¿Qué viene para el Gobierno tras la captura de Iván Name y Andrés Calle?
Panelistas analizaron el impacto que tiene en el Gobierno la captura de los expresidentes del Senado y Cámara, señalados de haber recibido sobornos para tramitar las reformas sociales del Ejecutivo.
En Hora20 el análisis a la medida de aseguramiento de los expresidentes del Senado y Cámara en medio del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. Después, una mirada a lo que está pasando con la consulta popular en el Senado, las discusiones que se están dando, lo que viene para los próximos días y las cuentas del Gobierno.
Lo que dicen los panelistas
Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario, planteó que el trino del presidente Petro sugiere que hubo un autosoborno o que robaron al gobierno, cuando Name se valorizó poniendo palos en la rueda al Gobierno, “la mezcla es de tristeza y decepción y se demuestra al Congreso como una microempresa electoral”. De otro lado, dijo que una vez más la Corte Suprema hace su tarea respetando la presunción de inocencia “la Corte tiene material de prueba copioso vía confesiones y hay rastreos de seguimiento en celulares para verificar versiones de principio de oportunidad. Que fiscalía muestre que está en lo suyo. Acá el tema de quién dio la orden, con el que tantas veces el Gobierno reclamó por otros abusos, se debe responder, quién dio la orden en el caso de corrupción en el Gobierno”.
Explicó que los jueces y la Corte que dan instrucción toman la medida usualmente por tres motivos como la suficiente evidencia de que pueden influir o entorpecer el desarrollo de la investigación, porque hay posibilidad de riesgo de fuga como el caso de Carlos Ramón González o cuando hay una conducta que es repetida.
Para Viviane Morales, abogada, exfiscal general de la nación y exsenadora, cuando la Corte toma una medida como la orden de aseguramiento es porque hay evidencia probatoria suficiente para pensar razonablemente que estos presidentes de Senado y Cámara sí cometieron un delito, “el proceso está avanzando con garantías para alegar inocencia, pero es claro que la Corte Suprema de Justicia no toma una medida así sin evidencia probatoria sólida”. De otro lado, dijo que lo que esto revela es que lo que sucedió sí es la compra por parte del Ejecutivo de presidentes Cámara y Senado, “el cohecho no es delito unilateral, son dos extremos: el que se vende y el que lo compra, el que ofrece y compra ofrecimiento. El ofrecimiento viene del ejecutivo”. En esa medida, dijo que el Gobierno queda tan deslegitimado como lo queda el Congreso y los presidentes de la legislatura anterior.
Señaló que la respuesta del Presidente es de gran cinismo al pretender decir que se robaron al gobierno, “es imposible hablar de un asalto, acá hubo una actuación en ponerse de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo”.
Por último, dijo que la curul se pierde y esa ya es una grave consecuencia para el partido político, “pero no veo cómo implementar responsabilidades por parte de los partidos políticos”.
Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Dignidad, dijo que con lo ocurrido con los expresidentes de Senado y Cámara queda debilitada la narrativa de que el Congreso bloquea y no permite el avance de las reformas, “hoy están metiendo a la cárcel a los expresidentes de Senado y Cámara por haber recibido presuntamente sobornos”. También dijo que necesario llegar al “pez gordo” y determinar quién dio la orden de que se robaran esos recursos, “a veces en la calle me dicen que esto pasa en todos los gobiernos, pero un gobierno comprometido con una relación distinta con el Congreso no tendría a Benedetti, que es exponente de la relación transaccional Ejecutivo-Legislativo, como Ministro del Interior”.
Jaime Arrubla, abogado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, decano de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana, señaló que la decisión de la Corte Suprema es de la mayor trascendencia, “esto que está pasando es grave, una corrupción así no la habíamos visto, uno escuchaba de puestos, favores, pero la democracia está en crisis porque el peso y contrapeso Ejecutivo-Legislativo se perdió cuando los presidentes del Senado y Cámara hacen una coalición y se pierde control democrático que debe ejercer el Congreso; éste parecía que ejercía control, pero esperaba que le llegaran con la oferta debida”.
Resaltó que si la Corte dictó esta medida es porque encontró pruebas y porque se debe asegurar el proceso, “que no se vaya a influir en testimonios y los sindicados tienen derecho a la legítima defensa, a presunción inocencia, pero desde que se haya tomado esa medida es porque hay pruebas que los comprometen”.
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