algunos elementos que aún están en un vacío confuso, normativamente hablando, y también para vincular otros espacios de participación juvenil como las plataformas de juventud en igualdad de condiciones.

Esa reforma está radicada desde mitad del año pasado y lamentablemente apenas va un debate y tiene que aprobarse antes del 20 de junio. Entonces, si yo fuera Gobierno y me interesara fortalecer las Consejerías de Juventud, le pondría patines a ese proyecto de ley estatutaria de reforma, que es de autoridad de la Comisión Accidental de Juventud y yo soy coautora.

Hoy, no hemos tenido una campaña seria de difusión de educación alrededor de que el subsistema de participación existe. RTVC parece que solo sirviera para hacerle propaganda al Gobierno, pero no para fortalecer esos canales de participación democrática. En vez de estar llamando a conformar los comités de la consulta del Gobierno, deberíamos estar fortaleciendo estos espacios de participación plurales diversos y dotándolos de la incidencia que necesitan y que requieren.

ENS: Hay quienes sostienen que estas instancias no están teniendo la importancia debida porque son a los ad honorem y no hay ningún tipo de remuneración a los consejeros de juventud. ¿Usted qué piensa?

JP: Es cierto que hay una falta de incentivos para que esta participación pueda ser mucho más vinculante. Por eso es que nosotros hemos impulsado una reforma al estatuto de ciudadanía juvenil que crea incentivos como los subsidios de transporte, subsidios de conectividad, incluso un acceso privilegiado a programas de formación y educación para el control social en el territorio y esto implica unos recursos claramente asignados.

Sin embargo, no creemos que la mejor alternativa sea una vinculación salarial o algo de ese estilo, porque hemos identificado que estos comportamientos suelen prestarse mucho para la cooptación del movimiento social y creo que igual la juventud tiene un espíritu muy libre, muy independiente, incluso alrededor de las exigencias de estas Consejerías de Juventud. Lo cierto es que al Gobierno y al Viceministerio de Juventud no le ha interesado que estos incentivos se fortalezcan en la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil.

ENS: Otros sectores plantean que se busque otro mecanismo para la elección de estos Consejos de Juventud que no genere tanto costo para el fisco. ¿Usted qué cree?

JP: El promedio de edad de las personas en la política en el mundo es de 53 años. ¿A quién le puede parecer que dedicar recursos para reducir esa edad en promedio es una pérdida de dinero? Me parece que esto de lo que habla es del desprecio que hay por la juventud, de cómo sí hay que recortar algo es a la juventud y en cambio el Gobierno nacional está anunciando una consulta popular que vale 500.000 millones de pesos y es solamente una estrategia del Gobierno para adelantar las elecciones.

Eso sí no les parece una gastadera de plata, pero sí esta elección que es importantísima para el movimiento juvenil y que además nadie nos regaló esta conquista, sino que ha sido luchada por el movimiento juvenil. La Ley 1622 es admirada por otros países del mundo. A mí me parece que este es el argumento que más muestra que lamentablemente estamos en un Gobierno medio alejado de la juventud. Y lo digo porque sé que es el Gobierno el primero que saca la excusa y el argumento de la falta de plata.

No son gastos, es una inversión el escuchar a una generación entera, en tenerle en cuenta, en dejar de pasarse la juventud por la faja y es increíble que los mismos que en elecciones salen a buscar los votos de la juventud echándose discursos en la plaza, digan que cualquier peso dedicado a la juventud y escucharle y a la democracia juvenil es una pérdida de plata.

ENS: ¿Por qué los gobernadores y alcaldes no le están dando la suficiente importancia a los Consejos de Juventud?

JP: Lamentablemente a muchos políticos solamente les importa la juventud cada 4 años en las elecciones. Pero además sí tenemos una dificultad y es que cómo le vamos a exigir a las autoridades descentralizadas que se pongan la camiseta por la juventud cuando ni siquiera el Gobierno nacional está metido de verdad de cabeza en lograr una interlocución asertiva y cercana con las Consejerías.

También necesitamos una actitud mucho más proactiva de la Procuraduría, quien es el ente de control encargado de que haya una participación relevante, amplia y garantista. Y si bien la Procuraduría ha enviado alertas, aún nos faltan muchos más dientes y por eso es que hay que reformar la ley.

Lo segundo es que a pesar de que la ley es clara en la importancia de que se implementen políticas públicas de juventud, muchos gobiernos locales y municipales se pasan por la faja esas disposiciones, meten siempre un subtítulo de juventud dentro de la política de infancia y adolescencia.

También hay una desinformación importante y la he notado en territorio, de algunos de los funcionarios públicos sobre los alcances y las competencias de las instancias de participación juvenil y eso termina poniendo barreras institucionales e invalidando estos roles de la juventud en territorio, negándoles que tengan un espacio para reunirse, una casa de juventud, elementos de este estilo tan básicos como para que puedan incluso sesionar las Consejerías de Juventud.